Y, según ellos, una reorganización del proceso 鈥攁 menos de siete meses de que los estados deban comenzar a aplicar el requisito鈥� tendrá un costo elevado.

Las por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) establecen muchos detalles minuciosos sobre cómo se aplicarán estos requisitos.

Incluyen la manera en que los estados deben verificar si los beneficiarios cumplen con las normas y cómo las personas pueden solicitar una exención para que sus beneficios de salud no dependan de trabajar, realizar servicio comunitario o ir a la escuela.

El próximo año, la ley One Big Beautiful Bill Act del presidente Donald Trump podría exigir que aproximadamente en 42 estados y el Distrito de Columbia que reciben beneficios de Medicaid demuestren que están trabajando o participando en una actividad similar para conservar su cobertura médica, a menos que califiquen para una exención.

Gran parte de la verificación se realizará a través de sistemas informáticos estatales que determinan si las personas de bajos ingresos califican para Medicaid y otros programas de apoyo social.

Esta tecnología suele ser desarrollada y operada por empresas privadas mediante contratos que con frecuencia ascienden a cientos de millones de dólares. Muchos de esos sistemas tienen antecedentes de errores que pueden provocar la pérdida de beneficios para personas que sí cumplen con los requisitos.

Durante meses, los estados han estado comunicándose con los reguladores federales y apresurándose a crear sistemas para cumplir con los mandatos que se aproximan, dijo Kinda Serafi, socia de la firma de consultoría y servicios legales Manatt Health. Las normas publicadas la priera semana de julio representan un “cambio importante de política” respecto de lo que los estados esperaban, señaló Serafi.

“La administración ha tomado lo que ya sabíamos que era una situación difícil y la ha empeorado aún más”, agregó Serafi. Los estados ya se habían comprometido a pagar decenas de millones de dólares a contratistas para ajustar sus sistemas.

Después de que Trump promulgara su principal ley de impuestos y gastos en julio pasado, una de las preguntas más importantes que quedaba por resolver era cuánto se iba a involucrar el gobierno federal en decidir qué se define como exención para personas demasiado enfermas para trabajar.

La exención por “fragilidad médica” permite que una persona afirme que tiene una afección de salud que le impide trabajar al menos 80 horas al mes, como exige la ley.

Para calificar, una persona generalmente debe encajar en al menos una de cinco categorías: ser ciega o tener una discapacidad; tener un trastorno por consumo de sustancias; tener un trastorno mental incapacitante; tener una discapacidad física, intelectual o del desarrollo que afecte significativamente su vida diaria; o tener una afección médica grave. Los estados no pueden añadir categorías.

Según las nuevas regulaciones, los CMS indicaron que tener una afección médica por sí sola no es suficiente para quedar exento de los requisitos laborales. Los estados deben evaluar “la gravedad de la condición de una persona” para determinar si puede permanecer en Medicaid sin trabajar, un criterio que dificulta que los afiliados cumplan los requisitos.

Los funcionarios de los CMS no enumeraron afecciones específicas que califican para exenciones, pero la agencia sí indicó que la falta de vivienda no puede utilizarse como motivo para solicitar esa exención porque no es una condición médica.

Para implementar la ley, los estados “tendrán que deshacer trabajo que ya hicieron”, dijo , subdirector del programa State Health and Value Strategies de la Universidad de Princeton, que trabaja con gobiernos estatales en diversos temas relacionados con la cobertura de salud.

La administración Trump ya había reconocido que el trabajo para actualizar los sistemas estatales de elegibilidad de Medicaid y cumplir con la ley tiene un costo. En enero, altos funcionarios de los CMS dijeron que contratistas gubernamentales, incluidos Deloitte, Accenture y Optum, se comprometieron a hasta 2028 para ayudar a los estados a ajustar sus sistemas.

Los descuentos “pueden ser útiles” en algunos estados, pero “no serán útiles en todos los casos” debido a las diferencias entre los contratos estatales, dijo Heather Howard, directora del programa State Health and Value Strategies.

“Cada vez que hay que volver atrás y decir: 鈥楿ps, necesitamos reprogramar este detalle’, hay un costo”, afirmó Howard.

Los estados estaban preparados para crear listas de condiciones y enfermedades que permitieran a las personas calificar para exenciones de los requisitos laborales, según expertos en salud que los asesoran.

Analizar datos para verificar la enfermedad de una persona ya era una tarea complicada para los estados porque los sistemas informáticos que determinan si alguien es elegible para Medicaid a menudo no se comunican con los sistemas que registran los reclamos médicos.

Los sistemas de pago de atención médica en Estados Unidos dependen de un conjunto de códigos estandarizados que corresponden a diagnósticos específicos.

Pero no existe un “código que indique que alguien está demasiado enfermo para trabajar; esa es una evaluación subjetiva”, dijo Rachel Klein, subdirectora ejecutiva de , una organización no partidista de defensa personas con VIH. “Esta es una receta para el desastre”.

Las nuevas normas federales plantean problemas inmediatos para Nebraska, que puso en marcha su requisito laboral de Medicaid el 1 de mayo, ocho meses antes de la fecha límite federal. Nebraska maneja las decisiones sobre fragilidad médica de manera diferente a la administración Trump.

Los funcionarios de Nebraska ya habían publicado con afecciones médicas que califican para exenciones, incluidos ciertos tipos de cáncer, demencia, autismo, epilepsia, VIH y enfermedad de Parkinson. El estado, que depende de empleados gubernamentales para verificar la elegibilidad de Medicaid, no exige que una persona demuestre qué tan enferma está.

Pero bajo las normas de Trump, las personas tendrán que demostrar que su enfermedad calificada está afectando su capacidad para trabajar.

Ahora, Nebraska “tendrá que volver atrás y averiguar cómo evaluar si todas estas personas están demasiado enfermas para cumplir con el requisito”, dijo Klein.

Está previsto que los afiliados a Medicaid comiencen a perder cobertura este verano como resultado de la implementación anticipada en Nebraska.

Sarah Maresh, directora de programas de , una organización que defiende a personas de bajos ingresos, dijo que el estado debería abstenerse de cancelar la cobertura de las personas hasta el próximo año debido a los cambios que tendrá que realizar. Los residentes ya están confundidos y preocupados, afirmó, y la nueva norma “empeora mucho más la situación”.

En respuesta a varias preguntas, Jeff Powell, vocero del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nebraska, dijo que el estado está revisando la nueva regulación federal para determinar sus posibles impactos.

A partir de 2028, las nuevas normas federales limitarán la posibilidad de que las personas declaren por sí mismas que tienen fragilidad médica y exigirán documentación como prueba, otro cambio que los estados no esperaban, dijo Meuse. Más habían planeado permitir que solicitantes y afiliados declararan sus propias afecciones para obtener exenciones, según 麻豆女优.

Lograr el equilibrio adecuado entre flexibilidad y control fue una parte importante de las deliberaciones durante la elaboración de estas normas, dijo Mehmet Oz, administrador de los CMS, durante una llamada con periodistas el 1 de junio. “La frase que repetíamos constantemente era que somos comprensivos, pero no ingenuos”, afirmó.

Funcionarios de Trump escribieron en la regulación que los requisitos laborales de Medicaid tienen “el potencial de empoderar a los beneficiarios de Medicaid” al permitirles “salir del aislamiento y la dependencia, desarrollar confianza, alcanzar la autosuficiencia y la prosperidad, y mejorar su salud”.

Stephanie Burdick, una de las líderes de la coalición Protect Medicaid Utah, cuestionó esa premisa.

“Si realmente quisieran mejorar las oportunidades de empleo o la conexión social y reducir el aislamiento y la soledad, estarían creando programas de empleo y de voluntariado”, dijo Burdick. “No simplemente imponiendo más carga administrativa a las personas y luego diciendo que eso es bueno para ellas”.

Se estima que 5,3 millones de afiliados quedarán sin seguro médico para 2034 debido a los requisitos laborales de Medicaid, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, una entidad no partidista.

Pero Howard apuntó que, con las nuevas regulaciones, existe el riesgo de que “esa cifra sea incluso mayor”.

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Medicamentos como Wegovy y Zepbound son efectivos, pero pueden ser costosos sin cobertura. Están disponibles en forma de inyección o pastilla. Incluso con descuentos, los precios actuales suelen variar entre $149 y $699 al mes.

Aproximadamente la mitad de las personas que usan medicamentos GLP-1 dicen que les resulta difícil pagarlos, . Una cuarta parte dijo que eran “muy difíciles” de pagar.

Pero el nuevo beneficio de Medicare incluye varias condiciones, especialmente sobre las guías clínicas y lo que ocurrirá cuando termine el programa temporal.

驴Qué es este programa?

La iniciativa, anunciada por los (CMS), es un programa piloto temporal conocido como Medicare GLP-1 Bridge. Funcionará desde el 1 de julio de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027. Su objetivo es “servir de puente” antes de un posible programa a largo plazo que podría 鈥攐 no鈥� comenzar en 2028.

El programa piloto cubrirá los siguientes medicamentos GLP-1 aprobados para bajar de peso: las versiones en pastilla e inyectable de Wegovy, la formulación KwikPen de Zepbound y la pastilla Foundayo.

驴Quiénes pueden participar?

Para acceder a estos medicamentos para bajar de peso, debes estar inscrito en un plan Medicare Parte D, que cubre medicamentos recetados. Después de eso, la elegibilidad depende principalmente del peso corporal y el estado de salud.

Las personas califican si tienen un (IMC) de 27 o más y una afección como enfermedad cardíaca o prediabetes, entre otras. Las personas con un índice de masa corporal de 35 o más califican automáticamente. en Estados Unidos tiene obesidad clínica, con un IMC de 30 o más, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Cómo funciona el programa (es algo inusual)

Este no es un beneficio típico de Medicare. Aunque es necesario estar inscrito en Medicare Parte D, el programa Bridge funciona de manera diferente.

En lugar de pasar por tu plan habitual de Parte D, necesitarás autorización previa. Tu doctor enviará la receta a un sistema central administrado por Humana, contratista de los CMS, usando un sistema ya existente para otro programa de medicamentos de Medicare.

Los doctores no necesitan estar inscritos como proveedores de Medicare para recetar o presentar la solicitud de autorización previa bajo este programa. Una vez aprobada, el paciente pagará un copago fijo de $50 en la farmacia al recoger la receta.

驴Cuáles son los beneficios?

El ahorro podría hacer que estos medicamentos sean accesibles para pacientes que antes simplemente no podían pagarlos. Incluso con descuentos, los precios pueden ser difíciles de afrontar sin seguro. TrumpRx, un nuevo sitio web del gobierno, ofrece enlaces a descuentos directos para medicamentos recetados destinados a pacientes que no usan su seguro médico.

En ese sitio, las inyecciones de Wegovy cuestan entre $199 para dosis bajas durante los primeros dos meses y $399 para dosis más altas. La formulación KwikPen de Zepbound cuesta hasta $699 al mes. En las dosis más altas, la pastilla diaria de Wegovy cuesta hasta $299 y Foundayo, hasta $349.

La mayoría de las personas que usan estos medicamentos necesitarán una dosis más alta para mantener la pérdida de peso. El programa Bridge es particular porque ofrece un copago fijo de $50 que no aumenta cuando suben las dosis.

驴Cuáles son las desventajas?

Como muchos programas piloto, tiene limitaciones. El copago de $50 no contará para el deducible de Medicare Parte D ni para el límite anual de $2.100 en gastos de bolsillo para medicamentos recetados.

El programa terminará en diciembre de 2027. ha mostrado que muchas personas que dejan de usar medicamentos GLP-1 recuperan el peso que perdieron mientras los tomaban.

Aún hay obstáculos para personas de bajos ingresos

Si recibes el subsidio para personas de bajos ingresos, conocido como el programa Medicare , no podrás usar esa ayuda para los medicamentos cubiertos por el programa GLP-1 Bridge. Para beneficiarios acostumbrados a pagar copagos de $5 o $10 por medicamentos, un copago de $50 todavía puede ser una barrera económica importante.

“Cincuenta dólares al mes suena como una gran oferta comparado con pagar precios con descuento a través de TrumpRx y otras opciones directas al consumidor, pero sigue siendo mucho dinero para alguien que vive con un cheque mensual del Seguro Social de $750”, dijo Juliette Cubanski, subdirectora del Programa de Política de Medicare en 麻豆女优.

El copago de $50 es solo para bajar de peso

Si ya usas uno de estos medicamentos para una afección aprobada, como la diabetes tipo 2, la apnea del sueño o para reducir del riesgo cardiovascular, seguirás obteniéndolo a través de tu plan habitual de Medicare Parte D. Eso significa que pagarás el precio establecido por tu plan, que podría ser más alto que el copago de $50 del programa Bridge. En otras palabras, el mismo medicamento podría tener un costo distinto según la razón por la que se recetó.

Pero si ya usas un medicamento GLP-1 para bajar de peso, podrías calificar para el programa Bridge. Tu proveedor médico deberá confirmar que cumplías con los criterios clínicos cuando comenzaste el tratamiento.

Por ejemplo, si comenzaste a usar un GLP-1 en septiembre de 2024 con un índice de masa corporal (IMC) de 37, pero en julio de 2026 ya bajaste de peso y tienes un IMC de 34, el proveedor deberá indicar en la solicitud de autorización previa que cumplías el criterio de 35 o más cuando comenzó el tratamiento.

驴Qué pasará después de 2027?

La administración Trump propuso un enfoque de dos pasos para ampliar la cobertura de medicamentos GLP-1 para la obesidad en Medicare.

Inicialmente, el programa Bridge iba a durar seis meses. Después de eso, la idea era lanzar un programa a largo plazo que trasladaría el costo de los medicamentos del gobierno a las aseguradoras. encontró que ese programa habría costado miles de millones de dólares a las aseguradoras durante el primer año. Pero no hubo suficientes compañías que aceptaran participar voluntariamente antes de la fecha límite de abril, por lo que los CMS anunciaron que extenderá el programa Bridge a 18 meses, con nueva fecha de finalización en diciembre de 2027.

La medida dará a las aseguradoras más datos sobre cuántas personas con Medicare obtienen medicamentos GLP-1 durante el programa y más tiempo para negociar con la administración Trump.

Pero extender Bridge será “realmente costoso” para Medicare, dijo Cubanski, porque el programa subsidia gran parte del costo de los medicamentos.

“En este momento no hay claridad sobre el costo del modelo Bridge, pero probablemente serán miles de millones de dólares adicionales por año en gastos de Medicare”, apuntó Cubanski.

El costo para Medicare dependerá principalmente de cuántas personas apliquen al programa. Los CMS no han publicado proyecciones, pero estimó que en 2020 cerca de 14 millones de beneficiarios de Medicare tenían sobrepeso u obesidad.

“Esto simplemente costará más dinero, y no sabemos cuánto porque no lo han revelado”, agregó Cubanski.

驴Tienes Medicare y te interesa obtener un medicamento GLP-1 para bajar de peso? 驴Puedes pagar un copago de $50? Haz clic aquí para comunicarte con el equipo de reporteros de 麻豆女优 Health News.

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Las escuelas públicas y la despensa de alimentos de su iglesia ayudan a Lafortune a lograr los primeros dos objetivos. Pero conseguir un seguro para cubrir visitas al doctor ha sido lo más difícil.

Como asistentes de enfermería en un centro de rehabilitación para lesiones cerebrales traumáticas cerca de Tampa, Florida, Lafortune y su esposo no pueden pagar el seguro médico que ofrece su empleador. Y, a la vez,  ganan demasiado para que sus hijas califiquen para tener cobertura subsidiada a través , el programa estatal de seguro médico infantil para familias de bajos ingresos.

Lafortune puede inscribir en KidCare a sus hijas pequeñas, Elisheva Joseph y Elish Adeera, pagando la tarifa completa. Pero los $525 al mes es más de lo que la familia puede afrontar.

Así que Lafortune compró un plan familiar con una prima cercana a $500 en el mercado de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA). El plan no incluye cobertura dental y la pareja enfrenta gastos de bolsillo mucho más altos que los que pagarían si sus hijas estuvieran en KidCare.

“KidCare es mejor para los niños. Pero al menos tengo algo para ellas”, dijo.

En 2023, los legisladores de Florida aprobaron por unanimidad la ampliación de KidCare para zanjar las brechas existentes para familias como la de Lafortune, elevando el umbral de elegibilidad para que la cobertura se extendiera a más de 40.000 niños.

Sin embargo, esta ampliación no ha entrado en vigencia 鈥攏i siquiera después de haber sido aprobada por los reguladores federales a raíz de una demanda federal鈥� debido a que la administración del gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, no ha implementado los cambios.

En su lugar, la ampliación de KidCare en Florida se ha visto estancada entre demandas y negociaciones continuas entre el estado y los reguladores federales. Mientras persiste esta demora, Florida podría estar infringiendo la ley.

“No sé qué están esperando”, dijo Lafortune. “Deberían darse cuenta de que la gente en Florida tiene necesidades”.

Consultada sobre la demora, la oficina de DeSantis remitió a 麻豆女优 Health News a del 31 de marzo, durante la cual el gobernador derivó las preguntas a la Agencia para la Administración del Cuidado de Salud de Florida, que supervisa KidCare.

La agencia estatal no respondió a las repetidas solicitudes de entrevista e información sobre este tema.

Derecho adquirido vs. responsabilidad personal

En el centro del debate está una adoptada bajo la administración Biden que exige a todos los estados mantener 12 meses continuos de cobertura para niños en Medicaid y en el Programa de Seguro de Salud Infantil (CHIP, por sus siglas en inglés), conocido como KidCare en Florida. Eso significa que la cobertura no se cancelaría aunque los padres no pagaran la prima mensual.

Solo Florida ha impugnado la norma en los tribunales, demandando al gobierno federal para tener derecho a dar de baja a los niños de KidCare por falta de pago y retrasando la ampliación de la cobertura.

En diciembre, Texas también dijo que se oponía a la norma. Cecile Erwin Young, entonces comisionada ejecutiva de Texas Health and Human Services, escribió a Mehmet Oz, administrador de los Centros de servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), pidiéndole que revocara las reglas de CHIP que obligan a los estados a mantener a los niños inscriptos por períodos de 12 meses, prohíben tiempos de espera para la cobertura e impiden que los estados impongan límites a los beneficios económicos.

“Estos cambios de política, en la práctica, redefinen CHIP para que funcione más como un programa de derecho automático 鈥攗na estrategia que no está respaldada por la ley y que entra en conflicto con el diseño original del programa adoptado por Texas”, sostuvo Young.

Al igual que Texas, Florida considera KidCare como un “programa de responsabilidad personal” diseñado para ayudar a las familias al “fomentar la independencia y servir como un camino hacia la autosuficiencia económica”, según documentos judiciales y presentaciones a .

“Es algo que remite a esa lógica de que la gente debe salir adelante por sí sola”, dijo , directora de políticas de Florida Health Justice Project.

Esta organización sin fines de lucro dedicada a la asistencia legal, junto con el National Health Law Program, de Florida el 9 de marzo. Le pidió a un juez que ordenara al estado que implementara la expansión ya aprobada.

Al 22 de abril, las agencias estatales no habían presentado una respuesta a esa demanda al 22 de abril. El tribunal ordenó al estado explicar, para mediados de mayo, por qué no debería implementarse la expansión.

Williams calificó la táctica estatal como “en gran medida, teatro político”.

Investigadores y defensores de políticas de salud también señalaron que la negativa de Florida a implementar la ampliación de KidCare contradice la estrategia del gobierno de Trump de “

El año pasado, una comisión nombrada por el presidente Donald Trump recomendó una serie de reformas, incluida una colaboración entre los CMS y programas estatales de CHIP, para promover “iniciativas basadas en evidencia de prevención y bienestar infantil a nivel local”.

Numerosos estudios han encontrado que la cobertura de CHIP puede mejorar la salud infantil al , y .

“Puede parecer obvio, pero no se puede hacer que los niños vuelvan a estar saludables quitándoles su cobertura médica”, dijo , directora de estrategia y desarrollo del Florida Policy Institute, organización sin fines de lucro que impulsa la ampliación de KidCare.

La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios sobre la oposición de Florida y Texas a la norma que exige mantener la cobertura continua en CHIP.

Mientras tanto, esos dos estados tienen algunas de de niños sin seguro. En Texas, más de un millón de niños, el 13,5%, no tienen seguro médico, mientras que en Florida más de 400.000 niños, el 8,5%, no tienen cobertura.

Texas ha seguido la norma federal de cobertura continua pese a haberse opuesto a ella, pero Florida ha ignorado el requisito y sigue retirando a niños del programa por falta de pago.

Elegir entre útiles escolares y seguro médico

Según Florida Healthy Kids Corporation, la organización sin fines de lucro contratada por el estado para determinar la elegibilidad y administrar KidCare, unos 250.000 niños recibieron cobertura subsidiada entre el 1 de diciembre de 2024 y el 30 de noviembre de 2025. De ellos, 43.000 fueron dados de baja del programa después de que sus padres no pagaran la prima.

, directora del Centro para Niños y Familias de la Universidad Georgetown, afirmó que la administración Trump debería actuar ante la evidencia de que Florida es el único estado que desafía la norma.

“Decenas de miles de niños pierden su cobertura casi automáticamente, lo que supone una violación de la ley federal, y la administración Trump no ha hecho nada al respecto” dijo. “Al mismo tiempo, está retirando fondos a estados como Minnesota por supuestas irregularidades que ni siquiera han sido probadas”.

Las familias suelen atrasarse en los pagos en julio y agosto, cuando deben comprar los útiles escolares, y otra vez en diciembre y enero, durante las fiestas, explicó Alker.

“Eso es muy, muy triste”, dijo. “Hay padres trabajadores que están luchando y tienen que elegir entre comprar los útiles escolares de sus hijos y pagarles el seguro de salud”.

Este año, la inscripción en KidCare ha caído por debajo de las proyecciones estatales, lo que ha generado un superávit de $32 millones en el programa.

El 17 de abril, legisladores votaron a favor de del programa y redirigirla al fondo general; algunos legisladores por el hecho de que la expansión aún no se hubiera implementado.

Los legisladores votaron para ampliar la elegibilidad de KidCare a las familias con ingresos de hasta el 300% del nivel federal de pobreza. Este cambio elevaría el umbral de ingresos para una familia de cuatro miembros de aproximadamente $5.500 mensuales a unos $8.250 mensuales. Las primas mensuales de la cobertura subsidiada también aumentarían, pasando de los actuales $15 a $20 mensuales a un máximo de $195 mensuales, independientemente del número de hijos que inscriba la familia.

El programa ofrece una que los planes del mercado de ACA. KidCare no tiene deducible ni coseguro, y establece copagos máximos de $15. También incluye cobertura dental y de la vista.

Con su plan de ACA, Lafortune debe pagar un copago de $35 por cada visita al médico. El deducible familiar es de $1.600, y el coseguro 鈥攅s decir, la parte de los servicios cubiertos que ella debe pagar tras alcanzar el deducible鈥� es del 20%. El costo máximo de desembolso propio del plan es de $7.250.

“Intenté conseguir algo más barato, pero no es como si pudiera prescindir de ello”, comentó Lafortune refiriéndose a la necesidad de contar con un seguro médico. “Tengo que hacer algo”.

La demanda inicial del estado, que impugnaba la norma de elegibilidad continua, fue desestimada en mayo de 2024, y una segunda demanda fue retirada este febrero.

El estado y los CMS comunicaron al juez que estaban “trabajando para determinar la vía más expedita para resolver la disputa” y aún no han informado al tribunal sobre el avance de sus conversaciones.

Sin embargo, tres días después de retirar la demanda, Florida demandó a los los CMS por tercera vez, acusando a la agencia federal de ignorar la solicitud de registros públicos del estado relacionada con la aprobación por parte de los CMS de la expansión de KidCare.

Mientras continúan las disputas legales, el costo del seguro médico se ha disparado.

Para aquellos que cuentan con cobertura a través del mercado de ACA, que expiraran los subsidios mejorados fue un duro golpe.

Aproximadamente la mitad de quienes se reinscribieron en la cobertura del mercado de ACA para 2026 dijeron que sus costos de atención médica son “mucho más altos” este año, según .

Para Lafortune, la expansión del programa KidCare de Florida no podría llegar lo suficientemente pronto.

“Los niños son quienes van a reemplazar a todos aquí”, dijo. “Cuando se les brindan oportunidades 鈥攑ara su salud, para la escuela, para alimentarse鈥�, se logra que el país sea mejor y más sano”.

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Pero legisladores republicanos en algunos estados creen que las nuevas reglas 鈥攑arte del One Big Beautiful Bill Act del Partido Republicano, firmada en julio pasado por el presidente Donald Trump鈥� no van lo suficientemente lejos.

Indiana encabeza ese impulso, con una nueva ley que exige a los solicitantes demostrar que han estado trabajando o participando en una actividad similar por tres meses consecutivos para recibir beneficios.

Mientras tanto, residentes en muchos otros estados tendrán que demostrar que trabajaron solo un mes, la opción menos complicada bajo esta nueva ley tributaria y de gasto interno de Trump. La ley instruye a los estados a decidir si exigirán uno, dos o tres meses de historial laboral.

Al igual que en Indiana, legisladores republicanos de Idaho aprobaron un requisito de tres meses, y el gobernador firmó la ley el 10 de abril.

Estas medidas, junto con acciones similares en Arizona, Missouri y Kentucky, buscan limitar la flexibilidad para implementar la ley federal a nivel estatal.

“Normalmente, no se vería a legisladores estatales interviniendo en estas decisiones”, dijo Lucy Dagneau, funcionaria senior del área de defensa de la Sociedad Americana del Cáncer.

La Oficina de Presupuesto del Congreso, una entidad no partidista, estimó que 18,5 millones de adultos estarán sujetos a las nuevas reglas, que se aplicarán en 42 estados y el Distrito de Columbia.

En Indiana, las reglas laborales afectarán aproximadamente al 33% de la población estatal inscrita en Medicaid. En general, las reglas no se aplicarían a niños, personas de 65 años o más, ni a personas con discapacidades o problemas graves de salud.

Por lo general, los administradores estatales 鈥攏o los legisladores鈥� detallan cómo planean cumplir nuevas normas federales, y con frecuencia esperan orientación de reguladores federales. Pero funcionarios de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) aún no han dicho a los estados cómo cumplir muchos aspectos de la amplia ley presupuestaria, lo que ha llevado a legisladores estatales a intervenir.

El gobernador republicano Mike Braun firmó la ley de Indiana el 4 de marzo, convirtiendo a su estado en el primero en fijar el requisito laboral de Medicaid en tres meses, el período más largo permitido por la ley federal.

El senador estatal republicano Chris Garten presentó un proyecto de ley en enero, con el argumento de que era necesario para “alinear” la ley estatal con las nuevas reglas federales de Medicaid. También presentó la medida como una forma de combatir el “despilfarro, fraude y abuso” en programas públicos.

Cuando personas no elegibles se inscriben, eso perjudica “al verdadero residente vulnerable de Indiana que realmente necesita la ayuda”, dijo Garten durante una audiencia de comité en enero.

El senador estatal demócrata Fady Qaddoura expresó escepticismo durante la audiencia y cuestionó la necesidad de la legislación. Qaddoura pidió al secretario de la Administración de Servicios Sociales y Familiares de Indiana, Mitch Roob, una estimación del número de personas no elegibles inscritas en Medicaid en el estado.

“Creo que muy pocas”, respondió Roob. “Nunca será ninguna”.

Después de escuchar esa respuesta, Qaddoura dijo que no hay evidencia de un problema generalizado en Indiana. Acusó a los republicanos de usar el despilfarro, fraude y abuso como justificación para negar beneficios de salud y ayuda alimentaria a residentes vulnerables del estado.

Más tarde, Garten calificó la acusación de Qaddoura como una “distorsión fundamental” del proyecto de ley.

Los republicanos han dicho que imponer estos límites protege la continuidad del programa Medicaid.

“Creemos en una red de seguridad para nuestros más vulnerables, no en un comodín para adultos aptos para trabajar que deciden no hacerlo”, dijo Garten. “Al ajustar estas medidas, garantizamos que nuestra red de seguridad siga siendo sostenible”.

Se espera que la inscripción en el Medicaid del estado baje debido a la legislación de Garten, según un análisis de la Agencia de Servicios Legislativos de Indiana, una entidad no partidista.

Medicaid ayuda a mantener sanas a las personas para que puedan seguir trabajando, dijo Adam Mueller, director ejecutivo del Indiana Justice Project, una organización legal no partidista enfocada en salud, vivienda e inseguridad alimentaria.

Mueller teme que las personas tengan dificultades para demostrar su historial de trabajo, especialmente quienes tienen empleos no tradicionales.

“Si el objetivo es que la gente participe, con un mes bastaría”, dijo Mueller.

En última instancia, teme que la ley perjudique a los residentes de Indiana que más necesitan ayuda. “Van a tropezar con los obstáculos burocráticos”.

Un análisis del Center on Budget and Policy Priorities predijo que las reglas laborales impondrán  y que la forma en que los estados decidan aplicarlas “afectará significativamente la cantidad de personas que pierdan cobertura”. Las decisiones estatales determinarán “qué tan intensa es la carga”, concluyó este centro de estudios de tendencia progresista, y elegir un período de revisión más corto “permitirá que más personas se inscriban”.

Legisladores en varios estados consideraron límites. Y el mismo grupo conservador de cabildeo, la Foundation for Government Accountability (FGA), testificó a favor de estas medidas en Arizona, Indiana y Missouri.

En Missouri, el cabildero de FGA James Harris dijo que la medida busca “sacar a la gente de la dependencia y devolverle esa dignidad y orgullo del trabajo”.

El representante estatal de Missouri Darin Chappell propuso exigir un período de revisión de tres meses, similar a la medida en Indiana. Pero la versión más reciente del proyecto que patrocinó exigiría a los solicitantes demostrar que trabajaron solo un mes antes de inscribirse.

Chappell, republicano, dijo que su iniciativa fomentaría una “mentalidad de trabajo”.

Anna Meyer, dueña de una pequeña panadería en Columbia, Missouri, dijo que la insinuación es que ella y otras personas en Medicaid son perezosas. “He trabajado desde los 15 años”, dijo. “Ahora tengo 43”.

Meyer, quien expresó su oposición, dijo que anteriormente tuvo problemas para enviar información a la agencia estatal de Medicaid. Teme que estos nuevos requisitos la pongan a ella y a otras personas en riesgo de perder cobertura, incluso si cumplen la regla laboral.

Tiene fibromialgia, una condición crónica que aumenta la sensibilidad general al dolor. También tiene alergias alimentarias. Medicaid ayuda a pagar medicamentos y visitas al doctor que la mantienen saludable y le permiten seguir trabajando.

“Trabajo muy duro”, dijo Meyer.

En St. Louis, Jessica Norton, obstetra y ginecóloga, atiende a muchas pacientes de Medicaid en una clínica de Affinia Healthcare. Dijo que tienen dificultades para mantener su seguro, aunque Missouri extiende un año completo de cobertura de Medicaid a mujeres elegibles después de dar a luz.

A algunas de sus pacientes se las expulsó de la cobertura sin explicaciones al momento en que iban a la cita médica seis semanas después del parto. Teme que la burocracia de los nuevos requisitos laborales haga más difícil conservar el seguro, aunque se supone que mujeres embarazadas y madres recientes están exentas.

Norton criticó a los legisladores por el mensaje que esta política envía a pacientes vulnerables. Están diciendo: “Ah, en realidad, la atención médica es un privilegio, y hay que ganárselo”.

 de los adultos de 19 a 64 años inscritos en Medicaid ya trabajan, según 麻豆女优. La razón por la que muchos de los adultos restantes en Medicaid no trabajan es que están jubilados, cuidan a otra persona o están demasiado enfermos, según la misma organización.

Algunos estados no solo están estableciendo los requisitos más estrictos, sino que también bloquean la flexibilidad opcional incluida en las reglas federales.

Por ejemplo, los estados pueden adoptar exenciones adicionales a las reglas laborales, como permitir que las personas aleguen una “dificultad de corto plazo”, diseñada para mantener la cobertura de Medicaid a personas con condiciones médicas que les impiden trabajar.

Legisladores de Missouri buscan una enmienda constitucional para impedir que su estado ofrezca esas exenciones opcionales. Pero defensores de pacientes advierten que estos límites perjudicarían a residentes vulnerables del estado cuando más necesitan cobertura, en particular pacientes rurales con cáncer.

Con frecuencia, estos pacientes deben viajar a Kansas City o St. Louis, para recibir tratamiento, lo que interrumpe su capacidad para trabajar, testificó Emily Kalmer, cabildera del brazo de defensa pública de la Sociedad Americana del Cáncer, durante la audiencia de enero. Reconociendo esto, la ley federal ofrece ciertas exenciones para este tipo de situaciones.

Pero esta exención por dificultad de corto plazo quedaría fuera de la mesa en Missouri.

El tiempo es “muy importante en la vida de un paciente con cáncer o de un sobreviviente de cáncer”, dijo Kalmer.

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“La primera vez, el teléfono suena sin parar. La siguiente, te manda al buzón de voz y se corta la llamada”, dijo la mujer de 48 años, que vive en Delaware. “A veces te contesta alguien que dice que no es la persona indicada. Te transfieren y se corta. A veces contestan y no hay nadie en la línea”.

Pasó meses tratando de averiguar si su cobertura de Medicaid había sido renovada. Hasta finales de marzo, todavía no le había llegado la renovación anual para el programa estatal y federal que ofrece seguro de salud a personas con bajos ingresos y con discapacidades.

Crouch, quien sufrió un aneurisma cerebral debilitante hace una década, también tiene Medicare, que cubre a personas de 65 años o más, o a aquellas con discapacidades. Medicaid pagaba sus deducibles mensuales de Medicare de $200, pero en los últimos tres meses ha tenido que cubrirlos ella misma, lo que ha afectado el ingreso fijo de su familia, contó.

Los problemas de Crouch con el centro de llamadas de Medicaid en Delaware no son un caso aislado. Las agencias estatales de Medicaid pueden tener dificultades para mantener suficiente personal que ayude a las personas a inscribirse en los beneficios y atender llamadas de afiliados con preguntas.

La falta de estos trabajadores puede impedir que las personas usen plenamente sus beneficios, dijeron investigadores de políticas de salud.

Ahora, la ley One Big Beautiful Bill Act de los republicanos aprobada por el Congreso, que el presidente Donald Trump firmó el verano pasado, pronto exigirá más al personal de las agencias estatales en los lugares donde los legisladores ampliaron Medicaid a más adultos con bajos ingresos, que son casi todos los estados y el Distrito de Columbia.

Según la ley, que se espera reduzca el gasto de Medicaid en casi $1.000 millones en los próximos ocho años, estos trabajadores deberán no solo determinar si millones de afiliados cumplen con los nuevos requisitos laborales del programa, sino también verificar con mayor frecuencia que califican: cada seis meses en lugar de una vez al año.

麻豆女优 Health News contactó a agencias que deberán implementar estas reglas de trabajo, y muchas dijeron que necesitarán más personal.

Estas exigencias pondrán más presión sobre una fuerza laboral ya sobrecargada, lo que podría dificultar que afiliados como Crouch reciban servicios básicos de atención al cliente. Y muchos podrían perder acceso a beneficios a los que tienen derecho por ley, según afirmaron defensores del consumidor e investigadores de políticas de salud, algunos con experiencia directa trabajando en agencias estatales.

Los estados ya están “teniendo grandes dificultades”, dijo Jennifer Wagner, directora de elegibilidad e inscripción de Medicaid en el Center on Budget and Policy Priorities y ex subdirectora del Departamento de Servicios Humanos de Illinois. “Habrá desafíos adicionales importantes por culpa de estos cambios”.

Largos tiempos de espera para recibir ayuda

Los republicanos sostienen que los cambios en Medicaid, que entrarán en vigencia el 1 de enero de 2027 en la mayoría de los estados, incentivarán a los afiliados a conseguir empleo. Investigaciones sobre otros programas con requisitos laborales en Medicaid han encontrado poca evidencia de que aumenten el empleo.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) provocarán que más personas pierdan la cobertura de salud para 2034: indicó que más de 5 millones de personas podrían verse afectadas.

Muchos estados no tienen suficiente personal para procesar solicitudes o renovaciones de Medicaid con rapidez, dijeron defensores.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por siglas en inglés) supervisan si los estados pueden procesar el tipo más común de solicitud de beneficios dentro de un plazo de 45 días.

En diciembre, alrededor del 30% de todas las solicitudes de Medicaid y del Programa de Seguro de Salud Infantil (CHIP, por sus siglas en inglés) en Washington, D.C., y Georgia en procesarse. Más de una cuarta parte tardó ese tiempo en Wyoming. En Maine, una de cada 5 solicitudes no cumplió ese plazo.

Los CMS comenzaron a compartir públicamente datos de los centros de llamadas de Medicaid en 2023, lo que mostró un sistema bajo presión, según investigadores y defensores.

En Hawaii, las personas esperaron más de tres horas al teléfono en diciembre. En Oklahoma, casi una hora, y en Nevada, más de una hora.

En 2023, las agencias estatales de Medicaid comenzaron a verificar que todavía calificaban a los afiliados que habían sido protegidos para que no perdieran su cobertura durante la pandemia de covid. Ese proceso no funcionó bien en muchos estados, y más de .

Investigadores y defensores dicen que implementar las nuevas reglas será un reto mayor. Las reglas laborales requerirán cambios amplios en los sistemas informáticos y capacitación para los trabajadores que verifican la elegibilidad en un plazo ajustado.

“Es un nivel mucho mayor de complejidad administrativa”, señaló Sophia Tripoli, directora de políticas en Families USA, una organización de defensa de salud del consumidor.

Después de meses intentando hablar con alguien, Crouch dijo que finalmente obtuvo respuestas sobre sus beneficios de Medicaid luego de escribir a la oficina de la representante federal Sarah McBride (demócrata de Delaware). La oficina contactó a la agencia estatal de Medicaid, que finalmente la llamó con una actualización, dijo.

Crouch en realidad no calificaba para Medicaid. Dijo que eso nunca había surgido en dos años de interacciones con el estado.

“No tiene ningún sentido que el estado no se haya dado cuenta antes”, dijo.

La agencia de Medicaid de Delaware no respondió a solicitudes de comentarios sobre su caso.

Estados con poco personal para Medicaid

A fines de marzo, algunos estados dijeron a 麻豆女优 Health News, que necesitarán más personal para implementar las reglas laborales de manera efectiva.

Idaho informó que tiene 40 vacantes para trabajadores de elegibilidad. Nueva York estimó que necesitará 80 nuevos empleados para manejar el trabajo administrativo adicional, con un costo de $6,2 millones. Pennsylvania tiene casi 400 puestos vacantes en oficinas de servicios humanos de los condados. La agencia de Medicaid de Indiana tiene 94 vacantes. Maine quiere contratar 90 trabajadores adicionales, y Massachusetts busca sumar 70 más. Montana llenó 39 de los 59 puestos que dice que necesitará.

La agencia de servicios sociales de Missouri ha reducido personal y tiene 1.000 trabajadores de primera línea menos que hace aproximadamente una década, esto con más del doble de afiliados en Medicaid y en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), según comentarios de su directora, Jessica Bax,

“El departamento pensó que habría una mejora en la eficiencia gracias a las actualizaciones del sistema de elegibilidad”, dijo Bax. “Muchas de esas mejoras no se concretaron”.

Los estados podrían tener dificultades para encontrar personas interesadas en estos trabajos, que requieren meses de capacitación, pueden ser emocionalmente exigentes y generalmente ofrecen salarios bajos, afirmó Tricia Brooks, investigadora del Centro para Niños y Familias de la Universidad de Georgetown.

“Reciben muchos reclamos y gritos”, dijo Brooks, quien antes dirigió el programa de atención al cliente de Medicaid y CHIP en New Hampshire. “Las personas están frustradas. Lloran. Están preocupadas. Están perdiendo acceso a la atención médica, y no es un trabajo fácil cuando es difícil ayudar”.

Los estados están pagando millones de dólares a contratistas del gobierno para ayudar a cumplir con la nueva ley federal.

Maximus, un contratista de servicios gubernamentales, brinda apoyo en elegibilidad, como la gestión de centros de llamadas, en 17 estados que ampliaron Medicaid y atiende a casi 3 de cada 5 personas inscritas en el programa a nivel nacional, según la empresa.

Durante una llamada de resultados en febrero, la empresa dijo que puede cobrar según el número de gestiones que realiza para los afiliados, independientemente de cuántas personas estén inscritas en el programa en un estado.

Maximus no tiene “un enfoque único” para los servicios que ofrece ni para cómo cobra por ellos, dijo su vocera Marci Goldstein a 麻豆女优 Health News.

La empresa, que reportó ingresos de $1.760 millones en 2025 en el área que incluye trabajo relacionado con Medicaid, espera que esos ingresos sigan creciendo, incluso si menos personas permanecen en el programa, “debido a las gestiones adicionales que serán necesarias”, señaló David Mutryn, director financiero y tesorero de Maximus.

Perder la cobertura de Medicaid no es solo una molestia, ya que muchas personas inscritas probablemente no ganan lo suficiente para pagar atención médica por su cuenta y pueden no calificar para ayuda financiera bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), dijo Elizabeth Edwards, abogada del National Health Law Program.

Las personas podrían no poder pagar medicamentos o recibir atención esencial, lo que podría tener impactos “devastadores” en la salud, dijo.

“Lo que está en juego son las vidas de las personas”, concluyó.

Los corresponsales de 麻豆女优 Health News Katheryn Houghton y Samantha Liss contribuyeron con este artículo.

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Ponerlos al tanto de estos riesgos podría disuadirlos de inscribirse en un programa llamado Medicaid de Emergencia, a través del cual el gobierno el costo de la atención médica de urgencias a inmigrantes que no califican para la cobertura regular de Medicaid.

Pero si los hospitales no revelan que la información personal de los pacientes se comparte con las autoridades migratorias federales, estos podrían no saber que su cobertura médica los expone al riesgo de ser localizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Si los hospitales le dicen a la gente que sus datos de Medicaid de Emergencia se compartirán con el ICE, es previsible que muchos inmigrantes simplemente dejen de buscar tratamiento médico de emergencia”, afirmó , profesor investigador del Centro para Niños y Familias de la Universidad de Georgetown.

“La mitad de los casos de Medicaid de Emergencia son partos de bebés ciudadanos estadounidenses. 驴Queremos que esas madres eviten ir al hospital cuando comienzan el trabajo de parto?”, agregó.

Durante más de una década, hospitales y estados aseguraron a los pacientes que su información personal, incluyendo su estatus migratorio y la dirección de su casa, no sería compartida con funcionarios de inmigración cuando solicitaban cobertura médica federal.

Un garantizaba que la agencia no usaría información de solicitudes de cobertura médica para actividades de control migratorio.

Pero eso cambió el año pasado, luego de que el presidente Donald Trump regresara a la Casa Blanca y ordenara una de las campañas de represión migratoria más agresivas de la historia reciente. Su administración empezó a canalizar datos de varias agencias gubernamentales al Departamento de Seguridad Nacional, incluida enviada al Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), que forman parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos, aceptaron en la primavera pasada darle a ICE acceso directo a una base de datos de Medicaid que incluye las direcciones y el estatus migratorio de las personas inscritas.

Veintidós estados, todos gobernados por demócratas excepto uno, presentaron demandas para de intercambio de datos de Medicaid, que no había sido anunciado formalmente por el gobierno hasta que un juez federal ordenó hacerlo el verano pasado. El juez que, en esos estados, ICE solo podría acceder a la información de la base de datos de Medicaid correspondiente a personas que están en el país de forma irregular.

麻豆女优 Health News contactó a más de una docena de hospitales y asociaciones hospitalarias en estados y ciudades que han sido objeto de operativos del ICE. Muchos se negaron a comentar si, luego del fallo judicial, habían actualizado sus políticas de divulgación.

De los que respondieron, ninguno dijo que estuviera advirtiendo directamente a los pacientes que su información personal podía ser compartida con el ICE si solicitaban cobertura de Medicaid.

“No ofrecemos asesoramiento legal sobre el intercambio de datos entre agencias del gobierno federal”, escribió por correo electrónico Aimee Jordon, vocera del sistema hospitalario M Health Fairview, con sede en Minneapolis. “Recomendamos a los pacientes que tengan preguntas sobre prestaciones o inquietudes relacionadas con temas migratorios que busquen orientación en los recursos estatales adecuados y con asesores legales calificados”.

Información sobre las solicitudes

En algunos estados, las solicitudes de Medicaid de Emergencia  preguntan específicamente por el estatus migratorio del paciente, pero aseguran a las personas que su información se mantendrá protegida y fuera del alcance de los funcionarios de inmigración.

Por ejemplo, hasta el 3 de febrero, la solicitud de California aún incluía un texto en el que se informaba a los solicitantes que su información migratoria era “confidencial”.

“Solo la usamos para determinar si califica para un seguro médico”, explica el formulario de 44 páginas que el programa estatal de Medicaid, conocido como Medi-Cal, publicó en .

Anthony Cava, vocero del Departamento de Servicios de Atención Médica de California, dijo en una declaración que la agencia, que supervisa Medi-Cal, se asegurará de que los californianos tengan información precisa sobre la privacidad de sus datos, “incluyendo, si es necesario, la revisión de otras publicaciones”.

Hasta finales de enero, el sitio web de Medicaid en Utah también aseguraba que el programa de Medicaid de Emergencia no compartía información con funcionarios migratorios. Después de que 麻豆女优 Health News contactara a la agencia estatal, la vocera Kolbi Young anunció el 23 de enero que esa información sería retirada de inmediato. Fue eliminada ese mismo día.

El sistema hospitalario Oregon Health & Science University, con sede en Portland, ofrece a pacientes inmigrantes un documento de desarrollado por el programa estatal de Medicaid para quienes tienen dudas sobre el uso de su información. El documento no indica de manera explícita que la información de quienes se inscriben en Medicaid será compartida con el ICE.

Los hospitales dependen del Medicaid de Emergencia para que les reembolsen el tratamiento de personas que cumplirían con los requisitos para Medicaid si no fuera por su estatus migratorio, ya sea que estén en el país sin papeles o dispongan de una presencia legal temporal, como visas de estudiante o de trabajo. Esta cobertura solo paga por atención médica de urgencia y servicios relacionados con el embarazo. Por lo general, representantes del hospital ayudan a los pacientes a presentar la solicitud mientras están en el hospital.

El programa principal de Medicaid, que cubre una gama mucho más amplia de servicios para más de 77 millones de personas con bajos ingresos o discapacidades, no cubre a quienes están en el país sin autorización.

Por lo tanto, examinar los registros de inscripción en el Medicaid de Emergencia es la forma más efectiva que tienen los funcionarios de deportación para identificar a los inmigrantes, incluidos aquellos que podrían no residir legalmente en los Estados Unidos.

Rich Danker, vocero del Departamento de Salud y Servicios Humanos, dijo por correo electrónico que los CMS 鈥攓ue supervisa Medicaid, un programa conjunto federal y estatal鈥� están compartiendo datos con el ICE tras la decisión del juez. Pero no explicó cómo se asegura de compartir solo información sobre personas sin residencia legal, como exige el fallo judicial.

Dado que el ICE ahora tiene acceso directo a la información personal de millones de personas inscritas en Medicaid, los hospitales 鈥攁unque “están en una posición muy difícil”鈥� deberían ser transparentes sobre los cambios, dijo Sarah Grusin, , un grupo de defensa legal.

“Deben decirle a la gente que el juez ha autorizado compartir la información 鈥攊ncluida sus direcciones鈥� en el caso de quienes no residen legalmente en el país”, afirmó. “Una vez enviada, esa información ya no puede protegerse para evitar que sea divulgada”.

Grusin dijo que recomienda a las familias que midan la importancia de buscar atención médica frente al riesgo de que sus datos sean compartidos con el ICE.

“Queremos dar información sincera y honesta, incluso si eso significa que las personas se vayan a ver obligadas a tomar decisiones muy difíciles”, destacó.

Quienes se hayan inscrito anteriormente en Medicaid o cuya dirección pueda encontrarse fácilmente en internet deben asumir que los funcionarios de inmigración ya conocen esos datos, agregó.

Medicaid de Emergencia

La cobertura de Medicaid de Emergencia se estableció a mediados de la década de 1980, cuando una ley federal comenzó a exigir que los hospitales atendieran y estabilizaran a cualquier persona que llegara con una condición que pusiera en riesgo su vida.

En 2023, el gasto del gobierno federal en Medicaid de Emergencia fue de casi $4.000 millones, lo que representa aproximadamente federal en Medicaid.

Los estados envían informes mensuales al gobierno federal con información detallada sobre quiénes se inscriben en Medicaid y qué servicios reciben.

El fallo judicial de diciembre limitó lo que los CMS pueden compartir con el ICE a datos básicos, incluyendo direcciones, de los afiliados a Medicaid en los 22 estados que llevaron a la Justicia el acuerdo de intercambio de datos. El ICE no tiene permitido acceder a información sobre los servicios médicos que reciben las personas, según la orden del juez.

El juez también prohibió a la agencia compartir los datos de ciudadanos estadounidenses o inmigrantes con residencia legal en esos estados.

En los otros 28 estados, los funcionarios de deportación tienen acceso a la información personal de los inscritos en Medicaid.

La agencia federal de salud no ha aclarado cómo garantiza que la información sobre ciudadanos y residentes legales de ciertos estados no sea compartida con el ICE. Pero expertos en Medicaid dicen que sería casi imposible separar esos datos, lo que genera dudas sobre si el gobierno de Trump está cumpliendo con la orden judicial.

Los esfuerzos de la administración Trump por deportar a inmigrantes que viven en el país sin autorización han afectado a familias inmigrantes que buscan atención de salud.

Cerca de un tercio de los adultos nacidos fuera de los Estados Unidos dijeron haber evitado o pospuesto atención médica en el último año, según una encuesta de publicada en noviembre. (麻豆女优 es una organización sin fines de lucro dedicada a la información sobre salud, que incluye a 麻豆女优 Health News).

Bethany Pray, directora legal y de políticas del Colorado Center on Law and Policy, advirtió que el hecho de compartir datos de Medicaid con funcionarios de deportación obligará a muchas familias a tomar decisiones aún más difíciles.

“Esto es muy preocupante”, opinó Pray. “La gente no debería tener que elegir entre dar a luz en un hospital y preguntarse si eso significa correr el riesgo de enfrentar la deportación”.

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El gobierno de Trump, que ha prometido “transparencia radical”, afirmó en un documento de que planea publicar el “resumen de proyectos” de los estados que obtengan fondos. Siguiendo el ejemplo de los reguladores federales, muchos estados ocultan sus solicitudes completas, y algunos se han negado a revelar cualquier detalle.

“Seamos claros”, dijo Alan Morgan, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Salud Rural (NRHA, por sus siglas en inglés). “Los directores de hospitales, los administradores de clínicas, los líderes comunitarios: todos van a querer saber qué están haciendo sus estados”.

Entre los miembros de la NRHA se incluyen hospitales y clínicas rurales con dificultades económicas, a los que prometieron beneficiar con el Programa de Transformación de la Salud Rural del gobierno de Trump.

Morgan señaló que sus miembros están interesados en saber qué proponen los estados, qué ideas son aprobadas o rechazadas y cuáles son sus justificaciones presupuestarias, que explican cómo podría gastarse el dinero.

Mejorar la atención médica rural es una “tarea increíblemente complicada y difícil”, afirmó Morgan.

El Programa de Transformación de la Salud Rural, con una duración de cinco años, fue aprobado por el Congreso en una ley 鈥攍a llamada One Big Beautiful Bill Act鈥� que también reduce drásticamente el gasto de Medicaid, del cual dependen en gran medida los proveedores de salud en zonas rurales. Este programa está siendo observado con atención porque representa una inyección muy necesaria de fondos, aunque con la condición impuesta por el gobierno de Trump de que el dinero se utilice en ideas transformadoras y no simplemente para mantener a flote a hospitales rurales en crisis.

La ley indica que la mitad de los $50.000 millones se dividirá en partes iguales entre todos los estados con una solicitud aprobada. El resto se distribuirá en base a un sistema de puntos. , $12.500 millones se asignarán en función del nivel de “ruralidad” de cada estado. Los otros $12.500 millones se otorgarán a estados que obtengan en iniciativas y políticas alineadas, en parte, con los objetivos del gobierno de Trump bajo el lema “Hacer a Estados Unidos Saludable de Nuevo” ().

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., ha prometido en repetidas ocasiones abrir el gobierno al pueblo estadounidense. Su agencia tiene una dedicada a la “transparencia radical”.

“Estamos trabajando para que este sea el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) más transparente en sus 70 años de historia”, en un testimonio escrito al Congreso en septiembre.

Lawrence Gostin, profesor de derecho en salud pública en la Universidad Georgetown, dijo que el HHS está actuando “de manera totalmente opaca” y que el público tiene derecho a exigir “mayor apertura y claridad”. Sin transparencia, agregó, la población no puede evaluar las responsabilidades de esa agencia.

Catherine Howden, vocera de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), dijo que la agencia seguirá las regulaciones federales que rigen los al publicar información sobre el programa de salud rural.

Las solicitudes de subvención “no se hacen públicas durante el proceso de evaluación por méritos”, dijo Howden, y agregó: “El propósito de esta política es proteger la integridad de las evaluaciones, la confidencialidad de los solicitantes y la naturaleza competitiva del proceso”.

Demócratas y algunos defensores de la atención de salud temen que las decisiones sobre la distribución del dinero tengan motivaciones políticas.

“Me preocupan las represalias políticas”, dijo la representante Nikki Budzinski, demócrata de Illinois. Como los demócratas controlan la política de nuestro estado, “nuestra solicitud podría no ser tomada tan en serio como la de otros estados liderados por republicanos”, agregó.

En noviembre, los legisladores demócratas de Illinois en la Cámara de Representantes enviaron al administrador de los CMS, Mehmet Oz, solicitando una “evaluación justa e integral” de la solicitud estatal. Las autoridades de Illinois aún no han comunicado su propuesta a 麻豆女优 Health News, que presentó una solicitud de registros públicos.

Heather Howard, profesora en la Universidad de Princeton, dijo que le “sorprende gratamente la transparencia de muchos estados”.

Howard dirige el programa State Health and Value Strategies de la universidad, que el fondo de salud rural, y elogió a la mayoría de los estados por publicar sus resúmenes del proyecto.

“Esto demuestra el enorme interés que despierta el programa”, dijo Howard.

Su equipo, que revisó cerca de dos docenas de resúmenes estatales, identificó temas comunes como la expansión de servicios móviles y a domicilio, mayor uso de tecnología, y desarrollo de la fuerza laboral con becas, bonos por contratación y ayuda para cuidado infantil en puestos de alta demanda.

“Creo que es emocionante”, dijo Howard. “Considero muy valioso lo que podemos aprender de estas propuestas”.

Howard señaló que las solicitudes de Georgia y Alabama incluían el uso de telerrobótica: una propuesta para utilizar robots para realizar ecografías remotas.

Otro tema que “me entusiasma”, dijo, es el esfuerzo de los estados por crear grupos o comités asesores, como en Idaho, donde se espera que los grupos de trabajo se enfoquen en tecnología, desarrollo de fuerza laboral, colaboración con comunidades indígenas, y salud mental y conductual.

Los 50 estados presentaron sus solicitudes a los reguladores federales antes de la fecha límite del 5 de noviembre, y las resoluciones se anunciarán antes de que termine el año, según los CMS.

Hasta finales de noviembre, casi 40 estados habían hecho público su resumen del proyecto, que es la parte principal de la solicitud donde se describen las iniciativas propuestas, según un seguimiento de 麻豆女优 Health News. Más de una docena de estados también publicaron sus presupuestos.

Un pequeño grupo de estados 鈥擨daho, Iowa, Kansas, Minnesota, Nuevo México, Dakota del Norte, Carolina del Sur y Wyoming鈥� publicó todos los componentes de la solicitud.

麻豆女优 Health News presentó solicitudes de registros públicos para obtener las peticiones completas de los estados. Algunos se negaron a entregar cualquier parte de sus materiales.

Nebraska, por ejemplo, rechazó la solicitud argumentando que su contenido es “información comercial o propietaria” que “podría beneficiar a competidores comerciales”.

Kentucky compartió el resumen de su solicitud, pero indicó que el resto es un “borrador preliminar” no sujeto a divulgación bajo las leyes estatales.

Erika Engle, vocera del gobernador de Hawaii, Josh Green, dijo que el gobernador “está comprometido con la transparencia”, pero se negó a compartir la propuesta del estado.

Hawaii y otros estados aún están procesando solicitudes formales de registros públicos.

Este programa de salud rural forma parte de la ley aprobada en julio que se prevé que reducirá el gasto federal de Medicaid en zonas rurales en durante los próximos 10 años.

Se espera que estos recortes afecten las finanzas de centros rurales, poniendo en riesgo su capacidad para seguir operando. Un informe reciente de Commonwealth Fund reveló que muchas áreas rurales siguen a atención primaria. Pero las normas del programa de salud rural indican que solo el 15% de los nuevos fondos puede utilizarse para pagar atención directa a los pacientes.

Entre los recortes a Medicaid y la nueva inversión del programa, “hay una verdadera oportunidad para que las políticas nacionales tengan un impacto en las zonas rurales, tanto de forma negativa como positiva”, señaló Celli Horstman, investigadora principal de la fundación en Nueva York y coautora del informe.

Entre las propuestas disponibles al público, los estados con gobiernos demócratas muestran disposición para apoyar algunos de los objetivos del gobierno, aunque también rechazan otros, lo cual podría restarles puntos.

Por ejemplo, Nuevo México indicó que presentará una ley para que los estudiantes tomen la Prueba Presidencial de Aptitud Física (Presidential Fitness Test) y que los médicos realicen cursos de educación continua sobre nutrición. Pero no impedirá que las personas usen sus beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) para comprar productos “no nutritivos” como sodas o dulces.

Muchos estados planean invertir en tecnología, como telesalud, ciberseguridad y equipos para monitoreo remoto de pacientes. Otros temas incluyen mejorar el acceso a alimentos saludables, fortalecer los servicios de emergencia, prevenir y tratar enfermedades crónicas, y recurrir a trabajadores comunitarios de salud y paramédicos para visitas domiciliarias.

Algunas propuestas específicas incluyen:

• Arkansas quiere gastar $5 millones en su programa “FAITH” 鈥擜cceso, Transporte y Salud Basados en la Fe鈥� para que instituciones religiosas rurales organicen eventos de educación y pruebas preventivas. También se instalarían circuitos para caminar y equipos de ejercicio en las congregaciones.
• Alaska, que históricamente ha usado trineos de perros para entregar medicamentos en zonas remotas, quiere probar el uso de “sistemas aéreos no tripulados” para agilizar la entrega de medicinas.
• Tennessee quiere aumentar el acceso a actividades saludables con inversiones en parques, senderos y mercados agrícolas.
• Maryland propone abrir mercados móviles e instalar refrigeradores y congeladores para facilitar el acceso a alimentos frescos y saludables que suelen dañarse en zonas rurales con pocos supermercados.

El senador estatal Stephen Meredith, un republicano que representa una parte del oeste de Kentucky, dijo que espera que los hospitales rurales sigan cerrando, pese al programa estatal.

“Creo que estamos tratando los síntomas sin curar la enfermedad”, señaló después de escuchar una .

Morgan, cuya organización representa a hospitales rurales que probablemente cerrarán, dijo que las ideas del estado pueden sonar bien.

“Uno puede escribir una narrativa que suene maravillosa”, afirmó. “Pero traducir esas metas aspiracionales en un programa funcional, eso es más difícil”.

Los reporteros de 麻豆女优 Health News, Phil Galewitz, Katheryn Houghton, Tony Leys, Jazmin Orozco Rodriguez, Maia Rosenfeld, Bram Sable-Smith y Lauren Sausser contribuyeron con este artículo.

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El programa está diseñado para eliminar servicios considerados innecesarios o de “bajo valor” y representa una expansión federal del proceso llamado autorización previa, una práctica impopular que exige a los pacientes o a los médicos la aprobación del seguro antes de realizar ciertos procedimientos y exámenes médicos, o de escribir recetas.

Afectará a beneficiarios de Medicare, así como a los médicos y hospitales que los atienden, en Arizona, Ohio, Oklahoma, Nueva Jersey, Texas y Washington, a partir del 1 de enero y hasta 2031.

La medida ha generado preocupación entre políticos y expertos en políticas públicas. La versión tradicional de Medicare 鈥攓ue cubre a personas de 65 años en adelante y a algunas personas con discapacidades鈥� ha evitado en general el uso de la autorización previa.

Sin embargo, las aseguradoras privadas la usan ampliamente, en especial en el mercado de Medicare Advantage.

El momento del anuncio también sorprendió: el programa piloto , pocos días después de que la administración Trump presentara una iniciativa voluntaria para que las aseguradoras privadas redujeran el uso de autorizaciones previas, práctica que, según Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, en inglés), provoca “retrasos significativos” en la atención.

“Esto debilita la confianza del público en el sistema de salud”, dijo Oz a los medios. “Es algo que no podemos tolerar en esta administración”.

Pero algunos críticos, como Vinay Rathi, médico e investigador de políticas públicas en la Universidad Estatal de Ohio, acusan al gobierno de Trump de enviar mensajes contradictorios.

Por un lado, dijo Rathi, el gobierno quiere imitar estrategias del sector privado para reducir costos. “Por el otro, los regaña públicamente”.

“Es hipócrita decir una cosa y luego lo contrario”, dijo Suzan DelBene, legisladora demócrata de Washington. “Es muy preocupante”.

Pacientes, médicos y otros legisladores también han criticado lo que consideran tácticas para retrasar o negar atención médica, lo que puede causar daños irreparables o incluso la muerte.

“Las compañías de seguros tienen como mantra recibir el dinero de los pacientes y luego hacer todo lo posible para no entregárselo a quienes brindan la atención”, señaló Greg Murphy, legislador republicano de Carolina del Norte y urólogo. “Eso sucede en todas las juntas directivas de las aseguradoras”.

Las aseguradoras han defendido durante años que la autorización previa reduce el fraude, el gasto innecesario y posibles daños. La indignación pública por la negación de coberturas dominó los titulares en diciembre, cuando el asesinato del CEO de UnitedHealthcare hizo que muchos consideraran al presunto asesino como un héroe popular.

Y el rechazo público es generalizado: casi tres de cada cuatro personas por 麻豆女优 dijeron que la autorización previa era un problema “grave”.

Por su parte, Oz afirmó en su conferencia de prensa de junio que la “violencia en las calles” llevó a la administración Trump a abordar la reforma de las autorizaciones previas en el sector privado.

Aún así, el gobierno está ampliando su uso en Medicare. Un vocero de los CMS, Alexx Pons, dijo que ambas iniciativas “tienen el mismo objetivo: proteger a los pacientes y a los fondos de Medicare”.

Preguntas sin respuesta

El , llamado WISeR 鈥攕iglas de Reducción de Servicios Inadecuados y Despilfarro鈥� evaluará el uso de un algoritmo de IA para tomar decisiones de autorización previa en algunos servicios de Medicare, como sustitutos de piel y tejidos, implantes de estimuladores eléctricos de nervios y artroscopías de rodilla.

El gobierno federal sostiene que estos procedimientos son particularmente vulnerables al “fraude, despilfarro y abuso”, y que la autorización previa podría contener su uso excesivo.

Podrían agregarse más procedimientos a la lista. Sin embargo, los servicios de hospitalización, atención de emergencia o aquellos cuya demora represente un riesgo considerable para el paciente no estarán sujetos al modelo de IA, según el anuncio federal.

Aunque el uso de inteligencia artificial en seguros de salud no es nuevo, Medicare ha tardado en adoptar herramientas del sector privado. Hasta ahora, solo ha utilizado la autorización previa de forma limitada, a través de contratistas que no tienen incentivos para negar servicios. Pero expertos que han estudiado el plan creen que el plan piloto federal podría cambiar esa dinámica.

Pons afirmó a 麻豆女优 Health News que ninguna solicitud de Medicare será rechazada sin antes ser revisada por “un profesional clínico calificado” y que los proveedores “tienen prohibido recibir pagos vinculados a tasas de negación”.

Sin embargo, el anuncio federal señala que los proveedores recibirán “un porcentaje de los ahorros generados por evitar atención innecesaria o inadecuada como resultado de sus revisiones”.

“Los acuerdos de ahorros compartidos implican que los proveedores se beneficien financieramente cuando se brinda menos atención médica”, y crea una estructura que puede incentivar la negación de atención médicamente necesaria, dijo Jennifer Brackeen, directora de asuntos gubernamentales de la Asociación de Hospitales del Estado de Washington.

Pero según médicos y expertos en políticas de salud, ese no es el único problema.

Rathi señaló que el plan “no está completamente desarrollado” y se basa en criterios “ambiguos y subjetivos”. El modelo, explicó, depende en última instancia de que los contratistas evalúen sus propios resultados, lo cual podría comprometer la validez de las conclusiones.

“No estoy seguro de que sepan, siquiera, cómo van a determinar si esto está ayudando o perjudicando a los pacientes”, dijo.

Pons aseguró que el uso de IA en este piloto estará “sujeto a supervisión estricta para garantizar transparencia, rendición de cuentas y cumplimiento con las normas de Medicare y la protección de los pacientes”.

“Los CMS siguen comprometidos con garantizar que las herramientas automatizadas apoyen 鈥攜 no reemplacen鈥� decisiones clínicas sólidas”, dijo.

Los expertos coinciden en que, en teoría, la inteligencia artificial podría agilizar un proceso que se caracteriza por retrasos y negaciones que afectan la salud de los pacientes. Las aseguradoras argumentan que la IA elimina errores y sesgos humanos, y reduce costos al sistema de salud. También insisten en que son personas, no algoritmos, quienes revisan las decisiones finales sobre cobertura.

Pero algunas investigaciones cuestionan que eso ocurra realmente.

“Creo que también hay ambigüedad sobre qué significa exactamente 鈥榬evisión humana significativa’”, señaló Amy Killelea, profesora investigadora en el Centro de Reformas del Seguro de Salud de la Universidad de Georgetown.

Un informe de 2023 reveló que, durante un período de dos meses, médicos de Cigna dedicaron en promedio 1,2 segundos para revisar cada solicitud de pago.

Justine Sessions, vocera de Cigna, dijo a 麻豆女优 Health News que la compañía no utiliza inteligencia artificial para negar atención o reclamos. La investigación de ProPublica, explicó, se refería a “un proceso simple, impulsado por software, que ayudó a acelerar pagos a médicos para pruebas y tratamientos comunes y de bajo costo. No está impulsado por IA” y “no se utilizó para autorizaciones previas”, agregó Sessions.

Sin embargo, demandas legales colectivas presentadas contra grandes aseguradoras alegan que sus modelos de IA fallan al considerar las necesidades individuales de los pacientes y contradicen las recomendaciones médicas, obligando a algunas personas a asumir el costo de su atención.

realizada en febrero por la American Medical Association reveló que el 61% de los médicos cree que la IA está “aumentando las negaciones de autorización previa, agravando daños evitables a los pacientes y generando un despilfarro innecesario ahora y en el futuro”.

Chris Bond, vocero de AHIP, el grupo que representa a las aseguradoras, dijo a 麻豆女优 Health News que la organización está “totalmente enfocada” en cumplir los compromisos asumidos con el gobierno. Entre ellos, reducir el alcance de la autorización previa y garantizar que las comunicaciones con los pacientes sobre negaciones y apelaciones sean fáciles de entender.

“Es un programa piloto”

El programa piloto de Medicare pone en evidencia las preocupaciones sobre la autorización previa, y agrega nuevas inquietudes.

Si bien las aseguradoras privadas han sido poco transparentes sobre cómo utilizan la IA y hasta qué punto aplican la autorización previa, investigadoras en políticas públicas creen que estos algoritmos suelen programarse para negar automáticamente la atención costosa.

“Cuanto más caro es el servicio, más probable es que se niegue”, afirmó Jennifer Oliva, profesora de la Facultad de Derecho Maurer de la Universidad de Indiana-Bloomington, experta en regulación de IA y cobertura médica.

En un , Oliva explicó que cuando un paciente tiene una expectativa de vida limitada, las aseguradoras tienden a apoyarse en el algoritmo. A medida que pasa el tiempo y el paciente o su médico apelan la negación, aumentan las probabilidades de que esa persona fallezca antes de que el seguro cubra el tratamiento. Cuanto más largo es el proceso de apelación, menos probable es que la aseguradora tenga que pagar, dijo.

“Lo primero que hacen es dificultar al máximo el acceso a servicios de alto costo”, aseguró.

Dado el crecimiento previsto del uso de IA en seguros de salud, los algoritmos de las aseguradoras representan “un punto ciego en la regulación” que exige mayor supervisión, dijo Carmel Shachar, directora del Centro de Innovación en Derecho y Políticas de Salud de la Facultad de Derecho de Harvard.

Según Shachar, el programa WISeR es “un paso interesante” para asegurarse de que los fondos de Medicare se utilicen en atención de calidad; pero la falta de detalles hace difícil saber si realmente funcionará.

Los políticos también se hacen esas preguntas.

“驴Cómo se va a probar este sistema? 驴Cómo van a asegurarse de que funciona y no está negando atención o generando más rechazos?”, preguntó DelBene, quien junto a otros demócratas exigiendo respuestas sobre el programa de IA.

Pero no solo los demócratas están preocupados.

Murphy, copresidente del Caucus de Médicos Republicanos de la Cámara de Representantes, reconoció que muchos médicos temen que el programa piloto WISeR interfiera con la práctica médica si el algoritmo niega tratamientos recomendados por profesionales.

Mientras tanto, miembros de ambos partidos en la Cámara de Representantes apoyaron recientemente una propuesta de , demócrata de Florida, para bloquear el financiamiento del piloto en el presupuesto del Departamento de Salud y Servicios Humanos para el año fiscal 2026.

La IA llegó para quedarse en el sistema de salud, dijo Murphy, pero aún está por verse si el piloto WISeR ahorrará dinero a Medicare o empeorará los problemas ya existentes por la autorización previa.

“Es un programa piloto, y estoy dispuesto a ver qué ocurre con esto”, agregó Murphy, “pero siempre, siempre me inclinaré por confiar en que los médicos saben lo que es mejor para sus pacientes”.

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La Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos (GAO) informó a 麻豆女优 Health News que su análisis del programa Georgia Pathways to Coverage podría publicarse este otoño.

En sus primeros 100 días, la administración Trump ha dicho que su prioridad era eliminar el despilfarro en los programas federales, lo que ha permitido al multimillonario Elon Musk y al recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) un amplio margen de maniobra para modificar radicalmente las operaciones de las agencias federales.

La idea de un mandato nacional que requiera que los beneficiarios de Medicaid trabajen, estudien o realicen otras actividades que cumplan los requisitos para mantener la cobertura está ganando terreno a medida que los republicanos del Congreso evalúan propuestas para recortar $880 mil millones del déficit federal a lo largo de 10 años.

Estos ahorros buscan compensar los costos de las prioridades del presidente Donald Trump, incluyendo la seguridad fronteriza y los recortes de impuestos que .

La mayoría del público, independientemente de su orientación política, se opone a los recortes de fondos a Medicaid, según publicada el 1 de mayo por 麻豆女优, una organización sin fines de lucro dedicada a la información sobre salud que incluye a 麻豆女优 Health News.

La investigación de la GAO llega en un momento crítico, afirmó Leo Cuello, profesor de investigación del Centro para Niños y Familias de la Universidad de Georgetown.

“El Congreso parece estar implementando recortes a Medicaid de forma frenética y apresurada”, afirmó. El informe de la GAO podría explicar al Congreso la magnitud de los problemas con los requisitos de trabajo “antes de que se apresuren y lo hagan sin pensar”.

Las experiencias de Georgia y Arkansas, los dos únicos estados que han implementado programas similares, demuestran que los requisitos de trabajo reducen la inscripción en Medicaid y agregan costosas capas de burocracia.

Ahora, más estados intentan obtener la aprobación de la administración Trump para aprobar los requisitos de trabajo para Medicaid, el programa estatal-federal que ofrece cobertura médica a millones de estadounidenses con bajos ingresos y discapacidades.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), que aprueban programas piloto de Medicaid, como los de requisitos de trabajo, no respondieron a una solicitud de comentarios.

La GAO que la gestión de los programas de requisitos laborales puede resultar costosa para los estados 鈥攃ientos de millones de dólares, en algunos casos鈥� y que los funcionarios federales no consideraron esos costos al aprobarlos, lo que no puede aumentar el gasto de Medicaid.

Aun así, la administración Trump ha apoyado los requisitos laborales. Estos programas exigen que los empleados estatales verifiquen manualmente si los beneficiarios cumplen con los requisitos de elegibilidad, y supervisen su cumplimiento continuo.

En 2023, más del 90% de los adultos estadounidenses elegibles para la expansión de Medicaid ya trabajaban o podrían estar exentos de los requisitos, .

Durante su audiencia de confirmación para dirigir los CMS, Mehmet Oz afirmó estar a favor de los requisitos laborales, pero no creía que debieran utilizarse como “un obstáculo, un intento engañoso de impedir que las personas accedan a Medicaid”.

La primera administración Trump . Casi todos los programas fueron bloqueados por la administración Biden o por tribunales federales.

Georgia es que no ha expandido completamente Medicaid a casi todos los adultos de bajos ingresos.

El estado lanzó Pathways to Coverage el 1 de julio de 2023. Ha sido una prioridad política del gobernador republicano Brian Kemp, cuya oficina se vio envuelta en una larga batalla legal con la administración Biden cuando intentó bloquear el programa.

El programa costó más de $57 millones estatales y federales hasta finales de 2024, gran parte de los cuales se destinaron a administrarlo. Al 25 de abril, 7.410 personas estaban inscritas, un pequeño porcentaje de las que estarían cubiertas por una expansión total de Medicaid. Pathways también ha ralentizado los tiempos de procesamiento para otros programas de beneficios en el estado.

Al ser consultado sobre los costos y beneficios de Pathways, Garrison Douglas, vocero de Kemp, señaló el reciente mercado estatal de Obamacare en Georgia. El mercado de seguros registró una inscripción récord debido, en parte, a la mejora de los subsidios aprobada por la administración Biden.

“Estamos cubriendo a más georgianos de lo que habría cubierto la expansión tradicional de Medicaid, y por menos dinero”, dijo Douglas, refiriéndose a la parte estatal, no federal, del gasto.

Los subsidios mejorados que impulsaron la inscripción expirarán este año. La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que extenderlos costaría al gobierno federal alrededor de .

En marzo, Arkansas solicitó a la administración Trump que relanzara su programa de requisitos de trabajo de Medicaid. El período federal de sobre el programa finaliza el 10 de mayo. Una versión anterior fue suspendida por una orden judicial en 2019, pero no antes de que más de 18.000 personas perdieran su cobertura en menos de un año.

Georgia planea solicitar a la Casa Blanca que renueve su programa con cambios modestos, incluyendo la reducción de la frecuencia con la que los inscritos deben demostrar al estado que están trabajando o participando en otras actividades calificadas.

La investigación de la GAO sobre el programa de requisitos de trabajo de Georgia se produce después de que tres senadores demócratas nacionales 鈥擩on Ossoff y Raphael Warnock, de Georgia, y Ron Wyden, de Oregon鈥� solicitaran a la GAO en diciembre una investigación sobre los costos del programa. Su solicitud citaba un informe de 麻豆女优 Health News.

“Impulsé este informe de la GAO porque confío en que sus hallazgos respaldarán aún más lo que ya sabemos: Pathways to Coverage cuesta más dinero a los contribuyentes y cubre a menos personas que si el estado simplemente se uniera a otros 40 estados para cerrar la brecha en la cobertura médica”, declaró Warnock en un comunicado.

La GAO afirmó que su objetivo es determinar cuánto ha gastado Georgia en la gestión del programa, cuánto de ese dinero fue federal y cómo se está monitoreando ese gasto.

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La reelección de Donald Trump para un segundo mandato ha generado incertidumbre sobre el futuro de la ley de salud. Además, el gobierno implementó normas complejas para reducir las inscripciones fraudulentas y está combatiendo una demanda que busca evitar que un grupo de inmigrantes sin residencia legal adquieran cobertura en los mercados de seguros de salud.

Hasta ahora, el número de nuevos inscritos y reinscritos que utilizan cuidadodesalud.gov, el sitio del mercado federal que , está por debajo del año pasado. A principios de diciembre, las nuevas inscripciones apenas , en comparación con en el mismo período de 2023.

Para dar más tiempo a los consumidores de los estados del mercado federal para inscribirse, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) extendieron hasta el 18 de diciembre el plazo para adquirir cobertura que comienza el 1 de enero. (El plazo del 15 de enero es para la que comenzaría el 1 de febrero).

También está en juego una regla emitida por la administración Biden que permite, por primera vez, que los Dreamers, las personas traídas al país de niños sin papeles, puedan inscribirse en los mercados y obtener subsidios.

El 9 de diciembre, un juez federal de Dakota del Norte falló que buscaban bloquear esta directiva de la administración Biden.

El 16, el equipo de Biden obtuvo , pero el destino de esta opción todavía está por verse.

De prevalecer, la decisión en este caso, Kansas vs Estados Unidos, efectivamente prohíbiría a quienes han calificado para el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) inscribirse o recibir subsidios para los planes de ACA en los 19 estados. Según los abogados que siguen el caso, no parece afectar la inscripción o la cobertura en otros estados.

Se espera una decisión final sobre la suspensión temporal en cualquier momento. Si se concede, podría permitir que los Dreamers sigan inscribiéndose mientras se escucha la a la decisión del tribunal de distrito, lo cual es poco probable que ocurra antes de que Trump asuma el cargo.

En sus documentos judiciales, la administración Biden argumenta que no conceder una suspensión sería muy disruptivo en medio del período de inscripción abierta, lo que causaría que el gobierno federal incurra en costos para reajustar su mercado para reflejar el cambio y notificar a aquellos que ya se han inscrito que sus planes han sido cancelados.

El fue presentado en agosto en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Dakota del Norte y está siendo escuchado por el juez de distrito Daniel Traynor, nominado en 2019 por el entonces presidente Trump.

Previamente, el gobierno federal estimó que alrededor de sin seguro de un total de medio millón de beneficiarios de DACA podrían inscribirse para tener cobertura de 2025. En su nuevo escrito, el gobierno dice que 2,700 se han inscrito en los estados que presentaron la demanda y que usan el mercado federal.

La regla de la administración Biden, finalizada en mayo, aclaró que quienes califican para DACA serían considerados “legalmente presentes” para los propósitos de inscribirse en planes bajo ACA, los cuales están abiertos a ciudadanos y aquellos denominados inmigrantes “legalmente presentes”.

Los abogados federales argumentan que Dakota del Norte no ha demostrado que sería perjudicado por la regla, por lo que no tiene legitimidad para presentar el caso. El estado argumentó que incurre en costos para aproximadamente 130 beneficiarios de DACA que viven allí, y que no tendría esos gastos si se les prohibiera inscribirse en ACA y, por lo tanto, decidieran abandonar el país.

Por su parte, el gobierno federal argumentó que un éxodo es poco probable. El escrito legal también cuestionó el cálculo de Dakota del Norte de que incurre en costos de $585 para emitir licencias de conducir a los beneficiarios de DACA y alrededor de $14,000 anuales para educar al menos a un miembro o dependiente de DACA.

Todos los estados que impugnan esta regla argumentan que causará cargas administrativas y económicas a medida que más individuos se inscriban, y que alentará a más personas a permanecer en Estados Unidos sin documentos.

Los estados demandantes son: Alabama, Arkansas, Florida, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, Dakota del Norte, Ohio, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas y Virginia.

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