Tres años después, terminó internado en un hospital luego de expresar pensamientos suicidas.
Después de más de una década pasando por centros de detención de menores, hogares temporales y prisiones estatales, Valdez ahora se da cuenta que haber recibido tratamiento para sus problemas de salud mental le habría hecho la vida mucho más fácil.
“No es hasta que te ponen en situaciones cotidianas y respondes de forma adversa y desadaptada”, dijo, “que te das cuenta de que lo que pasaste tuvo un efecto en ti”.
“Estaba luchando con muchos problemas mentales”, dijo Valdez, que ahora tiene 27 años.
Durante años, personas como Valdez a menudo han tenido que valerse por sí mismas cuando buscaban servicios de atención médica después de salir de la cárcel, prisión u otros centros carcelarios.
A pesar de la alta tasa de problemas de salud mental y trastornos por adicciones en esta población, la mayor parte de las veces regresan a sus comunidades sin cobertura, lo que aumenta sus posibilidades de morir o sufrir una recaída que los lleve de nuevo a la cárcel.
Una nueva ley federal tiene como objetivo conectar mejor a los menores y adultos jóvenes encarcelados que son elegibles para Medicaid o el Programa de Seguro de Salud Infantil (CHIP) con los servicios antes de su liberación.
La meta es ayudar a prevenir que desarrollen una crisis de salud o reincidan mientras están en el proceso para reintegrarse a la sociedad.
“Esto podría cambiar la trayectoria de sus vidas”, dijo Alycia Castillo, directora asociada de políticas del Texas Civil Rights Project. Agregó que, sin ese tratamiento, muchos jóvenes que salen del sistema tienen dificultades para reintegrarse a las escuelas o trabajos, no respetan normas, y terminan entrando y saliendo de los centros de detención.
Históricamente, Medicaid ha tenido prohibido pagar los servicios de salud de las personas presas. Por eso, las cárceles, prisiones y centros de detención de todo el país tienen sus propios sistemas de prestación de atención médica, generalmente financiados con presupuestos estatales y locales, no integrados con un sistema de salud público o privado.
La nueva ley es el primer cambio a esa prohibición desde la creación de la Ley de Medicare y Medicaid en 1965, y es parte de un proyecto de ley de gastos firmado por el presidente Joe Biden en 2022. Entró en vigencia el 1 de enero de este año y exige que todos los estados proporcionen exámenes médicos y dentales a los jóvenes elegibles para Medicaid y CHIP, treinta días antes o inmediatamente después de que salgan de un centro penitenciario. Los jóvenes deben seguir recibiendo servicios de manejo de casos durante 30 días después de su liberación.
Más del 60% de los jóvenes presos son elegibles para Medicaid o CHIP, según de septiembre de 2024 del center for Health Care Strategies. La nueva ley se aplica a menores y adultos jóvenes de hasta 21 años, o 26 para aquellos que, como Valdez, estuvieron en hogares temporales.
Sin embargo, poner la ley en práctica requerirá cambios significativos en la forma en que los miles de centros penitenciarios del país ofrecen atención médica a las personas que regresan a las comunidades, y podrían pasar meses o incluso años hasta que las instalaciones cumplan plenamente.
“No se trata de prender y apagar”, dijo Vikki Wachino, fundadora y directora ejecutiva del Health and Reentry Project, que ha estado ayudando a los estados a implementar la ley. “Estos puntos de conexión nunca se han hecho antes”, dijo Wachino, ex administradora adjunta de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS).
Los CMS no han dicho como planean hacer cumplir la ley.
Tampoco está claro si la administración Trump obligará a los estados a implementarla. En 2018, el presidente Donald Trump firmó una ley que obligaba a los estados a inscribir a los jóvenes elegibles en Medicaid cuando salieran de prisión, para que no experimentaran una brecha en la cobertura de salud.
La ley que firmó Biden se basó en ese cambio al exigir que las instalaciones brinden exámenes y servicios de salud a esos jóvenes, así como a los elegibles para CHIP.
Aunque la cantidad de jóvenes presos en el país ha disminuido significativamente en las últimas dos décadas, más de 64.000 menores y adultos jóvenes de 20 años o menos están en prisiones estatales, cárceles locales y tribales e instalaciones para jóvenes, según estimaciones proporcionadas a Â鶹ŮÓÅ Health News por la Prison Policy Initiative, una organización sin fines de lucro que investiga el daño del encarcelamiento masivo.
Una “parte desatendida del sistema de salud”
La estima que aproximadamente una quinta parte de la población carcelaria del país pasó tiempo en hogares temporales. Los jóvenes negros no hispanos tienen casi cinco veces más probabilidades que los jóvenes blancos no hispanos de ser colocados en instalaciones para menores, según , una organización sin fines de lucro que aboga por la reducción de las poblaciones en prisiones y cárceles.
Estudios muestran que los menores que reciben tratamiento para sus necesidades de salud después de la liberación tienen menos probabilidades de volver a ingresar al sistema de justicia juvenil.
“A menudo, lo que lleva a los menores y a las familias a estos sistemas son las necesidades no satisfechas”, dijo Joseph Ribsam, director de políticas de bienestar infantil y justicia juvenil en la Annie E. Casey Foundation, y ex funcionario estatal de servicios para jóvenes. “Tiene más sentido que los niños tengan su atención de salud vinculada a un sistema de atención médica, no a un sistema carcelario”.
Sin embargo, la nueva requerirá muchos cambios. Las instalaciones y agencias primero deben crear sistemas para identificar a los jóvenes elegibles, encontrar proveedores de atención médica que acepten Medicaid, facturar al gobierno federal, y compartir registros y datos, según funcionarios estatales de Medicaid y oficiales correccionales, así como investigadores que siguen los cambios.
En enero, el gobierno federal comenzó a distribuir alrededor de $100 millones en subvenciones para ayudar a los estados a implementar la ley, incluso para actualizar la tecnología.
Algunos funcionarios estatales están señalando posibles complicaciones.
Por ejemplo, en Georgia, el sistema de justicia juvenil estatal no tiene una forma de facturar a Medicaid, dijo Michelle Staples-Horne, directora médica del Departamento de Justicia Juvenil del estado.
En Dakota del Sur, suspender la cobertura de Medicaid o CHIP de una persona mientras está en prisión en lugar de simplemente terminarla es un desafío, dijo Kellie Wasko, secretaria del sistema correcional del estado, en sobre la nueva ley. Ese es un cambio técnico que es difícil de poner en práctica, apuntó.
Los funcionarios estatales de Medicaid también reconocieron que no pueden obligar a los funcionarios locales a cumplir.
“Podemos construir un campo de béisbol, pero no podemos hacer que la gente venga a jugar a la pelota”, dijo Patrick Beatty, subdirector y director de políticas del Departamento de Medicaid de Ohio.
Los estados deberían ver la ley como una forma de abordar una “parte descuidada del sistema de salud”, dijo Wachino, la ex funcionaria de los CMS. Al mejorar la atención para las personas que salen de prisión, los estados pueden gastar menos dinero en atención de emergencia y en los correccionales, dijo.
“Cualquier estado que esté demorando el proceso está perdiendo una oportunidad”, agregó.
“Nuestro sistema está empeorando a la gente”
El Departamento de Servicios Familiares de Texas tomó la custodia de Valdez cuando tenía 8 años porque el historial de convulsiones de su madre la hacía incapaz de cuidarlo, según los registros. Valdez dijo que se escapó de hogares temporales por los abusos o las negligencias.
Unos años más tarde, ingresó al sistema de justicia juvenil de Texas por primera vez.
Los funcionarios allí no hicieron comentarios sobre su caso. Pero Valdez dijo que mientras lo trasladaban de una instalación a otra, sus medicamentos antidepresivos y antipsicóticos se suspendían abruptamente y sus registros rara vez se transferían. Nunca recibió terapia u otro apoyo para hacer frente a sus experiencias de la infancia, que incluyeron el abuso sexual, según sus registros médicos.
Valdez dijo que su salud mental se deterioró mientras estuvo detenido, porque estuvo aislado durante largos períodos de tiempo, por el trato brusco de los funcionarios, los temores de violencia por parte de otros niños y la falta de atención médica adecuada.
“Me sentía como un animal”, dijo Valdez.
En agosto, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó que afirma que el estado expone a los niños detenidos a fuerza excesiva y a aislamientos prolongados, no los protege del abuso sexual y no brinda servicios de salud mental adecuados.
El Departamento de Justicia Juvenil de Texas ha dicho que para mejorar la seguridad en sus instalaciones.
En 2024, el 100% de los menores en las instalaciones del Departamento de Justicia Juvenil de Texas necesitaron tratamiento especializado, incluso por problemas de salud mental, adicciones o comportamiento violento, según la entidad.
Con demasiada frecuencia, “nuestro sistema está empeorando a las personas y no les ofrece la continuidad de la atención que necesitan”, dijo Elizabeth Henneke, fundadora y directora ejecutiva de Lone Star Justice Alliance, un bufete de abogados sin fines de lucro en Texas.
Valdez dijo que el trauma de la custodia estatal ensombreció su vida después de su liberación. Se enojaba y se volvía violento con facilidad y a menudo sentía desesperación. Fue encarcelado nuevamente antes de sufrir una crisis que lo llevó a ser hospitalizado en 2022. Le diagnosticaron trastorno de estrés postraumático y le recetaron medicamentos, según su historial médico.
“Me ayudó a entender que no me estaba volviendo loco y que había una razón”, dijo. “Desde entonces, no voy a decir que ha sido fácil, pero definitivamente ha sido un poco más manejable”.
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Sin embargo, tras unas horas en el hospital, un médico dio de alta a Thompson para que volviera a la cárcel. Así pasó de ser un paciente de salud mental a un recluso de la prisión del condado de Dauphin. A partir de ese momento, se esperaba que cumpliera las órdenes, o que se le obligara a hacerlo.
A las pocas horas de regresar a la cárcel, Thompson se enzarzó en una pelea con los guardias. Su historia es uno de los más de 5,000 incidentes de “uso de fuerza” que se registraron en 2021 en las cárceles de los condados de Pennsylvania.
El caso de Thompson figura en una investigación, , que revisó 456 incidentes de “uso de fuerza” en 25 cárceles de condados en Pennsylvania, durante el último trimestre de 2021. Entre los casos revisados, casi 1 de cada 3 involucraba a una persona que sufría una crisis psiquiátrica o que padecía una enfermedad mental.
En muchos casos, los guardias utilizaron armas, como pistolas paralizantes y aerosoles de pimienta, para controlar y doblegar a presos con condiciones psiquiátricas graves que podrían haberles impedido seguir órdenes, o entender lo que estaba sucediendo.
Los registros muestran que cuando Thompson intentó huir del personal de la cárcel durante un intento de palparlo en busca de armas, un agente le roció con gas pimienta en la cara y luego intentó tirarlo al suelo.
Según la documentación, Thompson se defendió por lo que llegaron otros agentes para esposarlo y ponerle grilletes. Un oficial cubrió la cabeza de Thompson con una capucha y lo sentó en una silla, atándolo de brazos y piernas, y unos 20 minutos después, otro policía notó que Thompson no respiraba bien. al hospital.
Días después, . El fiscal del distrito . El fiscal del distrito, el alcaide de la prisión y los funcionarios del condado que supervisan la cárcel no respondieron a las solicitudes de entrevistas sobre el tratamiento de Thompson, o se negaron a hacer comentarios.
La mayoría de los casos de uso de fuerza en las cárceles no conducen a la muerte. En el caso de Thompson, la causa de la muerte fue “complicaciones derivadas de una arritmia cardíaca”, pero la forma en que se produjo fue “indeterminada”, según el forense del condado.
En otras palabras, no pudo determinar si la muerte de Thompson se debió a que le rociaron gas pimienta y lo sujetaron, pero tampoco dijo que Thompson muriera por causas naturales.
El vocero del condado de Dauphin, Brett Hambright, también declinó hacer comentarios sobre el caso de Thompson, pero señaló que casi la mitad de las personas en la cárcel padecen una enfermedad mental, “junto con un número significativo de individuos encarcelados con tendencias violentas”.
“Siempre va a haber incidentes de uso de fuerza en la cárcel”, indicó Hambright. “Algunos de ellos involucrarán a reclusos con enfermedades mentales”.
Durante la investigación, expertos legales y en salud mental declararon que las prácticas empleadas en las cárceles del condado pueden poner a los presos y al personal en riesgo de sufrir lesiones, y pueden dañar a personas vulnerables listas para regresar a la sociedad en cuestión de meses.
“Algunos presos con enfermedades mentales quedan tan traumatizados por los malos tratos que nunca se recuperan; otros se suicidan, y a otros se les disuade de llamar la atención sobre sus problemas de salud mental porque denunciar estos problemas suele dar lugar a un trato más duro”, afirmó Craig Haney, profesor de psicología de la Universidad de California-Santa Cruz, especializado en las condiciones de los centros penitenciarios.
Los expertos afirman que el uso de la fuerza es una opción para prevenir la violencia entre los encarcelados, o la violencia contra los guardias.
Sin embargo, los informes de los funcionarios de las 25 cárceles de condados de Pennsylvania muestran que solo el 10% de los incidentes de “uso de fuerza” se produjeron en respuesta a la agresión de un preso a otra persona. Otro 10% informa de un preso amenazando a miembros del personal.
WITF descubrió que uno de cada cinco casos de uso de fuerza (88 incidentes) tuvo que ver con un preso que intentó suicidarse, autolesionarse o que amenazó con autolesionarse. Entre las respuestas más comunes del personal penitenciario figuró el uso de las mismas herramientas utilizadas con Thompson: una silla de inmovilización y gas pimienta. En algunos casos, los funcionarios utilizaron dispositivos de electroshock, como pistolas paralizantes.
Además, la investigación descubrió 42 incidentes en los que el personal penitenciario observó que un recluso mostraba problemas de salud mental, pero los guardias igual utilizaron la fuerza cuando no obedeció las órdenes.
Los defensores de estas técnicas afirman que salvan vidas al prevenir la violencia o las autolesiones; pero algunas cárceles de Estados Unidos han abandonado estas prácticas, y los administradores han afirmado que las técnicas son inhumanas y no funcionan.
El costo humano puede extenderse más allá de la cárcel, alcanzando a las familias de las personas encarceladas que mueren o quedan traumatizadas, así como a los funcionarios implicados, apuntó , abogada de derechos civiles y defensa penal en la zona de Philadelphia.
“E incluso si el costo humano no fuera suficiente, los contribuyentes deberían preocuparse, ya que las demandas resultantes pueden ser costosas”, agregó Schultz. “Pone de relieve que debemos garantizar unas condiciones seguras en las cárceles, y que deberíamos ser un poco más juiciosos sobre a quién encerramos y por qué”.
“Solo necesitaba a una persona a mi lado”
La experiencia de Adam Caprioli comenzó cuando llamó al 911 durante un ataque de pánico.
Caprioli, de 30 años, vive en Long Pond, Pennsylvania, y ha sido diagnosticado con trastorno bipolar y trastorno de ansiedad. También lucha contra el alcoholismo y la drogadicción, según declaró.
Cuando la policía respondió a la llamada al 911, en otoño de 2021, llevaron a Caprioli al correccional del condado de Monroe.
Dentro de la cárcel, la ansiedad y la paranoia de Caprioli aumentaron. Dijo que el personal ignoró sus pedidos de hacer una llamada telefónica o hablar con un profesional de salud mental.
Tras varias horas de angustia extrema, Caprioli se ató la camisa al cuello y se asfixió hasta perder el conocimiento. Cuando el personal penitenciario lo vio, agentes entraron en su celda, con chalecos antibalas y cascos. El equipo de cuatro hombres tiró al suelo a Caprioli, que pesaba 150 libras. Uno de ellos llevaba una pistola de aire comprimido que dispara proyectiles con sustancias químicas irritantes.
“El recluso Caprioli movía los brazos y pateaba”, escribió un sargento en el informe del incidente. “Presioné el lanzador de Pepperball contra la parte baja de la espalda del recluso Caprioli y le impacté tres (3) veces”. El abogado explicó que los funcionarios suelen justificar el uso de la fuerza física diciendo que intervienen para salvar la vida de la persona.
“La inmensa mayoría de las personas que se autolesionan no van a morir”, señaló Mills, que ha litigado casos de uso de fuerza y es director ejecutivo del Uptown People’s Law Center de Chicago. “Más bien se trata de algún tipo de enfermedad mental grave. Y, por lo tanto, lo que realmente necesitan es una intervención para desescalar la crisis, mientras que el uso de la fuerza provoca exactamente lo contrario y agrava la situación”.
En Pennsylvania, Caprioli contó que cuando los agentes entraron en su celda sintió el dolor de las ronchas en su carne y el escozor del polvo químico en el aire, y se dio cuenta de que nadie le ayudaría.
“Eso es lo peor de todo”, dijo Caprioli. “Ven que estoy angustiado. Ven que no puedo hacerle daño a nadie. No tengo nada con lo que pueda hacerte daño”.
Finalmente, lo llevaron al hospital, donde, según Caprioli, evaluaron sus lesiones físicas, pero no recibió ayuda de un profesional de salud mental. Horas después, estaba de nuevo en la cárcel, donde permaneció cinco días. Al final se declaró culpable de un cargo de “embriaguez pública y mala conducta” y tuvo que pagar una multa.
Caprioli reconoció que sus problemas empeoran cuando consume alcohol o drogas, pero dijo que eso no justifica el trato que recibió en la cárcel.
“Esto no debería ocurrir. Solo necesitaba a una persona a mi lado que me dijera: ‘Hola, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa?’ Y nunca me lo dijeron, ni siquiera el último día”, añadió.
El alcaide del correccional del condado de Monroe, Garry Haidle, y el fiscal del distrito, E. David Christine Jr., no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Algunas cárceles prueban nuevas estrategias
La cárcel no es un entorno adecuado para el tratamiento de enfermedades mentales graves, afirmó la doctora Pamela Rollings-Mazza. Trabaja con PrimeCare Medical, que presta servicios médicos y conductuales en unas 35 cárceles de condados en Pennsylvania.
El problema, según Rollings-Mazza, es que las personas con problemas psiquiátricos graves no reciben la ayuda que necesitan antes de entrar en crisis. En ese momento, puede intervenir la policía, y quienes necesitaban atención de salud mental acaban en la cárcel.
“Así que los pacientes que vemos están muchas veces muy, muy, muy enfermos”, explicó Rollings-Mazza. “Por lo que nuestro personal debe atender esa necesidad”.
Los psicólogos de PrimeCare califican la salud mental de los presos en una escala de la A a la D. Los que tienen una calificación D son los más gravemente enfermos.
Rollings-Mazza indicó que constituyen entre el 10% y el 15% de la población total de las cárceles atendidas por PrimeCare. Otro 40% de la población tiene una calificación C, también indicativa de enfermedad grave.
Añadió que ese sistema de clasificación ayuda a determinar la atención que prestan los psicólogos, pero tiene poco efecto en las políticas de las cárceles.
“Hay algunas cárceles en las que no entienden o no quieren apoyarnos”, dijo. “Algunos agentes no están formados en salud mental al nivel que deberían”.
Rollings-Mazza explicó que su equipo ve con frecuencia llegar a la cárcel a personas que “no se ajustan a la realidad” debido a una enfermedad psiquiátrica y no pueden entender o cumplir órdenes básicas. A menudo se les mantiene alejados de otras personas, entre rejas, por su propia seguridad, y pueden pasar hasta 23 horas al día solos.
Ese aislamiento prácticamente garantiza que las personas vulnerables entren en una espiral de crisis, afirmó la doctora Mariposa McCall, psiquiatra residente en California que ha publicado recientemente un artículo en el que analiza .
Su trabajo forma parte de un amplio conjunto de investigaciones que demuestran que mantener a una persona sola en una celda pequeña, todo el día, puede causar daños psicológicos duraderos.
McCall trabajó durante varios años en prisiones estatales de California y dijo que es importante comprender que la cultura de los funcionarios de prisiones prioriza la seguridad y la obediencia por encima de todo. Por lo que pueden llegar a creer que quienes se autolesionan, en realidad, tratan de manipularlos.
Muchos guardias también ven a los presos con problemas de salud mental como potencialmente peligrosos.
“Y así se crea un cierto nivel de desconexión con el sufrimiento o la humanidad de las personas, porque se alimenta esa desconfianza”, señaló McCall. En ese entorno, los agentes se sienten justificados para usar la fuerza, sin importarles que la persona encarcelada les entienda o no.
Jamelia Morgan, profesora de la Facultad de Derecho Pritzker de la Universidad Northwestern, afirmó que, para comprender el problema, es útil examinar las decisiones tomadas en las horas y días previos a un incidente de uso de fuerza.
Morgan investiga un número creciente de demandas por uso de fuerza en las que están implicados presos con problemas de salud mental. Los abogados han argumentado con éxito que exigir que una persona con una enfermedad mental cumpla órdenes, que puede no entender, es una violación de sus derechos civiles. Esas demandas sugieren que las cárceles deberían proporcionar “soluciones razonables”.
“En algunos casos, es tan sencillo como que responda el personal médico, en lugar del personal de seguridad”, apuntó Morgan.
Los casos individuales pueden ser difíciles de litigar debido a un complejo proceso de quejas que los presos deben seguir antes de presentar una demanda, indicó Morgan y apuntó que para resolver el problema, los alcaides tendrán que redefinir lo que significa estar en la cárcel.
Esta investigación incluyó solicitudes de “derecho a saber” presentadas en 61 condados de Pennsylvania, y el equipo de investigación realizó un seguimiento con los guardias de algunos de los condados que publicaron informes sobre el uso de la fuerza. Ninguno accedió a hablar sobre la formación de sus funcionarios o sobre si podrían cambiar su forma de responder a las personas en crisis.
Algunas cárceles prueban nuevas estrategias. En Chicago, el departamento penitenciario del condado de Cook no tiene alcaide. En su lugar, tiene un “director ejecutivo” que también es psicólogo.
Este cambio forma parte de una revisión del funcionamiento de las cárceles después de que un , de 2008, revelara violaciones generalizadas de los derechos civiles de los presos.
En los últimos años, el sistema penitenciario del condado de Cook ha eliminado el confinamiento solitario, optando en su lugar por poner a los presos problemáticos en zonas comunes, pero con medidas de seguridad adicionales siempre que sea posible, declaró el sheriff del condado, Tom Dart.
La cárcel incluye un centro de transición de salud mental que ofrece alojamiento alternativo, un “entorno universitario de cabañas Quonset y jardines”, como lo describió Dart. Allí, los presos tienen acceso a clases de arte, fotografía y jardinería. También hay formación laboral, y los gestores de casos trabajan con agencias comunitarias locales, planificando lo que ocurrirá una vez que alguien salga de la cárcel.
Igualmente importante, según Dart, es que la dirección de la cárcel ha trabajado para cambiar la formación y las normas sobre cuándo es apropiado utilizar herramientas como el gas pimienta.
“Nuestro papel es mantenerlos seguros, y si tienes a alguien con una enfermedad mental, no veo cómo las pistolas Taser y el espray [de pimienta] pueden hacer otra cosa que agravar los problemas, solo deberían utilizarse como la última opción”, dijo Dart.
Las reformas del condado de Cook demuestran que el cambio es posible, pero hay miles de cárceles locales en todo Estados Unidos, y dependen de los gobiernos locales y estatales que establecen las políticas penitenciarias y que financian, o no, los servicios de salud mental que podrían evitar que personas vulnerables fueran a la cárcel.
En el condado de Dauphin, en Pennsylvania, donde murió Ishmail Thompson, las autoridades afirmaron que el problema, y las soluciones, van más allá de los muros de la cárcel. Hambright, vocero del condado, señaló que la financiación se ha mantenido estancada mientras aumenta el número de personas que necesitan servicios de salud mental. Eso ha llevado a una dependencia excesiva de las cárceles, que “siempre están disponibles”.
“Ciertamente nos gustaría ver a algunos de estos individuos tratados y alojados en lugares mejor equipados para tratar la especificidad de sus condiciones”, añadió Hambright. “Pero debemos utilizar lo que nos ofrece el sistema lo mejor que podamos con los recursos que tenemos”.
Esta historia es parte de una aliuanza que incluye a WITF, NPR, y KHN.
Brett Sholtis recibió la 2021-22, y esta investigación recibió apoyo adicional de , en el Carter Center and Reveal del the Center for Investigative Reporting.
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<img id="republication-tracker-tool-source" src="/?republication-pixel=true&post=1605336&ga4=G-J74WWTKFM0" style="width:1px;height:1px;">]]>“Honestamente, no quería pasar 10 días solo en una habitación, lo llaman el agujero”, dijo Ramírez-Cecena, quien espera que decidan si es deportado a México o puede permanecer en los Estados Unidos, en donde ha vivido por más de dos décadas.
Poco antes de que Ramírez-Cecena se enfermara, los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de la instalación le negaron su solicitud de alta médica. Es VIH positivo, que según la de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades es una afección que puede de enfermar gravemente por covid.
Ahora, frente al tercer invierno pandémico, reza para no contraer covid mientras está detenido. “Todavía da miedo”, dijo.
En todo el país, la posibilidad de desarrollar una enfermedad grave o morir por covid ha bajado, por las vacunas de refuerzo actualizadas, las pruebas en el hogar y las terapias. La mayoría de las personas pueden sopesar los riesgos de asistir a reuniones o viajar.
Pero para las aproximadamente que viven en espacios cerrados en la red de instalaciones de inmigración del país, covid sigue siendo una amenaza constante.
El ICE actualizó su en noviembre. Pero las instalaciones han ignorado las recomendaciones anteriores de usar máscaras y equipo de protección, tener pruebas y vacunas disponibles, y evitar el uso del confinamiento solitario como cuarentena, según detenidos, grupos de defensa e .
Según los protocolos de ICE, el aislamiento por covid, utilizado para evitar que otros detenidos se enfermen, debe estar separado de la segregación disciplinaria.
La agencia no abordó este punto, pero dijo en un comunicado a KHN que a los detenidos se los coloca en una “sala de alojamiento médico individual” o en un “una habitación de aislamiento médico de infecciones transmitidas por el aire”, cuando esté disponible.
La atención médica en los centros de detención de inmigrantes ya era deficiente . Y en septiembre, las personas médicamente vulnerables en los centros de detención de ICE perdieron una protección, con la expiración de una orden judicial que requería que los funcionarios federales de inmigración consideraran la liberación de los detenidos con riesgo de covid.
La agencia “ha renunciado por completo a proteger a las personas detenidas de covid”, dijo Zoe Bowman, abogada supervisora ​​de Las Américas Immigrant Advocacy Center en El Paso, Texas.
El uso de la detención de inmigrantes en el país se disparó a fines de la década de 1990 y creció después de la creación de ICE en 2003. Los centros de detención —unos 200 complejos privados, instalaciones administradas por ICE, cárceles locales y prisiones repartidas por todo el país— retienen a adultos que no son ciudadanos estadounidenses mientras disputan o esperan la deportación.
La duración promedio de la estadía en el año fiscal federal 2022 fue de aproximadamente 22 días, según la agencia. Los defensores de los inmigrantes han argumentado durante mucho tiempo que las personas no deberían ser detenidas y, en cambio, se les debería permitir vivir en comunidades.
El Centro de Detención de Stewart, un vasto complejo rodeado de cercas con alambre de púas en los bosques de Lumpkin, tiene una de las poblaciones de detenidos más grande del país. Cuatro personas bajo la custodia del centro desde el comienzo de la pandemia, el mayor número de muertes por covid registradas en estos centros.
Cuando funcionarios de inmigración transfirieron a Cipriano Álvarez-Chávez al centro de Stewart en agosto de 2020, todavía confiaba en la máscara que tenía después de ser liberado de la prisión federal en julio, según su hija, Martha Chavez.
Diez días después, el sobreviviente de linfoma de 63 años fue llevado a un hospital en Columbus, a 40 millas de distancia donde dio positivo para covid, según su . Murió después de pasar más de un mes conectado a un ventilador.
“Fue pura negligencia”, dijo su hija.
Dos años después de la muerte de Álvarez-Chávez, grupos de defensa y detenidos dijeron que el ICE no ha hecho lo suficiente para proteger de covid a los detenidos, una situación consistente con el historial de atención médica deficiente y falta de higiene de las instalaciones.
“Es desalentador ver que no importa cuánto empeoran las cosas, nada cambia”, dijo la doctora Amy Zeidan, profesora asistente en la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory, quien revisa los registros de salud de los detenidos y realiza evaluaciones médicas para las personas que buscan asilo.
Una reveló en noviembre que las mujeres en el Centro de Detención del Condado de Irwin en Georgia “parecen haber sido sometidas a procedimientos ginecológicos excesivos, invasivos y, a menudo, innecesarios”.
En el Centro de Procesamiento de Folkston, también en Georgia, el ICE no respondió a las solicitudes médicas de manera oportuna, tuvo una atención de salud mental inadecuada y no cumplió con los estándares básicos de higiene, incluidos baños funcionales, según un de la Oficina del Inspector General de Seguridad del Departamento de Asuntos Internos. Y por un grupo de organizaciones de defensa alegó que una enfermera del centro Stewart agredió sexualmente a cuatro mujeres.
El ICE defendió su atención médica en un comunicado enviado por correo electrónico, diciendo que gasta más de $315 millones anualmente en atención médica, y que garantiza la prestación de los servicios médicos necesarios e integrales.
Aún así, muchas instalaciones carecen de personal y están mal equipadas para manejar las necesidades médicas a largo plazo de la gran población de detenidos, dijo Zeidan. La atención tardía es común, la atención especializada es casi inexistente y el acceso a la terapia es limitado, dijo. El cuidado de covid no es diferente.
En sus protocolos para covid, el ICE recomienda el uso de anticuerpos monoclonales, que ayudan al sistema inmunológico a responder de manera más efectiva a covid, para el tratamiento. Pero no reconoce ninguno de los otros tratamientos recomendados por los CDC, incluidos los antivirales como Paxlovid, que pueden reducir las hospitalizaciones y las muertes entre los pacientes con covid.
“Durante décadas, el ICE ha demostrado ser incapaz y no estar dispuesto a garantizar la salud y la seguridad de las personas bajo su custodia”, dijo Sofia Casini, directora de monitoreo y defensa comunitaria de Freedom for Immigrants, un grupo de defensa. “Covid-19 solo ha empeorado esta horrible realidad”.
Once personas han muerto por covid bajo custodia de ICE. Pero ese número puede ser una subestimación; defensores de los detenidos de liberar a las personas o deportarlas cuando están gravemente enfermas como una forma de evadir las estadísticas de muertes.
Antes de la pandemia, Johana Medina León fue liberada de la custodia de ICE cuatro días antes de su muerte, según un artículo de mayo en . Vio a un médico unas seis semanas después de su primera solicitud, decía el artículo, pero ICE aceleró su liberación solo unas horas después de que su condición empeorara.
Este otoño, los detenidos recluidos en instalaciones de todo el país llamaron a la línea directa de detención de Freedom for Immigrants para quejarse de las condiciones de covid, que varían de una instalación a otra, dijo Casini. “Incluso en la misma instalación, puede cambiar de semana a semana”, dijo.
Según Casini, muchas personas que habían dado positivo para covid estaban recluidas en las mismas celdas que las personas que habían dado negativo, incluidas las personas médicamente vulnerables. Este verano, el grupo encuestó a a través de su línea directa y descubrió que alrededor del 30% de los encuestados tuvieron problemas para acceder a las vacunas mientras estuvieron detenidos.
Ramírez-Cecena dijo que le dijeron que es elegible para una segunda vacuna de refuerzo de covid, pero que, a diciembre, aún no la había recibido. Un detenido en el Centro de Procesamiento de Moshannon Valley en Pennsylvania dijo que a un guardia se le permitió interactuar con los detenidos mientras estaba visiblemente enfermo, dijo Brittney Bringuez, coordinadora del programa de asilo de Physicians for Human Rights, quien visitó las instalaciones este otoño.
La que requería que ICE considerara la liberación de personas con alto riesgo de covid ha ayudado a los detenidos con afecciones médicas graves, dijeron los defensores. Según la orden, ICE liberó a unos 60,000 detenidos médicamente vulnerables en dos años, dijo Susan Meyers, abogada sénior del Southern Poverty Law Center, uno de los grupos de defensa que ayudó a presentar la demanda que resultó en la orden judicial.
El ICE dijo en un comunicado que aún considerará los factores de riesgo de covid como una razón para la liberación. Pero los abogados dijeron que las instalaciones de ICE a menudo no cumplían con la orden judicial cuando estaba vigente.
El año pasado, el ICE negó la solicitud de liberación de Ricardo Chambers del Centro de Detención de Stewart. Chambers, de 40 años, tiene enfermedades psiquiátricas graves, consideradas un factor de riesgo según la orden judicial. También tiene problemas para respirar y se ahoga mientras duerme, como resultado de una lesión nasal que sufrió en un ataque antes de ser detenido. A dos años de estar detenido, todavía no recibió atención para esa lesión.
Ha presentado quejas sobre los protocolos para covid de Stewart, incluidas las condiciones de hacinamiento y la falta de uso de máscaras u otro equipo de protección por parte del personal.
Al negar su liberación, el ICE dijo que Chambers era una amenaza para la seguridad pública debido a sus antecedentes penales, según su abogada Erin Argueta, abogada principal de la oficina de la Iniciativa de Libertad de Inmigrantes del Sureste del Southern Poverty Law Center en Lumpkin. Chambers ya cumplió sus condenas, dijo, y hay una familia en Nueva York que lo acogería.
A principios de este año, fue enviado a confinamiento solitario durante unos 10 días después de dar positivo para covid, dijo. Pero Chambers, quien está luchando contra una orden de deportación a Jamaica, dijo que su experiencia con covid no fue diferente de las otras veces que estuvo en aislamiento.
“Serás tratado como un animal, enjaulado y sin tener culpa de nada”, dijo Chambers.
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<img id="republication-tracker-tool-source" src="/?republication-pixel=true&post=1599990&ga4=G-J74WWTKFM0" style="width:1px;height:1px;">]]>Se considera afortunado.
“Estoy fuera y tenía un lugar adonde ir”, dijo Smith en una entrevista telefónica con Kaiser Health News. “La prisión es un caldo de cultivo para la infección, y este coronavirus no es un juego”.
De hecho, la cárcel donde estuvo recluido Smith ha reducido drásticamente su población, parte de una masiva liberación de presos en California con el objetivo de frenar la propagación del virus, que puede arrasar estas poblaciones con un impacto mortal.
Ya se han reportado brotes en prisiones en todo el país, y se esperan más.
Autoridades están liberando a miles de presos, acreditando el tiempo cumplido en acuerdos u otorgando la liberación anticipada a delincuentes no violentos, a los que le quedaban poca sentencia por cumplir.
En California, abogados apelaron al gobernador Gavin Newsom para que aprobara las de presos mayores y con afecciones crónicas. El estado anunció el 31 de marzo que otorgaría liberaciones anticipadas a , el 3% de su población carcelaria, según el .
Para ese momento, se habían documentado casos de COVID-19 en 10 de sus 35 prisiones. Los condados también están liberando a algunos de sus 67,000 presos.
En Michigan y Colorado, los gobernadores firmaron órdenes que permitieron la liberación anticipada de presos vulnerables. La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, ordenó al departamento de correcciones que compilara una lista de reclusos elegibles para conmutación de sentencias.
Mientras tanto, el Fiscal General de los Estados Unidos, William Barr, ordenó a la Oficina de Prisiones que usaran medidas de confinamiento en el hogar para liberar a las personas vulnerables de las instalaciones federales en , que han sido golpeadas por el coronavirus.
Sin embargo, no existe una política o proceso universal. Los gobernadores de y han negado u obstaculizado esfuerzos para liberaciones anticipadas.
Funcionarios de Florida y Wisconsin anunciaron que ya no aceptarían nuevos reclusos en las prisiones estatales, pero no dijeron nada sobre las liberaciones, lo que transfirió el problema a las cárceles de las ciudades y de los condados.
Las cárceles estatales y de los condados confinan a los presos , tanto que es casi imposible seguir las (CDC).
“No se puede practicar el distanciamiento seguro en esa situación”, dijo Mano Raju, defensor público de San Francisco. “Las condiciones en las que viven la mayoría de las personas en las cárceles son las literas. No puedes controlar tu propia higiene en esas condiciones”.
“Nos cruzamos todo el tiempo, en filas, en la sala para ver televisión”, dijo Smith, el recluso liberado. “Los jóvenes piensan que no lo van a contraer. Los tipos duros piensan que lo superarán. Bromean al respecto”.
Pero si la experiencia en San Francisco es una indicación, no se ha registrado un solo interno infectado con COVID-19, el progreso es posible. Funcionarios y defensores de la justicia penal coinciden en que se puede reducir la densidad de población tras las rejas.
La oficina de Raju ha llevado a cabo un esfuerzo minucioso, caso por caso, para obtener liberaciones de emergencia para los presos que caen dentro de la categoría de riesgo definida por los CDC: 60 años o más o que padecen una afección médica subyacente.
También le pidió al sheriff de San Francisco, Paul Miyamoto, que libere a todos los que están en el sistema carcelario del condado con seis meses o menos de sentencia pendientes; Miyamoto respondió, en parte, que estaba trabajando para liberar a aquellos con 60 o menos días pendientes.
A algunos reclusos se les conmuta como tiempo cumplido; algunos van a programas de rehabilitación o usan monitores de tobillo, bajo confinamiento en el hogar.
Chesa Boudin, fiscal de distrito de San Francisco, ha dado instrucciones a sus fiscales para que consideren dar crédito por el tiempo cumplido en los acuerdos de culpabilidad que negocian. Boudin también les dijo a los fiscales que no se opongan a las mociones para que las personas en prisión preventiva sean liberadas si no presentan riesgo público.
En parte debido a eso, la población carcelaria del condado está disminuyendo. Nancy Crowley, vocera del Departamento del Sheriff de San Francisco, dijo que al 12 de abril las cárceles del condado, que albergaban a más de 1,200 personas en enero, se redujeron a 749.
Esa reducción permitió el tipo de distanciamiento físico que recomiendan los CDC, dijo Crowley.
Mientras tanto, Newsom firmó una orden ejecutiva que libera $50 millones para habitaciones de hotel y casas-remolques para albergar a las personas sin hogar, .
Utilizando criterios de liberación similares, el sistema carcelario del condado de Los Ángeles, el más grande de su tipo en los Estados Unidos, ha reducido drásticamente su población, pasando de más de 17,000 presos a fines de febrero a a principios de abril.
La oficina del alguacil de Los Ángeles dijo que varios empleados y cuatro reclusos habían dado positivo por COVID-19 al 8 de abril; San Francisco no tuvo pruebas positivas entre los presos, aunque cuatro empleados habían sido diagnosticados.
El martes 14 de abril, Newsom firmó una orden ejecutiva destinada a facilitar y agilizar la liberación de menores que calificaran.
Ha habido poca oposición organizada a estas acciones. La Asociación de Sheriffs del Estado de California se opuso a una medida de emergencia sin fianza para delitos menores y específicos, ya que incluía a los acusados ​​de abuso de niños y ancianos.
Las cárceles donde las poblaciones aún no se han reducido son escenas sombrías en la pandemia, dijo Terry Smith. Aunque tenía su propia celda debido a su edad y su mala salud, la mayoría de las personas están en celdas de cuatro, en cuartos cercanos con dos literas, dijo.
Smith agregó que las comidas eran una preocupación constante. Dijo que contó nueve empleados que tocaron su bandeja de comida antes de comer. “Nueve tipos sin máscara”, dijo.
Crowley dijo que los empleados del condado ahora deben usar guantes y máscaras. Los nuevos reclusos son evaluados agresivamente para detectar síntomas o una posible exposición al coronavirus, y el condado ha detenido todas las visitas y ha tomado otras medidas para maximizar la seguridad.
Debido a que Smith tenía una condena previa, su defensor público, Eric Quandt, no había podido obtener un acuerdo de culpabilidad a pesar de afirmar que Smith ya había cumplido la condena máxima probable por su cargo de robo en primer grado mientras esperaba el juicio.
Smith, sin embargo, se está recuperando por adicción a la heroína y también tiene convulsiones y trastorno pulmonar obstructivo crónico severo o EPOC. Utilizando esos detalles, Quandt pudo obtener una liberación de emergencia y lograr que Smith fuera ubicado en Metropolitan Fresh Start House, un programa diseñado para darles a los veteranos sin hogar una nueva dirección y, a menudo, seguirlos en trabajos a través del Departamento de Asuntos de Veteranos.
“No quiero que me envíen a la calle, y no voy a volver a la cárcel por nadie”, dijo Smith. “El virus ya está en las cárceles. No quieres estar allí “.
Esta historia de KHN se publicó primero en California Healthline, un servicio de la California Health Care Foundation.
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<img id="republication-tracker-tool-source" src="/?republication-pixel=true&post=1087699&ga4=G-J74WWTKFM0" style="width:1px;height:1px;">]]>En docenas de informes presentados en los últimos 12 meses, inspectores del Nakamoto Group Inc., formado por 11 personas, describieron a detenidos que no tenían “quejas sustantivas” y a instalaciones en donde la atmósfera es “tranquila, sin indicadores obvios de alto estrés”.
“Ninguno de los detenidos expresó ninguna preocupación sobre su tratamiento o seguridad”, escribieron los empleados de Nakamoto en , luego de la inspección del Centro de Detención Río Grande, en Laredo, Texas, una ciudad fronteriza abrumada por las recientes oleadas de migrantes centroamericanos que buscan asilo.
“Los detenidos estaban satisfechos con todas las condiciones de su reclusión”.
Las evaluaciones insípidas de Nakamoto, algunas de las cuales datan de más de una década atrás, contrastan con los hallazgos recientes del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional, auditores estatales y grupos externos de vigilancia, que han documentado la atención médica y de salud mental laxa y el uso inapropiado de aislamiento en varias instalaciones de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE).
Una revisión realizada por Kaiser Health News de miles de páginas de informes de inspecciones realizadas de 2007 a 2012 y de 2017 a 2019, y nuevos requisitos de informes federales, revela patrones inquietantes en las auditorías de la compañía, incluida la disposición general de aceptar la palabra de las instalaciones, que le pagan a la empresa para analizar las quejas de los detenidos.
Los resultados muestran que Nakamoto rara vez ha informado malas noticias sobre las condiciones en las instalaciones con fines de lucro y las administradas por el gobierno, que audita. Las infracciones en la calidad de la atención médica y la seguridad de los detenidos son poco frecuentes y superficiales, según una revisión de los registros federales y los documentos judiciales.
Por ejemplo, una inspección sorpresa realizada en mayo de 2018 por investigadores del gobierno en el Centro de Procesamiento de ICE de Adelanto, en el desierto de Mojave, en California “reveló riesgos significativos para la salud y la seguridad”, “segregación inadecuada y excesivamente restrictiva” y “atención médica inadecuada para los detenidos”, según el inspector general de la agencia de Seguridad Nacional.
Otra , realizada por Disability Rights California, una organización sin fines de lucro con autoridad legal para monitorear los centros de detención en California, destacó casos en los que rociaban con gas pimienta a personas con enfermedades mentales graves, y múltiples intentos de suicidio no reportados.
Sin embargo, Nakamoto llegó a una conclusión muy diferente en su sobre Adelanto: si bien observó cientos de quejas de detenidos y 83 agresiones físicas durante el período de inspección, más de un tercio de las cuales resultaron en lesiones que requirieron órdenes médicas, su informe concluyó que “sin excepción, los detenidos declararon que se sentían seguros en esta instalación”.
Un informe de junio del inspector general encontró “condiciones inseguras e insalubres” en otros tres centros de detención. Nakamoto les dio a estas tres, y a Adelanto, buenas calificaciones.
Varios migrantes entrevistados, que estuvieron o están detenidos en Adelanto, dijeron que los retrasos en la atención médica eran frecuentes y que el miedo era generalizado dentro de la instalación remota. Dijeron que, entre las preocupaciones, estaba la sensación que los guardias enviarían indiscriminadamente a los detenidos a confinamiento solitario, conocido como “El Agujero”, por la más mínima infracción.
“No importaba si eras bueno o malo, siempre te iban a meter en El Agujero”, dijo Lillian, de 49 años, ex profesora de derechos humanos de Caracas, Venezuela, quien pidió no ser identificada por su apellido por miedo a represalias. Lillian estuvo detenida en Adelanto desde noviembre de 2017, hasta que se le concedió asilo en mayo de 2018.
Otros detenidos dijeron que los retrasos en la atención médica eran tan comunes en Adelanto que muchas personas dejaban de presentar solicitudes. “Usted presenta una solicitud médica, y pueden pasar días, o semanas, o incluso meses para que la procesen y le den el tratamiento que necesita”, dijo Mario, de 32 años, quien cruzó a los Estados Unidos con sus padres cuando tenía 5 años y estuvo en Adelanto por seis meses en 2018.
Enfrentando la deportación por un delito menor en 2017, ahora Mario está libre bajo fianza y es voluntario con un grupo de derechos de los inmigrantes en Ontario, California. También pidió no ser identificado por su apellido, por temor a que afecte su caso de deportación.
El Grupo Nakamoto fue establecido en 2003 por Jennifer Nakamoto, entonces en sus 30 años y ex empleada del Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas. Nakamoto sigue siendo la presidenta de la compañía y la única propietaria. Primero, la administración de George W. Bush contrató a la compañía para auditar las instalaciones de detención de inmigrantes, y sus contratos se extendieron bajo la administración Obama.
Durante al menos los últimos dos años, Nakamoto Group Inc., registrado en la espaciosa casa de Jennifer Nakamoto en las tierras agrícolas del oeste de Maryland, ha sido el único contratista responsable de inspeccionar cerca de 100 centros federales de detención de inmigrantes y cárceles de condados, que albergan a decenas de miles de personas que no son ciudadanas, y que esperan por audiencias de deportación o decisiones sobre solicitudes de asilo.
Desde 2007, ICE ha otorgado a la compañía más de $55 millones en contratos gubernamentales para garantizar que las condiciones de detención en estos establecimientos cumplan con los estándares federales. Su contrato actual podría sumar otros $16 millones.
Nakamoto continúa como el único inspector contratado en las instalaciones de ICE, a pesar que el año pasado, John Kelly, el ex inspector general interino de Seguridad Nacional, dio a conocer un análisis abrumador de su desempeño.
“Las prácticas de inspección de Nakamoto no son consistentemente exhaustivas, sus inspecciones no examinan por completo las condiciones reales ni identifican todas las deficiencias de cumplimiento”, escribió.
El informe de Kelly señaló que los empleados de ICE dijeron a investigadores federales que las inspecciones de Nakamoto son “inútiles” y “muy, muy, muy difíciles de no pasar”.
Mark Saunders, vicepresidente ejecutivo de Nakamoto Group Inc., no aceptó discutir el desempeño de la compañía en detalle. En una entrevista, solo dijo que refutó las acusaciones en el informe del inspector general y que la compañía “es la única parte imparcial”. No quiso hacer más comentarios.
Los funcionarios de ICE no respondieron a solicitudes específicas de comentarios sobre el contrato de Nakamoto.
¿Una compañía complaciente?
Las preguntas sobre la supervisión de Nakamoto surgen cuando el gobierno federal lucha por procesar una afluencia sin precedentes de migrantes que huyen de la pobreza y la violencia en Centroamérica.
Con la población de detenidos aumentando a 53,000 personas este año, las organizaciones de derechos de los inmigrantes dicen que ICE está bajo presión por mantener las instalaciones abiertas a cualquier costo, y que la agencia se ha protegido de los reproches contratando inspectores que actúan como aliados de las compañías privadas de prisiones, que ahora albergan a la mayoría de los detenidos estadounidenses.
(La agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE.UU. administra los centros de detención de menores que han sido objeto de informes periodísticos recientes y visitas de representantes del Congreso, y están sujetos a un proceso de supervisión diferente).
“Nakamoto tiene este incentivo para no ser tan crítico como podría ser” para mantener su lucrativo contrato con el gobierno, dijo Aaron Fischer, abogado de Disability Rights California.
Eunice Cho, abogada de ACLU en Washington, calificó las inspecciones de Nakamoto como un “sello de complacencia”.
Las preocupaciones sobre las condiciones en los centros de detención se remontan a décadas y llevaron a un cambio de política durante la administración Obama. Una ley de 2010 prohibió el pago a instalaciones que no aprobaran dos inspecciones consecutivas.
El cambio estaba destinado a eliminar los programas mal administrados. En cambio, en años posteriores, los inspectores han sido menos proclives a presentar un reporte negativo a una instalación. Los inspectores privados desaprobaron a casi tres docenas de instalaciones entre 2007 y 2009, y al menos 14 instalaciones recibieron malas revisiones dos años seguidos.
Pero de 2010 a 2012, solo una instalación, el Centro de Detención de Adultos del Condado de Freeborn, en Minnesota, no pasó una inspección. Desde mayo de 2018, solo una instalación parece no haber pasado.
La instalación de Adelanto no pasó una inspección en 2011, realizada por un contratista privado diferente, MGT of America, solo para que ICE la revocara. Al año siguiente, ICE contrató a Nakamoto para auditar a Adelanto y, a pesar de la muerte de un detenido de 58 años, la instalación pasó la inspección. Más tarde, las autoridades federales que investigaron concluyeron que Adelanto había cometido “errores atroces”, incluida la falta de atención médica oportuna, y que podría haber evitado la muerte.
Nakamoto anuncia inspecciones por adelantado y se basa en los registros de las instalaciones para rastrear quejas, asaltos y otras medidas. Algunos informes de inspección incluyen descripciones detalladas de percances triviales: hamburguesas de pollo tibias o herramientas y productos químicos de cocina inventariados incorrectamente. Pero con frecuencia, sus inspectores se burlan de las quejas más graves, desestimando preocupaciones médicas y de seguridad.
En una del Centro de Procesamiento del Condado de Otero, un centro de detención de 1,000 camas en Chaparral, Nuevo México, inspectores de Nakamoto tomaron nota y anularon las quejas sobre duchas tibias (“se verificaron las temperaturas del agua y estaban dentro de los parámetros”) y las solicitudes de alimentos de los detenidos (“todos eran de países con alimentos no tradicionales que probablemente no están aprobados para el consumo en los Estados Unidos”).
Llegaron a la conclusión de que, “sin excepción, los detenidos declararon que se sentían seguros en la instalación”, operada por Management and Training Corp.
Sin embargo, solicitantes de asilo en Otero habían expresado serias preocupaciones sobre las condiciones y las largas esperas en detención, llegando incluso a organizar casi 100 huelgas de hambre el año pasado.
Si bien los inspectores de Nakamoto resaltaron las huelgas de hambre, aceptaron la explicación de la instalación de que las habían organizado detenidos de “ciertas nacionalidades” que “aparentemente creen que deberían ser atendidos a una tasa de servicio más alta que otros detenidos”.
Una muerte en detención
Del mismo modo, en docenas de auditorías en diferentes instalaciones, los inspectores de Nakamoto refutaron metódicamente las quejas sobre la atención médica basándose en gran parte en registros que los abogados de inmigración dicen que a menudo son inexactos o incompletos.
Por ejemplo, un detenido en Versalles, Missouri, le dijo a un inspector de Nakamoto en febrero que necesitaba anteojos. Nakamoto aceptó la determinación de la instalación de no ofrecérselos, y, en cambio, sugirió que la falta de luz natural podría estar contribuyendo a su mala visión.
En el Centro de Detención del condado de Webb, en Laredo, Texas, una mujer dijo que esperó 15 días e hizo dos solicitudes para ver a un médico. De nuevo, Nakamoto aceptó la determinación de la instalación: “El detenido fue visto y tratado de manera oportuna”.
Cho, la abogada de ACLU que está demandando a ICE alegando maltrato a los detenidos, dijo: “Hay una cultura de no aceptar lo que los detenidos tienen que decir de manera creíble”.
Cuando Kamyar Samimi, un ciudadano iraní con estatus de residencia permanente, murió bajo custodia en diciembre de 2017, la divergencia entre la evaluación de Nakamoto y la de los investigadores federales fue sorprendente.
Samimi, de 64 años, había sido arrestado en su casa de Denver el 17 de noviembre de 2017, en base a una condena por drogas de 2005. Dos semanas después, mientras estaba detenido en las instalaciones de ICE en Aurora, Colorado, vomitó sangre, dejó de respirar y murió 17 minutos después de llegar a un centro médico cercano.
En una inspección, varios meses después de la muerte de Samimi, los inspectores de Nakamoto informaron que se había estado quejando de depresión y abstinencia de metadona, un medicamento recetado que tomaba diariamente para tratar una adicción latente. La compañía dijo que estaba bajo vigilancia por riesgo de suicidio, pero que no se encontraron preocupaciones sobre su tratamiento médico.
En su investigación sobre la muerte, la Oficina de Responsabilidad Profesional de ICE descubrió que el personal no le había administrado completamente su medicamento, y no buscó tratamiento de emergencia de manera oportuna.
Cuando la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts le escribió a Jennifer Nakamoto en noviembre pasado para expresar su “profunda preocupación” sobre el trabajo de la compañía, Nakamoto dijo que el inspector general no entendía la complejidad de las personas detenidas en centros similares a las cárceles.
En su respuesta escrita, Nakamoto se refirió burlonamente a los inspectores del gobierno entre comillas y cuestionó sus calificaciones. Se describió a sí misma como “una mujer de minoría, trabajadora, que se arriesgó hace 15 años al formar una pequeña empresa para tratar de abrirme camino en este gran país”. Sostuvo que su gente es experta en su campo y “firmes defensores de los derechos de los detenidos”.
“Nuestra ética de trabajo es insuperable”, escribió. “No informamos incorrectamente ni tergiversamos la información en nuestros reportes”.
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