Cientos de detenidos en al menos 33 estados alegan en demandas federales que los centros de detención de inmigrantes no brindan atención médica adecuada, según una investigación de Â鶹ŮÓÅ Health News y The Associated Press.

Los detenidos exponen que no reciben sus medicamentos a tiempo —o no se los dan en absoluto— para tratar afecciones como hipertensión, diabetes, depresión, epilepsia, Parkinson y VIH. Sus solicitudes de ayuda quedaron sin respuesta durante semanas. Los niveles de azúcar en sangre aumentaron. Las infecciones empeoraron. Los cánceres permanecieron sin tratamiento. Los detenidos se desplomaron y sufrieron convulsiones.

Las cárceles y centros de detención migratoria de Estados Unidos han tenido durante mucho tiempo de las personas bajo su custodia. Pero el sistema está tambaleándose por el aumento de las detenciones desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca. Más de 75.000 inmigrantes permanecían detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) , frente a unos 40.000 del año anterior.

Â鶹ŮÓÅ Health News y AP analizaron miles de demandas presentadas desde la segunda investidura de Trump que utilizan una vía jurídica conocida como habeas corpus para argumentar que el ICE mantiene a personas detenidas de manera ilegal.

Estos registros ofrecen una visión excepcional de cómo los detenidos describen —a menudo bajo pena de perjurio— la forma en que el ICE maneja sus necesidades médicas. Además, los reporteros entrevistaron a más de 50 personas, entre detenidos, familiares y abogados.

La investigación reveló que se denuncian casos de negligencia médica en todo el extenso sistema de detención, incluidas oficinas que no fueron construidas para alojar personas, cárceles locales y sitios improvisados conocidos con apodos como “Alligator Alcatraz” (“Alcatraz de los Caimanes”).

La detención por parte del ICE es más letal que en las últimas dos décadas, escribieron investigadores en la revista científica (JAMA) en abril. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que 51 personas habían muerto bajo custodia desde el inicio del segundo gobierno de Trump, con un aumento de suicidios .

Â鶹ŮÓÅ Health News y AP pidieron al DHS que respondiera a estos hallazgos seis días antes de la publicación, pero no ofreció comentarios. Sean Conley, director médico interino del DHS, que “es política y práctica de larga data que los extranjeros reciban atención médica oportuna y adecuada desde el momento en que ingresan bajo custodia del ICE” y que la agencia contrata profesionales de salud para mantener altos estándares. “Esta es una atención médica mejor y más eficaz que la que muchos extranjeros han recibido en toda su vida”, afirmó.

Las instalaciones individuales y las empresas penitenciarias privadas contratadas por el DHS que respondieron a las solicitudes de comentarios dijeron que siguen los estándares del ICE y que los detenidos reciben atención médica cuando se requiere. Algunas afirmaron no estar familiarizadas con las acusaciones descritas en los documentos judiciales; otras responsabilizaron a algunos detenidos por interrupciones en su atención médica.

“Nunca he visto un desprecio o negligencia médica como ésta en ninguna parte”, escribió Vardan Gukasian, disidente político y ex paramédico que pasó años preso en Armenia, en presentada en marzo para impugnar su detención en Nevada, que se extendió durante 13 meses pese a sus problemas de salud.

Madeleine Skains, vocera de la ciudad de Henderson, dijo que la atención médica siempre está disponible en esa instalación y que el tribunal no había ordenado cambios en la atención de Gukasian.

En junio pasado, cuando Gukasian experimentaba síntomas de una hipertensión no controlada —mareos, hemorragia nasal y dolor de cabeza—, su compañero de celda golpeó la puerta para pedir ayuda.

“Cuando la ayuda no llegó, el resto del pabellón comenzó a golpear sus puertas”, escribió. Gukasian fue hospitalizado ese mismo día.

“Indiferencia descarada ante problemas muy evidentes”

En su campaña de deportación masiva, el gobierno ha detenido a durante controles migratorios rutinarios, en controles de tráfico, en sus hogares y en hospitales.

Alrededor del no tiene una condena criminal. Sus procesos migratorios son civiles, no penales.

“No podía entender por qué me trataban con tanta dureza”, dijo un padre de seis hijos en Georgia.

Dijo que resultó herido mientras estaba esposado bajo custodia cuando el vehículo que lo transportaba a una instalación en Atlanta se sacudió bruscamente, lanzándolo de su asiento contra un apoyabrazos metálico. La herida se infectó con E. coli porque tuvo que dormir en un piso de concreto sucio cerca de inodoros con pérdidas, aseguró.

Al igual que otros entrevistados, habló bajo condición de anonimato. Dicen que temen por su seguridad, por la de sus familias o porque creen que hablar podría perjudicar sus casos migratorios. AP y Â鶹ŮÓÅ Health News no identifican a las personas mencionadas en documentos judiciales sin su consentimiento.

Según , el personal del Centro de Detención Stewart, ubicado en la zona rural de Lumpkin, Georgia, no respondió adecuadamente a sus reiterados pedidos de atención médica hasta que perdió el conocimiento y fue trasladado a un hospital a aproximadamente una hora de distancia. Allí, contó que un médico le dijo que estuvo cerca de perder la pierna izquierda por amputación. Brian Todd, vocero de CoreCivic, la empresa que administra la instalación, afirmó que el personal médico no encontró registros de un caso que coincidiera con esa descripción.

El hombre, de 48 años, llegó a Estados Unidos desde Guatemala hace más de dos décadas. Fue liberado en octubre y ahora cuenta con residencia permanente legal. Sin embargo, teme no poder regresar a su trabajo en la construcción porque, según expuso, la lesión le impide levantar objetos pesados.

Algunos detenidos y sus abogados denunciaron que incluso se les negó atención médica básica: gasas para proteger una herida abierta en un pie, atención prenatal durante un embarazo de alto riesgo, una almohada para aliviar el dolor de dormir con cáncer avanzado de estómago o compresas sanitarias para el sangrado posparto.

“Quisiera creer que el gobierno vela por el bienestar de las personas que mantiene detenidas, sin importar cuánto tiempo permanezcan bajo su custodia”, dijo durante una audiencia en octubre la jueza federal Benita Pearson, de Ohio, en un caso relacionado con una mujer de 70 años que afirmó que el gobierno perdió sus anteojos durante su arresto. “Si una persona no puede ver porque perdió sus anteojos mientras está detenida, eso es algo que debería solucionarse”.

, quien trabajó para el ICE y ahora es asesora especial de la Asociación Americana de Abogados, dijo que la jurisprudencia exige que el gobierno brinde a las personas detenidas por motivos migratorios la misma atención que ofrece a quienes están en cárceles tradicionales esperando juicio. Sin embargo, los administradores tienen margen para tomar sus propias decisiones y los estándares de atención médica varían.

Con frecuencia, los detenidos son trasladados por todo el país, en muchos casos sin previo aviso, lo que interrumpe tratamientos médicos en curso. Una mujer de El Salvador dijo que pasó una semana sin recibir sus medicamentos para el VIH después de ser transferida desde Colorado a una cárcel local en Wyoming.

Un hombre ruso escribió que, mientras estaba detenido en Texas, consultó a un gastroenterólogo por dolorosos cálculos biliares y programó una cita con un cirujano. “Desafortunadamente, nunca pude verlo porque me trasladaron por varios centros de detención”.

Defensores de inmigrantes afirman que incluso se ignoran discapacidades evidentes, como la ceguera legal.

Un detenido que perdió un ojo y padecía glaucoma severo en el otro necesitaba gotas dos veces al día para conservar la visión que le quedaba. Sin embargo, dijo que algunos días las gotas nunca llegaban.

“Ahora solo puedo ver un poco hacia adelante. Con frecuencia parece que estuviera viendo a través de una gasa”, escribió en una declaración judicial. “Esto me da mucho miedo porque temo que algún día abra los ojos y no pueda ver absolutamente nada”.

Escribió que temía no poder ver crecer a su hijo pequeño.

“Es una especie de indiferencia descarada ante problemas muy evidentes, cosas que hace una década habrían parecido absurdas, como el hecho de que no puedas ver”, dijo Brian Hoffman, abogado del detenido. “Antes se podía intentar trabajar con funcionarios del gobierno y quizá avergonzarlos para que hicieran lo correcto. Ahora parece que cualquier cosa que quieras lograr requiere ir a los tribunales y demandar”.

Y ni siquiera las órdenes judiciales siempre son suficientes. Un juez de California ordenó al gobierno llevar a un hombre con signos de cáncer de próstata a un especialista para diagnóstico y tratamiento. Los registros muestran que no lo llevaron.

Los abogados que representaban al ICE dijeron al juez que la cita se perdió debido a un “error interno de programación”. CoreCivic, que administra la instalación, dijo que no podía comentar sobre litigios en curso.

Un aumento de casos

Cuando los inmigrantes presentan peticiones de habeas corpus, ejercen un derecho para impugnar una detención ilegal que se remonta a la .

Durante el segundo mandato de Trump se han presentado más de 40.000 peticiones de este tipo, impulsadas por decisiones tomadas el año pasado para negar fianza a muchas personas detenidas por cargos migratorios. Los jueces están divididos sobre la legalidad de esa medida y la cuestión parece encaminarse hacia la Corte Suprema.

Muchos de estos habeas corpus han tenido éxito, pero los jueces suelen citar razones no relacionadas con la negligencia médica descrita en ellos, como personas detenidas por períodos excesivamente largos de detención antes de ser deportadas.

Las más de 300 denuncias de negligencia médica identificadas en esta investigación representan solo una parte del problema.

Los detalles de los casos de habeas corpus suelen permanecer ocultos debido a una norma federal que impide al público ver estos documentos en línea. Â鶹ŮÓÅ Health News y AP obtuvieron algunos documentos en tribunales y recibieron registros de 4.400 casos de , un proyecto de la organización sin fines de lucro Immigration Justice Transparency Initiative. Sin embargo, decenas de miles de casos siguen siendo en gran medida inaccesibles.

Algunos jueces han escrito que el proceso de habeas corpus no es la vía adecuada para presentar alegatos de negligencia médica, y se han negado a liberar a detenidos por tales alegatos. No todos los detenidos que creen haber sufrido negligencia médica presentan una petición de habeas corpus ni citan sus problemas médicos si lo hacen.

La petición de José-Antonio Segismundo no mencionaba que no pudo consultar a un oncólogo por el cáncer que tenía en el abdomen mientras estuvo detenido durante más de siete meses en la instalación de Florida conocida como Alligator Alcatraz y en el Centro de Procesamiento del ICE Folkston D Ray, en Georgia. Los registros médicos incluidos en documentos judiciales muestran que fue arrestado aproximadamente cinco semanas antes de una cita programada con un oncólogo.

Su esposa, María José González, dijo que no recibió tratamiento alguno aunque ella envió sus registros médicos y explicó su condición a funcionarios de Folkston. Dijo que cuando su esposo sufría intensos dolores de estómago le daban Tylenol.

Christopher Ferreira, vocero de GEO Group, que administra Folkston, dijo que la empresa sigue los estándares del ICE y proporciona atención médica y acceso a especialistas externos cuando es necesario.

Esta primavera, Segismundo, de 48 años, fue deportado a México, país que había dejado casi 30 años atrás, dijo González. Ahora tendrá que comenzar de nuevo la búsqueda de atención médica en la aldea de Oaxaca donde creció.

González siente que está viendo cómo se desmorona la vida que construyeron juntos. Vive en Wimauma, Florida, con sus hijos, todos ciudadanos estadounidenses; el menor tiene 6 años.

Ver deteriorarse a los seres queridos

Los detenidos que reciben atención médica inadecuada tienen pocas opciones para buscar ayuda. El año pasado, el Departamento de Seguridad Nacional redujo drásticamente la Oficina del Defensor del Pueblo para la Detención de Inmigrantes. A principios de mayo la cerró por completo, argumentando falta de financiamiento del Congreso.

Antes, el personal de la defensoría podía ayudar a facilitar atención médica o investigar denuncias de negligencia, según Matt Boles, abogado de inmigración en Georgia. Ahora, ya no hay a quién llamar, dijo.

Mientras tanto, las familias de los detenidos afirman sentirse impotentes. Hacen llamadas desesperadas a las instalaciones, al gobierno y a sus representantes mientras observan el deterioro de sus seres queridos.

Riya Khan vio cómo su madre se deterioraba en el Centro de Detención California City, propiedad de CoreCivic. Cuando la visitó una semana después de su llegada a la instalación ubicada en el desierto de Mojave, dijo que la mujer de 64 años llegó tambaleándose a su asiento. Temblaba y respiraba con dificultad.

Masuma Khan llegó al país desde Bangladesh en 1997. Según los registros, no tiene antecedentes penales y fue detenida en octubre cuando fue a su control rutinario con el ICE.

Según su hija, durante el mes que estuvo detenida recibió solo de manera intermitente medicamentos para problemas como presión arterial alta, hipotiroidismo y prediabetes. Todd afirmó que CoreCivic trata las afecciones crónicas de acuerdo con los estándares médicos aplicables.

“Nada es más importante para CoreCivic que la salud, la seguridad y el bienestar de las personas bajo nuestro cuidado”, dijo Todd.

Khan afirmó que recibió su medicamento para el asma por primera vez dos días antes de ser liberada y que nunca le dieron las gotas para el glaucoma. Según su hija, el personal le dijo que debía comprar algunos medicamentos en la tienda de la instalación, pero allí no estaban disponibles.

Antes de ser detenida por el ICE, Masuma Khan se hacía amiga de todos, contó su hija. Había trabajado durante años en Lucky Boy, un popular restaurante de comida rápida de Pasadena, y en su tiempo libre alimentaba aves y dejaba fruta para las abejas que visitaban el balcón de su apartamento.

Ahora tiene demasiado miedo para salir de casa. Aún debe presentarse regularmente ante el ICE, un momento que vive con terror.

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Un derrame cerebral durante una videollamada

Antes, las personas detenidas con necesidades médicas graves probablemente habrían sido liberadas por razones humanitarias, en parte para evitar el costo de su atención, dijo Andrew Pelcher, abogado de Vermont.

En el año fiscal 2023 —antes de que la población detenida se disparara— el ICE gastó más de $390 millones en atención médica para personas no ciudadanas detenidas, según su más reciente al Congreso. En mayo, Todd Lyons, entonces director interino del ICE, dijo en una conferencia que la agencia ya había gastado “casi $500 millones” en atención médica para detenidos ese año.

Ahora, bajo el sistema de “detención obligatoria”, las personas permanecen encarceladas incluso con enfermedades graves y costosas.

Un ciudadano rumano fue sometido a varias cirugías cardíacas, incluida una operación de bypass triple de emergencia en abril de 2025, antes de ser arrestado en julio. Como parte de su recuperación, debía tomar 16 medicamentos al día. Según documentos judiciales, mientras estuvo en una oficina del ICE en Baltimore, pasó dos días sin recibir ninguno antes de ser trasladado a una instalación en Nueva Jersey.

Fue hospitalizado tres veces luego de quejarse de dolores en el pecho mientras estuvo detenido. Los registros médicos y los documentos judiciales indican que, pese a “innumerables solicitudes”, el centro de detención no le proporcionó todos sus medicamentos. Los documentos del alta hospitalaria citados por su abogado muestran que, luego de la segunda internación, solo recibió ocho de los 16 medicamentos.

“¿Por favor pueden hablar con la instalación del ICE para asegurarse de que le den sus medicamentos?”, escribieron sus proveedores médicos en registros incluidos en los documentos judiciales. “Fue hospitalizado la semana pasada por dolor de pecho y hoy volvió a ser admitido por dolor de pecho secundario al incumplimiento del tratamiento medicamentoso”.

Varias semanas después, en agosto, sufrió un derrame cerebral durante una videollamada con su hija, según los documentos judiciales.

“Tenía dificultades para respirar y señalaba su pecho, donde nuevamente sentía dolor, y de repente dejó de hablar”. Según la petición judicial, su hija gritó pidiendo ayuda a través del monitor de video. “Finalmente, un agente entró para ayudarlo y cortó la transmisión”.

El hombre perdió la capacidad de hablar durante cuatro días, según el documento. Fue devuelto al centro de detención, donde permaneció hasta que un juez federal ordenó su liberación en noviembre.

Familias de detenidos enfrentan decisiones imposibles

Cassandra Amador espera cada mañana que suene el teléfono, desesperada por hacerle a su esposo la pregunta que la ha despertado cada noche durante meses: “¿Te dieron tu medicina?”.

Su esposo, Pedro Javier Amador Gutiérrez, de 36 años, tiene hipertensión y depende de que la instalación administrada por el estado en Florida, conocida como “Deportation Depot”, le suministre los medicamentos que le han permitido mantenerse con vida durante años. Muchas mañanas, le dice a su esposa que no se los dieron.

Cuando habla con él, asegura que cada día se lo escucha más débil y más asustado, muy distinto al hombre alegre que llevaba a sus hijos a comer helado.

“Se puede escuchar en su voz cómo se siente”, dijo la mujer.

Contó que su esposo está considerando regresar a Cuba, país del que huyó por persecución política, por temor a morir detenido sin sus medicamentos. Amador y sus hijos irían con él, dijo, aunque ella nació en Nueva Jersey, nunca ha estado en Cuba y apenas habla español.

Pero él ya se ha desmayado dos veces en la Institución Correccional Baker, en Sanderson, Florida, dijo su esposa. Y le aterroriza que la próxima vez no despierte.

Metodología

Â鶹ŮÓÅ Health News y The Associated Press revisaron miles de solicitudes de habeas corpus relacionadas con inmigración para identificar denuncias de negligencia médica presentadas por personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) durante la segunda administración Trump.

Ante la ausencia de una base de datos pública y completa sobre quejas médicas de personas bajo custodia del ICE, utilizamos solicitudes de habeas corpus relacionadas con inmigración para identificar las denuncias sobre atención médica presentadas por personas detenidas en tribunales federales. Aunque el propósito principal del habeas corpus es cuestionar la legalidad de la detención de una persona —y no las condiciones de su confinamiento—, estos documentos a veces incluyen denuncias de atención médica inadecuada.

Sin embargo, las solicitudes de habeas corpus no siempre están disponibles para el público. Las normas federales restringen el acceso del público a las peticiones de habeas corpus presentadas por personas en detención migratoria. En la mayoría de estos casos, los sitios web de los tribunales publican únicamente órdenes judiciales y registros del caso que describen otros documentos presentados. Las peticiones iniciales solo pueden consultarse mediante visitas presenciales a tribunales federales en todo el país. Habeas Dockets, un proyecto de la organización sin fines de lucro Immigration Justice Transparency Initiative, coordina una red nacional de voluntarios para recopilar estas peticiones y ponerlas a disposición en internet.

Â鶹ŮÓÅ Health News y AP analizaron los registros de aproximadamente 33.000 casos presentados por personas detenidas entre el 20 de enero de 2025 y marzo de 2026. La gran mayoría de los casos contenía únicamente información procesal básica, como fechas de presentación de documentos y decisiones judiciales. Solo alrededor de 4.400 incluían las peticiones originales.

También obtuvimos varias decenas de expedientes de tribunales, de abogados y del sitio web del Tribunal Federal de Distrito de Massachusetts, que publica la mayoría de las peticiones bajo una orden permanente especial.

Realizamos búsquedas por palabras clave y búsquedas semánticas en registros judiciales, incluidas peticiones, mociones y órdenes, utilizando términos y expresiones potencialmente relacionados con negligencia médica, como cirugía, medicamentos, atención médica inadecuada y tratamiento de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión.

Encontramos alrededor de 500 casos que posiblemente denunciaban negligencia médica. Al menos dos reporteros revisaron manualmente cada caso, lo que permitió identificar más de 300 que contenían denuncias específicas, presentadas bajo juramento, de atención médica retrasada, denegada o deficiente.

Para mantener un criterio conservador, excluimos decenas de casos que denunciaban atención médica inadecuada pero carecían de detalles específicos; por ejemplo, cuando una persona escribía: “He estado enfermo y no recibo el tratamiento adecuado”, o cuando un juez señalaba que una persona detenida “se queja de que el ICE está ignorando sus problemas médicos”. También excluimos casos en los que las personas afirmaban únicamente que se les habían negado dietas especiales, ejercicio u otras adaptaciones que consideraban fundamentales para controlar sus problemas de salud, como una persona que escribió: “Padezco Parkinson y no puedo hacer ejercicio adecuadamente”, o que alegaba que los alimentos proporcionados no eran adecuados para una persona con diabetes.

Los casos analizados no fueron seleccionados de manera aleatoria ni son representativos de las solicitudes de habeas corpus relacionadas con inmigración a nivel nacional. Las denuncias no fueron verificadas de manera independiente. Muchos documentos no están disponibles públicamente y no todas las personas detenidas plantean preocupaciones médicas ante los tribunales, por lo que este recuento representa una visión limitada del panorama de denuncias y no una descripción completa.

Los periodistas de The Associated Press, Garance Burke, Valerie Gonzalez y Tim Sullivan, y la corresponsal de Â鶹ŮÓÅ Health News, Kate Wells, colaboraron en este artículo.

Esta historia es una colaboración entre The Associated Press y Â鶹ŮÓÅ Health News.

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Carolina del Norte se convirtió a finales de abril en el miembro más reciente de un grupo creciente de estados liderados por republicanos que exigen a sus agencias de salud pública reportar al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) a los beneficiarios de Medicaid cuyo estatus legal esté en duda.

Es una tendencia que, según investigadores de políticas de salud, probablemente se extenderá a otros estados controlados por el Partido Republicano que buscan alinearse con Trump en la ofensiva federal contra el fraude en Medicaid y la inmigración sin papeles.

Hasta ahora, al menos cuatro estados —, , y — han aprobado leyes similares, y legisladores en otros estados, como y , evalúan medidas parecidas. En esos seis estados, los republicanos controlan tanto las dos cámaras legislativas como la oficina del gobernador.

“Este es un tema que está muy presente en la agenda política en este momento”, dijo , investigadora de políticas de salud de la Escuela de Derecho de Harvard.

Más de 75 millones de personas , el programa federal y estatal de salud pública para personas con discapacidades y bajos ingresos, y en el Programa de Seguro de Salud Infantil (CHIP), que ofrece cobertura de bajo costo para menores de 19 años.

Los inmigrantes sin estatus legal no son elegibles para recibir beneficios de Medicaid, pero varios grupos que no son ciudadanos sí califican, como personas con residencia permanente, asilados y refugiados. Uno de cada cuatro niños en el país, la mayoría ciudadanos, vive con al menos un inmigrante.

Sin embargo, las nuevas leyes para reportar casos agregan un nivel adicional de riesgo para los inmigrantes que buscan atención médica, frente a que han utilizado para identificar y deportar personas.

Algunas de las leyes estatales aplican únicamente a las agencias de salud, como ocurre en Carolina del Norte. Pero el enviado al gobernador de Tennessee, Bill Lee, sería más amplio y exigiría que todas las agencias estatales reporten a personas sospechosas de estar en el país sin papeles.

Las siete medidas estatales van más allá de lo que exige la ley federal, que únicamente obliga a cooperar con agentes de inmigración proporcionando información personal de beneficiarios cuando se solicite.

En Louisiana, familias con estatus migratorio mixto han reportado que la nueva ley estatal, aprobada el año pasado, las a sus hijos, que son ciudadanos estadounidenses, en Medicaid.

“Anticipo que esta ley hará que más familias se pregunten si es seguro buscar atención médica, si la información puede compartirse con autoridades migratorias y si inscribir a un niño o buscar tratamiento podría exponerlos a consecuencias migratorias”, dijo , abogada de inmigración en Carolina del Norte.

Los legisladores republicanos de este estado incluyeron el mandato para el departamento estatal de salud como parte de un proyecto de ley que en fondos de Medicaid, que la Legislatura había recortado al no aprobar un presupuesto el año pasado.

A partir de octubre, empleados estatales pedirán a personas no ciudadanas que reciben Medicaid pruebas de su situación migratoria y reportarán a autoridades federales a quienes no tengan un estatus legal “satisfactorio”.

“Este proyecto de ley está diseñado no solo para financiar nuestras necesidades críticas actuales, sino también para comenzar a abordar problemas de fraude y abuso que sabemos existen dentro del sistema”, dijo el representante estatal republicano Donny Lambeth durante un debate en la Cámara estatal.

Los inmigrantes utilizan que las personas nacidas en Estados Unidos, según un análisis del Instituto Cato, un centro de estudios libertario, que también encontró que los no ciudadanos tienen muchas menos probabilidades de que los ciudadanos. Las agencias estatales de salud ya están obligadas a verificar si el estatus migratorio de los solicitantes los hace .

Varios líderes republicanos responsables del proyecto no respondieron a solicitudes de comentarios. Hannah Jones, vocera del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte, dijo que la agencia todavía intenta entender el impacto de la nueva ley.

En de 2025, cerca de la mitad de los adultos que “probablemente” no tienen estatus legal dijeron que alguien en su familia evitó buscar atención médica por temor a que su información llamara la atención de autoridades migratorias.

, abogada de Carolina del Norte especializada en discriminación, dijo que los inmigrantes “en proceso”, o aquellos que esperan autorización legal, generalmente ya temen usar beneficios del gobierno para sí mismos.

“Lo que he aprendido al manejar miles de casos a lo largo de los años es que la mayoría de las personas que están en proceso pagan su tratamiento médico de su propio bolsillo”, dijo Rosa.

Este tipo de políticas obliga en la práctica a niños que son ciudadanos estadounidenses a quedarse sin cobertura médica o atención hospitalaria, dijo , investigador del Centro para Niños y Familias de Georgetown University.

“Cuando se implementan políticas dirigidas contra un inmigrante, se puede pensar que solo se está afectando a una persona de la familia, pero en realidad es una bomba imprecisa que termina afectando a todo el hogar”, dijo Cuello.

El uso de agencias estatales de salud pública para localizar inmigrantes sin estatus legal no es la única estrategia utilizada por los estados. Algunos han aprobado leyes que obligan a hospitales a recopilar y reportar esta información.

Una ley de Florida de 2023 que exige al personal de hospitales a preguntar sobre el estatus migratorio de los pacientes ha provocado que no ciudadanos duden en buscar atención médica, ha separado familias y ha causado angustia psicológica, según de la Universidad del Sur de la Florida.

El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, emitió en 2024 una orden ejecutiva similar a la ley de Florida.

Los estados demócratas han respondido a las políticas de la administración Trump que utilizan información médica privada para identificar inmigrantes. Veintiún estados se sumaron a el año pasado para intentar impedir que el DHS . dictaminó que las identidades de los beneficiarios podían compartirse, pero no su información médica. El litigio continúa.

La oficina de prensa del DHS no respondió al pedido de tener una declaración oficial.

Después de firmar el proyecto de ley, el gobernador demócrata de Carolina del Norte, Josh Stein, emitió exhortando a los legisladores republicanos a proteger la cobertura de Medicaid para casi 27.000 mujeres embarazadas y niños que están legalmente en el país. No respondió preguntas sobre la disposición que obliga al estado a reportar a inmigrantes sin papeles.

Polanco-Galdamez dijo que este tipo de leyes ha deteriorado aún más la confianza en los sistemas de salud entre familias con acceso limitado a servicios.

“Al final del día, los sistemas de salud pública funcionan mejor cuando las personas se sienten seguras al buscar atención médica”, dijo Polanco-Galdamez. “Las políticas que vuelven difusa la línea entre acceso a la atención médica y control migratorio corren el riesgo de empujar aún más a las familias vulnerables hacia las sombras”.

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Las escuelas públicas y la despensa de alimentos de su iglesia ayudan a Lafortune a lograr los primeros dos objetivos. Pero conseguir un seguro para cubrir visitas al doctor ha sido lo más difícil.

Como asistentes de enfermería en un centro de rehabilitación para lesiones cerebrales traumáticas cerca de Tampa, Florida, Lafortune y su esposo no pueden pagar el seguro médico que ofrece su empleador. Y, a la vez,  ganan demasiado para que sus hijas califiquen para tener cobertura subsidiada a través , el programa estatal de seguro médico infantil para familias de bajos ingresos.

Lafortune puede inscribir en KidCare a sus hijas pequeñas, Elisheva Joseph y Elish Adeera, pagando la tarifa completa. Pero los $525 al mes es más de lo que la familia puede afrontar.

Así que Lafortune compró un plan familiar con una prima cercana a $500 en el mercado de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA). El plan no incluye cobertura dental y la pareja enfrenta gastos de bolsillo mucho más altos que los que pagarían si sus hijas estuvieran en KidCare.

“KidCare es mejor para los niños. Pero al menos tengo algo para ellas”, dijo.

En 2023, los legisladores de Florida aprobaron por unanimidad la ampliación de KidCare para zanjar las brechas existentes para familias como la de Lafortune, elevando el umbral de elegibilidad para que la cobertura se extendiera a más de 40.000 niños.

Sin embargo, esta ampliación no ha entrado en vigencia —ni siquiera después de haber sido aprobada por los reguladores federales a raíz de una demanda federal— debido a que la administración del gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, no ha implementado los cambios.

En su lugar, la ampliación de KidCare en Florida se ha visto estancada entre demandas y negociaciones continuas entre el estado y los reguladores federales. Mientras persiste esta demora, Florida podría estar infringiendo la ley.

“No sé qué están esperando”, dijo Lafortune. “Deberían darse cuenta de que la gente en Florida tiene necesidades”.

Consultada sobre la demora, la oficina de DeSantis remitió a Â鶹ŮÓÅ Health News a del 31 de marzo, durante la cual el gobernador derivó las preguntas a la Agencia para la Administración del Cuidado de Salud de Florida, que supervisa KidCare.

La agencia estatal no respondió a las repetidas solicitudes de entrevista e información sobre este tema.

Derecho adquirido vs. responsabilidad personal

En el centro del debate está una adoptada bajo la administración Biden que exige a todos los estados mantener 12 meses continuos de cobertura para niños en Medicaid y en el Programa de Seguro de Salud Infantil (CHIP, por sus siglas en inglés), conocido como KidCare en Florida. Eso significa que la cobertura no se cancelaría aunque los padres no pagaran la prima mensual.

Solo Florida ha impugnado la norma en los tribunales, demandando al gobierno federal para tener derecho a dar de baja a los niños de KidCare por falta de pago y retrasando la ampliación de la cobertura.

En diciembre, Texas también dijo que se oponía a la norma. Cecile Erwin Young, entonces comisionada ejecutiva de Texas Health and Human Services, escribió a Mehmet Oz, administrador de los Centros de servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), pidiéndole que revocara las reglas de CHIP que obligan a los estados a mantener a los niños inscriptos por períodos de 12 meses, prohíben tiempos de espera para la cobertura e impiden que los estados impongan límites a los beneficios económicos.

“Estos cambios de política, en la práctica, redefinen CHIP para que funcione más como un programa de derecho automático —una estrategia que no está respaldada por la ley y que entra en conflicto con el diseño original del programa adoptado por Texas”, sostuvo Young.

Al igual que Texas, Florida considera KidCare como un “programa de responsabilidad personal” diseñado para ayudar a las familias al “fomentar la independencia y servir como un camino hacia la autosuficiencia económica”, según documentos judiciales y presentaciones a .

“Es algo que remite a esa lógica de que la gente debe salir adelante por sí sola”, dijo , directora de políticas de Florida Health Justice Project.

Esta organización sin fines de lucro dedicada a la asistencia legal, junto con el National Health Law Program, de Florida el 9 de marzo. Le pidió a un juez que ordenara al estado que implementara la expansión ya aprobada.

Al 22 de abril, las agencias estatales no habían presentado una respuesta a esa demanda al 22 de abril. El tribunal ordenó al estado explicar, para mediados de mayo, por qué no debería implementarse la expansión.

Williams calificó la táctica estatal como “en gran medida, teatro político”.

Investigadores y defensores de políticas de salud también señalaron que la negativa de Florida a implementar la ampliación de KidCare contradice la estrategia del gobierno de Trump de “

El año pasado, una comisión nombrada por el presidente Donald Trump recomendó una serie de reformas, incluida una colaboración entre los CMS y programas estatales de CHIP, para promover “iniciativas basadas en evidencia de prevención y bienestar infantil a nivel local”.

Numerosos estudios han encontrado que la cobertura de CHIP puede mejorar la salud infantil al , y .

“Puede parecer obvio, pero no se puede hacer que los niños vuelvan a estar saludables quitándoles su cobertura médica”, dijo , directora de estrategia y desarrollo del Florida Policy Institute, organización sin fines de lucro que impulsa la ampliación de KidCare.

La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios sobre la oposición de Florida y Texas a la norma que exige mantener la cobertura continua en CHIP.

Mientras tanto, esos dos estados tienen algunas de de niños sin seguro. En Texas, más de un millón de niños, el 13,5%, no tienen seguro médico, mientras que en Florida más de 400.000 niños, el 8,5%, no tienen cobertura.

Texas ha seguido la norma federal de cobertura continua pese a haberse opuesto a ella, pero Florida ha ignorado el requisito y sigue retirando a niños del programa por falta de pago.

Elegir entre útiles escolares y seguro médico

Según Florida Healthy Kids Corporation, la organización sin fines de lucro contratada por el estado para determinar la elegibilidad y administrar KidCare, unos 250.000 niños recibieron cobertura subsidiada entre el 1 de diciembre de 2024 y el 30 de noviembre de 2025. De ellos, 43.000 fueron dados de baja del programa después de que sus padres no pagaran la prima.

, directora del Centro para Niños y Familias de la Universidad Georgetown, afirmó que la administración Trump debería actuar ante la evidencia de que Florida es el único estado que desafía la norma.

“Decenas de miles de niños pierden su cobertura casi automáticamente, lo que supone una violación de la ley federal, y la administración Trump no ha hecho nada al respecto” dijo. “Al mismo tiempo, está retirando fondos a estados como Minnesota por supuestas irregularidades que ni siquiera han sido probadas”.

Las familias suelen atrasarse en los pagos en julio y agosto, cuando deben comprar los útiles escolares, y otra vez en diciembre y enero, durante las fiestas, explicó Alker.

“Eso es muy, muy triste”, dijo. “Hay padres trabajadores que están luchando y tienen que elegir entre comprar los útiles escolares de sus hijos y pagarles el seguro de salud”.

Este año, la inscripción en KidCare ha caído por debajo de las proyecciones estatales, lo que ha generado un superávit de $32 millones en el programa.

El 17 de abril, legisladores votaron a favor de del programa y redirigirla al fondo general; algunos legisladores por el hecho de que la expansión aún no se hubiera implementado.

Los legisladores votaron para ampliar la elegibilidad de KidCare a las familias con ingresos de hasta el 300% del nivel federal de pobreza. Este cambio elevaría el umbral de ingresos para una familia de cuatro miembros de aproximadamente $5.500 mensuales a unos $8.250 mensuales. Las primas mensuales de la cobertura subsidiada también aumentarían, pasando de los actuales $15 a $20 mensuales a un máximo de $195 mensuales, independientemente del número de hijos que inscriba la familia.

El programa ofrece una que los planes del mercado de ACA. KidCare no tiene deducible ni coseguro, y establece copagos máximos de $15. También incluye cobertura dental y de la vista.

Con su plan de ACA, Lafortune debe pagar un copago de $35 por cada visita al médico. El deducible familiar es de $1.600, y el coseguro —es decir, la parte de los servicios cubiertos que ella debe pagar tras alcanzar el deducible— es del 20%. El costo máximo de desembolso propio del plan es de $7.250.

“Intenté conseguir algo más barato, pero no es como si pudiera prescindir de ello”, comentó Lafortune refiriéndose a la necesidad de contar con un seguro médico. “Tengo que hacer algo”.

La demanda inicial del estado, que impugnaba la norma de elegibilidad continua, fue desestimada en mayo de 2024, y una segunda demanda fue retirada este febrero.

El estado y los CMS comunicaron al juez que estaban “trabajando para determinar la vía más expedita para resolver la disputa” y aún no han informado al tribunal sobre el avance de sus conversaciones.

Sin embargo, tres días después de retirar la demanda, Florida demandó a los los CMS por tercera vez, acusando a la agencia federal de ignorar la solicitud de registros públicos del estado relacionada con la aprobación por parte de los CMS de la expansión de KidCare.

Mientras continúan las disputas legales, el costo del seguro médico se ha disparado.

Para aquellos que cuentan con cobertura a través del mercado de ACA, que expiraran los subsidios mejorados fue un duro golpe.

Aproximadamente la mitad de quienes se reinscribieron en la cobertura del mercado de ACA para 2026 dijeron que sus costos de atención médica son “mucho más altos” este año, según .

Para Lafortune, la expansión del programa KidCare de Florida no podría llegar lo suficientemente pronto.

“Los niños son quienes van a reemplazar a todos aquí”, dijo. “Cuando se les brindan oportunidades —para su salud, para la escuela, para alimentarse—, se logra que el país sea mejor y más sano”.

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Ese destino reunía dos promesas de Trump: su viejo anhelo de usar la base que está fuera del país para sacar a “tipos malos” de Estados Unidos y el compromiso, que hizo poco después de asumir la presidencia el año pasado, de llevar allí a miles de personas sin ciudadanía estadounidense. La base naval es conocida por el uso de y el hacia hombres sospechosos de terrorismo después de los ataques del 11 de septiembre de 2001.

“Las asignaciones normalmente no se pueden rechazar”, dijo Stewart. Pero le rogó a la oficina de coordinación y finalmente encontraron a otra enfermera para reemplazarla.

Oficiales del Servicio de Salud Pública que trabajaron en Guantánamo el año pasado describieron las condiciones en las que se encontraban los detenidos, algunos de los cuales se enteraron de que estaban en Cuba gracias a los médicos y enfermeros enviados para atenderlos.

Estos funcionarios dijeron que habían tratado a inmigrantes que estaban detenidos en una prisión oscura llamada Camp 6, donde no entra la luz del sol.

Â鶹ŮÓÅ Health News acordó no revelar los nombres de estos oficiales porque temen sufrir represalias por lo que han contado. Antes, esa cárcel había albergado a personas con supuestos vínculos con al-Qaeda. Los oficiales dijeron que no recibieron información previa sobre las tareas que podrían desempeñar en la base.

Aunque el Servicio de Salud Pública no es parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, sus oficiales —unos 5.000 médicos, enfermeras y otros trabajadores de salud— están uniformados y actúan como soldados con estetoscopio en situaciones de emergencia. El gobierno los despliega ante catástrofes naturales, como huracanes, o en el caso de incendios forestales, tiroteos masivos y brotes de sarampión. En tiempos normales, ocupan puestos en distintas agencias federales.

Las ordenadas por el gobierno de Trump para frenar la inmigración han creado una nueva clase de emergencia de salud pública, ya que la cantidad de personas en custodia alcanza . Según datos de la (ICE, por sus siglas en inglés), actualmente hay unos 71.000 inmigrantes encarcelados; la mayoría sin antecedentes penales.

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, recordó: “El presidente Donald Trump ha sido muy claro: Guantánamo albergará a lo peor de lo peor”. Sin embargo, han informado que muchos de los hombres enviados a la base no tienen condenas criminales. Un , publicado en mayo, reveló que hasta el 90% fue clasificado como “de bajo riesgo”.

, el gobierno de Trump ha enviado a Guantánamo, de manera irregular y por etapas, a unos 780 no ciudadanos. La cifra varía a medida que llegan nuevos detenidos y otros son devueltos a Estados Unidos o deportados a terceros países.

Si bien algunos oficiales del Servicio de Salud Pública ya habían brindado atención médica a inmigrantes detenidos en el pasado, esta es la primera vez en la historia de Estados Unidos que Guantánamo se utiliza para alojar a inmigrantes que residían en el país. Los oficiales dijeron que las asignaciones a ICE se están volviendo cada vez más frecuentes. Tras esquivar Guantánamo, a Stewart se le ordenó presentarse en un centro de detención de ICE en Texas.

“A los oficiales de salud pública se nos está pidiendo que contribuyamos a una crisis humanitaria creada deliberadamente”, afirmó.

Como no encontró la manera de rechazar misiones que consideraba inaceptables, Stewart, tras una década de servicio, renunció. Esto significó que también perdió la posibilidad de obtener una pensión que se otorga después de 20 años en esa función.

“Fue una de las decisiones más difíciles que he tomado”, contó. “Era el trabajo de mis sueños”.

Una de sus colegas en el Servicio de Salud Pública, la enfermera Dena Bushman, enfrentó un dilema moral similar cuando recibió una notificación para presentarse en Guantánamo pocas semanas después del tiroteo en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) en agosto. Bushman, que trabajaba en los CDC, pospuso su presentación gracias a un permiso médico debido al estrés y al duelo. Pero comenzó a preguntarse si debía renunciar y finalmente lo hizo.

“Puede sonar exagerado”, dijo Bushman. “Pero cuando estaba tomando esta decisión, no podía evitar pensar que quienes alimentaban a los prisioneros en los campos de concentración también eran parte del régimen nazi”.

Aunque otros han renunciado, muchos oficiales decidieron permanecer en sus cargos. Están alarmados por las tácticas de Trump, pero también piensan que las personas detenidas necesitan atención médica, argumentaron varios oficiales del Servicio de Salud Pública a Â鶹ŮÓÅ Health News.

“Hacemos lo mejor que podemos para atender a la gente en este desastre”, dijo una enfermera que trabajó en centros de detención el año pasado.

“Respeto a las personas y las trato como seres humanos”, añadió. “Intento ser una luz en la oscuridad, la mujer que logra sacar una sonrisa en medio de este horrible caos”.

Los oficiales admitieron que su capacidad para proteger a los detenidos es limitada, en un sistema que se caracteriza por el hacinamiento, la desorganización y el trauma psicológico derivado de la incertidumbre, las separaciones familiares y la privación del sueño.

“Garantizar la seguridad, protección y bienestar de quienes están bajo nuestra custodia es una máxima prioridad para el ICE”, dijo Tricia McLaughlin, vocera principal del Departamento de Seguridad Nacional, en un comunicado enviado por correo electrónico a Â鶹ŮÓÅ Health News.

El almirante Brian Christine, secretario adjunto de Salud del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), que supervisa el Servicio de Salud Pública, escribió en un correo electrónico: “Nuestro deber es claro: decir ‘¡Sí, señor!’, saludar con firmeza y cumplir la misión: presentarse, brindar atención humanitaria y proteger la salud”. Christine . Hasta hace poco era urólogo, especializado en testosterona y fertilidad masculina.

“En la búsqueda de una moralidad subjetiva o de demostraciones públicas de virtud —agregó—, corremos el riesgo de abandonar a las mismas personas a las que prometimos servir”.

Hacia lo desconocido

En los meses previos a su renuncia, Stewart reflexionó sobre misiones que tuvo durante el primer mandato de Trump, cuando la enviaron a centros de procesamiento migratorio operados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Recordó una celda de cemento en Texas donde se encontraban detenidas 50 mujeres.

“Lo más significativo que logré fue convencer a los guardias de que les permitieran a las mujeres, que llevaban una semana allí, tomar una ducha”, dijo. “Presencié enormes sufrimientos, sin tener muchas herramientas para aliviarlos”.

Stewart conversó con Bushman y otros oficiales del Servicio de Salud Pública que estaban en los CDC el año pasado. Allí colaboraban en la respuesta a brotes de sarampión o investigaciones sobre infecciones de transmisión sexual, entre otras tareas. Su presencia se volvió crucial luego de que la administración Trump despidiera a gran parte de los empleados de los CDC.

Stewart, Bushman y algunos otros funcionarios del Servicio de Salud Pública en los CDC contaron que se reunieron con mandos intermedios para pedir información sobre las asignaciones.

Si iban a Guantánamo y a centros del ICE, ¿cuánta autoridad tendrían para brindar la atención médica que consideraban necesaria? Si veían algo poco ético, ¿cómo podían denunciarlo? ¿Se investigaría? ¿Estarían protegidos contra las represalias?

Stewart y Bushman dijeron que solo les dieron el número de teléfono de una oficina del USPHS al que podían llamar si tenían alguna queja mientras estuvieran asignados. Por lo demás, afirmaron que sus preguntas quedaron sin respuesta. Renunciaron y, por lo tanto, nunca fueron a Guantánamo.

Oficiales del PHS que sí fueron enviados a la base dijeron a Â鶹ŮÓÅ Health News que no recibieron detalles sobre sus posibles funciones —ni sobre los protocolos para la atención médica— antes de llegar.

Stephen Xenakis, general retirado del Ejército y psiquiatra que ha asesorado sobre atención médica en Guantánamo durante dos décadas, dijo que eso era preocupante. Señaló que el personal de salud debería saber qué se espera de ellos antes de ser enviado.

Las consecuencias de una preparación insuficiente pueden ser graves.

En 2014, la Marina amenazó con llevar a a uno de los enfermeros destinados a Guantánamo porque se había negado a alimentar por la fuerza a prisioneros en huelga de hambre, que protestaban por el trato inhumano y la detención indefinida.

El protocolo : el prisionero era inmovilizado en una silla con cinco puntos de sujeción mientras los enfermeros le introducían una sonda por la nariz hasta el estómago para administrarle alimento líquido.

“No recibió instrucciones claras sobre cómo se realizarían estos procedimientos en Guantánamo”, explicó Xenakis. “Hasta que lo vio, no entendía lo doloroso que era para los detenidos”.

La Asociación Estadounidense de Enfermeros y la organización Médicos por los Derechos Humanos respaldaron al enfermero, afirmando que su objeción se basaba en . Un año después, el ejército retiró los cargos.

El poder de un médico o de un enfermero uniformado suele depender de su rango, de su supervisor y de las cadenas de mando, agregó Xenakis. Él ayudó a poner fin a algunas prácticas inhumanas en Guantánamo hace más de una década, cuando junto con otros generales y almirantes retirados su rechazo a ciertas técnicas de interrogatorio, por ejemplo, una conocida como en la que los interrogadores golpeaban la cabeza de personas detenidas sospechosas de terrorismo contra una pared, provocándoles leves conmociones cerebrales.

Xenakis sostuvo que la ciencia no respaldaba el “walling” como un método eficaz de interrogatorio y que, además, era una práctica poco ética, equivalente a la .

No se han denunciado casos de tortura en la operación migratoria  en Guantánamo, pero , obtenidos a través de una solicitud de la Freedom of Information Act (Ley de Libertad de Información) por parte de American Oversight, un grupo que vigila acciones gubernamentales, apuntan a la preocupación por los detenidos que recurren a huelgas de hambre y autolesiones.

“Controles de bienestar ante posibles huelgas de hambre de IA”, indica una nota del 30 de abril de un contratista que trabaja con el ICE. IA es la sigla de illegal aliens (extranjeros en situación irregular). El informe agrega que, “en caso de una huelga de hambre u otras emergencias”, el Servicio de Salud Pública (PHS) y el ICE coordinarán políticas y procedimientos.

“Reducción de la posible huelga de hambre a nivel del módulo/posibles disturbios”, dice un registro del 8 de julio. “Hablar con el extranjero que se encuentra bajo vigilancia por riesgo de suicidio para evaluar su bienestar”.

e han señalado demoras en la atención médica y condiciones peligrosas en centros de detención migratoria, como hacinamiento y falta de higiene.

En 2025, murieron 32 personas bajo custodia del ICE, lo que lo convirtió en el año más letal en dos décadas.

“Están arrestando y deteniendo a más personas de las que sus instalaciones pueden albergar”, comentó un oficial del Servicio de Salud Pública. El problema más frecuente que este oficial observó entre los inmigrantes encarcelados es psicológico. Les preocupaba no volver a ver a sus familias o ser deportados a países donde temían ser asesinados. “La gente está aterrada”, dijo el oficial.

Sin la luz del sol

Los oficiales que estuvieron en Guantánamo dijeron que los hombres detenidos se alojaban en barracas de baja seguridad, con unas pocas personas por cuarto, o en Camp 6, una instalación de alta seguridad que no tiene luz natural.

Los informes del ICE distinguen las dos áreas por su ubicación en la isla: Leeward para las barracas y Windward para Camp 6. Unos enviados a Guantánamo entre diciembre y enero han permanecido en Camp 6.

Un hospital naval de la base atiende principalmente a personal militar y residentes que no están detenidos, y tiene capacidad limitada, contaron los oficiales.

Para evitar costosas evacuaciones médicas a Estados Unidos, los inmigrantes fueron evaluados antes de ser trasladados a Guantánamo. En general, se excluyeron a personas mayores de 60 años o que requerían medicación diaria para diabetes o hipertensión. Aun así, algunos detenidos han tenido que ser evacuados de regreso a Florida.

Médicos y enfermeros del Servicio de Salud Pública dijeron que volvían a evaluar a los detenidos cuando llegaban y ofrecían atención continua, tratando casos de malestar gastrointestinal y depresión. Un informe mensual del ICE señala: “El psicólogo del USPHS inició un grupo de ejercicio” para los detenidos.

Las solicitudes de estudios médicos solían ser rechazadas por obstáculos logísticos y por la cantidad de agencias involucradas en la base. Incluso una prueba de laboratorio común, como un hemograma completo, tardaba semanas, cuando en Estados Unidos toma solo unas horas.

El Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Defensa, que coordinan la operación migratoria en Guantánamo, no respondieron a solicitudes de comentarios.

Un oficial que ayudaba en los chequeos médicos iniciales dijo que muchos detenidos se sorprendían al enterarse de que estaban en Guantánamo.

“Les decía: ‘Lamento que estés aquí’”, contó. “Nadie se alteraba. Era la enésima vez que los trasladaban”. Algunos llevaban cinco o seis meses detenidos en distintos centros y querían volver a sus países. El personal de salud no tenía respuesta ni solución.

A diferencia de los centros del ICE en Estados Unidos, Guantánamo no ha estado sobrepoblado. “Nunca he estado tan desocupada”, dijo una oficial. Guantánamo, una base militar en una isla tropical, ofrece actividades como yoga y kickboxing para quienes no están presos. Aun así, la oficial dijo que preferiría estar en su casa y no en esa misión pagada con fondos públicos.

Transportar personal e insumos a la isla y mantenerlos en la base es sumamente costoso. Según un análisis de de 2025 basado en datos del Departamento de Defensa, el gobierno gastaba unos $16.500 al día por cada detenido en Guantánamo. (En comparación, el costo promedio por detenido en un centro del ICE en Estados Unidos es de $157 diarios).

Aun así, el presupuesto : el Congreso otorgó al ICE una cifra récord de $78.000 millones para el año fiscal 2026, muy por encima de los $9.900 millones de 2024 y los $6.500 millones de hace casi una década.

El año pasado, la administración Trump también del presupuesto de defensa nacional hacia operaciones migratorias, según un informe de congresistas demócratas. De ese monto, unos $60 millones se destinaron a Guantánamo.

“Detener a no ciudadanos en Guantánamo es mucho más costoso y complejo logísticamente que hacerlo en centros del ICE dentro de Estados Unidos”, escribió Deborah Fleischaker, ex subdirectora del ICE, en presentada como parte de una demanda de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) a comienzos del año pasado.

En diciembre, un juez federal rechazó la petición del gobierno de Trump para desestimar otro caso de la ACLU que cuestionaba la legalidad de detener inmigrantes fuera del país.

Anne Schuchat, quien sirvió en el Servicio de Salud Pública por 30 años antes de jubilarse en 2018, advirtió que estas misiones podrían tener consecuencias para la seguridad del país. “Una de las mayores preocupaciones siempre ha sido tener suficientes oficiales disponibles para emergencias de salud pública”, recordó.

Andrew Nixon, vocero del Departamento de Salud y Servicios Humanos, afirmó que las asignaciones migratorias no afectan la capacidad de respuesta del Servicio de Salud Pública ante otras emergencias.

En el pasado, estos oficiales han montado refugios médicos durante huracanes en Louisiana y Texas, implementado pruebas de covid en los primeros meses de la pandemia, y brindado apoyo tras la masacre en la escuela Sandy Hook y el atentado en la Maratón de Boston.

“Es importante que la gente sepa cuántos recursos del gobierno se están usando para que la administración actual pueda llevar adelante esta agenda”, dijo Stewart, una de las enfermeras que renunció. “Esta es una de las cosas que probablemente nos está convirtiendo en el tipo de países contra los que alguna vez estuvimos en guerra”.

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El programa está diseñado para eliminar servicios considerados innecesarios o de “bajo valor” y representa una expansión federal del proceso llamado autorización previa, una práctica impopular que exige a los pacientes o a los médicos la aprobación del seguro antes de realizar ciertos procedimientos y exámenes médicos, o de escribir recetas.

Afectará a beneficiarios de Medicare, así como a los médicos y hospitales que los atienden, en Arizona, Ohio, Oklahoma, Nueva Jersey, Texas y Washington, a partir del 1 de enero y hasta 2031.

La medida ha generado preocupación entre políticos y expertos en políticas públicas. La versión tradicional de Medicare —que cubre a personas de 65 años en adelante y a algunas personas con discapacidades— ha evitado en general el uso de la autorización previa.

Sin embargo, las aseguradoras privadas la usan ampliamente, en especial en el mercado de Medicare Advantage.

El momento del anuncio también sorprendió: el programa piloto , pocos días después de que la administración Trump presentara una iniciativa voluntaria para que las aseguradoras privadas redujeran el uso de autorizaciones previas, práctica que, según Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, en inglés), provoca “retrasos significativos” en la atención.

“Esto debilita la confianza del público en el sistema de salud”, dijo Oz a los medios. “Es algo que no podemos tolerar en esta administración”.

Pero algunos críticos, como Vinay Rathi, médico e investigador de políticas públicas en la Universidad Estatal de Ohio, acusan al gobierno de Trump de enviar mensajes contradictorios.

Por un lado, dijo Rathi, el gobierno quiere imitar estrategias del sector privado para reducir costos. “Por el otro, los regaña públicamente”.

“Es hipócrita decir una cosa y luego lo contrario”, dijo Suzan DelBene, legisladora demócrata de Washington. “Es muy preocupante”.

Pacientes, médicos y otros legisladores también han criticado lo que consideran tácticas para retrasar o negar atención médica, lo que puede causar daños irreparables o incluso la muerte.

“Las compañías de seguros tienen como mantra recibir el dinero de los pacientes y luego hacer todo lo posible para no entregárselo a quienes brindan la atención”, señaló Greg Murphy, legislador republicano de Carolina del Norte y urólogo. “Eso sucede en todas las juntas directivas de las aseguradoras”.

Las aseguradoras han defendido durante años que la autorización previa reduce el fraude, el gasto innecesario y posibles daños. La indignación pública por la negación de coberturas dominó los titulares en diciembre, cuando el asesinato del CEO de UnitedHealthcare hizo que muchos consideraran al presunto asesino como un héroe popular.

Y el rechazo público es generalizado: casi tres de cada cuatro personas por Â鶹ŮÓÅ dijeron que la autorización previa era un problema “grave”.

Por su parte, Oz afirmó en su conferencia de prensa de junio que la “violencia en las calles” llevó a la administración Trump a abordar la reforma de las autorizaciones previas en el sector privado.

Aún así, el gobierno está ampliando su uso en Medicare. Un vocero de los CMS, Alexx Pons, dijo que ambas iniciativas “tienen el mismo objetivo: proteger a los pacientes y a los fondos de Medicare”.

Preguntas sin respuesta

El , llamado WISeR —siglas de Reducción de Servicios Inadecuados y Despilfarro— evaluará el uso de un algoritmo de IA para tomar decisiones de autorización previa en algunos servicios de Medicare, como sustitutos de piel y tejidos, implantes de estimuladores eléctricos de nervios y artroscopías de rodilla.

El gobierno federal sostiene que estos procedimientos son particularmente vulnerables al “fraude, despilfarro y abuso”, y que la autorización previa podría contener su uso excesivo.

Podrían agregarse más procedimientos a la lista. Sin embargo, los servicios de hospitalización, atención de emergencia o aquellos cuya demora represente un riesgo considerable para el paciente no estarán sujetos al modelo de IA, según el anuncio federal.

Aunque el uso de inteligencia artificial en seguros de salud no es nuevo, Medicare ha tardado en adoptar herramientas del sector privado. Hasta ahora, solo ha utilizado la autorización previa de forma limitada, a través de contratistas que no tienen incentivos para negar servicios. Pero expertos que han estudiado el plan creen que el plan piloto federal podría cambiar esa dinámica.

Pons afirmó a Â鶹ŮÓÅ Health News que ninguna solicitud de Medicare será rechazada sin antes ser revisada por “un profesional clínico calificado” y que los proveedores “tienen prohibido recibir pagos vinculados a tasas de negación”.

Sin embargo, el anuncio federal señala que los proveedores recibirán “un porcentaje de los ahorros generados por evitar atención innecesaria o inadecuada como resultado de sus revisiones”.

“Los acuerdos de ahorros compartidos implican que los proveedores se beneficien financieramente cuando se brinda menos atención médica”, y crea una estructura que puede incentivar la negación de atención médicamente necesaria, dijo Jennifer Brackeen, directora de asuntos gubernamentales de la Asociación de Hospitales del Estado de Washington.

Pero según médicos y expertos en políticas de salud, ese no es el único problema.

Rathi señaló que el plan “no está completamente desarrollado” y se basa en criterios “ambiguos y subjetivos”. El modelo, explicó, depende en última instancia de que los contratistas evalúen sus propios resultados, lo cual podría comprometer la validez de las conclusiones.

“No estoy seguro de que sepan, siquiera, cómo van a determinar si esto está ayudando o perjudicando a los pacientes”, dijo.

Pons aseguró que el uso de IA en este piloto estará “sujeto a supervisión estricta para garantizar transparencia, rendición de cuentas y cumplimiento con las normas de Medicare y la protección de los pacientes”.

“Los CMS siguen comprometidos con garantizar que las herramientas automatizadas apoyen —y no reemplacen— decisiones clínicas sólidas”, dijo.

Los expertos coinciden en que, en teoría, la inteligencia artificial podría agilizar un proceso que se caracteriza por retrasos y negaciones que afectan la salud de los pacientes. Las aseguradoras argumentan que la IA elimina errores y sesgos humanos, y reduce costos al sistema de salud. También insisten en que son personas, no algoritmos, quienes revisan las decisiones finales sobre cobertura.

Pero algunas investigaciones cuestionan que eso ocurra realmente.

“Creo que también hay ambigüedad sobre qué significa exactamente ‘revisión humana significativa’”, señaló Amy Killelea, profesora investigadora en el Centro de Reformas del Seguro de Salud de la Universidad de Georgetown.

Un informe de 2023 reveló que, durante un período de dos meses, médicos de Cigna dedicaron en promedio 1,2 segundos para revisar cada solicitud de pago.

Justine Sessions, vocera de Cigna, dijo a Â鶹ŮÓÅ Health News que la compañía no utiliza inteligencia artificial para negar atención o reclamos. La investigación de ProPublica, explicó, se refería a “un proceso simple, impulsado por software, que ayudó a acelerar pagos a médicos para pruebas y tratamientos comunes y de bajo costo. No está impulsado por IA” y “no se utilizó para autorizaciones previas”, agregó Sessions.

Sin embargo, demandas legales colectivas presentadas contra grandes aseguradoras alegan que sus modelos de IA fallan al considerar las necesidades individuales de los pacientes y contradicen las recomendaciones médicas, obligando a algunas personas a asumir el costo de su atención.

realizada en febrero por la American Medical Association reveló que el 61% de los médicos cree que la IA está “aumentando las negaciones de autorización previa, agravando daños evitables a los pacientes y generando un despilfarro innecesario ahora y en el futuro”.

Chris Bond, vocero de AHIP, el grupo que representa a las aseguradoras, dijo a Â鶹ŮÓÅ Health News que la organización está “totalmente enfocada” en cumplir los compromisos asumidos con el gobierno. Entre ellos, reducir el alcance de la autorización previa y garantizar que las comunicaciones con los pacientes sobre negaciones y apelaciones sean fáciles de entender.

“Es un programa piloto”

El programa piloto de Medicare pone en evidencia las preocupaciones sobre la autorización previa, y agrega nuevas inquietudes.

Si bien las aseguradoras privadas han sido poco transparentes sobre cómo utilizan la IA y hasta qué punto aplican la autorización previa, investigadoras en políticas públicas creen que estos algoritmos suelen programarse para negar automáticamente la atención costosa.

“Cuanto más caro es el servicio, más probable es que se niegue”, afirmó Jennifer Oliva, profesora de la Facultad de Derecho Maurer de la Universidad de Indiana-Bloomington, experta en regulación de IA y cobertura médica.

En un , Oliva explicó que cuando un paciente tiene una expectativa de vida limitada, las aseguradoras tienden a apoyarse en el algoritmo. A medida que pasa el tiempo y el paciente o su médico apelan la negación, aumentan las probabilidades de que esa persona fallezca antes de que el seguro cubra el tratamiento. Cuanto más largo es el proceso de apelación, menos probable es que la aseguradora tenga que pagar, dijo.

“Lo primero que hacen es dificultar al máximo el acceso a servicios de alto costo”, aseguró.

Dado el crecimiento previsto del uso de IA en seguros de salud, los algoritmos de las aseguradoras representan “un punto ciego en la regulación” que exige mayor supervisión, dijo Carmel Shachar, directora del Centro de Innovación en Derecho y Políticas de Salud de la Facultad de Derecho de Harvard.

Según Shachar, el programa WISeR es “un paso interesante” para asegurarse de que los fondos de Medicare se utilicen en atención de calidad; pero la falta de detalles hace difícil saber si realmente funcionará.

Los políticos también se hacen esas preguntas.

“¿Cómo se va a probar este sistema? ¿Cómo van a asegurarse de que funciona y no está negando atención o generando más rechazos?”, preguntó DelBene, quien junto a otros demócratas exigiendo respuestas sobre el programa de IA.

Pero no solo los demócratas están preocupados.

Murphy, copresidente del Caucus de Médicos Republicanos de la Cámara de Representantes, reconoció que muchos médicos temen que el programa piloto WISeR interfiera con la práctica médica si el algoritmo niega tratamientos recomendados por profesionales.

Mientras tanto, miembros de ambos partidos en la Cámara de Representantes apoyaron recientemente una propuesta de , demócrata de Florida, para bloquear el financiamiento del piloto en el presupuesto del Departamento de Salud y Servicios Humanos para el año fiscal 2026.

La IA llegó para quedarse en el sistema de salud, dijo Murphy, pero aún está por verse si el piloto WISeR ahorrará dinero a Medicare o empeorará los problemas ya existentes por la autorización previa.

“Es un programa piloto, y estoy dispuesto a ver qué ocurre con esto”, agregó Murphy, “pero siempre, siempre me inclinaré por confiar en que los médicos saben lo que es mejor para sus pacientes”.

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También una campaña en medios para que los niños de bajos recursos del condado de Washoe, en Nevada, se pusieran al día con sus vacunas.

Otras clínicas planificadas se cancelaran en , y , entre otros lugares.

Los esfuerzos de inmunización en todo el país se vieron afectados después que, a fines de marzo, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) en fondos relacionados con covid-19 para los departamentos de salud estatales y locales.

Un juez federal los recortes a principios de abril, pero muchas de las organizaciones que reciben los fondos dijeron que deben proceder como si ya no hubiera más dinero, lo que genera preocupación en medio de un resurgimiento del sarampión, un aumento en la reticencia a las vacunas, y una creciente desconfianza en las agencias de salud pública.

“Me preocupa especialmente la accesibilidad de las vacunas para las poblaciones vulnerables”, declaró a Â鶹ŮÓÅ Health News Jerome Adams, ex cirujano general de Estados Unidos. Adams formó parte del primer gobierno del presidente Donald Trump. “Sin altas tasas de vacunación, estamos exponiendo a esas poblaciones y comunidades a daños prevenibles”.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), bajo el cual operan los CDC, no hace comentarios sobre litigios en curso, según la vocera Vianca Rodríguez Feliciano. Sin embargo, envió un comunicado sobre la medida original, afirmando que el HHS realizó los recortes porque la pandemia de covid-19 ha terminado: “El HHS ya no malgastará miles de millones de dólares de los contribuyentes respondiendo a una pandemia inexistente que los estadounidenses superaron hace años”.

El punto es que las clínicas han utilizado ese dinero para abordar otras enfermedades prevenibles como la gripe, mpox (virus símica) y el sarampión. Más de en un brote en Texas hasta la fecha han provocado 57 hospitalizaciones y la muerte de dos niños en edad escolar.

En el condado de Pima, Arizona, las autoridades se enteraron de que uno de sus programas de vacunación tendría que interrumpirse debido a que el gobierno federal restante de la subvención. El condado tuvo que cancelar unos 20 eventos de vacunación que ya tenía programados, que ofrecían vacunas contra covid-19 y la gripe, según informó Theresa Cullen, directora del departamento de salud del condado. Y no puede planificar más, agregó.

El condado alberga a Tucson, la segunda ciudad más grande de Arizona. También abarca extensas zonas rurales, incluyendo parte de la Nación Tohono O’odham, que están lejos de muchas clínicas de salud y farmacias, explica Cullen.

El condado de Pima utilizó la subvención federal para ofrecer vacunas gratuitas en zonas principalmente rurales, en general los fines de semana o después del horario laboral habitual entre semana, explicó Cullen. Los programas se realizan en organizaciones comunitarias, durante ferias y otros eventos, o en autobuses convertidos en clínicas de salud móviles.

La cancelación de las subvenciones relacionadas con las vacunas tiene un impacto que va más allá de las tasas de inmunización, afirmó Cullen. Los eventos de vacunación también son una oportunidad para ofrecer educación sanitaria, conectar a las personas con otros recursos que puedan necesitar y fomentar la confianza entre las comunidades y los sistemas de salud pública, apuntó.

Los líderes del condado sabían que los fondos se agotarían a finales de junio, pero Cullen explicó que el departamento de salud había estado en conversaciones con las comunidades locales para encontrar la forma de continuar con los eventos. Ahora, “les hemos dicho: ‘Lo sentimos, teníamos un compromiso con ustedes y no podemos cumplirlo'”, declaró.

Cullen afirmó que el departamento de salud no reanudará los eventos a pesar de que un juez bloqueó temporalmente los recortes de fondos.

“La subvención para la equidad en las vacunas es una subvención que va de los CDC al estado y luego llega a nosotros”, explicó. “El estado es quien nos dio la orden de suspender actividades”.

El impacto total de los recortes de los CDC aún no está claro en muchos lugares. Funcionarios del Departamento de Salud Pública de California estimaron que la cancelación de las subvenciones resultaría en pérdidas de al menos $840 millones en fondos federales para su estado, incluyendo $330 millones destinados al monitoreo del virus, pruebas, vacunas infantiles y la atención a las disparidades en salud.

“Estamos trabajando para evaluar el impacto de estas medidas”, declaró , directora del Departamento de Salud Pública de California.

En el condado de Washoe, en Nevada, los recortes sorpresivos de fondos federales implican la pérdida de dos empleados contratados que organizan y anuncian los eventos de vacunación, incluyendo las para el regreso a clases contra enfermedades como el sarampión.

“Nuestro equipo principal no puede estar en dos lugares a la vez”, declaró , directora de la división de servicios de salud comunitaria y clínica del Departamento de Salud Pública del Norte de Nevada.

Esperaba retener a los contratistas hasta junio, fecha prevista de vencimiento de las subvenciones. El distrito de salud se apresuró a encontrar fondos para mantener a los dos trabajadores unas semanas más. Consiguieron suficiente para pagarles solo hasta mayo.

Lottritz canceló de inmediato una campaña publicitaria enfocada en que los niños con seguro médico público estuvieran al día con sus vacunas. Los eventos de vacunación en la clínica de salud pública continuarán, pero serán muy reducidos y con menos personal, dijo.

Las enfermeras que ofrecen vacunas en iglesias, centros para personas mayores y bancos de alimentos dejarán de hacerlo en mayo, cuando se agote el dinero para pagar a los trabajadores.

“El personal tiene otras responsabilidades. Realizan visitas de cumplimiento, gestionan nuestra clínica, así que no tendré los recursos para organizar eventos como ese”, dijo Lottritz.

El efecto de las cancelaciones se sentirá durante mucho tiempo, dijo , oficial de salud del distrito de Salud Pública del Norte de Nevada, y podrían pasar años hasta que se sienta el alcance total de la disminución de la vacunación.

“Nuestra sociedad no tiene un conocimiento colectivo de esas enfermedades y lo que causaron”, dijo.

El sarampión es una preocupación prioritaria en Missouri, donde una conferencia sobre el fortalecimiento de los esfuerzos de inmunización a nivel estatal se canceló abruptamente debido a los recortes.

La Coalición de Inmunización de Missouri, que organizó el evento del 24 y 25 de abril, también tuvo que despedir a la mitad de su personal, según la presidenta de la junta, Lynelle Phillips. Esta coalición, que coordina la promoción y educación sobre vacunación en todo el estado, ahora debe encontrar financiación alternativa para seguirá operando.

“Es simplemente cruel y completamente incorrecto hacer esto en medio de un resurgimiento del sarampión en el país”, declaró Phillips.

Dana Eby, del departamento de salud del condado de New Madrid, en Missouri, tenía previsto compartir en la conferencia consejos sobre cómo generar confianza en las vacunas en las comunidades rurales, incluyendo el uso de enfermeras escolares y el programa , financiado por los CDC.

New Madrid tiene una de las tasas de vacunación infantil más altas del estado, a pesar de pertenecer a la región mayoritariamente rural de “Bootheel”, conocida por sus malas condiciones sanitarias. Más del 98% de los niños de kínder del condado recibieron la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola en el ciclo escolar 2023-24, en comparación con el promedio estatal de alrededor del 91% y tasas tan bajas como el 61% en otros condados.

“Diré que creo que el sarampión será un problema antes de jubilarme”, dijo Eby, de 42 años.

También estaba previsto que hablara en el evento de Missouri el ex director general de servicios de salud, Adams, quien comentó que planeaba enfatizar la necesidad de la colaboración comunitaria y la importancia de la vacunación para proteger la salud pública y reducir las enfermedades prevenibles. Agregó que el momento era especialmente oportuno dado el aumento repentino de casos de sarampión en Texas y el aumento de casos y .

“No podemos hacer a Estados Unidos más saludable retrocediendo en nuestras tasas de vacunación históricamente altas”, afirmó Adams. “No puedes morir de enfermedades crónicas a los 50 años si ya has muerto de sarampión, polio o tos ferina a los 5”.

Christine Mai-Duc, corresponsal en California, colaboró con este artículo.

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Clark, de 39 años, se sorprendió de que le pidieran pagar esa cantidad en su segunda visita prenatal. Normalmente, las pacientes reciben la factura después que el seguro haya pagado su parte, y en el caso de las embarazadas eso suele ocurrir cuando termina el embarazo. Pasarían meses antes de que la consulta presentara el reclamo a su seguro médico.

Clark dijo que se sintió atrapada. La consulta de obstetricia de Cleveland, Tennessee, estaba asociada a un centro de maternidad donde ella quería dar a luz. Además, ella y su marido llevaban mucho tiempo deseando tener un hijo. Y Clark se sentía especialmente sensible porque unas semanas antes había muerto su madre.

“Estás ahí, en la ventanilla, rodeada de gente, y tratas de ser lo más amable posible”, recordó Clark, entre lágrimas. “Así que lo pagué”.

En las y en otros , las embarazadas afirman que sus proveedores les piden que paguen antes de lo previsto. La práctica es legal, pero los defensores de los pacientes la califican de poco ética. Los médicos alegan que pedir el pago por adelantado les garantiza una compensación por sus servicios.

Es difícil saber con qué frecuencia ocurre porque se considera una transacción privada entre el proveedor y el paciente. Por lo tanto, los pagos no se registran en los datos de reclamos de seguros y, por ende, los expertos no los analizan.

Pacientes, expertos en facturación médica y activistas afirman que esta práctica de facturación provoca una ansiedad inesperada en un momento de estrés y presión financiera ya de por sí elevados. En ocasiones, las estimaciones pueden ser superiores a lo que el paciente deba en última instancia y obligan a las personas a luchar por un reembolso si la cantidad abonada era superior a la factura final.

Los pagos por adelantado también ponen trabas a las mujeres que quieran cambiar de proveedor si no están satisfechas con la atención. En algunos casos, pueden hacer que las mujeres renuncien por completo a la atención prenatal, sobre todo en lugares donde existen pocas opciones de atención materna.

Es como “secuestrar el tratamiento”, afirmó Caitlin Donovan, directora de la .

Expertos en facturación médica y salud de la mujer creen que las consultas de ginecología y obstetricia adoptaron esta práctica para gestionar el elevado costo de la atención materna y la forma en que se factura en Estados Unidos.

Cuando un embarazo llega a término, los ginecólogos y obstetras suelen presentar un único reclamo al seguro por los cuidados prenatales rutinarios, el trabajo de parto, el parto y, a menudo, la atención posparto. Esta práctica de agrupar toda la atención materna en un único código de facturación comenzó hace tres décadas, según Lisa Satterfield, directora de salud y política de pagos del . Sin embargo, la facturación agrupada ha quedado obsoleta.

Antes, las pacientes embarazadas estaban sujetas a copagos por cada visita prenatal, lo que podía llevarlas a saltarse citas cruciales para ahorrar dinero. Pero ahora la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) exige que todas las aseguradoras comerciales cubran íntegramente determinados servicios prenatales. Además, cada vez es más frecuente que las embarazadas cambien de proveedor o que diferentes proveedores se encarguen de la atención prenatal y el parto, sobre todo en las zonas rurales, donde son frecuentes los traslados de pacientes.

Algunos proveedores afirman que los pagos por adelantado les permiten a lo largo del embarazo para asegurarse de que se los compensa por la atención que prestan, aunque finalmente no atiendan el parto.

“Desgraciadamente hay personas que no cobran por su trabajo”, afirmó Pamela Boatner, partera en un hospital de Georgia.

Aunque cree que las mujeres deben recibir atención durante el embarazo independientemente de su capacidad de pago, también entiende que algunos proveedores quieran asegurarse de que no se ignora su factura después de que nazca el bebé. Los nuevos padres pueden verse desbordados por las facturas del hospital y los costos de cuidar a un nuevo hijo, y pueden no tener ingresos suficientes si uno de los progenitores no trabaja, explicó Boatner.

En Estados Unidos, tener un bebé puede resultar caro. Las personas que están cubiertas por un seguro médico a través de grandes empresas pagan un promedio de unos $3.000 de su bolsillo por los cuidados durante el embarazo, el parto y el posparto, según el . Además, muchos optan por planes médicos con deducibles elevados, lo que les obliga a asumir una mayor parte de los costos. De los 100 millones de estadounidenses con deudas médicas, el 12% atribuye al menos parte de ellas a los cuidados de maternidad, según .

Las familias necesitan tiempo para ahorrar y poder así hacer frente a los elevados costos del embarazo, el parto y el cuidado de los hijos, en especial si no tienen licencia por maternidad remunerada, dijo , CEO del Policy Center for Maternal Mental Health, un think tank con sede en Los Angeles. Pedirles que paguen por adelantado “es un golpe bajo”, agregó. “¿Y si no tienes dinero? ¿Lo cargas a tarjetas de crédito y esperas que funcione?”.

Calcular los costos finales del parto depende de múltiples factores, como , las prestaciones del plan y las complicaciones de salud, afirmó , investigadora de políticas de salud del Centro Schaeffer de Política y Economía de la Salud de la Universidad del Sur de California. La factura final para la paciente no está clara hasta que el plan de salud decide qué parte cubrirá, explicó.

Pero a veces se elimina la opción de esperar a la aseguradora.

Durante el primer embarazo de Jamie Daw, en 2020, su ginecólogo-obstetra aceptó su negativa a pagar por adelantado porque Daw quería ver la factura final. Pero en 2023, durante su segundo embarazo, en una consulta privada de obstetricia de Nueva York le dijeron que, como tenía un plan con deducible alto, era obligatorio pagar $2.000, en pagos mensuales.

Daw, investigadora de políticas de salud en la Universidad de Columbia, dio a luz en septiembre de 2023 y recibió un cheque de reembolso ese noviembre por $640 para cubrir la diferencia entre la estimación y la factura final.

“Yo me dedico a estudiar los seguros de salud”, dijo. “Pero una no se imagina lo enormemente complicado que es cuando lo vives en persona”.

Aunque ACA obliga a las aseguradoras a cubrir algunos servicios prenatales, no prohíbe a los proveedores enviar la factura final a los pacientes antes de tiempo. Sería un reto político y práctico para los gobiernos estatales y federal intentar regular el momento de la solicitud de pago, señaló , codirectora del Centro de Reformas de Seguros de Salud de la Universidad de Georgetown. Los grupos de presión médicos son poderosos y los contratos entre aseguradoras y proveedores médicos están protegidos por derechos de propiedad intelectual.

Debido a la zona gris legal, , corredora de seguros de Rapha Health and Life en Texas, aconseja a sus clientes que pregunten a la aseguradora si pueden negarse a pagar por adelantado su deducible. Algunos planes prohíben a los proveedores de su red exigir el pago por adelantado.

Si la aseguradora les dice que pueden negarse a pagar por adelantado, Marshall les recomienda a los clientes establecer una relación con una consulta antes de negarse a pagar, de modo que el proveedor no pueda rechazar el tratamiento.

Clark dijo que alcanzó el deducible de su seguro después de pagar las pruebas genéticas, las ecografías adicionales y otros servicios con su cuenta de salud de gastos flexibles. Entonces llamó a la consulta de su ginecólogo y pidió que le devolvieran el dinero.

“Perdí el miedo”, dijo Clark, que antes había trabajado en una aseguradora de salud y en un consultorio médico. Recibió un primer cheque por la mitad de los $960 que había pagado inicialmente.

En agosto, Clark fue trasladada al hospital después que su presión arterial se disparara. Un especialista en embarazos de alto riesgo, y no su ginecólogo-obstetra original, atendió el parto prematuro de su hijo Peter mediante cesárea de urgencia a las 30 semanas de embarazo.

Hasta que no resolvió la mayoría de las facturas del parto no recibió el resto del reembolso de la otra consulta de ginecología y obstetricia.

El último cheque llegó en octubre, pocos días después de que Clark saliera del hospital con Peter para llevarlo a su hogar y tras múltiples llamadas a la consulta. Dijo que todo eso sumó estrés a un período ya de por sí estresante.

“¿Por qué tengo que pagar el precio como paciente?”, se preguntó. “Sólo intento tener un bebé”.

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Dos días después, su hermano, José Leandro-Barrera, murió a los 45 años por una insuficiencia renal aguda causada por un golpe de calor, según el informe del médico forense del condado de Hillsborough. Su temperatura en la ambulancia había sido a 108 grados Fahrenheit (42 °C), según el informe.

El informe también describía las circunstancias previas a su muerte, según lo registrado por una enfermera. En el trabajo, Leandro-Barrera le informó a su supervisor que no se sentía bien, y el supervisor le dijo que se sentara en uno de los vehículos hasta que se sintiera mejor. Mientras estaba allí, “se orinó, tuvo actividad convulsiva” y perdió la conciencia.

“El empleado sufrió agotamiento por calor mientras hacía trabajo de jardinería”, indicó del incidente realizada por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA). La agencia impuso una multa de $9,639 a la empresa Davey Tree Expert Co. La empresa no respondió a las solicitudes de comentarios.

Sin regulaciones nacionales sobre la prevención de enfermedades y muertes relacionadas con el calor, OSHA tiene dificultades, en general, para proteger a los trabajadores antes de que sea demasiado tarde, dijo Paloma Rentería, vocera del Departamento de Trabajo.

Los trabajadores están sufriendo cada vez más, a medida que los veranos se vuelven debido al cambio climático.

Pero los investigadores en políticas de salud y salud ocupacional afirman que estas muertes se pueden prevenir. Los empleadores pueden salvar vidas ofreciendo suficiente agua y descansos, y dándoles tiempo a los nuevos trabajadores para adaptarse al calor extremo.

Esta es la lógica detrás de las reglas nacionales propuestas que el presidente Joe Biden puso en marcha en 2021, con el objetivo de proteger a unos 36 millones de trabajadores expuestos al calor extremo. La Oficina de Estadísticas Laborales cuenta un promedio de 480 muertes de trabajadores por exposición al calor cada año. Sin embargo, estas son “vastas subestimaciones”, , ya que el estrés térmico es un factor subyacente que generalmente no se registra en los informes médicos.

La organización de defensa que hasta 2.000 trabajadores en el país mueren por el calor cada año, según extrapolaciones de datos sobre lesiones por calor.

Ambas estimaciones son alarmantes, dijo Linda McCauley, decana de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Emory e investigadora en salud ocupacional. “Nadie debería ir a trabajar esperando que podría morir”, dijo.

Las normas propuestas —un estándar de calor de OSHA— alcanzarán un hito el 30 de diciembre, cuando . Pero es poco probable que se finalicen antes de que Biden deje el cargo.

La vicepresidenta Kamala Harris probablemente continuaría con las normas sobre el calor si gana la presidencia el próximo mes, dijo Jordan Barab, quien fue subsecretario adjunto de OSHA durante la administración Obama. Ella impulsó regulaciones sobre el calor en California en 2020.

Si Donald Trump gana, las normas se estancarían, predice Barab. En general, los republicanos se han opuesto a regulaciones de seguridad en el lugar de trabajo en los últimos 20 años, argumentando que son costosas para las empresas y los consumidores.

Y durante la primera administración de Trump, la cantidad de inspectores de OSHA encargados de monitorear la seguridad en el trabajo alcanzó un mínimo histórico en los 48 años de historia de la agencia. Las inspecciones de lugares de trabajo relacionadas con el estrés térmico se redujeron a la mitad durante el mandato de Trump, según un análisis del .

Las normas de OSHA requerirían que los empleadores proporcionen agua potable fresca en abundancia y sombra o aire acondicionado para los descansos cuando las temperaturas superen los 80.6° Fahrenheit (27° C). Por encima de los 89.6° Fahrenheit (32° C), los empleadores tendrían que ofrecer descansos pagados de 15 minutos cada dos horas.

Dos aspectos adicionales del estándar abordan problemas que han sido pasados por alto y que contribuyen a las muertes por calor en el trabajo. de las muertes por el calor ocurren durante la primera semana en que el trabajador comienza en el empleo. Y el atraso en la atención médica es un tema común.

“Debemos dejar de decirle a las personas que se quejan de sentirse a punto de desmayarse que vayan a sentarse en el auto o que tomen un descanso”, dijo McCauley. “Los descansos son necesarios para prevenir el problema, pero una vez que alguien tiene síntomas, necesita ayuda rápida”.

Las normas propuestas requieren que los empleadores permitan a los nuevos trabajadores tiempo para aclimatarse a las altas temperaturas e implementen protocolos, como un sistema para ayudarse entre compañeros, para que los trabajadores reciban atención médica rápidamente tan pronto como muestren signos de enfermedad por calor, como mareos, confusión y calambres.

Para cuando un equipo médico de emergencia llegó a ayudar a un trabajador en julio de 2021, había dejado de respirar, según del Departamento de Trabajo. Un supervisor en la empresa de restauración ecológica EarthBalance lo había visto más temprano ese día, y estaba “sudando mucho, sus manos temblaban y parecía confundido”. Descansó. “Solo 30 minutos después, el supervisor regresó y lo encontró inconsciente”.

Esa noche, Gilberto Macario-Giménez murió en el hospital, dijo un informe del caso del médico forense. Señaló que “el fallecido se había sobrecalentado” y atribuyó su muerte a una enfermedad cardíaca e hipertensión. El calor puede agravar esas condiciones.

OSHA investigó la situación. Multó a EarthBalance con , encontrando que “el empleador no garantizó que una persona adecuadamente capacitada para brindar primeros auxilios a los empleados estuviera trabajando en un área donde no había enfermería”.

EarthBalance no respondió a las solicitudes de comentarios.

OSHA ha recibido al menos 12.980 comentarios sobre sus propuestas publicadas en el registro federal. Una mujer escribió que murió mientras despejaba arbustos en un rancho en Texas cuando las temperaturas superaron los 100° Fahrenheit (37° C): “Tenía solo 34 años. No había agua ni descansos”.

Después que termine el período de comentarios en diciembre, OSHA realizará una audiencia pública, incluirá cambios y finalizará la regla. Si Harris es presidenta, dijo Barab, la agencia podría finalizar el proceso para 2026.

Para que la norma funcione, el Congreso a OSHA, para que pueda contratar personal que enseñe a los empleadores cómo implementar los estándares, y suficientes investigadores para hacer cumplir las normas.

Varios grupos de la industria se han opuesto al estándar. Un único conjunto de normas no es justo cuando los climas y trabajos varían ampliamente, además de la capacidad de los trabajadores para tolerar el calor, escribió la Associated General Contractors of America en .

Algunos legisladores republicanos han llamado a la norma una extra limitación del gobierno. Rick Roth, representante republicano del estado de Florida, que los trabajadores están presionando por descansos pagados porque “no quieren trabajar tan duro”. Si no se sienten seguros, podrían cambiar de trabajo. “Vayan a trabajar para otra persona”, dijo.

Los críticos también dicen que las regulaciones costarán a los empleadores. Pero un análisis de UCLA de los reclamos de compensaciones de trabajadores en California sugiere que un estándar nacional sobre el calor ahorraría dinero en general. El estudio estimó el costo de las lesiones relacionadas con el calor entre $750 millones y $1,25 mil millones anuales solo en California, incluidos gastos médicos, pérdida de salarios y reclamos por discapacidad.

Dado que seis estados tienen conjuntos de reglas variables para reducir las enfermedades relacionadas con el calor —California, Colorado, Maryland, Minnesota, Oregon y Washington—, los investigadores y representantes sindicales han podido ver dónde necesitan fortalecerse las políticas.

Un problema con la aplicación es que OSHA depende en gran medida de que los empleados reporten riesgos. encontró que solo el 14% de casi 600 trabajadores agrícolas encuestados en California sabían sobre el período de aclimatación y cuánta agua necesitaban cuando las temperaturas eran altas.

Aunque Florida no tiene regulaciones específicas sobre el calor, Dominique O’Connor, de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida, dijo que el mayor obstáculo para garantizar la seguridad ocupacional es que los trabajadores tienen miedo de que los despidan por presentar una queja ante OSHA.

Esto es especialmente cierto para los trabajadores agrícolas con visas H-2A, que permiten a los no ciudadanos cubrir trabajos temporales. Debido a que estos trabajadores dependen de sus empleadores no solo para permanecer en el país, sino a menudo también para transporte y vivienda, las represalias de los empleadores serían un cambio de vida. “Este verano hablamos con trabajadores H-2A a quienes solo se les daba agua sucia en el trabajo”, dijo. “Les dijeron que pretendieran que era café”.

Si llega a emitirse, es probable que los líderes de varios estados controlados por republicanos se opongan al estándar federal. En abril pasado, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, aprobó una legislación que bloquea a los gobiernos locales de exigir a los empleadores que ofrezcan agua y sombra a los trabajadores cuando las temperaturas aumentan.

Y la decisión de la Corte Suprema de anular la “doctrina Chevron” este año puede alentar a los empleadores a desafiar la capacidad de OSHA para hacer cumplir las normas.

Durante décadas, la doctrina Chevron había requerido que los tribunales se delegaran a la experiencia de las agencias reguladoras al interpretar regulaciones, pero el fallo de la Corte Suprema terminó con eso. “Estamos en territorio desconocido”, dijo Barab.

Jeremy Young, productor senior de Fault Lines en Al Jazeera English, colaboró con este informe.

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Para finales de 2024, habrá gastado casi $6,000 en estos fármacos, incluido uno para controlar su diabetes.

McClure, de 70 años, es una de las con un plan de medicamentos recetados de Medicare cuyos costos de bolsillo se limitarán a $2,000 en 2025 gracias a la Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés) de 2022 promulgada por la administración Biden, según un estudio de Avalere/AARP.

La IRA, una ley de atención médica y clima que el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris promueven en la campaña como uno de los mayores logros de su administración, rediseñó radicalmente el beneficio de medicamentos de Medicare, conocido como Parte D, que sirve a unas 53 millones de personas de 65 años o más, o que viven con ciertas discapacidades.

Gracias a este nuevo límite en el gasto de bolsillo y otros cambios importantes, pero menos conocidos, la administración estima que alrededor de 18.7 millones de personas ahorrarán aproximadamente $7.4 mil millones solo el próximo año.

El período de inscripción anual para que los beneficiarios de Medicare de medicamentos, o elijan un plan Medicare Advantage, comenzó el 15 de octubre y se extiende hasta el 7 de diciembre. Medicare Advantage es la alternativa comercial al Medicare tradicional administrado por el gobierno y cubre atención médica y, a menudo, medicamentos recetados.

Los planes de medicamentos independientes de Medicare, que cubren medicamentos que normalmente se toman en casa, también son administrados por compañías de seguros privadas.

“Siempre alentamos a los beneficiarios a que realmente revisen los planes y elijan la mejor opción para ellos”, dijo Chiquita Brooks-LaSure, quien dirige los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), a Â鶹ŮÓÅ Health News. “Y este año, en particular, es importante hacerlo porque el beneficio ha cambiado mucho”.

Las mejoras a la cobertura de medicamentos de Medicare requeridas por la IRA son los cambios más importantes desde que el Congreso agregó el beneficio en 2003, pero la mayoría de los votantes no los conocen, según , una organización sin fines de lucro de información sobre salud que incluye a Â鶹ŮÓÅ Health News. Y algunos beneficiarios pueden sorprenderse por un inconveniente: algunos planes aumentarán sus primas.

El 27 de septiembre, los CMS dijeron que, a nivel nacional, la prima promedio de los planes de medicamentos de Medicare disminuyó alrededor de $1.63 al mes —aproximadamente un 4%— respecto al año pasado.

“Las personas inscritas en un plan de la Parte D de Medicare seguirán viendo primas estables y tendrán amplias opciones de planes asequibles”, dijeron los CMS en un comunicado.

Sin embargo, encontró que “muchas aseguradoras están aumentando las primas” y que grandes aseguradoras como UnitedHealthcare y Aetna también redujeron la cantidad de planes que ofrecen.

Las propuestas iniciales de primas de muchas aseguradoras de la Parte D para 2025 . Para amortiguar el impacto del precio, la administración Biden creó lo que llama un programa de demostración para pagar a las aseguradoras $15 adicionales al mes por beneficiario si aceptaban limitar los aumentos de primas a no más de $35.

“En ausencia de esta demostración, los aumentos de primas ciertamente habrían sido mayores”, escribió Juliette Cubanski, subdirectora del Programa de Políticas de Medicare en Â鶹ŮÓÅ, en su análisis del 3 de octubre.

Casi todas las aseguradoras de la Parte D aceptaron el acuerdo. Los republicanos lo han criticado, para hacer los pagos adicionales y llamándolos una maniobra política en un año electoral.

Sea cual sea la razón, las primas están subiendo dramáticamente para algunos planes.

En el estado de Nueva York, por ejemplo, la prima del popular plan Value Script de Wellcare pasó de $3.70 mensuales a $38.70 el próximo año, un aumento de $35, más de diez veces que el costo actual.

Cubanski identificó ocho planes en California que aumentaron sus primas exactamente $35 al mes. Â鶹ŮÓÅ Health News encontró que las primas aumentaron en al menos el 70% de los planes de medicamentos ofrecidos en California, Texas y Nueva York, y en alrededor de la mitad de los planes en Florida y Pennsylvania, los cinco estados con más beneficiarios de Medicare.

Voceros de Wellcare y de su empresa matriz, Centene Corp., no respondieron a las solicitudes de comentarios. En una declaración este mes, la vicepresidenta senior de servicios clínicos y especializados de Centene, Sarah Baiocchi, dijo que Wellcare ofrecería el plan Value Script .

Además del límite de $2,000 en el gasto de medicamentos, la IRA limita los copagos de Medicare para la mayoría de los productos de insulina a no más de $35 al mes y permite que Medicare negocie directamente los precios de algunos de los medicamentos más caros directamente con las farmacéuticas.

También eliminará una de las características más frustrantes del beneficio de medicamentos, una brecha conocida como el “agujero de dona (doughnut hole)” que suspende la cobertura justo cuando las personas enfrentan crecientes costos de medicamentos, obligándolas a pagar el precio completo de las drogas de su plan de su bolsillo hasta que alcancen un umbral de gasto que cambia de un año a otro.

La ley también amplía la elegibilidad para los subsidios de “ayuda adicional” para aproximadamente 17 millones de personas de bajos ingresos en los planes de medicamentos de Medicare y aumenta el monto del subsidio. Las farmacéuticas deberán contribuir para ayudar a pagarlo.

A partir del 1 de enero, el beneficio de medicamentos rediseñado funcionará más como otras pólizas de seguro privado. La cobertura comienza después que los pacientes paguen un deducible, que no será mayor de $590 el próximo año. Algunos planes ofrecen un deducible menor o ninguno, o excluyen ciertos medicamentos, generalmente genéricos baratos, del deducible.

Después que los beneficiarios gasten $2,000 en deducibles y copagos, el resto de sus medicamentos de la Parte D serán gratuitos.

Eso se debe a que la IRA aumenta la parte de la factura asumida por las aseguradoras y las compañías farmacéuticas. La ley también intenta frenar futuros aumentos de precios de medicamentos al limitar los aumentos a la tasa de inflación al consumidor, que fue del . Si los precios suben más rápido que la inflación, las farmacéuticas deben pagar a Medicare la diferencia.

“Antes del rediseño, la Parte D incentivaba los aumentos de precios de los medicamentos”, dijo Gina Upchurch, farmacéutica y directora ejecutiva de Senior PharmAssist, una organización sin fines de lucro en Durham, Carolina del Norte, que asesora a beneficiarios de Medicare. “La forma en que está diseñada ahora coloca más obligaciones financieras en los planes y los fabricantes, presionándolos para que ayuden a controlar los precios”.

Otra disposición de la ley permite a los beneficiarios pagar los medicamentos en un plan de pago a plazos, en lugar de tener que pagar una factura abultada en un corto período de tiempo.

Las aseguradoras deben hacer los cálculos y enviar una factura mensual a los titulares de pólizas, que se ajustará si se agregan o eliminan medicamentos.

Junto con los grandes cambios introducidos por la IRA, los beneficiarios de Medicare deben prepararse para las sorpresas inevitables que surgen cuando las aseguradoras revisan sus planes para un nuevo año. Además de aumentar las primas, las aseguradoras pueden eliminar medicamentos cubiertos y eliminar farmacias, médicos u otros servicios de las redes de proveedores que los beneficiarios deben usar.

Perder la oportunidad de cambiar de plan significa que la cobertura se renovará automáticamente, incluso si cuesta más o ya no cubre los medicamentos que el afiliado necesito o sus farmacias preferidas.

La mayoría de los beneficiarios no pueden realizar ningún cambio en sus planes, o pasar a otros por fuera del período de inscripción annual, a menos que los CMS les otorgue un “”.

Sin embargo, muchos no se toman el tiempo para comparar docenas de planes que pueden cubrir diferentes medicamentos a diferentes precios en diferentes farmacias, incluso cuando el esfuerzo podría ahorrarles dinero.

En 2021, solo el 18% de los inscritos en planes de medicamentos de Medicare Advantage y el 31% de los miembros de planes de medicamentos independientes de su plan con los de los competidores, según encontraron investigadores de Â鶹ŮÓÅ.

Para obtener ayuda gratuita e imparcial para elegir un plan de medicamentos, los beneficiarios pueden comunicarse con el Programa de Asistencia Estatal de Seguros de Salud (SHIP) de su estado en o en la línea de ayuda 1-877-839-2675.

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La clínica, llamada UniMóvil, forma parte del programa Healthy Mujeres de la Facultad de Medicina de la Universidad de Texas Rio Grande Valley.

En Estados Unidos programas de salud móviles. Pero el gineco-obstetra Saúl Rivas dijo que no conocía ninguno que compartiera la misión específica de Healthy Mujeres cuando ayudó a lanzar la iniciativa en 2017.

Ahora forma parte de un pequeño pero creciente número de programas móviles destinados a aumentar el acceso de las comunidades rurales a los cuidados de salud de la mujer, incluida la anticoncepción reversible de acción prolongada.

Hay dos tipos de métodos altamente eficaces: los dispositivos intrauterinos, conocidos como DIU, y los implantes hormonales que se insertan en la parte superior del brazo. Estas opciones anticonceptivas pueden ser especialmente difíciles de obtener —o de poder retirarlas— en las zonas rurales.

“Las mujeres que quieran evitar un embarazo no deseado deben disponer de lo que más les convenga”, señaló Kelly Conroy, directora de programas móviles y de salud materna de la University of Arkansas for Medical Sciences.

La universidad va a poner en marcha este mes un programa móvil de salud femenina y anticoncepción en las zonas rurales del estado.

En las áreas rurales hay muchos menos médicos que en las zonas urbanas, incluidos los gineco-obstetras. Además, según los responsables del programa, es posible que los proveedores rurales no puedan permitirse el gasto de tener dispositivos anticonceptivos de acción prolongada, o no estén formados para administrarlos.

Las clínicas móviles de salud en las zonas rurales, pero su funcionamiento puede resultar complicado, afirmó Elizabeth Jones, directora de la Asociación Nacional de Planificación Familiar y Salud Reproductiva.

El dinero es el mayor obstáculo, dijo Jones. El programa de Texas cuesta unos $400,000 al año. Un sobre 173 clínicas móviles reveló que costaban un promedio de más de $630,000 al año. Los programas dentales móviles eran los más caros, superando el millón de dólares.

Aunque muchos programas se ponen en marcha con la ayuda de subvenciones, éstas pueden ser difíciles de mantener, sobre todo porque desde hace más de una década se ha producido una   del Título X, una fuente de dinero federal que ayuda a las personas con bajos ingresos a recibir servicios de planificación familiar.

Por ejemplo, un programa móvil de anticoncepción que prestaba servicios en las zonas rurales de Pennsylvania duró menos de tres años y terminó en 2023. Dejó de funcionar cuando perdió la financiación federal, dijo un vocero de la clínica que lo gestionaba.

Los programas móviles rurales no son tan eficaces ni rentables como las clínicas físicas. Eso se debe a que el personal tiene que viajar horas para llegar a pueblos donde probablemente verán menos pacientes de los que verían en un sitio tradicional, explicó Jones.

Según ella, las organizaciones que no pueden permitirse programas móviles pueden considerar la creación de “clínicas emergentes” en centros comunitarios y de salud que ya funcionan en las zonas rurales.

María Briones es una paciente que se ha beneficiado del programa Healthy Mujeres en el sur de Texas. Esta trabajadora de guardería, de 41 años, estaba preocupada porque no tenía su menstruación con el DIU.

Se planteó ir a México para que le retiraran el dispositivo porque pocos médicos aceptan su seguro en el lado estadounidense del Valle del Río Grande.

Pero Briones se enteró de que la UniMóvil estaba en un pueblo de Texas a unos 20 minutos de su casa. Le dijo al personal que no quería tener más hijos, pero que estaba preocupada por el DIU.

Briones decidió quedarse con el dispositivo cuando le informaron que es seguro y que es normal no tener la menstruación mientras se usa un DIU. Aunque el sistema de salud de la universidad no acepta su seguro, no le cobrarán la cita que tuvo en la clínica móvil.

“Tienen mucha paciencia y respondieron a todas mis preguntas”, contó Briones.

Los DIU y los implantes hormonales son muy eficaces y pueden durar hasta 10 años. Pero también son caros —los dispositivos pueden costar más de $1,000 sin seguro— y la inserción de un DIU puede .

A los activistas por los derechos de los pacientes también les preocupa que algunos proveedores presionen a las personas para que utilicen estos dispositivos.

que los programas éticos de control de la natalidad buscan capacitar a las pacientes para que elijan el método anticonceptivo —si lo hay— que más les conviene, en lugar de promover métodos de acción prolongada en un intento de reducir las tasas de natalidad y pobreza. Señalan la historia de la e incluso incidentes más recientes.

Por ejemplo, una la revista Time descubrió que es más probable que los médicos presionen a las mujeres afroamericanas, latinas, jóvenes y de bajos ingresos que a otras pacientes para que utilicen métodos anticonceptivos de acción prolongada, y que se nieguen a retirar los dispositivos.

Rivas aseguró que el personal de Healthy Mujeres está formado en este tema.

“Nuestro objetivo no es necesariamente colocar un DIU o unos implantes”, dijo. Buscamos “proporcionar educación y ayudar a las pacientes a tomar las mejores decisions por ellas mismas”.

David Wise, vocero de la University of Arkansas for Medical Sciences, aseguró que el personal del programa móvil de la universidad preguntará a las pacientes si quieren quedarse embarazadas en el próximo año, y apoyarán su decisión. Los programas de Arkansas y Texas también retiran los DIU y los implantes hormonales del brazo si las pacientes no están satisfechas con ellos.

La iniciativa de Arkansas visitará 14 condados rurales con cuatro vehículos del tamaño de los camiones de comida que se utilizaron en anteriores iniciativas de salud móvil. El costo del personal y los equipos se sufragarán con una subvención de $431,000 de un donante anónimo durante dos años, explicó Wise.

Además de la anticoncepción, el personal docente y los médicos residentes que trabajen en los vehículos ofrecerán revisiones de salud femenina, vacunas, atención prenatal y pruebas, y tratamiento de infecciones de transmisión sexual.

Rivas explicó que el programa de Texas se inspiró en según el cual, seis meses después de dar a luz, el 34% de las madres de Texas encuestadas afirmaban que la anticoncepción de acción prolongada era su método anticonceptivo preferido, pero sólo el 13% lo utilizaba.

“Fue cuando empezamos a pensar en como abordar esa carencia”, dijo Rivas.

Healthy Mujeres, que se financia a través de múltiples subvenciones, empezó centrándose en la anticoncepción. Más tarde se amplió a servicios como ultrasonidos durante el embarazo, pruebas de detección del cáncer de cuello uterino, y pruebas para detectar infecciones de transmisión sexual.

Aunque los programas de Texas y Arkansas pueden facturar a los seguros, también cuentan con financiación para ayudar a las pacientes sin seguro, o con seguro insuficiente, a costearse sus servicios. Ambos recurren a trabajadoras de salud comunitarias —llamadas “promotoras” en comunidades mayoritariamente hispanohablantes como el Valle del Río Grande— para poner en contacto a las pacientes con alimentos, transporte, servicios médicos adicionales y otras necesidades.

Se asocian con organizaciones en las que confía la población local, como bancos de alimentos y colegios comunitarios, que permiten que las unidades móviles se instalen en sus estacionamientos. Y para aumentar aún más la disponibilidad de anticonceptivos de acción prolongada en las zonas rurales, las universidades forman a sus estudiantes y a los proveedores locales sobre cómo insertar, retirar, y obtener el reembolso de los dispositivos.

Una de las diferencias entre los programas viene . El programa de Arkansas puede proporcionar anticonceptivos a menores sin el consentimiento de sus padres o tutores. Pero en Texas, la mayoría de los menores necesitan el consentimiento antes de recibir atención de salud.

Los activistas afirman que estas iniciativas podrían ayudar a reducir las tasas de y de en ambos estados, que son superiores al promedio nacional.

Rivas y Conroy afirmaron que sus programas no han recibido mucha oposición. Pero Rivas dijo que algunas iglesias que habían pedido que la UniMóvil visitara sus congregaciones cambiaron de opinión tras enterarse de que los servicios incluían métodos anticonceptivos.

Catherine Phillips, directora de la Respect Life Office de la diócesis católica de Arkansas, explicó que la diócesis apoya los esfuerzos para lograr la equidad en la atención de salud y que a ella personalmente le interesan los programas móviles que visitan zonas rurales como el lugar donde ella misma vive.

Pero Phillips agregó que el enfoque del programa de Arkansas en el control de la natalidad, , va en contra de de la Iglesia Católica. Ofrecer estos servicios a menores sin el consentimiento de los padres “lo hace más indignante”, dijo.

Jones señaló que, aunque estos programas tienen costos elevados y otros retos, también tienen beneficios que no pueden medirse en cifras.

“Generar confianza en la comunidad y tener un impacto en las comunidades más afectadas por las desigualdades en el acceso a la salud es algo de un valor incalculable”, afirmó.

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