Cientos de detenidos en al menos 33 estados alegan en demandas federales que los centros de detención de inmigrantes no brindan atención médica adecuada, según una investigación de Â鶹ŮÓÅ Health News y The Associated Press.

Los detenidos exponen que no reciben sus medicamentos a tiempo —o no se los dan en absoluto— para tratar afecciones como hipertensión, diabetes, depresión, epilepsia, Parkinson y VIH. Sus solicitudes de ayuda quedaron sin respuesta durante semanas. Los niveles de azúcar en sangre aumentaron. Las infecciones empeoraron. Los cánceres permanecieron sin tratamiento. Los detenidos se desplomaron y sufrieron convulsiones.

Las cárceles y centros de detención migratoria de Estados Unidos han tenido durante mucho tiempo de las personas bajo su custodia. Pero el sistema está tambaleándose por el aumento de las detenciones desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca. Más de 75.000 inmigrantes permanecían detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) , frente a unos 40.000 del año anterior.

Â鶹ŮÓÅ Health News y AP analizaron miles de demandas presentadas desde la segunda investidura de Trump que utilizan una vía jurídica conocida como habeas corpus para argumentar que el ICE mantiene a personas detenidas de manera ilegal.

Estos registros ofrecen una visión excepcional de cómo los detenidos describen —a menudo bajo pena de perjurio— la forma en que el ICE maneja sus necesidades médicas. Además, los reporteros entrevistaron a más de 50 personas, entre detenidos, familiares y abogados.

La investigación reveló que se denuncian casos de negligencia médica en todo el extenso sistema de detención, incluidas oficinas que no fueron construidas para alojar personas, cárceles locales y sitios improvisados conocidos con apodos como “Alligator Alcatraz” (“Alcatraz de los Caimanes”).

La detención por parte del ICE es más letal que en las últimas dos décadas, escribieron investigadores en la revista científica (JAMA) en abril. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que 51 personas habían muerto bajo custodia desde el inicio del segundo gobierno de Trump, con un aumento de suicidios .

Â鶹ŮÓÅ Health News y AP pidieron al DHS que respondiera a estos hallazgos seis días antes de la publicación, pero no ofreció comentarios. Sean Conley, director médico interino del DHS, que “es política y práctica de larga data que los extranjeros reciban atención médica oportuna y adecuada desde el momento en que ingresan bajo custodia del ICE” y que la agencia contrata profesionales de salud para mantener altos estándares. “Esta es una atención médica mejor y más eficaz que la que muchos extranjeros han recibido en toda su vida”, afirmó.

Las instalaciones individuales y las empresas penitenciarias privadas contratadas por el DHS que respondieron a las solicitudes de comentarios dijeron que siguen los estándares del ICE y que los detenidos reciben atención médica cuando se requiere. Algunas afirmaron no estar familiarizadas con las acusaciones descritas en los documentos judiciales; otras responsabilizaron a algunos detenidos por interrupciones en su atención médica.

“Nunca he visto un desprecio o negligencia médica como ésta en ninguna parte”, escribió Vardan Gukasian, disidente político y ex paramédico que pasó años preso en Armenia, en presentada en marzo para impugnar su detención en Nevada, que se extendió durante 13 meses pese a sus problemas de salud.

Madeleine Skains, vocera de la ciudad de Henderson, dijo que la atención médica siempre está disponible en esa instalación y que el tribunal no había ordenado cambios en la atención de Gukasian.

En junio pasado, cuando Gukasian experimentaba síntomas de una hipertensión no controlada —mareos, hemorragia nasal y dolor de cabeza—, su compañero de celda golpeó la puerta para pedir ayuda.

“Cuando la ayuda no llegó, el resto del pabellón comenzó a golpear sus puertas”, escribió. Gukasian fue hospitalizado ese mismo día.

“Indiferencia descarada ante problemas muy evidentes”

En su campaña de deportación masiva, el gobierno ha detenido a durante controles migratorios rutinarios, en controles de tráfico, en sus hogares y en hospitales.

Alrededor del no tiene una condena criminal. Sus procesos migratorios son civiles, no penales.

“No podía entender por qué me trataban con tanta dureza”, dijo un padre de seis hijos en Georgia.

Dijo que resultó herido mientras estaba esposado bajo custodia cuando el vehículo que lo transportaba a una instalación en Atlanta se sacudió bruscamente, lanzándolo de su asiento contra un apoyabrazos metálico. La herida se infectó con E. coli porque tuvo que dormir en un piso de concreto sucio cerca de inodoros con pérdidas, aseguró.

Al igual que otros entrevistados, habló bajo condición de anonimato. Dicen que temen por su seguridad, por la de sus familias o porque creen que hablar podría perjudicar sus casos migratorios. AP y Â鶹ŮÓÅ Health News no identifican a las personas mencionadas en documentos judiciales sin su consentimiento.

Según , el personal del Centro de Detención Stewart, ubicado en la zona rural de Lumpkin, Georgia, no respondió adecuadamente a sus reiterados pedidos de atención médica hasta que perdió el conocimiento y fue trasladado a un hospital a aproximadamente una hora de distancia. Allí, contó que un médico le dijo que estuvo cerca de perder la pierna izquierda por amputación. Brian Todd, vocero de CoreCivic, la empresa que administra la instalación, afirmó que el personal médico no encontró registros de un caso que coincidiera con esa descripción.

El hombre, de 48 años, llegó a Estados Unidos desde Guatemala hace más de dos décadas. Fue liberado en octubre y ahora cuenta con residencia permanente legal. Sin embargo, teme no poder regresar a su trabajo en la construcción porque, según expuso, la lesión le impide levantar objetos pesados.

Algunos detenidos y sus abogados denunciaron que incluso se les negó atención médica básica: gasas para proteger una herida abierta en un pie, atención prenatal durante un embarazo de alto riesgo, una almohada para aliviar el dolor de dormir con cáncer avanzado de estómago o compresas sanitarias para el sangrado posparto.

“Quisiera creer que el gobierno vela por el bienestar de las personas que mantiene detenidas, sin importar cuánto tiempo permanezcan bajo su custodia”, dijo durante una audiencia en octubre la jueza federal Benita Pearson, de Ohio, en un caso relacionado con una mujer de 70 años que afirmó que el gobierno perdió sus anteojos durante su arresto. “Si una persona no puede ver porque perdió sus anteojos mientras está detenida, eso es algo que debería solucionarse”.

, quien trabajó para el ICE y ahora es asesora especial de la Asociación Americana de Abogados, dijo que la jurisprudencia exige que el gobierno brinde a las personas detenidas por motivos migratorios la misma atención que ofrece a quienes están en cárceles tradicionales esperando juicio. Sin embargo, los administradores tienen margen para tomar sus propias decisiones y los estándares de atención médica varían.

Con frecuencia, los detenidos son trasladados por todo el país, en muchos casos sin previo aviso, lo que interrumpe tratamientos médicos en curso. Una mujer de El Salvador dijo que pasó una semana sin recibir sus medicamentos para el VIH después de ser transferida desde Colorado a una cárcel local en Wyoming.

Un hombre ruso escribió que, mientras estaba detenido en Texas, consultó a un gastroenterólogo por dolorosos cálculos biliares y programó una cita con un cirujano. “Desafortunadamente, nunca pude verlo porque me trasladaron por varios centros de detención”.

Defensores de inmigrantes afirman que incluso se ignoran discapacidades evidentes, como la ceguera legal.

Un detenido que perdió un ojo y padecía glaucoma severo en el otro necesitaba gotas dos veces al día para conservar la visión que le quedaba. Sin embargo, dijo que algunos días las gotas nunca llegaban.

“Ahora solo puedo ver un poco hacia adelante. Con frecuencia parece que estuviera viendo a través de una gasa”, escribió en una declaración judicial. “Esto me da mucho miedo porque temo que algún día abra los ojos y no pueda ver absolutamente nada”.

Escribió que temía no poder ver crecer a su hijo pequeño.

“Es una especie de indiferencia descarada ante problemas muy evidentes, cosas que hace una década habrían parecido absurdas, como el hecho de que no puedas ver”, dijo Brian Hoffman, abogado del detenido. “Antes se podía intentar trabajar con funcionarios del gobierno y quizá avergonzarlos para que hicieran lo correcto. Ahora parece que cualquier cosa que quieras lograr requiere ir a los tribunales y demandar”.

Y ni siquiera las órdenes judiciales siempre son suficientes. Un juez de California ordenó al gobierno llevar a un hombre con signos de cáncer de próstata a un especialista para diagnóstico y tratamiento. Los registros muestran que no lo llevaron.

Los abogados que representaban al ICE dijeron al juez que la cita se perdió debido a un “error interno de programación”. CoreCivic, que administra la instalación, dijo que no podía comentar sobre litigios en curso.

Un aumento de casos

Cuando los inmigrantes presentan peticiones de habeas corpus, ejercen un derecho para impugnar una detención ilegal que se remonta a la .

Durante el segundo mandato de Trump se han presentado más de 40.000 peticiones de este tipo, impulsadas por decisiones tomadas el año pasado para negar fianza a muchas personas detenidas por cargos migratorios. Los jueces están divididos sobre la legalidad de esa medida y la cuestión parece encaminarse hacia la Corte Suprema.

Muchos de estos habeas corpus han tenido éxito, pero los jueces suelen citar razones no relacionadas con la negligencia médica descrita en ellos, como personas detenidas por períodos excesivamente largos de detención antes de ser deportadas.

Las más de 300 denuncias de negligencia médica identificadas en esta investigación representan solo una parte del problema.

Los detalles de los casos de habeas corpus suelen permanecer ocultos debido a una norma federal que impide al público ver estos documentos en línea. Â鶹ŮÓÅ Health News y AP obtuvieron algunos documentos en tribunales y recibieron registros de 4.400 casos de , un proyecto de la organización sin fines de lucro Immigration Justice Transparency Initiative. Sin embargo, decenas de miles de casos siguen siendo en gran medida inaccesibles.

Algunos jueces han escrito que el proceso de habeas corpus no es la vía adecuada para presentar alegatos de negligencia médica, y se han negado a liberar a detenidos por tales alegatos. No todos los detenidos que creen haber sufrido negligencia médica presentan una petición de habeas corpus ni citan sus problemas médicos si lo hacen.

La petición de José-Antonio Segismundo no mencionaba que no pudo consultar a un oncólogo por el cáncer que tenía en el abdomen mientras estuvo detenido durante más de siete meses en la instalación de Florida conocida como Alligator Alcatraz y en el Centro de Procesamiento del ICE Folkston D Ray, en Georgia. Los registros médicos incluidos en documentos judiciales muestran que fue arrestado aproximadamente cinco semanas antes de una cita programada con un oncólogo.

Su esposa, María José González, dijo que no recibió tratamiento alguno aunque ella envió sus registros médicos y explicó su condición a funcionarios de Folkston. Dijo que cuando su esposo sufría intensos dolores de estómago le daban Tylenol.

Christopher Ferreira, vocero de GEO Group, que administra Folkston, dijo que la empresa sigue los estándares del ICE y proporciona atención médica y acceso a especialistas externos cuando es necesario.

Esta primavera, Segismundo, de 48 años, fue deportado a México, país que había dejado casi 30 años atrás, dijo González. Ahora tendrá que comenzar de nuevo la búsqueda de atención médica en la aldea de Oaxaca donde creció.

González siente que está viendo cómo se desmorona la vida que construyeron juntos. Vive en Wimauma, Florida, con sus hijos, todos ciudadanos estadounidenses; el menor tiene 6 años.

Ver deteriorarse a los seres queridos

Los detenidos que reciben atención médica inadecuada tienen pocas opciones para buscar ayuda. El año pasado, el Departamento de Seguridad Nacional redujo drásticamente la Oficina del Defensor del Pueblo para la Detención de Inmigrantes. A principios de mayo la cerró por completo, argumentando falta de financiamiento del Congreso.

Antes, el personal de la defensoría podía ayudar a facilitar atención médica o investigar denuncias de negligencia, según Matt Boles, abogado de inmigración en Georgia. Ahora, ya no hay a quién llamar, dijo.

Mientras tanto, las familias de los detenidos afirman sentirse impotentes. Hacen llamadas desesperadas a las instalaciones, al gobierno y a sus representantes mientras observan el deterioro de sus seres queridos.

Riya Khan vio cómo su madre se deterioraba en el Centro de Detención California City, propiedad de CoreCivic. Cuando la visitó una semana después de su llegada a la instalación ubicada en el desierto de Mojave, dijo que la mujer de 64 años llegó tambaleándose a su asiento. Temblaba y respiraba con dificultad.

Masuma Khan llegó al país desde Bangladesh en 1997. Según los registros, no tiene antecedentes penales y fue detenida en octubre cuando fue a su control rutinario con el ICE.

Según su hija, durante el mes que estuvo detenida recibió solo de manera intermitente medicamentos para problemas como presión arterial alta, hipotiroidismo y prediabetes. Todd afirmó que CoreCivic trata las afecciones crónicas de acuerdo con los estándares médicos aplicables.

“Nada es más importante para CoreCivic que la salud, la seguridad y el bienestar de las personas bajo nuestro cuidado”, dijo Todd.

Khan afirmó que recibió su medicamento para el asma por primera vez dos días antes de ser liberada y que nunca le dieron las gotas para el glaucoma. Según su hija, el personal le dijo que debía comprar algunos medicamentos en la tienda de la instalación, pero allí no estaban disponibles.

Antes de ser detenida por el ICE, Masuma Khan se hacía amiga de todos, contó su hija. Había trabajado durante años en Lucky Boy, un popular restaurante de comida rápida de Pasadena, y en su tiempo libre alimentaba aves y dejaba fruta para las abejas que visitaban el balcón de su apartamento.

Ahora tiene demasiado miedo para salir de casa. Aún debe presentarse regularmente ante el ICE, un momento que vive con terror.

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Un derrame cerebral durante una videollamada

Antes, las personas detenidas con necesidades médicas graves probablemente habrían sido liberadas por razones humanitarias, en parte para evitar el costo de su atención, dijo Andrew Pelcher, abogado de Vermont.

En el año fiscal 2023 —antes de que la población detenida se disparara— el ICE gastó más de $390 millones en atención médica para personas no ciudadanas detenidas, según su más reciente al Congreso. En mayo, Todd Lyons, entonces director interino del ICE, dijo en una conferencia que la agencia ya había gastado “casi $500 millones” en atención médica para detenidos ese año.

Ahora, bajo el sistema de “detención obligatoria”, las personas permanecen encarceladas incluso con enfermedades graves y costosas.

Un ciudadano rumano fue sometido a varias cirugías cardíacas, incluida una operación de bypass triple de emergencia en abril de 2025, antes de ser arrestado en julio. Como parte de su recuperación, debía tomar 16 medicamentos al día. Según documentos judiciales, mientras estuvo en una oficina del ICE en Baltimore, pasó dos días sin recibir ninguno antes de ser trasladado a una instalación en Nueva Jersey.

Fue hospitalizado tres veces luego de quejarse de dolores en el pecho mientras estuvo detenido. Los registros médicos y los documentos judiciales indican que, pese a “innumerables solicitudes”, el centro de detención no le proporcionó todos sus medicamentos. Los documentos del alta hospitalaria citados por su abogado muestran que, luego de la segunda internación, solo recibió ocho de los 16 medicamentos.

“¿Por favor pueden hablar con la instalación del ICE para asegurarse de que le den sus medicamentos?”, escribieron sus proveedores médicos en registros incluidos en los documentos judiciales. “Fue hospitalizado la semana pasada por dolor de pecho y hoy volvió a ser admitido por dolor de pecho secundario al incumplimiento del tratamiento medicamentoso”.

Varias semanas después, en agosto, sufrió un derrame cerebral durante una videollamada con su hija, según los documentos judiciales.

“Tenía dificultades para respirar y señalaba su pecho, donde nuevamente sentía dolor, y de repente dejó de hablar”. Según la petición judicial, su hija gritó pidiendo ayuda a través del monitor de video. “Finalmente, un agente entró para ayudarlo y cortó la transmisión”.

El hombre perdió la capacidad de hablar durante cuatro días, según el documento. Fue devuelto al centro de detención, donde permaneció hasta que un juez federal ordenó su liberación en noviembre.

Familias de detenidos enfrentan decisiones imposibles

Cassandra Amador espera cada mañana que suene el teléfono, desesperada por hacerle a su esposo la pregunta que la ha despertado cada noche durante meses: “¿Te dieron tu medicina?”.

Su esposo, Pedro Javier Amador Gutiérrez, de 36 años, tiene hipertensión y depende de que la instalación administrada por el estado en Florida, conocida como “Deportation Depot”, le suministre los medicamentos que le han permitido mantenerse con vida durante años. Muchas mañanas, le dice a su esposa que no se los dieron.

Cuando habla con él, asegura que cada día se lo escucha más débil y más asustado, muy distinto al hombre alegre que llevaba a sus hijos a comer helado.

“Se puede escuchar en su voz cómo se siente”, dijo la mujer.

Contó que su esposo está considerando regresar a Cuba, país del que huyó por persecución política, por temor a morir detenido sin sus medicamentos. Amador y sus hijos irían con él, dijo, aunque ella nació en Nueva Jersey, nunca ha estado en Cuba y apenas habla español.

Pero él ya se ha desmayado dos veces en la Institución Correccional Baker, en Sanderson, Florida, dijo su esposa. Y le aterroriza que la próxima vez no despierte.

Metodología

Â鶹ŮÓÅ Health News y The Associated Press revisaron miles de solicitudes de habeas corpus relacionadas con inmigración para identificar denuncias de negligencia médica presentadas por personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) durante la segunda administración Trump.

Ante la ausencia de una base de datos pública y completa sobre quejas médicas de personas bajo custodia del ICE, utilizamos solicitudes de habeas corpus relacionadas con inmigración para identificar las denuncias sobre atención médica presentadas por personas detenidas en tribunales federales. Aunque el propósito principal del habeas corpus es cuestionar la legalidad de la detención de una persona —y no las condiciones de su confinamiento—, estos documentos a veces incluyen denuncias de atención médica inadecuada.

Sin embargo, las solicitudes de habeas corpus no siempre están disponibles para el público. Las normas federales restringen el acceso del público a las peticiones de habeas corpus presentadas por personas en detención migratoria. En la mayoría de estos casos, los sitios web de los tribunales publican únicamente órdenes judiciales y registros del caso que describen otros documentos presentados. Las peticiones iniciales solo pueden consultarse mediante visitas presenciales a tribunales federales en todo el país. Habeas Dockets, un proyecto de la organización sin fines de lucro Immigration Justice Transparency Initiative, coordina una red nacional de voluntarios para recopilar estas peticiones y ponerlas a disposición en internet.

Â鶹ŮÓÅ Health News y AP analizaron los registros de aproximadamente 33.000 casos presentados por personas detenidas entre el 20 de enero de 2025 y marzo de 2026. La gran mayoría de los casos contenía únicamente información procesal básica, como fechas de presentación de documentos y decisiones judiciales. Solo alrededor de 4.400 incluían las peticiones originales.

También obtuvimos varias decenas de expedientes de tribunales, de abogados y del sitio web del Tribunal Federal de Distrito de Massachusetts, que publica la mayoría de las peticiones bajo una orden permanente especial.

Realizamos búsquedas por palabras clave y búsquedas semánticas en registros judiciales, incluidas peticiones, mociones y órdenes, utilizando términos y expresiones potencialmente relacionados con negligencia médica, como cirugía, medicamentos, atención médica inadecuada y tratamiento de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión.

Encontramos alrededor de 500 casos que posiblemente denunciaban negligencia médica. Al menos dos reporteros revisaron manualmente cada caso, lo que permitió identificar más de 300 que contenían denuncias específicas, presentadas bajo juramento, de atención médica retrasada, denegada o deficiente.

Para mantener un criterio conservador, excluimos decenas de casos que denunciaban atención médica inadecuada pero carecían de detalles específicos; por ejemplo, cuando una persona escribía: “He estado enfermo y no recibo el tratamiento adecuado”, o cuando un juez señalaba que una persona detenida “se queja de que el ICE está ignorando sus problemas médicos”. También excluimos casos en los que las personas afirmaban únicamente que se les habían negado dietas especiales, ejercicio u otras adaptaciones que consideraban fundamentales para controlar sus problemas de salud, como una persona que escribió: “Padezco Parkinson y no puedo hacer ejercicio adecuadamente”, o que alegaba que los alimentos proporcionados no eran adecuados para una persona con diabetes.

Los casos analizados no fueron seleccionados de manera aleatoria ni son representativos de las solicitudes de habeas corpus relacionadas con inmigración a nivel nacional. Las denuncias no fueron verificadas de manera independiente. Muchos documentos no están disponibles públicamente y no todas las personas detenidas plantean preocupaciones médicas ante los tribunales, por lo que este recuento representa una visión limitada del panorama de denuncias y no una descripción completa.

Los periodistas de The Associated Press, Garance Burke, Valerie Gonzalez y Tim Sullivan, y la corresponsal de Â鶹ŮÓÅ Health News, Kate Wells, colaboraron en este artículo.

Esta historia es una colaboración entre The Associated Press y Â鶹ŮÓÅ Health News.

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7B Care Clinic ha operado en Sandpoint desde 2001, antes se llamó Life Choices Pregnancy Center y Sandpoint Crisis Pregnancy Center. a una red nacional de centros cristianos evangélicos llamada Care Net.

7B, uno de los aproximadamente 1.200 centros para embarazadas afiliados a Care Net, ofrece pruebas de embarazo, ultrasonidos limitados, clases de crianza y herramientas para la vida cotidiana, grupos de apoyo comunitario y otros recursos gratuitos, como ropa para niños. Donaciones de individuos, empresas y más de 40 iglesias sostienen las operaciones de 7B, dijo Janine Shepard, su directora ejecutiva.

Estos centros son conocidos como “centros de crisis de embarazo” o “centros de apoyo para embarazadas”. Ofrecen recursos y servicios médicos limitados a mujeres embarazadas y buscan disuadirlas de abortar. Diversos grupos de atención médica, incluido el (ACOG, por sus siglas en inglés), afirman que muchos de estos centros utilizan prácticas poco éticas y engañosas para atraer mujeres a sus organizaciones.

En los últimos tres años el flujo de personas en 7B ha aumentado, cuando el hospital local cerró su unidad de parto, y sus ginecólogos y obstetras abandonaron el estado. El cierre dejó un vacío en los servicios de salud reproductiva en esta ciudad de más de 10.000 habitantes a orillas del lago Pend Oreille y en las zonas rurales cercanas.

“Estamos atendiendo a muchas más personas”, dijo Shepard.

Para diciembre de 2024, más de dos años después de que la Corte Suprema de Estados Unidos eliminara el derecho nacional al aborto con el fallo Dobbs, Idaho había perdido . 7B se está expandiendo con el objetivo de devolver la atención obstétrica a Sandpoint.

La organización planea ampliar su edificio actual una vez que termine de pagarlo, contó Shepard, y está en conversaciones con un hospital ubicado a unas 30 millas en el estado de Washington para traer a un ginecólogo una vez por semana y ofrecer atención prenatal.

Si actualmente hubiera atención obstétrica en Sandpoint, dijo Shepard, “ni siquiera estaríamos considerando” ampliar los servicios. “Pero hay una necesidad muy grande. Y nuestra comunidad sufre por eso”.

Mientras las comunidades rurales enfrentan el y , los centros de embarazo en crisis están ganando influencia. Algunos estados han aprobado leyes que otorgan a estas organizaciones mayores protecciones frente a supervisión y regulación, y en los últimos años las clínicas han recibido un gran y .

En una ciudad con acceso limitado a servicios de maternidad, 7B ha estado ofreciendo recursos importantes a mujeres de bajos ingresos que enfrentan dificultades. Pero los críticos dicen que esta organización religiosa sin fines de lucro, que no tiene licencia médica ni está obligada a cumplir estándares regulatorios para instituciones de salud, tiene una agenda ideológica que la convierte en un lugar inapropiado para que mujeres embarazadas busquen atención médica.

Jen Jackson Quintano, residente de Sandpoint y fundadora de Pro-Voice Project, una organización sin fines de lucro que defiende el derecho al aborto en Idaho, dijo que los centros de crisis de embarazo engañan a las pacientes porque las atraen ofreciéndoles  servicios gratuitos relacionados con su estado y luego les transmiten su mensaje antiaborto.

“Todos necesitamos tener claro qué tipo de servicios son realmente: lugares enfocados primero en el ministerio religioso y no en una atención médica integral”, dijo Jen Jackson Quintano.

Shepard aseguró que existen conceptos erróneos sobre la organización e invita a las personas a recorrer 7B para conocer su trabajo. Sostuvo que su personal habla con las mujeres embarazadas sobre el aborto, la adopción y la crianza como opciones, y espera que se sientan lo suficientemente apoyadas como para tomar una decisión “a favor de la vida”.

7B refleja una tendencia de los centros de embarazo en crisis que buscan expandir sus operaciones a zonas donde escasea la atención materna y regiones donde hay deficiencias en la atención médica para mujeres, explicó Andrea Swartzendruber, profesora asociada de epidemiología y bioestadística en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Georgia. Swartzendruber ha estudiado y de estos centros en el país desde 2018.

“Los centros de crisis de embarazo han aprovechado durante años la falta de acceso a la atención médica”, agregó. “Pero estos centros no tienen ni la infraestructura ni la capacidad ni la capacitación necesarias para cubrir esas deficiencias”.

Según la investigación de Swartzendruber, en 2024 operaban en el país más de 2.600 de estos centros, más que triplicando el número de .

Se ha descubierto que muchos de estos centros recurren a con sus clientes, incluyendo publicar en sus sitios web información confusa para aparentar ser clínicas médicas legítimas, con el objetivo de atraer a mujeres que buscan abortar.

Estas organizaciones también están recibiendo apoyo de la administración Trump. El 10 de mayo —Día de la Madre— el Departamento de Salud y Servicios Humanos lanzó con recursos e información para nuevas madres y embarazadas. Incluye un mapa para encontrar centros para embarazadas y menciona los servicios que brindan, como pruebas de embarazo, ultrasonidos y referencias médicas.

“El lugar perfecto”

Sandpoint es una pequeña ciudad montañosa en una zona profundamente conservadora y cristiana de un estado que tiene una estricta ley antiaborto implementada después de que la Corte Suprema anulara Roe vs. Wade.

Amelia Huntsberger, una de las gineco-obstetras que dejaron Sandpoint hace tres años, dijo que la ciudad es “el lugar perfecto para esto”, en referencia a la expansión de 7B Care Clinic.

En áreas con pocos recursos, los beneficios que pueden ofrecer los centros de crisis de embarazo son bien recibidos.

Lori Sabin, partera con licencia en Bonners Ferry, unas 30 millas al norte de Sandpoint, dijo que 7B es un recurso útil para la comunidad, especialmente para personas que tienen dificultades para acceder a atención médica por falta de seguro o problemas para trasladarse para recibir atención.

“Lo mejor de 7B es que todos sus servicios son gratuitos”, señaló Sabin, y agregó que las clases y los artículos para bebés son especialmente útiles para madres jóvenes primerizas. “Pueden orientarlas en la dirección correcta. Les dicen dónde están las parteras; dónde están los obstetras”.

Huntsberger, quien ejerció en Sandpoint durante más de una década y ahora vive en Oregon, también reconoció los beneficios que vio en 7B para las pacientes, entre ellos las clases de crianza y los grupos de apoyo. Sin embargo, le preocupa que el lugar se parezca a un centro médico que ofrece atención de salud.

Lisa Battisfore, fundadora de Reproductive Transparency Now, una organización con sede en Chicago que brinda educación y divulgación sobre centros de crisis de embarazo, reconoció que los servicios limitados que ofrecen pueden ser útiles, pero opinó que lo negativo supera a lo positivo.

“Si alguien necesita pañales o fórmula y uno de estos centros está dispuesto a proporcionárselos, es difícil decir que eso por sí solo sea algo malo, pero hay que mirar el panorama completo”, sugirió Battisfore.

Los centros de crisis de embarazo en gran medida carecen de regulaciones y están protegidos por los derechos a la libertad de expresión y libertad religiosa de la Primera Enmienda de la Constitución. La Corte Suprema que estos centros fueran a los tribunales para bloquear la citación de un fiscal estatal que solicitaba información sobre las donaciones que reciben.

Los críticos dicen que la falta de supervisión permite que difundan información falsa sobre el aborto y la “reversión” de la píldora abortiva, un procedimiento que el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos calificó como

Los centros han obtenido contra estados que intentan aumentar la regulación y supervisión sobre sus actividades. Estas protecciones han permitido que algunas organizaciones borren la línea entre activismo antiaborto y atención médica.

“Parecen ser muy hábiles para moverse de un lado a otro de esa línea cuando les conviene, y eso no beneficia a las embarazadas”, dijo Battisfore.

Battisfore mencionó un caso reciente en Texas en el que una mujer fue hospitalizada por un embarazo ectópico días después de recibir un ultrasonido y un certificado de buena salud de un centro de crisis de embarazo. Un gineco-obstetra que trabaja con Abundant Life Pregnancy Resource Center dijo a que “no hay nada que corregir” cuando se le preguntó sobre el error. Ha habido otros casos de diagnósticos incorrectos en estos centros.

Qué sigue para Sandpoint

indignó a buena parte de la población local cuando cerró su unidad de maternidad hace tres años. Los vecinos lamentaron que las mujeres tuvieran que viajar más lejos para dar a luz y la pérdida de especialistas. Desde entonces, el hospital ha estado trabajando para reconstruir la confianza de la comunidad.

Este año, creó un comité de salud femenina que incluye miembros de la junta directiva, personal y otras personas de la comunidad. El director ejecutivo del hospital, John Hennessy, y la directora médica, Stacey Good, dijeron que su prioridad es escuchar a los residentes y aumentar la conciencia sobre los servicios de salud para mujeres que todavía están disponibles.

Las mujeres todavía pueden recibir una variedad de servicios, incluida atención prenatal de una enfermera especializada que viaja a Bonner General desde Coeur d’Alene una vez por semana y de otros profesionales clínicos que pueden brindar atención ginecológica básica. Un puesto para ginecóloga en el hospital ha estado vacante desde mayo de 2023 y Hennessy dijo que cubrirlo sigue siendo una prioridad.

Makayla Sundquist, residente de Sandpoint y consejera con licencia, creció en la ciudad. Se casó el año pasado y ha estado pensando en formar una familia con su esposo. Se preguntó si se sentiría segura sabiendo que tendría que viajar al menos una hora hasta el hospital más cercano con servicios de maternidad.

Pero también tiene dudas sobre 7B como posible opción para atención local. Se mostró escéptica respecto de que una organización religiosa y antiabortista pudiera darle información precisa sobre las opciones a su disposición.

“Es algo en lo que pienso y que me da miedo”, dijo Sundquist. “Quisiera que esa no fuera mi realidad”.

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Carolina del Norte se convirtió a finales de abril en el miembro más reciente de un grupo creciente de estados liderados por republicanos que exigen a sus agencias de salud pública reportar al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) a los beneficiarios de Medicaid cuyo estatus legal esté en duda.

Es una tendencia que, según investigadores de políticas de salud, probablemente se extenderá a otros estados controlados por el Partido Republicano que buscan alinearse con Trump en la ofensiva federal contra el fraude en Medicaid y la inmigración sin papeles.

Hasta ahora, al menos cuatro estados —, , y — han aprobado leyes similares, y legisladores en otros estados, como y , evalúan medidas parecidas. En esos seis estados, los republicanos controlan tanto las dos cámaras legislativas como la oficina del gobernador.

“Este es un tema que está muy presente en la agenda política en este momento”, dijo , investigadora de políticas de salud de la Escuela de Derecho de Harvard.

Más de 75 millones de personas , el programa federal y estatal de salud pública para personas con discapacidades y bajos ingresos, y en el Programa de Seguro de Salud Infantil (CHIP), que ofrece cobertura de bajo costo para menores de 19 años.

Los inmigrantes sin estatus legal no son elegibles para recibir beneficios de Medicaid, pero varios grupos que no son ciudadanos sí califican, como personas con residencia permanente, asilados y refugiados. Uno de cada cuatro niños en el país, la mayoría ciudadanos, vive con al menos un inmigrante.

Sin embargo, las nuevas leyes para reportar casos agregan un nivel adicional de riesgo para los inmigrantes que buscan atención médica, frente a que han utilizado para identificar y deportar personas.

Algunas de las leyes estatales aplican únicamente a las agencias de salud, como ocurre en Carolina del Norte. Pero el enviado al gobernador de Tennessee, Bill Lee, sería más amplio y exigiría que todas las agencias estatales reporten a personas sospechosas de estar en el país sin papeles.

Las siete medidas estatales van más allá de lo que exige la ley federal, que únicamente obliga a cooperar con agentes de inmigración proporcionando información personal de beneficiarios cuando se solicite.

En Louisiana, familias con estatus migratorio mixto han reportado que la nueva ley estatal, aprobada el año pasado, las a sus hijos, que son ciudadanos estadounidenses, en Medicaid.

“Anticipo que esta ley hará que más familias se pregunten si es seguro buscar atención médica, si la información puede compartirse con autoridades migratorias y si inscribir a un niño o buscar tratamiento podría exponerlos a consecuencias migratorias”, dijo , abogada de inmigración en Carolina del Norte.

Los legisladores republicanos de este estado incluyeron el mandato para el departamento estatal de salud como parte de un proyecto de ley que en fondos de Medicaid, que la Legislatura había recortado al no aprobar un presupuesto el año pasado.

A partir de octubre, empleados estatales pedirán a personas no ciudadanas que reciben Medicaid pruebas de su situación migratoria y reportarán a autoridades federales a quienes no tengan un estatus legal “satisfactorio”.

“Este proyecto de ley está diseñado no solo para financiar nuestras necesidades críticas actuales, sino también para comenzar a abordar problemas de fraude y abuso que sabemos existen dentro del sistema”, dijo el representante estatal republicano Donny Lambeth durante un debate en la Cámara estatal.

Los inmigrantes utilizan que las personas nacidas en Estados Unidos, según un análisis del Instituto Cato, un centro de estudios libertario, que también encontró que los no ciudadanos tienen muchas menos probabilidades de que los ciudadanos. Las agencias estatales de salud ya están obligadas a verificar si el estatus migratorio de los solicitantes los hace .

Varios líderes republicanos responsables del proyecto no respondieron a solicitudes de comentarios. Hannah Jones, vocera del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte, dijo que la agencia todavía intenta entender el impacto de la nueva ley.

En de 2025, cerca de la mitad de los adultos que “probablemente” no tienen estatus legal dijeron que alguien en su familia evitó buscar atención médica por temor a que su información llamara la atención de autoridades migratorias.

, abogada de Carolina del Norte especializada en discriminación, dijo que los inmigrantes “en proceso”, o aquellos que esperan autorización legal, generalmente ya temen usar beneficios del gobierno para sí mismos.

“Lo que he aprendido al manejar miles de casos a lo largo de los años es que la mayoría de las personas que están en proceso pagan su tratamiento médico de su propio bolsillo”, dijo Rosa.

Este tipo de políticas obliga en la práctica a niños que son ciudadanos estadounidenses a quedarse sin cobertura médica o atención hospitalaria, dijo , investigador del Centro para Niños y Familias de Georgetown University.

“Cuando se implementan políticas dirigidas contra un inmigrante, se puede pensar que solo se está afectando a una persona de la familia, pero en realidad es una bomba imprecisa que termina afectando a todo el hogar”, dijo Cuello.

El uso de agencias estatales de salud pública para localizar inmigrantes sin estatus legal no es la única estrategia utilizada por los estados. Algunos han aprobado leyes que obligan a hospitales a recopilar y reportar esta información.

Una ley de Florida de 2023 que exige al personal de hospitales a preguntar sobre el estatus migratorio de los pacientes ha provocado que no ciudadanos duden en buscar atención médica, ha separado familias y ha causado angustia psicológica, según de la Universidad del Sur de la Florida.

El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, emitió en 2024 una orden ejecutiva similar a la ley de Florida.

Los estados demócratas han respondido a las políticas de la administración Trump que utilizan información médica privada para identificar inmigrantes. Veintiún estados se sumaron a el año pasado para intentar impedir que el DHS . dictaminó que las identidades de los beneficiarios podían compartirse, pero no su información médica. El litigio continúa.

La oficina de prensa del DHS no respondió al pedido de tener una declaración oficial.

Después de firmar el proyecto de ley, el gobernador demócrata de Carolina del Norte, Josh Stein, emitió exhortando a los legisladores republicanos a proteger la cobertura de Medicaid para casi 27.000 mujeres embarazadas y niños que están legalmente en el país. No respondió preguntas sobre la disposición que obliga al estado a reportar a inmigrantes sin papeles.

Polanco-Galdamez dijo que este tipo de leyes ha deteriorado aún más la confianza en los sistemas de salud entre familias con acceso limitado a servicios.

“Al final del día, los sistemas de salud pública funcionan mejor cuando las personas se sienten seguras al buscar atención médica”, dijo Polanco-Galdamez. “Las políticas que vuelven difusa la línea entre acceso a la atención médica y control migratorio corren el riesgo de empujar aún más a las familias vulnerables hacia las sombras”.

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Mientras un estado ya ha lanzado su programa, otros evalúan recurrir a la inteligencia artificial para intentar resolver el proceso.

de 42 estados, y el Distrito de Columbia, ofrece información sobre decisiones clave de políticas públicas que enfrentan los estados a medida que se acerca la fecha límite del 1 de enero de 2027 para implementar el requisito laboral.

Entre las dudas que persisten están qué enfermedades calificarán como exenciones al requisito, y cómo automatizar la verificación del cumplimiento.

No se espera que la guía federal se publique hasta junio. Sin embargo, algunos estados ya avanzan con sus propias definiciones de “fragilidad médica”, lo que, bajo la ley One Big Beautiful Bill Act de los republicanos en el Congreso, permitirá que algunos inscritos en Medicaid no tengan que demostrar que trabajan.

La ley, el principal logro en política nacional del presidente Donald Trump, modifica Medicaid en más de 40 estados que, junto con Washington, D.C., ampliaron total o parcialmente el programa para personas de bajos ingresos, con el fin de cubrir a adultos sin hijos que no tienen seguro a través de un empleo.

Aunque la mayoría de los adultos beneficiarios de Medicaid ya trabajan, tienen una discapacidad, cuidan a otras personas o estudian, muchos republicanos sostienen que quienes están inscritos y no trabajan consumen recursos que deberían apoyar a niños de bajos ingresos, mujeres embarazadas y personas con discapacidades.

obtuvieron cobertura de Medicaid gracias a la expansión creada por la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), una ley que la mayoría de los republicanos sigue rechazando.

Las nuevas reglas laborales exigen que una persona sea estudiante al menos a tiempo parcial, o que trabaje o participe en otras actividades calificadas, como servicio comunitario, durante al menos 80 horas al mes. Este requisito aplica a personas que ya están inscritas pero también podría cambiar quiénes son elegibles para Medicaid.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) reducirán el gasto federal en Medicaid en unos $326.000 millones en 10 años. También calcula que 4,8 millones de personas más no tendrán seguro en 2034 debido a esta medida.

“Muchos estados trabajan con un plazo muy ajustado”, dijo Amaya Diana, analista de políticas en Â鶹ŮÓÅ que trabajó en la encuesta. Señaló que todavía “tienen que tomar decisiones importantes a menos de un año de la implementación”.

La ley permite exenciones temporales del requisito laboral para personas que enfrentan ciertas dificultades, como desastres naturales, vivir en un condado con alta tasa de desempleo, estar hospitalizado o en una residencia de adultos mayores, o tener que viajar por un período prolongado para recibir atención médica.

Aunque 28 estados y Washington, D.C., ofrecerán exenciones por dificultades, tres de esos estados no adoptarán las cuatro exenciones permitidas por la ley, y dos —Iowa e Indiana— no planean adoptar ninguna.

Las personas también pueden quedar exentas si se consideran “médicamente frágiles”. Sin embargo, el gobierno federal no ha indicado a los estados cómo definir ese término ni cómo determinar si un beneficiario está en esa categoría.

La encuesta mostró que, hasta marzo, 21 estados no habían definido la fragilidad médica. Nebraska, que ha comenzado a implementar su requisito laboral el 1 de mayo, publicó recientemente una lista de miles de afecciones de salud que podrían calificar a los beneficiarios como “frágiles” y eximirlos de trabajar.

Algunos estados permitirán que los pacientes declaren por sí mismos su fragilidad médica, mientras que otros exigirán confirmación de un profesional de salud. La forma más común de verificarla, que se usará en poco más de 30 estados, es mediante el análisis de datos de reclamos de Medicaid.

Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), dijo a Â鶹ŮÓÅ Health News en una entrevista que “no nos gusta la auto declaración” y que “la documentación es fundamental”.

Muchos beneficiarios y sus defensores están preocupados por la posibilidad de perder la cobertura por razones administrativas. Cuando Arkansas implementó brevemente estas reglas, por ejemplo, la mayoría perdió la cobertura no por no cumplir los requisitos, sino por no presentar correctamente la documentación a tiempo.

Seis estados planean usar inteligencia artificial (IA) para ayudar en la implementación del requisito laboral para procesar documentos o comparar datos de beneficiarios de distintas fuentes, según Â鶹ŮÓÅ. Dos estados, Maryland y New Mexico, utilizarán la IA para analizar datos de reclamos.

Tres estados —Arkansas, Missouri y Oklahoma— piensan usarla para interactuar directamente con personas en Medicaid y ayudarlas a identificar y subir documentos y datos de verificación.

Los adultos en Medicaid deberán volver a verificar que están trabajando, o que están exentos del requisito, al menos cada seis meses. Algunos estados planean hacerlo cada tres.

Cuando sea posible, los estados deben usar fuentes de datos disponibles para verificar exenciones o el cumplimiento de los requisitos laborales.

Por ejemplo, unos 10 estados usarán datos del National Student Clearinghouse para verificar la asistencia escolar. Algunos también planean usar fuentes como el Departamento de Asuntos de Veteranos, AmeriCorps y comisiones de servicio.

Sin embargo, más de la mitad de los estados dijeron a los investigadores de Â鶹ŮÓÅ que no tienen suficiente tiempo para agregar nuevas fuentes de datos y señalaron que los costos continuos representan un gran desafío.

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La mujer vive sola y “realmente batalla mucho contra el aislamiento social”, explicó Guzman. Después de una caída grave y una cirugía posterior, usa silla de ruedas. Ella le comentó que le gustaría ir a servicios religiosos en una iglesia cercana, pero que no tenía cómo llegar y no quería resultar “una molestia”.

“Llamamos al pastor para ver si había alguien que pudiera recogerla los domingos”, contó Guzman. Y sí, había.

Al día siguiente, Guzman visitó a otra mujer con insuficiencia cardíaca que necesita oxígeno constantemente. La paciente vive en “una vivienda no muy adecuada, sin cocina”, y dispone solo de un calentador eléctrico para proporcionar calefacción.

“Estábamos tratando de averiguar si califica para vivienda del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUB, por sus siglas en inglés) o para una residencia asistida”, dijo Guzman. “Pasamos mucho tiempo revisando las opciones y elaboramos un plan”.

La agenda del miércoles incluyó un viaje de 20 millas hasta Hood River para ver a una mujer de 81 años cuya pareja por casi cuatro décadas está luchando contra un cáncer grave. Guzman, que habla con ella en español, la encontró angustiada ante la posibilidad de perderlo.

Guzman había logrado que la mujer empezara a ver a una terapeuta que la ayudara a atravesar la crisis, algo nada fácil de conseguir. Pero en esa visita “solo le pasé pañuelos y traté de ofrecer palabras de consuelo”, contó. “La verdad, a veces lo mejor es simplemente sentarse y escuchar”.

Un trabajador comunitario de salud, según la (APHA, por sus siglas en inglés), es un “miembro de confianza” de una comunidad local o alguien que tiene “un conocimiento inusualmente profundo” de la misma, lo que le permite actuar como intermediario entre los pacientes y el sistema de salud.

Estos trabajadores existen desde la década de 1960, especialmente en zonas rurales y de bajos ingresos. Hoy, su número está creciendo. La Oficina de Estadísticas Laborales , aunque la Asociación Nacional de Trabajadores Comunitarios de Salud asegura que el número seguramente es muy superior.

Esto refleja en parte la dificultad de contabilizar a esos trabajadores, que reciben diversos nombres —educadores de salud comunitarios, especialistas en divulgación, promotores de salud— y que operan bajo distintas normativas estatales, a veces sin necesidad de licencia ni certificación.

Lo que tienen en común es que “hablan como las personas con las que trabajan”, dijo Sam Cotton, responsable del plan de estudios de varios programas de este tipo en la Universidad de Louisville, en Kentucky.

“Con la escasez de profesionales de salud y el envejecimiento de la población, hay un gran impulso para esto”, aseguró.

En Oregon, por ejemplo, cinco clínicas rurales emplean trabajadores comunitarios de salud, que obtienen certificación estatal después de completar 90 horas de capacitación en línea, a través de un programa llamado Connected Care for Older Adults. Una sexta clínica que emplea a un trabajador comunitario de salud opera en el vecino estado de Washington.

Los pacientes más frágiles están enfrentando muchas dificultades. “Como no pueden conducir, no pueden ir al supermercado a hacer las compras”, dijo la doctora Elizabeth Eckstrom, jefa de geriatría de la Universidad de Salud y Ciencia de Oregon, quien ayudó a supervisar el inicio del programa en 2022. “Tampoco están tomando sus medicamentos, ya sea por razones cognitivas o porque no pueden llegar hasta la farmacia”.

Pocos han completado una directiva anticipada, donde se especifica el tipo de atención que desean —o no— recibir si sufren una crisis de salud.

Los trabajadores comunitarios de salud de Connected Care se ocupan de muchos problemas que no son exactamente de salud, desde instalar rampas para silla de ruedas hasta ayudar a los pacientes a solicitar beneficios de alimentación y vivienda. Se les asignan 90 días para trabajar con cada paciente, normalmente mediante visitas a domicilio.

También ayudan a coordinar citas de seguimiento médico. Realizan evaluaciones cognitivas y de salud mental, y vigilan el uso excesivo de medicamentos, registrando sus observaciones en las historias clínicas electrónicas de los pacientes.

“Es como ser los ojos y los oídos de los médicos, para saber lo que ocurre fuera de los 20 minutos que pueden dedicarles a los pacientes”, señaló Guzman, cuyo trabajo abarca desde encargar una alfombra para la bañera hasta denunciar posibles casos de abuso financiero.

En sobre pacientes de Connected Care (edad promedio: 77 años), un subgrupo mostró reducciones importantes en visitas a salas de emergencia y hospitalizaciones entre quienes recibieron ayuda de trabajadores comunitarios de salud.

Una investigación más exhaustiva, aún no publicada, respalda ese hallazgo, explicó Eckstrom.

“Las visitas a emergencias cuestan miles de dólares y las hospitalizaciones, decenas de miles”, señaló. El costo por paciente del programa de 90 días es de $1.500. Sus trabajadores ganan $25 por hora, un salario bastante habitual, y reciben todos los beneficios laborales.

La doctora Manali Patel, oncóloga de la Universidad de Stanford, encontró para pacientes mayores con cáncer avanzado en un ensayo clínico en el Sistema de Atención Médica para Veteranos de Palo Alto.

“Muchas personas morían en la unidad de cuidados intensivos”, recordó. “Si les hubiéramos preguntado, probablemente habrían preferido estar en casa”. Agregó que los oncólogos “son notoriamente malos para entablar esas conversaciones y documentarlas”.

Pero cuando un trabajador de salud no profesional llamaba periódicamente a los pacientes para ayudarlos a conocer sus opciones, discutir sus preferencias con el equipo médico y presentar directivas anticipadas, los resultados —publicados en JAMA Oncology en 2018— fueron “muy espectaculares”, dijo Patel.

Más del 90% de los veteranos participantes tenían sus metas documentadas en sus expedientes, comparado con menos del 20% en el grupo de control. Los pacientes atendidos por ese trabajador tuvieron significativamente menos visitas a emergencias y hospitalizaciones, y fueron más propensos a inscribirse en cuidados paliativos.

Patel y sus colegas siguieron documentando los beneficios que aportan los trabajadores de salud no profesionales —usaron ese término— cuando asumían otras tareas en distintos entornos.

En clínicas oncológicas de Arizona y California, por ejemplo, dos trabajadores de salud no profesionales, que eran bilingües, hacían a pacientes con cáncer mayores de 75 años para evaluar síntomas como dolor, náuseas, dificultad para respirar y depresión.

Que alertaran a los equipos médicos sobre los problemas de estos pacientes redujo sustancialmente las visitas a las salas de emergencia y las hospitalizaciones. El ahorro promedio fue de $12.000 por paciente.

“Esta intervención de baja tecnología, basada en el contacto humano, produjo enormes beneficios”, dijo que acompañó ese estudio en la revista médica JAMA.

“Los trabajadores comunitarios de salud deberían formar parte de todos los equipos médicos”, sostuvo Eckstrom. “Apoyan al paciente de maneras que el sistema médico simplemente no puede, por más que lo intente”.

Sin embargo, un obstáculo para ampliar su uso es el financiamiento inestable.

En 2024, Medicare comenzó a cubrir algunos servicios de trabajadores de salud comunitarios, pero no todos. (Por ejemplo, no se reembolsan los costos de manejar 30 millas hasta hogares remotos). La cobertura de Medicaid es fragmentada; en algunos estados se paga algunos servicios y en otros no.

“Muchos puestos de trabajadores comunitarios de salud dependen de subvenciones de corto plazo”, dijo Neena Schultz, directora de la Asociación Nacional de Trabajadores Comunitarios de Salud. “Cómo mantener funcionando esos programas es algo de lo que hablamos todos los días”.

La asociación y otros defensores presionan para obtener más financiamiento estatal y federal. El nuevo distribuirá $10.000 millones al año e incluirá algunos fondos para programas con estos trabajadores, pero los recortes a los presupuestos estatales de Medicaid podrían más que compensar esas ganancias.

Sin embargo, las subvenciones que financian Connected Care for Older Adults continúan. Guzman, empleada de la clínica sin fines de lucro One Community Health, sigue haciendo sus rondas.

Una victoria reciente: un paciente que acababa de enviudar, de unos 60 años, estaba pasando dificultades económicas sin el ingreso de su esposa, perdió su vivienda y estaba durmiendo en su camioneta.

A través de otro paciente, Guzman se enteró de que el dueño de una casa rodante sin usar estaba dispuesto a donarla. El viudo ahora vive cómodamente en un parque de casas móviles.

Cuando estás en la casa de un paciente, “hay una sensación de confianza, de tranquilidad”, contó Guzman. “Se sienten más seguros hablando de las cosas. No tienen prisa. Se construye una relación y sienten que tienen a alguien que aboga por ellos”.

The New Old Age se produce mediante una colaboración con .

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Pero en sus 40 años como pediatra en el sur de California, atendiendo a personas demasiado pobres para costear la atención médica, incluyendo a muchas familias inmigrantes, Sweidan dijo que nunca había visto semejante baja en las visitas de pacientes como ahora.

“Tienen miedo de venir a las consultas. Cada vez están más enfermos”, dijo Sweidan, quien se especializa en neonatología y dirige cinco clínicas en los condados de Los Ángeles y Orange. “Y cuando están al borde del colapso, van a emergencias porque no tienen otra opción”.

En los últimos dos meses, ha enviado a niños pequeños a salas de emergencias porque sus padres solo se animaron a llamar a su consultorio después de varios días de fiebre alta. Dijo que atendió en una emergencia a un chico de 14 años que estaba al borde de un coma diabético  porque se había quedado sin insulina, y sus padres estaban demasiado asustados como para salir a buscar la reposición.

Sweidan había dejado de ofrecer consultas de telemedicina luego de la pandemia de covid-19, pero él y otros profesionales de salud las han restablecido a medida que el aumento de las medidas migratorias empuja a los pacientes sin papeles, e incluso a sus hijos ciudadanos, a una situación aún más sombría.

Los pacientes que necesitan atención médica tienen cada vez más miedo de buscarla después que Trump derogara que prohibía a los funcionarios de inmigración realizar operaciones en zonas “sensibles” como escuelas, iglesias y hospitales. Las clínicas y los planes de salud han adoptado medidas similares a las de sus manuales de covid, renovando estrategias probadas para atender a los pacientes que temen salir de casa.

Sara Rosenbaum, profesora emérita de derecho y políticas sanitarias en la Universidad George Washington, comentó que ha escuchado a administradores de clínicas y colegas del sector decir que están experimentando una disminución sustancial en las consultas en persona entre pacientes inmigrantes. “No creo que haya ningún centro de salud comunitario en el país que no esté sintiendo esto”, agregó.

En las clínicas de St. John’s Community Health, en el área de Los Ángeles, que atienden a aproximadamente 30.000 pacientes sin papeles anualmente, las visitas virtuales se han disparado del 8% del total de citas a cerca del 25%, dijo Jim Mangia, su presidente y director ejecutivo.

La organización también está registrando a algunos pacientes para , un servicio financiado por donantes privados, y ha en la .

“La gente no recoge sus medicamentos”, dijo Mangia. “No están viendo al médico”.

Agregó que, en las últimas ocho semanas, agentes federales intentaron acceder a pacientes en una clínica móvil de St. John’s en Downey y apuntaron con un arma a un empleado durante una redada en el Parque MacArthur.

En julio, contratistas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) esperaron a un paciente en , y la fiscalía federal acusó a del centro de salud que, según afirman, interfirieron con los intentos de los agentes de inmigración de arrestar a una persona en un centro de Ontario.

C.S., una inmigrante de Huntington Park sin papeles, dijo que se inscribió en los servicios de visitas domiciliarias de St. John’s en julio porque teme salir.

La mujer de 71 años, que pidió ser identificada solo por sus iniciales por temor a ser deportada, comentó que este año ha salteado análisis de sangre y otras pruebas de laboratorio. Demasiado asustada para tomar el autobús, faltó a una cita reciente con un especialista para revisar la artritis en sus manos. También es prediabética y sufre de dolor en las piernas después que un auto la atropellara hace unos años.

“Si me preocupo porque si no me atiendo puedo tener una recaída mas”, expresó. Un médico de la clínica le dio un número para llamar si desea programar una cita por teléfono. Funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos federal no respondieron a las preguntas de Â鶹ŮÓÅ Health News en busca de comentarios sobre el impacto de las redadas en los pacientes.

No hay indicios de que la administración Trump tenga la intención de cambiar su estrategia.

Funcionarios federales temporalmente la orden de un juez que restringe la forma en que realizan las redadas en el sur de California después que defensores de inmigrantes presentaran una demanda acusando a ICE de emplear tácticas inconstitucionales. El 1 de agosto, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos denegó la solicitud, dejando la orden de restricción vigente.

En julio, supervisores del condado de Los Ángeles que exploraran la posibilidad de ampliar las opciones de citas virtuales después que el director de servicios de salud del condado observara un “enorme aumento” en las visitas telefónicas y por video.

Mientras tanto, los legisladores estatales de California están considerando que restringiría el acceso de los agentes de inmigración a lugares como escuelas y centros de salud; el gobernador de Colorado, el demócrata Jared Polis, promulgó en mayo.

Es probable que los inmigrantes y sus familias terminen utilizando atención médica más costosa en emergencias. Y se espera que los presionen aún más las salas de emergencia y los hospitales, afirmó Nicole Lamoureux, presidenta de la National Association of Free & Charitable Clinics.

“Las clínicas no solo intentan llegar a las personas que se están alejando de la atención médica antes de que sufran afecciones más graves, sino que la red de seguridad sanitaria se verá afectada debido al aumento de la demanda de pacientes”, dijo Lamoureux.

Mitesh Popat, director ejecutivo de Venice Family Clinic, donde casi el 90% de los pacientes se encuentran en el umbral de pobreza federal o por debajo de él, explicó que el personal llama a los pacientes antes de las citas para preguntarles si planean ir en persona y para ofrecerles la telemedicina como opción, si están nerviosos.

También llaman si un paciente no se presenta cinco minutos después de su cita y ofrecen el servicio de telemedicina de inmediato como alternativa.

La clínica ha experimentado un aumento de aproximadamente el 5% en las visitas de telemedicina durante el último mes, afirmó Popat.

En el Valle de Salinas, una zona con una gran concentración de trabajadores agrícolas hispanohablantes, la Clínica de Salud del Valle de Salinas comenzó a promocionar sus servicios de telemedicina con anuncios de radio en español en enero. Las clínicas también capacitaron a las personas en el uso de Zoom y otras plataformas digitales en ferias de salud y reuniones comunitarias.

CalOptima Health, que cubre a casi uno de cada tres residentes del condado de Orange y es el mayor administrador de beneficios de Medi-Cal en la zona, envió en julio más de 250.000 mensajes de texto a pacientes, animándolos a usar la telemedicina en lugar de renunciar a la atención médica, según informó el director ejecutivo Michael Hunn.

La aseguradora también ha creado una página web con recursos para pacientes que buscan atención por teléfono o entrega de medicamentos a domicilio.

“La comunidad latina se enfrenta a una pandemia de miedo. Están en cuarentena, tal como todos tuvimos que hacerlo durante la pandemia de covid-19”, dijo Seciah Aquino, directora ejecutiva de la Latino Coalition for a Healthy California, un grupo de defensa que promueve el acceso a la salud para inmigrantes y latinos.

Pero sustituir la telemedicina no es una solución a largo plazo, afirmó Isabel Becerra, directora ejecutiva de la Coalición de Centros de Salud Comunitarios del condado de Orange, cuyos miembros reportaron aumentos de hasta un 40% en las consultas de telemedicina durante el último mes.

“Como medida provisional, es muy eficaz”, afirmó Becerra, cuyo grupo representa a 20 clínicas en el sur de California. “La telemedicina tiene sus límites. ¿Qué ocurre cuando se necesitan análisis de laboratorio? No se puede ver una caries a través de una pantalla”.

Esta estrategia también conlleva otros desafíos, como problemas técnicos con los servicios de traducción y pacientes con un dominio limitado de las computadoras o pobre acceso a internet, explicó.

Y no solo los inmigrantes que viven en el país sin papeles tienen miedo de buscar atención médica. En el sureste del condado de Los Ángeles, V.M., una ciudadana naturalizada de 59 años, depende de su compañera de piso para que recoja sus compras y recetas. Pidió que solo se usaran sus iniciales para compartir su historia y la de su familia y amigos por temor a ser blanco de ataques.

Cuando se aventura a salir, ya sea a la iglesia o a su cita mensual en una clínica de reumatología, lleva su pasaporte y mira con recelo cualquier auto con vidrios polarizados.

“Me siento paranoica”, dijo V.M., quien llegó a Estados Unidos hace más de 40 años. “A veces tengo miedo. A veces me siento enojada. A veces me siento triste”.

Ahora hace terapia virtual por su depresión, que comenzó hace 10 años cuando la artritis reumatoide la obligó a dejar de trabajar. Le preocupa su hermano mayor, que tiene hipertensión y ha dejado de ir al médico, y una amiga de la clínica de reumatología, que le pone hielo en las manos y los pies hinchados porque ha faltado a sus citas durante cuatro meses seguidos.

“Alguien tiene que reaccionar o la gente empezará a desmoronarse en las calles y morirá”, dijo.

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Ahora, cuando García-Ramírez mira por encima del hombro, no son los monos monstruosos a los que teme. Son los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

“Uno siempre está con el temor de que, tal vez va caminando por la calle, puede aparecerse un vehículo”, dijo García-Ramírez, de 57 años. “Te dicen: ‘Somos de ICE; estás arrestado’, o ‘’Enséñame tus documentos”.

Silverthorne, una pequeña ciudad entre las mecas del esquí de Breckenridge y Vail, ha sido el hogar de García-Ramírez durante los últimos dos años. Trabaja como cajero en un supermercado y comparte un apartamento de dos habitaciones con cuatro compañeros.

La ciudad de casi 5.000 habitantes ha sido un refugio acogedor para el , quien fue liberado de prisión en 2023 después que el gobierno autoritario de Nicaragua con el gobierno estadounidense para trasladar a más de 200 presos políticos a Estados Unidos.

A los exiliados se les ofreció residencia temporal en Estados Unidos bajo un programa de (conocido como parole humanitario) de la administración Biden.

Este permiso humanitario de dos años de García-Ramírez expiró en febrero, apenas unas semanas después que el presidente Donald Trump emitiera una orden ejecutiva para poner fin al programa por el cual se había otorgado la residencia legal temporal en Estados Unidos a cientos de miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Esto lo ponía en riesgo de deportación.

A García-Ramírez se le retiró la ciudadanía nicaragüense al llegar a Estados Unidos. Hace poco más de un año, solicitó asilo político. Sigue esperando una entrevista.

“Ahora, pues, no hay una seguridad fuerte de decir estoy tranquilo, estoy bien”, dijo García-Ramírez. “Te sentís inseguro, te sentís incapacitado de hacer algo para remediar la situación”.

Vail y Breckenridge son mundialmente famosos por sus pistas de esquí, que atraen a millones de turistas cada año. Pero la vida para la fuerza laboral de la industria que atiende a los centros turísticos de montaña de Colorado es menos glamorosa.

Los residentes de los pueblos montañosos de Colorado experimentan altas tasas de y , impulsadas en parte por las fluctuaciones estacionales de los ingresos, que pueden causar estrés a muchos trabajadores locales.

Las comunidades latinas, que constituyen una proporción significativa de la población residente permanente en estos pueblos de montaña, son particularmente vulnerables.

Una reveló que más de 4 de cada 5 latinos encuestados en la región de la Ladera Occidental, donde se encuentran muchas de las comunidades rurales de estaciones de esquí del estado, expresaron una preocupación “extrema o muy grave” por el consumo de sustancias.

Esta cifra es significativamente mayor que en el condado rural de Morgan, en el este de Colorado, que también cuenta con una , y en Denver y Colorado Springs.

A nivel estatal, la preocupación por la salud mental entre los latinos en los últimos años, pasando de menos de la mitad que la consideraba un problema extremadamente grave o muy grave en 2020 a más de tres cuartas partes en 2023.

Tanto profesionales de salud como investigadores, y miembros de la comunidad, afirman que factores como las diferencias lingüísticas, el estigma cultural y las barreras socioeconómicas pueden exacerbar los problemas de salud mental y limitar el acceso a la atención médica.

“No recibes atención médica regular. Trabajas muchas horas, lo que probablemente significa que no puedes cuidar de tu propia salud”, dijo , profesor adjunto de Sociología de la Universidad de Stanford. “Todos estos factores agravan el estrés que todos podríamos experimentar en la vida diaria”.

Si a esto le sumamos los altísimos costos de vida y la escasez de centros de salud mental en los destinos turísticos rurales de Colorado, el problema se agrava.

Ahora, las amenazas de la administración Trump de redadas migratorias y la inminente deportación de cualquier persona sin residencia legal en el país han disparado los niveles de estrés.

Según estiman defensores, en las comunidades cercanas a Vail, la gran mayoría de los residentes latinos no tienen papeles. Las comunidades cercanas a Vail y Breckenridge no han sufrido redadas migratorias, pero en el vecino condado de Routt, donde se encuentra Steamboat Springs, al menos tres personas con antecedentes penales han sido detenidas por el ICE, según informes de prensa.

Las que afirman falsamente haber visto a oficiales del ICE merodeando cerca de sus hogares han alimentado aún más la preocupación.

Yirka Díaz Platt, trabajadora social bilingüe de Silverthorne, originaria de Perú, afirmó que el temor generalizado a la deportación ha llevado a muchos trabajadores y residentes latinos a refugiarse en las sombras.

Según trabajadores de salud y defensores locales, las personas han comenzado a cancelar reuniones en persona, y a evitar solicitar servicios gubernamentales que requieren el envío de datos personales. A principios de febrero, algunos residentes locales no se presentaron a trabajar como parte de una huelga nacional convocada por el “Día sin Inmigrantes”. Los empleadores se preguntan si por las deportaciones.

Algunos inmigrantes han dejado de conducir por temor a ser detenidos por la policía. Paige Baker-Braxton, directora de salud conductual ambulatoria del sistema de Vail Health, comentó que ha observado una disminución en las visitas de pacientes hispanohablantes en los últimos meses.

“Intentan mantenerse en casa. No socializan mucho. Si vas al supermercado, ya no ves a mucha gente de nuestra comunidad”, dijo Platt. “Hay ese miedo de: ‘No, ahora mismo no confío en nadie'”.

Juana Amaya no es ajena a resistir para sobrevivir. Amaya emigró a la zona de Vail desde Honduras en 1983 como madre soltera de un niño de 3 años y otro de 6 meses. Lleva más de 40 años trabajando como limpiadora de casas en condominios y residencias de lujo en los alrededores de Vail, a veces trabajando hasta 16 horas al día. Con apenas tiempo para terminar el trabajo y cuidar de una familia en casa, comentó, muchas veces les cuesta a los latinos de su comunidad admitir que el estrés ya es demasiado.

“Nos da pena decir qué sentimos”, dijo, “Entonces no damos a conocer que estamos teniendo un problema de salud mental”.

El clima político actual solo ha empeorado las cosas.

“Ha tenido mucho impacto”, dijo. “Hay gente que tiene sus niños pequeños y piensan cómo le van a hacer, si están ellos en escuela y ellos llegan a ser tomados, llevados a un lugar, y los niños se quedan… ¿Y qué hacer?”.

Asad ha estudiado el impacto de la retórica de la deportación en la salud mental de las comunidades latinas. Fue coautor de , publicado el año pasado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, que concluyó que el aumento de esta retórica puede causar mayores niveles de angustia psicológica en los no ciudadanos latinos e incluso en los ciudadanos latinos.

Asad descubrió que ambos grupos pueden experimentar mayores niveles de estrés, y las investigaciones las consecuencias negativas de la falta de documentación de los padres en la salud y el rendimiento educativo de sus hijos.

“Las desigualdades o las dificultades que imponemos hoy a sus padres son las dificultades o desigualdades que sus hijos heredarán mañana”, afirmó Asad.

A pesar de los altos niveles de miedo y ansiedad, los latinos que viven y trabajan cerca de Vail aún encuentran maneras de apoyarse mutuamente y buscar ayuda.

en el condado de Summit, donde se encuentra Breckenridge, y a menos de una hora en coche de Vail, han ofrecido talleres de salud mental para nuevos inmigrantes y mujeres latinas. Building Hope, en el condado de Summit y en el condado de Eagle, donde se encuentra Vail, ayudan a quienes a pagar un número determinado de sesiones de terapia.

Vail Health planea abrir para pacientes hospitalizados en mayo, y la Alianza Móvil de Recursos Interculturales ofrece servicios integrales, incluyendo recursos de salud conductual, directamente a las comunidades cercanas a Vail.

De vuelta en Silverthorne, García-Ramírez, el exiliado nicaragüense, vive el día a día.

“Si me deportan de aquí, voy directo a Nicaragua”, dijo García-Ramírez, quien contó haber recibido una amenaza de muerte verbal de las autoridades de su país natal. “Con honestidad, yo no creo que estaría vivo un día”.

Mientras tanto, continúa su rutinario viaje a casa desde su trabajo de cajero, a veces sorteando nieve resbaladiza y calles oscuras después de las 9 pm. Cuando surgen pensamientos de pesadilla sobre su propio destino en Estados Unidos, García-Ramírez se concentra en el suelo bajo sus pies.

“Tengo [que] a veces, todos los días, llueva, truene, relampaguee, nieve”, dijo, “caminar”.

Este artículo se publicó con el apoyo de Journalism & Women Symposium (JAWS) Health Journalism Fellowship, asistida por subvenciones de The Commonwealth Fund.

This <a target="_blank" href="/es/mental-health/el-temor-a-la-deportacion-agrava-los-problemas-de-salud-mental-que-enfrentan-los-trabajadores-de-los-centros-turisticos-de-colorado/">article</a&gt; first appeared on <a target="_blank" href="">Â鶹ŮÓÅ Health News</a> and is republished here under a <a target="_blank" href=" Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License</a>.<img src="/wp-content/uploads/sites/8/2023/04/kffhealthnews-icon.png?w=150&quot; style="width:1em;height:1em;margin-left:10px;">

Luego, se concentró en abrir con los dientes un brillo labial con sabor a cereza.

“¡Sí!”, exclamó, cuando logró abrir la tapa. Esa se puso el brillo en su habitación, donde colgaba en la pared una gran bandera del orgullo transgénero.

Esa dijo que la bandera la hace sentir “importante” y “feliz”. Le gustaría quitarla de la pared y usarla como capa.

Al principio, sus padres cuestionaron su identidad, pero ya no. Antes, su hija, ansiosa, temía ir a la escuela, lloraba en la barbería cuando le hacían un corte “varonil”, y se acurrucó en posición fetal en el suelo del baño cuando supo que nunca tendría la menstruación.

Ahora, esa niña vive la vida con entusiasmo, preguntándose en voz alta si las hadas viven en la casita de cerámica que encontró encaramada en una piedra.

Su madre, Brittni Packard Rodrigues, quiere que esta alegría y aceptación perduren. Dependiendo de la combinación del deseo de Esa, las recomendaciones de sus médicos y el inicio de la pubertad, esto podría requerir bloqueadores, seguidos de estrógeno, para que Esa pueda desarrollar el cuerpo que se adapte a su ser.

“A largo plazo, los bloqueadores ayudan a prevenir todas esas cirugías y procedimientos que podrían convertirse en su realidad si no recibimos esa atención”, dijo Packard Rodrigues.

Los medicamentos conocidos como bloqueadores de la pubertad para afecciones como el cáncer de próstata, la endometriosis, la infertilidad y la pubertad precoz. Ahora, la administración Trump busca limitar su uso específicamente para jóvenes transgénero.

Colorado, el estado natal de Esa, es reconocido desde hace tiempo como un refugio para la atención de afirmación de género: se considera legalmente protegida y un beneficio esencial del seguro médico.

En los últimos años, “exiliados médicos” para recibir este tratamiento. Ya en la década de 1970, el pueblo de Trinidad se hizo conocida como “la capital mundial del cambio de sexo” cuando , un ex cirujano del ejército con sombrero de vaquero, dejó su huella realizando estas cirugías en adultos.

En su primer día en el cargo, el presidente Donald Trump firmó que refuta la existencia de personas transgénero, argumentando que es una “afirmación falsa que los hombres puedan identificarse como mujeres y, por lo tanto, convertirse en mujeres, y viceversa”.

A la semana siguiente, que calificaba los bloqueadores de la pubertad y las hormonas para menores de 19 años como una forma de “mutilación” química y “una mancha en la historia de nuestra nación”. La orden instruía a las agencias a tomar medidas para garantizar que los beneficiarios de subvenciones federales para investigación o educación dejaran de proporcionarlos.

Organizaciones de atención médica en Colorado, California, Washington, D.C. y otros lugares anunciaron que cumplirían con la orden preventivamente.

En Colorado, esto incluía a tres importantes organizaciones de atención médica: Children’s Hospital Colorado, Denver Health y UCHealth.

Entre finales de enero y principios de febrero, los tres sistemas anunciaron cambios en la atención de afirmación de género que ofrecían a pacientes menores de 19 años, con efecto inmediato.

Dijeron que ya no recetarían nuevas hormonas ni bloqueadores de la pubertad para pacientes que no los hubieran recibido previamente, se limitarían o no se renovarían las recetas para quienes sí los hubieran recibido, y no se realizarían cirugías. Esto último aunque el Children’s Hospital nunca las había ofrecido, y este tipo de cirugía es : por cada 100.000 menores trans, menos de tres se someten a ella.

El hospital infantil y Denver Health reanudaron la oferta de bloqueadores de la pubertad y hormonas el 24 y el 19 de febrero, respectivamente, después que Colorado se uniera a presentada ante el tribunal de distrito de EE. UU. en el estado de Washington.

El tribunal concluyó que las órdenes de Trump relacionadas con el género “discriminan por motivos de condición transgénero y sexo”. Otorgó una orden judicial preliminar que impide su entrada en vigencia en los cuatro estados involucrados.

Sin embargo, las cirugías no se han reanudado. Denver Health afirmó que “mantendrá la pausa en las cirugías de afirmación de género para pacientes menores de 19 años debido a la seguridad del paciente y dada la incertidumbre del panorama legal y regulatorio”.

UCHealth no ha reanudado ni la medicación ni la cirugía para menores de 19 años. “Nuestros proveedores esperan una decisión más definitiva de los tribunales federales que pueda resolver la incertidumbre en torno a la prestación de esta atención”, escribió la vocera Kelli Christensen.

Los jóvenes trans y sus familias afirmaron que el fallo judicial y las decisiones de los dos sistemas de salud de Colorado de reanudar los tratamientos no han resuelto el problema. Les ha dado tiempo para acumular recetas, para intentar encontrar médicos privados con la formación adecuada para supervisar los análisis de sangre, y ajustar las recetas en consecuencia, y, en algunos casos, para resolver la logística de mudarse a otro estado o país.

La administración Trump ha seguido presionando a los proveedores de salud más allá de las órdenes ejecutivas iniciales, amenazando con retener o cancelar los fondos federales que se les habían otorgado. A principios de marzo, la Administración de Recursos y Servicios de Salud (RHSA) anunció que de la educación médica de posgrado en hospitales pediátricos.

Â鶹ŮÓÅ Health News solicitó comentarios a Kush Desai, subsecretario de prensa de la Casa Blanca, pero no recibió respuesta. La subsecretaria de prensa del Departamento de Salud y Servicios Sociales (HHS), Emily Hilliard, respondió con enlaces a anteriores.

Las intervenciones médicas son solo un tipo de atención de afirmación de género, y el proceso para obtener el tratamiento es .

Investigadores han descubierto que, incluso entre quienes tienen seguro médico privado, es que los jóvenes transgénero reciban bloqueadores de la pubertad ni hormonas. Curiosamente, la mayoría de las cirugías de reducción de senos para afirmación de género realizadas en hombres y menores se practican en pacientes cisgénero, no transgénero.

Kai, de 14 años, quisiera haber podido tomar bloqueadores de la pubertad. Vive en Centennial, un suburbio de Denver. Â鶹ŮÓÅ Health News no divulga su nombre completo porque a su familia le preocupa que pueda sufrir acoso.

Kai tuvo su primera menstruación a los 8 años. Para el momento en el que se dio cuenta de que era transgénero, en la secundaria, ya era demasiado tarde para empezar a tomar bloqueadores de la pubertad.

Sus médicos le recetaron anticonceptivos para , así no le recordaban cada mes su disforia de género. Luego, al cumplir los 14, empezó a tomar testosterona.

Kai dijo que si no estuviera en terapia hormonal ahora, sería un peligro para sí mismo.

“Poder decir que estoy feliz con mi cuerpo y poder ser feliz en público sin pensar que todos me miran raro, es una gran diferencia”, dijo.

Su madre, Sherry, dijo que se alegra de ver a Kai relajarse y convertirse en la persona que es.

Sherry, quien pidió usar su segundo nombre para evitar que se identificara a su familia, dijo que comenzó a guardar testosterona en cuanto Trump fue elegido, pero no había pensado en el impacto que esto tendría en la disponibilidad de anticonceptivos. Sin embargo, después de las órdenes ejecutivas, esa receta también se volvió difícil  de conseguir. Sherry dijo que el médico de Kai en UCHealth tuvo que programar una reunión especial para confirmar que podía seguir recetándosela.

Así que, por ahora, Kai tiene lo que necesita. Pero para Sherry, eso no es un gran consuelo.

“No creo que estemos muy seguros”, dijo. “Son solo prórrogas”.

La familia está ideando un plan para salir del país. Si Sherry y su esposo consiguen trabajo en Nueva Zelanda, se mudarán allí. Sherry dijo que esa posibilidad es un privilegio que muchos otros no tienen.

Por ejemplo, David, un estudiante de 18 años de la Universidad Western Colorado en Gunnison, un pueblo de las Montañas Rocallosas, pidió ser identificado solo por su segundo nombre porque le preocupa ser objeto de persecución en este pueblo rural y conservador.

David no tiene pasaporte, pero incluso si lo tuviera, no quiere irse de Gunnison, dijo. Está estudiando geología y aprendiendo a tocar el bajo.

Y tiene un buen grupo de amigos. Planea ser paleontólogo.

Los estantes de su dormitorio están llenos de sus artículos esenciales: fósiles, desodorante Old Spice, macarrones con queso para microondas. Pero no hay espejos. David dijo que se acostumbró a evitarlos.

“Durante mucho tiempo, tuve tanta disforia corporal y dismorfia que puede ser un poco difícil mirarme al espejo”, dijo David. “Pero cuando lo hago, la mayoría de las veces, veo algo que realmente me gusta”.

Lleva tres años tomando testosterona, y la hormona le ayudó a que creciera su barba. En enero, le dijeron a su médico de Denver Health que dejara de recetársela. Su madre condujo horas desde su casa hasta Gunnison para darle la noticia en persona.

La receta ya está activa de nuevo, pero la mastectomía que había planeado para este verano no. Esperaba tener un tiempo de recuperación adecuado antes de empezar el segundo año de la universidad. Pero no conoce a nadie en Colorado que lo haga antes de los 19 años. Podría operarse fácilmente para aumentar sus pechos, pero debe buscar opciones quirúrgicas en otros estados para reducirlos o extirparlos.

“Se suponía que Colorado, como estado, era un refugio”, dijo su madre, Louise, quien pidió ser identificada por su segundo nombre. “Tenemos una ley que otorga a las personas trans el derecho a la atención médica, y sin embargo, nuestros sistemas de salud se la están quitando”.

Han sido necesarios ocho años y unos diez profesionales médicos y terapeutas para que David esté tan cerca de la meta. Es un gran logro después de haber vivido tantos años de disforia y dismorfia.

“Sigo adelante, y seguiré adelante, y casi nada podrá detenerme, porque así soy”, dijo David. “Siempre ha habido personas trans y siempre las habrá”.

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Los trabajadores de las industrias láctea y avícola han representado la mayoría de los en el país, y prevenir y detectar los casos entre ellos es clave para evitar una pandemia. Sin embargo, los especialistas en salud pública afirman que tienen dificultades para llegar a los trabajadores agrícolas porque muchos tienen miedo de hablar con desconocidos o de salir de casa.

“La gente tiene mucho miedo de salir, incluso para comprar alimentos”, dijo Rosa Yáñez, trabajadora social de Strangers No Longer, una organización católica con sede en Detroit que apoya a inmigrantes y refugiados en Michigan con problemas legales y de salud, incluida la gripe aviar. “La gente está preocupada por perder a sus hijos, o por que sus hijos pierdan a sus padres”.

“Solía ​​hablarle a la gente sobre la gripe aviar, y los trabajadores estaban contentos de recibir esa información”, dijo Yáñez. “Pero ahora solo quieren conocer sus derechos”.

Los trabajadores comunitarios que capacitan a los trabajadores agrícolas sobre la gripe aviar, les proporcionan equipo de protección y los conectan con las pruebas afirman haber notado un cambio drástico —primero en California, el estado más afectado por la gripe aviar— luego de las redadas de inmigración que comenzaron el 7 de enero, un día después que el Congreso certificara la victoria electoral del presidente Donald Trump.

Fue entonces cuando agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron indiscriminadamente a unos 200 trabajadores agrícolas y jornaleros latinos en el Valle Central de California, según informes locales citados en presentada posteriormente por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en nombre del sindicato United Farm Workers y varias personas que fueron detenidas.

“Los agentes de la Patrulla Fronteriza se lanzaron a una expedición de pesca” en una redada de tres días llamada “Operación Devolución al Remitente” (operation Return to Sender), que “separó a familias y aterrorizó a la comunidad”, alega la demanda.

Entre las personas detenidas se encontraba Yolanda Aguilera Martínez, trabajadora agrícola y abuela que reside legalmente en Estados Unidos y no tiene antecedentes penales. Iba a una cita médica conduciendo a la velocidad límite cuando agentes vestidos de civil en vehículos sin identificación la detuvieron, le ordenaron que bajara del coche, la empujaron al suelo y la esposaron, según la demanda.

Los agentes finalmente liberaron a Aguilera Martínez, pero la demanda indica que otras personas que enfrentaban la deportación fueron detenidas durante días en “celdas frías y sin ventanas” antes de ser trasladadas a México, y abandonadas.

No se les explicó el motivo de su arresto, ni se les dio la oportunidad de defenderse, ni se les permitió llamar a un abogado ni a sus familias, alega la demanda. Indica que los cuatro hijos de un padre deportado, sin antecedentes penales, “se han vuelto silenciosos y temerosos”, y que las convulsiones de uno de los hijos con epilepsia “han empeorado”.

La noticia de la redada se difundió rápidamente en California, donde viven aproximadamente , principalmente latinos. Las lecherías que emplean mano de obra inmigrante producen casi el 80% del suministro de leche de Estados Unidos, según .

“Luego de la Operación Devolución al Remitente, los trabajadores lácteos se mostraron aún más reacios a hablar, incluso anónimamente, sobre la falta de protección en las granjas lecheras y la falta de días por enfermedad cuando se contagian”, declaró Antonio De Loera-Brust, vocero de la Unión de Trabajadores Agrícolas.

Trabajadores comunitarios en otros estados reportan un efecto intimidatorio similar debido a las redadas y las políticas migratorias aprobadas tras la toma de posesión de Trump, quien degradó repetidamente a los inmigrantes y prometió deportaciones masivas durante la campaña electoral. “No son humanos, son animales”, dijo refiriéndose a los inmigrantes que se encontraban sin autorización en Estados Unidos .

La primera medida legislativa de Trump fue promulgar la Ley Laken Riley, que ordena la detención federal de inmigrantes acusados ​​de cualquier delito, independientemente de si hayan sido o no condenados.

El 20 de enero, el Departamento de Seguridad Nacional de “áreas protegidas”, permitiendo a los agentes arrestar a personas sin papeles en escuelas, hospitales o iglesias. En marzo, la administración Trump deportó a más de 100 venezolanos y otras personas sin una audiencia previa, que que obligaba frenar los aviones que los trasladaban a El Salvador.

Las consecuencias para la salud pública de la desaparición de los trabajadores agrícolas son potencialmente enormes: científicos especializados en enfermedades infecciosas afirman que prevenir el contagio de gripe aviar y detectar los casos son fundamentales para prevenir una pandemia. Por eso, el gobierno ha financiado iniciativas para proteger a estos trabajadores, y monitorearlos para detectar signos de gripe aviar, como ojos rojos o síntomas similares a los de la gripe.

“Cada vez que un trabajador se enferma, juega el azar, así que protegerlo es en el interés de todos”, dijo De Loera-Brust. “Al virus no le importa lo que digan tus documentos de inmigración”.

Potencial de pandemia

Aproximadamente lácteos y de granjas de aves de corral han dado positivo para la prueba de gripe aviar desde marzo de 2024, pero el número real de infecciones es mayor. Una investigación de Â鶹ŮÓÅ Health News descubrió que la vigilancia deficiente provocó que casos pasaran desapercibidos en las granjas el año pasado, y indicios de infecciones previas en trabajadores agrícolas que no se habían realizado la prueba.

Los departamentos de salud estatales y locales estaban empezando a superar las barreras del año pasado para las pruebas de gripe aviar, dijo Salvador Sandoval, médico que se jubiló recientemente del departamento de salud del condado de Merced, en California. Ahora, dijo, “la gente ve una unidad móvil de pruebas y piensa que es la Patrulla Fronteriza”.

El año pasado, las organizaciones de divulgación se conectaron con los trabajadores agrícolas en lugares donde se reunían, como en eventos de distribución de alimentos, pero estos ya no tienen mucha concurrencia, dijeron Sandoval y otros.

“Independientemente de su estatus migratorio, las personas con apariencia de inmigrantes sienten mucho miedo en este momento”, dijo Hunter Knapp, director de desarrollo de Project Protect Food Systems Workers, una organización de defensa de los trabajadores agrícolas en Colorado que realiza actividades de divulgación sobre la gripe aviar. Knapp explicó que algunos trabajadores de salud comunitarios latinos han reducido sus esfuerzos de divulgación por temor a ser acosados ​​por las autoridades o el público.

Una trabajadora comunitaria latina en Michigan, que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias contra su familia, dijo: “Mucha gente no va al médico en este momento debido a la situación migratoria”.

“Prefieren quedarse en casa y dejar que el dolor, el enrojecimiento del ojo o lo que sea desaparezca”, agregó. “La situación se ha intensificado mucho este año y la gente está muy, muy asustada”.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) han reportado muchos menos casos humanos desde que Trump asumió el cargo. Durante los tres meses previos al 20 de enero, la agencia confirmó dos docenas de casos. Desde entonces, solo se han detectado tres, incluidas dos personas con casos lo suficientemente graves como para ser hospitalizadas.

Los CDC han afirmado que continúan monitoreando la gripe aviar, pero Jennifer Nuzzo, directora del Centro de Pandemias de la Universidad de Brown, señaló que la baja de los casos podría deberse a que se hacen menos pruebas. “Me preocupa que estemos observando una disminución en la vigilancia y no necesariamente una disminución en la propagación del virus”.

Las infecciones no detectadas representan una amenaza para los trabajadores agrícolas y para el público en general.

Dado que los virus evolucionan mutando dentro del cuerpo, cada infección es como presionar la palanca de una máquina tragamonedas. Una persona que falleció a causa de la gripe aviar en Louisiana en diciembre ilustra este punto: la que los virus de la gripe aviar evolucionaron dentro del paciente, generando mutaciones que podrían aumentar su capacidad de propagación entre humanos. Sin embargo, debido a que el paciente estuvo aislado en un hospital, los virus más peligrosos no se transmitieron a otros.

Esto podría no ocurrir si los trabajadores agrícolas enfermos no reciben tratamiento y viven en hogares hacinados o en centros de detención sin ventanas donde podrían infectar a otros, señaló Angela Rasmussen, viróloga de la Universidad de Saskatchewan, en Canadá.

Aunque la gripe aviar aún no se propaga fácilmente entre personas por aire, como la gripe estacional, podría diseminarse ocasionalmente cuando las personas están en espacios reducidos, y evolucionar para hacerlo con más eficiencia.

“Me preocupa que no nos demos cuenta de que esto está sucediendo hasta que algunas personas enfermen gravemente”, dijo Rasmussen. “En ese momento, las cifras serían tan altas que podrían descontrolarse”.

El virus pouede no evolucionar nunca para propagarse fácilmente, pero podría pasar. Rasmussen afirmó que el resultado sería “catastrófico”. Basándose en lo que se sabe sobre las infecciones humanas, ella y sus colegas predicen en que una pandemia de gripe aviar H5N1 “colapsaría los sistemas de salud” y “causaría millones de muertes más” que la pandemia de covid-19.

Entrega de vacunas

A fines del año pasado, los CDC lanzaron una campaña de vacunación contra la gripe estacional dirigida a más de 200.000 trabajadores ganaderos. La esperanza era que la vacunación contra la gripe redujera la probabilidad de que un trabajador agrícola se infectara simultáneamente con los virus de la gripe estacional y la gripe aviar.

La coinfección permite que ambos virus intercambien genes, creando potencialmente un virus de la gripe aviar que se propagaría con la misma facilidad que la variante estacional.

Sin embargo, Sandoval afirmó que la vacunación contra la gripe disminuyó inmediatamente después del operativo de enero en California.

Funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza informaron en que arrestaron a 78 inmigrantes que se encontraban “ilegalmente en Estados Unidos” durante el operativo de tres días.

Entre ellos se encontraba un delincuente sexual convicto y otras personas con antecedentes penales, como vandalismo y hurtos menores, según el comunicado. La agencia no especificó las acusaciones contra cada persona ni si todos habían sido acusados. Ex funcionarios de la administración Biden, que se encontraba en sus últimos días cuando ocurrieron los arrestos, tomarán distancia del operativo en entrevistas con .

Mayra Joachin, abogada de la ACLU del Sur de California, afirmó que el operativo era diferente a otros del gobierno de Biden, ya que se trataba de arrestos indiscriminados por parte de la Patrulla Fronteriza en el interior del país.

“Encaja con la campaña más amplia de la administración Trump de infundir miedo en las comunidades inmigrantes”, declaró, “como se vio en la campaña electoral y en acciones posteriores que atacaban a cualquiera que se percibiera como extranjero en el país”.

En marzo, David Kim, subjefe de la unidad de la Patrulla Fronteriza que dirigió el operativo, lo calificó como una “prueba de concepto”.

“Sabemos que ahora podemos superar ese límite en cuanto a distancia”, declaró al medio de comunicación del sur de California .

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a las solicitudes de comentarios. En un correo electrónico, Kush Desai, vocero de la Casa Blanca, escribió: “A pesar de lo que creen los ‘expertos’, combatir la epidemia de gripe aviar y hacer cumplir nuestras leyes de inmigración no son mutuamente excluyentes”.

Anna Hill Galendez, abogada gerente del Michigan Immigrant Rights Center, entidad que participa en la difusión de información sobre la gripe aviar, afirmó que las tácticas inusualmente agresivas de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disuadieron a los trabajadores lácteos enfermos de la Península Superior de Michigan de salir de sus hogares para recibir atención médica a finales de enero. Se pusieron en contacto con el centro para solicitar ayuda.

“Querían atención médica. Querían vacunas contra la gripe. Querían [equipo de protección personal]. Querían hacerse la prueba”, declaró Hill Galendez. “Pero tenían miedo de ir a cualquier parte debido a las medidas de control migratorio”.

Lynn Sutfin, funcionaria de información pública del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS), respondió a las preguntas sobre la situación en la península en un correo electrónico a Â鶹ŮÓÅ Health News: “Los trabajadores agrícolas no aceptaron la oferta de pruebas del departamento de salud local ni del MDHHS”.

Los CDC se negaron a comentar sobre el impacto de las medidas migratorias en la labor de divulgación con trabajadores agrícolas.

Para adaptarse a la nueva realidad, Yanez ahora destaca sus consejos sobre la gripe aviar en Michigan, combinándolos con información sobre los derechos de los inmigrantes.

En Colorado, Knapp dijo que su organización está cambiando su enfoque y dejando de lado la divulgación sobre la gripe aviar en eventos donde se congregan trabajadores agrícolas, ya que esto podría percibirse como una trampa: el tipo de evento que atraería a los agentes de ICE.

Los trabajadores de divulgación que viven en las mismas comunidades que los trabajadores agrícolas también se están retirando un poco. “Como latinos, siempre nos identifican”, dijo el trabajador comunitario, quien habló bajo condición de anonimato. “Tengo una visa que me protege, pero las cosas están cambiando muy rápidamente bajo la administración Trump, y la verdad es que nada es seguro”.

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También una campaña en medios para que los niños de bajos recursos del condado de Washoe, en Nevada, se pusieran al día con sus vacunas.

Otras clínicas planificadas se cancelaran en , y , entre otros lugares.

Los esfuerzos de inmunización en todo el país se vieron afectados después que, a fines de marzo, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) en fondos relacionados con covid-19 para los departamentos de salud estatales y locales.

Un juez federal los recortes a principios de abril, pero muchas de las organizaciones que reciben los fondos dijeron que deben proceder como si ya no hubiera más dinero, lo que genera preocupación en medio de un resurgimiento del sarampión, un aumento en la reticencia a las vacunas, y una creciente desconfianza en las agencias de salud pública.

“Me preocupa especialmente la accesibilidad de las vacunas para las poblaciones vulnerables”, declaró a Â鶹ŮÓÅ Health News Jerome Adams, ex cirujano general de Estados Unidos. Adams formó parte del primer gobierno del presidente Donald Trump. “Sin altas tasas de vacunación, estamos exponiendo a esas poblaciones y comunidades a daños prevenibles”.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), bajo el cual operan los CDC, no hace comentarios sobre litigios en curso, según la vocera Vianca Rodríguez Feliciano. Sin embargo, envió un comunicado sobre la medida original, afirmando que el HHS realizó los recortes porque la pandemia de covid-19 ha terminado: “El HHS ya no malgastará miles de millones de dólares de los contribuyentes respondiendo a una pandemia inexistente que los estadounidenses superaron hace años”.

El punto es que las clínicas han utilizado ese dinero para abordar otras enfermedades prevenibles como la gripe, mpox (virus símica) y el sarampión. Más de en un brote en Texas hasta la fecha han provocado 57 hospitalizaciones y la muerte de dos niños en edad escolar.

En el condado de Pima, Arizona, las autoridades se enteraron de que uno de sus programas de vacunación tendría que interrumpirse debido a que el gobierno federal restante de la subvención. El condado tuvo que cancelar unos 20 eventos de vacunación que ya tenía programados, que ofrecían vacunas contra covid-19 y la gripe, según informó Theresa Cullen, directora del departamento de salud del condado. Y no puede planificar más, agregó.

El condado alberga a Tucson, la segunda ciudad más grande de Arizona. También abarca extensas zonas rurales, incluyendo parte de la Nación Tohono O’odham, que están lejos de muchas clínicas de salud y farmacias, explica Cullen.

El condado de Pima utilizó la subvención federal para ofrecer vacunas gratuitas en zonas principalmente rurales, en general los fines de semana o después del horario laboral habitual entre semana, explicó Cullen. Los programas se realizan en organizaciones comunitarias, durante ferias y otros eventos, o en autobuses convertidos en clínicas de salud móviles.

La cancelación de las subvenciones relacionadas con las vacunas tiene un impacto que va más allá de las tasas de inmunización, afirmó Cullen. Los eventos de vacunación también son una oportunidad para ofrecer educación sanitaria, conectar a las personas con otros recursos que puedan necesitar y fomentar la confianza entre las comunidades y los sistemas de salud pública, apuntó.

Los líderes del condado sabían que los fondos se agotarían a finales de junio, pero Cullen explicó que el departamento de salud había estado en conversaciones con las comunidades locales para encontrar la forma de continuar con los eventos. Ahora, “les hemos dicho: ‘Lo sentimos, teníamos un compromiso con ustedes y no podemos cumplirlo'”, declaró.

Cullen afirmó que el departamento de salud no reanudará los eventos a pesar de que un juez bloqueó temporalmente los recortes de fondos.

“La subvención para la equidad en las vacunas es una subvención que va de los CDC al estado y luego llega a nosotros”, explicó. “El estado es quien nos dio la orden de suspender actividades”.

El impacto total de los recortes de los CDC aún no está claro en muchos lugares. Funcionarios del Departamento de Salud Pública de California estimaron que la cancelación de las subvenciones resultaría en pérdidas de al menos $840 millones en fondos federales para su estado, incluyendo $330 millones destinados al monitoreo del virus, pruebas, vacunas infantiles y la atención a las disparidades en salud.

“Estamos trabajando para evaluar el impacto de estas medidas”, declaró , directora del Departamento de Salud Pública de California.

En el condado de Washoe, en Nevada, los recortes sorpresivos de fondos federales implican la pérdida de dos empleados contratados que organizan y anuncian los eventos de vacunación, incluyendo las para el regreso a clases contra enfermedades como el sarampión.

“Nuestro equipo principal no puede estar en dos lugares a la vez”, declaró , directora de la división de servicios de salud comunitaria y clínica del Departamento de Salud Pública del Norte de Nevada.

Esperaba retener a los contratistas hasta junio, fecha prevista de vencimiento de las subvenciones. El distrito de salud se apresuró a encontrar fondos para mantener a los dos trabajadores unas semanas más. Consiguieron suficiente para pagarles solo hasta mayo.

Lottritz canceló de inmediato una campaña publicitaria enfocada en que los niños con seguro médico público estuvieran al día con sus vacunas. Los eventos de vacunación en la clínica de salud pública continuarán, pero serán muy reducidos y con menos personal, dijo.

Las enfermeras que ofrecen vacunas en iglesias, centros para personas mayores y bancos de alimentos dejarán de hacerlo en mayo, cuando se agote el dinero para pagar a los trabajadores.

“El personal tiene otras responsabilidades. Realizan visitas de cumplimiento, gestionan nuestra clínica, así que no tendré los recursos para organizar eventos como ese”, dijo Lottritz.

El efecto de las cancelaciones se sentirá durante mucho tiempo, dijo , oficial de salud del distrito de Salud Pública del Norte de Nevada, y podrían pasar años hasta que se sienta el alcance total de la disminución de la vacunación.

“Nuestra sociedad no tiene un conocimiento colectivo de esas enfermedades y lo que causaron”, dijo.

El sarampión es una preocupación prioritaria en Missouri, donde una conferencia sobre el fortalecimiento de los esfuerzos de inmunización a nivel estatal se canceló abruptamente debido a los recortes.

La Coalición de Inmunización de Missouri, que organizó el evento del 24 y 25 de abril, también tuvo que despedir a la mitad de su personal, según la presidenta de la junta, Lynelle Phillips. Esta coalición, que coordina la promoción y educación sobre vacunación en todo el estado, ahora debe encontrar financiación alternativa para seguirá operando.

“Es simplemente cruel y completamente incorrecto hacer esto en medio de un resurgimiento del sarampión en el país”, declaró Phillips.

Dana Eby, del departamento de salud del condado de New Madrid, en Missouri, tenía previsto compartir en la conferencia consejos sobre cómo generar confianza en las vacunas en las comunidades rurales, incluyendo el uso de enfermeras escolares y el programa , financiado por los CDC.

New Madrid tiene una de las tasas de vacunación infantil más altas del estado, a pesar de pertenecer a la región mayoritariamente rural de “Bootheel”, conocida por sus malas condiciones sanitarias. Más del 98% de los niños de kínder del condado recibieron la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola en el ciclo escolar 2023-24, en comparación con el promedio estatal de alrededor del 91% y tasas tan bajas como el 61% en otros condados.

“Diré que creo que el sarampión será un problema antes de jubilarme”, dijo Eby, de 42 años.

También estaba previsto que hablara en el evento de Missouri el ex director general de servicios de salud, Adams, quien comentó que planeaba enfatizar la necesidad de la colaboración comunitaria y la importancia de la vacunación para proteger la salud pública y reducir las enfermedades prevenibles. Agregó que el momento era especialmente oportuno dado el aumento repentino de casos de sarampión en Texas y el aumento de casos y .

“No podemos hacer a Estados Unidos más saludable retrocediendo en nuestras tasas de vacunación históricamente altas”, afirmó Adams. “No puedes morir de enfermedades crónicas a los 50 años si ya has muerto de sarampión, polio o tos ferina a los 5”.

Christine Mai-Duc, corresponsal en California, colaboró con este artículo.

Nos gustaría hablar con personal en funciones y ex empleados del Departamento de Salud y Servicios Humanos o sus agencias que crean que el público debe comprender el impacto de lo que está sucediendo dentro de la burocracia federal de salud. Por favor, envía un mensaje a Â鶹ŮÓÅ Health News en Signal al (415) 519-8778 o contáctanos aquí.

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