Coon estaba en un auto por los caminos secundarios de la Reserva India Flathead en el oeste de Montana cuando perdió el conocimiento. Alguien en el auto tomó una pequeña botella de naloxona, la roció en su nariz y realizó resucitación (CPR) hasta que recuperó el conocimiento.

Coon dijo que tener acceso rápido al agente de reversión de sobredosis, también conocido por su nombre comercial, Narcan, fue muy afortunado.

“Es un milagro que haya sobrevivido las veces que no me administraron naloxona”, dijo Coon. “La gente me devolvió la conciencia echándome agua fría y haciendo CPR. Pero eso no garantiza que te vayan a devolver a la vida”, agregó Coon.

Casi dos años después, Coon es entrenadora de recuperación para un programa local, Never Alone Recovery Support Services, y está obteniendo un título como consejera de adicciones en Salish Kootenai College. Lleva dosis de naloxona en su auto por si necesita ayudar a otras personas.

Pero dijo que le preocupa la falta de acceso al medicamento, particularmente en áreas rurales como la suya. El canal de distribución de los departamentos de salud estatal y tribal ha sido inconsistente, y el precio de $50 por un paquete de dos dosis de naloxona en el Walmart más cercano lo vuelve inaccesible para muchas personas.

“¿Cómo se supone que vamos a poder pagar por este medicamento que en última instancia es para salvar nuestras vidas y las de los que nos rodean?” dijo.

Oficiales de salud de Montana están considerando una nueva estrategia para hacer que la naloxona sea más accesible.

Basándose en un fondo de salud conductual reservado por los legisladores en 2023, oficiales de salud de la administración del gobernador Greg Gianforte han propuesto instalar dos docenas de máquinas expendedoras de naloxona y tiras reactivas de fentanilo alrededor del estado, en centros de salud conductual y lugares de servicio para personas sin hogar.

El plan de $400,000 para construir, abastecer y mantener 24 máquinas expendedoras durante un año aún no ha sido aprobado por el gobernador republicano, que se postula para un segundo mandato, quien en última instancia decide cómo se gastan los fondos asignados a la Comisión del Sistema de Salud Conductual para las Generaciones Futuras.

Los detalles del Departamento de Salud Pública y Servicios Humanos del estado sobre dónde se colocarían las máquinas y cómo se operarían siguen siendo escasos.

La tasa de muertes relacionadas con opioides en Montana en los últimos años, de 3,6 muertes por cada 100,000 residentes en 2017 a 11,3 por cada 100,000 residentes en 2023.

La tasa de mortalidad es más alta entre los nativos americanos: las personas nativas en Montana murieron por sobredosis de opioides a una tasa de 33 muertes por cada 100,000 personas en 2023, más de tres veces la tasa de las personas blancas no hispanas.

La naloxona ha surgido como una herramienta importante para combatir las sobredosis de opioides. Cuando se administra rápidamente, se adhiere a los receptores del cerebro a los que se dirigen los opioides, bloqueando los efectos de las drogas.

En todo Estados Unidos, las máquinas expendedoras que distribuyen naloxona y otros suministros de salud de forma gratuita se están convirtiendo en en la lucha contra las sobredosis de opioides. Diferentes versiones del modelo se están probando en al menos .

En un informe de 2023, el describió el uso de máquinas expendedoras para distribuir naloxona y otros suministros de “reducción de daños”, como kits de primeros auxilios, pruebas de embarazo, jeringas estériles y más, como una herramienta de salud pública que se hizo más común durante la era del distanciamiento social durante la pandemia de covid-19.

Pero la popularidad del modelo ha seguido creciendo desde entonces, especialmente en lugares con poblaciones a las que es difícil llegar.

“Proporcionan servicios a [personas que usan drogas] con muchas menos barreras que los programas en un sitio fijo e incluso la divulgación móvil”, afirmó el informe. Las máquinas expendedoras de reducción de daños “también pueden proporcionar mayor privacidad y anonimato”.

La propuesta del departamento de salud estatal sería el primer caso en Montana de máquinas expendedoras financiadas directamente por el estado, a diferencia de las pocas que ahora se financian a través de subvenciones públicas o filantropía privada.

Jami Hansen, jefe de la oficina de prevención de la División de Salud Conductual y Discapacidades del Desarrollo del departamento, habló sobre la propuesta durante una reunión de mayo de la comisión estatal de salud conductual. Dijo que las máquinas expendedoras son una forma específica de llenar vacíos en un estado escasamente poblado que no ofrece acceso consistente a tratamientos para la adicción y naloxona.

“Tener algo disponible que puedan utilizar ellos mismos sería muy, muy beneficioso”, agregó Hansen.

Algunos grupos locales de salud pública en Montana, incluidos los de Missoula, Helena, Kalispell y el condado de Big Horn, ya han comenzado a usar máquinas expendedoras para distribuir naloxona gratuita, tiras reactivas para drogas y otros suministros de salud.

En Helena, tres máquinas compradas por el condado de Lewis y Clark han estado distribuyendo aerosol nasal Narcan gratuito y bolsas para la eliminación segura de drogas (usadas para disolver pastillas recetadas y recreativas) durante más de un año.

Kellie Goodwin McBride, directora del departamento de servicios de justicia penal del condado, dijo que su equipo intentó inicialmente integrar las máquinas en negocios locales, como un bar céntrico, una lavandería y un mercado, pero fallaron repetidamente.

A veces, no había suficiente espacio para las máquinas. En otros casos, dijo McBride, los dueños se preocupaban de que una máquina expendedora de Narcan diera la impresión de que el negocio toleraba o acogía el uso de drogas.

En su lugar, el condado instaló máquinas expendedoras en un refugio sin fines de lucro que atiende a residentes locales sin hogar, el edificio del tribunal de distrito estatal y el Centro de Justicia y Leyes en el centro, que alberga el tribunal municipal y el departamento del sheriff del condado. Esa máquina, es la que más se utiliza, dijo McBride.  

A diferencia de algunos otros modelos, las máquinas expendedoras de Narcan en Helena no requieren registro de usuarios ni códigos para acceder a los materiales dentro, lo que hace imposible rastrear quién está tomando naloxona o si se está utilizando.

McBride y su equipo reconocen que no hay una forma consistente de saber cuántas muertes relacionadas con opioides han ayudado a prevenir las máquinas expendedoras.

Jessica Johnson es la supervisora de educación sanitaria en el Distrito de Salud del Sur de Nevada, que ayudó a crear la primera colaboración de máquinas expendedoras en el país. Dijo que el proyecto fue diseñado para distribuir naloxona y jeringas estériles para reducir la propagación de enfermedades infecciosas entre las personas que se inyectan drogas.

Un estudio de 2022 registró 41 muertes por sobredosis menos de las esperadas en el condado de Clark, donde se ubicaron las máquinas, durante el primer año de distribución.

Johnson dijo que una de sus conclusiones del programa es la importancia de escuchar a las personas que están en más riesgo de la comunidad. Los quioscos o máquinas expendedoras de reducción de daños resultantes pueden ser tan diversos como los lugares en los que se encuentran.

Trabajadores de salud pública de todo el país han agregado cepillos de dientes, kits para dejar de fumar tabaco y otros suministros a sus máquinas expendedoras según las sugerencias de las poblaciones a las que sirven, dijo Johnson.

Aunque aún no se han elegido a los organizadores, Jon Ebelt, vocero del departamento de salud de Montana, dijo que la recomendación de la agencia de colocar máquinas en refugios y sitios que atienden a personas sin hogar se basa en el deseo de llegar a personas con enfermedades mentales graves, y a otras que ya están buscando servicios en esos lugares.

Ebelt confirmó que el departamento no se basó en datos de sobredosis de opioides ni en información demográfica sobre las personas que más a menudo sufren sobredosis en Montana al decidir dónde colocar las máquinas. En su lugar, la decisión se basó en “programación comunitaria y contratos existentes con sitios de servicios de salud mental y adicciones”.

Agregó que, según la propuesta, los anfitriones comunitarios de las máquinas expendedoras podrán seleccionar muchos tipos de suministros adicionales de reducción de daños para distribuir, “ya que cada comunidad tiene diferentes necesidades”, pero las jeringas estériles no estarán entre los productos disponibles en las máquinas de Montana.

El estado planea pagar un año de suministros, después del cual puede utilizar subvenciones federales para abastecer las máquinas, y los fondos federales para comprar jeringas para el uso ilegal de drogas. Ebelt no respondió a otras preguntas sobre esa decisión o si los sitios podrían agregar jeringas y otros materiales suministrados a través de financiación independiente.

Este artículo se produjo a través de una asociación entre Â鶹ŮÓÅ Health News y Montana Free Press.

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Me formé como médica y he hecho esta misma pregunta a los pacientes miles de veces, así que pienso mucho en cómo cuantificar la suma de caderas doloridas, muslos punzantes y el dolor adormecedor cerca de mi omóplato izquierdo. Hago una pausa y luego, generalmente de manera arbitraria, elijo un número. “¿Tres o cuatro?”, aventuro, sabiendo que la respuesta real es larga, complicada e imposible de medir de esta manera unidimensional.

El dolor es algo escurridizo. A veces es ardiente, a veces perforante, a veces oprime profundo en los músculos. El mío puede depender de mi estado de ánimo o de cuánto le preste atención, y puede “desaparecer” casi por completo si estoy concentrada en una película o tarea.

El dolor también puede ser lo suficientemente incapacitante como para cancelar vacaciones, o tan abrumador que vuelve a las personas adictas a los opioides. Incluso el dolor de 10+ puede ser soportable cuando se tolera por una buena razón, como dar a luz.

Pero, ¿cuál es el propósito de los dolores que tengo ahora, efectos persistentes de una lesión en la cabeza?

El concepto de reducir estos matices del dolor a un solo número data de la década de 1970. Pero hoy en día la escala del cero a 10 parece vetusta debido a lo que se llamó una “revolución del dolor” en los años 90, cuando la nueva forma de abordar el dolor —principalmente con opioides— se presentó como un progreso.

Los médicos de hoy tienen una comprensión más completa del tratamiento del dolor, así como de las terribles consecuencias de recetar opioides con liviandad. Lo que están aprendiendo ahora es cómo medir mejor el dolor y tratar sus muchas formas.

Hace unos 30 años, los médicos que defendían el uso de opioides dieron nueva vida a lo que había sido hasta el momento una especialidad marginal: la gestión del dolor. Comenzaron a promover la idea de que el dolor debería medirse en cada cita como un “quinto signo vital”. La Sociedad Americana del Dolor llegó a . Pero a diferencia de los otros signos vitales —presión arterial, temperatura, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria— el dolor no tenía una escala objetiva.

¿Cómo medir lo inmensurable?

La sociedad alentó a los médicos y enfermeras a usar el sistema de calificación de cero a 10. Alrededor de esa época, la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) aprobó OxyContin, un analgésico opioide de liberación lenta fabricado por Purdue Pharma.

El propio fabricante de medicamentos instó a los médicos a , y promovió agresivamente los opioides como una solución obvia. Para ser justos, en una época en la que el dolor a menudo se ignoraba o se trataba de manera insuficiente, el sistema de calificación de cero a 10 podría considerarse un avance.

Las bombas de morfina no estaban disponibles para aquellos pacientes con cáncer que vi en los años 80, incluso aquellos con un dolor agonizante por cáncer en los huesos; los médicos consideraban el dolor como una parte inevitable de la enfermedad. En la sala de emergencias donde trabajé a principios de los 90, recetar incluso unas pocas píldoras de opioides era un inconveniente: requería pedirle a la enfermera jefe que desbloqueara un recetario especial y hacer una copia para la agencia estatal que rastreaba los patrones de prescripción.

Los reguladores (con razón) se preocupaban de que repartir narcóticos llevara a la adicción. Como resultado, algunos pacientes necesitados de alivio probablemente se quedaron sin él.

Después que los médicos del dolor y los fabricantes de opioides hicieran campaña para un uso más amplio de estas drogas — alegando que las formas más nuevas no eran adictivas, o mucho menos que las formulaciones anteriores — recetar los medicamentos se volvió mucho más fácil y se promovieron para todo tipo de dolor, ya sea una artritis de rodilla o problemas de espalda.

Como joven médica que se unía a la “revolución del dolor”, probablemente les pregunté a los pacientes miles de veces que calificaran su dolor en una escala de cero a 10 y escribí muchas recetas cada semana para medicamentos para el dolor, ya que monitorear “el quinto signo vital” se volvió rápidamente rutinario en el sistema médico.

Con el tiempo, la medición del dolor de cero a 10 se convirtió en caja necesaria para llenar en los registros médicos electrónicos. La Commission on the Accreditation of Healthcare Organizations hizo que evaluar el dolor regularmente fuera para que los centros médicos recibieran de atención médica.

Los grupos médicos agregaron el a su lista de derechos de los pacientes, y la satisfacción con el tratamiento del dolor se convirtió en un componente de las encuestas de pacientes posteriores a la cita médica. (Una mala calificación podría significar un menor reembolso por parte de algunos aseguradoras).

Pero este enfoque para la gestión del dolor tenía claros inconvenientes. Estudios revelaban que medir el dolor de los pacientes . Los médicos mostraban poco interés en, o no sabían cómo responder a la respuesta registrada. Y que los pacientes estuvieran satisfechos con discutir su dolor con el médico no significaba necesariamente que recibieran .

Al mismo tiempo, los medicamentos estaban alimentando la creciente epidemia de opioides. La investigación mostró que se estimaba que de las personas que recibían una receta de medicamentos para el dolor desarrollaban una adicción.

Sin embargo, los médicos que querían tratar el dolor tenían pocas otras opciones. “Teníamos un buen sentido de que estos medicamentos no eran la única forma de manejar el dolor”, me dijo , directora de la Oficina de Políticas y Planificación del Dolor de los Institutos Nacionales de Salud. “Pero no teníamos una buena comprensión de la complejidad o las alternativas”.

El entusiasmo por los narcóticos dejó muchas variedades de dolor sin explorar y sin tratar durante años.

Solo en 2018, un año en que casi 50,000 estadounidenses murieron por una sobredosis, el Congreso comenzó a financiar un programa —la Red de Investigación Clínica de la Fase Temprana del Dolor, o EPPIC-Net— diseñado para explorar tipos de dolor y encontrar mejores soluciones. La red conecta especialistas en 12 centros clínicos académicos especializados y está destinada a iniciar nuevas investigaciones en este campo y encontrar soluciones a medida para diferentes tipos de dolor.

Una escala de cero a 10 puede tener sentido en ciertas situaciones, como cuando una enfermera la usa para ajustar la dosis de medicación para un paciente hospitalizado después de una cirugía o un accidente. Y los investigadores y especialistas en dolor han intentado crear mejores herramientas de calificación — docenas, de hecho, ninguna de las cuales fue adecuada para capturar la complejidad del dolor, concluyó .

Por ejemplo, la Administración de Salud de Veteranos creó una que tenía preguntas adicionales e indicaciones visuales: una calificación de 5 se correlacionaba con un ceño fruncido y un nivel de dolor que “interrumpe algunas actividades”. La encuesta tardaba mucho más y producía resultados que que el sistema de cero a 10.

Para la década de 2010, muchas organizaciones médicas, incluida la y la Academia Estadounidense de Médicos de Familia, estaban no solo la escala de cero a 10, sino de que un paciente podía informar su dolor de manera numérica y significativa.

En los años en que los opioides habían dominado los remedios para el dolor, algunos medicamentos — como la gabapentina y la pregabalina para la neuropatía, y los parches y cremas de lidocaína para los — estaban disponibles.

“Había una creciente conciencia de la increíble complejidad del dolor, y de que tendrías que encontrar los medicamentos adecuados para los pacientes adecuados”, me dijo Rebecca Hommer, directora interina de EPPIC-Net.

Los investigadores ahora están buscando biomarcadores asociados con diferentes tipos de dolor para que los estudios de medicamentos puedan usar medidas más objetivas para evaluar sus efectos. Una mejor comprensión de las vías neurales y los neurotransmisores que crean diferentes tipos de dolor también podría ayudar a los investigadores a diseñar medicamentos para interrumpirlos y domesticarlos.

Es poco probable que cualquier tratamiento que surja de esta investigación sea un éxito de taquilla como los opioides; por diseño, serán útiles para menos personas. Eso también los hace prospectos menos atractivos para las compañías farmacéuticas.

Así que EPPIC-Net está ayudando a pequeños laboratorios, académicos e incluso a médicos individuales a diseñar y realizar ensayos en etapa temprana para probar la seguridad y eficacia de moléculas prometedoras para aliviar el dolor.

Esa información se entregará a las farmacéuticas para ensayos en etapa tardía, todo con el objetivo de obtener nuevos medicamentos aprobados por la FDA más rápidamente. Los primeros ensayos de EPPIC-Net están comenzando. Encontrar mejores tratamientos no será una tarea fácil, porque el sistema nervioso es un universo en gran parte inexplorado de moléculas, células y conexiones eléctricas.

El Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2021 fue para los científicos que que nos permiten sentir las sensaciones más básicas: el frío y el calor. En comparación, el dolor es una hidra, un monstruo de muchas cabezas. Un simple número puede parecer definitivo. Pero no ayuda a nadie a que el dolor desaparezca.

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Un hombre de mediana edad abrió, con mirada cautelosa.

“Hola, señor, ¿cómo está hoy?”, le preguntó Elie, que tenía puesta una chaqueta con el logo de la Campana de la Libertad, del gobierno de la ciudad. “Mi nombre es Marsella. Estoy trabajando con la ciudad. ¿Ha oído hablar de las sobredosis que están ocurriendo en el vecindario, verdad?”.

El hombre asintió. Elie señaló los folletos que tenía sobre sobredosis de drogas y programas de tratamiento para la adicción. Levantó una caja de Narcan, una marca de naloxona, que puede revertir una sobredosis de opioides.

“Lo que estamos tratando de hacer es que esto llegue a todos los hogares. ¿Alguna vez ha oído hablar de esto antes?”, preguntó Elie antes de entregarle al hombre una bolsa de tela llena de folletos, tiras de prueba de fentanilo y la caja de Narcan.

Elie y otros trabajadores de medio tiempo de la ciudad y voluntarios forman parte de una campaña puerta a puerta a gran escala en Philadelphia que tiene como objetivo equipar los hogares con naloxona y otros suministros para prevenir sobredosis de drogas.

Los funcionarios de la ciudad esperan que este enfoque proactivo transforme a la naloxona en un artículo que esté en los botiquines, para evitar que las personas mueran por sobredosis, especialmente los residentes negros.

En Philadelphia, en 2022, según datos de la ciudad, un récord de murieron por sobredosis de drogas. Entre los residentes negros, las muertes aumentaron un 20% respecto al año anterior, y muchas ocurrieron en casas.

“Lo mejor que podemos hacer para que estos productos sean más accesibles es simplemente dárselos a las personas”, dijo , subdirectora de la de la ciudad, hablando sobre la bolsa de tela con naloxona y otros suministros.

“No le estamos preguntando si está usando drogas. El objetivo aquí es realmente construir una responsabilidad colectiva. Como personas de comunidades minoritarias, como vimos durante la epidemia de covid, nadie viene a salvarnos. Para nosotros, esta es una herramienta que podemos usar para salvarnos a nosotros mismos”.

Esta iniciativa de distribución tiene como objetivo llevar suministros de prevención directamente a personas que de otro modo no los buscarían por sí mismas, y concientizar sobre las sobredosis más allá de Kensington, el epicentro de la epidemia de adicción de la ciudad.

Los encuestadores planean golpear más de 100,000 puertas en los “puntos calientes” de Philadelphia, con tasas crecientes de sobredosis de opioides, muchos en comunidades minoritarias.

El aumento de las disparidades raciales en las muertes por sobredosis es una de las consecuencias a largo plazo de la , dijo McLoyd. Las políticas de esa campaña nacional llevaron a décadas de tácticas policiales agresivas, perfil racial y largas condenas de prisión, afectando de manera desproporcionada a personas de color y a sus comunidades.

La investigación muestra que los afroamericanos siguen representando por drogas y servicios de protección infantil.

“Por eso, está muy claro por qué las personas de minorías podrían ser reacias a levantar la mano y decir: ‘Soy una persona que usa drogas, necesito esos recursos'”, dijo McLoyd.

Otras comunidades han distribuido naloxona y otros suministros, aunque . Lo que está haciendo Philadelphia podría convertirse en un modelo para otros lugares densamente poblados, dijo , vicepresidenta de iniciativas sobre el uso de drogas en , una organización de salud pública que trabaja con gobiernos locales en siete estados para abordar la epidemia de opioides.

“Hay algo intensamente personal en un compromiso humano”, dijo Heller. “Y que alguien toque a tu puerta para hablar sobre el uso de drogas y el riesgo de sobredosis y que haya algo que se pueda hacer, creo que es realmente poderoso”.

A lo largo de los años, la naloxona se ha vuelto más accesible que nunca, apuntó Heller. Ahora se puede y se puede recibir por correo, está disponible en especializadas y algunas farmacias ahora venden el spray nasal de Narcan sin receta.

Pero siguen muriendo por sobredosis de opioides cada año.

Eso significa que los esfuerzos de prevención y los mensajes sobre la crisis aún no llegan a algunas personas, dijo Heller. Y para Heller, llegar a las personas significa ir donde están. “Tenemos que pensar así cuando pensamos en la distribución de naloxona”.

El proyecto de divulgación en Philadelphia está financiado en parte por los pagos de acuerdos de demandas nacionales contra fabricantes y distribuidores de opioides, .

Se espera que la ciudad reciba alrededor de $200 millones en aproximadamente 18 años de acuerdos con AmerisourceBergen, Cardinal Health, McKesson y Johnson & Johnson.

De la iniciativa forman parte muchas de las mismas personas que comenzaron a hacer divulgación como parte del censo de 2020.

No todos responden a la puerta. Algunos no están en casa. En esos casos, los trabajadores dejan un volante en el picaporte de la puerta que ofrece información sobre los riesgos de las sobredosis, y contactos para obtener más recursos.

Los equipos de encuestadores, a menudo con intérpretes de idiomas, hacen una segunda ronda de visitas en el vecindario para llegar a las personas que no vieron la primera vez.

En un jueves reciente, los encuestadores de Philadelphia estaban tocando puertas en los vecindarios de Franklinville y Hunting Park. Según datos de la ciudad, en este código postal, aproximadamente 85 personas murieron por sobredosis de drogas en 2022. Eso es menos que las 193 personas que murieron por sobredosis en Kensington el mismo año, pero mucho más que las pocas muertes vistas en los vecindarios más ricos de la ciudad.

Los encuestadores se acercaron a una residente, Katherine Camacho, en la acera, cuando salía de su garage. Camacho les dijo que estaba al tanto del problema de las sobredosis en su comunidad y luego aceptó con entusiasmo una caja de Narcan. “Voy a llevar esto conmigo, porque, como dije, a veces estás en la calle conduciendo a algún lugar y podrías salvar una vida”, les dijo Camacho.

En cuanto al esfuerzo de divulgación de Philadelphia, Camacho dijo que cree que “Dios está poniendo a estas personas para ayudar”. Mientras entraba en su casa llevando la caja de Narcan, agregó que quería hacer su parte para ayudar.

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Los socorristas estaban a solo cuatro minutos de distancia. “Pero aún así, cuatro minutos, si no están respirando en absoluto, son cuatro minutos demasiado largos”, dijo Foster.

Foster contó que consiguió una dosis de naloxona, un medicamento que de opioides, y se la administró a la estudiante. La niña revivió.

A 45 millas de distancia, en Colorado Springs, los funcionarios de Mitchell High School no tenían naloxona a mano cuando un estudiante de 15 años sufrió una sobredosis en clase, en diciembre de 2021, tras inhalar una pastilla de fentanilo en un baño de la escuela. Ese estudiante murió.

Desde entonces, el distrito escolar de Colorado Springs se ha unido a Pueblo y a docenas de otros distritos en el estado para suministrar a las escuelas intermedias y secundarias la medicación que salva vidas, a menudo conocida como Narcan, uno de sus nombres comerciales. Desde la promulgación de una ley estatal en 2019, Colorado cuenta con un programa que permite a las escuelas obtener el medicamento, normalmente en forma de aerosol nasal, de forma gratuita o a un costo reducido.

Sin embargo, no todas las escuelas están de acuerdo con esta idea. Aunque más distritos se han unido , sólo alrededor de un tercio de los distritos de Colorado se habían inscrito en el programa de distribución estatal al inicio de este año escolar. Y en la docena de condados con las tasas de , muchos distritos escolares no se habían inscrito debido al persistente estigma en torno a la necesidad de tener una medicación para revertir sobredosis.

La Administración de Salud Mental y Abuso de Sustancias federal (SAMHSA, por sus siglas en inglés) recomienda que las escuelas, incluidas las primarias, , ante el , especialmente de la potente droga fentanilo. Y 33 estados tienen leyes que permiten expresamente a los centros escolares o a sus empleados llevar, almacenar o administrar naloxona, según Jon Woodruff, abogado director de la (LAPPA), que realiza un seguimiento de las políticas sobre naloxona en todo el país.

Entre ellos, alrededor de nueve requieren que al menos algunos centros de enseñanza primaria y secundaria, de kinder a doceavo grado (K-12) almacenen naloxona en el lugar, incluido Illinois, cuya norma entrará en vigencia en enero. Algunos estados, como Maine, también requieren que las escuelas públicas ofrezcan sobre cómo administrar naloxona en forma de aerosol nasal.

Rhode Island exige que todos los centros K-12, tanto públicos como privados, dispongan de naloxona. Joseph Wendelken, vocero del Departamento de Salud de Rhode Island, dijo que en los últimos cuatro años se administró naloxona nueve veces a jóvenes de 10 a 18 años en establecimientos educativos.

A principios de septiembre, el medicamento también empezó a venderse sin receta en todo el país, aunque el precio de $45 por envase de dos dosis preocupa a algunos especialistas en adicciones, que temen que esté de quienes más lo necesitan.

Pero el medicamento todavía no está tan generalizado públicamente como los desfibriladores externos automáticos o los extintores de incendios. , presidenta de la National Associaction of School Nurses, afirmó que la reticencia a tenerlo en las escuelas puede deberse a que los funcionarios se resisten a prestar un servicio médico, o al costo que supone reabastecerse de naloxona y formar al personal para que la utilice. Pero el principal obstáculo que ha escuchado es que los centros temen ser estigmatizados como una “mala escuela” que tiene un problema de drogas, o como una escuela que tolera las malas decisiones.

“Los distritos escolares son muy cuidadosos con su imagen”, señaló Yunuen Cisneros, directora de inclusión y alcance comunitario de la , que sirve a la mayoría de los distritos escolares del estado. “Muchos de ellos no quieren sumarse a este programa, porque aceptarlo es aceptar un problema de drogadicción”.

Esa es la forma equivocada de verlo, dijo King. “Hay que equipararlo a nuestro stock de albuterol para los ataques de asma, o a nuestro stock de epinefrina para el shock anafiláctico (reacción alérgica grave)”, apuntó.

Funcionarios de salud de Colorado no pudieron precisar con qué frecuencia se había utilizado la naloxona en los centros escolares del estado. En lo que va de año, al menos 15 jóvenes de entre 10 y 18 años han muerto por sobredosis de fentanilo, pero no necesariamente en las escuelas. Y en 2022 murieron 34 en ese grupo de edad, según el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente del estado. Una de las víctimas fue José Hernández, de 13 años, quien murió en su casa, en agosto de 2022, por una sobredosis de fentanilo, pocos días después de comenzar el octavo grado en Aurora Hills Middle School. Su abuela encontró su cuerpo una madrugada, sobre el lavabo del baño.

Con la llegada de este nuevo año escolar, más escuelas de Colorado tienen suministros de naloxona disponibles para los estudiantes. El año pasado, los legisladores estatales asignaron $19,7 millones en ayuda federal al , un fondo al que pueden acceder, entre otros, distritos escolares, cárceles, socorristas y organizaciones de servicios comunitarios.

“Es la mayor cantidad que hemos tenido”, señaló Andrés Guerrero, gerente del programa de prevención de sobredosis del departamento de salud del estado.

Según datos facilitados por el departamento de salud de Colorado, 65 distritos escolares estaban inscritos en el programa estatal para recibir naloxona a bajo precio o gratis al inicio del curso escolar. Otros 16 se habían puesto en contacto con el estado para solicitar información, pero a mediados de agosto aún no habían finalizado los pedidos. Los 97 distritos escolares restantes no disponían de naloxona en sus centros o la habían adquirido en otros lugares.

Guerrero explicó que los distritos deciden a quién capacitar para administrar el medicamento. “En algunos casos, son sólo las enfermeras escolares. En otros, son las enfermeras escolares y los profesores”, dijo. “Y, a veces, también los estudiantes”.

En Durango High School, de secundaria impulsó a los alumnos a reclamar el derecho a llevar naloxona al colegio con permiso de los padres —y a administrarla en caso necesario— sin temor a ser castigados.

Hizo falta durante una reunión del consejo escolar para conseguir el permiso, contó Hays Stritikus, que se graduó esta primavera de Durango. Ahora participa en la redacción de una ley que permitiría expresamente a los estudiantes de todo el estado llevar y distribuir Narcan en los centros escolares.

“El objetivo es un mundo en el que el Narcan no sea necesario”, comentó. “Pero lamentablemente no es en donde vivimos”.

Algunos expertos en salud no están de acuerdo en que todas las escuelas deban almacenar naloxona. , economista de la salud de la Western University en Canadá, ha estudiado la en los centros de secundaria de ese país. Aunque se han producido intoxicaciones por opioides en escuelas, dijo, las secundarias suelen ser entornos de muy bajo riesgo.

Las estrategias más eficaces para combatir la epidemia de opioides son los centros de intercambio de agujas, los lugares de consumo supervisado de drogas y el tratamiento asistido con medicación que reduce el síndrome de abstinencia o atenúa el “viaje”, agregó Cipriano. Pero estos métodos pueden resultar caros en comparación con la distribución de naloxona.

“Cuando el estado crea un gran programa gratuito como éste, parece que está haciendo algo respecto a la epidemia de opioides”, señaló. “Es barato y parece que estás haciendo algo, y eso es oro en política”.

Las escuelas públicas de Denver, el mayor distrito escolar de Colorado, comenzaron a almacenar naloxona en 2022, indicó Jade Williamson, gerente del programa de escuelas saludables del distrito.

“Sabemos que algunos de los estudiantes están a la vanguardia de estos temas antes que las generaciones mayores”, afirmó Williamson. “Saber dónde encontrarlo, y acceder al medicamento cuando sea necesario a través de estos adultos que se han preparado, ya sea una enfermera de la escuela o un administrador, creo que les proporciona una cierta sensación de alivio”.

Los siete distritos más grandes del estado, con más de 25,000 estudiantes cada uno, participan en el programa estatal. En cambio, según un análisis de Â鶹ŮÓÅ Health News, sólo el 21% de los distritos con hasta 1,200 alumnos se han inscrito en el programa, a pesar que muchos de esos pequeños distritos se encuentran en zonas con tasas de mortalidad por sobredosis de drogas superiores al promedio estatal.

Algunos distritos escolares han encontrado una forma de obtener naloxona al margen del programa estatal. Esto incluye el Distrito Escolar 60 de Pueblo, donde la enfermera supervisora Foster administró naloxona a una estudiante el año pasado.

El distrito escolar de Pueblo obtiene la naloxona gratis de una organización local sin fines de lucro llamada . Foster dijo que intentó inscribirse en el programa estatal, pero encontró dificultades. Así que decidió seguir con lo que ya funcionaba.

El distrito escolar RE-1 del condado de Moffat, en Craig, Colorado, obtiene la naloxona de un , según Myranda Lyons, enfermera del distrito. Lyons contó que capacita al personal de la escuela sobre cómo administrarla cuando les enseña RCP (reanimación cardiopulmonar).

Christopher deKay, superintendente del Distrito Escolar Ignacio 11Jt, dijo que su personal de recursos escolares ya llevan naloxona, pero que el distrito también se inscribió en el programa estatal, para que las escuelas puedan almacenar el medicamento en la enfermería en caso de que el personal de recursos no se encuentre cerca.

“Es como todo, como capacitar en seguridad contra incendios. Nunca sabes lo que va a pasar en tu escuela”, señaló deKay. “Si ocurre lo impensable, queremos ser capaces de responder de la mejor manera posible”.

Esta historia se produjo con la colaboración de .

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Hasta ahora.

Después de más de un mes de comunicaciones con fiscales generales estatales, abogados privados que trabajan en el acuerdo y los administradores del acuerdo, Â鶹ŮÓÅ Health News ha obtenido documentos que muestran las cantidades exactas en dólares que se asignaron a los gobiernos locales para 2022 y 2023. Más de 200 hojas de cálculo detallan las cantidades pagadas por cuatro de las empresas implicadas en los acuerdos nacionales. (Otras empresas relacionadas con los opioides comenzarán a hacer pagos a finales de este año).

Por ejemplo, el condado de Jefferson, Kentucky —donde se encuentra Louisville— recibió $860,657.73 de tres distribuidores farmacéuticos este año, mientras que el condado de Knox, un condado rural de Kentucky en los Apalaches —la región que muchos consideran la zona cero de la crisis— recibió $45,395.33.

En California, el condado de Los Angeles recibió este año $6,3 millones de Janssen, la filial farmacéutica de Johnson & Johnson. El condado de Mendocino, que tiene una de las del estado, recibió unos $185,000.

El acceso a “esta información es revolucionario para las personas que se preocupan por cómo se utilizará este dinero”, dijo Dennis Cauchon, presidente de la organización sin fines de lucro .

Algunos estados, como y  , han publicado en internet los detalles de su distribución. Pero en la mayoría de los lugares, el seguimiento de los importes de los pagos exige llamar por teléfono, enviar correos electrónicos y presentar solicitudes de registros públicos a todas las administraciones locales de las que se desee obtener información.

Por lo tanto, recopilar los datos de un estado puede suponer ponerse en contacto con cientos de instituciones. En todo el país, podrían ser miles.

Cauchon lleva buscando esta información para su estado desde abril de 2022. “El trabajo de compensación por los opioides se realiza a nivel local, a nivel individual, y ahora por primera vez, quienes trabajan a nivel local sabrán cuánto dinero está disponible en su comunidad”.

Los acuerdos nacionales sobre opioides son el segundo mayor acuerdo de salud pública de todos los tiempos, tras el acuerdo marco sobre el tabaco de la década de 1990. El dinero se destina a remediar el modo agresivo en que las empresas promocionaron los analgésicos opioides, alimentando una crisis de sobredosis que ahora se ha trasladado en gran medida a las drogas ilícitas, como el fentanilo. El año pasado murieron más de 105,000 estadounidenses .

Hasta ahora, los gobiernos estatales y locales han recibido más de $3,000 millones en conjunto, según un documento de resumen nacional creado por , una empresa de administración de acuerdos y gestión de litigios designada por la corte para gestionar la distribución de los pagos. En cada estado, los fondos del acuerdo se dividen en porcentajes variables entre las agencias estatales, los gobiernos locales y, en algunos casos, los consejos que supervisan los fondos de reducción de opioides. Los pagos comenzaron en 2022 y continuarán hasta 2038, estableciendo lo que los expertos en salud pública y los activistas denominan una oportunidad sin precedentes para avanzar contra una epidemia que ha asolado a Estados Unidos durante tres décadas. Â鶹ŮÓÅ Health News sigue de cerca el uso —y el mal uso— que los gobiernos hacen de este dinero en una investigación de un año de duración.

Los últimos documentos se han obtenido de BrownGreer. La empresa es una de las pocas entidades que sabe exactamente cuánto dinero recibe cada gobierno estatal y local y cuándo lo recibe, ya que supervisa cálculos complejos que implican los distintos términos y plazos de los acuerdos de cada empresa.

Aun así, hay lagunas en la información que ha compartido. Algunos estados optaron por no recibir sus pagos a través de BrownGreer. Algunos pidieron a la empresa que pagara una suma global al estado, que luego la distribuiría entre los gobiernos locales. En esos casos, BrownGreer no disponía de cifras sobre las asignaciones locales. Tampoco figuran en los datos de BrownGreer algunos estados que llegaron a acuerdos con empresas relacionadas con los opioides al margen de los acuerdos nacionales.

, de BrownGreer, señaló que el acuerdo de conciliación exige que el bufete de abogados envíe notificaciones de los importes de los pagos a los gobiernos estatales y locales, así como a las empresas que llegaron a un acuerdo. El bufete compartió los documentos cuando Â鶹ŮÓÅ Health News se lo pidió, pero no está claro si seguirá haciéndolo.

Petkauskas escribió: “Los acuerdos de conciliación no prevén que tales notificaciones se hagan públicas”, indicando que tal divulgación no era un requisito.

Las personas perjudicadas por la crisis de los opioides reclaman más transparencia que la que ofrecen los requisitos mínimos. Dicen que, actualmente, no sólo es difícil determinar cuánto dinero reciben los gobiernos, sino también cómo se gastan esos dólares. Muchos se han puesto en contacto con funcionarios locales con preguntas o sugerencias, sólo para ser rechazadas o ignoradas.

Christine Minhee, fundadora de , descubrió que, en marzo, sólo 12 estados se habían sobre el uso del 100% del dinero de sus acuerdos. Desde entonces, sólo tres estados más han prometido compartir información detallada sobre el uso que hacen del dinero.

Los expertos jurídicos y políticos que observan los acuerdos dicen que la falta de transparencia puede tener que ver con la influencia política. En sus elogiosos comunicados de prensa, los fiscales generales de los estados se han jactado de los logros de estos acuerdos.

“El fiscal general [Daniel] Cameron ha cumplido hoy su promesa de luchar contra la epidemia de opioides anunciando un acuerdo de más de $53 millones con Walmart”, decía un emitido a finales del año pasado por el estado de Kentucky.

“Miles de nuestros vecinos han enterrado a sus seres queridos a lo largo de la epidemia de opioides” y “estoy orgulloso de haberles entregado este gran acuerdo”, declaró el en un anuncio de julio de 2021, cuando se cerró uno de los primeros acuerdos.

Una mayor transparencia, incluidos los importes de pago específicos para cada gobierno local, puede restar fuerza a algunos de esos comunicados de prensa, dijo Minhee. “Es difícil politizar las cosas cuando no puedes presentar las cifras en el vacío”.

Si una comunidad compara su reparto de varios cientos de dólares con el reparto de varios miles de dólares de otra comunidad, puede haber consecuencias políticas. En las zonas rurales más afectadas por la crisis ya ha surgido la preocupación de que la fórmula de reparto tenga demasiado en cuenta el número de habitantes y no reciban dinero suficiente para hacer frente a los daños sufridos durante décadas.

Aun así, los expertos afirman que hacer públicos estos datos es un paso crucial para garantizar que los acuerdos cumplan el objetivo de salvar vidas y remediar esta crisis.

Las soluciones tienen que estar lideradas por la comunidad, afirmó , directora de la iniciativa sobre adicción y política pública del Instituto O’Neill de la Universidad de Georgetown. “Para ello, las propias comunidades tienen que saber cuánto dinero reciben”.

Si su condado recibe $5,000 este año, no tendría sentido abogar por un centro de desintoxicación de $500,000. En su lugar, podrían centrarse en la compra de naloxona, un medicamento que revierte las sobredosis de opioides. Conocer el importe anual también permite hacer un seguimiento de los fondos y asegurarse de que no se malgastan, añadió LaBelle.

Para Cauchon, de Harm Reduction Ohio, los datos de los pagos a nivel local son fundamentales para garantizar que el dinero de los acuerdos se destina a un buen uso en cada condado de Ohio.

“El conocimiento es poder y, en este caso, es el poder de saber cuánto dinero está disponible para ser utilizado en la prevención de sobredosis”, señaló.

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Sin embargo, el problema sigue empeorando.

Impulsadas en gran medida por la prevalencia del fentanilo, un opioide sintético hasta 100 veces más potente que la morfina, a más del doble de personas que los accidentes de tráfico, más del cuádruple que los homicidios y más que la diabetes o el cáncer de pulmón, según California Health Policy Strategies, un grupo consultor de Sacramento.

Y el registro de vigilancia de sobredosis del estado indica que están relacionadas con el fentanilo.

del año pasado de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) muestran un pequeño aumento anual de las muertes por sobredosis en California, hasta casi 12,000. En todo Estados Unidos, las muertes por sobredosis volvieron a superar las 100,000.

“Como padre, me da mucho miedo. Como gobernador, lo veo, reconozco la naturaleza de lo que está ocurriendo en las calles”, dijo el gobernador Gavin Newsom el 12 de mayo al anunciar más fondos para que California produzca su propia naloxona.

A pesar de todo lo que el estado está haciendo para reducir las muertes por sobredosis de drogas, los expertos en políticas de salud pública dicen que no hay respuestas fáciles o claras. Los expertos en políticas antidrogas aplauden el esfuerzo de California por hacer que la naloxona esté tan comúnmente disponible como los extintores de incendios en , , y , pero también recomiendan desviar a más delincuentes de las prisiones y cárceles hacia el tratamiento y fomentar el aumento del uso de medicamentos contra la adicción.

“Aunque hagamos muchas cosas bien en política, vamos a tener un buen número de muertes en los próximos años”, afirmó Keith Humphreys, profesor de psiquiatría y ciencias del comportamiento en la Universidad de Stanford y experto en política antidrogas.

Afirmó que los legisladores deben examinar las causas subyacentes y complejas de la adicción si quieren lograr un cambio duradero. Los legisladores han creado un y han presentado un proyecto de ley para crear un . El proyecto de ley exige que el grupo de trabajo empiece a reunirse el año que viene y presente un informe provisional antes de enero de 2025 y recomendaciones antes de julio de 2025.

“Realmente es algo, como el covid, en lo que tenemos que centrarnos y hacer algunos cambios estructurales permanentes, como en la atención sanitaria, la atención de salud mental y la financiación para hacer frente a la adicción”, dijo Humphreys.

Newsom lo reconoció: “Nos queda mucho trabajo por hacer”.

El gobernador demócrata se unió el mes pasado al fiscal general Rob Bonta para pedir a la Guardia Nacional de California, a la Patrulla de Carreteras de California y al Departamento de Justicia del estado que tomen medidas enérgicas contra el tráfico de fentanilo en San Francisco, donde las sobredosis mortales aumentaron más de un 40% en los tres primeros meses de este año respecto a 2022.

En una declaración conjunta de 28 organizaciones, entre ellas la Unión Americana de Libertades Civiles del Norte de California y la Oficina del Defensor del Pueblo de San Francisco, se criticó la medida como “un enfoque que da prioridad a la aplicación de la ley en cuestiones de salud pública”.

Mientras que el gobernador se ha centrado en el tráfico de fentanilo y en facilitar el acceso a la naloxona, los legisladores estatales han estado debatiendo recientemente si endurecer las penas para los traficantes y cómo hacerlo.

Varias propuestas ya se han estancado, como una que busca enviar a los traficantes a la cárcel si venden fentanilo en una plataforma de medios sociales y otra que advierte a los traficantes de que podrían ser si alguien muere consumiendo sus drogas. Los legisladores mantuvieron vivos dos proyectos de ley para endurecer las penas a los traficantes de de fentanilo y a quienes .

Los demócratas que controlan los comités de seguridad pública de la legislatura son reacios a apoyar penas más duras por miedo a desencadenar una nueva guerra contra las drogas o a reeditar las duras penas contra el crack que criminalizaban a los negros de forma desproporcionada.

Los californianos negros y latinos experimentaron un aumento en las muertes por sobredosis de más del 200% entre 2017 y 2021, según Konrad Franco, quien realizó la investigación para California Health Policy Strategies. Los negros constituyen el 6% de la población de California, pero representaron el 13% de sus muertes por sobredosis en 2021.

“No podemos retroceder y llenar nuestras cárceles de chicos de color”, afirmó la asambleísta Liz Ortega, demócrata de San Leandro, durante una audiencia especial celebrada el mes pasado sobre proyectos de ley relacionados con el fentanilo.

Georges Benjamin, director ejecutivo de la Asociación Americana de Salud Pública, cuestionó la eficacia de aumentar las penas para personas que están dominadas en gran medida por sus adicciones.

Benjamin dijo que los legisladores deberían apoyar a los tribunales de drogas que promueven programas de tratamiento en lugar de encarcelamiento, aunque dijo que el encarcelamiento puede ser necesario para proteger al público sobre todo de los delincuentes violentos que rechazan el tratamiento y perjudican a los demás.

Humphreys señaló como modelos los programas y . Estos combinan la realización periódica de pruebas de drogas y alcohol a los delincuentes con la imposición de penas cortas en caso de infracción.

“Se utiliza el sistema de justicia penal de forma que, a largo plazo, se reduce el encarcelamiento en lugar de aumentarlo”, explicó Humphreys.

Sin embargo, Tanya Tilghman, una mujer de raza negra de San Francisco, apoya el endurecimiento de las penas contra los traficantes de fentanilo y afirma que el problema trasciende las fronteras raciales. Tilghman se convirtió en activista de Madres contra la Drogadicción y las Muertes por Drogas después de que su hijo se volviera adicto a la metanfetamina y, más recientemente, al fentanilo.

“Cuando la gente se droga, no entiende de colores ni de razas”, dijo. “Está matando a mucha más gente y está matando a mucha gente negra”.

Daniel Ciccarone, experto en política antidrogas de la Universidad de California-San Francisco, dijo que las medidas de represión pueden ser populares entre el público, pero “simplemente no funcionan tan bien como quisiéramos”. Como mínimo, indicó, cualquier medida represiva debería ir acompañada de un enfoque de salud pública equitativo.

“Hemos tirado decenas de miles de millones de dólares en la guerra contra las drogas durante dos generaciones, casi tres generaciones ahora, y lo creas o no, las drogas en todas las categorías, desde la marihuana a la cocaína a la heroína/fentanilo, son cada vez más puras y cada vez más baratas a pesar de los impresionantes niveles de esfuerzo”, dijo Ciccarone. “La respuesta más honesta es que no hay una respuesta clara sobre qué hacer con la crisis del fentanilo”.

Recomendó que California permita sitios de consumo supervisado donde los consumidores de opioides puedan inyectarse drogas legalmente, una idea que Newsom pero que, según Ciccarone, puede facilitar el acceso al tratamiento. Otras estrategias de reducción de daños, como ampliar el uso de tiras reactivas y otros análisis químicos para comprobar si los fármacos están contaminados con fentanilo, también pueden salvar vidas, afirmó.

Humphreys dirigió una comisión de 17 miembros que examinó la crisis de los opiáceos y como la ampliación de la disponibilidad de medicamentos de venta con receta, como la buprenorfina, la naltrexona y la metadona, para aliviar el ansia y los síntomas de abstinencia de los adictos.

Sin embargo, algunos padres de niños que han sufrido la adicción a los opiáceos afirman que el endurecimiento de las penas debe formar parte de la respuesta.

“Lo que no entienden es que el fentanilo ha cambiado el panorama de las drogas como ninguna otra droga lo ha hecho en la historia de los Estados Unidos de América”, dijo Jaime Puerta, cuyo único hijo, Daniel, murió de una sobredosis de fentanilo en 2020 a los 16 años.

Esta historia fue producida por Â鶹ŮÓÅ Health News, que publica , un servicio editorialmente independiente de la .

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Los estudiantes en recuperación por adicciones a drogas y alcohol se reúnen en las escalinatas del auditorio para discutir un tema específico.

Una mañana reciente, hablaron sobre salud mental y sobriedad. Un adolescente vestido con pantalones de corderoy marrón, una sudadera con capucha negra y zapatillas, fue el primero en participar.

“No quería tener… ninguna emoción”, dijo. “Así que pensé que la mejor manera de anularlas sería consumiendo más y más drogas”.

Una compañera dijo que empezó a consumir drogas por diversión y luego quedó atrapada. Otro estudiante dijo que su adicción afecta negativamente su salud mental.

Otra anunció un próximo hito. “En unos dos días cumpliré seis meses sobria”, dijo, mientras sus compañeros de clase la aplaudían.

Los estudiantes asisten a la única escuela secundaria de recuperación de Colorado, una de las 43 en todo el país.

Estas secundarias , y que también podrían estar lidiando con trastornos de salud mental relacionados. La escuela de Denver abrió sus puertas en 2018 como una escuela autónoma pública que hoy inscribe a más de 100 estudiantes al año.

Una de las que aplaudían y escuchaba apoyando en esa reunión matutina era la estudiante de segundo año Alexis Castillo, de 16 años. Está en recuperación por adicciones al alcohol y al fentanilo. Durante su primer año en la escuela, varios de sus amigos también se matricularon, y al principio les encantó.

Pero después de un tiempo, algunos se fueron y Castillo se desilusionó. Dejó de ir asistir a clase y no estaba motivada para seguir sus pasos de recuperación.

“Te dan mucha responsabilidad”, dijo. “Eso no era algo que yo quisiera”.

Castillo recayó, y la escuela la ayudó a entrar en rehabilitación. Tres meses después estaba de regreso, sobria y lista para hacer su trabajo.

La misión de la escuela es ayudar a los jóvenes a aprender a vivir una vida libre de drogas mientras reciben una educación.

“Pueden ir a la universidad o hacer una carrera y realmente lidiar con cualquier cosa que les depare la vida”, dijo la doctora Melissa Mouton, fundadora y directora ejecutiva de 5280.

En 2022, casi un tercio de los estudiantes de 12° grado, y uno de cada 5 de 10° grado, informaron haber usado una droga ilegal el año anterior, según del proyecto Monitoring the Future realizada por el Centro de Investigación de Encuestas de la Universidad de Michigan.

Esas cifras han disminuido constantemente en los últimos 25 años. Sin embargo, datos de la UCLA muestran que las muertes por sobredosis entre los adolescentes , lo que se atribuye principalmente al aumento de la prevalencia de drogas con fentanilo.

La primera escuela secundaria de recuperación se inauguró en Silver Spring, Maryland, en 1979, y en la actualidad, programas similares operan en 21 estados.

En comparación con sus compañeros en las escuelas regulares que han pasado por tratamiento, los estudiantes de secundaria en recuperación tienen una mejor asistencia y es más probable que , y su es al menos un 21% más alta, según un estudio.

“Para este grupo particular de jóvenes que tienen estos trastornos, esto puede ser un salvavidas”, dijo John Kelly, director del Instituto de Investigación de Recuperación del Hospital General de Massachusetts. “Puede ayudarlos a crear una norma social de recuperación”.

Para la doctora Sharon Levy, pediatra y especialista en medicina de adicciones del Hospital de Niños de Boston hay tres componentes para un tratamiento eficaz contra las adicciones. La primera parte es médica, que incluye ver a un doctor, pruebas de detección de drogas y el uso de medicamentos como la buprenorfina para tratar la adicción a los opioides.

El segundo es el apoyo emocional de la consejería para abordar los trastornos de salud mental concurrentes. Y hay un componente de salud conductual que, para los jóvenes, puede incluir escuelas de recuperación.

“Las escuelas de recuperación ofrecen una oportunidad real para el apoyo entre pares y la ayuda mutua de una manera supervisada y estructurada”, dijo Levy.

Estas escuelas a menudo incorporan componentes de tratamiento en el día escolar, actividades como la reunión diaria del programa de recuperación de 5280. Por la tarde, se ofrecen actividades optativas de bienestar como baloncesto y cómo escribir un diario.

Las escuelas de recuperación enfrentan desafíos. La mayoría son escuelas charter o alternativas financiadas con fondos públicos que tienen un costo más alto para educar a los estudiantes que las escuelas tradicionales. Esto se debe a una inscripción más pequeña, la necesidad de personal de recuperación y salud mental, una mayor proporción de profesores por estudiante y otros factores.

La escuela de Denver inscribe a unos 100 estudiantes al año, lo que la convierte en una de las escuelas secundarias de recuperación más grandes del país. Este año, el costo es de aproximadamente $25,000 por estudiante, pero la escuela recibe solo alrededor de $15,000 de fondos federales, estatales y locales, según Mouton. El dinero restante proviene de donantes.

Dadas las complejas necesidades de los estudiantes, “las escuelas de recuperación siempre serán pequeñas”, dijo.

Reunir a esos estudiantes también puede generar la preocupación de que los estudiantes se estimulan  entre sí para seguir consumiendo y recaer, pero eso es un riesgo con cualquier interacción social, apuntó Levy.

“Entonces, si estás en un ambiente donde la recuperación es algo central y la gente está observando, monitoreando y supervisando, creo que eso es útil para muchos niños”, agregó.

La escuela en Denver mantiene la inscripción por debajo de su capacidad de manera deliberada, para que adolescentes adicionales puedan inscribirse en cualquier momento del año escolar. Un estudiante no será expulsado si tiene una recaída, pero hay dos requisitos: debe querer estar sobrio y asistir a un programa de recuperación externo.

“El primer paso es hacerles saber desde el principio, sin importar lo que esté pasando, que los amamos”, dijo Brittany Kitchens, entrenadora de recuperación de la escuela. “Estamos aquí para ellos”.

Kitchens les enseña a los estudiantes cómo navegar la recuperación y controlar sus emociones. Se compara a sí misma con un monitor de pasillo, constantemente revisando a los estudiantes y buscando cambios en el comportamiento.

“Tiendo a ser la primera línea a la que acuden los niños cuando experimentan algo que es demasiado grande para procesar”, dijo.

Algunas de estas dificultades surgen de los traumas que los estudiantes han experimentado, incluido el tráfico sexual y de drogas, y el abandono. También lidian con los traumas que han causado, dijo Kitchens, acciones que los llevaron a la cárcel o por las que están bajo libertad condicional.

Kitchens, quien también está en recuperación, comparte mecanismos de afrontamiento con los estudiantes. “Muchas veces simplemente comienza con, ‘Escucha, respira, inhala por la nariz y exhala por la boca’”, explicó.

Alexis ha estado sobria durante casi un año, dijo. Las reuniones matutinas donde ella y sus compañeros hablan sobre salud mental, sobriedad y otros temas son una oportunidad para construir una comunidad de amigos que se apoyan mutuamente, algo que no tenía cuando consumía drogas, contó.

“Es realmente difícil volverse sobrio joven”, dijo.

Esta historia es parte de una asociación que incluye a , y KHN.

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Es una cantidad enorme de dinero: y los ingresos de una temporada de la NBA.

Pero la forma en que se repartirá esa cantidad y cómo se gastará el dinero en el futuro parece estar rodeada de misterio. Los requisitos de información son escasos y los documentos presentados hasta ahora son, a menudo, tan vagos que resultan inútiles.

La mayoría de los acuerdos estipulan que los estados deben gastar al menos el 85% del dinero que recibirán, en los próximos 15 años, en el tratamiento y la prevención de adicciones. Pero la definición de estos conceptos depende de las opiniones de las partes interesadas y de la política estatal. Para algunos, puede significar abrir más centros de tratamiento. Para otros, comprar autos patrulla para la policía.

Los afectados por la epidemia de opioides y quienes trabajan para combatirla tienen ideas muy diversas. Para Marianne Sinisi, que perdió a su hijo Shawn, de 26 años, por sobredosis en el oeste de Pennsylvania, los fondos del acuerdo son “dinero manchado de sangre” que podría evitar a otros padres sufrir un dolor similar. Para Steve Alsum, que trabaja con consumidores de drogas en Grand Rapids, Michigan, es una oportunidad de llegar por fin a todos los necesitados. Y para David Garbark, que se recupera de una adicción a los opioides, es una forma de darles una segunda oportunidad a otras personas de su comunidad del este de Carolina del Norte.

Gastar el dinero de forma eficaz y equitativa es complicado, dada la persistencia y complejidad de la adicción, que afecta a individuos y comunidades y es objeto de acalorados debates en la investigación científica, los servicios sociales, la política, la justicia penal e incluso en los hogares.

Es más, muchos estados no son transparentes sobre el destino de los fondos ni sobre quién se beneficiará de ellos. Una investigación realizada por KHN y Christine Minhee, fundadora de , concluyó que sólo 12 estados se han comprometido a informar públicamente y con detalle de todos sus gastos.

, leyes y declaraciones públicas para determinar cómo reparte cada estado el dinero de los acuerdos entre las agencias estatales, los gobiernos de ciudades y condados, y los consejos que supervisan los fideicomisos (trusts) dedicados al tema. El siguiente paso fue determinar el nivel y el detalle de los informes públicos requeridos. El resultado: Pocos estados prometen informar de forma accesible para el ciudadano, y muchos guardan silencio sobre la cuestión de la transparencia.

Hasta ahora más de $3,000 millones a los gobiernos estatales y locales. KHN seguirá de cerca cómo se utiliza ese dinero y los miles de millones que llegarán en los próximos años.

Según la mayoría de los acuerdos, los gobiernos sólo están obligados a informar sobre el 15% del dinero que puede utilizarse para asuntos no relacionados con la epidemia, como compensar déficits presupuestarios o arreglar carreteras viejas. Hasta el 28 de marzo, sólo tres estados y condados habían presentado . Aunque indicaban las cantidades en dólares, ninguno precisaba cómo se había gastado el dinero.

Tanto gobiernos estatales como locales pueden promulgar protocolos de información más rigurosos —por ejemplo, exigir una lista pública de todos los lugares que reciben dinero y con qué fin—, pero pocos lo han hecho hasta ahora.

A oscuras, desinformados

han muerto por sobredosis de opioides con receta, promocionados agresivamente como analgésicos y distribuidos por una serie de empresas, como Johnson & Johnson, AmerisourceBergen, McKesson y Walmart. Los acuerdos pretenden compensar y remediar los efectos de ese comportamiento empresarial.

Pero muchas personas a las que se les ha destrozado la vida, vuelven a sentirse traumatizadas.

Sinisi dijo que a ella y a otros padres que se les ha dejado en la oscuridad, desinformados o, peor aún, tratados como una molestia por los funcionarios responsables del dinero.

“Te ven como un padre enfadado que ha perdido a su hijo”, afirmó, “en lugar de como un ciudadano preocupado que quiere que las cosas cambien para otras madres, padres y sus hijos”.

En Michigan, incluso la (OAC) del estado, encargada de evaluar el uso del dinero de los acuerdos, ha tenido problemas para hacer un seguimiento del dinero.

Durante los seis meses posteriores a que la legislatura estatal asignara $39 millones de los fondos del acuerdo al departamento de salud, el verano pasado, se hizo pública muy poca información sobre cómo se gastaría ese dinero. No hubo comunicados de prensa. No hubo forma de que las organizaciones solicitaran fondos.

“No podemos identificar realmente el impacto de esos fondos si no sabemos cómo se están utilizando”, señaló la doctora , presidenta de la OAC y médico especialista en adicciones.

Con la escasa supervisión a nivel nacional, muchos temen que el dinero se destine a iniciativas que, según las investigaciones, son en su mayoría inútiles, pero que encajan con la tendencia política local, como detener a los consumidores de drogas, ampliar las cárceles y favorecer la recuperación basada únicamente en la abstinencia . Es posible que se destinen al postor más ruidoso, como a empresas que prometen encontrar el próximo tratamiento innovador y a centros de rehabilitación —algunos de ellos — que aspiran al dinero.

Por no hablar de la preocupación de que el dinero vaya a parar a actividades que poco o nada tienen que ver con el tratamiento de los opioides: la construcción de nuevos estadios o escuelas públicas. En los años 90, estas prioridades presupuestarias domésticas de lo que los estados obtuvieron de las empresas tabaqueras en el acuerdo nacional sobre el tabaco, dejando poco para los programas antitabaco.

Los fondos del acuerdo sobre opioides serán diferentes, aseguraron los fiscales generales que lucharon por ellos. Además de exigir que al menos el 85% del dinero se utilice en gastos relacionados con los opioides, la mayoría de los acuerdos incluye una , como el aumento del tratamiento de la adicción para las personas sin seguro y la ampliación de las viviendas para la recuperación.

“Queríamos dar a los estados flexibilidad en cuanto a los enfoques que querían adoptar”, garantizando al mismo tiempo que el dinero no se destinara a “aliviar el impuesto de sociedades”, como ocurrió con el dinero del tabaco, explicó el fiscal general de Carolina del Norte, , que dirigió las negociaciones de los acuerdos nacionales.

Pero la aplicación de la norma del 85% se deja, curiosamente, que pagaron el dinero. Según expertos jurídicos, es poco probable que se mantengan vigilantes.

El dinero ya está comprometido y, para muchas de estas empresas multimillonarias, los acuerdos son calderilla, morralla, suelto (o cualquiera de las palabras con que cuenta el español para designar a una cantidad de dinero insignificante). Por ejemplo, Johnson & Johnson deberá pagar $5,000 millones en nueve años; pero la empresa de casi $95,000 millones sólo el año pasado.

El nuevo panorama

A medida que empiezan a llegar los cheques, unos estados se comprometen con la transparencia, mientras que otros parecen quedarse cortos. Missouri de todos sus gastos en internet para que cualquiera pueda ver quién recibe dinero, cuánto y para qué programas. New Hampshire ya , y Colorado ha creado un para saber cómo se utilizan los fondos.

Otros estados, como Nevada, han adoptado un enfoque intermedio, exigiendo que los beneficiarios informen al poder legislativo o a otro organismo de supervisión, pero sin garantizar que los informes se hagan públicos. Algunos estados exigen auditorías, pero no se comprometen a enumerar gastos específicos. Otros permiten que el público solicite los informes, pero no los facilitan automáticamente.

También hay estados muy afectados por la epidemia de opioides, como Michigan y Ohio, donde ya están surgiendo problemas de transparencia. Cada estado espera recibir al menos $1,000 millones.

Cuando Poland, de la OAC de Michigan, se dio cuenta de que recibía poca información sobre cómo se gastaban los fondos del estado, su comisión decidió utilizar su primer informe anual —— para exigir mejoras. “La presentación de informes oportunos y transparentes” al público es “una responsabilidad ética”, dijo, pidiéndoles a los legisladores una mayor supervisión de los beneficiarios y crear un panel público para realizar un seguimiento de los gastos.

KHN entrevistó a casi una docena de personas y presentó una solicitud de registros públicos para conocer cómo el departamento de salud del estado está gastando la asignación inicial de los fondos de liquidación de $39 millones.

Un , obtenido por KHN, muestra que desde el 9 de enero, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan había asignado $3,9 millones en fondos de liquidación a 35 beneficiarios. La mayoría son departamentos de salud locales o programas de servicios de jeringuillas que el departamento de salud del estado ha financiado previamente.

Otros $27 millones se destinan a intervenciones concretas, como el aumento de la mano de obra para el tratamiento de adicciones, la ampliación de las viviendas de recuperación y la mitigación de los daños del consumo de opioides con medicamentos como la naloxona.

Y, tras las preguntas de KHN, el departamento emitió en el que enumeraba prioridades similares.

Esas iniciativas tienen sentido para , director del Opioid Policy Institute, con sede en Michigan, que investiga el estigma y la privacidad digital en el tratamiento de la adicción. Pero le habría gustado conocerlas de antemano y que se hubiera establecido un proceso claro para que los grupos pudieran solicitar los fondos. De lo contrario, organizaciones capacitadas para utilizar el dinero, para ayudar a los más necesitados, podrían perder una oportunidad única de ampliar su trabajo y salvar vidas.

El verano pasado, cuando Stoltman preguntó si podía solicitar los fondos, el departamento de salud le dijo que presentara una “propuesta de alto nivel” para “compartirla”, según los correos electrónicos revisados por KHN.

“Todo lo que sea entrar por la puerta de atrás me asusta”, dijo Stoltman. “Tuve suerte de encontrar con quién hablar, aunque no llegara a ninguna parte”.

, director ejecutivo del Red Project de Grand Rapids, al que se concedieron unos $266,000 para mejorar la salud de las personas que consumen drogas, señaló que esperaba que el estado dispusiera de un proceso de solicitud con criterios de puntuación que explicaran por qué se elegía a determinados grupos. Pero, dijo, “no ha quedado claro quién toma la decisión y cómo se toma”.

, que dirige los esfuerzos del departamento relacionados con el acuerdo, contó que pronto hará públicas varias solicitudes de subvenciones competitivas para la mayor parte del dinero. No se hizo antes porque la mayoría de los pagos no llegaron hasta finales de 2022 y “no queríamos hacer comentarios sobre cómo iba a salir el dinero cuando no teníamos dinero para repartir”, añadió.

Cómo mantener el público al margen

En Newark (Ohio), Linda Mossholder, de 75 años, lleva preguntando por los dólares del acuerdo en las reuniones del ayuntamiento desde el verano pasado. Como voluntaria de , que sirve almuerzos gratuitos semanalmente, trabaja con muchas personas que consumen drogas y quiere que el dinero les ayude.

Mossholder viste con orgullo una camiseta en la que se lee: “Tu primer error es pensar que sólo soy una señora mayor”. Ha hecho un seguimiento con correos electrónicos, mensajes de voz y solicitudes de registros públicos; pero no ha obtenido una respuesta clara sobre cómo piensa utilizar la ciudad los casi $50,000 que ya ha recibido.

En enero, según Mossholder, el director de servicios públicos de la ciudad finalmente le dijo que el plan era asignar dinero a quienes intervienen con la naloxona. Pero cuando KHN presentó solicitudes de registros públicos para confirmarlo, el auditor de la ciudad Ryan Bubb escribió: “No se han asignado ni gastado fondos”.

Mientras tanto, en el noreste de Ohio, una que controlará millones de dólares del acuerdo se pasó una reunión, en febrero, debatiendo si se debe permitir al público acceder a las grabaciones de las reuniones.

“Yo no lo abriría al público, sinceramente”, dijo , miembro de la junta que representa a Eastlake, según una grabación de la reunión obtenida por KHN. Otros miembros preguntaron si sus reuniones estaban sujetas a las leyes de reuniones abiertas del estado.

Moran declaró posteriormente a KHN: “Por supuesto que el público tiene derecho a saber cómo se desembolsan estos fondos”, pero añadió que le preocupaba que las grabaciones permitieran que se interpretasen palabras “fuera de contexto”.

Al menos en Ohio, puede que eso no sea una opción durante mucho más tiempo.

Una demanda interpuesta por para que se facilite el acceso al público a las reuniones de otra junta —la , que supervisa la mayor parte de los $1,000 millones previstos por el estado— está abriéndose camino en los tribunales. Un juez local rechazó este mes la petición de la fundación de desestimar la demanda, que “el público merece transparencia”.

Pero Connie Luck, portavoz de OneOhio, dijo que la fundación es una “organización privada sin fines de lucro, y no una agencia gubernamental”. Hasta ahora ha permitido la a las reuniones, pero que no está obligada a hacerlo.

La sentencia final en este pleito, que es el primero de este tipo para los fondos de los acuerdos sobre opioides, sentará un precedente en los derechos del público a la información a nivel nacional.

En algunas partes del país, la perspectiva de contar con dinero para tratar una epidemia que lleva mucho tiempo sin financiación suficiente trae esperanza, aseguró , que trabaja en sin fines de lucro que hace un seguimiento de . Cuando la gente sabe lo que está ocurriendo, no sólo se disuade del uso indebido, sino que puede revelar éxitos sorprendentes, dijo.

Ese conocimiento da poder

“Estos fondos son como la llegada de la caballería. Por fin obtienes alivio después de sufrir en soledad durante tanto tiempo”, comentó Crystal Glass, del suroeste de Virginia, que se está recuperando del consumo de opioides y metanfetaminas, y que ahora trabaja como especialista en recuperación entre iguales.

Espera que los funcionarios impliquen en sus decisiones a las personas afectadas por la adicción.

Como ella dice: La transparencia “es dejar que todo el mundo —repito, todo el mundo— sepa que puede formar parte de esto”.

Colleen DEGuzman y Megan Kalata de KHN colaboraron con este informe.

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“Muchos directamente insultan”, dijo la mujer de 40 años, que vive en Dallas. “Dicen cosas como ‘no tratamos drogadictos'”.

Layman ha probado una serie de tratamientos no opioides para que la ayuden con el intenso dolor diario que le causa su escoliosis doble, un disco vertebral colapsado, y su artritis articular facetaria. Pero dijo que nada funcionaba tan bien como la metadona, un opioide que ha tomado desde 2013.

Dijo que las últimas llamadas telefónicas fueron a fines del año pasado, después que su médico anterior cerrara su práctica de medicina del dolor. Espera que su actual médico no haga lo mismo. “No tendría adónde ir”, agregó.

Layman es una de las millones de personas en los Estados Unidos que viven con dolor crónico. Muchos han tenido problemas para obtener recetas de opioides, y surtirlas, desde que las de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) inspiraron leyes que toman medidas enérgicas contra las prácticas médicas y farmacéuticas.

Los CDC actualizaron recientemente esas recomendaciones para tratar de aliviar su impacto, pero médicos, pacientes, investigadores y defensores dicen que el daño ya está hecho.

“Teníamos un problema masivo con los opioides que debía rectificarse”, dijo Antonio Ciaccia, presidente de , una firma consultora que analiza los precios de los medicamentos recetados. “Pero las medidas enérgicas y las pautas federales han creado daños colaterales: los pacientes sin recursos”.

Nacido de un esfuerzo por combatir la crisis nacional de sobredosis, la guía condujo a restricciones legales sobre la capacidad de los médicos para recetar analgésicos.

Las recomendaciones dejaron a muchos pacientes lidiando con las consecuencias para la salud mental y física de la reducción rápida de la dosis o la suspensión abrupta de los medicamentos que habían estado tomando durante años, lo que conlleva riesgos de abstinencia, depresión, ansiedad e incluso suicidio.

En noviembre, la agencia publicó , alentando a los médicos a concentrarse en las necesidades individuales de los pacientes. Si bien las pautas aún dicen que los opioides no deberían ser la opción preferida para el dolor, facilitan las recomendaciones sobre los límites de las dosis, que eran estrictos en la guía de los CDC de 2016. Los nuevos estándares también advierten a los médicos sobre los riesgos asociados con los cambios rápidos de dosis después del consumo prolongado.

Pero a algunos médicos les preocupa que las nuevas recomendaciones tarden mucho en lograr un cambio significativo, y pueden ser pocas o llegar tarde para algunos pacientes. Las razones incluyen la falta de coordinación de otras agencias federales, el miedo a las consecuencias legales entre los proveedores, los legisladores estatales que dudan en modificar las leyes y el estigma generalizado que rodea a los medicamentos opioides.

Las pautas de 2016 para recetar opioides a personas con dolor crónico llenaron un vacío para los funcionarios estatales que buscaban soluciones a la crisis de las sobredosis, dijo la , profesora asistente de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan.

Lagisetty dijo que las que aprobaron los estados que limitan la forma en que los proveedores recetan o dispensan esos medicamentos tuvieron un efecto: una disminución en las recetas de opioides incluso cuando las sobredosis continuaron aumentando.

Las primeras pautas de los CDC “alertaron a todos”, dijo el doctor Bobby Mukkamala, presidente del Grupo de Trabajo de Atención del Dolor y Uso de Sustancias de la Asociación Médica Estadounidense. Los médicos redujeron la cantidad de píldoras de opioides que recetan después de las cirugías, dijo. Las revisiones de 2022 son “un cambio dramático”, dijo.

Es difícil exagerar el costo humano de la crisis de los opioides. Las muertes por sobredosis de opioides en los Estados Unidos en las últimas dos décadas, con al principio de la pandemia de covid-19. Los CDC dicen que el fentanilo ilícito ha alimentado un aumento reciente en las muertes por sobredosis.

Teniendo en cuenta la perspectiva de los pacientes con dolor crónico, las recomendaciones más recientes intentan reducir algunos de los daños a las personas que se habían beneficiado de los opioides pero a los que se les cortó el suministro, dijo la , directora del Penn Medicine Center for Addiction Medicine and Policy.

“Espero que sigamos difundiendo la precaución sin propagar demasiado el temor de nunca usar opioides”, dijo Perrone, quien ayudó a elaborar las últimas recomendaciones de los CDC.

Christopher Jones, director del Centro Nacional para la Prevención y el Control de Lesiones de los CDC, dijo que las recomendaciones actualizadas no son un mandato regulatorio sino solo una herramienta para ayudar a los médicos a “tomar decisiones informadas y centradas en la persona relacionadas con el tratamiento del dolor”.

cuestionan si los opioides son la forma más efectiva de tratar el dolor crónico a largo plazo. Pero la reducción gradual de las drogas se asocia con muertes por sobredosis y suicidio, y el riesgo aumenta cuanto más tiempo una persona ha estado tomando opioides, según una investigación del , profesor de medicina en la Universidad de Alabama-Birmingham.

Dijo que la nueva guía de los CDC refleja “una cantidad extraordinaria de aportes” de los pacientes con dolor crónico y sus médicos, pero duda que tenga un gran impacto si la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) y la Administración de Control de Drogas (DEA) no cambian la forma en que hacen cumplir las leyes federales.

La FDA aprueba nuevos medicamentos y sus reformulaciones, pero la orientación que brinda sobre cómo comenzar o removerle la droga a los pacientes podría instar a los médicos a hacerlo con precaución, dijo Kertesz. La DEA, que investiga a los médicos sospechosos de recetar ilegalmente opioides, se negó a comentar.

La búsqueda de médicos por parte de la DEA puso a Danny Elliott, de Warner Robins, Georgia, en una situación horrible, dijo su hermano, Jim.

En 1991, Danny, representante de una empresa farmacéutica, sufrió una descarga eléctrica. Tomó medicamentos para el dolor por la lesión cerebral resultante durante años hasta que su médico enfrentó cargos federales por dispensar ilegalmente opioides recetados, contó Jim.

Danny recurrió a médicos fuera del estado, primero en Texas y luego en California. Pero la DEA suspendió la licencia de su último médico el año pasado y no pudo encontrar un nuevo médico que le recetara esos medicamentos, dijo Jim.

Danny, de 61 años, y su esposa, Gretchen, de 59, se suicidaron en noviembre. “Estoy realmente frustrado y enojado porque los pacientes con dolor son maltratados”, dijo Jim.

Poco antes de morir, Danny se convirtió en contra la reducción forzada de drogas. Los pacientes con dolor crónico que hablaron con KHN señalaron su difícil situación al pedir más acceso a medicamentos opioides.

Incluso para las personas que tienen receta, no siempre es fácil obtener los medicamentos que necesitan.

Las y los han resuelto demandas por miles de millones de dólares por su supuesto papel en la crisis de los opioides. Algunas farmacias han visto limitadas o cortadas sus asignaciones de opioides, señaló Ciaccia, de 3 Axis Advisors.

Rheba Smith, de 61 años, de Atlanta, dijo que en diciembre su farmacia dejó de surtir sus recetas de Percocet y MS Contin. Había tomado esos medicamentos opioides durante años para controlar el dolor crónico después de que le cortaran el nervio ilíaco por error durante una cirugía, contó.

Smith dijo que visitó casi dos docenas de farmacias a principios de enero, pero no pudo encontrar una que pudiera surtir sus recetas. Finalmente encontró una farmacia local de pedidos por correo que le surtió un suministro de Percocet para un mes. Pero ahora ese medicamento y MS Contin no están disponibles, le dijeron en la farmacia.

“Han sido tres meses horribles. He tenido un dolor terrible”, dijo Smith.

Muchos pacientes temen un futuro de dolor constante. Layman piensa en todo lo que haría para conseguir medicamentos.

“¿Estarías dispuesto a comprar drogas en la calle? ¿A ir a una clínica de adicciones y tratar de recibir tratamiento para el dolor allí? ¿Qué estás dispuesto a hacer para seguir con vida? dijo. “A eso se reduce todo”.

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La industria farmacéutica cita a menudo estas preocupaciones en su batalla para frenar las numerosas propuestas en Washington para permitir a los estadounidenses comprar medicamentos de Canadá y otros países, en donde los precios son casi siempre mucho más bajos.

Pero los propios datos de la agencia de los últimos años sobre las confiscaciones de estos envíos ofrecen escasas pruebas de que un número significativo de opioides entre por esta vía. En los dos años de los que KHN ha obtenido datos de la agencia, solo una ínfima parte de los fármacos inspeccionados contenían opioides.

La FDA señaló que encontró 33 paquetes de opioides y ningún fentanilo enviados por correo en 2022 de casi 53,000 envíos de medicamentos que sus inspectores intervinieron en instalaciones de correo internacional. Eso supone alrededor del 0.06% de los paquetes inspeccionados.

Según un desglose detallado de las drogas interceptadas en 2020, la mayor parte de lo que se confiscó —y con mayor frecuencia se destruyó— fueron productos farmacéuticos. El principal producto fueron pastillas baratas para la disfunción eréctil, como una versión genérica de Viagra. Pero también había medicamentos recetados para tratar el asma, la diabetes, el cáncer y el VIH.

Devin Koontz, vocero de la FDA, dijo que las cifras no reflejan el panorama completo porque el el principal inspector en las instalaciones de correos no es la FDA sino el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU.

Pero los datos obtenidos de la agencia de aduanas muestran que también encontró pocos opioides: de las más de 30,000 drogas que interceptó en 2022 en las instalaciones de correo internacional, solo 111 fueron de fentanilo y 116, de otros opioides.

En promedio, los estadounidenses pagan más del doble que los ciudadanos de otros países por exactamente los mismos medicamentos. En las encuestas, el 7% de los adultos estadounidenses afirma que no toman sus medicamentos porque no pueden costearlos.

Alrededor del 8% admite que ellos mismos o un familiar han pedido medicamentos al extranjero para ahorrar dinero, aunque técnicamente es ilegal en la mayoría de los casos. Al menos —Florida, Colorado, New Hampshire y Nuevo México—  han propuesto programas que permitirían a sus residentes importar medicamentos de Canadá.

Si bien la FDA ha encontrado solo un número relativamente pequeño de opioides, incluido el fentanilo, en paquetes de correo internacional, el Congreso otorgó a la agencia un total de $10 millones en 2022 y 2023 para ampliar los esfuerzos para interceptar los envíos de opioides y otros medicamentos no aprobados.

“Más personal, junto con mejoras tecnológicas, nos permitirán no solo inspeccionar más paquetes, sino que también aumentarán nuestras capacidades de focalización para garantizar que estamos inspeccionando paquetes con una alta probabilidad de contener productos que violan la ley”, dijo Dan Solis, comisionado adjunto para operaciones de importación de la FDA.

“La FDA sigue pidiendo cada vez más dinero de los contribuyentes para detener el fentanilo y los opioides en las instalaciones de correo internacional, pero parece estar utilizando ese dinero para rechazar y destruir un número cada vez mayor de pedidos internacionales regulares de medicamentos con receta”, indicó Gabe Levitt, presidente de , que acredita a las farmacias extranjeras en línea que venden medicamentos a clientes en Estados Unidos y a nivel mundial.

“El argumento de que la importación de medicamentos va a avivar la crisis de opioides no tiene ningún sentido”. “La crisis nacional de importación de fentanilo no debe confundirse con la importación personal segura de medicamentos”, afirmó Levitt.

A Levitt no le sorprende el bajo número de opioides que se envían por correo: en 2022, , una organización que dirige, recibió datos de la FDA de 2020 mediante una solicitud de la Ley de Libertad de Información, que mostraban que los inspectores habían interceptado 214 paquetes con opioides y ningún fentanilo, entre unos 50,000 envíos de medicamentos.

En cambio, encontraron casi 12,000 paquetes que contenían pastillas para la disfunción eréctil. También bloquearon miles de paquetes que contenían medicamentos con receta para tratar distintas enfermedades.

Más del 90% de los medicamentos descubiertos en las instalaciones de correo internacional se destruyen o se les niega la entrada a Estados Unidos, dijeron funcionarios de la FDA.

En 2019, la labor de la agencia para impedir el ingreso de fentanilo por correo a Estados Unidos dentro de los esfuerzos por detener otras drogas ilegales.

Levitt se mostró satisfecho de que el Congreso agregara en diciembre a un proyecto de ley de gasto federal un texto que, en su opinión, reorientaría las inspecciones del correo de la FDA.

En este proyecto se decía que “los esfuerzos de la FDA en las instalaciones de correo internacional deben centrarse en impedir la entrada a Estados Unidos de productos farmacéuticos controlados, falsificados o peligrosos por otros motivos. Además, los fondos disponibles en esta ley deben dar prioridad a los casos en los que la importación suponga una amenaza significativa para la salud pública”.

Levitt dijo que con esta modificación, la FDA dejaría de detener los envíos que contienen medicamentos para el cáncer, enfermedades del corazón, y la disfunción eréctil para pasar a impedir la entrada de sustancias controladas, incluidos los opioides.

Aunque Koontz, de la FDA, indicó que ese texto no cambiará el tipo de medicamentos que examinan los inspectores de la FDA, porque todos los medicamentos son potencialmente peligrosos. “Importar medicamentos del extranjero simplemente para ahorrar costos no es razón suficiente para exponerse a riesgos adicionales”, dijo. “El fármaco puede estar bien, pero no lo sabemos, así que asumimos que no lo está”.

Agregó que incluso los medicamentos fabricados en las mismas instalaciones en las que se fabrican los destinados a la venta en Estados Unidos pueden ser peligrosos, porque carecen de etiquetado y envasado estadounidenses que garanticen que se han elaborado correctamente y se han manipulado dentro de la cadena de suministro estadounidense.

Los funcionarios de la FDA afirman que los medicamentos comprados en farmacias extranjeras tienen 10 veces más probabilidades de ser falsificados que los vendidos en Estados Unidos.

Para respaldar esta afirmación, la FDA cita de un ex funcionario de la agencia, quien dijo en 2005 estando trabajando para un grupo de expertos financiado por la industria farmacéutica, que entre el 8% y el 10% de la cadena mundial de suministro de medicamentos es falsificada.

La FDA indicó que no tiene datos que muestren cuáles medicamentos son falsificaciones poco seguras y cuáles son los que carecen de etiquetado o envasado adecuado. Los datos de Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU. indican que encontró 365 falsificaciones entre los más de 30,000 medicamentos que inspeccionó en 2022.

Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, el grupo comercial de la industria, financia una organización sin fines de lucro llamada Partnership for Safe Medicines, que ha para oponerse a los esfuerzos de importación de medicamentos con el argumento de que empeoraría la epidemia de fentanilo.

, director ejecutivo de Partnership for Safe Medicines,, dijo que le sorprendía que la cantidad de fentanilo y opioides encontrada por los inspectores de aduanas y de la FDA en el correo fuera tan baja. Afirmó que históricamente ha sido un problema, pero no pudo aportar pruebas.

Dijo que las agencias federales no están inspeccionando suficientes paquetes para tener una visión completa. “Con recursos limitados, puede que los contrabandistas nos estén engañando”, afirmó. “Necesitamos inspeccionar los 50,000 paquetes adecuados cada año”.

Durante décadas, millones de estadounidenses que buscan ahorrar dinero han comprado medicamentos en farmacias extranjeras, y la mayoría de las ventas se realizan por Internet. Aunque la FDA dice que no se puede hacer eso salvo en casos excepcionales, docenas de ciudades, condados y distritos escolares ayudan a sus empleados a comprar medicamentos en el extranjero.

La administración Trump dijo en 2020 que los medicamentos podrían importarse de forma segura y abrió la puerta a que los estados solicitaran a la FDA iniciar programas de importación. Pero la administración Biden aún no ha aprobado ninguno.

Levitt y otros defensores de la importación afirman que el proceso suele ser seguro en gran medida porque los medicamentos que se venden a personas con recetas válidas a través del correo internacional son fármacos aprobados por la FDA con un etiquetado diferente al de las farmacias estadounidenses, o versiones extranjeras de medicamentos aprobados por la FDA fabricados en las mismas instalaciones que los que se venden en EE.UU. o en instalaciones reguladas similares. La mayoría de los medicamentos que se venden en las farmacias estadounidenses ya se fabrican en el extranjero.

Debido al enorme volumen de correo, aunque la FDA ha aumentado el personal en las instalaciones de correo en los últimos años, la agencia puede inspeccionar físicamente menos del 1% de los paquetes que presumiblemente contienen medicamentos, dijeron funcionarios de la FDA.

Solís señaló que la agencia centra sus esfuerzos de incautación en los paquetes procedentes de países de los que cree que pueden llegar medicamentos falsificados o ilegales.

Los defensores de la importación afirman que los esfuerzos por bloquearla protegen los beneficios de la industria farmacéutica y perjudican a los estadounidenses que tratan de cubrir los gastos de sus medicamentos.

“Nunca hemos visto una oleada de muertes o de daños causados por medicamentos recetados que la gente entra por la frontera de farmacias verificadas, porque son los mismos medicamentos que la gente compra en las farmacias estadounidenses”, dijo Alex Lawson, director ejecutivo de , que aboga por precios de medicamentos más bajos. “La industria farmacéutica está utilizando a la FDA para proteger su monopolio de precios y mantenerlos altos”.

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Coon estaba en un auto por los caminos secundarios de la Reserva India Flathead en el oeste de Montana cuando perdió el conocimiento. Alguien en el auto tomó una pequeña botella de naloxona, la roció en su nariz y realizó resucitación (CPR) hasta que recuperó el conocimiento.

Coon dijo que tener acceso rápido al agente de reversión de sobredosis, también conocido por su nombre comercial, Narcan, fue muy afortunado.

“Es un milagro que haya sobrevivido las veces que no me administraron naloxona”, dijo Coon. “La gente me devolvió la conciencia echándome agua fría y haciendo CPR. Pero eso no garantiza que te vayan a devolver a la vida”, agregó Coon.

Casi dos años después, Coon es entrenadora de recuperación para un programa local, Never Alone Recovery Support Services, y está obteniendo un título como consejera de adicciones en Salish Kootenai College. Lleva dosis de naloxona en su auto por si necesita ayudar a otras personas.

Pero dijo que le preocupa la falta de acceso al medicamento, particularmente en áreas rurales como la suya. El canal de distribución de los departamentos de salud estatal y tribal ha sido inconsistente, y el precio de $50 por un paquete de dos dosis de naloxona en el Walmart más cercano lo vuelve inaccesible para muchas personas.

“¿Cómo se supone que vamos a poder pagar por este medicamento que en última instancia es para salvar nuestras vidas y las de los que nos rodean?” dijo.

Oficiales de salud de Montana están considerando una nueva estrategia para hacer que la naloxona sea más accesible.

Basándose en un fondo de salud conductual reservado por los legisladores en 2023, oficiales de salud de la administración del gobernador Greg Gianforte han propuesto instalar dos docenas de máquinas expendedoras de naloxona y tiras reactivas de fentanilo alrededor del estado, en centros de salud conductual y lugares de servicio para personas sin hogar.

El plan de $400,000 para construir, abastecer y mantener 24 máquinas expendedoras durante un año aún no ha sido aprobado por el gobernador republicano, que se postula para un segundo mandato, quien en última instancia decide cómo se gastan los fondos asignados a la Comisión del Sistema de Salud Conductual para las Generaciones Futuras.

Los detalles del Departamento de Salud Pública y Servicios Humanos del estado sobre dónde se colocarían las máquinas y cómo se operarían siguen siendo escasos.

La tasa de muertes relacionadas con opioides en Montana en los últimos años, de 3,6 muertes por cada 100,000 residentes en 2017 a 11,3 por cada 100,000 residentes en 2023.

La tasa de mortalidad es más alta entre los nativos americanos: las personas nativas en Montana murieron por sobredosis de opioides a una tasa de 33 muertes por cada 100,000 personas en 2023, más de tres veces la tasa de las personas blancas no hispanas.

La naloxona ha surgido como una herramienta importante para combatir las sobredosis de opioides. Cuando se administra rápidamente, se adhiere a los receptores del cerebro a los que se dirigen los opioides, bloqueando los efectos de las drogas.

En todo Estados Unidos, las máquinas expendedoras que distribuyen naloxona y otros suministros de salud de forma gratuita se están convirtiendo en en la lucha contra las sobredosis de opioides. Diferentes versiones del modelo se están probando en al menos .

En un informe de 2023, el describió el uso de máquinas expendedoras para distribuir naloxona y otros suministros de “reducción de daños”, como kits de primeros auxilios, pruebas de embarazo, jeringas estériles y más, como una herramienta de salud pública que se hizo más común durante la era del distanciamiento social durante la pandemia de covid-19.

Pero la popularidad del modelo ha seguido creciendo desde entonces, especialmente en lugares con poblaciones a las que es difícil llegar.

“Proporcionan servicios a [personas que usan drogas] con muchas menos barreras que los programas en un sitio fijo e incluso la divulgación móvil”, afirmó el informe. Las máquinas expendedoras de reducción de daños “también pueden proporcionar mayor privacidad y anonimato”.

La propuesta del departamento de salud estatal sería el primer caso en Montana de máquinas expendedoras financiadas directamente por el estado, a diferencia de las pocas que ahora se financian a través de subvenciones públicas o filantropía privada.

Jami Hansen, jefe de la oficina de prevención de la División de Salud Conductual y Discapacidades del Desarrollo del departamento, habló sobre la propuesta durante una reunión de mayo de la comisión estatal de salud conductual. Dijo que las máquinas expendedoras son una forma específica de llenar vacíos en un estado escasamente poblado que no ofrece acceso consistente a tratamientos para la adicción y naloxona.

“Tener algo disponible que puedan utilizar ellos mismos sería muy, muy beneficioso”, agregó Hansen.

Algunos grupos locales de salud pública en Montana, incluidos los de Missoula, Helena, Kalispell y el condado de Big Horn, ya han comenzado a usar máquinas expendedoras para distribuir naloxona gratuita, tiras reactivas para drogas y otros suministros de salud.

En Helena, tres máquinas compradas por el condado de Lewis y Clark han estado distribuyendo aerosol nasal Narcan gratuito y bolsas para la eliminación segura de drogas (usadas para disolver pastillas recetadas y recreativas) durante más de un año.

Kellie Goodwin McBride, directora del departamento de servicios de justicia penal del condado, dijo que su equipo intentó inicialmente integrar las máquinas en negocios locales, como un bar céntrico, una lavandería y un mercado, pero fallaron repetidamente.

A veces, no había suficiente espacio para las máquinas. En otros casos, dijo McBride, los dueños se preocupaban de que una máquina expendedora de Narcan diera la impresión de que el negocio toleraba o acogía el uso de drogas.

En su lugar, el condado instaló máquinas expendedoras en un refugio sin fines de lucro que atiende a residentes locales sin hogar, el edificio del tribunal de distrito estatal y el Centro de Justicia y Leyes en el centro, que alberga el tribunal municipal y el departamento del sheriff del condado. Esa máquina, es la que más se utiliza, dijo McBride.  

A diferencia de algunos otros modelos, las máquinas expendedoras de Narcan en Helena no requieren registro de usuarios ni códigos para acceder a los materiales dentro, lo que hace imposible rastrear quién está tomando naloxona o si se está utilizando.

McBride y su equipo reconocen que no hay una forma consistente de saber cuántas muertes relacionadas con opioides han ayudado a prevenir las máquinas expendedoras.

Jessica Johnson es la supervisora de educación sanitaria en el Distrito de Salud del Sur de Nevada, que ayudó a crear la primera colaboración de máquinas expendedoras en el país. Dijo que el proyecto fue diseñado para distribuir naloxona y jeringas estériles para reducir la propagación de enfermedades infecciosas entre las personas que se inyectan drogas.

Un estudio de 2022 registró 41 muertes por sobredosis menos de las esperadas en el condado de Clark, donde se ubicaron las máquinas, durante el primer año de distribución.

Johnson dijo que una de sus conclusiones del programa es la importancia de escuchar a las personas que están en más riesgo de la comunidad. Los quioscos o máquinas expendedoras de reducción de daños resultantes pueden ser tan diversos como los lugares en los que se encuentran.

Trabajadores de salud pública de todo el país han agregado cepillos de dientes, kits para dejar de fumar tabaco y otros suministros a sus máquinas expendedoras según las sugerencias de las poblaciones a las que sirven, dijo Johnson.

Aunque aún no se han elegido a los organizadores, Jon Ebelt, vocero del departamento de salud de Montana, dijo que la recomendación de la agencia de colocar máquinas en refugios y sitios que atienden a personas sin hogar se basa en el deseo de llegar a personas con enfermedades mentales graves, y a otras que ya están buscando servicios en esos lugares.

Ebelt confirmó que el departamento no se basó en datos de sobredosis de opioides ni en información demográfica sobre las personas que más a menudo sufren sobredosis en Montana al decidir dónde colocar las máquinas. En su lugar, la decisión se basó en “programación comunitaria y contratos existentes con sitios de servicios de salud mental y adicciones”.

Agregó que, según la propuesta, los anfitriones comunitarios de las máquinas expendedoras podrán seleccionar muchos tipos de suministros adicionales de reducción de daños para distribuir, “ya que cada comunidad tiene diferentes necesidades”, pero las jeringas estériles no estarán entre los productos disponibles en las máquinas de Montana.

El estado planea pagar un año de suministros, después del cual puede utilizar subvenciones federales para abastecer las máquinas, y los fondos federales para comprar jeringas para el uso ilegal de drogas. Ebelt no respondió a otras preguntas sobre esa decisión o si los sitios podrían agregar jeringas y otros materiales suministrados a través de financiación independiente.

Este artículo se produjo a través de una asociación entre Â鶹ŮÓÅ Health News y Montana Free Press.

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Me formé como médica y he hecho esta misma pregunta a los pacientes miles de veces, así que pienso mucho en cómo cuantificar la suma de caderas doloridas, muslos punzantes y el dolor adormecedor cerca de mi omóplato izquierdo. Hago una pausa y luego, generalmente de manera arbitraria, elijo un número. “¿Tres o cuatro?”, aventuro, sabiendo que la respuesta real es larga, complicada e imposible de medir de esta manera unidimensional.

El dolor es algo escurridizo. A veces es ardiente, a veces perforante, a veces oprime profundo en los músculos. El mío puede depender de mi estado de ánimo o de cuánto le preste atención, y puede “desaparecer” casi por completo si estoy concentrada en una película o tarea.

El dolor también puede ser lo suficientemente incapacitante como para cancelar vacaciones, o tan abrumador que vuelve a las personas adictas a los opioides. Incluso el dolor de 10+ puede ser soportable cuando se tolera por una buena razón, como dar a luz.

Pero, ¿cuál es el propósito de los dolores que tengo ahora, efectos persistentes de una lesión en la cabeza?

El concepto de reducir estos matices del dolor a un solo número data de la década de 1970. Pero hoy en día la escala del cero a 10 parece vetusta debido a lo que se llamó una “revolución del dolor” en los años 90, cuando la nueva forma de abordar el dolor —principalmente con opioides— se presentó como un progreso.

Los médicos de hoy tienen una comprensión más completa del tratamiento del dolor, así como de las terribles consecuencias de recetar opioides con liviandad. Lo que están aprendiendo ahora es cómo medir mejor el dolor y tratar sus muchas formas.

Hace unos 30 años, los médicos que defendían el uso de opioides dieron nueva vida a lo que había sido hasta el momento una especialidad marginal: la gestión del dolor. Comenzaron a promover la idea de que el dolor debería medirse en cada cita como un “quinto signo vital”. La Sociedad Americana del Dolor llegó a . Pero a diferencia de los otros signos vitales —presión arterial, temperatura, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria— el dolor no tenía una escala objetiva.

¿Cómo medir lo inmensurable?

La sociedad alentó a los médicos y enfermeras a usar el sistema de calificación de cero a 10. Alrededor de esa época, la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) aprobó OxyContin, un analgésico opioide de liberación lenta fabricado por Purdue Pharma.

El propio fabricante de medicamentos instó a los médicos a , y promovió agresivamente los opioides como una solución obvia. Para ser justos, en una época en la que el dolor a menudo se ignoraba o se trataba de manera insuficiente, el sistema de calificación de cero a 10 podría considerarse un avance.

Las bombas de morfina no estaban disponibles para aquellos pacientes con cáncer que vi en los años 80, incluso aquellos con un dolor agonizante por cáncer en los huesos; los médicos consideraban el dolor como una parte inevitable de la enfermedad. En la sala de emergencias donde trabajé a principios de los 90, recetar incluso unas pocas píldoras de opioides era un inconveniente: requería pedirle a la enfermera jefe que desbloqueara un recetario especial y hacer una copia para la agencia estatal que rastreaba los patrones de prescripción.

Los reguladores (con razón) se preocupaban de que repartir narcóticos llevara a la adicción. Como resultado, algunos pacientes necesitados de alivio probablemente se quedaron sin él.

Después que los médicos del dolor y los fabricantes de opioides hicieran campaña para un uso más amplio de estas drogas — alegando que las formas más nuevas no eran adictivas, o mucho menos que las formulaciones anteriores — recetar los medicamentos se volvió mucho más fácil y se promovieron para todo tipo de dolor, ya sea una artritis de rodilla o problemas de espalda.

Como joven médica que se unía a la “revolución del dolor”, probablemente les pregunté a los pacientes miles de veces que calificaran su dolor en una escala de cero a 10 y escribí muchas recetas cada semana para medicamentos para el dolor, ya que monitorear “el quinto signo vital” se volvió rápidamente rutinario en el sistema médico.

Con el tiempo, la medición del dolor de cero a 10 se convirtió en caja necesaria para llenar en los registros médicos electrónicos. La Commission on the Accreditation of Healthcare Organizations hizo que evaluar el dolor regularmente fuera para que los centros médicos recibieran de atención médica.

Los grupos médicos agregaron el a su lista de derechos de los pacientes, y la satisfacción con el tratamiento del dolor se convirtió en un componente de las encuestas de pacientes posteriores a la cita médica. (Una mala calificación podría significar un menor reembolso por parte de algunos aseguradoras).

Pero este enfoque para la gestión del dolor tenía claros inconvenientes. Estudios revelaban que medir el dolor de los pacientes . Los médicos mostraban poco interés en, o no sabían cómo responder a la respuesta registrada. Y que los pacientes estuvieran satisfechos con discutir su dolor con el médico no significaba necesariamente que recibieran .

Al mismo tiempo, los medicamentos estaban alimentando la creciente epidemia de opioides. La investigación mostró que se estimaba que de las personas que recibían una receta de medicamentos para el dolor desarrollaban una adicción.

Sin embargo, los médicos que querían tratar el dolor tenían pocas otras opciones. “Teníamos un buen sentido de que estos medicamentos no eran la única forma de manejar el dolor”, me dijo , directora de la Oficina de Políticas y Planificación del Dolor de los Institutos Nacionales de Salud. “Pero no teníamos una buena comprensión de la complejidad o las alternativas”.

El entusiasmo por los narcóticos dejó muchas variedades de dolor sin explorar y sin tratar durante años.

Solo en 2018, un año en que casi 50,000 estadounidenses murieron por una sobredosis, el Congreso comenzó a financiar un programa —la Red de Investigación Clínica de la Fase Temprana del Dolor, o EPPIC-Net— diseñado para explorar tipos de dolor y encontrar mejores soluciones. La red conecta especialistas en 12 centros clínicos académicos especializados y está destinada a iniciar nuevas investigaciones en este campo y encontrar soluciones a medida para diferentes tipos de dolor.

Una escala de cero a 10 puede tener sentido en ciertas situaciones, como cuando una enfermera la usa para ajustar la dosis de medicación para un paciente hospitalizado después de una cirugía o un accidente. Y los investigadores y especialistas en dolor han intentado crear mejores herramientas de calificación — docenas, de hecho, ninguna de las cuales fue adecuada para capturar la complejidad del dolor, concluyó .

Por ejemplo, la Administración de Salud de Veteranos creó una que tenía preguntas adicionales e indicaciones visuales: una calificación de 5 se correlacionaba con un ceño fruncido y un nivel de dolor que “interrumpe algunas actividades”. La encuesta tardaba mucho más y producía resultados que que el sistema de cero a 10.

Para la década de 2010, muchas organizaciones médicas, incluida la y la Academia Estadounidense de Médicos de Familia, estaban no solo la escala de cero a 10, sino de que un paciente podía informar su dolor de manera numérica y significativa.

En los años en que los opioides habían dominado los remedios para el dolor, algunos medicamentos — como la gabapentina y la pregabalina para la neuropatía, y los parches y cremas de lidocaína para los — estaban disponibles.

“Había una creciente conciencia de la increíble complejidad del dolor, y de que tendrías que encontrar los medicamentos adecuados para los pacientes adecuados”, me dijo Rebecca Hommer, directora interina de EPPIC-Net.

Los investigadores ahora están buscando biomarcadores asociados con diferentes tipos de dolor para que los estudios de medicamentos puedan usar medidas más objetivas para evaluar sus efectos. Una mejor comprensión de las vías neurales y los neurotransmisores que crean diferentes tipos de dolor también podría ayudar a los investigadores a diseñar medicamentos para interrumpirlos y domesticarlos.

Es poco probable que cualquier tratamiento que surja de esta investigación sea un éxito de taquilla como los opioides; por diseño, serán útiles para menos personas. Eso también los hace prospectos menos atractivos para las compañías farmacéuticas.

Así que EPPIC-Net está ayudando a pequeños laboratorios, académicos e incluso a médicos individuales a diseñar y realizar ensayos en etapa temprana para probar la seguridad y eficacia de moléculas prometedoras para aliviar el dolor.

Esa información se entregará a las farmacéuticas para ensayos en etapa tardía, todo con el objetivo de obtener nuevos medicamentos aprobados por la FDA más rápidamente. Los primeros ensayos de EPPIC-Net están comenzando. Encontrar mejores tratamientos no será una tarea fácil, porque el sistema nervioso es un universo en gran parte inexplorado de moléculas, células y conexiones eléctricas.

El Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2021 fue para los científicos que que nos permiten sentir las sensaciones más básicas: el frío y el calor. En comparación, el dolor es una hidra, un monstruo de muchas cabezas. Un simple número puede parecer definitivo. Pero no ayuda a nadie a que el dolor desaparezca.

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Un hombre de mediana edad abrió, con mirada cautelosa.

“Hola, señor, ¿cómo está hoy?”, le preguntó Elie, que tenía puesta una chaqueta con el logo de la Campana de la Libertad, del gobierno de la ciudad. “Mi nombre es Marsella. Estoy trabajando con la ciudad. ¿Ha oído hablar de las sobredosis que están ocurriendo en el vecindario, verdad?”.

El hombre asintió. Elie señaló los folletos que tenía sobre sobredosis de drogas y programas de tratamiento para la adicción. Levantó una caja de Narcan, una marca de naloxona, que puede revertir una sobredosis de opioides.

“Lo que estamos tratando de hacer es que esto llegue a todos los hogares. ¿Alguna vez ha oído hablar de esto antes?”, preguntó Elie antes de entregarle al hombre una bolsa de tela llena de folletos, tiras de prueba de fentanilo y la caja de Narcan.

Elie y otros trabajadores de medio tiempo de la ciudad y voluntarios forman parte de una campaña puerta a puerta a gran escala en Philadelphia que tiene como objetivo equipar los hogares con naloxona y otros suministros para prevenir sobredosis de drogas.

Los funcionarios de la ciudad esperan que este enfoque proactivo transforme a la naloxona en un artículo que esté en los botiquines, para evitar que las personas mueran por sobredosis, especialmente los residentes negros.

En Philadelphia, en 2022, según datos de la ciudad, un récord de murieron por sobredosis de drogas. Entre los residentes negros, las muertes aumentaron un 20% respecto al año anterior, y muchas ocurrieron en casas.

“Lo mejor que podemos hacer para que estos productos sean más accesibles es simplemente dárselos a las personas”, dijo , subdirectora de la de la ciudad, hablando sobre la bolsa de tela con naloxona y otros suministros.

“No le estamos preguntando si está usando drogas. El objetivo aquí es realmente construir una responsabilidad colectiva. Como personas de comunidades minoritarias, como vimos durante la epidemia de covid, nadie viene a salvarnos. Para nosotros, esta es una herramienta que podemos usar para salvarnos a nosotros mismos”.

Esta iniciativa de distribución tiene como objetivo llevar suministros de prevención directamente a personas que de otro modo no los buscarían por sí mismas, y concientizar sobre las sobredosis más allá de Kensington, el epicentro de la epidemia de adicción de la ciudad.

Los encuestadores planean golpear más de 100,000 puertas en los “puntos calientes” de Philadelphia, con tasas crecientes de sobredosis de opioides, muchos en comunidades minoritarias.

El aumento de las disparidades raciales en las muertes por sobredosis es una de las consecuencias a largo plazo de la , dijo McLoyd. Las políticas de esa campaña nacional llevaron a décadas de tácticas policiales agresivas, perfil racial y largas condenas de prisión, afectando de manera desproporcionada a personas de color y a sus comunidades.

La investigación muestra que los afroamericanos siguen representando por drogas y servicios de protección infantil.

“Por eso, está muy claro por qué las personas de minorías podrían ser reacias a levantar la mano y decir: ‘Soy una persona que usa drogas, necesito esos recursos'”, dijo McLoyd.

Otras comunidades han distribuido naloxona y otros suministros, aunque . Lo que está haciendo Philadelphia podría convertirse en un modelo para otros lugares densamente poblados, dijo , vicepresidenta de iniciativas sobre el uso de drogas en , una organización de salud pública que trabaja con gobiernos locales en siete estados para abordar la epidemia de opioides.

“Hay algo intensamente personal en un compromiso humano”, dijo Heller. “Y que alguien toque a tu puerta para hablar sobre el uso de drogas y el riesgo de sobredosis y que haya algo que se pueda hacer, creo que es realmente poderoso”.

A lo largo de los años, la naloxona se ha vuelto más accesible que nunca, apuntó Heller. Ahora se puede y se puede recibir por correo, está disponible en especializadas y algunas farmacias ahora venden el spray nasal de Narcan sin receta.

Pero siguen muriendo por sobredosis de opioides cada año.

Eso significa que los esfuerzos de prevención y los mensajes sobre la crisis aún no llegan a algunas personas, dijo Heller. Y para Heller, llegar a las personas significa ir donde están. “Tenemos que pensar así cuando pensamos en la distribución de naloxona”.

El proyecto de divulgación en Philadelphia está financiado en parte por los pagos de acuerdos de demandas nacionales contra fabricantes y distribuidores de opioides, .

Se espera que la ciudad reciba alrededor de $200 millones en aproximadamente 18 años de acuerdos con AmerisourceBergen, Cardinal Health, McKesson y Johnson & Johnson.

De la iniciativa forman parte muchas de las mismas personas que comenzaron a hacer divulgación como parte del censo de 2020.

No todos responden a la puerta. Algunos no están en casa. En esos casos, los trabajadores dejan un volante en el picaporte de la puerta que ofrece información sobre los riesgos de las sobredosis, y contactos para obtener más recursos.

Los equipos de encuestadores, a menudo con intérpretes de idiomas, hacen una segunda ronda de visitas en el vecindario para llegar a las personas que no vieron la primera vez.

En un jueves reciente, los encuestadores de Philadelphia estaban tocando puertas en los vecindarios de Franklinville y Hunting Park. Según datos de la ciudad, en este código postal, aproximadamente 85 personas murieron por sobredosis de drogas en 2022. Eso es menos que las 193 personas que murieron por sobredosis en Kensington el mismo año, pero mucho más que las pocas muertes vistas en los vecindarios más ricos de la ciudad.

Los encuestadores se acercaron a una residente, Katherine Camacho, en la acera, cuando salía de su garage. Camacho les dijo que estaba al tanto del problema de las sobredosis en su comunidad y luego aceptó con entusiasmo una caja de Narcan. “Voy a llevar esto conmigo, porque, como dije, a veces estás en la calle conduciendo a algún lugar y podrías salvar una vida”, les dijo Camacho.

En cuanto al esfuerzo de divulgación de Philadelphia, Camacho dijo que cree que “Dios está poniendo a estas personas para ayudar”. Mientras entraba en su casa llevando la caja de Narcan, agregó que quería hacer su parte para ayudar.

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Los socorristas estaban a solo cuatro minutos de distancia. “Pero aún así, cuatro minutos, si no están respirando en absoluto, son cuatro minutos demasiado largos”, dijo Foster.

Foster contó que consiguió una dosis de naloxona, un medicamento que de opioides, y se la administró a la estudiante. La niña revivió.

A 45 millas de distancia, en Colorado Springs, los funcionarios de Mitchell High School no tenían naloxona a mano cuando un estudiante de 15 años sufrió una sobredosis en clase, en diciembre de 2021, tras inhalar una pastilla de fentanilo en un baño de la escuela. Ese estudiante murió.

Desde entonces, el distrito escolar de Colorado Springs se ha unido a Pueblo y a docenas de otros distritos en el estado para suministrar a las escuelas intermedias y secundarias la medicación que salva vidas, a menudo conocida como Narcan, uno de sus nombres comerciales. Desde la promulgación de una ley estatal en 2019, Colorado cuenta con un programa que permite a las escuelas obtener el medicamento, normalmente en forma de aerosol nasal, de forma gratuita o a un costo reducido.

Sin embargo, no todas las escuelas están de acuerdo con esta idea. Aunque más distritos se han unido , sólo alrededor de un tercio de los distritos de Colorado se habían inscrito en el programa de distribución estatal al inicio de este año escolar. Y en la docena de condados con las tasas de , muchos distritos escolares no se habían inscrito debido al persistente estigma en torno a la necesidad de tener una medicación para revertir sobredosis.

La Administración de Salud Mental y Abuso de Sustancias federal (SAMHSA, por sus siglas en inglés) recomienda que las escuelas, incluidas las primarias, , ante el , especialmente de la potente droga fentanilo. Y 33 estados tienen leyes que permiten expresamente a los centros escolares o a sus empleados llevar, almacenar o administrar naloxona, según Jon Woodruff, abogado director de la (LAPPA), que realiza un seguimiento de las políticas sobre naloxona en todo el país.

Entre ellos, alrededor de nueve requieren que al menos algunos centros de enseñanza primaria y secundaria, de kinder a doceavo grado (K-12) almacenen naloxona en el lugar, incluido Illinois, cuya norma entrará en vigencia en enero. Algunos estados, como Maine, también requieren que las escuelas públicas ofrezcan sobre cómo administrar naloxona en forma de aerosol nasal.

Rhode Island exige que todos los centros K-12, tanto públicos como privados, dispongan de naloxona. Joseph Wendelken, vocero del Departamento de Salud de Rhode Island, dijo que en los últimos cuatro años se administró naloxona nueve veces a jóvenes de 10 a 18 años en establecimientos educativos.

A principios de septiembre, el medicamento también empezó a venderse sin receta en todo el país, aunque el precio de $45 por envase de dos dosis preocupa a algunos especialistas en adicciones, que temen que esté de quienes más lo necesitan.

Pero el medicamento todavía no está tan generalizado públicamente como los desfibriladores externos automáticos o los extintores de incendios. , presidenta de la National Associaction of School Nurses, afirmó que la reticencia a tenerlo en las escuelas puede deberse a que los funcionarios se resisten a prestar un servicio médico, o al costo que supone reabastecerse de naloxona y formar al personal para que la utilice. Pero el principal obstáculo que ha escuchado es que los centros temen ser estigmatizados como una “mala escuela” que tiene un problema de drogas, o como una escuela que tolera las malas decisiones.

“Los distritos escolares son muy cuidadosos con su imagen”, señaló Yunuen Cisneros, directora de inclusión y alcance comunitario de la , que sirve a la mayoría de los distritos escolares del estado. “Muchos de ellos no quieren sumarse a este programa, porque aceptarlo es aceptar un problema de drogadicción”.

Esa es la forma equivocada de verlo, dijo King. “Hay que equipararlo a nuestro stock de albuterol para los ataques de asma, o a nuestro stock de epinefrina para el shock anafiláctico (reacción alérgica grave)”, apuntó.

Funcionarios de salud de Colorado no pudieron precisar con qué frecuencia se había utilizado la naloxona en los centros escolares del estado. En lo que va de año, al menos 15 jóvenes de entre 10 y 18 años han muerto por sobredosis de fentanilo, pero no necesariamente en las escuelas. Y en 2022 murieron 34 en ese grupo de edad, según el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente del estado. Una de las víctimas fue José Hernández, de 13 años, quien murió en su casa, en agosto de 2022, por una sobredosis de fentanilo, pocos días después de comenzar el octavo grado en Aurora Hills Middle School. Su abuela encontró su cuerpo una madrugada, sobre el lavabo del baño.

Con la llegada de este nuevo año escolar, más escuelas de Colorado tienen suministros de naloxona disponibles para los estudiantes. El año pasado, los legisladores estatales asignaron $19,7 millones en ayuda federal al , un fondo al que pueden acceder, entre otros, distritos escolares, cárceles, socorristas y organizaciones de servicios comunitarios.

“Es la mayor cantidad que hemos tenido”, señaló Andrés Guerrero, gerente del programa de prevención de sobredosis del departamento de salud del estado.

Según datos facilitados por el departamento de salud de Colorado, 65 distritos escolares estaban inscritos en el programa estatal para recibir naloxona a bajo precio o gratis al inicio del curso escolar. Otros 16 se habían puesto en contacto con el estado para solicitar información, pero a mediados de agosto aún no habían finalizado los pedidos. Los 97 distritos escolares restantes no disponían de naloxona en sus centros o la habían adquirido en otros lugares.

Guerrero explicó que los distritos deciden a quién capacitar para administrar el medicamento. “En algunos casos, son sólo las enfermeras escolares. En otros, son las enfermeras escolares y los profesores”, dijo. “Y, a veces, también los estudiantes”.

En Durango High School, de secundaria impulsó a los alumnos a reclamar el derecho a llevar naloxona al colegio con permiso de los padres —y a administrarla en caso necesario— sin temor a ser castigados.

Hizo falta durante una reunión del consejo escolar para conseguir el permiso, contó Hays Stritikus, que se graduó esta primavera de Durango. Ahora participa en la redacción de una ley que permitiría expresamente a los estudiantes de todo el estado llevar y distribuir Narcan en los centros escolares.

“El objetivo es un mundo en el que el Narcan no sea necesario”, comentó. “Pero lamentablemente no es en donde vivimos”.

Algunos expertos en salud no están de acuerdo en que todas las escuelas deban almacenar naloxona. , economista de la salud de la Western University en Canadá, ha estudiado la en los centros de secundaria de ese país. Aunque se han producido intoxicaciones por opioides en escuelas, dijo, las secundarias suelen ser entornos de muy bajo riesgo.

Las estrategias más eficaces para combatir la epidemia de opioides son los centros de intercambio de agujas, los lugares de consumo supervisado de drogas y el tratamiento asistido con medicación que reduce el síndrome de abstinencia o atenúa el “viaje”, agregó Cipriano. Pero estos métodos pueden resultar caros en comparación con la distribución de naloxona.

“Cuando el estado crea un gran programa gratuito como éste, parece que está haciendo algo respecto a la epidemia de opioides”, señaló. “Es barato y parece que estás haciendo algo, y eso es oro en política”.

Las escuelas públicas de Denver, el mayor distrito escolar de Colorado, comenzaron a almacenar naloxona en 2022, indicó Jade Williamson, gerente del programa de escuelas saludables del distrito.

“Sabemos que algunos de los estudiantes están a la vanguardia de estos temas antes que las generaciones mayores”, afirmó Williamson. “Saber dónde encontrarlo, y acceder al medicamento cuando sea necesario a través de estos adultos que se han preparado, ya sea una enfermera de la escuela o un administrador, creo que les proporciona una cierta sensación de alivio”.

Los siete distritos más grandes del estado, con más de 25,000 estudiantes cada uno, participan en el programa estatal. En cambio, según un análisis de Â鶹ŮÓÅ Health News, sólo el 21% de los distritos con hasta 1,200 alumnos se han inscrito en el programa, a pesar que muchos de esos pequeños distritos se encuentran en zonas con tasas de mortalidad por sobredosis de drogas superiores al promedio estatal.

Algunos distritos escolares han encontrado una forma de obtener naloxona al margen del programa estatal. Esto incluye el Distrito Escolar 60 de Pueblo, donde la enfermera supervisora Foster administró naloxona a una estudiante el año pasado.

El distrito escolar de Pueblo obtiene la naloxona gratis de una organización local sin fines de lucro llamada . Foster dijo que intentó inscribirse en el programa estatal, pero encontró dificultades. Así que decidió seguir con lo que ya funcionaba.

El distrito escolar RE-1 del condado de Moffat, en Craig, Colorado, obtiene la naloxona de un , según Myranda Lyons, enfermera del distrito. Lyons contó que capacita al personal de la escuela sobre cómo administrarla cuando les enseña RCP (reanimación cardiopulmonar).

Christopher deKay, superintendente del Distrito Escolar Ignacio 11Jt, dijo que su personal de recursos escolares ya llevan naloxona, pero que el distrito también se inscribió en el programa estatal, para que las escuelas puedan almacenar el medicamento en la enfermería en caso de que el personal de recursos no se encuentre cerca.

“Es como todo, como capacitar en seguridad contra incendios. Nunca sabes lo que va a pasar en tu escuela”, señaló deKay. “Si ocurre lo impensable, queremos ser capaces de responder de la mejor manera posible”.

Esta historia se produjo con la colaboración de .

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Hasta ahora.

Después de más de un mes de comunicaciones con fiscales generales estatales, abogados privados que trabajan en el acuerdo y los administradores del acuerdo, Â鶹ŮÓÅ Health News ha obtenido documentos que muestran las cantidades exactas en dólares que se asignaron a los gobiernos locales para 2022 y 2023. Más de 200 hojas de cálculo detallan las cantidades pagadas por cuatro de las empresas implicadas en los acuerdos nacionales. (Otras empresas relacionadas con los opioides comenzarán a hacer pagos a finales de este año).

Por ejemplo, el condado de Jefferson, Kentucky —donde se encuentra Louisville— recibió $860,657.73 de tres distribuidores farmacéuticos este año, mientras que el condado de Knox, un condado rural de Kentucky en los Apalaches —la región que muchos consideran la zona cero de la crisis— recibió $45,395.33.

En California, el condado de Los Angeles recibió este año $6,3 millones de Janssen, la filial farmacéutica de Johnson & Johnson. El condado de Mendocino, que tiene una de las del estado, recibió unos $185,000.

El acceso a “esta información es revolucionario para las personas que se preocupan por cómo se utilizará este dinero”, dijo Dennis Cauchon, presidente de la organización sin fines de lucro .

Algunos estados, como y  , han publicado en internet los detalles de su distribución. Pero en la mayoría de los lugares, el seguimiento de los importes de los pagos exige llamar por teléfono, enviar correos electrónicos y presentar solicitudes de registros públicos a todas las administraciones locales de las que se desee obtener información.

Por lo tanto, recopilar los datos de un estado puede suponer ponerse en contacto con cientos de instituciones. En todo el país, podrían ser miles.

Cauchon lleva buscando esta información para su estado desde abril de 2022. “El trabajo de compensación por los opioides se realiza a nivel local, a nivel individual, y ahora por primera vez, quienes trabajan a nivel local sabrán cuánto dinero está disponible en su comunidad”.

Los acuerdos nacionales sobre opioides son el segundo mayor acuerdo de salud pública de todos los tiempos, tras el acuerdo marco sobre el tabaco de la década de 1990. El dinero se destina a remediar el modo agresivo en que las empresas promocionaron los analgésicos opioides, alimentando una crisis de sobredosis que ahora se ha trasladado en gran medida a las drogas ilícitas, como el fentanilo. El año pasado murieron más de 105,000 estadounidenses .

Hasta ahora, los gobiernos estatales y locales han recibido más de $3,000 millones en conjunto, según un documento de resumen nacional creado por , una empresa de administración de acuerdos y gestión de litigios designada por la corte para gestionar la distribución de los pagos. En cada estado, los fondos del acuerdo se dividen en porcentajes variables entre las agencias estatales, los gobiernos locales y, en algunos casos, los consejos que supervisan los fondos de reducción de opioides. Los pagos comenzaron en 2022 y continuarán hasta 2038, estableciendo lo que los expertos en salud pública y los activistas denominan una oportunidad sin precedentes para avanzar contra una epidemia que ha asolado a Estados Unidos durante tres décadas. Â鶹ŮÓÅ Health News sigue de cerca el uso —y el mal uso— que los gobiernos hacen de este dinero en una investigación de un año de duración.

Los últimos documentos se han obtenido de BrownGreer. La empresa es una de las pocas entidades que sabe exactamente cuánto dinero recibe cada gobierno estatal y local y cuándo lo recibe, ya que supervisa cálculos complejos que implican los distintos términos y plazos de los acuerdos de cada empresa.

Aun así, hay lagunas en la información que ha compartido. Algunos estados optaron por no recibir sus pagos a través de BrownGreer. Algunos pidieron a la empresa que pagara una suma global al estado, que luego la distribuiría entre los gobiernos locales. En esos casos, BrownGreer no disponía de cifras sobre las asignaciones locales. Tampoco figuran en los datos de BrownGreer algunos estados que llegaron a acuerdos con empresas relacionadas con los opioides al margen de los acuerdos nacionales.

, de BrownGreer, señaló que el acuerdo de conciliación exige que el bufete de abogados envíe notificaciones de los importes de los pagos a los gobiernos estatales y locales, así como a las empresas que llegaron a un acuerdo. El bufete compartió los documentos cuando Â鶹ŮÓÅ Health News se lo pidió, pero no está claro si seguirá haciéndolo.

Petkauskas escribió: “Los acuerdos de conciliación no prevén que tales notificaciones se hagan públicas”, indicando que tal divulgación no era un requisito.

Las personas perjudicadas por la crisis de los opioides reclaman más transparencia que la que ofrecen los requisitos mínimos. Dicen que, actualmente, no sólo es difícil determinar cuánto dinero reciben los gobiernos, sino también cómo se gastan esos dólares. Muchos se han puesto en contacto con funcionarios locales con preguntas o sugerencias, sólo para ser rechazadas o ignoradas.

Christine Minhee, fundadora de , descubrió que, en marzo, sólo 12 estados se habían sobre el uso del 100% del dinero de sus acuerdos. Desde entonces, sólo tres estados más han prometido compartir información detallada sobre el uso que hacen del dinero.

Los expertos jurídicos y políticos que observan los acuerdos dicen que la falta de transparencia puede tener que ver con la influencia política. En sus elogiosos comunicados de prensa, los fiscales generales de los estados se han jactado de los logros de estos acuerdos.

“El fiscal general [Daniel] Cameron ha cumplido hoy su promesa de luchar contra la epidemia de opioides anunciando un acuerdo de más de $53 millones con Walmart”, decía un emitido a finales del año pasado por el estado de Kentucky.

“Miles de nuestros vecinos han enterrado a sus seres queridos a lo largo de la epidemia de opioides” y “estoy orgulloso de haberles entregado este gran acuerdo”, declaró el en un anuncio de julio de 2021, cuando se cerró uno de los primeros acuerdos.

Una mayor transparencia, incluidos los importes de pago específicos para cada gobierno local, puede restar fuerza a algunos de esos comunicados de prensa, dijo Minhee. “Es difícil politizar las cosas cuando no puedes presentar las cifras en el vacío”.

Si una comunidad compara su reparto de varios cientos de dólares con el reparto de varios miles de dólares de otra comunidad, puede haber consecuencias políticas. En las zonas rurales más afectadas por la crisis ya ha surgido la preocupación de que la fórmula de reparto tenga demasiado en cuenta el número de habitantes y no reciban dinero suficiente para hacer frente a los daños sufridos durante décadas.

Aun así, los expertos afirman que hacer públicos estos datos es un paso crucial para garantizar que los acuerdos cumplan el objetivo de salvar vidas y remediar esta crisis.

Las soluciones tienen que estar lideradas por la comunidad, afirmó , directora de la iniciativa sobre adicción y política pública del Instituto O’Neill de la Universidad de Georgetown. “Para ello, las propias comunidades tienen que saber cuánto dinero reciben”.

Si su condado recibe $5,000 este año, no tendría sentido abogar por un centro de desintoxicación de $500,000. En su lugar, podrían centrarse en la compra de naloxona, un medicamento que revierte las sobredosis de opioides. Conocer el importe anual también permite hacer un seguimiento de los fondos y asegurarse de que no se malgastan, añadió LaBelle.

Para Cauchon, de Harm Reduction Ohio, los datos de los pagos a nivel local son fundamentales para garantizar que el dinero de los acuerdos se destina a un buen uso en cada condado de Ohio.

“El conocimiento es poder y, en este caso, es el poder de saber cuánto dinero está disponible para ser utilizado en la prevención de sobredosis”, señaló.

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Sin embargo, el problema sigue empeorando.

Impulsadas en gran medida por la prevalencia del fentanilo, un opioide sintético hasta 100 veces más potente que la morfina, a más del doble de personas que los accidentes de tráfico, más del cuádruple que los homicidios y más que la diabetes o el cáncer de pulmón, según California Health Policy Strategies, un grupo consultor de Sacramento.

Y el registro de vigilancia de sobredosis del estado indica que están relacionadas con el fentanilo.

del año pasado de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) muestran un pequeño aumento anual de las muertes por sobredosis en California, hasta casi 12,000. En todo Estados Unidos, las muertes por sobredosis volvieron a superar las 100,000.

“Como padre, me da mucho miedo. Como gobernador, lo veo, reconozco la naturaleza de lo que está ocurriendo en las calles”, dijo el gobernador Gavin Newsom el 12 de mayo al anunciar más fondos para que California produzca su propia naloxona.

A pesar de todo lo que el estado está haciendo para reducir las muertes por sobredosis de drogas, los expertos en políticas de salud pública dicen que no hay respuestas fáciles o claras. Los expertos en políticas antidrogas aplauden el esfuerzo de California por hacer que la naloxona esté tan comúnmente disponible como los extintores de incendios en , , y , pero también recomiendan desviar a más delincuentes de las prisiones y cárceles hacia el tratamiento y fomentar el aumento del uso de medicamentos contra la adicción.

“Aunque hagamos muchas cosas bien en política, vamos a tener un buen número de muertes en los próximos años”, afirmó Keith Humphreys, profesor de psiquiatría y ciencias del comportamiento en la Universidad de Stanford y experto en política antidrogas.

Afirmó que los legisladores deben examinar las causas subyacentes y complejas de la adicción si quieren lograr un cambio duradero. Los legisladores han creado un y han presentado un proyecto de ley para crear un . El proyecto de ley exige que el grupo de trabajo empiece a reunirse el año que viene y presente un informe provisional antes de enero de 2025 y recomendaciones antes de julio de 2025.

“Realmente es algo, como el covid, en lo que tenemos que centrarnos y hacer algunos cambios estructurales permanentes, como en la atención sanitaria, la atención de salud mental y la financiación para hacer frente a la adicción”, dijo Humphreys.

Newsom lo reconoció: “Nos queda mucho trabajo por hacer”.

El gobernador demócrata se unió el mes pasado al fiscal general Rob Bonta para pedir a la Guardia Nacional de California, a la Patrulla de Carreteras de California y al Departamento de Justicia del estado que tomen medidas enérgicas contra el tráfico de fentanilo en San Francisco, donde las sobredosis mortales aumentaron más de un 40% en los tres primeros meses de este año respecto a 2022.

En una declaración conjunta de 28 organizaciones, entre ellas la Unión Americana de Libertades Civiles del Norte de California y la Oficina del Defensor del Pueblo de San Francisco, se criticó la medida como “un enfoque que da prioridad a la aplicación de la ley en cuestiones de salud pública”.

Mientras que el gobernador se ha centrado en el tráfico de fentanilo y en facilitar el acceso a la naloxona, los legisladores estatales han estado debatiendo recientemente si endurecer las penas para los traficantes y cómo hacerlo.

Varias propuestas ya se han estancado, como una que busca enviar a los traficantes a la cárcel si venden fentanilo en una plataforma de medios sociales y otra que advierte a los traficantes de que podrían ser si alguien muere consumiendo sus drogas. Los legisladores mantuvieron vivos dos proyectos de ley para endurecer las penas a los traficantes de de fentanilo y a quienes .

Los demócratas que controlan los comités de seguridad pública de la legislatura son reacios a apoyar penas más duras por miedo a desencadenar una nueva guerra contra las drogas o a reeditar las duras penas contra el crack que criminalizaban a los negros de forma desproporcionada.

Los californianos negros y latinos experimentaron un aumento en las muertes por sobredosis de más del 200% entre 2017 y 2021, según Konrad Franco, quien realizó la investigación para California Health Policy Strategies. Los negros constituyen el 6% de la población de California, pero representaron el 13% de sus muertes por sobredosis en 2021.

“No podemos retroceder y llenar nuestras cárceles de chicos de color”, afirmó la asambleísta Liz Ortega, demócrata de San Leandro, durante una audiencia especial celebrada el mes pasado sobre proyectos de ley relacionados con el fentanilo.

Georges Benjamin, director ejecutivo de la Asociación Americana de Salud Pública, cuestionó la eficacia de aumentar las penas para personas que están dominadas en gran medida por sus adicciones.

Benjamin dijo que los legisladores deberían apoyar a los tribunales de drogas que promueven programas de tratamiento en lugar de encarcelamiento, aunque dijo que el encarcelamiento puede ser necesario para proteger al público sobre todo de los delincuentes violentos que rechazan el tratamiento y perjudican a los demás.

Humphreys señaló como modelos los programas y . Estos combinan la realización periódica de pruebas de drogas y alcohol a los delincuentes con la imposición de penas cortas en caso de infracción.

“Se utiliza el sistema de justicia penal de forma que, a largo plazo, se reduce el encarcelamiento en lugar de aumentarlo”, explicó Humphreys.

Sin embargo, Tanya Tilghman, una mujer de raza negra de San Francisco, apoya el endurecimiento de las penas contra los traficantes de fentanilo y afirma que el problema trasciende las fronteras raciales. Tilghman se convirtió en activista de Madres contra la Drogadicción y las Muertes por Drogas después de que su hijo se volviera adicto a la metanfetamina y, más recientemente, al fentanilo.

“Cuando la gente se droga, no entiende de colores ni de razas”, dijo. “Está matando a mucha más gente y está matando a mucha gente negra”.

Daniel Ciccarone, experto en política antidrogas de la Universidad de California-San Francisco, dijo que las medidas de represión pueden ser populares entre el público, pero “simplemente no funcionan tan bien como quisiéramos”. Como mínimo, indicó, cualquier medida represiva debería ir acompañada de un enfoque de salud pública equitativo.

“Hemos tirado decenas de miles de millones de dólares en la guerra contra las drogas durante dos generaciones, casi tres generaciones ahora, y lo creas o no, las drogas en todas las categorías, desde la marihuana a la cocaína a la heroína/fentanilo, son cada vez más puras y cada vez más baratas a pesar de los impresionantes niveles de esfuerzo”, dijo Ciccarone. “La respuesta más honesta es que no hay una respuesta clara sobre qué hacer con la crisis del fentanilo”.

Recomendó que California permita sitios de consumo supervisado donde los consumidores de opioides puedan inyectarse drogas legalmente, una idea que Newsom pero que, según Ciccarone, puede facilitar el acceso al tratamiento. Otras estrategias de reducción de daños, como ampliar el uso de tiras reactivas y otros análisis químicos para comprobar si los fármacos están contaminados con fentanilo, también pueden salvar vidas, afirmó.

Humphreys dirigió una comisión de 17 miembros que examinó la crisis de los opiáceos y como la ampliación de la disponibilidad de medicamentos de venta con receta, como la buprenorfina, la naltrexona y la metadona, para aliviar el ansia y los síntomas de abstinencia de los adictos.

Sin embargo, algunos padres de niños que han sufrido la adicción a los opiáceos afirman que el endurecimiento de las penas debe formar parte de la respuesta.

“Lo que no entienden es que el fentanilo ha cambiado el panorama de las drogas como ninguna otra droga lo ha hecho en la historia de los Estados Unidos de América”, dijo Jaime Puerta, cuyo único hijo, Daniel, murió de una sobredosis de fentanilo en 2020 a los 16 años.

Esta historia fue producida por Â鶹ŮÓÅ Health News, que publica , un servicio editorialmente independiente de la .

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Los estudiantes en recuperación por adicciones a drogas y alcohol se reúnen en las escalinatas del auditorio para discutir un tema específico.

Una mañana reciente, hablaron sobre salud mental y sobriedad. Un adolescente vestido con pantalones de corderoy marrón, una sudadera con capucha negra y zapatillas, fue el primero en participar.

“No quería tener… ninguna emoción”, dijo. “Así que pensé que la mejor manera de anularlas sería consumiendo más y más drogas”.

Una compañera dijo que empezó a consumir drogas por diversión y luego quedó atrapada. Otro estudiante dijo que su adicción afecta negativamente su salud mental.

Otra anunció un próximo hito. “En unos dos días cumpliré seis meses sobria”, dijo, mientras sus compañeros de clase la aplaudían.

Los estudiantes asisten a la única escuela secundaria de recuperación de Colorado, una de las 43 en todo el país.

Estas secundarias , y que también podrían estar lidiando con trastornos de salud mental relacionados. La escuela de Denver abrió sus puertas en 2018 como una escuela autónoma pública que hoy inscribe a más de 100 estudiantes al año.

Una de las que aplaudían y escuchaba apoyando en esa reunión matutina era la estudiante de segundo año Alexis Castillo, de 16 años. Está en recuperación por adicciones al alcohol y al fentanilo. Durante su primer año en la escuela, varios de sus amigos también se matricularon, y al principio les encantó.

Pero después de un tiempo, algunos se fueron y Castillo se desilusionó. Dejó de ir asistir a clase y no estaba motivada para seguir sus pasos de recuperación.

“Te dan mucha responsabilidad”, dijo. “Eso no era algo que yo quisiera”.

Castillo recayó, y la escuela la ayudó a entrar en rehabilitación. Tres meses después estaba de regreso, sobria y lista para hacer su trabajo.

La misión de la escuela es ayudar a los jóvenes a aprender a vivir una vida libre de drogas mientras reciben una educación.

“Pueden ir a la universidad o hacer una carrera y realmente lidiar con cualquier cosa que les depare la vida”, dijo la doctora Melissa Mouton, fundadora y directora ejecutiva de 5280.

En 2022, casi un tercio de los estudiantes de 12° grado, y uno de cada 5 de 10° grado, informaron haber usado una droga ilegal el año anterior, según del proyecto Monitoring the Future realizada por el Centro de Investigación de Encuestas de la Universidad de Michigan.

Esas cifras han disminuido constantemente en los últimos 25 años. Sin embargo, datos de la UCLA muestran que las muertes por sobredosis entre los adolescentes , lo que se atribuye principalmente al aumento de la prevalencia de drogas con fentanilo.

La primera escuela secundaria de recuperación se inauguró en Silver Spring, Maryland, en 1979, y en la actualidad, programas similares operan en 21 estados.

En comparación con sus compañeros en las escuelas regulares que han pasado por tratamiento, los estudiantes de secundaria en recuperación tienen una mejor asistencia y es más probable que , y su es al menos un 21% más alta, según un estudio.

“Para este grupo particular de jóvenes que tienen estos trastornos, esto puede ser un salvavidas”, dijo John Kelly, director del Instituto de Investigación de Recuperación del Hospital General de Massachusetts. “Puede ayudarlos a crear una norma social de recuperación”.

Para la doctora Sharon Levy, pediatra y especialista en medicina de adicciones del Hospital de Niños de Boston hay tres componentes para un tratamiento eficaz contra las adicciones. La primera parte es médica, que incluye ver a un doctor, pruebas de detección de drogas y el uso de medicamentos como la buprenorfina para tratar la adicción a los opioides.

El segundo es el apoyo emocional de la consejería para abordar los trastornos de salud mental concurrentes. Y hay un componente de salud conductual que, para los jóvenes, puede incluir escuelas de recuperación.

“Las escuelas de recuperación ofrecen una oportunidad real para el apoyo entre pares y la ayuda mutua de una manera supervisada y estructurada”, dijo Levy.

Estas escuelas a menudo incorporan componentes de tratamiento en el día escolar, actividades como la reunión diaria del programa de recuperación de 5280. Por la tarde, se ofrecen actividades optativas de bienestar como baloncesto y cómo escribir un diario.

Las escuelas de recuperación enfrentan desafíos. La mayoría son escuelas charter o alternativas financiadas con fondos públicos que tienen un costo más alto para educar a los estudiantes que las escuelas tradicionales. Esto se debe a una inscripción más pequeña, la necesidad de personal de recuperación y salud mental, una mayor proporción de profesores por estudiante y otros factores.

La escuela de Denver inscribe a unos 100 estudiantes al año, lo que la convierte en una de las escuelas secundarias de recuperación más grandes del país. Este año, el costo es de aproximadamente $25,000 por estudiante, pero la escuela recibe solo alrededor de $15,000 de fondos federales, estatales y locales, según Mouton. El dinero restante proviene de donantes.

Dadas las complejas necesidades de los estudiantes, “las escuelas de recuperación siempre serán pequeñas”, dijo.

Reunir a esos estudiantes también puede generar la preocupación de que los estudiantes se estimulan  entre sí para seguir consumiendo y recaer, pero eso es un riesgo con cualquier interacción social, apuntó Levy.

“Entonces, si estás en un ambiente donde la recuperación es algo central y la gente está observando, monitoreando y supervisando, creo que eso es útil para muchos niños”, agregó.

La escuela en Denver mantiene la inscripción por debajo de su capacidad de manera deliberada, para que adolescentes adicionales puedan inscribirse en cualquier momento del año escolar. Un estudiante no será expulsado si tiene una recaída, pero hay dos requisitos: debe querer estar sobrio y asistir a un programa de recuperación externo.

“El primer paso es hacerles saber desde el principio, sin importar lo que esté pasando, que los amamos”, dijo Brittany Kitchens, entrenadora de recuperación de la escuela. “Estamos aquí para ellos”.

Kitchens les enseña a los estudiantes cómo navegar la recuperación y controlar sus emociones. Se compara a sí misma con un monitor de pasillo, constantemente revisando a los estudiantes y buscando cambios en el comportamiento.

“Tiendo a ser la primera línea a la que acuden los niños cuando experimentan algo que es demasiado grande para procesar”, dijo.

Algunas de estas dificultades surgen de los traumas que los estudiantes han experimentado, incluido el tráfico sexual y de drogas, y el abandono. También lidian con los traumas que han causado, dijo Kitchens, acciones que los llevaron a la cárcel o por las que están bajo libertad condicional.

Kitchens, quien también está en recuperación, comparte mecanismos de afrontamiento con los estudiantes. “Muchas veces simplemente comienza con, ‘Escucha, respira, inhala por la nariz y exhala por la boca’”, explicó.

Alexis ha estado sobria durante casi un año, dijo. Las reuniones matutinas donde ella y sus compañeros hablan sobre salud mental, sobriedad y otros temas son una oportunidad para construir una comunidad de amigos que se apoyan mutuamente, algo que no tenía cuando consumía drogas, contó.

“Es realmente difícil volverse sobrio joven”, dijo.

Esta historia es parte de una asociación que incluye a , y KHN.

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Es una cantidad enorme de dinero: y los ingresos de una temporada de la NBA.

Pero la forma en que se repartirá esa cantidad y cómo se gastará el dinero en el futuro parece estar rodeada de misterio. Los requisitos de información son escasos y los documentos presentados hasta ahora son, a menudo, tan vagos que resultan inútiles.

La mayoría de los acuerdos estipulan que los estados deben gastar al menos el 85% del dinero que recibirán, en los próximos 15 años, en el tratamiento y la prevención de adicciones. Pero la definición de estos conceptos depende de las opiniones de las partes interesadas y de la política estatal. Para algunos, puede significar abrir más centros de tratamiento. Para otros, comprar autos patrulla para la policía.

Los afectados por la epidemia de opioides y quienes trabajan para combatirla tienen ideas muy diversas. Para Marianne Sinisi, que perdió a su hijo Shawn, de 26 años, por sobredosis en el oeste de Pennsylvania, los fondos del acuerdo son “dinero manchado de sangre” que podría evitar a otros padres sufrir un dolor similar. Para Steve Alsum, que trabaja con consumidores de drogas en Grand Rapids, Michigan, es una oportunidad de llegar por fin a todos los necesitados. Y para David Garbark, que se recupera de una adicción a los opioides, es una forma de darles una segunda oportunidad a otras personas de su comunidad del este de Carolina del Norte.

Gastar el dinero de forma eficaz y equitativa es complicado, dada la persistencia y complejidad de la adicción, que afecta a individuos y comunidades y es objeto de acalorados debates en la investigación científica, los servicios sociales, la política, la justicia penal e incluso en los hogares.

Es más, muchos estados no son transparentes sobre el destino de los fondos ni sobre quién se beneficiará de ellos. Una investigación realizada por KHN y Christine Minhee, fundadora de , concluyó que sólo 12 estados se han comprometido a informar públicamente y con detalle de todos sus gastos.

, leyes y declaraciones públicas para determinar cómo reparte cada estado el dinero de los acuerdos entre las agencias estatales, los gobiernos de ciudades y condados, y los consejos que supervisan los fideicomisos (trusts) dedicados al tema. El siguiente paso fue determinar el nivel y el detalle de los informes públicos requeridos. El resultado: Pocos estados prometen informar de forma accesible para el ciudadano, y muchos guardan silencio sobre la cuestión de la transparencia.

Hasta ahora más de $3,000 millones a los gobiernos estatales y locales. KHN seguirá de cerca cómo se utiliza ese dinero y los miles de millones que llegarán en los próximos años.

Según la mayoría de los acuerdos, los gobiernos sólo están obligados a informar sobre el 15% del dinero que puede utilizarse para asuntos no relacionados con la epidemia, como compensar déficits presupuestarios o arreglar carreteras viejas. Hasta el 28 de marzo, sólo tres estados y condados habían presentado . Aunque indicaban las cantidades en dólares, ninguno precisaba cómo se había gastado el dinero.

Tanto gobiernos estatales como locales pueden promulgar protocolos de información más rigurosos —por ejemplo, exigir una lista pública de todos los lugares que reciben dinero y con qué fin—, pero pocos lo han hecho hasta ahora.

A oscuras, desinformados

han muerto por sobredosis de opioides con receta, promocionados agresivamente como analgésicos y distribuidos por una serie de empresas, como Johnson & Johnson, AmerisourceBergen, McKesson y Walmart. Los acuerdos pretenden compensar y remediar los efectos de ese comportamiento empresarial.

Pero muchas personas a las que se les ha destrozado la vida, vuelven a sentirse traumatizadas.

Sinisi dijo que a ella y a otros padres que se les ha dejado en la oscuridad, desinformados o, peor aún, tratados como una molestia por los funcionarios responsables del dinero.

“Te ven como un padre enfadado que ha perdido a su hijo”, afirmó, “en lugar de como un ciudadano preocupado que quiere que las cosas cambien para otras madres, padres y sus hijos”.

En Michigan, incluso la (OAC) del estado, encargada de evaluar el uso del dinero de los acuerdos, ha tenido problemas para hacer un seguimiento del dinero.

Durante los seis meses posteriores a que la legislatura estatal asignara $39 millones de los fondos del acuerdo al departamento de salud, el verano pasado, se hizo pública muy poca información sobre cómo se gastaría ese dinero. No hubo comunicados de prensa. No hubo forma de que las organizaciones solicitaran fondos.

“No podemos identificar realmente el impacto de esos fondos si no sabemos cómo se están utilizando”, señaló la doctora , presidenta de la OAC y médico especialista en adicciones.

Con la escasa supervisión a nivel nacional, muchos temen que el dinero se destine a iniciativas que, según las investigaciones, son en su mayoría inútiles, pero que encajan con la tendencia política local, como detener a los consumidores de drogas, ampliar las cárceles y favorecer la recuperación basada únicamente en la abstinencia . Es posible que se destinen al postor más ruidoso, como a empresas que prometen encontrar el próximo tratamiento innovador y a centros de rehabilitación —algunos de ellos — que aspiran al dinero.

Por no hablar de la preocupación de que el dinero vaya a parar a actividades que poco o nada tienen que ver con el tratamiento de los opioides: la construcción de nuevos estadios o escuelas públicas. En los años 90, estas prioridades presupuestarias domésticas de lo que los estados obtuvieron de las empresas tabaqueras en el acuerdo nacional sobre el tabaco, dejando poco para los programas antitabaco.

Los fondos del acuerdo sobre opioides serán diferentes, aseguraron los fiscales generales que lucharon por ellos. Además de exigir que al menos el 85% del dinero se utilice en gastos relacionados con los opioides, la mayoría de los acuerdos incluye una , como el aumento del tratamiento de la adicción para las personas sin seguro y la ampliación de las viviendas para la recuperación.

“Queríamos dar a los estados flexibilidad en cuanto a los enfoques que querían adoptar”, garantizando al mismo tiempo que el dinero no se destinara a “aliviar el impuesto de sociedades”, como ocurrió con el dinero del tabaco, explicó el fiscal general de Carolina del Norte, , que dirigió las negociaciones de los acuerdos nacionales.

Pero la aplicación de la norma del 85% se deja, curiosamente, que pagaron el dinero. Según expertos jurídicos, es poco probable que se mantengan vigilantes.

El dinero ya está comprometido y, para muchas de estas empresas multimillonarias, los acuerdos son calderilla, morralla, suelto (o cualquiera de las palabras con que cuenta el español para designar a una cantidad de dinero insignificante). Por ejemplo, Johnson & Johnson deberá pagar $5,000 millones en nueve años; pero la empresa de casi $95,000 millones sólo el año pasado.

El nuevo panorama

A medida que empiezan a llegar los cheques, unos estados se comprometen con la transparencia, mientras que otros parecen quedarse cortos. Missouri de todos sus gastos en internet para que cualquiera pueda ver quién recibe dinero, cuánto y para qué programas. New Hampshire ya , y Colorado ha creado un para saber cómo se utilizan los fondos.

Otros estados, como Nevada, han adoptado un enfoque intermedio, exigiendo que los beneficiarios informen al poder legislativo o a otro organismo de supervisión, pero sin garantizar que los informes se hagan públicos. Algunos estados exigen auditorías, pero no se comprometen a enumerar gastos específicos. Otros permiten que el público solicite los informes, pero no los facilitan automáticamente.

También hay estados muy afectados por la epidemia de opioides, como Michigan y Ohio, donde ya están surgiendo problemas de transparencia. Cada estado espera recibir al menos $1,000 millones.

Cuando Poland, de la OAC de Michigan, se dio cuenta de que recibía poca información sobre cómo se gastaban los fondos del estado, su comisión decidió utilizar su primer informe anual —— para exigir mejoras. “La presentación de informes oportunos y transparentes” al público es “una responsabilidad ética”, dijo, pidiéndoles a los legisladores una mayor supervisión de los beneficiarios y crear un panel público para realizar un seguimiento de los gastos.

KHN entrevistó a casi una docena de personas y presentó una solicitud de registros públicos para conocer cómo el departamento de salud del estado está gastando la asignación inicial de los fondos de liquidación de $39 millones.

Un , obtenido por KHN, muestra que desde el 9 de enero, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan había asignado $3,9 millones en fondos de liquidación a 35 beneficiarios. La mayoría son departamentos de salud locales o programas de servicios de jeringuillas que el departamento de salud del estado ha financiado previamente.

Otros $27 millones se destinan a intervenciones concretas, como el aumento de la mano de obra para el tratamiento de adicciones, la ampliación de las viviendas de recuperación y la mitigación de los daños del consumo de opioides con medicamentos como la naloxona.

Y, tras las preguntas de KHN, el departamento emitió en el que enumeraba prioridades similares.

Esas iniciativas tienen sentido para , director del Opioid Policy Institute, con sede en Michigan, que investiga el estigma y la privacidad digital en el tratamiento de la adicción. Pero le habría gustado conocerlas de antemano y que se hubiera establecido un proceso claro para que los grupos pudieran solicitar los fondos. De lo contrario, organizaciones capacitadas para utilizar el dinero, para ayudar a los más necesitados, podrían perder una oportunidad única de ampliar su trabajo y salvar vidas.

El verano pasado, cuando Stoltman preguntó si podía solicitar los fondos, el departamento de salud le dijo que presentara una “propuesta de alto nivel” para “compartirla”, según los correos electrónicos revisados por KHN.

“Todo lo que sea entrar por la puerta de atrás me asusta”, dijo Stoltman. “Tuve suerte de encontrar con quién hablar, aunque no llegara a ninguna parte”.

, director ejecutivo del Red Project de Grand Rapids, al que se concedieron unos $266,000 para mejorar la salud de las personas que consumen drogas, señaló que esperaba que el estado dispusiera de un proceso de solicitud con criterios de puntuación que explicaran por qué se elegía a determinados grupos. Pero, dijo, “no ha quedado claro quién toma la decisión y cómo se toma”.

, que dirige los esfuerzos del departamento relacionados con el acuerdo, contó que pronto hará públicas varias solicitudes de subvenciones competitivas para la mayor parte del dinero. No se hizo antes porque la mayoría de los pagos no llegaron hasta finales de 2022 y “no queríamos hacer comentarios sobre cómo iba a salir el dinero cuando no teníamos dinero para repartir”, añadió.

Cómo mantener el público al margen

En Newark (Ohio), Linda Mossholder, de 75 años, lleva preguntando por los dólares del acuerdo en las reuniones del ayuntamiento desde el verano pasado. Como voluntaria de , que sirve almuerzos gratuitos semanalmente, trabaja con muchas personas que consumen drogas y quiere que el dinero les ayude.

Mossholder viste con orgullo una camiseta en la que se lee: “Tu primer error es pensar que sólo soy una señora mayor”. Ha hecho un seguimiento con correos electrónicos, mensajes de voz y solicitudes de registros públicos; pero no ha obtenido una respuesta clara sobre cómo piensa utilizar la ciudad los casi $50,000 que ya ha recibido.

En enero, según Mossholder, el director de servicios públicos de la ciudad finalmente le dijo que el plan era asignar dinero a quienes intervienen con la naloxona. Pero cuando KHN presentó solicitudes de registros públicos para confirmarlo, el auditor de la ciudad Ryan Bubb escribió: “No se han asignado ni gastado fondos”.

Mientras tanto, en el noreste de Ohio, una que controlará millones de dólares del acuerdo se pasó una reunión, en febrero, debatiendo si se debe permitir al público acceder a las grabaciones de las reuniones.

“Yo no lo abriría al público, sinceramente”, dijo , miembro de la junta que representa a Eastlake, según una grabación de la reunión obtenida por KHN. Otros miembros preguntaron si sus reuniones estaban sujetas a las leyes de reuniones abiertas del estado.

Moran declaró posteriormente a KHN: “Por supuesto que el público tiene derecho a saber cómo se desembolsan estos fondos”, pero añadió que le preocupaba que las grabaciones permitieran que se interpretasen palabras “fuera de contexto”.

Al menos en Ohio, puede que eso no sea una opción durante mucho más tiempo.

Una demanda interpuesta por para que se facilite el acceso al público a las reuniones de otra junta —la , que supervisa la mayor parte de los $1,000 millones previstos por el estado— está abriéndose camino en los tribunales. Un juez local rechazó este mes la petición de la fundación de desestimar la demanda, que “el público merece transparencia”.

Pero Connie Luck, portavoz de OneOhio, dijo que la fundación es una “organización privada sin fines de lucro, y no una agencia gubernamental”. Hasta ahora ha permitido la a las reuniones, pero que no está obligada a hacerlo.

La sentencia final en este pleito, que es el primero de este tipo para los fondos de los acuerdos sobre opioides, sentará un precedente en los derechos del público a la información a nivel nacional.

En algunas partes del país, la perspectiva de contar con dinero para tratar una epidemia que lleva mucho tiempo sin financiación suficiente trae esperanza, aseguró , que trabaja en sin fines de lucro que hace un seguimiento de . Cuando la gente sabe lo que está ocurriendo, no sólo se disuade del uso indebido, sino que puede revelar éxitos sorprendentes, dijo.

Ese conocimiento da poder

“Estos fondos son como la llegada de la caballería. Por fin obtienes alivio después de sufrir en soledad durante tanto tiempo”, comentó Crystal Glass, del suroeste de Virginia, que se está recuperando del consumo de opioides y metanfetaminas, y que ahora trabaja como especialista en recuperación entre iguales.

Espera que los funcionarios impliquen en sus decisiones a las personas afectadas por la adicción.

Como ella dice: La transparencia “es dejar que todo el mundo —repito, todo el mundo— sepa que puede formar parte de esto”.

Colleen DEGuzman y Megan Kalata de KHN colaboraron con este informe.

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“Muchos directamente insultan”, dijo la mujer de 40 años, que vive en Dallas. “Dicen cosas como ‘no tratamos drogadictos'”.

Layman ha probado una serie de tratamientos no opioides para que la ayuden con el intenso dolor diario que le causa su escoliosis doble, un disco vertebral colapsado, y su artritis articular facetaria. Pero dijo que nada funcionaba tan bien como la metadona, un opioide que ha tomado desde 2013.

Dijo que las últimas llamadas telefónicas fueron a fines del año pasado, después que su médico anterior cerrara su práctica de medicina del dolor. Espera que su actual médico no haga lo mismo. “No tendría adónde ir”, agregó.

Layman es una de las millones de personas en los Estados Unidos que viven con dolor crónico. Muchos han tenido problemas para obtener recetas de opioides, y surtirlas, desde que las de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) inspiraron leyes que toman medidas enérgicas contra las prácticas médicas y farmacéuticas.

Los CDC actualizaron recientemente esas recomendaciones para tratar de aliviar su impacto, pero médicos, pacientes, investigadores y defensores dicen que el daño ya está hecho.

“Teníamos un problema masivo con los opioides que debía rectificarse”, dijo Antonio Ciaccia, presidente de , una firma consultora que analiza los precios de los medicamentos recetados. “Pero las medidas enérgicas y las pautas federales han creado daños colaterales: los pacientes sin recursos”.

Nacido de un esfuerzo por combatir la crisis nacional de sobredosis, la guía condujo a restricciones legales sobre la capacidad de los médicos para recetar analgésicos.

Las recomendaciones dejaron a muchos pacientes lidiando con las consecuencias para la salud mental y física de la reducción rápida de la dosis o la suspensión abrupta de los medicamentos que habían estado tomando durante años, lo que conlleva riesgos de abstinencia, depresión, ansiedad e incluso suicidio.

En noviembre, la agencia publicó , alentando a los médicos a concentrarse en las necesidades individuales de los pacientes. Si bien las pautas aún dicen que los opioides no deberían ser la opción preferida para el dolor, facilitan las recomendaciones sobre los límites de las dosis, que eran estrictos en la guía de los CDC de 2016. Los nuevos estándares también advierten a los médicos sobre los riesgos asociados con los cambios rápidos de dosis después del consumo prolongado.

Pero a algunos médicos les preocupa que las nuevas recomendaciones tarden mucho en lograr un cambio significativo, y pueden ser pocas o llegar tarde para algunos pacientes. Las razones incluyen la falta de coordinación de otras agencias federales, el miedo a las consecuencias legales entre los proveedores, los legisladores estatales que dudan en modificar las leyes y el estigma generalizado que rodea a los medicamentos opioides.

Las pautas de 2016 para recetar opioides a personas con dolor crónico llenaron un vacío para los funcionarios estatales que buscaban soluciones a la crisis de las sobredosis, dijo la , profesora asistente de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan.

Lagisetty dijo que las que aprobaron los estados que limitan la forma en que los proveedores recetan o dispensan esos medicamentos tuvieron un efecto: una disminución en las recetas de opioides incluso cuando las sobredosis continuaron aumentando.

Las primeras pautas de los CDC “alertaron a todos”, dijo el doctor Bobby Mukkamala, presidente del Grupo de Trabajo de Atención del Dolor y Uso de Sustancias de la Asociación Médica Estadounidense. Los médicos redujeron la cantidad de píldoras de opioides que recetan después de las cirugías, dijo. Las revisiones de 2022 son “un cambio dramático”, dijo.

Es difícil exagerar el costo humano de la crisis de los opioides. Las muertes por sobredosis de opioides en los Estados Unidos en las últimas dos décadas, con al principio de la pandemia de covid-19. Los CDC dicen que el fentanilo ilícito ha alimentado un aumento reciente en las muertes por sobredosis.

Teniendo en cuenta la perspectiva de los pacientes con dolor crónico, las recomendaciones más recientes intentan reducir algunos de los daños a las personas que se habían beneficiado de los opioides pero a los que se les cortó el suministro, dijo la , directora del Penn Medicine Center for Addiction Medicine and Policy.

“Espero que sigamos difundiendo la precaución sin propagar demasiado el temor de nunca usar opioides”, dijo Perrone, quien ayudó a elaborar las últimas recomendaciones de los CDC.

Christopher Jones, director del Centro Nacional para la Prevención y el Control de Lesiones de los CDC, dijo que las recomendaciones actualizadas no son un mandato regulatorio sino solo una herramienta para ayudar a los médicos a “tomar decisiones informadas y centradas en la persona relacionadas con el tratamiento del dolor”.

cuestionan si los opioides son la forma más efectiva de tratar el dolor crónico a largo plazo. Pero la reducción gradual de las drogas se asocia con muertes por sobredosis y suicidio, y el riesgo aumenta cuanto más tiempo una persona ha estado tomando opioides, según una investigación del , profesor de medicina en la Universidad de Alabama-Birmingham.

Dijo que la nueva guía de los CDC refleja “una cantidad extraordinaria de aportes” de los pacientes con dolor crónico y sus médicos, pero duda que tenga un gran impacto si la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) y la Administración de Control de Drogas (DEA) no cambian la forma en que hacen cumplir las leyes federales.

La FDA aprueba nuevos medicamentos y sus reformulaciones, pero la orientación que brinda sobre cómo comenzar o removerle la droga a los pacientes podría instar a los médicos a hacerlo con precaución, dijo Kertesz. La DEA, que investiga a los médicos sospechosos de recetar ilegalmente opioides, se negó a comentar.

La búsqueda de médicos por parte de la DEA puso a Danny Elliott, de Warner Robins, Georgia, en una situación horrible, dijo su hermano, Jim.

En 1991, Danny, representante de una empresa farmacéutica, sufrió una descarga eléctrica. Tomó medicamentos para el dolor por la lesión cerebral resultante durante años hasta que su médico enfrentó cargos federales por dispensar ilegalmente opioides recetados, contó Jim.

Danny recurrió a médicos fuera del estado, primero en Texas y luego en California. Pero la DEA suspendió la licencia de su último médico el año pasado y no pudo encontrar un nuevo médico que le recetara esos medicamentos, dijo Jim.

Danny, de 61 años, y su esposa, Gretchen, de 59, se suicidaron en noviembre. “Estoy realmente frustrado y enojado porque los pacientes con dolor son maltratados”, dijo Jim.

Poco antes de morir, Danny se convirtió en contra la reducción forzada de drogas. Los pacientes con dolor crónico que hablaron con KHN señalaron su difícil situación al pedir más acceso a medicamentos opioides.

Incluso para las personas que tienen receta, no siempre es fácil obtener los medicamentos que necesitan.

Las y los han resuelto demandas por miles de millones de dólares por su supuesto papel en la crisis de los opioides. Algunas farmacias han visto limitadas o cortadas sus asignaciones de opioides, señaló Ciaccia, de 3 Axis Advisors.

Rheba Smith, de 61 años, de Atlanta, dijo que en diciembre su farmacia dejó de surtir sus recetas de Percocet y MS Contin. Había tomado esos medicamentos opioides durante años para controlar el dolor crónico después de que le cortaran el nervio ilíaco por error durante una cirugía, contó.

Smith dijo que visitó casi dos docenas de farmacias a principios de enero, pero no pudo encontrar una que pudiera surtir sus recetas. Finalmente encontró una farmacia local de pedidos por correo que le surtió un suministro de Percocet para un mes. Pero ahora ese medicamento y MS Contin no están disponibles, le dijeron en la farmacia.

“Han sido tres meses horribles. He tenido un dolor terrible”, dijo Smith.

Muchos pacientes temen un futuro de dolor constante. Layman piensa en todo lo que haría para conseguir medicamentos.

“¿Estarías dispuesto a comprar drogas en la calle? ¿A ir a una clínica de adicciones y tratar de recibir tratamiento para el dolor allí? ¿Qué estás dispuesto a hacer para seguir con vida? dijo. “A eso se reduce todo”.

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La industria farmacéutica cita a menudo estas preocupaciones en su batalla para frenar las numerosas propuestas en Washington para permitir a los estadounidenses comprar medicamentos de Canadá y otros países, en donde los precios son casi siempre mucho más bajos.

Pero los propios datos de la agencia de los últimos años sobre las confiscaciones de estos envíos ofrecen escasas pruebas de que un número significativo de opioides entre por esta vía. En los dos años de los que KHN ha obtenido datos de la agencia, solo una ínfima parte de los fármacos inspeccionados contenían opioides.

La FDA señaló que encontró 33 paquetes de opioides y ningún fentanilo enviados por correo en 2022 de casi 53,000 envíos de medicamentos que sus inspectores intervinieron en instalaciones de correo internacional. Eso supone alrededor del 0.06% de los paquetes inspeccionados.

Según un desglose detallado de las drogas interceptadas en 2020, la mayor parte de lo que se confiscó —y con mayor frecuencia se destruyó— fueron productos farmacéuticos. El principal producto fueron pastillas baratas para la disfunción eréctil, como una versión genérica de Viagra. Pero también había medicamentos recetados para tratar el asma, la diabetes, el cáncer y el VIH.

Devin Koontz, vocero de la FDA, dijo que las cifras no reflejan el panorama completo porque el el principal inspector en las instalaciones de correos no es la FDA sino el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU.

Pero los datos obtenidos de la agencia de aduanas muestran que también encontró pocos opioides: de las más de 30,000 drogas que interceptó en 2022 en las instalaciones de correo internacional, solo 111 fueron de fentanilo y 116, de otros opioides.

En promedio, los estadounidenses pagan más del doble que los ciudadanos de otros países por exactamente los mismos medicamentos. En las encuestas, el 7% de los adultos estadounidenses afirma que no toman sus medicamentos porque no pueden costearlos.

Alrededor del 8% admite que ellos mismos o un familiar han pedido medicamentos al extranjero para ahorrar dinero, aunque técnicamente es ilegal en la mayoría de los casos. Al menos —Florida, Colorado, New Hampshire y Nuevo México—  han propuesto programas que permitirían a sus residentes importar medicamentos de Canadá.

Si bien la FDA ha encontrado solo un número relativamente pequeño de opioides, incluido el fentanilo, en paquetes de correo internacional, el Congreso otorgó a la agencia un total de $10 millones en 2022 y 2023 para ampliar los esfuerzos para interceptar los envíos de opioides y otros medicamentos no aprobados.

“Más personal, junto con mejoras tecnológicas, nos permitirán no solo inspeccionar más paquetes, sino que también aumentarán nuestras capacidades de focalización para garantizar que estamos inspeccionando paquetes con una alta probabilidad de contener productos que violan la ley”, dijo Dan Solis, comisionado adjunto para operaciones de importación de la FDA.

“La FDA sigue pidiendo cada vez más dinero de los contribuyentes para detener el fentanilo y los opioides en las instalaciones de correo internacional, pero parece estar utilizando ese dinero para rechazar y destruir un número cada vez mayor de pedidos internacionales regulares de medicamentos con receta”, indicó Gabe Levitt, presidente de , que acredita a las farmacias extranjeras en línea que venden medicamentos a clientes en Estados Unidos y a nivel mundial.

“El argumento de que la importación de medicamentos va a avivar la crisis de opioides no tiene ningún sentido”. “La crisis nacional de importación de fentanilo no debe confundirse con la importación personal segura de medicamentos”, afirmó Levitt.

A Levitt no le sorprende el bajo número de opioides que se envían por correo: en 2022, , una organización que dirige, recibió datos de la FDA de 2020 mediante una solicitud de la Ley de Libertad de Información, que mostraban que los inspectores habían interceptado 214 paquetes con opioides y ningún fentanilo, entre unos 50,000 envíos de medicamentos.

En cambio, encontraron casi 12,000 paquetes que contenían pastillas para la disfunción eréctil. También bloquearon miles de paquetes que contenían medicamentos con receta para tratar distintas enfermedades.

Más del 90% de los medicamentos descubiertos en las instalaciones de correo internacional se destruyen o se les niega la entrada a Estados Unidos, dijeron funcionarios de la FDA.

En 2019, la labor de la agencia para impedir el ingreso de fentanilo por correo a Estados Unidos dentro de los esfuerzos por detener otras drogas ilegales.

Levitt se mostró satisfecho de que el Congreso agregara en diciembre a un proyecto de ley de gasto federal un texto que, en su opinión, reorientaría las inspecciones del correo de la FDA.

En este proyecto se decía que “los esfuerzos de la FDA en las instalaciones de correo internacional deben centrarse en impedir la entrada a Estados Unidos de productos farmacéuticos controlados, falsificados o peligrosos por otros motivos. Además, los fondos disponibles en esta ley deben dar prioridad a los casos en los que la importación suponga una amenaza significativa para la salud pública”.

Levitt dijo que con esta modificación, la FDA dejaría de detener los envíos que contienen medicamentos para el cáncer, enfermedades del corazón, y la disfunción eréctil para pasar a impedir la entrada de sustancias controladas, incluidos los opioides.

Aunque Koontz, de la FDA, indicó que ese texto no cambiará el tipo de medicamentos que examinan los inspectores de la FDA, porque todos los medicamentos son potencialmente peligrosos. “Importar medicamentos del extranjero simplemente para ahorrar costos no es razón suficiente para exponerse a riesgos adicionales”, dijo. “El fármaco puede estar bien, pero no lo sabemos, así que asumimos que no lo está”.

Agregó que incluso los medicamentos fabricados en las mismas instalaciones en las que se fabrican los destinados a la venta en Estados Unidos pueden ser peligrosos, porque carecen de etiquetado y envasado estadounidenses que garanticen que se han elaborado correctamente y se han manipulado dentro de la cadena de suministro estadounidense.

Los funcionarios de la FDA afirman que los medicamentos comprados en farmacias extranjeras tienen 10 veces más probabilidades de ser falsificados que los vendidos en Estados Unidos.

Para respaldar esta afirmación, la FDA cita de un ex funcionario de la agencia, quien dijo en 2005 estando trabajando para un grupo de expertos financiado por la industria farmacéutica, que entre el 8% y el 10% de la cadena mundial de suministro de medicamentos es falsificada.

La FDA indicó que no tiene datos que muestren cuáles medicamentos son falsificaciones poco seguras y cuáles son los que carecen de etiquetado o envasado adecuado. Los datos de Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU. indican que encontró 365 falsificaciones entre los más de 30,000 medicamentos que inspeccionó en 2022.

Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, el grupo comercial de la industria, financia una organización sin fines de lucro llamada Partnership for Safe Medicines, que ha para oponerse a los esfuerzos de importación de medicamentos con el argumento de que empeoraría la epidemia de fentanilo.

, director ejecutivo de Partnership for Safe Medicines,, dijo que le sorprendía que la cantidad de fentanilo y opioides encontrada por los inspectores de aduanas y de la FDA en el correo fuera tan baja. Afirmó que históricamente ha sido un problema, pero no pudo aportar pruebas.

Dijo que las agencias federales no están inspeccionando suficientes paquetes para tener una visión completa. “Con recursos limitados, puede que los contrabandistas nos estén engañando”, afirmó. “Necesitamos inspeccionar los 50,000 paquetes adecuados cada año”.

Durante décadas, millones de estadounidenses que buscan ahorrar dinero han comprado medicamentos en farmacias extranjeras, y la mayoría de las ventas se realizan por Internet. Aunque la FDA dice que no se puede hacer eso salvo en casos excepcionales, docenas de ciudades, condados y distritos escolares ayudan a sus empleados a comprar medicamentos en el extranjero.

La administración Trump dijo en 2020 que los medicamentos podrían importarse de forma segura y abrió la puerta a que los estados solicitaran a la FDA iniciar programas de importación. Pero la administración Biden aún no ha aprobado ninguno.

Levitt y otros defensores de la importación afirman que el proceso suele ser seguro en gran medida porque los medicamentos que se venden a personas con recetas válidas a través del correo internacional son fármacos aprobados por la FDA con un etiquetado diferente al de las farmacias estadounidenses, o versiones extranjeras de medicamentos aprobados por la FDA fabricados en las mismas instalaciones que los que se venden en EE.UU. o en instalaciones reguladas similares. La mayoría de los medicamentos que se venden en las farmacias estadounidenses ya se fabrican en el extranjero.

Debido al enorme volumen de correo, aunque la FDA ha aumentado el personal en las instalaciones de correo en los últimos años, la agencia puede inspeccionar físicamente menos del 1% de los paquetes que presumiblemente contienen medicamentos, dijeron funcionarios de la FDA.

Solís señaló que la agencia centra sus esfuerzos de incautación en los paquetes procedentes de países de los que cree que pueden llegar medicamentos falsificados o ilegales.

Los defensores de la importación afirman que los esfuerzos por bloquearla protegen los beneficios de la industria farmacéutica y perjudican a los estadounidenses que tratan de cubrir los gastos de sus medicamentos.

“Nunca hemos visto una oleada de muertes o de daños causados por medicamentos recetados que la gente entra por la frontera de farmacias verificadas, porque son los mismos medicamentos que la gente compra en las farmacias estadounidenses”, dijo Alex Lawson, director ejecutivo de , que aboga por precios de medicamentos más bajos. “La industria farmacéutica está utilizando a la FDA para proteger su monopolio de precios y mantenerlos altos”.

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