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Alarmados por el trato que reciben personas trasladadas a hospitales por agentes federales de inmigración, legisladores de California buscan reforzar protecciones para pacientes detenidos que reciben atención médica, facilitando también que sus familias y abogados puedan encontrarlos.

Dos proyectos de ley que avanzan en el Senado estatal buscan impedir que agentes de inmigración aíslen a pacientes de sus seres queridos e interfieran con su capacidad de obtener ayuda legal.

Los análisis de ambas propuestas citan un artículo de �鶹Ů�� Health News que reveló que familiares y abogados enfrentaban dificultades extremas para localizar y apoyar a pacientes hospitalizados mientras estaban bajo custodia migratoria.

�鶹Ů�� Health News encontró que algunos hospitales han facilitado aislar a pacientes mediante lo que se conoce como políticas de ocultamiento, que pueden incluir registrar a personas bajo seudónimos, ocultar sus nombres del directorio del hospital e impedir que el personal contacte a familiares para informarles su ubicación y condición.

Un proyecto de ley, , de la senadora estatal demócrata Caroline Menjivar, del Valle de San Fernando prohibiría en gran medida el uso de estas políticas para pacientes bajo custodia migratoria y garantizaría que mantengan el derecho a que se notifique a sus familias y a otras personas sobre su paradero y estado de salud.

Estas políticas solo se permitirían cuando el proveedor de salud determine que el paciente representa un riesgo creíble para sí mismo o para otros, y ese riesgo quede documentado en el expediente médico. Los pacientes también podrían recibir visitas.

La propuesta busca responder a informes de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) vigilando a pacientes en sus habitaciones mientras se les hace exámenes médicos o hablan con doctores, interfiriendo en decisiones médicas y presionando para que sean dados de alta antes de tiempo y enviados a centros de detención que no cuentan con capacidad para dar seguimiento a la atención.

“Estas son acciones que no tienen lugar en la atención médica, y son una clara violación de los derechos de los pacientes”, dijo Menjivar.

Según la propuesta de Menjivar, no se permitiría el ingreso de agentes a las habitaciones de pacientes que trasladan para recibir atención, a menos que demuestren autorización legal para estar allí. Si los agentes permanecen en la habitación, el personal tendría que pedirles que salgan durante exámenes médicos y conversaciones sobre la atención del paciente. Si se niegan, el personal tendría que documentarlo.

El proyecto de ley , presentado por la senadora estatal Susan Rubio, demócrata del Valle de San Gabriel, requeriría que los proveedores de salud informen al personal y a voluntarios pertinentes cómo responder cuando pacientes quieren que sus familias sepan dónde están, y que coloquen avisos en las entradas con información sobre visitas y políticas de acceso.

Esta ley ya establece que los pacientes pueden autorizar que se informe a sus seres queridos que están en el hospital, y la propuesta de Rubio busca asegurar que el personal y otras personas sepan que pueden hacerlo también en casos de pacientes bajo custodia migratoria.

El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS), que supervisa la aplicación de leyes migratorias, no respondió a una solicitud de comentarios.

Ambos proyectos fueron aprobados por los comités de Salud y Judicial del Senado siguiendo líneas partidistas, y ahora serán considerados por el Comité de Asignaciones del Senado.

Más de 20 defensores de los derechos de inmigrantes y trabajadores de salud expresaron apoyo a mayores protecciones para pacientes durante una audiencia la semana del 6 de abril.

“Este estado debe hacer todo lo posible para proteger contra estos abusos y garantizar que las personas detenidas tengan derecho a contactar a sus seres queridos cuando están hospitalizadas y en condiciones críticas”, dijo Hector Pereyra, gerente político de Inland Coalition for Immigrant Justice.

Sin embargo, representantes de la Asociación de Hospitales de California y la Asociación Médica de California dijeron a legisladores que les preocupa que instruir a trabajadores de salud a documentar números de placa de agentes y pedirles que salgan de habitaciones pueda generar conflictos y representar riesgos de seguridad.

“Aunque entendemos que este es un tema importante, queremos asegurarnos de que el proyecto logre el equilibrio adecuado y no cree obligaciones conflictivas o poco claras para hospitales, su personal y sus médicos, particularmente en interacciones en tiempo real con agentes federales”, dijo Vanessa Gonzalez, vicepresidenta de defensa estatal de la asociación hospitalaria.

�鶹Ů�� Health News reportó que un hombre, Julio César Peña, de 43 años, estuvo retenido en un hospital en Victorville durante casi dos semanas antes de que su abogado y su familia supieran dónde estaba.

Peña, que tenía enfermedad renal terminal, estuvo encadenado a su cama de hospital, vigilado por agentes migratorios, y le dijeron que no podía revelar su ubicación, según su esposa. Después sufrió una convulsión que lo dejó intubado e inconsciente, pero nadie notificó a su familia. Peña murió el 25 de febrero, menos de dos meses después de ser liberado y regresar a casa.

Defensores de inmigrantes y trabajadores de salud, así como legisladores, temen que incidentes similares estén ocurriendo en todo el estado.

Menjivar dijo que su proyecto “busca cerrar la brecha entre la ley vigente y la práctica, dando a entidades proveedoras de salud las herramientas para defender los derechos de privacidad, salud y visitas de un paciente llevado bajo custodia migratoria”.

El SB 915 prohibiría que hospitales y clínicas permitan que agentes migratorios tomen decisiones médicas por el paciente o actúen como intérpretes. También requeriría que centros de salud documenten y verifiquen, “en la medida de lo posible”, la identidad de los agentes; proporcionen a pacientes acceso a herramientas de comunicación; e informen a pacientes sobre sus derechos. Además, tendrían que completar planes de alta que incluyan intentos de coordinación con cualquier centro receptor, como un centro de detención, para asegurar atención de seguimiento.

Los proyectos llegan después de una ley aprobada el año pasado que buscó limitar la aplicación de leyes migratorias en centros de salud, incluso prohibiendo que establecimientos médicos permitan el ingreso de agentes federales sin una orden judicial válida a áreas privadas. Sin embargo, esa ley no abordó situaciones en las que pacientes ya están bajo custodia migratoria.

“El ICE ha sembrado miedo en nuestros hospitales y nos ha impedido hacer nuestro trabajo”, dijo SatKartar Khalsa, residente de medicina de emergencia en un hospital de red de seguridad en San Francisco que ha atendido a pacientes detenidos y testificó en apoyo del SB 915. “Todo esto ha llevado a peor atención para nuestros pacientes y ha agregado otra capa de miedo entre los trabajadores de salud”.