Haven es una de las más de en todo el país, que atiende a los hablantes de inglés y español, proporcionando anticoncepción, pruebas de embarazo e infecciones de transmisión sexual, y detección de cáncer de cuello uterino. Todo a bajo costo o sin cargo para pacientes que están ansiosos, son pobres, o ambas cosas.

Esos pacientes incluyen adolescentes menores de 18 años, que buscan píldoras anticonceptivas o anticoncepción de acción prolongada.

Pero bajo una sorprendente emitida en diciembre, que estas clínicas violan la ley estatal de Texas y los derechos constitucionales federales, cortando de raíz una fuente vital de atención médica para mujeres jóvenes en el estado.

Defensores de la salud de las mujeres y proveedores de atención médica han denunciado la decisión del juez conservador designado por el presidente Donald Trump, que está en el centro de otros casos de derechos reproductivos. Dicen que es demasiado amplia y sin precedentes. (El fallo se aplica a las regulaciones nacionales, pero por ahora se sigue solo en Texas).

“Ni siquiera podemos proporcionar anticonceptivos para un problema ginecológico”, dijo Carolena Cogdill, directora ejecutiva de Haven Health, quien dijo que el fallo del juez federal de distrito Matthew Kacsmaryk ha tenido un efecto escalofriante en la atención.

“Recibimos a una joven que tenía un sangrado anormal y queríamos recetarle anticonceptivos para ayudar a controlar ese sangrado. Y no pudimos hacerlo porque tenía 16 años”. La paciente había dicho que su madre no entendería, creyendo que su hija “iba a salir y tener relaciones sexuales”, dijo Cogdill.

La ley de Texas ha exigido durante mucho tiempo que las adolescentes tengan el para obtener anticonceptivos recetados. Pero bajo el , ciertas clínicas podrían proporcionar anticonceptivos sin el consentimiento de los padres. , Título X evolucionó a partir de la era de la “Guerra contra la Pobreza” y fue aprobado con un amplio apoyo bipartidista.

La legislación fue firmada por el entonces presidente republicano Richard Nixon, para brindar servicios de planificación familiar a personas de bajos ingresos, incluidos menores, con el objetivo de reducir el embarazo adolescente.

Pero en julio de 2022, semanas después de que la Corte Suprema revocara la protección constitucional para el aborto en Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, , padre de tres hijas adolescentes que vive en Amarillo, demandó al Departamento de Salud y Servicios Humanos. Argumentó que el gobierno había violado su derecho constitucional a liderar la crianza de sus hijas.

En su demanda, Deanda, quien es cristiano, dijo que estaba “criando a cada una de sus hijas de acuerdo con la enseñanza cristiana sobre cuestiones de sexualidad” y que no podía tener “la seguridad de que sus hijas no podrán acceder a anticonceptivos recetados” que “facilitan la promiscuidad sexual y el sexo pre-matrimonial”.

En su opinión, Kacsmaryk estuvo de acuerdo y escribió que “el uso de anticonceptivos (al igual que el aborto) viola los principios tradicionales de muchas religiones, incluidas las prácticas de los demandantes de fe cristiana”.

Además, Kacsmaryk, quien también es cristiano, dijo que la existencia de clínicas federales que operan en Texas, donde la ley estatal requiere el permiso de los padres para que las adolescentes reciban anticonceptivos, representaba un “daño inmediato”.

“Las clínicas del Título X están abiertas la mayoría de los días y, por lo tanto, presentan un riesgo continuo, continuo e inminente”, escribió el juez.

La decisión, que hace referencia al catecismo católico y a textos religiosos del siglo IV, sorprendió a expertos legales como Elizabeth Sepper, profesora de derecho en la Universidad de Texas en Austin, quien dijo que esta narrativa era parte de la creciente influencia de la teología cristiana conservadora en los tribunales.

“Estamos viendo cada vez más argumentos religiosos que llegan a los tribunales disfrazados de argumentos legales”, dijo Sepper. “Creo que estamos viendo un movimiento que comenzó con una exención religiosa, diciendo ‘Permítanme estructurar mi atención médica para que se adapte a mi moral’, y ahora se está avanzando hacia una agenda que dice, ‘Permítanme estructurar toda la atención médica de acuerdo con mi moral’”.

Ni Deanda ni su abogado, Jonathan Mitchell, el artífice de la prohibición del aborto en Texas antes de Dobbs, respondieron a las solicitudes de comentarios.

Los efectos del embarazo adolescente en la vida de una mujer pueden ser profundos. La mitad de las madres adolescentes reciben un diploma de escuela secundaria a los 22 años, en comparación con el 90% de las mujeres jóvenes que no dan a luz en la adolescencia. Los nacimientos de adolescentes pueden conducir a malos resultados para la próxima generación: los hijos de madres adolescentes tienen más probabilidades de abandonar la escuela secundaria y terminar en la cárcel o prisión durante la adolescencia.

El doctor Stephen Griffin, profesor asistente en la Universidad Tecnológica de Texas en Lubbock, y obstetra y ginecólogo, describió el acceso a los métodos anticonceptivos para las mujeres jóvenes como un “problema de seguridad”, y agregó que muchos padres subestiman la actividad sexual de sus adolescentes.

“Sabemos que las personas que se identifican como asistentes regulares a la iglesia tienen más probabilidades de subestimar el comportamiento arriesgado de sus hijos en términos de sexo”, dijo Griffin. “Y que los padres que sienten que tienen líneas abiertas de comunicación con sus hijos” también subestiman el riesgo.

Texas tiene y la tasa más alta de embarazo adolescente recurrente: más de 1 de cada 6 adolescentes que dieron a luz en Texas en 2020 ya tenían un hijo.

Expertos en salud dicen que es probable que la decisión judicial que prohíbe el acceso a la anticoncepción aumente esos números, siguiendo los pasos de otras restricciones a la atención de la salud reproductiva en el estado.

“El aborto es ilegal en Texas. Los niños no reciben educación sexual integral en las escuelas. Un gran [número] de personas en Texas viven sin seguro médico”, dijo Stephanie LeBleu, directora interina de Every Body Texas, que administra las más de 150 clínicas del Título X del estado. “Así que hace que sea muy difícil obtener servicios de salud sexual”.

La administración Biden apeló la decisión de Texas en febrero. Mientras tanto, LeBleu dijo que aquí no queda ninguna red de seguridad para los adolescentes.

“Les roba su humanidad”, dijo. “Les roba potencialmente su futuro. Y les roba su autonomía corporal, y creo que los jóvenes son más que capaces de tomar decisiones sobre su propia atención médica”.

Décadas de investigación muestran que es más probable que los adolescentes busquen atención de salud sexual si pueden hacerlo de manera confidencial. Pero para los tejanos como Christi Covington, la creencia es que la ley no debería hacer excepciones, ni siquiera en los casos más difíciles.

Covington vive en Round Rock, un suburbio de Austin. Se crió en una gran familia evangélica y está transmitiendo esas enseñanzas a sus tres hijos. Dejando de lado las objeciones religiosas al control de la natalidad, dijo que se debe respetar la unidad familiar.

“Dios diseñó el mundo para que haya padres y luego tenemos nuestra descendencia y que los padres cuiden a esos niños, y eso está diseñado”, dijo. “Y lo vemos reflejado en la naturaleza”.

En cuanto al control de la natalidad, dijo, “se siente como una curita”.

“Démosles control de la natalidad, y entonces no tendremos que lidiar con lo que está sucediendo en nuestra sociedad, donde estas adolescentes quedan embarazadas tan rápido y tan fácilmente”, dijo Covington.

Agregó que ya está obligada a dar permiso para el cuidado de la salud de sus hijos, incluidas las vacunas. “Honestamente, tengo que dar mi consentimiento en todas partes para la otra atención médica de mis hijos”, dijo. “驴Por qué decidiríamos que esta área está exenta?”.

Pero Rebecca Gudeman, directora sénior de salud del National Center for Youth Law, dijo que el 60% de los adolescentes involucran a sus padres en estas decisiones.

“Lo hacen no porque la ley les exija hacerlo, sino porque es lo que quieren hacer”, dijo Gudeman.

Algunos jóvenes, dijo, simplemente no pueden involucrar a sus padres o tutores, incluidas parejas como Victoria y Richard Robledo, quienes comenzaron a salir y tener relaciones sexuales cuando ambos eran menores de edad. Victoria dijo que en esos primeros días decidió obtener un control de la natalidad, pero no podía acudir a su madre, una católica devota, en busca de consejo.

“Éramos un hogar hispano típico”, recordó Victoria. “Y, por lo general, en hogares como el mío, no quieren hablar de novios, sexo ni nada de eso”.

Pero Victoria encontró una clínica a menos de una milla de su escuela secundaria y pudo obtener anticonceptivos sin costo. La pareja ahora está casada, vive en Clovis, Nuevo México, al otro lado de la frontera estatal, y tiene dos hijos.

Victoria dijo que poder protegerse del embarazo cuando era adolescente cambió el curso de su vida, permitiéndole ir a la universidad y a su esposo unirse al ejército.

“No nos preocupaba el hecho de que pudiéramos tener un hijo”, dijo. “Ambos pudimos salir y vivir nuestras propias vidas”.

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Tenía fiebre alta, le dolía la cabeza y el cuerpo, y parecía desorientado, según contó Sarah. Los Dudley tenían que tomar una decisión: ir a la sala de emergencias del hospital (ER) o a una clínica de urgencias cerca de su casa en Des Moines, Iowa.

“En la ER tardan cinco, seis, siete horas antes de que te vea un médico, dependiendo de cuánta gente haya”, dijo Sarah. “Sé que puedo ir a una clínica de urgencias y que me vean en una hora”.

Según documentos judiciales, en la clínica, un asistente médico diagnosticó erróneamente a Joseph con gripe. Su estado empeoró. Pocos días después fue hospitalizado por meningitis bacteriana y quedó en coma inducido. Sufrió varios derrames cerebrales, perdió la audición en un oído y ahora tiene problemas para procesar la información. La familia interpuso una demanda y un jurado les concedió $27 millones, aunque los demandados han solicitado un nuevo juicio.

Su caso refleja un problema del sistema sanitario estadounidense: las personas heridas o enfermas deben decidir con cuidado, en un momento de estrés, cuál es el mejor lugar para buscar ayuda. Y deben tomar esa decisión en medio de un número creciente de opciones.

Ir a un centro equivocado puede acarrear facturas médicas más al tas e inesperadas, y a una mayor frustración. A menudo, los pacientes no saben qué tipo de servicios ofrecen los distintos centros ni el nivel de atención que necesitan, y una elección desinformada es “una receta para malos resultados”, afirmó , directora de la National Patient Advocate Foundation, una organización sin fines de lucro que defiende los derechos de los pacientes.

“Hemos creado un sistema sanitario laberíntico, que funciona para maximizar las ganancias”, señaló Donovan. “Y lo hace creando un sistema ambiguo y difícil de navegar, que constantemente impone más costos a los pacientes”.

Pero los operadores de estas clínicas, cuyo modelo son los beneficios sin riesgos, y que actúan como alternativa a las emergencias hospitalarias, tienen pocos incentivos para facilitar el proceso a los pacientes.

“Vivimos en un mundo de pago por servicio, así que cuantos más pacientes atiendes, más dinero ganas”, dijo , economista de salud en Rice University. “Si vas a abrir uno de estos centros 鈥攊ncluso si eres una organización no lucrativa鈥�, lo que buscas es obtener ingresos”.

El número de clínicas de urgencias en Estados Unidos ha estado creciendo un 8% cada año entre 2018 y 2021, según la Urgent Care Association (UCA). Pero los servicios y el nivel de atención ofrecidos pueden variar mucho según la clínica. En su , UCA declara que trabaja para ayudar a un público más amplio a entender lo que es una atención urgente.

, que opera clínicas de atención urgente en el este y centro de Estados Unidos, anuncia su capacidad para tratar alergias, lesiones menores, resfriados y gripe. , otro de los principales operadores de atención urgente, afirma que sus clínicas tratan problemas similares, pero que los servicios pueden variar dependiendo de la ubicación. Según la , algunas clínicas ofrecen laboratorios y radiografías; otras tienen “equipos de diagnóstico más avanzados”.

Ho afirmó que las clínicas de urgencias pueden proporcionar un servicio más rápido y más barato. En cambio, las urgencias independientes por servicios similares.

Los servicios de emergencia independientes (un establecimiento certificado que está estructuralmente separado del hospital) son , aunque los datos sobre su número exacto son confusos. Algunos pertenecen a hospitales, otros son independientes; algunos están abiertos 24 horas al día, los 7 días a la semana, otros no. Aunque suelen estar atendidos por médicos con formación en medicina de urgencias, , a pesar de que cobran a los pacientes elevadas facturas.

El , profesor de política sanitaria de la Facultad de Medicina de Harvard, dijo que los pacientes no siempre han tenido tantas opciones. Aseguró que, a pesar de que hay mucho para elegir, la industria tiende a derivar a los pacientes al nivel de atención más alto y más caro.

“驴Qué es lo que probablemente escuchas cuando llamas a tu médico de cabecera mientras esperas al teléfono? ‘Si cree que su vida está en peligro, llame al 911′”, explicó Mehrotra. “Para evitar riesgos se empuja constantemente a la gente al servicio de urgencias”.

La ley federal obliga a las emergencias de los hospitales que participan en Medicare a atender a cualquier persona que se presente. La Ley de Tratamiento Médico de Urgencia y Trabajo, también , se aprobó en 1986 en parte para impedir que los hospitales trasladaran a pacientes no asegurados, o cubiertos por Medicaid, a otros centros, antes de estabilizarlos.

Pero, a veces, la falta de directrices claras sobre la aplicación de la ley impide a los médicos de urgencias derivar a los pacientes a centros más adecuados, según los doctores. La ley no afecta a las clínicas de urgencias y se aplica de forma incoherente a los servicios de emergencias independientes.

La ley crea incertidumbre entre los médicos de emergencias de los hospitales, según el , médico de emergencias de Lexington, Kentucky. A quienes les gustaría derivar a los pacientes a centros con niveles de atención más bajos, cuando proceda, les preocupa entrar en conflicto con la EMTALA.

“Su objetivo es proteger al consumidor”, afirmó Stanton. “Pero tiene un efecto secundario: hay algo que me gustaría decirte, pero la ley federal dice que no puedo”.

Según Stanton, EMTALA podría actualizarse para permitir a los médicos de emergencias de los hospitales (ER) ser más abiertos con los pacientes sobre el nivel de atención que necesitan y si la ER es el mejor 鈥攜 más barato鈥� lugar para conseguirlo.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), la agencia federal que vela por el cumplimiento de la ley, se mostraron dispuestos a colaborar con los hospitales en la comunicación con los pacientes, pero no dieron detalles sobre iniciativas concretas.

Y las iniciativas para informar a los pacientes no siempre aclaran la confusión.

Pongamos como ejemplo, la cadena de urgencias , que ofrece una lista de las enfermedades que trata y una .

Karolina Levesque, enfermera especializada de MedExpress en Kingston, Pennsylvania, afirmó que sigue atendiendo a pacientes con síntomas graves, como dolor torácico, que deben ser remitidos a una ER. Esos pacientes se sienten frustrados cuando se les envía a otro sitio.

“Algunos dicen: ‘Bueno, quiero que me devuelvan el copago. No han hecho nada por mí'”, explicó Levesque.

Algunos pacientes, como Edith Eastman, de Decatur, Georgia, dicen que agradecen cuando los proveedores se dan cuenta de sus limitaciones. Cuando Eastman recibió una llamada, en febrero pasado, diciendo que su hija se había lastimado el brazo en el colegio, lo primero que pensó fue en llevar a Maia, de 13 años, a un centro de urgencias.

Una clínica local había atendido a Maia cuando se rompió el brazo anteriormente, y Eastman pensó que podrían ayudarla de nuevo. En cambio, preocupados porque la fractura era compleja, derivaron a Maia a una emergencia y le cobraron $35 por la visita.

“En la clínica me dijeron: ‘Mire, esto está por encima de nuestro nivel’. No se limitaron a ponerle un parche y enviarla a casa”, contó Eastman.

Todas las partes del sistema sanitario deben contribuir a aclarar la confusión, según los activistas. Las compañías de seguros pueden informar mejor a sus asegurados. Las clínicas de atención urgente y las salas de urgencias independientes pueden ser más transparentes sobre los tipos de servicios que ofrecen. Los pacientes pueden informarse más para tomar mejores decisiones.

De lo contrario, las soluciones serán irregulares, como la efímera , que opera hospitales y centros de urgencia en el área de Tampa, Florida. Lanzada en 2019, el esfuerzo por educar a los pacientes .

“Tengo gripe: atención de urgencia. Tengo peste: atención de emergencia”, decía un anuncio.

Ayudar a los pacientes a autoevaluarse significa que BayCare puede reservar sus recursos de emergencia, más caros, para los pacientes que realmente los necesitan, dijo Ed Rafalski, director de estrategia y marketing.

Pero otros hospitales solo ven competencia en la entrada de nuevos operadores en sus mercados.

“Si tienes una clínica de atención de urgencias frente a tu servicio de emergencias (ER), vas a perder parte de tu negocio por el mero hecho de que esté allí”, añadió Rafalski.

Donovan, la defensora del paciente, dijo que ese tipo de mentalidad perpetúa la confusión que, en última instancia, es perjudicial para los pacientes.

“Si te rompes una pierna, no es razonable preguntarse: ‘驴Buscaste en Google si lo adecuado es una urgencia o una emergencia?”, dijo. “No, lo que necesitas es que te atiendan lo antes posible”.

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El apéndice del adolescente se rompió antes de que pudiera llegar a un hospital, y las complicaciones provocaron un shock séptico.

Akimbee Burns se hizo una prueba de Papanicolaou en un centro de salud comunitario de Georgia que mostró células anormales. Pero no le informaron los resultados. Unos ocho meses después, que se había extendido a los ganglios linfáticos. Murió en dos años. Tenía 38.

El bebé de Rhonda Jones después de que un equipo médico del área de Chicago, que incluía doctores del centro de salud comunitario, no realizara una cesárea de emergencia con la suficiente rapidez, pese a que Jones tenía un alto riesgo de complicaciones en el parto.

Estos tres incidentes 鈥攄eclarados en documentos judiciales como parte de las demandas por negligencia que se resolvieron sin admisión de mala conducta鈥� se encuentran entre los 485 pagos realizados en todo el país que involucran a los centros de salud comunitarios desde 2018 hasta 2021. Los acuerdos y las sentencias sumaron un total de 410 millones de dólares pagados a los pacientes o a sus familias, según los datos federales revelados a KHN a través de una solicitud de documentos públicos.

Pero ninguno de esos centros de salud, y ninguno de los médicos, pagó nada. Los contribuyentes estadounidenses pagaron la cuenta.

Los 1,375 centros de salud financiados con dinero federal, que atienden a 30 millones de estadounidenses de bajos ingresos, son en su mayoría organizaciones privadas. Sin embargo, reciben $6,000 millones anuales en subvenciones federales y, según la ley federal, sus responsabilidades legales están cubiertas por el gobierno, al igual que las del Departamento de Asuntos de Veteranos y el Servicio de Salud Indígena.

Esto significa que los centros y sus empleados pueden recibir inmunidad frente a las demandas por negligencia médica, y que el gobierno federal paga cualquier acuerdo o sentencia judicial.

El público suele desconocer las demandas de mala praxis contra estos centros. Los centros de salud y sus empleados no son nombrados como demandados en los juicios, y el gobierno no anuncia cuándo paga para resolver los casos o las sentencias judiciales.

“La gente debería saber si estos médicos o centros están perjudicando a sus pacientes”, dijo Deirdre Gilbert, directora nacional de la , un grupo de defensa del consumidor sin fines de lucro.

Además, los abogados que han representado a los demandantes en los juicios contra los centros de salud dicen que las normas federales ponen en aprietos a los pacientes con un plazo de prescripción corto 鈥攄os años鈥� y no permiten los daños punitivos.

“Las cartas están a favor del gobierno”, indicó Regan Safier, abogada de Philadelphia que ganó una sentencia judicial de $41,6 millones en 2018 en un caso de lesión en el parto que involucró a un médico de un centro de salud comunitario.

Tragedias ocultas a la vista

Entre 2018 y 2021, el promedio de los pagos por acuerdos o sentencias por mala praxis que involucran a los centros de salud fue de $225.000, según los datos de la Administración de Recursos y Servicios de Salud, que supervisa los centros de salud comunitarios. En 68 de los 485 pagos, el total fue de al menos un millón de dólares.

Muchas de las demandas contra los centros de salud se referían a diagnósticos erróneos o errores dentales. La mayoría de las indemnizaciones más cuantiosas fueron por lesiones en el parto o por casos relacionados con niños.

Silvia García presentó uno de esos casos. En diciembre de 2015, llevó a su hijo de 14 años a First Choice Community Healthcare en Albuquerque, Nuevo México, para que lo trataran por un fuerte dolor de estómago y fiebre, según la demanda que presentó contra el gobierno.

El médico palpó el abdomen del niño pero no ordenó ninguna prueba diagnóstica, alegó la familia. Sin embargo, aconsejó a García que llevara al niño al hospital si el dolor empeoraba.

Dos días después, lo llevó a la sala de urgencias de un hospital. Allí, los médicos descubrieron que su apéndice se había roto. Había desarrollado un shock séptico que le provocó daños cerebrales y lesiones agudas en los riñones.

El adolescente estuvo hospitalizado durante ocho meses.

García resolvió el caso por $6,8 millones, la mayor parte de los cuales se destinaron a un fondo especial para futuros gastos médicos.

First Choice y García no quisieron hacer comentarios. El gobierno dijo que el acuerdo no era una admisión de culpa.

Los centros de salud comunitarios presionaron 鈥攜 ganaron鈥� la protección gubernamental contra la mala praxis en la década de 1990. Alegaron que sus ingresos eran limitados y que el seguro de negligencia desviaría un dinero que podría destinarse a la atención de los pacientes.

Los centros se diferencian de otras clínicas de salud porque reciben una subvención federal cada año. También reciben mayores reembolsos de Medicaid y Medicare que los médicos privados. A cambio, no pueden rechazar a nadie, y los honorarios que cobran a los pacientes con bajos ingresos se basan en una escala variable. Casi la mitad de los pacientes de los centros están cubiertos por Medicaid, y el 20% no tiene seguro.

Las demandas por mala praxis son un riesgo para todos los proveedores de atención sanitaria y son solo un barómetro de la calidad de la atención. Los acuerdos y las sentencias judiciales contra los centros sanitarios no miden el rendimiento general de las clínicas.

Incluso los abogados que han demandado en nombre de los pacientes de los centros reconocen la importancia de los mismos. , abogado de la parte demandante de Rhode Island, dijo que los centros comunitarios de salud desempeñan un papel vital en el sector sanitario y que ha encontrado “un montón de gente realmente maravillosa y extraordinariamente capaz que hace un trabajo realmente bueno” en los centros.

Sin embargo, todos deben ser responsables de los errores, dijo DeLuca. 

El caso de Akimbee Burns es un ejemplo de diagnóstico fallido, según la demanda que presentó contra el gobierno de Estados Unidos. Burns, que ganaba $11 la hora en una empresa de servicios públicos, se hizo una prueba de Papanicolaou en 2016 en el South Central Primary Care Center, un centro de salud comunitario en Ocilla, Georgia.

Los resultados mostraron células anormales, pero no le informaron, según la denuncia. En los meses siguientes, preguntó varias veces por la prueba, pero siguieron sin informarle sobre los resultados, alegó.

Unos ocho meses después, el personal de otro centro sanitario le diagnosticó un cáncer de cuello uterino avanzado. Presentó una demanda alegando que el centro de salud comunitario había sido negligente. Recibió radiación y quimioterapia. Pero murió en abril de 2019. Dejó dos hijos, uno de ellos menor de edad.

Tras su muerte, el gobierno y sus herederos llegaron a .

El Centro de Atención Primaria South Central no respondió a las solicitudes para hacer declaraciones, y el gobierno negó haber actuado mal.

Un camino difícil para los pacientes

Un paciente que alega una mala praxis médica por parte de un centro sanitario debe presentar primero un reclamo al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos para su revisión. El gobierno puede hacer una oferta de acuerdo o rechazar el reclamo.

Si el reclamo se rechaza, deniega o queda sin resolver, o si expira el período de revisión de seis meses, el paciente puede demandar ante un tribunal federal en virtud de la (FTCA).

Para obtener esa protección federal, los centros sanitarios deben contar con programas de mejora de la calidad y de gestión de riesgos, y deben demostrar a los reguladores que han revisado las credenciales profesionales, los reclamos por mala praxis y el estatus de la licencia de sus médicos y otros profesionales clínicos.

Ben Money, vicepresidente senior de la , dijo que mejora la atención y dirige los escasos dólares de operación hacia las necesidades de los pacientes, en lugar de la costosa cobertura de mala praxis.

“Existen rigurosas salvaguardas para garantizar que los beneficiarios de los centros de salud cumplan con las normas y que los pacientes reciban la mejor atención”, dijo. “La FTCA hace que los centros de salud estén más atentos a la calidad y no menos”.

A septiembre, alrededor del 86% de los centros de salud comunitarios estaban cubiertos por la FTCA para la cobertura de negligencia médica, indicó Christy Choi, vocera de la Administración de Recursos y Servicios de Salud.

Dijo que el gobierno ha implementado “sólidos esfuerzos de mejora de la calidad y la seguridad del paciente” como parte del programa.

El sistema hace que el cobro de daños y perjuicios sea más difícil para los pacientes que si acudieran a los tribunales estatales para las demandas por negligencia, dijeron abogados que participan en los casos contra los centros de salud.

Además de la prohibición de los daños punitivos, estos casos los deciden los jueces federales en lugar de los jurados. La ausencia de un jurado es importante porque los jueces son menos propensos a dejarse llevar por las emociones y eso puede significar menores cantidades de dinero en las indemnizaciones, agregaron.

Los demandantes también están en desventaja porque el gobierno federal tiene recursos ilimitados para defender los casos, a diferencia de los pacientes y sus abogados, dijo , abogado de Miami.

“Preparar estos casos para juicios nos cuestan cientos de miles de dólares”, señaló Jack Beam, el abogado de Illinois que representó a Rhonda Jones. “Nuestro récord fue de $900,000 en costos del caso”.

Todos estos factores hacen que encontrar un abogado sea un obstáculo para los pacientes.

, abogada de Missouri, dijo que algunos abogados son reacios a aceptar los casos porque el gobierno limita sus honorarios al 25% del importe del acuerdo. En cambio, los abogados de los demandantes suelen quedarse con un 40% en los casos de negligencia que prosperan en los tribunales estatales.

Rhonda Jones fue una de las que recibió un acuerdo. Su bebé fue trasladado a un hospital infantil poco después de nacer por cesárea de emergencia en el West Suburban Medical Center en el área de Chicago en diciembre de 2016, según su demanda. La bebé, Alayna, fue tratada por daño cerebral por falta de oxígeno, y ahora tiene parálisis cerebral.

Jones mostraba signos de un parto de alto riesgo cuando llegó al hospital con casi 39 semanas de embarazo: tenía 40 años, era su undécimo hijo y tenía preeclampsia grave y posiblemente diabetes gestacional.

En su demanda alegó que no se la había vigilado adecuadamente en el hospital y que no se había operado a tiempo para evitar que Alayna sufriera daños.

Jones aceptó , 15 de los cuales fueron pagados por el gobierno federal porque algunos de los médicos implicados eran empleados del PCC Community Wellness Center. El centro de salud y el hospital no quisieron hacer comentarios. En los tribunales, el gobierno y el hospital negaron haber actuado mal.

El dinero 鈥攍a mayor parte del cual está en un fideicomiso supervisado por el tribunal鈥� sirve para atender a Alayna, que necesitará cuidados durante toda su vida.

“Antes de lo que le pasó a Alayna, me encantaban”, dijo Jones sobre el centro de salud al que había acudido en varios de sus embarazos anteriores. “Me sirvieron mucho porque abrían hasta altas horas de la noche cuando yo trabajaba”.

“Todavía le diría a alguien que fuera al PCC porque tal vez les tocarán los médicos adecuados cuando vayan a tener a su bebé”, remarcó Jones.

Alander Rocha y la reportera de KHN Colleen DeGuzman contribuyeron con este artículo.

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Tres veces a la semana, Sherwin, de 71 años, conduce hasta una clínica de diálisis en Elk Grove, California, el suburbio al sur de Sacramento donde vive, y permanece conectada a una máquina durante unas cuatro horas mientras ésta filtra su sangre. El tratamiento la agota, pero se siente bien atendida y sabe que los trabajadores de la clínica llamarán a la policía si no se presentara a la cita y no pudieran contactarla directamente.

“Se lo toman muy en serio”, dijo Sherwin.

Ahora Sherwin teme que no le permitan acudir a esta clínica. Un cartel en la ventana del centro pide a los pacientes y visitantes que voten “no” a la Propuesta 29, la tercera iniciativa estatal sobre diálisis en cinco años que impondría nuevos requisitos a las clínicas de diálisis, como exigir la presencia de un médico durante los tratamientos.

Sherwin y otros votantes de California también han sido bombardeados por , en los que pacientes en sillas de ruedas y médicos advierten que “la 29 cerraría las clínicas de diálisis en toda California”.

“Estamos aterrorizados”, dijo Sherwin. “Si las cierran, 驴a dónde vamos a ir? Simplemente moriremos”.

Sherwin es una de los aproximadamente que dependen de 650 clínicas de diálisis ubicadas en centros comerciales y médicos por todo el estado.

Los pacientes llegan en furgonetas de transporte médico, minivans y algún vehículo de alquiler, porque después del tratamiento están demasiado cansados y hambrientos como para conducir a casa. Llevan bolsas de lona y almohadas, preparados para estar sentados durante cuatro o cinco horas seguidas, normalmente tres días a la semana, mientras su sangre se limpia y se filtra a través de una máquina porque sus riñones ya no pueden realizar esas funciones.

La Propuesta 29 exigiría a las clínicas reportar al estado sobre las infecciones e informar a los pacientes cuando los médicos tengan una participación financiera en una clínica, normas que son similares a las regulaciones federales existentes.

El punto más contencioso es la exigencia de que haya un médico, una enfermera o un asistente médico presente en cada clínica mientras se trata a los pacientes.

Exigir la presencia de un médico en cada clínica aumentaría los costos de cada centro en “varios cientos de miles de dólares anuales”, según de la Oficina del Analista Legislativo del Estado, una institución no partidista. Para hacer frente a los costos adicionales, el análisis concluye que las clínicas tienen tres opciones: negociar tarifas más altas con las aseguradoras, perder beneficios o cerrar las instalaciones.

El sindicato Service Employees International Union-United Healthcare Workers West, que patrocina la Propuesta 29, señaló que las reformas son necesarias para mantener a los pacientes seguros durante el arduo proceso de diálisis.

El sindicato 鈥攓ue ha intentado organizar a los trabajadores de diálisis, pero no lo ha conseguido鈥� argumenta que el tratamiento es peligroso y que los pacientes necesitan tener acceso a profesionales médicos altamente capacitados para hacer frente a las emergencias en lugar de depender del 911.

El sindicato también estuvo detrás de las dos iniciativas de votación anteriores sobre diálisis, que fracasaron por amplios márgenes. La Propuesta 8 en 2018 habría puesto un tope a los beneficios de la industria, mientras que la Propuesta 23 en 2020 era casi idéntica a la medida de este año. Ambas de .

La campaña de oposición a la Propuesta 29, financiada en su mayor parte por la industria de la diálisis, sostiene que mantener a un médico o enfermera en todo momento es costoso e innecesario.

Las clínicas emplean a enfermeras que cuidan a los pacientes y a directores médicos, en trabajos de supervisión pero que a menudo solo están presentes a tiempo parcial. Aproximadamente tres cuartas partes de las clínicas de diálisis de California son propiedad de dos empresas o están gestionadas por ellas: DaVita y Fresenius Medical Care.

Hasta ahora, ambas partes han recaudado al menos , según Los Angeles Times, de los cuales aproximadamente el 85% procede de DaVita y Fresenius.

Joe Damian, de 71 años, no se cree la afirmación de que las clínicas cerrarían si se aprueba la Propuesta 29. Por supuesto que se sentiría más cómodo si un médico estuviera presente cuando su esposa, Yolanda, tiene sus tratamientos, explicó. También cree que las empresas de diálisis seguirían ganando dinero a manos llenas.

“驴Cómo no va a ser mejor?”, preguntó. “Simplemente no quieren renunciar a ninguno de sus beneficios”.

Damian lleva a su mujer a sus tratamientos en Elk Grove. Comprende que muchos pacientes y sus familias estén preocupados por el posible cierre de las clínicas, pero cree que el sector está generando alarma.

“Cerrar instalaciones es una amenaza que nunca ejecutarán”, afirmó. “驴Por qué iban a cerrar un negocio que genera dinero?”.

La propuesta 29 incluye normativas destinadas a proteger contra el cierre de clínicas, como la exigencia de que los centros obtengan la aprobación del estado antes de finalizar o reducir los servicios, pero los opositores argumentan que esas normativas no se sostendrán en los tribunales.

Casi todos los pacientes entrevistados que iban o venían de sus citas de diálisis en cinco clínicas del área de Sacramento habían sido testigos de cómo los trabajadores llamaban al 911 por otro paciente. La mayoría dijo que los trabajadores y el personal de emergencias habían manejado bien estas situaciones. En general, afirmaron sentirse bien cuidados por las clínicas de diálisis.

La mayoría de los pacientes había interiorizado el lenguaje de los anuncios de la oposición que advertían sobre el cierre de las clínicas.

Norbie Kumagai, de 65 años, pasó el último Día de Acción de Gracias en el Centro Médico de la Universidad de California-Davis, y a su familia se le dijo que no sobreviviría. Pero Kumagai, que padece una enfermedad renal en fase 4 y tiene hipertensión, salió adelante y tuvo que esperar meses para que se abriera una plaza de diálisis en una clínica de West Sacramento, a unas 13 millas de su casa en Davis.

En general, Kumagai está de acuerdo en que el sector de la diálisis necesita reformas. Por ejemplo, le gustaría que a los técnicos que lo ayudan cada semana les aumentaran el sueldo.

Pero le preocupa lo que la Propuesta 29 pueda significar para los tratamientos que lo mantienen con vida.

“Le he dicho a mis amigos y vecinos que estoy muerto de miedo si se aprueba”, afirmó Kumagai. “Esta clínica podría cerrar”.

Esta historia fue producida por KHN, que publica , un servicio editorialmente independiente de la .

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Tras décadas de falta de financiación y dos años y medio de una pandemia que aumentó su carga de trabajo, y , los profesionales de salud y los funcionarios de salud pública dicen que las clínicas están mal equipadas para otra epidemia.

“Estados Unidos no tiene lo que necesita para luchar de manera adecuada contra la viruela del simio”, dijo David Harvey, director ejecutivo de la Coalición Nacional de Directores de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS). “Ya estamos al límite de nuestra capacidad”.

La viruela del simio 鈥攔elacionada con el virus de la viruela鈥� no se considera técnicamente una infección de transmisión sexual. Pero se propaga a través del contacto cercano y ahora se está transmitiendo, sobre todo, a través de redes de .

Debido a que el actual brote de viruela del simio causa ampollas o granos en los genitales, muchos pacientes buscan atención para lo que parece ser herpes, sífilis u otra infección de transmisión sexual. Los pacientes a menudo prefieren buscar atención de forma anónima en las clínicas públicas, en lugar de sus médicos de cabecera habituales, debido al estigma de las infecciones de transmisión sexual.

La mayoría de las personas con viruela del simio se recuperan por sí solas en un plazo , pero un 10% necesita atención hospitalaria, según el doctor Peter Hotez, decano de la Escuela Nacional de Medicina Tropical del Baylor College of Medicine.

Aunque la viruela del simio se ha considerado tradicionalmente una enfermedad leve, el grado de complicaciones “ha sido mucho mayor de lo que cualquiera de nosotros esperaba”, afirmó la doctora Mary Foote, experta en enfermedades infecciosas del Departamento de Salud e Higiene Mental de la ciudad de Nueva York, que intervino el 14 de julio en un seminario web presentado por la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América. Además del dolor intenso, algunas personas con viruela del simio corren el riesgo de sufrir cicatrices permanentes.

Las clínicas de salud sexual están tan saturadas que muchas carecen de personal para realizar tareas tan básicas como contactar y tratar a las parejas de los pacientes infectados. 

Las clínicas de salud sexual son una de las redes de seguridad más descuidadas del maltrecho sistema de salud pública del país, que tiene menos autoridad y flexibilidad para luchar contra los brotes hoy que antes de la pandemia de covid-19.

Con registrados desde mayo en Estados Unidos 鈥攜 en todo el mundo鈥�, los médicos afirman que la epidemia puede haber crecido demasiado y estar muy extendida para poder contenerla.

La doctora Shira Heisler, directora médica de la Clínica de ETS de Salud Pública de Detroit, dijo que está orgullosa de la calidad de la atención que proporcionan, pero que no tiene tiempo para ver a todos los pacientes que necesitan cuidados.

“Simplemente no tenemos personal”, explicó Heisler. “Es un colapso total de la infraestructura”.

La financiación de los Centros par el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para prevenir las infecciones de transmisión sexual ha disminuido en $16 millones desde 2003, hasta los $152,5 millones de este año, a pesar de que solo los casos de sífilis se han cuadruplicado en ese tiempo. Teniendo en cuenta la inflación, esa financiación ha caído un 41% desde 2003, según un análisis de la Coalición Nacional de Directores de ETS.

Mientras tanto, cientos de profesionales de la salud, locales y estatales, que rastrean, localizan y detienen la propagación de los casos notificados por las clínicas de salud sexual, han renunciado o han sido sustituidos desde que comenzó la pandemia. Algunos se marcharon por agotamiento y otros fueron expulsados de sus puestos de trabajo por las críticas en protesta por las impopulares políticas de máscaras y cierres. Se acaban de anunciar subvenciones federales .

Los sistemas de notificación de datos no se han actualizado, a pesar de las evidentes deficiencias reveladas por la pandemia. Los trabajadores de la sanidad pública siguen utilizando máquinas de fax para tratar los casos de viruela del simio desde Florida hasta Missouri, según declararon a KHN funcionarios de salud pública.

“Incluso con las ventajas de tener una prueba y una vacuna, todavía no hemos invertido lo suficiente en el sistema de salud pública para que podamos responder con la suficiente rapidez”, señaló el doctorTao Kwan-Gett, Director Científico del Estado de Washington. Muchos “te dirán que tenemos el mejor sistema sanitario del mundo. Pero creo que la pandemia de covid-19, así como el brote [de viruela del simio], demuestran que el sistema está roto y necesita ser arreglado”.

No está hecho para la rapidez

La está distribuyendo cientos de miles de vacunas contra la viruela del simio, con un total de para este año, y otros 2,5 millones para el año que viene.

Pero Hotez aseguró que esos envíos de vacunas “pueden no ser suficientes”.

Algunas ciudades se han quedado sin dosis poco después de abrir sus puertas. En la ciudad de Nueva York, donde los casos de viruela del simio se han , el despliegue de la vacuna ha estado plagado de fallas técnicos; el sitio web de la vacuna se ha caído al menos dos veces. Las comunicaron que su ciudad también se está quedando sin vacunas.

Las vacunas contra la viruela del simio pueden prevenir eficazmente la infección en las personas antes de que se expongan al virus.

Los expertos creen que las vacunas también pueden ayudar a prevenir la infección después de la exposición. Pero son más eficaces si se administran cercano con un paciente de viruela del simio, señaló la doctora Trini Mathew, epidemióloga del Hospital Beaumont de Taylor, Michigan. Las vacunas administradas entre cuatro y 14 días después de la exposición pueden reducir los síntomas, pero no prevenir la enfermedad.

Sin embargo, el maltrecho sistema de salud pública no está hecho para actuar con rapidez.

Aunque el de la viruela del simio es máas fácil, algunos sistemas de salud pública no tienen suficiente personal para localizar rápidamente a las parejas de los pacientes y realizarles las pruebas. Y como la mayoría de los profesionales de la salud nunca han manejado un caso de viruela del simio, los pacientes a menudo tienen que hacer múltiples visitas antes de ser diagnosticados con precisión.

Ponerse en contacto con las personas expuestas se complica aún más si viven al otro lado del condado o del estado, lo que puede requerir la coordinación de una respuesta al brote con otros departamentos de salud, según Shawn Kiernan, jefe de la sección de enfermedades contagiosas del Departamento de Salud del Condado de Fairfax, en Virginia.

Décadas de recortes presupuestarios han llevado a muchas clínicas de salud sexual a , lo que dificulta la atención de los pacientes.

Los departamentos de salud pública han perdido miembros clave de sus equipos en los últimos años, incluyendo .

Un análisis de KHN de 2020 reveló que al menos 38,000 puestos de trabajo en la sanidad pública estatal y local han desaparecido desde la recesión de 2008, dejando una fuerza laboral destrozada para hacer frente a las necesidades de salud pública de Estados Unidos, y eso fue antes de que llegara el covid.

“El sistema está agotado”, expresó el doctor Luis Ostrosky, especialista en enfermedades infecciosas en UTHealth Houston/Memorial Hermann Hospital.

Una investigación de KHN/AP de 2020 encontró que solo el 28% de los departamentos de salud pública locales tienen estadísticos o epidemiólogos, los detectives de las enfermedades que investigan el origen y la trayectoria de los brotes infecciosos.

“驴Qué pasaría si solo el 28% de las salas de urgencias tuvieran médicos?”, se preguntó Brian Castrucci, presidente y director general de la Fundación Beaumont, una organización sin fines de lucro que trabaja para fortalecer la salud pública.

La escasez de personal a menudo lleva a los proveedores de salud altamente capacitados a asumir tareas que podrían ser realizadas por personas con salarios mucho más bajos. Cuando la clínica de Heisler está llena, las enfermeras profesionales tienen que limpiar las salas de examen entre los pacientes.

Y aunque un gestor de casos normalmente trabaja con los pacientes recién diagnosticados de VIH y les recuerda las citas, ahora Heisler tiene que hacer esas llamadas ella misma; el gestor de casos tiene quee trabajar ahora en la viruela del simio.

En 2020 se registraron más de de transmisión sexual, según los CDC.

“No creo que ningún departamento de salud en Estados Unidos pueda manejar todas las infecciones que se les reportan”, apuntó Kiernan.

Financiación limitada

El gobierno federal ha gastado miles de millones en la lucha contra la pandemia, y algunas subvenciones relacionadas con covid se utilizarán para ampliar el personal de salud pública en general.

Pero los CDC y el Congreso suelen destinar los fondos a fines específicos, dijo , directora de la Asociación Nacional de Funcionarios de Salud de Condados y Ciudades. “Si tienes a alguien trabajando en covid no puedes reasignarlo a la viruela del simio utilizando el mismo dinero”, añadió Freeman.

Y en algunos estados, ese dinero aún no ha llegado a los departamentos de salud pública o a las clínicas de salud sexual.

Los CDC dieron a Michigan para reforzar su personal de salud pública, pero la legislatura del estado solo se apropió de una parte del dinero. Heisler escribió a varios legisladores estatales rogándoles que liberaran los fondos restantes. Ninguno respondió. KHN se puso en contacto con los mismos legisladores, pero tampoco recibió respuesta.

El personal de salud pública dice que espera que la viruela del simio sea una llamada de atención.

“Espero que esto haga ver la necesidad de invertir más en la infraestructura de salud pública”, indicó Kwan-Gett, del departamento de salud del estado de Washington, “porque sin esa inversión, esto va a seguir sucediendo una y otra vez”.

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Ahora, sin embargo, su preocupación se centra en las que no ve.

Una ley de Texas que entró en vigencia en septiembre prohíbe los abortos después de que se detecta actividad cardíaca en el embrión, generalmente a las seis semanas de embarazo, y se considera la legislación más restrictiva del país.

La ley, que hasta ahora la Corte Suprema se ha negado a bloquear, no hace ninguna excepción para las víctimas de violación o incesto, y no pide a los funcionarios públicos que la hagan cumplir. En cambio, permite a ciudadanos y grupos privados demandar a cualquier persona que haya proporcionado un aborto o ayudado a alguien que busca un aborto en Texas.

Si los ciudadanos privados ganan el caso, tienen derecho a una indemnización de al menos $10,000.

Desde que se aprobó la ley, las clínicas en todo el estado han experimentado un efecto escalofriante: realizan cada vez menos abortos.

La clínica de McAllen ha visto una caída del 35% en pacientes desde que la ley entrara en vigor, y como el último centro de aborto que queda a lo largo de la frontera entre Texas y México, la ley lo coloca en una situación diferente a la de otros. “No sé a dónde van esas mujeres o qué están haciendo en su lugar”, dijo Hernández.

Eso se debe a que el área a la que presta servicio en Texas es la que está más lejos de cualquier otra clínica de abortos en otro estado y, al mismo tiempo, también es la más cercana a México, a menos de una hora en auto, donde el aborto fue en septiembre.

Una semana después de que se promulgara la ley que restringe el aborto en Texas, la Corte Suprema de Justicia de México anuló una ley del estado de Coahuila que tipificaba .

A Hernández le preocupa que pacientes que alguna vez acudieron a su clínica ahora viajen a México para someterse al procedimiento o a un aborto con medicamentos, que por lo general implica tomar una combinación de mifepristona y misoprostol, fármacos que inducen el aborto. Le preocupa que las pacientes no reciban la atención adecuada.

“Lo que hemos oído decir a las pacientes es que simplemente van a la farmacia en México, que es literalmente solo entrar, y el farmacéutico les da la medicación”, dijo.

El misoprostol, inicialmente aprobado como medicamento para úlceras, está disponible allí sin receta médica. La mifepristona no. Así que a veces la gente se conforma solo con misoprostol, que todavía puede ser eficaz para terminar un embarazo, cuando se toma solo.

Por ejemplo, un aborto con medicamentos se completa el 92% de las veces cuando se toman juntos misoprostol y mifepristona. Esa tasa solo con misoprostol.

Algunas mujeres, dijo Hernández, regresan a la clínica de McAllen sin saber si recibieron los medicamentos correctos y si funcionaron. Otras vienen porque experimentan sangrado excesivo y calambres.

McAllen es parte del Valle del Río Grande, los cuatro condados en el extremo sur de Texas. La región, cubierta de exuberantes plantaciones de cítricos y altos campos de caña de azúcar, es el hogar de una comunidad hispana orgullosa y fuertemente católica de casi 1,4 millones de personas.

también está muy desatendida desde el punto de vista médico, con alrededor de un tercio de los residentes viviendo por debajo del nivel de pobreza y cerca del mismo número sin seguro de salud.

La vida fronteriza aquí es vibrante, y es común que las personas crucen a México por todo tipo de razones. La gente viaja para visitar a familiares y amigos, por pan dulce y tortillas, y por atención médica. Los aparatos para los dientes y los antibióticos, por ejemplo, son mucho más baratos al sur de la frontera.

Durante los últimos meses, estima Hernández, alrededor de seis de las 25 pacientes que, en promedio, acuden semanalmente a la clínica de Whole Woman descubrirán que han pasado la sexta semana de embarazo. Si quieren un aborto, les espera un viaje de 800 millas hasta la clínica fuera del estado más cercano, en Nuevo México, o un viaje rápido de un día a México.

“Dicen que simplemente prefieren ir a México”, dijo Hernández. Pero ella le ruega a las pacientes que se queden con Whole Woman’s Health y que les dejen ayudarlas a organizar un aborto en otra clínica en los Estados Unidos. Ahora se están utilizando más recursos de la clínica para coordinar viajes y alojamiento, explicó.

Pero sus pacientes tienden a desconfiar de viajar a otros estados, dijo Hernández, quien ha trabajado en Whole Woman ‘s Health de McAllen durante 12 años. Muchos de los que vienen a la clínica le dicen que nunca han estado en otro lugar que no sea el Valle y México. E incluso para aquellos que lo han hecho, México les resulta aún más familiar, indicó.

Las profundas raíces religiosas en la cultura del Valle también complican la decisión de muchas embarazadas, dijo Carla Angulo-Pasel, profesora asistente de Ciencias Políticas en la Universidad de Texas-Rio Grande Valley. La ley de Texas ha hecho que sea casi imposible abortar con discreción.

“La Iglesia y la religión están realmente arraigadas en la cultura aquí”, dijo Angulo-Pasel. “Dado el conservadurismo social, dadas las raíces tradicionales, hay mucho patriarcado aquí abajo”, y la “cultura machista” es una complicación adicional. “Muchas mujeres sienten vergüenza y miedo de venir”.

Recientemente, una mujer de 26 años en el condado Starr del Valle y acusada de asesinato por lo que informes de prensa llaman un aborto autoinducido.

Después de pasar tres días en la cárcel, Lizelle Herrera fue puesta en libertad y los funcionarios del condado anunciaron que tenían la intención de desestimar el caso. Los informes de prensa señalaron que, en general, bajo la ley de Texas, una persona embarazada no puede ser acusada de homicidio o cualquier otro delito menor relacionado con un aborto. Los cargos generalmente se centran en quien lo practica.

La clínica en McAllen necesita satisfacer las necesidades de personas de muchos orígenes y situaciones, dijo Hernández.

Es común que las mujeres que no son ciudadanas busquen ayuda en la clínica. Alrededor de 100,000 personas que se encuentran en el país sin documentación legal viven en el condado de Hidalgo, el condado más grande del Valle, que incluye a McAllen.

Algunos residentes se sienten confinados en la zona porque a solo una hora en auto hacia el norte se encuentra un puesto de control de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, en la ciudad de Falfurrias, Texas. La clínica también atiende a inmigrantes, incluidas adolescentes, de Centroamérica que fueron violadas en su camino hacia el norte, dijo Hernández.

En línea con los valores de la clínica, en un lado del edificio en el centro de McAllen, hay un mural con las palabras “Dignidad”, “Empoderamiento”, “Compasión” y “Justicia” estampadas sobre imágenes de mujeres latinas en campos de cactus y agave, apoyándose unas a otras.

Pero la realidad en este momento es frustrante. “No nos sentimos inútiles, sino desesperanzados por no poder ayudar a algunas personas, sabiendo que necesitan ayuda”, dijo Hernández.

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Durante las dos últimas décadas, el VIH/Sida se ha mantenido a raya gracias a potentes fármacos antivirales, agresivas pruebas de detección e ingeniosas campañas de educación pública.

Pero la pandemia de coronavirus ha sido disruptiva en casi todos los aspectos de esa batalla, deteniendo a los equipos de alcance comunitario, reduciendo drásticamente las pruebas y desviando a personal de laboratorios y centros médicos.

El impacto exacto de una pandemia sobre la otra todavía está por evaluarse, pero los datos preliminares inquietan a expertos que hasta hace poco celebraban los enormes avances en el tratamiento del VIH.

Las clínicas han limitado o cancelado las visitas en persona y han suspendido las pruebas rutinarias de detección del VIH en las consultas médicas y en .

Los médicos recurren a las videollamadas con los pacientes, una alternativa inútil para quienes no tienen hogar o temen que sus familiares descubran su estatus de VIH.

Se ha suspendido el envío de furgonetas de pruebas rápidas, que antes estacionaban delante de clubes nocturnos y bares, y repartían condones. En las grandes ciudades y en los condados, los expertos han puesto toda su atención en la respuesta contra covid.

Las consecuencias son evidentes: reportó 700,000 pruebas menos de detección del VIH 鈥攗n descenso del 45%鈥� y 5,000 diagnósticos menos entre marzo y septiembre de 2020, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Las recetas de PrEP, una profilaxis previa a la exposición que previene la infección por VIH, también han disminuido considerablemente, según una presentada en una conferencia el marzo. Los investigadores y los departamentos estatales de salud pública han registrado un descenso igualmente pronunciado de las pruebas de detección.

La escasez de nuevos datos ha llevado a una situación sin precedentes: por primera vez en décadas, el alabado sistema de vigilancia del VIH del país no puede ver el movimiento del virus.

“Es una situación muy grave”, dijo el doctor Carlos del Río, profesor de medicina de la Universidad Emory en Atlanta y director del . “Habrá que evaluar los daños”.

Aunque el cambio de prioridades ocurre en todo el país, los retrasos en las pruebas y el tratamiento conllevan graves riesgos en los estados del sur, que son ahora el epicentro de la epidemia de VIH del país.

El sur representa el .

Incluso antes de la pandemia, Georgia tenía la mayor tasa de nuevos diagnósticos de VIH de todos los estados, después de Washington, DC. El Departamento de Salud Pública de Georgia registró un descenso del 70% en las pruebas la pasada primavera, en comparación con 2019.

La desaceleración de los servicios para pacientes con VIH “podría sentirse durante años”, señaló la doctora Melanie Thompson, investigadora principal del Consorcio de Investigación del Sida de Atlanta.

Thompson añadió que “cada nueva infección por VIH perpetúa la epidemia y probablemente se transmitirá a una o más personas en los próximos meses si no se diagnostica a las personas y se les ofrece tratamiento”.

Las pruebas de detección del coronavirus se han apoderado de los aparatos que antes se utilizaban para las pruebas del VIH/sida, lo que ha dificultado aún más los esfuerzos de vigilancia.

Las máquinas de reacción en cadena de la polimerasa 鈥攐 PCR鈥�, utilizadas para detectar y medir el material genético del virus de la inmunodeficiencia humana, son las mismas máquinas que realizan las pruebas covid las 24 horas del día.

Durante décadas, a medida que el VIH se alejaba de ciudades costeras como San Francisco, Los Ángeles y Nueva York, echaba raíces en el sur, donde la pobreza es endémica, la falta de cobertura sanitaria es habitual y el estigma del VIH es omnipresente.

“El estigma es real. Existe un racismo heredado”, afirmó el doctor Thomas Giordano, director médico del Centro de Salud Thomas Street de Houston, una de las mayores clínicas de VIH en Estados Unidos.

Los líderes políticos del estado consideran el VIH como “una enfermedad de los pobres, de los negros, de los latinos y de los homosexuales. Simplemente, no se considera algo que afecte a los grupos dominantes a nivel estatal”, agregó.

Los hombres de raza negra representan el 12% de la población estadounidense, pero son el 42% de las personas que viven con VIH y cuatro de cada 10 muertes relacionadas con el VIH.

Las clínicas de VIH que atienden a pacientes de bajos ingresos también han enfrentado limitaciones en el uso de citas por video y teléfono. Los directores de las clínicas dicen que los pacientes pobres carecen de planes de llamadas y que los que no tienen hogar simplemente no tienen teléfonos. También tienen que lidiar con el miedo. “Si un amigo te ofrece una habitación para dormir y tu amigo se entera de que tienes VIH, puedes perder ese lugar para dormir”, dijo del Río.

La porosa red de seguridad se extiende al seguro médico, una necesidad vital para quienes viven con VIH. Casi la mitad de los estadounidenses sin cobertura sanitaria viven en el sur, donde muchos estados no han ampliado el Medicaid bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA). Eso hace que muchas personas con VIH dependan del Programa federal contra el VIH/ SIDA Ryan White y de los programas estatales de asistencia para medicamentos (ADAPs), que ofrecen una cobertura limitada.

“Como una cuestión de equidad, el seguro es fundamental para que las personas vivan y prosperen con VIH”, dijo Tim Horn, director de acceso a la atención médica de la Alianza Nacional de Directores de SIDA Estatales y Territoriales (NASTAD). Ryan White y ADAP “no están equipados para brindar una amplia gama de atención integral”, dijo.

Roshan McDaniel, directora del programa ADAP de Carolina del Sur, dijo聽 que el 60% de los habitantes de Carolina del Sur inscritos en ADAP calificarían si su estado ampliara Medicaid. “Los primeros años lo pensamos”, dijo McDaniel. “Ni siquiera pensamos en eso hoy en día”.

La inscripción en el programa Ryan White aumentó durante los primeros meses de la pandemia cuando las economías estatales se congelaron y los estadounidenses se replegaron en medio de una pandemia aplastante. Y los datos de los departamentos de salud estatales reflejan el aumento esta necesidad.

En Texas, la inscripción en el programa estatal de medicamentos contra el SIDA aumentó un 34% de marzo a diciembre de 2020. En Georgia, la inscripción aumentó un 10%. Los funcionarios estatales de salud atribuyen el aumento de la inscripción a la pérdida de empleos relacionada con la pandemia, especialmente en los estados que no expandieron Medicaid.

El tratamiento antirretroviral, el cóctel de fármacos que suprime la cantidad de virus en el cuerpo y previene desarrollar SIDA, cuesta hasta $36,000 al año, y las interrupciones de la medicación pueden provocar mutaciones virales y resistencia a los medicamentos.

Pero calificar para la asistencia estatal es difícil: la aprobación puede demorar hasta dos meses y la documentación faltante puede dar lugar a la cancelación de la cobertura. Los expertos federales en salud dicen que los estados del sur en general se han quedado atrás en cuanto a la atención médica y la supresión de las cargas virales de los pacientes, y las personas con infecciones por VIH tienden a pasar más tiempo sin ser diagnosticadas comparado con otras regiones.

En Georgia, por ejemplo, casi una de cada 4 personas que se enteraron de que estaban infectadas desarrollaron SIDA en un año, lo que indica que sus infecciones no habían sido diagnosticadas durante mucho tiempo. A medida que las vacunas están ampliamente disponibles y las restricciones disminuyen, los directores de las clínicas de VIH están revisando sus listas de pacientes para determinar a quién deben ver primero.

“Estamos viendo a las personas que no nos han visto en más de un año. Creemos que son más de varios cientos. 驴Se mudaron? 驴Cambiaron de proveedores? ” dijo Carlo, el médico y director ejecutivo de atención médica en Dallas. “No sabemos cuáles serán las consecuencias a largo plazo”.

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La mujer dijo en español: “隆Buenos días! 隆Hoy estamos aquí para hablar sobre covid-19! 驴Tienes un minuto?.

Después de una breve conversación, García supo que el hombre no tenía conexión a Internet ni teléfono propio, pero tenía 66 años y quería recibir la vacuna. Había ido a una farmacia en persona, pero ya no había dosis por ese día.

García anotó su nombre y el número de teléfono de un amigo, para poder comunicarse con el conductor más tarde sobre una clínica móvil de vacunas que El Sol Neighborhood Educational Center, estaba organizando para la remota y desértica ciudad, en algún momento de abril.

Luego pasó al siguiente coche. Y al siguiente. Cuando la fila comenzó a moverse, ella y su compañera, la trabajadora de salud Erika Marroquín, corrieron arriba y abajo por la acera, anotando nombres, números de teléfono y condiciones preexistentes. Era el primer día templado y soleado que la región del High Desert había visto en semanas, y el ejercicio las hacía sudar.

Después de 90 minutos, se terminó el banco de alimentos del día, y García y Marroquín habían hablado con personas en 54 autos. Encontraron a seis ansiosas por la vacuna covid y elegibles de inmediato. Otras 10 querían estar en lista de espera de dosis sobrantes.

Como en muchos estados, la implementación de la vacunación en California ha sido lenta y caótica. Más de en el estado más poblado del país han sido vacunados al menos parcialmente, mientras que otros 5,6 millones están completamente vacunados.

El 15 de abril, todos los adultos de California serán elegibles para inscribirse para recibir una vacuna y, a principios del verano, el objetivo es tener suficientes dosis para cualquier adulto que la quiera.

Pero el país necesita llevar la para evitar que el virus se propague fácilmente, un nivel llamado inmunidad colectiva por los expertos en enfermedades infecciosas. Una figura que asume que la población es homogénea en términos de vacunación.

Es por eso que la capacidad del estado para evitar otro aumento de covid puede depender de personas como García y Marroquín, trabajadores de salud comunitarios que corren contra el tiempo realizando una tarea intensa, para evitar que grupos de poblaciones con bajas tasas de vacunación en comunidades remotas o aisladas se conviertan en un polvorín para una nueva oleada de covid.

“Cuando hay zonas geográficas o grupos sociales no vacunados, realmente se arruina la inmunidad colectiva”, dijo Daniel Salmon, director del Instituto para la Seguridad de las Vacunas de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins.

Los en los Estados Unidos en los últimos años proporcionan un ejemplo aleccionador. La cobertura de vacunas a nivel estatal y nacional es bastante alta, “pero luego tienes estas comunidades donde mucha gente rechaza las vacunas, aparece sarampión importado y se genera un brote”, dijo Salmon.

Los brotes han afectado a ciertas comunidades judías ortodoxas en Nueva York, inmigrantes somalíes en Minnesota, y zonas acomodadas del sur de California donde viven padres que están en contra de las vacunas.

El coronavirus que causa covid sigue circulando ampliamente en California, aunque a niveles mucho más bajos que hace dos meses. El virus, especialmente una variante cada vez más común y más contagiosa, podría atravesar fácilmente comunidades vulnerables con bajos niveles de inmunidad.

En Adelanto, donde el 29% de los residentes vive en la pobreza, se había vacunado por completo al 20 de marzo.

Al 26 de marzo, la mayoría de las más de 15.9 millones de dosis de vacunas distribuidas desde diciembre se habían destinado a los lugares .

Las organizaciones comunitarias sin fines de lucro y las iglesias están clamando por más fondos, y confianza, para llevar la vacuna hasta la última milla, a las personas a las que han estado sirviendo durante años.

El éxito de El Sol en vacunar a las poblaciones negras, latinas y otras poblaciones subrepresentadas desacredita la idea de que estos grupos no recibirán la vacuna, dijo Juan Carlos Belliard, vicepresidente asistente de asociaciones comunitarias de Loma Linda University Health, en el condado de San Bernardino.

Loma Linda está colaborando con El Sol para dotar de personal y proporcionar dosis para las clínicas. Las personas que se presentan están listas para recibir la vacuna, aunque algunas dudan un poco, comentó.

“No son como nuestra gente de clase media que literalmente está llorando por la vacuna”, dijo Belliard. “Estas personas todavía están nerviosas pero se han logrado remover muchas otras barreras”.

Los trabajadores comunitarios de El Sol fueron financiados por un esfuerzo combinado de $52,7 millones de fondos estatales y filantrópicos que proporcionaron subvenciones a 337 organizaciones consideradas “mensajeras de confianza” en sus comunidades.

El dinero fue enviado a grupos como El Sol que tenían antecedentes probados de caminar los vecindarios, de casa en casa, para el registro de votantes o encuestas del Censo.

El Sol recibió $120,000 de la iniciativa público-privada para apoyar sus esfuerzos educativos y de divulgación general para la vacunación contra covid. Pero el grupo no sabía si obtendría algún reembolso por los eventos móviles de vacunación que organizó en el condado de San Bernardino, dijo Alex Fajardo, su director ejecutivo.

El Sol llevó a cabo un evento de vacunación el 17 de febrero en el Centro Cristiano Luz y Esperanza, una iglesia ubicada junto a una autopista de dos carriles en Adelanto, bordeada por desierto.

El personal médico, los estudiantes y las vacunas llegaron desde Loma Linda University Health, a una hora de distancia, para vacunar a 250 personas, y regresaron un mes después para darles su segunda dosis.

Rosa Hernández, de 69 años, y Patricia Pérez, de 47, madre e hija, estuvieron entre las que recibieron sus vacunas en el Centro Cristiano.

El padre de Pérez, que trabaja en el departamento de lácteos de un supermercado, se enfermó de covid en junio y no pudo regresar al trabajo durante seis meses. Nadie más en la familia de siete miembros resultó positivo, pero Rosa Hernández es una sobreviviente de cáncer y su hija estaba preocupada por ella.

A pesar de las múltiples llamadas a una línea telefónica del condado, Pérez no había podido hacer una cita para su madre. La conexión a Internet de la familia, en la cercana ciudad de Hesperia, es irregular y Pérez no podía navegar por los sitios web ni encontrar información en español, el idioma con el que se siente más cómoda.

Aprovechó la oportunidad cuando se enteró del evento de El Sol a través de alguien de su iglesia. Pérez también logró obtener una dosis adicional para ella después de que una cita fuera cancelada. Ahora ambas están completamente vacunadas, dijo Pérez, y no hubiera sucedido sin El Sol.

El grupo planea hacer tres ventanas emergentes de vacunación más en el área de High Desert. Pero el apoyo futuro para sus clínicas, el alcance de las vacunas y la educación son inciertos, dijo Fajardo.

“驴Qué va a pasar después?”, expresó. “Cuando te necesitamos, te pagamos. Cuando no te necesitemos, adiós”.

“Esa es una evaluación muy justa”, dijo Susan Watson, directora de programas de la iniciativa Together Toward Health del Public Health Institute, el financiador filantrópico detrás de parte del trabajo de El Sol. “Aquí hay una oportunidad para que la gente piense en el futuro y en cómo hacemos las cosas, que no necesariamente deja a los grupos comunitarios fuera, a los que solo se usa cuando hay una emergencia”.

Community Coalition, una organización sin fines de lucro del sur de Los Ángeles fundada en 1990, también recibió subvenciones de la asociación público-privada para crear conciencia sobre las vacunas de covid, pero no fondos adicionales para entregar vacunas a la gente.

Aún así, movilizó al personal para tocar puertas, enviar mensajes de texto y correo electrónico a las personas elegibles para que asistieran a un evento de vacunación emergente de dos semanas en un parque del vecindario a principios de marzo: 4,487 personas recibieron su primera dosis, dijo Corey Matthews, jefe de operaciones del grupo.

El doctor Mark Ghaly, secretario de Salud y Servicios Humanos del estado, prometió proporcionar más dinero para los grupos que están vacunando a sus comunidades. “Este no es un trabajo voluntario”, le dijo a KHN en una rueda de prensa. “Este es un trabajo real, y quiero ser parte del equipo que lo hace realidad para todos”.

Barbara Ferrer, directora del Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles, se hizo eco de ese sentimiento. “Estaban allí antes de que comenzara la pandemia, han estado allí todo el tiempo durante la pandemia y estarán aquí mucho después de la pandemia”, dijo.

Ya sea que esas promesas se mantengan o no, los grupos comunitarios dicen que quieren ser parte del esfuerzo de vacunación.

“Incluso si no nos dan dinero, seguiremos haciendo el trabajo”, afirmó Fajardo.

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La adolescente de Fort Walton Beach, Florida, dio positivo para covid-19 una semana después, según contó su madre, Sara, dejándola postrada en cama con síntomas similares a los de la gripe. Pero su esperada recuperación nunca llegó.

A Delaney, que solía entrenar 20 horas a la semana en danza de competición, y no tenía ninguna enfermedad subyacente diagnosticada, ahora le cuesta tomar dos clases seguidas, dijo su madre. Si hace un esfuerzo excesivo, se siente tan fatigada que no puede levantarse de la cama. Y le puede faltar la respiración en cualquier lugar, como en el supermercado.

Finalmente, Delaney fue diagnosticada con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), una condición que afecta la capacidad respiratoria de una persona, explicó Sara, de 47 años. Nadie ha podido determinar la causa del deterioro de su hija.

“Simplemente no hay investigación al respecto”, dijo. “Se supone que los niños no sufren este tipo de enfermedad”.

Aunque las estadísticas indican que la mayoría de los niños se han librado de los peores efectos de covid, se sabe poco sobre el hecho de que un pequeño porcentaje de ellos desarrolla una enfermedad grave. Los médicos informan ahora la aparición de complicaciones posteriores similares a las que se observan en adultos, que sufren complicaciones de largo plazo.

Los hospitales pediátricos han reaccionado estableciendo clínicas para ofrecer una atención centralizada y detectar cualquier anomalía que, de otro modo, podría pasar desapercibida. Sin embargo, el tratamiento que ofrecen estos centros podría tener un precio elevado para los pacientes, advierten expertos finanzas de la salud, sobre todo teniendo en cuenta que se desconoce mucho sobre esta enfermedad.

No obstante, dado el creciente número de pacientes como Delaney, se ha creado un plan de seguimiento más estructurado para los niños que se recuperan de covid, explicó la doctora Uzma Hasan, jefa de división de enfermedades infecciosas pediátricas del Centro Médico St. Barnabas de Nueva Jersey.

“No podemos permitirnos perder a estos niños, sería algo horrible”, dijo Hasan.

Preguntas sin respuesta

Hasta el 18 de febrero, más de 3 millones de niños y adultos jóvenes habían dado positivo en las pruebas de covid en los Estados Unidos, según la Academia Americana de Pediatría y la Asociación de Hospitales Infantiles. La mayoría de estos niños experimentan síntomas leves, o son asintomáticos.

Sin embargo, a lo largo de la pandemia se ha visto que algunos niños desarrollan problemas graves y potencialmente duraderos.

La más conocida de estas complicaciones se denomina “síndrome inflamatorio multisistémico en niños”, o MIS-C.聽 鈥攓ue incluyen fiebre alta, erupción cutánea y dolor de estómago鈥� pueden aparecer hasta un mes después de desarrollar la enfermedad. Se han identificado unos en los Estados Unidos. Los niños de raza negra e hispanos (que pueden ser de cualquier raza) constituyen una parte desproporcionada del total: 69%.

Pero, además, los médicos dicen que cada vez hay más casos de niños que buscan ayuda por diferentes complicaciones, como fatiga, falta de aliento y pérdida de olfato, que no desaparecen.

Clínicas para niños con síntomas persistentes

En octubre, en el Norton Children’s Hospital de Louisville, Kentucky, los médicos , tras recibir llamadas de pediatras de la zona que tenían pacientes con síntomas de covid persistente o de largo plazo.

Nadie sabe con qué frecuencia los niños desarrollan estos síntomas, cuántos tienen ya la enfermedad o incluso cómo llamarla, señaló el doctor Kris Bryant, presidente de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas Pediátricas, que trabaja en el hospital.

Los niños acuden a un médico especialista en enfermedades infecciosas que los deriva o pide las pruebas necesarias.

Hasta ahora, la clínica ha atendido a unos 25 pacientes con una amplia gama de síntomas, indicó el doctor Daniel Blatt, especialista en enfermedades infecciosas pediátricas que colabora con la clínica. Dado que covid imita síntomas asociados a otras enfermedades, dijo, parte de su trabajo consiste en descartar cualquier otra causa posible.

“Como el virus es tan nuevo, se presume que todo es covid” añadió Blatt.

Asimismo, se ha creado una clínica para otros pacientes jóvenes dentro del departamento de cardiología del Children’s Hospital & Medical Center de Omaha, Nebraska. Los pacientes son examinados para evaluar la estructura del corazón y su funcionamiento. Atienden de seis a ocho pacientes por semana.

“La pregunta que nunca podré responder a los padres es por qué un niño sí y otro no”, dijo la doctora Jean Ballweg, cardióloga pediátrica del hospital, quien también trabaja en la clínica.

Hasta ahora, dijo Ballweg, no ha visto ninguna literatura publicada sobre la salud del corazón de los niños que desarrollan estos síntomas después de recuperarse de covid. Al estandarizar la forma en que los médicos de la clínica recogen los datos y tratan a los pacientes, señaló Ballweg, espera que la información proporcione algunas pistas sobre cómo afecta el virus al corazón de un niño. “Con suerte, podremos observar la experiencia colectiva, reconocer patrones y ofrecer una mejor atención”, agregó.

El University Hospitals Rainbow Babies & Children’s Hospital de Cleveland participa en la creación de una clínica multidisciplinaria, que consolidará la atención dando a los pacientes acceso a especialistas y a la medicina integrativa, como la acupuntura.

Los médicos vieron la necesidad de este centro después de que los adolescentes con síntomas post-covid empezaran a llegar a la clínica del sistema hospitalario para adultos con síntomas de largo plazo, explicó la doctora Amy Edwards, especialista en enfermedades infecciosas pediátricas del hospital, quien participa en el proyecto. Hasta ahora, dijo, ha oído hablar de unos ocho o diez niños que podrían necesitar atención.

La clínica, que aún no ha abierto sus puertas, tiene la intención de reclutar a más niños a través de anuncios, dijo Edwards. Identificar al paciente adecuado para la clínica será complicado, añadió. No existe una prueba para comprobar los síntomas post-covid y no hay una definición consensuada de la enfermedad. Los médicos tampoco saben si algunos síntomas pueden curarse o si durarán toda la vida, apuntó.

“La cuestión es si podremos hacer algo al respecto”, añadió Edwards.

“No lo sé” es una respuesta difícil

Ni siquiera la doctora Abby Siegel, una pediatra de 51 años que trabaja en Stamford, Connecticut, pudo encontrar respuestas para su hija. Siegel dio positivo en la prueba del virus, el pasado mes de marzo, después de estar expuesta en el trabajo. Cree que transmitió el virus a su marido y a su hija de 17 años, Lauren.

La familia se recuperó a principios de abril, pero entonces tanto la hija como el marido de Siegel empeoraron. Lauren, que jugaba al rugby, empezó a sentir fatiga, dificultad para respirar y un ritmo cardíaco acelerado. Siegel la llevó a múltiples especialistas, incluido un amigo cardiólogo, y todos dudaron de la joven.

Lauren, que ahora tiene 18 años, acude al centro de atención de covid para adultos del Hospital Mount Sinai y está mejorando. Siegel dijo que la clínica ha confirmado el padecimiento de su hija y la ha ayudado a obtener más información sobre la enfermedad. Le hubiera gustado que los médicos que visitaron antes hubieran sido más honestos sobre las incógnitas que rodean a los problemas de salud post-covid.

“Es increíble que nos encontremos con quienes niegan las cosas en lugar de decir ‘no sé'”, señaló Siegel.

Hay otro aspecto que suele acompañar a la respuesta “no sé”.

La incertidumbre que rodea a estos síntomas en los niños requerirá probablemente que los médicos realicen una batería de pruebas, procedimientos que podrían costar mucho dinero a sus familias, explicó Glenn Melnick, economista de salud y profesor de la Escuela de Políticas Públicas Sol Price de la USC. Los hospitales pediátricos suelen tener poca competencia regional, dijo, lo que les permite cobrar más por sus servicios especializados.

Para las familias que no tienen un seguro de salud completo o que se enfrentan a deducibles elevados, muchas pruebas podrían suponer grandes facturas.

Gerard Anderson, profesor de política y gestión sanitaria de la Universidad Johns Hopkins, dijo que la rentabilidad potencial de estas clínicas depende de varios factores. Si una clínica da servicio a una zona lo suficientemente grande, podría atraer a suficientes pacientes como para que el hospital pediátrico afiliado gane una cantidad considerable de dinero.

La cobertura de los niños también influye: los que tienen un seguro privado son pacientes más lucrativos que los que están cubiertos por programas públicos como Medicaid, pero sólo si la familia puede asumir la carga financiera.

“Si yo tuviera un hijo con este problema, me preocuparía mucho sobre cómo afectaría a mi bolsillo”, concluyó Anderson.

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“Antes de Covid, era un hombre relativamente sano de 59 años”, dijo el técnico de internet y cable de Denver, Colorado. “Si tuviera que decir dónde estoy ahora, diría alrededor del 50% de mi potencial, pero cuando volví a casa estaba al 20%”.

Troutman atribuye su progreso en gran parte a la “motivación y educación” de un nuevo programa para pacientes post-Covid de la Universidad de Colorado, una de un número pequeño pero creciente de clínicas cuyo objetivo es tratar, y estudiar, a los que han tenido la impredecible enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

Mientras se acerca la elección presidencial en los Estados Unidos, se pone mucha atención en las cifras diarias de infecciones o en el creciente número de muertes. Pero otra medida es importante: los pacientes que sobreviven pero continúan luchando con una variedad de efectos físicos o mentales, como daño pulmonar, problemas cardíacos o neurológicos , ansiedad y depresión.

“Necesitamos pensar en cómo vamos a brindar atención a los pacientes cuya recuperación del virus puede llevar años”, dijo la doctora Sarah Jolley, neumonóloga del Hospital de la Universidad de Colorado de UCHealth y directora de la clínica Post-Covid de la UCHealth, donde se atiende Troutman.

Esa necesidad ha impulsado las clínicas post-Covid, que reúnen a una variedad de especialistas en un solo lugar.

Una de las primeras y más grandes clínicas de este tipo está en Mount Sinai, en la ciudad de Nueva York, pero también se han lanzado programas en la Universidad de California-San Francisco, el Centro Médico de la Universidad de Stanford y la Universidad de Pensilvania. La Clínica Cleveland planea abrir una a principios del próximo año.

Y no se trata solo de centros médicos académicos: St. John’s Well Child and Family Center, parte de una red de clínicas comunitarias en el centro sur de Los Ángeles, dijo recientemente que tiene como meta seguir que fueron diagnosticados con Covid desde marzo para analizar los efectos a plazo.

La idea general es reunir a profesionales médicos de un amplio espectro: neumonólogos, cardiólogos, y especialistas en médula espinal. También a expertos en salud mental, trabajadores sociales y farmacéuticos.

Muchos de los centros también realizan investigaciones, con el objetivo de comprender mejor por qué el virus afecta con tanta fuerza a ciertos pacientes.

“Algunos de nuestros pacientes, incluso aquéllos con un ventilador al borde de la muerte, saldrán notablemente ilesos”, dijo el doctor Lekshmi Santhosh, profesor asistente de cuidados críticos pulmonares y líder de la clínica OPTIMAL, el programa post-Covid en UC San Francisco.

“Otros, incluso los que nunca fueron hospitalizados, tienen fatiga incapacitante, dolor de pecho continuo y dificultad para respirar, y hay un gran espectro en el medio”.

Es demasiado pronto para saber cuánto tiempo durarán los síntomas y efectos físicos persistentes, o para hacer estimaciones precisas sobre el porcentaje de pacientes afectados.

. Un informe austríaco publicado en septiembre encontró que 76 de los primeros 86 pacientes estudiados tenían evidencia de daño pulmonar seis semanas después de haber recibido el alta, número que se redujo a 48 pacientes a las 12 semanas.

Algunos investigadores y clínicas dicen que alrededor del 10% de los pacientes con Covid en los Estados Unidos pueden tener efectos a largo plazo, dijo el doctor Zijian Chen, director médico del Centro de Atención Post-Covid en Mount Sinai, que a la fecha ha inscrito a 400 pacientes.

Si esa estimación es correcta, y Chen enfatizó que se necesita más investigación para asegurarlo, se traducirá en pacientes que ingresan al sistema médico en masa, a menudo con múltiples problemas.

La forma en que respondan los sistemas de salud y las aseguradoras será clave, dijo. Más de 6.5 millones de estadounidenses han dado positivo para la enfermedad. Si menos del 10%, digamos 500,000, ya tienen síntomas persistentes, “esa cifra es asombrosa”, dijo Chen. “驴Cuánta atención médica se necesitará?”.

Aunque los costos iniciales podrían ser un obstáculo, las clínicas mismas pueden eventualmente generar ingresos, que los centros médicos necesitan, al atraer pacientes, muchos de los cuales tienen un seguro para cubrir parte o la totalidad del costo de estas visitas a largo plazo.

Chen, de Mount Sinai, dijo que los centros especializados pueden ayudar a reducir el gasto en salud al brindar una atención coordinada y más rentable que evite la duplicación de pruebas a las que un paciente podría someterse de otra manera.

“Hemos visto pacientes que cuando los internan, ya se han hecho cuatro resonancias magnéticas o tomografías computarizadas y una cantidad de análisis de sangre”, dijo.

El programa consolida esos resultados anteriores y determina si se necesitan pruebas adicionales. A veces, la respuesta a las causas de los síntomas duraderos de los pacientes sigue siendo difícil de obtener. Un problema para los pacientes que buscan ayuda fuera de las clínicas especializadas es que cuando no hay una causa clara para su condición, se les puede decir que los síntomas son imaginarios.

“Creo en los pacientes”, dijo Chen.

Aproximadamente la mitad de los pacientes de la clínica han recibido resultados de pruebas que muestran daños, explicó Chen, endocrinólogo y especialista en medicina interna. Para esos pacientes, la clínica puede desarrollar un plan de tratamiento. Pero, y es frustrante, la otra mitad tiene resultados no concluyentes aunque presenta una variedad de síntomas.

“Eso hace que sea más difícil de tratar”, dijo Chen.

Los expertos ven paralelismos con un impulso en la última década para establecer clínicas especiales para tratar a los pacientes dados de alta de terapias intensivas, que pueden tener problemas relacionados con el reposo en cama a largo plazo o el delirio que muchos experimentan mientras están hospitalizados. Algunas de las clínicas post-Covid siguen el modelo de las de post-terapia intensiva o son versiones ampliadas de este modelo.

Por ejemplo, el Centro de Recuperación de terapia intensiva del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, que abrió en 2012, está aceptando pacientes post-Covid.

Hay alrededor de una docena de estas clínicas nivel nacional, algunas de las cuales también están trabajando ahora con pacientes de Covid, dijo James Jackson, director de resultados a largo plazo en el centro de Vanderbilt. Al menos otra docena de centros post-Covid están en desarrollo.

Los centros generalmente realizan una evaluación inicial unas semanas después que un paciente es diagnosticado o dado de alta del hospital, generalmente con una videollamada. Luego se programa una visita al mes.

“En un mundo ideal, con estas clínicas post-Covid, se puede identificar a los pacientes y llevarlos a rehabilitación”, dijo. “Incluso si lo principal que hicieron estas clínicas fue decirles a los pacientes: ‘Esto es real, no es un invento’, ese impacto sería importante”, agrego Jackson.

El financiamiento es el mayor obstáculo. Muchos hospitales perdieron ingresos sustanciales por la cancelación de procedimientos electivos durante las cuarentenas.

“Entonces, no es un buen momento para lanzar una nueva actividad que requiere un subsidio inicial”, dijo Glenn Melnick, profesor de Economía de la Salud en la Universidad del Sur de California.

En UCSF, un grupo selecto de miembros de la facultad forman parte del personal de las clínicas post-Covid y algunos profesionales de salud mental ofrecen su tiempo como voluntarios, dijo Santhosh. Chen, de Mount Sinai, dijo que pudo reclutar profesionales de salud entre los que tenían más tiempo libre a聽 falta de procedimientos electivos.

Jackson, en Vanderbilt, dijo que lamentablemente no ha habido suficiente investigación sobre el costo y la efectividad clínica de los centros post-terapia intensiva.

“En los primeros días, puede haber habido dudas sobre cuánto valor agrega esto”, apuntó. “Ahora, la pregunta no es tanto si es una buena idea, sino si es factible”.

En este momento, los centros post-Covid son ante todo un esfuerzo de investigación, dijo Len Nichols, economista y becario no residente del Urban Institute.

“Si estos pacientes mejoran con el tratamiento de los síntomas a largo plazo, eso es bueno para todos”, dijo Nichols. “Todavía no hay suficientes pacientes para convertirlo en un modelo de negocio, pero si se convierte en el lugar al que acudir luego del alta, podría resultar en un modelo de negocio para algunas de las instituciones de élite”.

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Haven es una de las más de en todo el país, que atiende a los hablantes de inglés y español, proporcionando anticoncepción, pruebas de embarazo e infecciones de transmisión sexual, y detección de cáncer de cuello uterino. Todo a bajo costo o sin cargo para pacientes que están ansiosos, son pobres, o ambas cosas.

Esos pacientes incluyen adolescentes menores de 18 años, que buscan píldoras anticonceptivas o anticoncepción de acción prolongada.

Pero bajo una sorprendente emitida en diciembre, que estas clínicas violan la ley estatal de Texas y los derechos constitucionales federales, cortando de raíz una fuente vital de atención médica para mujeres jóvenes en el estado.

Defensores de la salud de las mujeres y proveedores de atención médica han denunciado la decisión del juez conservador designado por el presidente Donald Trump, que está en el centro de otros casos de derechos reproductivos. Dicen que es demasiado amplia y sin precedentes. (El fallo se aplica a las regulaciones nacionales, pero por ahora se sigue solo en Texas).

“Ni siquiera podemos proporcionar anticonceptivos para un problema ginecológico”, dijo Carolena Cogdill, directora ejecutiva de Haven Health, quien dijo que el fallo del juez federal de distrito Matthew Kacsmaryk ha tenido un efecto escalofriante en la atención.

“Recibimos a una joven que tenía un sangrado anormal y queríamos recetarle anticonceptivos para ayudar a controlar ese sangrado. Y no pudimos hacerlo porque tenía 16 años”. La paciente había dicho que su madre no entendería, creyendo que su hija “iba a salir y tener relaciones sexuales”, dijo Cogdill.

La ley de Texas ha exigido durante mucho tiempo que las adolescentes tengan el para obtener anticonceptivos recetados. Pero bajo el , ciertas clínicas podrían proporcionar anticonceptivos sin el consentimiento de los padres. , Título X evolucionó a partir de la era de la “Guerra contra la Pobreza” y fue aprobado con un amplio apoyo bipartidista.

La legislación fue firmada por el entonces presidente republicano Richard Nixon, para brindar servicios de planificación familiar a personas de bajos ingresos, incluidos menores, con el objetivo de reducir el embarazo adolescente.

Pero en julio de 2022, semanas después de que la Corte Suprema revocara la protección constitucional para el aborto en Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, , padre de tres hijas adolescentes que vive en Amarillo, demandó al Departamento de Salud y Servicios Humanos. Argumentó que el gobierno había violado su derecho constitucional a liderar la crianza de sus hijas.

En su demanda, Deanda, quien es cristiano, dijo que estaba “criando a cada una de sus hijas de acuerdo con la enseñanza cristiana sobre cuestiones de sexualidad” y que no podía tener “la seguridad de que sus hijas no podrán acceder a anticonceptivos recetados” que “facilitan la promiscuidad sexual y el sexo pre-matrimonial”.

En su opinión, Kacsmaryk estuvo de acuerdo y escribió que “el uso de anticonceptivos (al igual que el aborto) viola los principios tradicionales de muchas religiones, incluidas las prácticas de los demandantes de fe cristiana”.

Además, Kacsmaryk, quien también es cristiano, dijo que la existencia de clínicas federales que operan en Texas, donde la ley estatal requiere el permiso de los padres para que las adolescentes reciban anticonceptivos, representaba un “daño inmediato”.

“Las clínicas del Título X están abiertas la mayoría de los días y, por lo tanto, presentan un riesgo continuo, continuo e inminente”, escribió el juez.

La decisión, que hace referencia al catecismo católico y a textos religiosos del siglo IV, sorprendió a expertos legales como Elizabeth Sepper, profesora de derecho en la Universidad de Texas en Austin, quien dijo que esta narrativa era parte de la creciente influencia de la teología cristiana conservadora en los tribunales.

“Estamos viendo cada vez más argumentos religiosos que llegan a los tribunales disfrazados de argumentos legales”, dijo Sepper. “Creo que estamos viendo un movimiento que comenzó con una exención religiosa, diciendo ‘Permítanme estructurar mi atención médica para que se adapte a mi moral’, y ahora se está avanzando hacia una agenda que dice, ‘Permítanme estructurar toda la atención médica de acuerdo con mi moral’”.

Ni Deanda ni su abogado, Jonathan Mitchell, el artífice de la prohibición del aborto en Texas antes de Dobbs, respondieron a las solicitudes de comentarios.

Los efectos del embarazo adolescente en la vida de una mujer pueden ser profundos. La mitad de las madres adolescentes reciben un diploma de escuela secundaria a los 22 años, en comparación con el 90% de las mujeres jóvenes que no dan a luz en la adolescencia. Los nacimientos de adolescentes pueden conducir a malos resultados para la próxima generación: los hijos de madres adolescentes tienen más probabilidades de abandonar la escuela secundaria y terminar en la cárcel o prisión durante la adolescencia.

El doctor Stephen Griffin, profesor asistente en la Universidad Tecnológica de Texas en Lubbock, y obstetra y ginecólogo, describió el acceso a los métodos anticonceptivos para las mujeres jóvenes como un “problema de seguridad”, y agregó que muchos padres subestiman la actividad sexual de sus adolescentes.

“Sabemos que las personas que se identifican como asistentes regulares a la iglesia tienen más probabilidades de subestimar el comportamiento arriesgado de sus hijos en términos de sexo”, dijo Griffin. “Y que los padres que sienten que tienen líneas abiertas de comunicación con sus hijos” también subestiman el riesgo.

Texas tiene y la tasa más alta de embarazo adolescente recurrente: más de 1 de cada 6 adolescentes que dieron a luz en Texas en 2020 ya tenían un hijo.

Expertos en salud dicen que es probable que la decisión judicial que prohíbe el acceso a la anticoncepción aumente esos números, siguiendo los pasos de otras restricciones a la atención de la salud reproductiva en el estado.

“El aborto es ilegal en Texas. Los niños no reciben educación sexual integral en las escuelas. Un gran [número] de personas en Texas viven sin seguro médico”, dijo Stephanie LeBleu, directora interina de Every Body Texas, que administra las más de 150 clínicas del Título X del estado. “Así que hace que sea muy difícil obtener servicios de salud sexual”.

La administración Biden apeló la decisión de Texas en febrero. Mientras tanto, LeBleu dijo que aquí no queda ninguna red de seguridad para los adolescentes.

“Les roba su humanidad”, dijo. “Les roba potencialmente su futuro. Y les roba su autonomía corporal, y creo que los jóvenes son más que capaces de tomar decisiones sobre su propia atención médica”.

Décadas de investigación muestran que es más probable que los adolescentes busquen atención de salud sexual si pueden hacerlo de manera confidencial. Pero para los tejanos como Christi Covington, la creencia es que la ley no debería hacer excepciones, ni siquiera en los casos más difíciles.

Covington vive en Round Rock, un suburbio de Austin. Se crió en una gran familia evangélica y está transmitiendo esas enseñanzas a sus tres hijos. Dejando de lado las objeciones religiosas al control de la natalidad, dijo que se debe respetar la unidad familiar.

“Dios diseñó el mundo para que haya padres y luego tenemos nuestra descendencia y que los padres cuiden a esos niños, y eso está diseñado”, dijo. “Y lo vemos reflejado en la naturaleza”.

En cuanto al control de la natalidad, dijo, “se siente como una curita”.

“Démosles control de la natalidad, y entonces no tendremos que lidiar con lo que está sucediendo en nuestra sociedad, donde estas adolescentes quedan embarazadas tan rápido y tan fácilmente”, dijo Covington.

Agregó que ya está obligada a dar permiso para el cuidado de la salud de sus hijos, incluidas las vacunas. “Honestamente, tengo que dar mi consentimiento en todas partes para la otra atención médica de mis hijos”, dijo. “驴Por qué decidiríamos que esta área está exenta?”.

Pero Rebecca Gudeman, directora sénior de salud del National Center for Youth Law, dijo que el 60% de los adolescentes involucran a sus padres en estas decisiones.

“Lo hacen no porque la ley les exija hacerlo, sino porque es lo que quieren hacer”, dijo Gudeman.

Algunos jóvenes, dijo, simplemente no pueden involucrar a sus padres o tutores, incluidas parejas como Victoria y Richard Robledo, quienes comenzaron a salir y tener relaciones sexuales cuando ambos eran menores de edad. Victoria dijo que en esos primeros días decidió obtener un control de la natalidad, pero no podía acudir a su madre, una católica devota, en busca de consejo.

“Éramos un hogar hispano típico”, recordó Victoria. “Y, por lo general, en hogares como el mío, no quieren hablar de novios, sexo ni nada de eso”.

Pero Victoria encontró una clínica a menos de una milla de su escuela secundaria y pudo obtener anticonceptivos sin costo. La pareja ahora está casada, vive en Clovis, Nuevo México, al otro lado de la frontera estatal, y tiene dos hijos.

Victoria dijo que poder protegerse del embarazo cuando era adolescente cambió el curso de su vida, permitiéndole ir a la universidad y a su esposo unirse al ejército.

“No nos preocupaba el hecho de que pudiéramos tener un hijo”, dijo. “Ambos pudimos salir y vivir nuestras propias vidas”.

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Tenía fiebre alta, le dolía la cabeza y el cuerpo, y parecía desorientado, según contó Sarah. Los Dudley tenían que tomar una decisión: ir a la sala de emergencias del hospital (ER) o a una clínica de urgencias cerca de su casa en Des Moines, Iowa.

“En la ER tardan cinco, seis, siete horas antes de que te vea un médico, dependiendo de cuánta gente haya”, dijo Sarah. “Sé que puedo ir a una clínica de urgencias y que me vean en una hora”.

Según documentos judiciales, en la clínica, un asistente médico diagnosticó erróneamente a Joseph con gripe. Su estado empeoró. Pocos días después fue hospitalizado por meningitis bacteriana y quedó en coma inducido. Sufrió varios derrames cerebrales, perdió la audición en un oído y ahora tiene problemas para procesar la información. La familia interpuso una demanda y un jurado les concedió $27 millones, aunque los demandados han solicitado un nuevo juicio.

Su caso refleja un problema del sistema sanitario estadounidense: las personas heridas o enfermas deben decidir con cuidado, en un momento de estrés, cuál es el mejor lugar para buscar ayuda. Y deben tomar esa decisión en medio de un número creciente de opciones.

Ir a un centro equivocado puede acarrear facturas médicas más al tas e inesperadas, y a una mayor frustración. A menudo, los pacientes no saben qué tipo de servicios ofrecen los distintos centros ni el nivel de atención que necesitan, y una elección desinformada es “una receta para malos resultados”, afirmó , directora de la National Patient Advocate Foundation, una organización sin fines de lucro que defiende los derechos de los pacientes.

“Hemos creado un sistema sanitario laberíntico, que funciona para maximizar las ganancias”, señaló Donovan. “Y lo hace creando un sistema ambiguo y difícil de navegar, que constantemente impone más costos a los pacientes”.

Pero los operadores de estas clínicas, cuyo modelo son los beneficios sin riesgos, y que actúan como alternativa a las emergencias hospitalarias, tienen pocos incentivos para facilitar el proceso a los pacientes.

“Vivimos en un mundo de pago por servicio, así que cuantos más pacientes atiendes, más dinero ganas”, dijo , economista de salud en Rice University. “Si vas a abrir uno de estos centros 鈥攊ncluso si eres una organización no lucrativa鈥�, lo que buscas es obtener ingresos”.

El número de clínicas de urgencias en Estados Unidos ha estado creciendo un 8% cada año entre 2018 y 2021, según la Urgent Care Association (UCA). Pero los servicios y el nivel de atención ofrecidos pueden variar mucho según la clínica. En su , UCA declara que trabaja para ayudar a un público más amplio a entender lo que es una atención urgente.

, que opera clínicas de atención urgente en el este y centro de Estados Unidos, anuncia su capacidad para tratar alergias, lesiones menores, resfriados y gripe. , otro de los principales operadores de atención urgente, afirma que sus clínicas tratan problemas similares, pero que los servicios pueden variar dependiendo de la ubicación. Según la , algunas clínicas ofrecen laboratorios y radiografías; otras tienen “equipos de diagnóstico más avanzados”.

Ho afirmó que las clínicas de urgencias pueden proporcionar un servicio más rápido y más barato. En cambio, las urgencias independientes por servicios similares.

Los servicios de emergencia independientes (un establecimiento certificado que está estructuralmente separado del hospital) son , aunque los datos sobre su número exacto son confusos. Algunos pertenecen a hospitales, otros son independientes; algunos están abiertos 24 horas al día, los 7 días a la semana, otros no. Aunque suelen estar atendidos por médicos con formación en medicina de urgencias, , a pesar de que cobran a los pacientes elevadas facturas.

El , profesor de política sanitaria de la Facultad de Medicina de Harvard, dijo que los pacientes no siempre han tenido tantas opciones. Aseguró que, a pesar de que hay mucho para elegir, la industria tiende a derivar a los pacientes al nivel de atención más alto y más caro.

“驴Qué es lo que probablemente escuchas cuando llamas a tu médico de cabecera mientras esperas al teléfono? ‘Si cree que su vida está en peligro, llame al 911′”, explicó Mehrotra. “Para evitar riesgos se empuja constantemente a la gente al servicio de urgencias”.

La ley federal obliga a las emergencias de los hospitales que participan en Medicare a atender a cualquier persona que se presente. La Ley de Tratamiento Médico de Urgencia y Trabajo, también , se aprobó en 1986 en parte para impedir que los hospitales trasladaran a pacientes no asegurados, o cubiertos por Medicaid, a otros centros, antes de estabilizarlos.

Pero, a veces, la falta de directrices claras sobre la aplicación de la ley impide a los médicos de urgencias derivar a los pacientes a centros más adecuados, según los doctores. La ley no afecta a las clínicas de urgencias y se aplica de forma incoherente a los servicios de emergencias independientes.

La ley crea incertidumbre entre los médicos de emergencias de los hospitales, según el , médico de emergencias de Lexington, Kentucky. A quienes les gustaría derivar a los pacientes a centros con niveles de atención más bajos, cuando proceda, les preocupa entrar en conflicto con la EMTALA.

“Su objetivo es proteger al consumidor”, afirmó Stanton. “Pero tiene un efecto secundario: hay algo que me gustaría decirte, pero la ley federal dice que no puedo”.

Según Stanton, EMTALA podría actualizarse para permitir a los médicos de emergencias de los hospitales (ER) ser más abiertos con los pacientes sobre el nivel de atención que necesitan y si la ER es el mejor 鈥攜 más barato鈥� lugar para conseguirlo.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), la agencia federal que vela por el cumplimiento de la ley, se mostraron dispuestos a colaborar con los hospitales en la comunicación con los pacientes, pero no dieron detalles sobre iniciativas concretas.

Y las iniciativas para informar a los pacientes no siempre aclaran la confusión.

Pongamos como ejemplo, la cadena de urgencias , que ofrece una lista de las enfermedades que trata y una .

Karolina Levesque, enfermera especializada de MedExpress en Kingston, Pennsylvania, afirmó que sigue atendiendo a pacientes con síntomas graves, como dolor torácico, que deben ser remitidos a una ER. Esos pacientes se sienten frustrados cuando se les envía a otro sitio.

“Algunos dicen: ‘Bueno, quiero que me devuelvan el copago. No han hecho nada por mí'”, explicó Levesque.

Algunos pacientes, como Edith Eastman, de Decatur, Georgia, dicen que agradecen cuando los proveedores se dan cuenta de sus limitaciones. Cuando Eastman recibió una llamada, en febrero pasado, diciendo que su hija se había lastimado el brazo en el colegio, lo primero que pensó fue en llevar a Maia, de 13 años, a un centro de urgencias.

Una clínica local había atendido a Maia cuando se rompió el brazo anteriormente, y Eastman pensó que podrían ayudarla de nuevo. En cambio, preocupados porque la fractura era compleja, derivaron a Maia a una emergencia y le cobraron $35 por la visita.

“En la clínica me dijeron: ‘Mire, esto está por encima de nuestro nivel’. No se limitaron a ponerle un parche y enviarla a casa”, contó Eastman.

Todas las partes del sistema sanitario deben contribuir a aclarar la confusión, según los activistas. Las compañías de seguros pueden informar mejor a sus asegurados. Las clínicas de atención urgente y las salas de urgencias independientes pueden ser más transparentes sobre los tipos de servicios que ofrecen. Los pacientes pueden informarse más para tomar mejores decisiones.

De lo contrario, las soluciones serán irregulares, como la efímera , que opera hospitales y centros de urgencia en el área de Tampa, Florida. Lanzada en 2019, el esfuerzo por educar a los pacientes .

“Tengo gripe: atención de urgencia. Tengo peste: atención de emergencia”, decía un anuncio.

Ayudar a los pacientes a autoevaluarse significa que BayCare puede reservar sus recursos de emergencia, más caros, para los pacientes que realmente los necesitan, dijo Ed Rafalski, director de estrategia y marketing.

Pero otros hospitales solo ven competencia en la entrada de nuevos operadores en sus mercados.

“Si tienes una clínica de atención de urgencias frente a tu servicio de emergencias (ER), vas a perder parte de tu negocio por el mero hecho de que esté allí”, añadió Rafalski.

Donovan, la defensora del paciente, dijo que ese tipo de mentalidad perpetúa la confusión que, en última instancia, es perjudicial para los pacientes.

“Si te rompes una pierna, no es razonable preguntarse: ‘驴Buscaste en Google si lo adecuado es una urgencia o una emergencia?”, dijo. “No, lo que necesitas es que te atiendan lo antes posible”.

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El apéndice del adolescente se rompió antes de que pudiera llegar a un hospital, y las complicaciones provocaron un shock séptico.

Akimbee Burns se hizo una prueba de Papanicolaou en un centro de salud comunitario de Georgia que mostró células anormales. Pero no le informaron los resultados. Unos ocho meses después, que se había extendido a los ganglios linfáticos. Murió en dos años. Tenía 38.

El bebé de Rhonda Jones después de que un equipo médico del área de Chicago, que incluía doctores del centro de salud comunitario, no realizara una cesárea de emergencia con la suficiente rapidez, pese a que Jones tenía un alto riesgo de complicaciones en el parto.

Estos tres incidentes 鈥攄eclarados en documentos judiciales como parte de las demandas por negligencia que se resolvieron sin admisión de mala conducta鈥� se encuentran entre los 485 pagos realizados en todo el país que involucran a los centros de salud comunitarios desde 2018 hasta 2021. Los acuerdos y las sentencias sumaron un total de 410 millones de dólares pagados a los pacientes o a sus familias, según los datos federales revelados a KHN a través de una solicitud de documentos públicos.

Pero ninguno de esos centros de salud, y ninguno de los médicos, pagó nada. Los contribuyentes estadounidenses pagaron la cuenta.

Los 1,375 centros de salud financiados con dinero federal, que atienden a 30 millones de estadounidenses de bajos ingresos, son en su mayoría organizaciones privadas. Sin embargo, reciben $6,000 millones anuales en subvenciones federales y, según la ley federal, sus responsabilidades legales están cubiertas por el gobierno, al igual que las del Departamento de Asuntos de Veteranos y el Servicio de Salud Indígena.

Esto significa que los centros y sus empleados pueden recibir inmunidad frente a las demandas por negligencia médica, y que el gobierno federal paga cualquier acuerdo o sentencia judicial.

El público suele desconocer las demandas de mala praxis contra estos centros. Los centros de salud y sus empleados no son nombrados como demandados en los juicios, y el gobierno no anuncia cuándo paga para resolver los casos o las sentencias judiciales.

“La gente debería saber si estos médicos o centros están perjudicando a sus pacientes”, dijo Deirdre Gilbert, directora nacional de la , un grupo de defensa del consumidor sin fines de lucro.

Además, los abogados que han representado a los demandantes en los juicios contra los centros de salud dicen que las normas federales ponen en aprietos a los pacientes con un plazo de prescripción corto 鈥攄os años鈥� y no permiten los daños punitivos.

“Las cartas están a favor del gobierno”, indicó Regan Safier, abogada de Philadelphia que ganó una sentencia judicial de $41,6 millones en 2018 en un caso de lesión en el parto que involucró a un médico de un centro de salud comunitario.

Tragedias ocultas a la vista

Entre 2018 y 2021, el promedio de los pagos por acuerdos o sentencias por mala praxis que involucran a los centros de salud fue de $225.000, según los datos de la Administración de Recursos y Servicios de Salud, que supervisa los centros de salud comunitarios. En 68 de los 485 pagos, el total fue de al menos un millón de dólares.

Muchas de las demandas contra los centros de salud se referían a diagnósticos erróneos o errores dentales. La mayoría de las indemnizaciones más cuantiosas fueron por lesiones en el parto o por casos relacionados con niños.

Silvia García presentó uno de esos casos. En diciembre de 2015, llevó a su hijo de 14 años a First Choice Community Healthcare en Albuquerque, Nuevo México, para que lo trataran por un fuerte dolor de estómago y fiebre, según la demanda que presentó contra el gobierno.

El médico palpó el abdomen del niño pero no ordenó ninguna prueba diagnóstica, alegó la familia. Sin embargo, aconsejó a García que llevara al niño al hospital si el dolor empeoraba.

Dos días después, lo llevó a la sala de urgencias de un hospital. Allí, los médicos descubrieron que su apéndice se había roto. Había desarrollado un shock séptico que le provocó daños cerebrales y lesiones agudas en los riñones.

El adolescente estuvo hospitalizado durante ocho meses.

García resolvió el caso por $6,8 millones, la mayor parte de los cuales se destinaron a un fondo especial para futuros gastos médicos.

First Choice y García no quisieron hacer comentarios. El gobierno dijo que el acuerdo no era una admisión de culpa.

Los centros de salud comunitarios presionaron 鈥攜 ganaron鈥� la protección gubernamental contra la mala praxis en la década de 1990. Alegaron que sus ingresos eran limitados y que el seguro de negligencia desviaría un dinero que podría destinarse a la atención de los pacientes.

Los centros se diferencian de otras clínicas de salud porque reciben una subvención federal cada año. También reciben mayores reembolsos de Medicaid y Medicare que los médicos privados. A cambio, no pueden rechazar a nadie, y los honorarios que cobran a los pacientes con bajos ingresos se basan en una escala variable. Casi la mitad de los pacientes de los centros están cubiertos por Medicaid, y el 20% no tiene seguro.

Las demandas por mala praxis son un riesgo para todos los proveedores de atención sanitaria y son solo un barómetro de la calidad de la atención. Los acuerdos y las sentencias judiciales contra los centros sanitarios no miden el rendimiento general de las clínicas.

Incluso los abogados que han demandado en nombre de los pacientes de los centros reconocen la importancia de los mismos. , abogado de la parte demandante de Rhode Island, dijo que los centros comunitarios de salud desempeñan un papel vital en el sector sanitario y que ha encontrado “un montón de gente realmente maravillosa y extraordinariamente capaz que hace un trabajo realmente bueno” en los centros.

Sin embargo, todos deben ser responsables de los errores, dijo DeLuca. 

El caso de Akimbee Burns es un ejemplo de diagnóstico fallido, según la demanda que presentó contra el gobierno de Estados Unidos. Burns, que ganaba $11 la hora en una empresa de servicios públicos, se hizo una prueba de Papanicolaou en 2016 en el South Central Primary Care Center, un centro de salud comunitario en Ocilla, Georgia.

Los resultados mostraron células anormales, pero no le informaron, según la denuncia. En los meses siguientes, preguntó varias veces por la prueba, pero siguieron sin informarle sobre los resultados, alegó.

Unos ocho meses después, el personal de otro centro sanitario le diagnosticó un cáncer de cuello uterino avanzado. Presentó una demanda alegando que el centro de salud comunitario había sido negligente. Recibió radiación y quimioterapia. Pero murió en abril de 2019. Dejó dos hijos, uno de ellos menor de edad.

Tras su muerte, el gobierno y sus herederos llegaron a .

El Centro de Atención Primaria South Central no respondió a las solicitudes para hacer declaraciones, y el gobierno negó haber actuado mal.

Un camino difícil para los pacientes

Un paciente que alega una mala praxis médica por parte de un centro sanitario debe presentar primero un reclamo al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos para su revisión. El gobierno puede hacer una oferta de acuerdo o rechazar el reclamo.

Si el reclamo se rechaza, deniega o queda sin resolver, o si expira el período de revisión de seis meses, el paciente puede demandar ante un tribunal federal en virtud de la (FTCA).

Para obtener esa protección federal, los centros sanitarios deben contar con programas de mejora de la calidad y de gestión de riesgos, y deben demostrar a los reguladores que han revisado las credenciales profesionales, los reclamos por mala praxis y el estatus de la licencia de sus médicos y otros profesionales clínicos.

Ben Money, vicepresidente senior de la , dijo que mejora la atención y dirige los escasos dólares de operación hacia las necesidades de los pacientes, en lugar de la costosa cobertura de mala praxis.

“Existen rigurosas salvaguardas para garantizar que los beneficiarios de los centros de salud cumplan con las normas y que los pacientes reciban la mejor atención”, dijo. “La FTCA hace que los centros de salud estén más atentos a la calidad y no menos”.

A septiembre, alrededor del 86% de los centros de salud comunitarios estaban cubiertos por la FTCA para la cobertura de negligencia médica, indicó Christy Choi, vocera de la Administración de Recursos y Servicios de Salud.

Dijo que el gobierno ha implementado “sólidos esfuerzos de mejora de la calidad y la seguridad del paciente” como parte del programa.

El sistema hace que el cobro de daños y perjuicios sea más difícil para los pacientes que si acudieran a los tribunales estatales para las demandas por negligencia, dijeron abogados que participan en los casos contra los centros de salud.

Además de la prohibición de los daños punitivos, estos casos los deciden los jueces federales en lugar de los jurados. La ausencia de un jurado es importante porque los jueces son menos propensos a dejarse llevar por las emociones y eso puede significar menores cantidades de dinero en las indemnizaciones, agregaron.

Los demandantes también están en desventaja porque el gobierno federal tiene recursos ilimitados para defender los casos, a diferencia de los pacientes y sus abogados, dijo , abogado de Miami.

“Preparar estos casos para juicios nos cuestan cientos de miles de dólares”, señaló Jack Beam, el abogado de Illinois que representó a Rhonda Jones. “Nuestro récord fue de $900,000 en costos del caso”.

Todos estos factores hacen que encontrar un abogado sea un obstáculo para los pacientes.

, abogada de Missouri, dijo que algunos abogados son reacios a aceptar los casos porque el gobierno limita sus honorarios al 25% del importe del acuerdo. En cambio, los abogados de los demandantes suelen quedarse con un 40% en los casos de negligencia que prosperan en los tribunales estatales.

Rhonda Jones fue una de las que recibió un acuerdo. Su bebé fue trasladado a un hospital infantil poco después de nacer por cesárea de emergencia en el West Suburban Medical Center en el área de Chicago en diciembre de 2016, según su demanda. La bebé, Alayna, fue tratada por daño cerebral por falta de oxígeno, y ahora tiene parálisis cerebral.

Jones mostraba signos de un parto de alto riesgo cuando llegó al hospital con casi 39 semanas de embarazo: tenía 40 años, era su undécimo hijo y tenía preeclampsia grave y posiblemente diabetes gestacional.

En su demanda alegó que no se la había vigilado adecuadamente en el hospital y que no se había operado a tiempo para evitar que Alayna sufriera daños.

Jones aceptó , 15 de los cuales fueron pagados por el gobierno federal porque algunos de los médicos implicados eran empleados del PCC Community Wellness Center. El centro de salud y el hospital no quisieron hacer comentarios. En los tribunales, el gobierno y el hospital negaron haber actuado mal.

El dinero 鈥攍a mayor parte del cual está en un fideicomiso supervisado por el tribunal鈥� sirve para atender a Alayna, que necesitará cuidados durante toda su vida.

“Antes de lo que le pasó a Alayna, me encantaban”, dijo Jones sobre el centro de salud al que había acudido en varios de sus embarazos anteriores. “Me sirvieron mucho porque abrían hasta altas horas de la noche cuando yo trabajaba”.

“Todavía le diría a alguien que fuera al PCC porque tal vez les tocarán los médicos adecuados cuando vayan a tener a su bebé”, remarcó Jones.

Alander Rocha y la reportera de KHN Colleen DeGuzman contribuyeron con este artículo.

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Tres veces a la semana, Sherwin, de 71 años, conduce hasta una clínica de diálisis en Elk Grove, California, el suburbio al sur de Sacramento donde vive, y permanece conectada a una máquina durante unas cuatro horas mientras ésta filtra su sangre. El tratamiento la agota, pero se siente bien atendida y sabe que los trabajadores de la clínica llamarán a la policía si no se presentara a la cita y no pudieran contactarla directamente.

“Se lo toman muy en serio”, dijo Sherwin.

Ahora Sherwin teme que no le permitan acudir a esta clínica. Un cartel en la ventana del centro pide a los pacientes y visitantes que voten “no” a la Propuesta 29, la tercera iniciativa estatal sobre diálisis en cinco años que impondría nuevos requisitos a las clínicas de diálisis, como exigir la presencia de un médico durante los tratamientos.

Sherwin y otros votantes de California también han sido bombardeados por , en los que pacientes en sillas de ruedas y médicos advierten que “la 29 cerraría las clínicas de diálisis en toda California”.

“Estamos aterrorizados”, dijo Sherwin. “Si las cierran, 驴a dónde vamos a ir? Simplemente moriremos”.

Sherwin es una de los aproximadamente que dependen de 650 clínicas de diálisis ubicadas en centros comerciales y médicos por todo el estado.

Los pacientes llegan en furgonetas de transporte médico, minivans y algún vehículo de alquiler, porque después del tratamiento están demasiado cansados y hambrientos como para conducir a casa. Llevan bolsas de lona y almohadas, preparados para estar sentados durante cuatro o cinco horas seguidas, normalmente tres días a la semana, mientras su sangre se limpia y se filtra a través de una máquina porque sus riñones ya no pueden realizar esas funciones.

La Propuesta 29 exigiría a las clínicas reportar al estado sobre las infecciones e informar a los pacientes cuando los médicos tengan una participación financiera en una clínica, normas que son similares a las regulaciones federales existentes.

El punto más contencioso es la exigencia de que haya un médico, una enfermera o un asistente médico presente en cada clínica mientras se trata a los pacientes.

Exigir la presencia de un médico en cada clínica aumentaría los costos de cada centro en “varios cientos de miles de dólares anuales”, según de la Oficina del Analista Legislativo del Estado, una institución no partidista. Para hacer frente a los costos adicionales, el análisis concluye que las clínicas tienen tres opciones: negociar tarifas más altas con las aseguradoras, perder beneficios o cerrar las instalaciones.

El sindicato Service Employees International Union-United Healthcare Workers West, que patrocina la Propuesta 29, señaló que las reformas son necesarias para mantener a los pacientes seguros durante el arduo proceso de diálisis.

El sindicato 鈥攓ue ha intentado organizar a los trabajadores de diálisis, pero no lo ha conseguido鈥� argumenta que el tratamiento es peligroso y que los pacientes necesitan tener acceso a profesionales médicos altamente capacitados para hacer frente a las emergencias en lugar de depender del 911.

El sindicato también estuvo detrás de las dos iniciativas de votación anteriores sobre diálisis, que fracasaron por amplios márgenes. La Propuesta 8 en 2018 habría puesto un tope a los beneficios de la industria, mientras que la Propuesta 23 en 2020 era casi idéntica a la medida de este año. Ambas de .

La campaña de oposición a la Propuesta 29, financiada en su mayor parte por la industria de la diálisis, sostiene que mantener a un médico o enfermera en todo momento es costoso e innecesario.

Las clínicas emplean a enfermeras que cuidan a los pacientes y a directores médicos, en trabajos de supervisión pero que a menudo solo están presentes a tiempo parcial. Aproximadamente tres cuartas partes de las clínicas de diálisis de California son propiedad de dos empresas o están gestionadas por ellas: DaVita y Fresenius Medical Care.

Hasta ahora, ambas partes han recaudado al menos , según Los Angeles Times, de los cuales aproximadamente el 85% procede de DaVita y Fresenius.

Joe Damian, de 71 años, no se cree la afirmación de que las clínicas cerrarían si se aprueba la Propuesta 29. Por supuesto que se sentiría más cómodo si un médico estuviera presente cuando su esposa, Yolanda, tiene sus tratamientos, explicó. También cree que las empresas de diálisis seguirían ganando dinero a manos llenas.

“驴Cómo no va a ser mejor?”, preguntó. “Simplemente no quieren renunciar a ninguno de sus beneficios”.

Damian lleva a su mujer a sus tratamientos en Elk Grove. Comprende que muchos pacientes y sus familias estén preocupados por el posible cierre de las clínicas, pero cree que el sector está generando alarma.

“Cerrar instalaciones es una amenaza que nunca ejecutarán”, afirmó. “驴Por qué iban a cerrar un negocio que genera dinero?”.

La propuesta 29 incluye normativas destinadas a proteger contra el cierre de clínicas, como la exigencia de que los centros obtengan la aprobación del estado antes de finalizar o reducir los servicios, pero los opositores argumentan que esas normativas no se sostendrán en los tribunales.

Casi todos los pacientes entrevistados que iban o venían de sus citas de diálisis en cinco clínicas del área de Sacramento habían sido testigos de cómo los trabajadores llamaban al 911 por otro paciente. La mayoría dijo que los trabajadores y el personal de emergencias habían manejado bien estas situaciones. En general, afirmaron sentirse bien cuidados por las clínicas de diálisis.

La mayoría de los pacientes había interiorizado el lenguaje de los anuncios de la oposición que advertían sobre el cierre de las clínicas.

Norbie Kumagai, de 65 años, pasó el último Día de Acción de Gracias en el Centro Médico de la Universidad de California-Davis, y a su familia se le dijo que no sobreviviría. Pero Kumagai, que padece una enfermedad renal en fase 4 y tiene hipertensión, salió adelante y tuvo que esperar meses para que se abriera una plaza de diálisis en una clínica de West Sacramento, a unas 13 millas de su casa en Davis.

En general, Kumagai está de acuerdo en que el sector de la diálisis necesita reformas. Por ejemplo, le gustaría que a los técnicos que lo ayudan cada semana les aumentaran el sueldo.

Pero le preocupa lo que la Propuesta 29 pueda significar para los tratamientos que lo mantienen con vida.

“Le he dicho a mis amigos y vecinos que estoy muerto de miedo si se aprueba”, afirmó Kumagai. “Esta clínica podría cerrar”.

Esta historia fue producida por KHN, que publica , un servicio editorialmente independiente de la .

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Tras décadas de falta de financiación y dos años y medio de una pandemia que aumentó su carga de trabajo, y , los profesionales de salud y los funcionarios de salud pública dicen que las clínicas están mal equipadas para otra epidemia.

“Estados Unidos no tiene lo que necesita para luchar de manera adecuada contra la viruela del simio”, dijo David Harvey, director ejecutivo de la Coalición Nacional de Directores de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS). “Ya estamos al límite de nuestra capacidad”.

La viruela del simio 鈥攔elacionada con el virus de la viruela鈥� no se considera técnicamente una infección de transmisión sexual. Pero se propaga a través del contacto cercano y ahora se está transmitiendo, sobre todo, a través de redes de .

Debido a que el actual brote de viruela del simio causa ampollas o granos en los genitales, muchos pacientes buscan atención para lo que parece ser herpes, sífilis u otra infección de transmisión sexual. Los pacientes a menudo prefieren buscar atención de forma anónima en las clínicas públicas, en lugar de sus médicos de cabecera habituales, debido al estigma de las infecciones de transmisión sexual.

La mayoría de las personas con viruela del simio se recuperan por sí solas en un plazo , pero un 10% necesita atención hospitalaria, según el doctor Peter Hotez, decano de la Escuela Nacional de Medicina Tropical del Baylor College of Medicine.

Aunque la viruela del simio se ha considerado tradicionalmente una enfermedad leve, el grado de complicaciones “ha sido mucho mayor de lo que cualquiera de nosotros esperaba”, afirmó la doctora Mary Foote, experta en enfermedades infecciosas del Departamento de Salud e Higiene Mental de la ciudad de Nueva York, que intervino el 14 de julio en un seminario web presentado por la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América. Además del dolor intenso, algunas personas con viruela del simio corren el riesgo de sufrir cicatrices permanentes.

Las clínicas de salud sexual están tan saturadas que muchas carecen de personal para realizar tareas tan básicas como contactar y tratar a las parejas de los pacientes infectados. 

Las clínicas de salud sexual son una de las redes de seguridad más descuidadas del maltrecho sistema de salud pública del país, que tiene menos autoridad y flexibilidad para luchar contra los brotes hoy que antes de la pandemia de covid-19.

Con registrados desde mayo en Estados Unidos 鈥攜 en todo el mundo鈥�, los médicos afirman que la epidemia puede haber crecido demasiado y estar muy extendida para poder contenerla.

La doctora Shira Heisler, directora médica de la Clínica de ETS de Salud Pública de Detroit, dijo que está orgullosa de la calidad de la atención que proporcionan, pero que no tiene tiempo para ver a todos los pacientes que necesitan cuidados.

“Simplemente no tenemos personal”, explicó Heisler. “Es un colapso total de la infraestructura”.

La financiación de los Centros par el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para prevenir las infecciones de transmisión sexual ha disminuido en $16 millones desde 2003, hasta los $152,5 millones de este año, a pesar de que solo los casos de sífilis se han cuadruplicado en ese tiempo. Teniendo en cuenta la inflación, esa financiación ha caído un 41% desde 2003, según un análisis de la Coalición Nacional de Directores de ETS.

Mientras tanto, cientos de profesionales de la salud, locales y estatales, que rastrean, localizan y detienen la propagación de los casos notificados por las clínicas de salud sexual, han renunciado o han sido sustituidos desde que comenzó la pandemia. Algunos se marcharon por agotamiento y otros fueron expulsados de sus puestos de trabajo por las críticas en protesta por las impopulares políticas de máscaras y cierres. Se acaban de anunciar subvenciones federales .

Los sistemas de notificación de datos no se han actualizado, a pesar de las evidentes deficiencias reveladas por la pandemia. Los trabajadores de la sanidad pública siguen utilizando máquinas de fax para tratar los casos de viruela del simio desde Florida hasta Missouri, según declararon a KHN funcionarios de salud pública.

“Incluso con las ventajas de tener una prueba y una vacuna, todavía no hemos invertido lo suficiente en el sistema de salud pública para que podamos responder con la suficiente rapidez”, señaló el doctorTao Kwan-Gett, Director Científico del Estado de Washington. Muchos “te dirán que tenemos el mejor sistema sanitario del mundo. Pero creo que la pandemia de covid-19, así como el brote [de viruela del simio], demuestran que el sistema está roto y necesita ser arreglado”.

No está hecho para la rapidez

La está distribuyendo cientos de miles de vacunas contra la viruela del simio, con un total de para este año, y otros 2,5 millones para el año que viene.

Pero Hotez aseguró que esos envíos de vacunas “pueden no ser suficientes”.

Algunas ciudades se han quedado sin dosis poco después de abrir sus puertas. En la ciudad de Nueva York, donde los casos de viruela del simio se han , el despliegue de la vacuna ha estado plagado de fallas técnicos; el sitio web de la vacuna se ha caído al menos dos veces. Las comunicaron que su ciudad también se está quedando sin vacunas.

Las vacunas contra la viruela del simio pueden prevenir eficazmente la infección en las personas antes de que se expongan al virus.

Los expertos creen que las vacunas también pueden ayudar a prevenir la infección después de la exposición. Pero son más eficaces si se administran cercano con un paciente de viruela del simio, señaló la doctora Trini Mathew, epidemióloga del Hospital Beaumont de Taylor, Michigan. Las vacunas administradas entre cuatro y 14 días después de la exposición pueden reducir los síntomas, pero no prevenir la enfermedad.

Sin embargo, el maltrecho sistema de salud pública no está hecho para actuar con rapidez.

Aunque el de la viruela del simio es máas fácil, algunos sistemas de salud pública no tienen suficiente personal para localizar rápidamente a las parejas de los pacientes y realizarles las pruebas. Y como la mayoría de los profesionales de la salud nunca han manejado un caso de viruela del simio, los pacientes a menudo tienen que hacer múltiples visitas antes de ser diagnosticados con precisión.

Ponerse en contacto con las personas expuestas se complica aún más si viven al otro lado del condado o del estado, lo que puede requerir la coordinación de una respuesta al brote con otros departamentos de salud, según Shawn Kiernan, jefe de la sección de enfermedades contagiosas del Departamento de Salud del Condado de Fairfax, en Virginia.

Décadas de recortes presupuestarios han llevado a muchas clínicas de salud sexual a , lo que dificulta la atención de los pacientes.

Los departamentos de salud pública han perdido miembros clave de sus equipos en los últimos años, incluyendo .

Un análisis de KHN de 2020 reveló que al menos 38,000 puestos de trabajo en la sanidad pública estatal y local han desaparecido desde la recesión de 2008, dejando una fuerza laboral destrozada para hacer frente a las necesidades de salud pública de Estados Unidos, y eso fue antes de que llegara el covid.

“El sistema está agotado”, expresó el doctor Luis Ostrosky, especialista en enfermedades infecciosas en UTHealth Houston/Memorial Hermann Hospital.

Una investigación de KHN/AP de 2020 encontró que solo el 28% de los departamentos de salud pública locales tienen estadísticos o epidemiólogos, los detectives de las enfermedades que investigan el origen y la trayectoria de los brotes infecciosos.

“驴Qué pasaría si solo el 28% de las salas de urgencias tuvieran médicos?”, se preguntó Brian Castrucci, presidente y director general de la Fundación Beaumont, una organización sin fines de lucro que trabaja para fortalecer la salud pública.

La escasez de personal a menudo lleva a los proveedores de salud altamente capacitados a asumir tareas que podrían ser realizadas por personas con salarios mucho más bajos. Cuando la clínica de Heisler está llena, las enfermeras profesionales tienen que limpiar las salas de examen entre los pacientes.

Y aunque un gestor de casos normalmente trabaja con los pacientes recién diagnosticados de VIH y les recuerda las citas, ahora Heisler tiene que hacer esas llamadas ella misma; el gestor de casos tiene quee trabajar ahora en la viruela del simio.

En 2020 se registraron más de de transmisión sexual, según los CDC.

“No creo que ningún departamento de salud en Estados Unidos pueda manejar todas las infecciones que se les reportan”, apuntó Kiernan.

Financiación limitada

El gobierno federal ha gastado miles de millones en la lucha contra la pandemia, y algunas subvenciones relacionadas con covid se utilizarán para ampliar el personal de salud pública en general.

Pero los CDC y el Congreso suelen destinar los fondos a fines específicos, dijo , directora de la Asociación Nacional de Funcionarios de Salud de Condados y Ciudades. “Si tienes a alguien trabajando en covid no puedes reasignarlo a la viruela del simio utilizando el mismo dinero”, añadió Freeman.

Y en algunos estados, ese dinero aún no ha llegado a los departamentos de salud pública o a las clínicas de salud sexual.

Los CDC dieron a Michigan para reforzar su personal de salud pública, pero la legislatura del estado solo se apropió de una parte del dinero. Heisler escribió a varios legisladores estatales rogándoles que liberaran los fondos restantes. Ninguno respondió. KHN se puso en contacto con los mismos legisladores, pero tampoco recibió respuesta.

El personal de salud pública dice que espera que la viruela del simio sea una llamada de atención.

“Espero que esto haga ver la necesidad de invertir más en la infraestructura de salud pública”, indicó Kwan-Gett, del departamento de salud del estado de Washington, “porque sin esa inversión, esto va a seguir sucediendo una y otra vez”.

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Ahora, sin embargo, su preocupación se centra en las que no ve.

Una ley de Texas que entró en vigencia en septiembre prohíbe los abortos después de que se detecta actividad cardíaca en el embrión, generalmente a las seis semanas de embarazo, y se considera la legislación más restrictiva del país.

La ley, que hasta ahora la Corte Suprema se ha negado a bloquear, no hace ninguna excepción para las víctimas de violación o incesto, y no pide a los funcionarios públicos que la hagan cumplir. En cambio, permite a ciudadanos y grupos privados demandar a cualquier persona que haya proporcionado un aborto o ayudado a alguien que busca un aborto en Texas.

Si los ciudadanos privados ganan el caso, tienen derecho a una indemnización de al menos $10,000.

Desde que se aprobó la ley, las clínicas en todo el estado han experimentado un efecto escalofriante: realizan cada vez menos abortos.

La clínica de McAllen ha visto una caída del 35% en pacientes desde que la ley entrara en vigor, y como el último centro de aborto que queda a lo largo de la frontera entre Texas y México, la ley lo coloca en una situación diferente a la de otros. “No sé a dónde van esas mujeres o qué están haciendo en su lugar”, dijo Hernández.

Eso se debe a que el área a la que presta servicio en Texas es la que está más lejos de cualquier otra clínica de abortos en otro estado y, al mismo tiempo, también es la más cercana a México, a menos de una hora en auto, donde el aborto fue en septiembre.

Una semana después de que se promulgara la ley que restringe el aborto en Texas, la Corte Suprema de Justicia de México anuló una ley del estado de Coahuila que tipificaba .

A Hernández le preocupa que pacientes que alguna vez acudieron a su clínica ahora viajen a México para someterse al procedimiento o a un aborto con medicamentos, que por lo general implica tomar una combinación de mifepristona y misoprostol, fármacos que inducen el aborto. Le preocupa que las pacientes no reciban la atención adecuada.

“Lo que hemos oído decir a las pacientes es que simplemente van a la farmacia en México, que es literalmente solo entrar, y el farmacéutico les da la medicación”, dijo.

El misoprostol, inicialmente aprobado como medicamento para úlceras, está disponible allí sin receta médica. La mifepristona no. Así que a veces la gente se conforma solo con misoprostol, que todavía puede ser eficaz para terminar un embarazo, cuando se toma solo.

Por ejemplo, un aborto con medicamentos se completa el 92% de las veces cuando se toman juntos misoprostol y mifepristona. Esa tasa solo con misoprostol.

Algunas mujeres, dijo Hernández, regresan a la clínica de McAllen sin saber si recibieron los medicamentos correctos y si funcionaron. Otras vienen porque experimentan sangrado excesivo y calambres.

McAllen es parte del Valle del Río Grande, los cuatro condados en el extremo sur de Texas. La región, cubierta de exuberantes plantaciones de cítricos y altos campos de caña de azúcar, es el hogar de una comunidad hispana orgullosa y fuertemente católica de casi 1,4 millones de personas.

también está muy desatendida desde el punto de vista médico, con alrededor de un tercio de los residentes viviendo por debajo del nivel de pobreza y cerca del mismo número sin seguro de salud.

La vida fronteriza aquí es vibrante, y es común que las personas crucen a México por todo tipo de razones. La gente viaja para visitar a familiares y amigos, por pan dulce y tortillas, y por atención médica. Los aparatos para los dientes y los antibióticos, por ejemplo, son mucho más baratos al sur de la frontera.

Durante los últimos meses, estima Hernández, alrededor de seis de las 25 pacientes que, en promedio, acuden semanalmente a la clínica de Whole Woman descubrirán que han pasado la sexta semana de embarazo. Si quieren un aborto, les espera un viaje de 800 millas hasta la clínica fuera del estado más cercano, en Nuevo México, o un viaje rápido de un día a México.

“Dicen que simplemente prefieren ir a México”, dijo Hernández. Pero ella le ruega a las pacientes que se queden con Whole Woman’s Health y que les dejen ayudarlas a organizar un aborto en otra clínica en los Estados Unidos. Ahora se están utilizando más recursos de la clínica para coordinar viajes y alojamiento, explicó.

Pero sus pacientes tienden a desconfiar de viajar a otros estados, dijo Hernández, quien ha trabajado en Whole Woman ‘s Health de McAllen durante 12 años. Muchos de los que vienen a la clínica le dicen que nunca han estado en otro lugar que no sea el Valle y México. E incluso para aquellos que lo han hecho, México les resulta aún más familiar, indicó.

Las profundas raíces religiosas en la cultura del Valle también complican la decisión de muchas embarazadas, dijo Carla Angulo-Pasel, profesora asistente de Ciencias Políticas en la Universidad de Texas-Rio Grande Valley. La ley de Texas ha hecho que sea casi imposible abortar con discreción.

“La Iglesia y la religión están realmente arraigadas en la cultura aquí”, dijo Angulo-Pasel. “Dado el conservadurismo social, dadas las raíces tradicionales, hay mucho patriarcado aquí abajo”, y la “cultura machista” es una complicación adicional. “Muchas mujeres sienten vergüenza y miedo de venir”.

Recientemente, una mujer de 26 años en el condado Starr del Valle y acusada de asesinato por lo que informes de prensa llaman un aborto autoinducido.

Después de pasar tres días en la cárcel, Lizelle Herrera fue puesta en libertad y los funcionarios del condado anunciaron que tenían la intención de desestimar el caso. Los informes de prensa señalaron que, en general, bajo la ley de Texas, una persona embarazada no puede ser acusada de homicidio o cualquier otro delito menor relacionado con un aborto. Los cargos generalmente se centran en quien lo practica.

La clínica en McAllen necesita satisfacer las necesidades de personas de muchos orígenes y situaciones, dijo Hernández.

Es común que las mujeres que no son ciudadanas busquen ayuda en la clínica. Alrededor de 100,000 personas que se encuentran en el país sin documentación legal viven en el condado de Hidalgo, el condado más grande del Valle, que incluye a McAllen.

Algunos residentes se sienten confinados en la zona porque a solo una hora en auto hacia el norte se encuentra un puesto de control de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, en la ciudad de Falfurrias, Texas. La clínica también atiende a inmigrantes, incluidas adolescentes, de Centroamérica que fueron violadas en su camino hacia el norte, dijo Hernández.

En línea con los valores de la clínica, en un lado del edificio en el centro de McAllen, hay un mural con las palabras “Dignidad”, “Empoderamiento”, “Compasión” y “Justicia” estampadas sobre imágenes de mujeres latinas en campos de cactus y agave, apoyándose unas a otras.

Pero la realidad en este momento es frustrante. “No nos sentimos inútiles, sino desesperanzados por no poder ayudar a algunas personas, sabiendo que necesitan ayuda”, dijo Hernández.

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Durante las dos últimas décadas, el VIH/Sida se ha mantenido a raya gracias a potentes fármacos antivirales, agresivas pruebas de detección e ingeniosas campañas de educación pública.

Pero la pandemia de coronavirus ha sido disruptiva en casi todos los aspectos de esa batalla, deteniendo a los equipos de alcance comunitario, reduciendo drásticamente las pruebas y desviando a personal de laboratorios y centros médicos.

El impacto exacto de una pandemia sobre la otra todavía está por evaluarse, pero los datos preliminares inquietan a expertos que hasta hace poco celebraban los enormes avances en el tratamiento del VIH.

Las clínicas han limitado o cancelado las visitas en persona y han suspendido las pruebas rutinarias de detección del VIH en las consultas médicas y en .

Los médicos recurren a las videollamadas con los pacientes, una alternativa inútil para quienes no tienen hogar o temen que sus familiares descubran su estatus de VIH.

Se ha suspendido el envío de furgonetas de pruebas rápidas, que antes estacionaban delante de clubes nocturnos y bares, y repartían condones. En las grandes ciudades y en los condados, los expertos han puesto toda su atención en la respuesta contra covid.

Las consecuencias son evidentes: reportó 700,000 pruebas menos de detección del VIH 鈥攗n descenso del 45%鈥� y 5,000 diagnósticos menos entre marzo y septiembre de 2020, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Las recetas de PrEP, una profilaxis previa a la exposición que previene la infección por VIH, también han disminuido considerablemente, según una presentada en una conferencia el marzo. Los investigadores y los departamentos estatales de salud pública han registrado un descenso igualmente pronunciado de las pruebas de detección.

La escasez de nuevos datos ha llevado a una situación sin precedentes: por primera vez en décadas, el alabado sistema de vigilancia del VIH del país no puede ver el movimiento del virus.

“Es una situación muy grave”, dijo el doctor Carlos del Río, profesor de medicina de la Universidad Emory en Atlanta y director del . “Habrá que evaluar los daños”.

Aunque el cambio de prioridades ocurre en todo el país, los retrasos en las pruebas y el tratamiento conllevan graves riesgos en los estados del sur, que son ahora el epicentro de la epidemia de VIH del país.

El sur representa el .

Incluso antes de la pandemia, Georgia tenía la mayor tasa de nuevos diagnósticos de VIH de todos los estados, después de Washington, DC. El Departamento de Salud Pública de Georgia registró un descenso del 70% en las pruebas la pasada primavera, en comparación con 2019.

La desaceleración de los servicios para pacientes con VIH “podría sentirse durante años”, señaló la doctora Melanie Thompson, investigadora principal del Consorcio de Investigación del Sida de Atlanta.

Thompson añadió que “cada nueva infección por VIH perpetúa la epidemia y probablemente se transmitirá a una o más personas en los próximos meses si no se diagnostica a las personas y se les ofrece tratamiento”.

Las pruebas de detección del coronavirus se han apoderado de los aparatos que antes se utilizaban para las pruebas del VIH/sida, lo que ha dificultado aún más los esfuerzos de vigilancia.

Las máquinas de reacción en cadena de la polimerasa 鈥攐 PCR鈥�, utilizadas para detectar y medir el material genético del virus de la inmunodeficiencia humana, son las mismas máquinas que realizan las pruebas covid las 24 horas del día.

Durante décadas, a medida que el VIH se alejaba de ciudades costeras como San Francisco, Los Ángeles y Nueva York, echaba raíces en el sur, donde la pobreza es endémica, la falta de cobertura sanitaria es habitual y el estigma del VIH es omnipresente.

“El estigma es real. Existe un racismo heredado”, afirmó el doctor Thomas Giordano, director médico del Centro de Salud Thomas Street de Houston, una de las mayores clínicas de VIH en Estados Unidos.

Los líderes políticos del estado consideran el VIH como “una enfermedad de los pobres, de los negros, de los latinos y de los homosexuales. Simplemente, no se considera algo que afecte a los grupos dominantes a nivel estatal”, agregó.

Los hombres de raza negra representan el 12% de la población estadounidense, pero son el 42% de las personas que viven con VIH y cuatro de cada 10 muertes relacionadas con el VIH.

Las clínicas de VIH que atienden a pacientes de bajos ingresos también han enfrentado limitaciones en el uso de citas por video y teléfono. Los directores de las clínicas dicen que los pacientes pobres carecen de planes de llamadas y que los que no tienen hogar simplemente no tienen teléfonos. También tienen que lidiar con el miedo. “Si un amigo te ofrece una habitación para dormir y tu amigo se entera de que tienes VIH, puedes perder ese lugar para dormir”, dijo del Río.

La porosa red de seguridad se extiende al seguro médico, una necesidad vital para quienes viven con VIH. Casi la mitad de los estadounidenses sin cobertura sanitaria viven en el sur, donde muchos estados no han ampliado el Medicaid bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA). Eso hace que muchas personas con VIH dependan del Programa federal contra el VIH/ SIDA Ryan White y de los programas estatales de asistencia para medicamentos (ADAPs), que ofrecen una cobertura limitada.

“Como una cuestión de equidad, el seguro es fundamental para que las personas vivan y prosperen con VIH”, dijo Tim Horn, director de acceso a la atención médica de la Alianza Nacional de Directores de SIDA Estatales y Territoriales (NASTAD). Ryan White y ADAP “no están equipados para brindar una amplia gama de atención integral”, dijo.

Roshan McDaniel, directora del programa ADAP de Carolina del Sur, dijo聽 que el 60% de los habitantes de Carolina del Sur inscritos en ADAP calificarían si su estado ampliara Medicaid. “Los primeros años lo pensamos”, dijo McDaniel. “Ni siquiera pensamos en eso hoy en día”.

La inscripción en el programa Ryan White aumentó durante los primeros meses de la pandemia cuando las economías estatales se congelaron y los estadounidenses se replegaron en medio de una pandemia aplastante. Y los datos de los departamentos de salud estatales reflejan el aumento esta necesidad.

En Texas, la inscripción en el programa estatal de medicamentos contra el SIDA aumentó un 34% de marzo a diciembre de 2020. En Georgia, la inscripción aumentó un 10%. Los funcionarios estatales de salud atribuyen el aumento de la inscripción a la pérdida de empleos relacionada con la pandemia, especialmente en los estados que no expandieron Medicaid.

El tratamiento antirretroviral, el cóctel de fármacos que suprime la cantidad de virus en el cuerpo y previene desarrollar SIDA, cuesta hasta $36,000 al año, y las interrupciones de la medicación pueden provocar mutaciones virales y resistencia a los medicamentos.

Pero calificar para la asistencia estatal es difícil: la aprobación puede demorar hasta dos meses y la documentación faltante puede dar lugar a la cancelación de la cobertura. Los expertos federales en salud dicen que los estados del sur en general se han quedado atrás en cuanto a la atención médica y la supresión de las cargas virales de los pacientes, y las personas con infecciones por VIH tienden a pasar más tiempo sin ser diagnosticadas comparado con otras regiones.

En Georgia, por ejemplo, casi una de cada 4 personas que se enteraron de que estaban infectadas desarrollaron SIDA en un año, lo que indica que sus infecciones no habían sido diagnosticadas durante mucho tiempo. A medida que las vacunas están ampliamente disponibles y las restricciones disminuyen, los directores de las clínicas de VIH están revisando sus listas de pacientes para determinar a quién deben ver primero.

“Estamos viendo a las personas que no nos han visto en más de un año. Creemos que son más de varios cientos. 驴Se mudaron? 驴Cambiaron de proveedores? ” dijo Carlo, el médico y director ejecutivo de atención médica en Dallas. “No sabemos cuáles serán las consecuencias a largo plazo”.

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La mujer dijo en español: “隆Buenos días! 隆Hoy estamos aquí para hablar sobre covid-19! 驴Tienes un minuto?.

Después de una breve conversación, García supo que el hombre no tenía conexión a Internet ni teléfono propio, pero tenía 66 años y quería recibir la vacuna. Había ido a una farmacia en persona, pero ya no había dosis por ese día.

García anotó su nombre y el número de teléfono de un amigo, para poder comunicarse con el conductor más tarde sobre una clínica móvil de vacunas que El Sol Neighborhood Educational Center, estaba organizando para la remota y desértica ciudad, en algún momento de abril.

Luego pasó al siguiente coche. Y al siguiente. Cuando la fila comenzó a moverse, ella y su compañera, la trabajadora de salud Erika Marroquín, corrieron arriba y abajo por la acera, anotando nombres, números de teléfono y condiciones preexistentes. Era el primer día templado y soleado que la región del High Desert había visto en semanas, y el ejercicio las hacía sudar.

Después de 90 minutos, se terminó el banco de alimentos del día, y García y Marroquín habían hablado con personas en 54 autos. Encontraron a seis ansiosas por la vacuna covid y elegibles de inmediato. Otras 10 querían estar en lista de espera de dosis sobrantes.

Como en muchos estados, la implementación de la vacunación en California ha sido lenta y caótica. Más de en el estado más poblado del país han sido vacunados al menos parcialmente, mientras que otros 5,6 millones están completamente vacunados.

El 15 de abril, todos los adultos de California serán elegibles para inscribirse para recibir una vacuna y, a principios del verano, el objetivo es tener suficientes dosis para cualquier adulto que la quiera.

Pero el país necesita llevar la para evitar que el virus se propague fácilmente, un nivel llamado inmunidad colectiva por los expertos en enfermedades infecciosas. Una figura que asume que la población es homogénea en términos de vacunación.

Es por eso que la capacidad del estado para evitar otro aumento de covid puede depender de personas como García y Marroquín, trabajadores de salud comunitarios que corren contra el tiempo realizando una tarea intensa, para evitar que grupos de poblaciones con bajas tasas de vacunación en comunidades remotas o aisladas se conviertan en un polvorín para una nueva oleada de covid.

“Cuando hay zonas geográficas o grupos sociales no vacunados, realmente se arruina la inmunidad colectiva”, dijo Daniel Salmon, director del Instituto para la Seguridad de las Vacunas de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins.

Los en los Estados Unidos en los últimos años proporcionan un ejemplo aleccionador. La cobertura de vacunas a nivel estatal y nacional es bastante alta, “pero luego tienes estas comunidades donde mucha gente rechaza las vacunas, aparece sarampión importado y se genera un brote”, dijo Salmon.

Los brotes han afectado a ciertas comunidades judías ortodoxas en Nueva York, inmigrantes somalíes en Minnesota, y zonas acomodadas del sur de California donde viven padres que están en contra de las vacunas.

El coronavirus que causa covid sigue circulando ampliamente en California, aunque a niveles mucho más bajos que hace dos meses. El virus, especialmente una variante cada vez más común y más contagiosa, podría atravesar fácilmente comunidades vulnerables con bajos niveles de inmunidad.

En Adelanto, donde el 29% de los residentes vive en la pobreza, se había vacunado por completo al 20 de marzo.

Al 26 de marzo, la mayoría de las más de 15.9 millones de dosis de vacunas distribuidas desde diciembre se habían destinado a los lugares .

Las organizaciones comunitarias sin fines de lucro y las iglesias están clamando por más fondos, y confianza, para llevar la vacuna hasta la última milla, a las personas a las que han estado sirviendo durante años.

El éxito de El Sol en vacunar a las poblaciones negras, latinas y otras poblaciones subrepresentadas desacredita la idea de que estos grupos no recibirán la vacuna, dijo Juan Carlos Belliard, vicepresidente asistente de asociaciones comunitarias de Loma Linda University Health, en el condado de San Bernardino.

Loma Linda está colaborando con El Sol para dotar de personal y proporcionar dosis para las clínicas. Las personas que se presentan están listas para recibir la vacuna, aunque algunas dudan un poco, comentó.

“No son como nuestra gente de clase media que literalmente está llorando por la vacuna”, dijo Belliard. “Estas personas todavía están nerviosas pero se han logrado remover muchas otras barreras”.

Los trabajadores comunitarios de El Sol fueron financiados por un esfuerzo combinado de $52,7 millones de fondos estatales y filantrópicos que proporcionaron subvenciones a 337 organizaciones consideradas “mensajeras de confianza” en sus comunidades.

El dinero fue enviado a grupos como El Sol que tenían antecedentes probados de caminar los vecindarios, de casa en casa, para el registro de votantes o encuestas del Censo.

El Sol recibió $120,000 de la iniciativa público-privada para apoyar sus esfuerzos educativos y de divulgación general para la vacunación contra covid. Pero el grupo no sabía si obtendría algún reembolso por los eventos móviles de vacunación que organizó en el condado de San Bernardino, dijo Alex Fajardo, su director ejecutivo.

El Sol llevó a cabo un evento de vacunación el 17 de febrero en el Centro Cristiano Luz y Esperanza, una iglesia ubicada junto a una autopista de dos carriles en Adelanto, bordeada por desierto.

El personal médico, los estudiantes y las vacunas llegaron desde Loma Linda University Health, a una hora de distancia, para vacunar a 250 personas, y regresaron un mes después para darles su segunda dosis.

Rosa Hernández, de 69 años, y Patricia Pérez, de 47, madre e hija, estuvieron entre las que recibieron sus vacunas en el Centro Cristiano.

El padre de Pérez, que trabaja en el departamento de lácteos de un supermercado, se enfermó de covid en junio y no pudo regresar al trabajo durante seis meses. Nadie más en la familia de siete miembros resultó positivo, pero Rosa Hernández es una sobreviviente de cáncer y su hija estaba preocupada por ella.

A pesar de las múltiples llamadas a una línea telefónica del condado, Pérez no había podido hacer una cita para su madre. La conexión a Internet de la familia, en la cercana ciudad de Hesperia, es irregular y Pérez no podía navegar por los sitios web ni encontrar información en español, el idioma con el que se siente más cómoda.

Aprovechó la oportunidad cuando se enteró del evento de El Sol a través de alguien de su iglesia. Pérez también logró obtener una dosis adicional para ella después de que una cita fuera cancelada. Ahora ambas están completamente vacunadas, dijo Pérez, y no hubiera sucedido sin El Sol.

El grupo planea hacer tres ventanas emergentes de vacunación más en el área de High Desert. Pero el apoyo futuro para sus clínicas, el alcance de las vacunas y la educación son inciertos, dijo Fajardo.

“驴Qué va a pasar después?”, expresó. “Cuando te necesitamos, te pagamos. Cuando no te necesitemos, adiós”.

“Esa es una evaluación muy justa”, dijo Susan Watson, directora de programas de la iniciativa Together Toward Health del Public Health Institute, el financiador filantrópico detrás de parte del trabajo de El Sol. “Aquí hay una oportunidad para que la gente piense en el futuro y en cómo hacemos las cosas, que no necesariamente deja a los grupos comunitarios fuera, a los que solo se usa cuando hay una emergencia”.

Community Coalition, una organización sin fines de lucro del sur de Los Ángeles fundada en 1990, también recibió subvenciones de la asociación público-privada para crear conciencia sobre las vacunas de covid, pero no fondos adicionales para entregar vacunas a la gente.

Aún así, movilizó al personal para tocar puertas, enviar mensajes de texto y correo electrónico a las personas elegibles para que asistieran a un evento de vacunación emergente de dos semanas en un parque del vecindario a principios de marzo: 4,487 personas recibieron su primera dosis, dijo Corey Matthews, jefe de operaciones del grupo.

El doctor Mark Ghaly, secretario de Salud y Servicios Humanos del estado, prometió proporcionar más dinero para los grupos que están vacunando a sus comunidades. “Este no es un trabajo voluntario”, le dijo a KHN en una rueda de prensa. “Este es un trabajo real, y quiero ser parte del equipo que lo hace realidad para todos”.

Barbara Ferrer, directora del Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles, se hizo eco de ese sentimiento. “Estaban allí antes de que comenzara la pandemia, han estado allí todo el tiempo durante la pandemia y estarán aquí mucho después de la pandemia”, dijo.

Ya sea que esas promesas se mantengan o no, los grupos comunitarios dicen que quieren ser parte del esfuerzo de vacunación.

“Incluso si no nos dan dinero, seguiremos haciendo el trabajo”, afirmó Fajardo.

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La adolescente de Fort Walton Beach, Florida, dio positivo para covid-19 una semana después, según contó su madre, Sara, dejándola postrada en cama con síntomas similares a los de la gripe. Pero su esperada recuperación nunca llegó.

A Delaney, que solía entrenar 20 horas a la semana en danza de competición, y no tenía ninguna enfermedad subyacente diagnosticada, ahora le cuesta tomar dos clases seguidas, dijo su madre. Si hace un esfuerzo excesivo, se siente tan fatigada que no puede levantarse de la cama. Y le puede faltar la respiración en cualquier lugar, como en el supermercado.

Finalmente, Delaney fue diagnosticada con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), una condición que afecta la capacidad respiratoria de una persona, explicó Sara, de 47 años. Nadie ha podido determinar la causa del deterioro de su hija.

“Simplemente no hay investigación al respecto”, dijo. “Se supone que los niños no sufren este tipo de enfermedad”.

Aunque las estadísticas indican que la mayoría de los niños se han librado de los peores efectos de covid, se sabe poco sobre el hecho de que un pequeño porcentaje de ellos desarrolla una enfermedad grave. Los médicos informan ahora la aparición de complicaciones posteriores similares a las que se observan en adultos, que sufren complicaciones de largo plazo.

Los hospitales pediátricos han reaccionado estableciendo clínicas para ofrecer una atención centralizada y detectar cualquier anomalía que, de otro modo, podría pasar desapercibida. Sin embargo, el tratamiento que ofrecen estos centros podría tener un precio elevado para los pacientes, advierten expertos finanzas de la salud, sobre todo teniendo en cuenta que se desconoce mucho sobre esta enfermedad.

No obstante, dado el creciente número de pacientes como Delaney, se ha creado un plan de seguimiento más estructurado para los niños que se recuperan de covid, explicó la doctora Uzma Hasan, jefa de división de enfermedades infecciosas pediátricas del Centro Médico St. Barnabas de Nueva Jersey.

“No podemos permitirnos perder a estos niños, sería algo horrible”, dijo Hasan.

Preguntas sin respuesta

Hasta el 18 de febrero, más de 3 millones de niños y adultos jóvenes habían dado positivo en las pruebas de covid en los Estados Unidos, según la Academia Americana de Pediatría y la Asociación de Hospitales Infantiles. La mayoría de estos niños experimentan síntomas leves, o son asintomáticos.

Sin embargo, a lo largo de la pandemia se ha visto que algunos niños desarrollan problemas graves y potencialmente duraderos.

La más conocida de estas complicaciones se denomina “síndrome inflamatorio multisistémico en niños”, o MIS-C.聽 鈥攓ue incluyen fiebre alta, erupción cutánea y dolor de estómago鈥� pueden aparecer hasta un mes después de desarrollar la enfermedad. Se han identificado unos en los Estados Unidos. Los niños de raza negra e hispanos (que pueden ser de cualquier raza) constituyen una parte desproporcionada del total: 69%.

Pero, además, los médicos dicen que cada vez hay más casos de niños que buscan ayuda por diferentes complicaciones, como fatiga, falta de aliento y pérdida de olfato, que no desaparecen.

Clínicas para niños con síntomas persistentes

En octubre, en el Norton Children’s Hospital de Louisville, Kentucky, los médicos , tras recibir llamadas de pediatras de la zona que tenían pacientes con síntomas de covid persistente o de largo plazo.

Nadie sabe con qué frecuencia los niños desarrollan estos síntomas, cuántos tienen ya la enfermedad o incluso cómo llamarla, señaló el doctor Kris Bryant, presidente de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas Pediátricas, que trabaja en el hospital.

Los niños acuden a un médico especialista en enfermedades infecciosas que los deriva o pide las pruebas necesarias.

Hasta ahora, la clínica ha atendido a unos 25 pacientes con una amplia gama de síntomas, indicó el doctor Daniel Blatt, especialista en enfermedades infecciosas pediátricas que colabora con la clínica. Dado que covid imita síntomas asociados a otras enfermedades, dijo, parte de su trabajo consiste en descartar cualquier otra causa posible.

“Como el virus es tan nuevo, se presume que todo es covid” añadió Blatt.

Asimismo, se ha creado una clínica para otros pacientes jóvenes dentro del departamento de cardiología del Children’s Hospital & Medical Center de Omaha, Nebraska. Los pacientes son examinados para evaluar la estructura del corazón y su funcionamiento. Atienden de seis a ocho pacientes por semana.

“La pregunta que nunca podré responder a los padres es por qué un niño sí y otro no”, dijo la doctora Jean Ballweg, cardióloga pediátrica del hospital, quien también trabaja en la clínica.

Hasta ahora, dijo Ballweg, no ha visto ninguna literatura publicada sobre la salud del corazón de los niños que desarrollan estos síntomas después de recuperarse de covid. Al estandarizar la forma en que los médicos de la clínica recogen los datos y tratan a los pacientes, señaló Ballweg, espera que la información proporcione algunas pistas sobre cómo afecta el virus al corazón de un niño. “Con suerte, podremos observar la experiencia colectiva, reconocer patrones y ofrecer una mejor atención”, agregó.

El University Hospitals Rainbow Babies & Children’s Hospital de Cleveland participa en la creación de una clínica multidisciplinaria, que consolidará la atención dando a los pacientes acceso a especialistas y a la medicina integrativa, como la acupuntura.

Los médicos vieron la necesidad de este centro después de que los adolescentes con síntomas post-covid empezaran a llegar a la clínica del sistema hospitalario para adultos con síntomas de largo plazo, explicó la doctora Amy Edwards, especialista en enfermedades infecciosas pediátricas del hospital, quien participa en el proyecto. Hasta ahora, dijo, ha oído hablar de unos ocho o diez niños que podrían necesitar atención.

La clínica, que aún no ha abierto sus puertas, tiene la intención de reclutar a más niños a través de anuncios, dijo Edwards. Identificar al paciente adecuado para la clínica será complicado, añadió. No existe una prueba para comprobar los síntomas post-covid y no hay una definición consensuada de la enfermedad. Los médicos tampoco saben si algunos síntomas pueden curarse o si durarán toda la vida, apuntó.

“La cuestión es si podremos hacer algo al respecto”, añadió Edwards.

“No lo sé” es una respuesta difícil

Ni siquiera la doctora Abby Siegel, una pediatra de 51 años que trabaja en Stamford, Connecticut, pudo encontrar respuestas para su hija. Siegel dio positivo en la prueba del virus, el pasado mes de marzo, después de estar expuesta en el trabajo. Cree que transmitió el virus a su marido y a su hija de 17 años, Lauren.

La familia se recuperó a principios de abril, pero entonces tanto la hija como el marido de Siegel empeoraron. Lauren, que jugaba al rugby, empezó a sentir fatiga, dificultad para respirar y un ritmo cardíaco acelerado. Siegel la llevó a múltiples especialistas, incluido un amigo cardiólogo, y todos dudaron de la joven.

Lauren, que ahora tiene 18 años, acude al centro de atención de covid para adultos del Hospital Mount Sinai y está mejorando. Siegel dijo que la clínica ha confirmado el padecimiento de su hija y la ha ayudado a obtener más información sobre la enfermedad. Le hubiera gustado que los médicos que visitaron antes hubieran sido más honestos sobre las incógnitas que rodean a los problemas de salud post-covid.

“Es increíble que nos encontremos con quienes niegan las cosas en lugar de decir ‘no sé'”, señaló Siegel.

Hay otro aspecto que suele acompañar a la respuesta “no sé”.

La incertidumbre que rodea a estos síntomas en los niños requerirá probablemente que los médicos realicen una batería de pruebas, procedimientos que podrían costar mucho dinero a sus familias, explicó Glenn Melnick, economista de salud y profesor de la Escuela de Políticas Públicas Sol Price de la USC. Los hospitales pediátricos suelen tener poca competencia regional, dijo, lo que les permite cobrar más por sus servicios especializados.

Para las familias que no tienen un seguro de salud completo o que se enfrentan a deducibles elevados, muchas pruebas podrían suponer grandes facturas.

Gerard Anderson, profesor de política y gestión sanitaria de la Universidad Johns Hopkins, dijo que la rentabilidad potencial de estas clínicas depende de varios factores. Si una clínica da servicio a una zona lo suficientemente grande, podría atraer a suficientes pacientes como para que el hospital pediátrico afiliado gane una cantidad considerable de dinero.

La cobertura de los niños también influye: los que tienen un seguro privado son pacientes más lucrativos que los que están cubiertos por programas públicos como Medicaid, pero sólo si la familia puede asumir la carga financiera.

“Si yo tuviera un hijo con este problema, me preocuparía mucho sobre cómo afectaría a mi bolsillo”, concluyó Anderson.

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“Antes de Covid, era un hombre relativamente sano de 59 años”, dijo el técnico de internet y cable de Denver, Colorado. “Si tuviera que decir dónde estoy ahora, diría alrededor del 50% de mi potencial, pero cuando volví a casa estaba al 20%”.

Troutman atribuye su progreso en gran parte a la “motivación y educación” de un nuevo programa para pacientes post-Covid de la Universidad de Colorado, una de un número pequeño pero creciente de clínicas cuyo objetivo es tratar, y estudiar, a los que han tenido la impredecible enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

Mientras se acerca la elección presidencial en los Estados Unidos, se pone mucha atención en las cifras diarias de infecciones o en el creciente número de muertes. Pero otra medida es importante: los pacientes que sobreviven pero continúan luchando con una variedad de efectos físicos o mentales, como daño pulmonar, problemas cardíacos o neurológicos , ansiedad y depresión.

“Necesitamos pensar en cómo vamos a brindar atención a los pacientes cuya recuperación del virus puede llevar años”, dijo la doctora Sarah Jolley, neumonóloga del Hospital de la Universidad de Colorado de UCHealth y directora de la clínica Post-Covid de la UCHealth, donde se atiende Troutman.

Esa necesidad ha impulsado las clínicas post-Covid, que reúnen a una variedad de especialistas en un solo lugar.

Una de las primeras y más grandes clínicas de este tipo está en Mount Sinai, en la ciudad de Nueva York, pero también se han lanzado programas en la Universidad de California-San Francisco, el Centro Médico de la Universidad de Stanford y la Universidad de Pensilvania. La Clínica Cleveland planea abrir una a principios del próximo año.

Y no se trata solo de centros médicos académicos: St. John’s Well Child and Family Center, parte de una red de clínicas comunitarias en el centro sur de Los Ángeles, dijo recientemente que tiene como meta seguir que fueron diagnosticados con Covid desde marzo para analizar los efectos a plazo.

La idea general es reunir a profesionales médicos de un amplio espectro: neumonólogos, cardiólogos, y especialistas en médula espinal. También a expertos en salud mental, trabajadores sociales y farmacéuticos.

Muchos de los centros también realizan investigaciones, con el objetivo de comprender mejor por qué el virus afecta con tanta fuerza a ciertos pacientes.

“Algunos de nuestros pacientes, incluso aquéllos con un ventilador al borde de la muerte, saldrán notablemente ilesos”, dijo el doctor Lekshmi Santhosh, profesor asistente de cuidados críticos pulmonares y líder de la clínica OPTIMAL, el programa post-Covid en UC San Francisco.

“Otros, incluso los que nunca fueron hospitalizados, tienen fatiga incapacitante, dolor de pecho continuo y dificultad para respirar, y hay un gran espectro en el medio”.

Es demasiado pronto para saber cuánto tiempo durarán los síntomas y efectos físicos persistentes, o para hacer estimaciones precisas sobre el porcentaje de pacientes afectados.

. Un informe austríaco publicado en septiembre encontró que 76 de los primeros 86 pacientes estudiados tenían evidencia de daño pulmonar seis semanas después de haber recibido el alta, número que se redujo a 48 pacientes a las 12 semanas.

Algunos investigadores y clínicas dicen que alrededor del 10% de los pacientes con Covid en los Estados Unidos pueden tener efectos a largo plazo, dijo el doctor Zijian Chen, director médico del Centro de Atención Post-Covid en Mount Sinai, que a la fecha ha inscrito a 400 pacientes.

Si esa estimación es correcta, y Chen enfatizó que se necesita más investigación para asegurarlo, se traducirá en pacientes que ingresan al sistema médico en masa, a menudo con múltiples problemas.

La forma en que respondan los sistemas de salud y las aseguradoras será clave, dijo. Más de 6.5 millones de estadounidenses han dado positivo para la enfermedad. Si menos del 10%, digamos 500,000, ya tienen síntomas persistentes, “esa cifra es asombrosa”, dijo Chen. “驴Cuánta atención médica se necesitará?”.

Aunque los costos iniciales podrían ser un obstáculo, las clínicas mismas pueden eventualmente generar ingresos, que los centros médicos necesitan, al atraer pacientes, muchos de los cuales tienen un seguro para cubrir parte o la totalidad del costo de estas visitas a largo plazo.

Chen, de Mount Sinai, dijo que los centros especializados pueden ayudar a reducir el gasto en salud al brindar una atención coordinada y más rentable que evite la duplicación de pruebas a las que un paciente podría someterse de otra manera.

“Hemos visto pacientes que cuando los internan, ya se han hecho cuatro resonancias magnéticas o tomografías computarizadas y una cantidad de análisis de sangre”, dijo.

El programa consolida esos resultados anteriores y determina si se necesitan pruebas adicionales. A veces, la respuesta a las causas de los síntomas duraderos de los pacientes sigue siendo difícil de obtener. Un problema para los pacientes que buscan ayuda fuera de las clínicas especializadas es que cuando no hay una causa clara para su condición, se les puede decir que los síntomas son imaginarios.

“Creo en los pacientes”, dijo Chen.

Aproximadamente la mitad de los pacientes de la clínica han recibido resultados de pruebas que muestran daños, explicó Chen, endocrinólogo y especialista en medicina interna. Para esos pacientes, la clínica puede desarrollar un plan de tratamiento. Pero, y es frustrante, la otra mitad tiene resultados no concluyentes aunque presenta una variedad de síntomas.

“Eso hace que sea más difícil de tratar”, dijo Chen.

Los expertos ven paralelismos con un impulso en la última década para establecer clínicas especiales para tratar a los pacientes dados de alta de terapias intensivas, que pueden tener problemas relacionados con el reposo en cama a largo plazo o el delirio que muchos experimentan mientras están hospitalizados. Algunas de las clínicas post-Covid siguen el modelo de las de post-terapia intensiva o son versiones ampliadas de este modelo.

Por ejemplo, el Centro de Recuperación de terapia intensiva del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, que abrió en 2012, está aceptando pacientes post-Covid.

Hay alrededor de una docena de estas clínicas nivel nacional, algunas de las cuales también están trabajando ahora con pacientes de Covid, dijo James Jackson, director de resultados a largo plazo en el centro de Vanderbilt. Al menos otra docena de centros post-Covid están en desarrollo.

Los centros generalmente realizan una evaluación inicial unas semanas después que un paciente es diagnosticado o dado de alta del hospital, generalmente con una videollamada. Luego se programa una visita al mes.

“En un mundo ideal, con estas clínicas post-Covid, se puede identificar a los pacientes y llevarlos a rehabilitación”, dijo. “Incluso si lo principal que hicieron estas clínicas fue decirles a los pacientes: ‘Esto es real, no es un invento’, ese impacto sería importante”, agrego Jackson.

El financiamiento es el mayor obstáculo. Muchos hospitales perdieron ingresos sustanciales por la cancelación de procedimientos electivos durante las cuarentenas.

“Entonces, no es un buen momento para lanzar una nueva actividad que requiere un subsidio inicial”, dijo Glenn Melnick, profesor de Economía de la Salud en la Universidad del Sur de California.

En UCSF, un grupo selecto de miembros de la facultad forman parte del personal de las clínicas post-Covid y algunos profesionales de salud mental ofrecen su tiempo como voluntarios, dijo Santhosh. Chen, de Mount Sinai, dijo que pudo reclutar profesionales de salud entre los que tenían más tiempo libre a聽 falta de procedimientos electivos.

Jackson, en Vanderbilt, dijo que lamentablemente no ha habido suficiente investigación sobre el costo y la efectividad clínica de los centros post-terapia intensiva.

“En los primeros días, puede haber habido dudas sobre cuánto valor agrega esto”, apuntó. “Ahora, la pregunta no es tanto si es una buena idea, sino si es factible”.

En este momento, los centros post-Covid son ante todo un esfuerzo de investigación, dijo Len Nichols, economista y becario no residente del Urban Institute.

“Si estos pacientes mejoran con el tratamiento de los síntomas a largo plazo, eso es bueno para todos”, dijo Nichols. “Todavía no hay suficientes pacientes para convertirlo en un modelo de negocio, pero si se convierte en el lugar al que acudir luego del alta, podría resultar en un modelo de negocio para algunas de las instituciones de élite”.

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