El residente de Austin, de 20 años, calificó el año pasado para recibir beneficios federales de alimentos porque salió del sistema de cuidado temporal (foster care, en inglés) de Texas, al que ingresó cuando era bebé.

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria —conocido como SNAP, por sus siglas en inglés, o cupones de alimentos— ayuda a alimentar a 42 millones de personas con bajos ingresos en el país. Ahora, debido a cambios incluidos en la ley que los republicanos llaman One Big Beautiful Bill Act, Santillan-Garcia pronto podría tener que demostrar a las autoridades que está trabajando para conservar este beneficio.

Contó que perdió su último empleo por faltar al trabajo para ir al doctor para tratarse infecciones estomacales recurrentes. No tiene auto y ha solicitado empleo en supermercados, Walmart, Dollar General, “en cualquier lugar que se te ocurra” al que pueda llegar caminando o en bicicleta.

“Ningún trabajo me ha contratado”.

Según la nueva ley federal de presupuesto, más personas deben demostrar que están trabajando, haciendo voluntariado o estudiando para ser elegibles para SNAP.

Quienes no entreguen la documentación a tiempo corren el riesgo de perder la ayuda alimentaria por hasta tres años.

Al principio, se instruyó a los estados que comenzaran a contar “faltas” de los participantes a partir del 1 de noviembre, el mismo día en que millones de personas vieron suspenderse sus beneficios de SNAP por la negativa de la administración de Donald Trump a financiar el programa durante el cierre del gobierno.

Sin embargo, autoridades federales dieron marcha atrás a mitad de ese mes y dieron a los estados hasta diciembre para aplicar las nuevas reglas.

La ley también limita aún más cuándo los estados y condados con alto desempleo pueden eximir a los beneficiarios de estos requisitos. Pero una batalla legal sobre esa disposición ha generado que los plazos para cumplir con las nuevas normas varíen según el lugar donde vive la persona, incluso dentro del mismo estado en algunos casos.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) no respondió a una lista detallada de preguntas sobre cómo se implementarán las nuevas reglas de SNAP, y la Casa Blanca tampoco respondió a un pedido de comentarios sobre si estas reglas podrían dejar fuera del programa a personas que dependen de él.

La ley sí extendió exenciones para muchos integrantes de pueblos nativos americanos.

Aun así, los estados deben cumplir con las nuevas reglas o enfrentar sanciones que podrían obligarlos a cubrir una parte mayor del costo del programa, que el año pasado fue de aproximadamente $100.000 millones.

El presidente Trump firmó esta enorme ley presupuestaria, junto con los nuevos requisitos de SNAP, el 4 de julio. Según Chloe Green, subdirectora de la Asociación Estadounidense de Servicios Humanos Públicos (American Public Human Services Association), que asesora a los estados en programas federales, los estados inicialmente estimaron que necesitarían al menos 12 meses para aplicar cambios de tal magnitud.

Según la ley, las personas “capaces de trabajar” que están sujetas a requisitos laborales pueden perder el acceso a los beneficios por tres años si pasan tres meses sin presentar documentación que demuestra sus horas trabajadas.

Dependiendo de cuándo los estados apliquen las reglas, muchas personas podrían comenzar a ser excluidas del programa a principios del próximo año, dijo Lauren Bauer, investigadora en estudios económicos del centro de análisis Brookings Institution. Se espera que los cambios dejen al menos a 2,4 millones de personas fuera de SNAP durante la próxima década, según la .

“Es muy difícil trabajar si tienes hambre”, sentenció Bauer.

Muchos adultos beneficiarios de SNAP menores de 55 años ya tenían que cumplir con requisitos de trabajo antes de que se promulgara la ley presupuestaria.

Ahora, por primera vez, los que tengan entre 55 y 64 años, y los padres cuyos hijos tengan 14 años o más deben documentar al menos 80 horas mensuales de trabajo o de otras actividades válidas.

La nueva ley también elimina exenciones que desde 2023 se aplicaban a veteranos, personas sin vivienda y jóvenes que salieron del sistema de cuidado temporal, como Santillan-Garcia.

Políticos republicanos han dicho que estas nuevas reglas forman parte de un esfuerzo más amplio para eliminar el despilfarro, el fraude y el abuso en los programas de asistencia pública.

La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, dijo en noviembre que, además de aplicar la ley, requerirá que millones de personas vuelvan a solicitar los beneficios para reducir el fraude, aunque no dio más detalles. En , Rollins afirmó que quiere asegurarse de que los beneficios de SNAP lleguen solo a quienes son “vulnerables” y “no pueden sobrevivir sin ellos”.

Green explicó que los estados están obligados a notificar a las personas que estarán sujetas a cambios en sus beneficios antes de que se los corten. Algunos estados han anunciado los cambios en sus sitios web o por correo, pero muchos no están dando suficiente tiempo para que los beneficiarios se pongan al día.

Defensores contra el hambre temen que los cambios, y la confusión que generan, aumenten el número de personas que enfrentan inseguridad alimentaria. Este año, los bancos de alimentos han reportado cifras récord de personas en busca de ayuda.

Incluso cuando cumplen con los requisitos laborales, muchas personas enfrentan dificultades para subir documentos y hacer que los estados procesen sus beneficios a través de sistemas saturados.

En , alrededor de 1 de cada 8 adultos dijo haber perdido los beneficios alimentarios por problemas al entregar la documentación. Algunos fueron dados de baja por errores del estado o por falta de personal.

Pat Scott, trabajadora comunitaria del Centro de Asistencia de Recursos Beaverhead, en la zona rural de Dillon, en Montana, es la única persona en al menos una hora de distancia conduciendo que ayuda a la población a acceder a asistencia pública, incluidos adultos mayores sin transporte confiable. Pero el centro solo abre una vez por semana, y Scott afirma que ha visto a personas perder la cobertura por problemas con el portal estatal en internet.

Jon Ebelt, vocero del Departamento de Salud de Montana, dijo que el estado trabaja continuamente para mejorar sus programas. Agregó que, si bien algunas reglas han cambiado, ya existe un sistema para reportar el cumplimiento de los requisitos laborales.

En Missoula, Montana, Jill Bonny, directora del albergue Poverello Center, explicó que sus clientes sin techo ya enfrentan grandes desafíos para solicitar ayuda: con frecuencia pierden sus documentos en medio del reto diario de cargar con todas sus pertenencias.

Bonny dijo que también le preocupa que los cambios federales puedan llevar a más personas mayores a quedarse sin hogar si pierden los beneficios de SNAP y tienen que elegir entre pagar la renta o comprar comida.

En Estados Unidos, las personas de 50 años o más son dentro de la población sin vivienda, según datos federales.

Sharon Cornu, directora ejecutiva del St. Mary’s Center, una organización que apoya a adultos mayores sin hogar en Oakland, California, afirmó que las nuevas reglas están generando desconfianza. “Esto no es normal. No estamos jugando con las reglas de siempre”, dijo Cornu sobre los cambios federales. “Es una medida punitiva y malintencionada”.

A principios de noviembre, un juez federal en Rhode Island ordenó al gobierno de Trump entregar los pagos completos de SNAP durante el cierre del gobierno, que terminó el 12 de noviembre.

Ese mismo juez intentó frenar algunos de los nuevos requisitos laborales. Ordenó al gobierno respetar los acuerdos existentes que eximen del requisito de trabajo a ciertas personas en algunos estados y condados hasta que finalicen dichos acuerdos. En total, 28 estados y el Distrito de Columbia tenían estas exenciones, con fechas de finalización distintas.

Para complicar aún más la situación, algunos estados, como Nuevo México, tienen exenciones que hacen que personas en diferentes condados deban cumplir las reglas en distintos momentos.

Green explicó que si los estados no documentan adecuadamente el estatus laboral de los beneficiarios de SNAP, se les forzará a pagar después. Según la nueva ley, por primera vez los estados deben cubrir una parte del costo de los alimentos, y el monto dependerá de qué tan bien calculen los beneficios.

Durante el cierredel gobierno, cuando nadie recibió beneficios de SNAP, Santillan-Garcia y su novia dependieron de tarjetas de regalo de supermercados que les dio una organización sin fines de lucro para alimentar al bebé de su novia. Para comer ellos, recurrieron a un banco de alimentos, aunque muchos productos, como los lácteos, le hacen daño a Santillan-Garcia.

Le preocupa que en febrero vuelva a estar en la misma situación cuando tenga que renovar sus beneficios —ya sin la exención para jóvenes que salieron del sistema de cuidado temporal—. Las autoridades de Texas aún no le informan qué deberá hacer para seguir recibiendo SNAP.

Santillan-Garcia dijo que reza para que, si no logra encontrar trabajo, pueda encontrar otra forma de seguir cumpliendo los requisitos y mantener sus beneficios.

“Probablemente me los van a quitar”, dijo.

Lo que debes saber

Los cambios en SNAP eliminaron las exenciones a los requisitos laborales para:

• Personas de entre 55 y 64 años
• Cuidadores de menores de 14 años en adelante
• Veteranos
• Personas sin vivienda
• Jóvenes de hasta 24 años que salieron del sistema de cuidado temporal

Qué deben hacer los beneficiarios de SNAP

• Consultar con organizaciones de asistencia pública para saber cuándo entran en vigencia las nuevas reglas en su región. Es posible que las revisen al momento de recertificar, pero podrían pedirle cumplir con los requisitos laborales mensuales mucho antes.
• Informar a su estado si está a cargo de un menor de 14 años que vive en su hogar; está embarazada; estudia al menos medio tiempo; asiste a un programa de tratamiento de alcohol o drogas; tiene una condición física o mental que le impide trabajar; es una persona indígena; o cuida a un miembro del hogar incapacitado. Si cumple con alguno de estos criterios, podría seguir estando exento.

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Wilson, de 81 años, jubilada que trabajó como supervisora de enfermería del departamento de salud pública en el condado de Duval durante 35 años, acababa de ser diagnosticada con neumonía inducida por COVID-19.

Era su cita de telemedicina y al otro lado de la pantalla estaba el doctor Rogers Cain, quien dirige una pequeña clínica familiar en el norte de Jacksonville, un área predominantemente de raza negra donde el coronavirus está impactando fuerte. Cain ya había atendido virtualmente a siete pacientes con COVID durante la mañana.

Cain y Wilson están nerviosos. Durante años, ambos fueron testigos de como el departamento de salud del condado se quedaba sin dinero y personal, lo que fue dificultando la capacidad de Duval para responder a brotes.

Y ahora enfrentan a COVID-19 en uno de los estados que lidera el alza de casos en los Estados Unidos.

Florida es tanto un microcosmos como una advertencia para el país. A medida que la nación , la dotación de personal y los fondos cayeron más rápidamente en este estado, dejándolo especialmente desprotegido para la peor crisis de salud en un siglo.

Aunque la población de Florida creció en 2,4 millones desde 2010, el estado redujo drásticamente la dotación de personal de sus departamentos de salud locales, de 12,422 trabajadores de tiempo completo a 9,125 en 2019, según observó una investigación conjunta de KHN y The Associated Press.

Los departamentos de salud locales, administrados por el estado, gastaron un 41% menos por residente en 2019 comparado con 2010, según un análisis de datos estatales, cayendo de $57 a $34. Los departamentos de todo el país también han recortado gasto, pero menos de la mitad, según datos de la Asociación Nacional de Funcionarios de Salud del Condado y la Ciudad.

Incluso antes que iniciara la pandemia, ya había menos investigadores disponibles para rastrear y contener enfermedades como la hepatitis. Cuando la ola de COVID-19 inundó Florida, sus principales líneas de defensa ya habían sido diezmadas.

Ahora, los casos confirmados han superado los 588.000 y las muertes superaron las 10.000. La preocupación por el virus hizo que los republicanos cancelaran los planes para la convención nacional en persona en Jacksonville, esta semana.

Expertos en salud culpan por los recortes de fondos a la Gran Recesión y a una serie de gobernadores que quisieron transferir los servicios estatales financiados con fondos públicos a empresas con fines de lucro.

Y, dicen que, cuando la pandemia recrudeció, el gobernador republicano Ron DeSantis y otros líderes políticos enviaron mensajes contradictorios sobre estrategias de prevención como el uso de máscaras. Las voces dentro de los departamentos de salud estaban amordazadas.

“Lamentablemente, la realidad es que la gente va a morir por la irresponsabilidad de las decisiones que toman las personas que elaboran los presupuestos”, dijo , presidente de la , una organización sin fines de lucro en Washington, DC, que ofrece recursos y formación para mejorar la salud pública.

Los funcionarios estatales no respondieron a preguntas específicas de The Associated Press y KHN sobre cambios en la financiación de la salud pública, ni pusieron a disposición personal para explicaciones más profundas.

El , ex subsecretario del departamento de salud del estado de Florida, dijo que no prepararse para un desastre previsible “es negligencia gubernamental”.

Dado que el virus no respeta fronteras, otros estados sienten los efectos de las fallas de Florida.

A pesar de un movimiento hacia la privatización en la década de 1990, el gasto por persona en salud pública local fue aumentando, alcanzando un máximo de $59 cifra ajustada por la inflación al dólar de 2019.

Beitsch dijo que la tendencia a disminuir continuó bajo los ex gobernadores republicanos Charlie Crist y Rick Scott, impulsada por una creciente creencia en la contracción del gobierno. Scott, ahora senador nacional, dijo a través de un vocero que no se disculpaba por los recortes del departamento de salud, a los que caracterizó como acciones para “que el gobierno fuera más eficiente”.

La capacidad de manejar los brotes de enfermedades se ha visto obstaculizada en algunas comunidades de Florida más que en otras debido a esta reducción.

Los departamentos que atienden al menos a medio millón de residentes gastaron solo $29 en salud pública por persona en promedio en 2019, en comparación con $90 por persona en aquellos que atienden a 50,000 o menos, una diferencia más marcada que la brecha típica entre departamentos más grandes y más pequeños a nivel nacional, según el análisis de KHN-AP.

El gasto del departamento de salud del condado de Duval fue el equivalente a $34 por persona, un 63% menos que en 2008. Por lo general, alrededor de 22 trabajadores, o el 5% del personal total, se han dedicado a prepararse y rastrear brotes de enfermedades.

“Los acontecimientos actuales demuestran qué malas fueron las decisiones de realizar profundos recortes a la salud pública”, dijo la doctora Marissa Levine, profesora de salud pública y medicina familiar en la Universidad del Sur de Florida. “Realmente han regresado para vengarse”.

Florida tiene ahora más de medio millón de casos de COVID y 35,000 hospitalizaciones. Aunque DeSantis todavía no ha emitido un mandato de usar máscaras faciales, algunos gobiernos locales, como el de Jacksonville, sí lo han hecho.

Chad Neilsen, director de prevención de infecciones en la Universidad de Florida-Jacksonville, elogió al alcalde de la ciudad por el requisito de usar cubrebocas, pero señaló que otros condados tienen reglas diferentes y que el mensaje inconsistente genera confusión.

“Tenemos que tener una sola voz y un liderazgo constante si queremos que la gente cambie su comportamiento”, dijo el doctor Jonathan Kantor, epidemiólogo y dermatólogo de Jacksonville.

En cambio, expertos en Florida dijeron que los trabajadores de salud pública han sido silenciados o los altos funcionarios estatales les han indicado qué decir. A los funcionarios de salud locales “se les dice sin rodeos: ‘Cállate'”, dijo Patrick Bernet, profesor asociado de administración de salud en la Florida Atlantic University. “Literalmente, no pueden hablar”.

Beitsch, quien ahora preside el departamento de ciencias del comportamiento y medicina social en la Universidad Estatal de Florida, dijo que esto, y una dinámica similar a nivel nacional, alimenta la politización de la salud pública y el debilitamiento de la ciencia.

Mientras tanto, el número de casos de COVID aumenta.

Con un sistema de salud pública que no está equipado, Wilson, la enfermera de salud pública jubilada, dijo que es responsabilidad de todos sacar a Jacksonville, y a Florida, de la crisis.

“Mi esperanza es que todos comiencen a tomarse este virus en serio, usen su máscara y mantengan el distanciamiento social”, dijo Wilson, cuya condición ha mejorado. “Eventualmente habrá una vacuna. Pero hasta entonces, depende de nosotros ayudar. Y si no lo tomamos en serio, estamos condenados”.

Dearen es reportero de The Associated Press, y Ungar y Recht son reporteras de KHN.

Esta historia es una colaboración entre The Associated Press y KHN, un servicio de noticias sin fines de lucro que cubre temas de salud. Es un programa editorialmente independiente de la Kaiser Family Foundation que no está afiliado a Kaiser Permanente.

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Sus hijas, Carrie, de 55 años, y Kristy Madden, de 60, usan sillas de ruedas y necesitan un segundo cuidador que las ayude en su vida diaria.

Pero ese apoyo crítico para el cuidado, además de otros beneficios de atención médica para millones de californianos, podrían reducirse para ayudar a cubrir el enorme déficit presupuestario provocado por el coronavirus.

El gobernador de California, Gavin Newsom, ha propuesto recortes presupuestarios drásticos a los programas de salud pública, incluyendo Medi-Cal, el programa de Medicaid de California para personas de bajos ingresos, cuando se espera un aumento de inscripciones debido a la pérdida récord de empleos por culpa de la pandemia.

Los expertos temen que estos recortes puedan poner en peligro los miles de millones de dólares en fondos federales de emergencia para la salud asignados a California.

“Entiendo que hay una pandemia y que la situación es mala y que todo el mundo sufre”, dijo Carrie Madden de Chatsworth, California. Carrie y su hermana padecen distrofia muscular y su madre ha sobrevivido a un ataque al corazón mientras lucha contra la demencia.

Los temores de Madden se ven agravados por la crisis de COVID-19, que ha afectado con más fuerza a los mayores y a quienes tienen enfermedades crónicas. No quiere que su madre, su hermana o ella misma terminen en una residencia o en cualquier centro de cuidados a largo plazo, que son los lugares con más brotes.

“Este es el enfoque equivocado”, señaló. “Hará que las personas discapacitadas terminen en residencias para mayores”.

En todo el país, los estados consideran recortes a Medicaid para equilibrar sus presupuestos. En parte porque la salud suele ser la mayor parte del gasto estatal, después de la educación.

También proyectan que más gente se inscribirá en el programa de salud pública, a medida que el número de estadounidenses desempleados alcance niveles astronómicos. Más de 20 millones de estadounidenses solicitaron el en abril, elevando la tasa de personas sin trabajo al 14,7%, la peor desde la Gran Depresión de la década de 1930.

aprobó recortes a Medicaid que entrarán en vigor cuando termine la emergencia federal, mientras que ha dado instrucciones a todas sus agencias para reducir el gasto en un 14%.

En California, donde casi 2,9 millones de personas han solicitado en los últimos dos meses, Newsom describió los recortes propuestos como “prudentes” y “estratégicos”, un giro enorme a los que dio a conocer a principios de este año para ampliar la atención médica a algunos de los residentes más necesitados.

Para hacer frente a un déficit estimado de $54 mil millones en el presupuesto estatal 2020-21, Newsom propone un recorte de $205 millones —una reducción del 7% en las horas de los cuidadores— al programa de Servicios de Apoyo en el Hogar del que dependen los Maddens.

El programa, financiado principalmente por Medi-Cal, paga a los cuidadores para dar de comer a las personas que necesitan ayuda para vivir de forma independiente, lavar su ropa, bañarlos, administrarles tratamientos médicos y mantener su hogar limpio.

de los otros recortes es larga: reducirá o eliminará programas que permiten a los mayores de bajos ingresos y a los discapacitados vivir en su propio hogar, como la atención médica diurna y el apoyo de los trabajadores sociales.

Propone facilitar al estado el cobro del de los fallecidos, mayores de 55 años, y afiliados a Medi-Cal, por una amplia gama de gastos médicos a través del controvertido ““. Sugiere que se reinstauren para que algunas personas mayores y las que tengan discapacidades puedan tener derecho a Medi-Cal gratuito.

Y ha pedido a los legisladores que eliminen $54,7 millones en beneficios “opcionales” de Medi-Cal, como la atención de podología para adultos, gafas, terapia del habla y exámenes de audición; beneficios que los mismos legisladores restauraron recientemente después de recortarlos durante la última recesión.

“No son beneficios opcionales para una persona que ha sufrido un derrame cerebral o necesita dientes para comer”, explicó Tricia Berke Vinson, una abogada de la Sociedad de Ayuda Legal del condado de San Mateo.

“Entiendo que estamos en una crisis presupuestaria”, añadió. “Pero no creo que se pueda equilibrar a costa de adultos mayores y enfermos”.

Médicos, dentistas y otros proveedores de atención de salud que tratan a pacientes de Medi-Cal también podrían perder $1,200 millones en pagos suplementarios que se derivan de la Propuesta 56, un impuesto sobre el tabaco que los votantes aprobaron en 2016.

La propuesta del gobernador demócrata incluye un “detonante” automático para eliminar los recortes si el estado obtiene más dólares federales para la crisis de la COVID, trasladando la responsabilidad al Congreso para negociar otro paquete de estímulo.

No se sabe si los legisladores aceptarán los enormes recortes a Medi-Cal que el gobernador ha propuesto. Por ejemplo, el plan del Senado estatal preserva la financiación de Medi-Cal y supone que el Congreso aprobará otro proyecto de ley de estímulo.

Ambas cámaras de la legislatura deben llegar a un acuerdo y presentar su versión del presupuesto al gobernador antes del 15 de junio.

“Salvar estos programas es salvar vidas y ahorrar dinero”, indicó el legisador Jim Wood (demócrata de Santa Rosa), presidente del Comité de Salud de la Asamblea. “Corten estos programas y los costos aumentarán y se perderán vidas”.

Tanto los expertos como algunos legisladores temen que el enfoque de Newsom pueda poner en peligro los miles de millones de dólares, en fondos federales de emergencia para la salud, que ya están asignados a California.

Los estados que abandonan a los inscritos en Medicaid, o reducen sus beneficios, corren el riesgo de perder los de salud adicionales autorizados por el Congreso esta primavera, expresó Edwin Park, experto en Medicaid y profesor de la Escuela McCourt de Política Pública de la Universidad de Georgetown.

“El gobierno federal ha dicho que no se puede reducir la elegibilidad ni cancelar o recortar los beneficios”, dijo Park, y señaló que los legisladores de Nueva York retrasaron los recortes de Medicaid del estado hasta después de que terminara la emergencia federal, para asegurarse de que recibirán la ayuda federal ahora.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid no respondieron a las solicitudes de comentarios.  publicada en su sitio web sugiere que los estados deben mantener intactos los programas de Medicaid.

Se espera que California reciba $5.1 mil millones en fondos federales adicionales para Medi-Cal hasta el 30 de junio de 2021, según el presupuesto que Newsom hizo público a mediados de mayo.

La administración Newsom no cree que los recortes presupuestarios de Medi-Cal le cuesten al estado el dinero federal adicional ya aprobado por el Congreso.

“Nunca hay una garantía hasta que hablemos con el gobierno federal. Así que hasta entonces, es difícil decir qué se va a hacer a nivel federal”, dijo Yang Lee, analista del Departamento de Finanzas del estado.

La administración Newsom calcula que unos dos millones de californianos se inscribirán en Medi-Cal para julio como resultado de la pandemia, lo que eleva la inscripción en el programa a 14.5 millones, más de un tercio de todos los californianos.

La administración estima $3,100 millones en gastos adicionales para cubrir a los nuevos inscritos. La Legislative Analyst’s Office cree que esa cifra representa un exceso de $750 millones, en parte porque los nuevos inscritos serán principalmente personas más jóvenes y saludables que no necesitan tanta atención como los mayores de bajos ingresos y las personas con discapacidades.

Para muchos de los inscritos, las propuestas de Newsom recortarían múltiples beneficios.

Cynde Soto, de 63 años, dijo que se sintió como si “alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago” cuando supo que el plan del gobernador recortaría el presupuesto de los Servicios de Apoyo en el Hogar. Esta residente de Long Beach, que es tetrapléjica,  teme que los recortes del estado la obliguen a ir a una residencia de mayores. Además, teme perder la atención dental y de visión de Medi-Cal si se aprueban los otros recortes de Newsom.

“Es una pesadilla. No sé qué voy a hacer”, comentó Soto. “¿Por qué siempre somos los primeros a los que golpean?”.

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Newsom escuchó las voces de alarma de los condados de Sacramento, Placer, Santa Barbara y Stanislaus, que que el plan del gobernador comprometería su capacidad para hacer frente a las crecientes tasas de enfermedades de transmisión sexual (ETS) y, en algunos casos, brotes de sarampión.

“Luego de escucharlos, la Administración ha reevaluado esta propuesta debido a los posibles impactos negativos para las actividades de salud pública en estos condados”, escribió Vivek Viswanathan, subdirector del Departamento de Finanzas del estado a los presidentes de la Asamblea estatal y del comité de presupuesto del Senado.

El condado de Sacramento, por ejemplo, estima que habría perdido aproximadamente $7.5 millones destinados a la operación de su clínica de ETS y al pago a los oficiales de salud que investigan brotes de enfermedades contagiosas. Advirtió que, sin el dinero, tendría que cerrar la clínica y cortar sus propios servicios de salud para inmigrantes indocumentados de todas las edades.

“El dinero que se está destinando de nuevo a la salud pública hace una gran diferencia, especialmente en un momento en que tenemos sarampión”, dijo el doctor Peter Beilenson, director de Servicios de Salud del condado de Sacramento. “Estamos encantados. Es algo muy bueno para los pacientes que estamos atendiendo”.

Este año, se han confirmado 44 casos de sarampión en California hasta el 8 de mayo, tres de ellos en Sacramento. Los funcionarios de salud pública también están luchando para abordar las tasas récord de enfermedades de transmisión sexual, con más de 300,000 casos de gonorrea, clamidia y sífilis registrados en California en 2017.

El jueves 9 de mayo, cuando Newsom dio a conocer su presupuesto, uno que aún incluía el plan para derivar dinero de los cuatro condados, dijo que el costo de cubrir a la población joven sin papeles en 2019-2020 sería menos de lo calculado: debido a que la implementación tardado seis meses, habría costado un estimado de $98 millones en vez del cálculo inicial de $260 millones. El número de personas que se espera que se inscriban también se ha reducido de 138,000 a 106,000.

Pero este cambio con no significa que Newsom dejará sin atención a los indocumentados. Como se gastará menos, el dinero que la gobernación necesite lo tomará de un fondo especial de reserva del presupuesto estatal, dijo H.D. Palmer, vocero del Departamento de Finanzas.

Newsom aún planea derivar dinero estatal de 35 condados, en su mayoría pequeños y rurales, fondos que actualmente pagan por servicios de salud para residentes sin seguro, incluidos inmigrantes indocumentados, dijo Palmer.

Esos condados participan en el Programa de Servicios Médicos del Condado, que tiene un superávit presupuestario de $300 millones, notificó Newsom en su informe de presupuesto.

“Eso es más que suficiente para abordar sus problemas”, dijo Newsom.

También señaló que su presupuesto incluye $40 millones para combatir enfermedades infecciosas.

Los legisladores están elaborando sus propias propuestas de presupuesto y han realizado decenas de audiencias en las que se examina el plan de Newsom. El gobernador y los legisladores tienen hasta el 15 de junio para negociar un presupuesto final, por lo que aún no está claro qué propuestas se incluirán.

El condado de Placer, que reportó tres casos de sarampión este año, elogió el cambio de actitud de Newsom.

“Aprecio que el gobernador escuche algunos de los posibles impactos que podría tener en la salud pública y que se dé cuenta de que, en este momento en California, debemos estar haciendo inversiones”, dijo Jeff Brown, director del Departamento de Salud y Servicios Humanos del condado de Placer.

Esta historia de KHN fue publicada primero por , un servicio de la .

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California sería el segundo estado, después de Hawaii, en establecer un tope para el ingrediente que previamente se usaba en pesticidas y disolventes industriales conocido como TCP (1,2,3-tricloropropano) en el agua potable. El compuesto químico, identificado en California como un , ya no se usa en gran cantidad, pero se ha filtrado a lo largo de los años en muchos pozos y embalses en California y otros estados.

La propuesta de la Junta de Control de Recursos Hídricos del Estado de California establecería la cantidad máxima permitida de TCP en el agua potable pública en cinco partes por trillón, el nivel más bajo que los sistemas de filtración existentes pueden detectar de manera confiable y muy inferior al de Hawaii.

“Es una prioridad para la junta estatal”, dijo Andrew DiLuccia, el portavoz de la junta.

El TCP daña los sistemas de agua que sirven a casi un millón de personas desde Sacramento a San Diego, según la . De acuerdo a los datos de 2016, el compuesto está presente a niveles por encima del límite propuesto en pertenecientes a 94 sistemas públicos de agua. Estos números no incluyen pozos privados.

Citando datos federales, el (EWG), una organización de defensa con sede en Washington, D.C., dice que este químico también se ha detectado en el suministro de agua de una docena de otros estados, incluyendo Nueva York, Pennsylvania y Nueva Jersey, así como Puerto Rico. El grupo dijo que el grado de contaminación es probablemente subestimado porque las pruebas federales usaron un tope de contaminación mucho más alto que el de California. El gobierno federal no ha establecido restricciones al TCP en el agua potable.

Una vez que el TCP entra en el agua subterránea, “persiste durante siglos”, según el informe de abril del EWG.

En California, hay contaminación en muchas áreas urbanas, incluyendo los condados de Los Ángeles, San Bernardino y San Mateo. Aunque se desconoce el origen en esas regiones más pobladas, se cree que la contaminación proviene de .

“Los Ángeles tiene un poco de contaminación”, dijo Andria Ventura, gerente de programas de tóxicos para el grupo de defensa ambiental Clean Water Action. “Es difícil para los proveedores de agua determinar de dónde proviene”.

Pero la contaminación de TCP más grave y generalizada de California se encuentra en los condados agrícolas de Central Valley, donde el químico era un ingrediente en los fumigantes para suelo vendidos por las compañías Shell Oil y Dow Chemical desde por lo menos los años 50 hasta la década de los 80.

Durante ese período, los agricultores que cultivaban papas, remolacha y otros vegetales usaban fumigantes para matar unos minúsculos gusanos llamados nematodos, que habitaban el suelo. Decenas de municipios y proveedores públicos de agua en todo el estado han presentado demandas contra Shell y Dow, alegando que las compañías sabían, o debieron haber sabido, que el TCP en sus pesticidas para fumigar suelo migraría a las aguas subterráneas y representaría un grave peligro para la salud.

Shell y Dow han negado las irregularidades. Shell dejó de vender su producto, conocido como D-D, a mediados de los ochenta. Al mismo tiempo, Dow optó por reformular su fumigante, conocido como Telone, tras lo cual el TCP bajó a niveles “generalmente indetectables”, según Jarrod Erpelding, portavoz de la compañía. Se negó a comentar más, citando los litigios pendientes.

Shell envió una respuesta por correo electrónico: “El antiguo producto agrícola de Shell, fabricado por última vez hace más de 30 años, contenía trazas de 1,2,3 tricloropropano (TCP). Se usó para controlar gusanos microscópicos que atacaban los cultivos causando a los agricultores pérdidas de millones de dólares en cultivos cada año y fue aprobado para su uso por el gobierno de los Estados Unidos y el estado de California”.

Defensores del medio ambiente dicen que la adopción de un límite regulatorio para el TCP es un paso crucial para ayudar a que los distritos de agua rurales con escasez de dinero, paguen por la limpieza de su agua potable.

“Permite que los distritos sean muy específicos al ir a la corte y decirle al juez, ‘Vamos a necesitar exactamente esta cantidad de dinero para comprar este tipo de sistema para cumplir con los estándares estatales'”, dijo Bill Walker, director del Grupo de Trabajo Ambiental y coautor del informe sobre el papel de Shell y Dow en el problema del TCP en el agua potable en California.

“No hay garantía de que ganen”, dijo, “pero aumenta su influencia”.

En una audiencia pública el 19 de abril, los miembros de la junta del agua escucharon testimonios y recibieron comentarios por escrito sobre el límite propuesto. Ahora, la junta está revisando la información que recibió y probablemente votará el plan este verano, dijo DiLuccia.

La regulación requeriría que las compañías de agua analicen el TCP en sus suministros y que lo retiren de cualquier fuente pública de agua potable que exceda el límite, a partir de 2018.

El límite propuesto es más estricto que el de Hawaii porque ayudará a California a cumplir con su “meta de salud pública” para el TCP establecida en 2009, dijeron las autoridades.

Aunque es difícil saber cuánto tiempo podría durar la limpieza de California, el costo de las pruebas de TCP y su posterior limpieza podría alcanzar un gasto de casi $500 millones en 20 años, de acuerdo con una estimación de la junta.

La contaminación de TCP “afecta de manera desproporcionada a las comunidades pobres y a las comunidades de color”, dijo Jenny Rempel, del Community Water Centre, un grupo de defensa de Visalia, California. “Este es un problema donde el costo no debe ser cubierto por los contribuyentes”.

Todd E. Robins, abogado de San Francisco que representa a más de dos docenas de proveedores de agua que están demandando a Shell y Dow, argumenta que las compañías incluyeron TCP en sus pesticidas para matar gusanos para deshacerse del compuesto sin tener que pagar por una eliminación adecuada. Era un derivado de procesos de manufactura no relacionados y, según las demandas, no jugó ningún papel en matar a los gusanos que dañaban las plantas.

“El TCP que encontramos hoy en las aguas subterráneas es el resultado del uso pasado de fumigantes para suelo que contenían TCP como un ingrediente innecesario”, dijo Robins. “En lugar de pagar por los costos de eliminación de residuos, consiguieron que los agricultores pagaran por ellos”.

“La parte más triste de la historia”, agregó Robins, “es que el ingrediente activo real se rompe en el suelo después de una cuestión de días y rara vez se ha detectado en el agua subterránea de alguien”.

Una de las demandas presentadas por Robins, en nombre del Distrito de Servicio Comunitario de Del Rey, en el condado de Fresno, dice que las compañías sabían que podían eliminar o reducir la cantidad de TCP en sus pesticidas sin comprometer su efectividad, pero no lo hicieron.

La denuncia llama al TCP un “residuo peligroso”, un subproducto creado en la fabricación de un producto químico diferente, el cloruro de alilo, que Shell y Dow utilizan para fabricar plásticos y otros productos comerciales.

Un memorando interno de Shell descubierto en el litigio de Robins cita en ahorros por “evitar gastos por eliminación de residuos” relacionado con las operaciones de cloruro de alilo. El memo está fechado el 20 de enero de 1983, un año antes de que la compañía dejara de producir el pesticida con TCP.

Además de los casos pendientes, que también nombran a los distribuidores y vendedores como demandados, Robins dijo que ha resuelto ocho casos contra Shell y Dow desde 2010. Dijo que no puede revelar las cantidades debido a los acuerdos de confidencialidad.

En diciembre pasado, en un caso liderado por otro abogado, un jurado del Tribunal Superior de Fresno otorgó a la ciudad de Clovis contra Shell para limpiar su agua potable contaminada con TCP.

En 2010, en un caso presentado por la ciudad de Redlands, Shell ganó. La empresa argumentó que una planta aeroespacial cercana era la fuente de la toxina. Por otra parte, los pozos en cuestión se utilizaron para el riego, y el jurado no creyó que alguna vez se utilicen para agua potable.

A medida que avanzan los juicios, algunos residentes de California hacen lo que pueden para protestar contra los químicos tóxicos en su suministro de agua. Bartolo Chávez, de 57 años, tomó unos días en su trabajo en una casa de envasado de jugos para testificar en la reciente audiencia en Sacramento.

“Hablamos de los contaminantes y del peligro”, dijo Chávez, quien ha vivido 21 años en la ciudad de Arvin, California, en Central Valley. “Y (a lo que) estamos expuestos”.

Dijo que obtiene fichas del distrito de agua para obtener agua pura filtrada, no sólo por el TCP sino por otros contaminantes, como el arsénico y el cromo-6.

“Pero las fichas no son suficientes”, dijo Chávez, hablando en español con ayuda de un intérprete. “Así que, además, compramos agua embotellada en Costco”.

Chávez y su esposa, quien trabaja en un hotel, pagan alrededor de $50 al mes por esa agua, un precio que, dicen, apenas pueden cubrir. Pero dejar Arvin tampoco es una opción, dijo Chávez.

“He pensado en mudarme, pero no es tan fácil encontrar trabajo en otros lugares, especialmente cuando eres mayor”, dijo. “Nuestra casa ya casi está pagada, y mudarnos sería empezar de nuevo, así que es casi imposible”.

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El residente de Austin, de 20 años, calificó el año pasado para recibir beneficios federales de alimentos porque salió del sistema de cuidado temporal (foster care, en inglés) de Texas, al que ingresó cuando era bebé.

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria —conocido como SNAP, por sus siglas en inglés, o cupones de alimentos— ayuda a alimentar a 42 millones de personas con bajos ingresos en el país. Ahora, debido a cambios incluidos en la ley que los republicanos llaman One Big Beautiful Bill Act, Santillan-Garcia pronto podría tener que demostrar a las autoridades que está trabajando para conservar este beneficio.

Contó que perdió su último empleo por faltar al trabajo para ir al doctor para tratarse infecciones estomacales recurrentes. No tiene auto y ha solicitado empleo en supermercados, Walmart, Dollar General, “en cualquier lugar que se te ocurra” al que pueda llegar caminando o en bicicleta.

“Ningún trabajo me ha contratado”.

Según la nueva ley federal de presupuesto, más personas deben demostrar que están trabajando, haciendo voluntariado o estudiando para ser elegibles para SNAP.

Quienes no entreguen la documentación a tiempo corren el riesgo de perder la ayuda alimentaria por hasta tres años.

Al principio, se instruyó a los estados que comenzaran a contar “faltas” de los participantes a partir del 1 de noviembre, el mismo día en que millones de personas vieron suspenderse sus beneficios de SNAP por la negativa de la administración de Donald Trump a financiar el programa durante el cierre del gobierno.

Sin embargo, autoridades federales dieron marcha atrás a mitad de ese mes y dieron a los estados hasta diciembre para aplicar las nuevas reglas.

La ley también limita aún más cuándo los estados y condados con alto desempleo pueden eximir a los beneficiarios de estos requisitos. Pero una batalla legal sobre esa disposición ha generado que los plazos para cumplir con las nuevas normas varíen según el lugar donde vive la persona, incluso dentro del mismo estado en algunos casos.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) no respondió a una lista detallada de preguntas sobre cómo se implementarán las nuevas reglas de SNAP, y la Casa Blanca tampoco respondió a un pedido de comentarios sobre si estas reglas podrían dejar fuera del programa a personas que dependen de él.

La ley sí extendió exenciones para muchos integrantes de pueblos nativos americanos.

Aun así, los estados deben cumplir con las nuevas reglas o enfrentar sanciones que podrían obligarlos a cubrir una parte mayor del costo del programa, que el año pasado fue de aproximadamente $100.000 millones.

El presidente Trump firmó esta enorme ley presupuestaria, junto con los nuevos requisitos de SNAP, el 4 de julio. Según Chloe Green, subdirectora de la Asociación Estadounidense de Servicios Humanos Públicos (American Public Human Services Association), que asesora a los estados en programas federales, los estados inicialmente estimaron que necesitarían al menos 12 meses para aplicar cambios de tal magnitud.

Según la ley, las personas “capaces de trabajar” que están sujetas a requisitos laborales pueden perder el acceso a los beneficios por tres años si pasan tres meses sin presentar documentación que demuestra sus horas trabajadas.

Dependiendo de cuándo los estados apliquen las reglas, muchas personas podrían comenzar a ser excluidas del programa a principios del próximo año, dijo Lauren Bauer, investigadora en estudios económicos del centro de análisis Brookings Institution. Se espera que los cambios dejen al menos a 2,4 millones de personas fuera de SNAP durante la próxima década, según la .

“Es muy difícil trabajar si tienes hambre”, sentenció Bauer.

Muchos adultos beneficiarios de SNAP menores de 55 años ya tenían que cumplir con requisitos de trabajo antes de que se promulgara la ley presupuestaria.

Ahora, por primera vez, los que tengan entre 55 y 64 años, y los padres cuyos hijos tengan 14 años o más deben documentar al menos 80 horas mensuales de trabajo o de otras actividades válidas.

La nueva ley también elimina exenciones que desde 2023 se aplicaban a veteranos, personas sin vivienda y jóvenes que salieron del sistema de cuidado temporal, como Santillan-Garcia.

Políticos republicanos han dicho que estas nuevas reglas forman parte de un esfuerzo más amplio para eliminar el despilfarro, el fraude y el abuso en los programas de asistencia pública.

La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, dijo en noviembre que, además de aplicar la ley, requerirá que millones de personas vuelvan a solicitar los beneficios para reducir el fraude, aunque no dio más detalles. En , Rollins afirmó que quiere asegurarse de que los beneficios de SNAP lleguen solo a quienes son “vulnerables” y “no pueden sobrevivir sin ellos”.

Green explicó que los estados están obligados a notificar a las personas que estarán sujetas a cambios en sus beneficios antes de que se los corten. Algunos estados han anunciado los cambios en sus sitios web o por correo, pero muchos no están dando suficiente tiempo para que los beneficiarios se pongan al día.

Defensores contra el hambre temen que los cambios, y la confusión que generan, aumenten el número de personas que enfrentan inseguridad alimentaria. Este año, los bancos de alimentos han reportado cifras récord de personas en busca de ayuda.

Incluso cuando cumplen con los requisitos laborales, muchas personas enfrentan dificultades para subir documentos y hacer que los estados procesen sus beneficios a través de sistemas saturados.

En , alrededor de 1 de cada 8 adultos dijo haber perdido los beneficios alimentarios por problemas al entregar la documentación. Algunos fueron dados de baja por errores del estado o por falta de personal.

Pat Scott, trabajadora comunitaria del Centro de Asistencia de Recursos Beaverhead, en la zona rural de Dillon, en Montana, es la única persona en al menos una hora de distancia conduciendo que ayuda a la población a acceder a asistencia pública, incluidos adultos mayores sin transporte confiable. Pero el centro solo abre una vez por semana, y Scott afirma que ha visto a personas perder la cobertura por problemas con el portal estatal en internet.

Jon Ebelt, vocero del Departamento de Salud de Montana, dijo que el estado trabaja continuamente para mejorar sus programas. Agregó que, si bien algunas reglas han cambiado, ya existe un sistema para reportar el cumplimiento de los requisitos laborales.

En Missoula, Montana, Jill Bonny, directora del albergue Poverello Center, explicó que sus clientes sin techo ya enfrentan grandes desafíos para solicitar ayuda: con frecuencia pierden sus documentos en medio del reto diario de cargar con todas sus pertenencias.

Bonny dijo que también le preocupa que los cambios federales puedan llevar a más personas mayores a quedarse sin hogar si pierden los beneficios de SNAP y tienen que elegir entre pagar la renta o comprar comida.

En Estados Unidos, las personas de 50 años o más son dentro de la población sin vivienda, según datos federales.

Sharon Cornu, directora ejecutiva del St. Mary’s Center, una organización que apoya a adultos mayores sin hogar en Oakland, California, afirmó que las nuevas reglas están generando desconfianza. “Esto no es normal. No estamos jugando con las reglas de siempre”, dijo Cornu sobre los cambios federales. “Es una medida punitiva y malintencionada”.

A principios de noviembre, un juez federal en Rhode Island ordenó al gobierno de Trump entregar los pagos completos de SNAP durante el cierre del gobierno, que terminó el 12 de noviembre.

Ese mismo juez intentó frenar algunos de los nuevos requisitos laborales. Ordenó al gobierno respetar los acuerdos existentes que eximen del requisito de trabajo a ciertas personas en algunos estados y condados hasta que finalicen dichos acuerdos. En total, 28 estados y el Distrito de Columbia tenían estas exenciones, con fechas de finalización distintas.

Para complicar aún más la situación, algunos estados, como Nuevo México, tienen exenciones que hacen que personas en diferentes condados deban cumplir las reglas en distintos momentos.

Green explicó que si los estados no documentan adecuadamente el estatus laboral de los beneficiarios de SNAP, se les forzará a pagar después. Según la nueva ley, por primera vez los estados deben cubrir una parte del costo de los alimentos, y el monto dependerá de qué tan bien calculen los beneficios.

Durante el cierredel gobierno, cuando nadie recibió beneficios de SNAP, Santillan-Garcia y su novia dependieron de tarjetas de regalo de supermercados que les dio una organización sin fines de lucro para alimentar al bebé de su novia. Para comer ellos, recurrieron a un banco de alimentos, aunque muchos productos, como los lácteos, le hacen daño a Santillan-Garcia.

Le preocupa que en febrero vuelva a estar en la misma situación cuando tenga que renovar sus beneficios —ya sin la exención para jóvenes que salieron del sistema de cuidado temporal—. Las autoridades de Texas aún no le informan qué deberá hacer para seguir recibiendo SNAP.

Santillan-Garcia dijo que reza para que, si no logra encontrar trabajo, pueda encontrar otra forma de seguir cumpliendo los requisitos y mantener sus beneficios.

“Probablemente me los van a quitar”, dijo.

Lo que debes saber

Los cambios en SNAP eliminaron las exenciones a los requisitos laborales para:

• Personas de entre 55 y 64 años
• Cuidadores de menores de 14 años en adelante
• Veteranos
• Personas sin vivienda
• Jóvenes de hasta 24 años que salieron del sistema de cuidado temporal

Qué deben hacer los beneficiarios de SNAP

• Consultar con organizaciones de asistencia pública para saber cuándo entran en vigencia las nuevas reglas en su región. Es posible que las revisen al momento de recertificar, pero podrían pedirle cumplir con los requisitos laborales mensuales mucho antes.
• Informar a su estado si está a cargo de un menor de 14 años que vive en su hogar; está embarazada; estudia al menos medio tiempo; asiste a un programa de tratamiento de alcohol o drogas; tiene una condición física o mental que le impide trabajar; es una persona indígena; o cuida a un miembro del hogar incapacitado. Si cumple con alguno de estos criterios, podría seguir estando exento.

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Wilson, de 81 años, jubilada que trabajó como supervisora de enfermería del departamento de salud pública en el condado de Duval durante 35 años, acababa de ser diagnosticada con neumonía inducida por COVID-19.

Era su cita de telemedicina y al otro lado de la pantalla estaba el doctor Rogers Cain, quien dirige una pequeña clínica familiar en el norte de Jacksonville, un área predominantemente de raza negra donde el coronavirus está impactando fuerte. Cain ya había atendido virtualmente a siete pacientes con COVID durante la mañana.

Cain y Wilson están nerviosos. Durante años, ambos fueron testigos de como el departamento de salud del condado se quedaba sin dinero y personal, lo que fue dificultando la capacidad de Duval para responder a brotes.

Y ahora enfrentan a COVID-19 en uno de los estados que lidera el alza de casos en los Estados Unidos.

Florida es tanto un microcosmos como una advertencia para el país. A medida que la nación , la dotación de personal y los fondos cayeron más rápidamente en este estado, dejándolo especialmente desprotegido para la peor crisis de salud en un siglo.

Aunque la población de Florida creció en 2,4 millones desde 2010, el estado redujo drásticamente la dotación de personal de sus departamentos de salud locales, de 12,422 trabajadores de tiempo completo a 9,125 en 2019, según observó una investigación conjunta de KHN y The Associated Press.

Los departamentos de salud locales, administrados por el estado, gastaron un 41% menos por residente en 2019 comparado con 2010, según un análisis de datos estatales, cayendo de $57 a $34. Los departamentos de todo el país también han recortado gasto, pero menos de la mitad, según datos de la Asociación Nacional de Funcionarios de Salud del Condado y la Ciudad.

Incluso antes que iniciara la pandemia, ya había menos investigadores disponibles para rastrear y contener enfermedades como la hepatitis. Cuando la ola de COVID-19 inundó Florida, sus principales líneas de defensa ya habían sido diezmadas.

Ahora, los casos confirmados han superado los 588.000 y las muertes superaron las 10.000. La preocupación por el virus hizo que los republicanos cancelaran los planes para la convención nacional en persona en Jacksonville, esta semana.

Expertos en salud culpan por los recortes de fondos a la Gran Recesión y a una serie de gobernadores que quisieron transferir los servicios estatales financiados con fondos públicos a empresas con fines de lucro.

Y, dicen que, cuando la pandemia recrudeció, el gobernador republicano Ron DeSantis y otros líderes políticos enviaron mensajes contradictorios sobre estrategias de prevención como el uso de máscaras. Las voces dentro de los departamentos de salud estaban amordazadas.

“Lamentablemente, la realidad es que la gente va a morir por la irresponsabilidad de las decisiones que toman las personas que elaboran los presupuestos”, dijo , presidente de la , una organización sin fines de lucro en Washington, DC, que ofrece recursos y formación para mejorar la salud pública.

Los funcionarios estatales no respondieron a preguntas específicas de The Associated Press y KHN sobre cambios en la financiación de la salud pública, ni pusieron a disposición personal para explicaciones más profundas.

El , ex subsecretario del departamento de salud del estado de Florida, dijo que no prepararse para un desastre previsible “es negligencia gubernamental”.

Dado que el virus no respeta fronteras, otros estados sienten los efectos de las fallas de Florida.

A pesar de un movimiento hacia la privatización en la década de 1990, el gasto por persona en salud pública local fue aumentando, alcanzando un máximo de $59 cifra ajustada por la inflación al dólar de 2019.

Beitsch dijo que la tendencia a disminuir continuó bajo los ex gobernadores republicanos Charlie Crist y Rick Scott, impulsada por una creciente creencia en la contracción del gobierno. Scott, ahora senador nacional, dijo a través de un vocero que no se disculpaba por los recortes del departamento de salud, a los que caracterizó como acciones para “que el gobierno fuera más eficiente”.

La capacidad de manejar los brotes de enfermedades se ha visto obstaculizada en algunas comunidades de Florida más que en otras debido a esta reducción.

Los departamentos que atienden al menos a medio millón de residentes gastaron solo $29 en salud pública por persona en promedio en 2019, en comparación con $90 por persona en aquellos que atienden a 50,000 o menos, una diferencia más marcada que la brecha típica entre departamentos más grandes y más pequeños a nivel nacional, según el análisis de KHN-AP.

El gasto del departamento de salud del condado de Duval fue el equivalente a $34 por persona, un 63% menos que en 2008. Por lo general, alrededor de 22 trabajadores, o el 5% del personal total, se han dedicado a prepararse y rastrear brotes de enfermedades.

“Los acontecimientos actuales demuestran qué malas fueron las decisiones de realizar profundos recortes a la salud pública”, dijo la doctora Marissa Levine, profesora de salud pública y medicina familiar en la Universidad del Sur de Florida. “Realmente han regresado para vengarse”.

Florida tiene ahora más de medio millón de casos de COVID y 35,000 hospitalizaciones. Aunque DeSantis todavía no ha emitido un mandato de usar máscaras faciales, algunos gobiernos locales, como el de Jacksonville, sí lo han hecho.

Chad Neilsen, director de prevención de infecciones en la Universidad de Florida-Jacksonville, elogió al alcalde de la ciudad por el requisito de usar cubrebocas, pero señaló que otros condados tienen reglas diferentes y que el mensaje inconsistente genera confusión.

“Tenemos que tener una sola voz y un liderazgo constante si queremos que la gente cambie su comportamiento”, dijo el doctor Jonathan Kantor, epidemiólogo y dermatólogo de Jacksonville.

En cambio, expertos en Florida dijeron que los trabajadores de salud pública han sido silenciados o los altos funcionarios estatales les han indicado qué decir. A los funcionarios de salud locales “se les dice sin rodeos: ‘Cállate'”, dijo Patrick Bernet, profesor asociado de administración de salud en la Florida Atlantic University. “Literalmente, no pueden hablar”.

Beitsch, quien ahora preside el departamento de ciencias del comportamiento y medicina social en la Universidad Estatal de Florida, dijo que esto, y una dinámica similar a nivel nacional, alimenta la politización de la salud pública y el debilitamiento de la ciencia.

Mientras tanto, el número de casos de COVID aumenta.

Con un sistema de salud pública que no está equipado, Wilson, la enfermera de salud pública jubilada, dijo que es responsabilidad de todos sacar a Jacksonville, y a Florida, de la crisis.

“Mi esperanza es que todos comiencen a tomarse este virus en serio, usen su máscara y mantengan el distanciamiento social”, dijo Wilson, cuya condición ha mejorado. “Eventualmente habrá una vacuna. Pero hasta entonces, depende de nosotros ayudar. Y si no lo tomamos en serio, estamos condenados”.

Dearen es reportero de The Associated Press, y Ungar y Recht son reporteras de KHN.

Esta historia es una colaboración entre The Associated Press y KHN, un servicio de noticias sin fines de lucro que cubre temas de salud. Es un programa editorialmente independiente de la Kaiser Family Foundation que no está afiliado a Kaiser Permanente.

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Sus hijas, Carrie, de 55 años, y Kristy Madden, de 60, usan sillas de ruedas y necesitan un segundo cuidador que las ayude en su vida diaria.

Pero ese apoyo crítico para el cuidado, además de otros beneficios de atención médica para millones de californianos, podrían reducirse para ayudar a cubrir el enorme déficit presupuestario provocado por el coronavirus.

El gobernador de California, Gavin Newsom, ha propuesto recortes presupuestarios drásticos a los programas de salud pública, incluyendo Medi-Cal, el programa de Medicaid de California para personas de bajos ingresos, cuando se espera un aumento de inscripciones debido a la pérdida récord de empleos por culpa de la pandemia.

Los expertos temen que estos recortes puedan poner en peligro los miles de millones de dólares en fondos federales de emergencia para la salud asignados a California.

“Entiendo que hay una pandemia y que la situación es mala y que todo el mundo sufre”, dijo Carrie Madden de Chatsworth, California. Carrie y su hermana padecen distrofia muscular y su madre ha sobrevivido a un ataque al corazón mientras lucha contra la demencia.

Los temores de Madden se ven agravados por la crisis de COVID-19, que ha afectado con más fuerza a los mayores y a quienes tienen enfermedades crónicas. No quiere que su madre, su hermana o ella misma terminen en una residencia o en cualquier centro de cuidados a largo plazo, que son los lugares con más brotes.

“Este es el enfoque equivocado”, señaló. “Hará que las personas discapacitadas terminen en residencias para mayores”.

En todo el país, los estados consideran recortes a Medicaid para equilibrar sus presupuestos. En parte porque la salud suele ser la mayor parte del gasto estatal, después de la educación.

También proyectan que más gente se inscribirá en el programa de salud pública, a medida que el número de estadounidenses desempleados alcance niveles astronómicos. Más de 20 millones de estadounidenses solicitaron el en abril, elevando la tasa de personas sin trabajo al 14,7%, la peor desde la Gran Depresión de la década de 1930.

aprobó recortes a Medicaid que entrarán en vigor cuando termine la emergencia federal, mientras que ha dado instrucciones a todas sus agencias para reducir el gasto en un 14%.

En California, donde casi 2,9 millones de personas han solicitado en los últimos dos meses, Newsom describió los recortes propuestos como “prudentes” y “estratégicos”, un giro enorme a los que dio a conocer a principios de este año para ampliar la atención médica a algunos de los residentes más necesitados.

Para hacer frente a un déficit estimado de $54 mil millones en el presupuesto estatal 2020-21, Newsom propone un recorte de $205 millones —una reducción del 7% en las horas de los cuidadores— al programa de Servicios de Apoyo en el Hogar del que dependen los Maddens.

El programa, financiado principalmente por Medi-Cal, paga a los cuidadores para dar de comer a las personas que necesitan ayuda para vivir de forma independiente, lavar su ropa, bañarlos, administrarles tratamientos médicos y mantener su hogar limpio.

de los otros recortes es larga: reducirá o eliminará programas que permiten a los mayores de bajos ingresos y a los discapacitados vivir en su propio hogar, como la atención médica diurna y el apoyo de los trabajadores sociales.

Propone facilitar al estado el cobro del de los fallecidos, mayores de 55 años, y afiliados a Medi-Cal, por una amplia gama de gastos médicos a través del controvertido ““. Sugiere que se reinstauren para que algunas personas mayores y las que tengan discapacidades puedan tener derecho a Medi-Cal gratuito.

Y ha pedido a los legisladores que eliminen $54,7 millones en beneficios “opcionales” de Medi-Cal, como la atención de podología para adultos, gafas, terapia del habla y exámenes de audición; beneficios que los mismos legisladores restauraron recientemente después de recortarlos durante la última recesión.

“No son beneficios opcionales para una persona que ha sufrido un derrame cerebral o necesita dientes para comer”, explicó Tricia Berke Vinson, una abogada de la Sociedad de Ayuda Legal del condado de San Mateo.

“Entiendo que estamos en una crisis presupuestaria”, añadió. “Pero no creo que se pueda equilibrar a costa de adultos mayores y enfermos”.

Médicos, dentistas y otros proveedores de atención de salud que tratan a pacientes de Medi-Cal también podrían perder $1,200 millones en pagos suplementarios que se derivan de la Propuesta 56, un impuesto sobre el tabaco que los votantes aprobaron en 2016.

La propuesta del gobernador demócrata incluye un “detonante” automático para eliminar los recortes si el estado obtiene más dólares federales para la crisis de la COVID, trasladando la responsabilidad al Congreso para negociar otro paquete de estímulo.

No se sabe si los legisladores aceptarán los enormes recortes a Medi-Cal que el gobernador ha propuesto. Por ejemplo, el plan del Senado estatal preserva la financiación de Medi-Cal y supone que el Congreso aprobará otro proyecto de ley de estímulo.

Ambas cámaras de la legislatura deben llegar a un acuerdo y presentar su versión del presupuesto al gobernador antes del 15 de junio.

“Salvar estos programas es salvar vidas y ahorrar dinero”, indicó el legisador Jim Wood (demócrata de Santa Rosa), presidente del Comité de Salud de la Asamblea. “Corten estos programas y los costos aumentarán y se perderán vidas”.

Tanto los expertos como algunos legisladores temen que el enfoque de Newsom pueda poner en peligro los miles de millones de dólares, en fondos federales de emergencia para la salud, que ya están asignados a California.

Los estados que abandonan a los inscritos en Medicaid, o reducen sus beneficios, corren el riesgo de perder los de salud adicionales autorizados por el Congreso esta primavera, expresó Edwin Park, experto en Medicaid y profesor de la Escuela McCourt de Política Pública de la Universidad de Georgetown.

“El gobierno federal ha dicho que no se puede reducir la elegibilidad ni cancelar o recortar los beneficios”, dijo Park, y señaló que los legisladores de Nueva York retrasaron los recortes de Medicaid del estado hasta después de que terminara la emergencia federal, para asegurarse de que recibirán la ayuda federal ahora.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid no respondieron a las solicitudes de comentarios.  publicada en su sitio web sugiere que los estados deben mantener intactos los programas de Medicaid.

Se espera que California reciba $5.1 mil millones en fondos federales adicionales para Medi-Cal hasta el 30 de junio de 2021, según el presupuesto que Newsom hizo público a mediados de mayo.

La administración Newsom no cree que los recortes presupuestarios de Medi-Cal le cuesten al estado el dinero federal adicional ya aprobado por el Congreso.

“Nunca hay una garantía hasta que hablemos con el gobierno federal. Así que hasta entonces, es difícil decir qué se va a hacer a nivel federal”, dijo Yang Lee, analista del Departamento de Finanzas del estado.

La administración Newsom calcula que unos dos millones de californianos se inscribirán en Medi-Cal para julio como resultado de la pandemia, lo que eleva la inscripción en el programa a 14.5 millones, más de un tercio de todos los californianos.

La administración estima $3,100 millones en gastos adicionales para cubrir a los nuevos inscritos. La Legislative Analyst’s Office cree que esa cifra representa un exceso de $750 millones, en parte porque los nuevos inscritos serán principalmente personas más jóvenes y saludables que no necesitan tanta atención como los mayores de bajos ingresos y las personas con discapacidades.

Para muchos de los inscritos, las propuestas de Newsom recortarían múltiples beneficios.

Cynde Soto, de 63 años, dijo que se sintió como si “alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago” cuando supo que el plan del gobernador recortaría el presupuesto de los Servicios de Apoyo en el Hogar. Esta residente de Long Beach, que es tetrapléjica,  teme que los recortes del estado la obliguen a ir a una residencia de mayores. Además, teme perder la atención dental y de visión de Medi-Cal si se aprueban los otros recortes de Newsom.

“Es una pesadilla. No sé qué voy a hacer”, comentó Soto. “¿Por qué siempre somos los primeros a los que golpean?”.

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Newsom escuchó las voces de alarma de los condados de Sacramento, Placer, Santa Barbara y Stanislaus, que que el plan del gobernador comprometería su capacidad para hacer frente a las crecientes tasas de enfermedades de transmisión sexual (ETS) y, en algunos casos, brotes de sarampión.

“Luego de escucharlos, la Administración ha reevaluado esta propuesta debido a los posibles impactos negativos para las actividades de salud pública en estos condados”, escribió Vivek Viswanathan, subdirector del Departamento de Finanzas del estado a los presidentes de la Asamblea estatal y del comité de presupuesto del Senado.

El condado de Sacramento, por ejemplo, estima que habría perdido aproximadamente $7.5 millones destinados a la operación de su clínica de ETS y al pago a los oficiales de salud que investigan brotes de enfermedades contagiosas. Advirtió que, sin el dinero, tendría que cerrar la clínica y cortar sus propios servicios de salud para inmigrantes indocumentados de todas las edades.

“El dinero que se está destinando de nuevo a la salud pública hace una gran diferencia, especialmente en un momento en que tenemos sarampión”, dijo el doctor Peter Beilenson, director de Servicios de Salud del condado de Sacramento. “Estamos encantados. Es algo muy bueno para los pacientes que estamos atendiendo”.

Este año, se han confirmado 44 casos de sarampión en California hasta el 8 de mayo, tres de ellos en Sacramento. Los funcionarios de salud pública también están luchando para abordar las tasas récord de enfermedades de transmisión sexual, con más de 300,000 casos de gonorrea, clamidia y sífilis registrados en California en 2017.

El jueves 9 de mayo, cuando Newsom dio a conocer su presupuesto, uno que aún incluía el plan para derivar dinero de los cuatro condados, dijo que el costo de cubrir a la población joven sin papeles en 2019-2020 sería menos de lo calculado: debido a que la implementación tardado seis meses, habría costado un estimado de $98 millones en vez del cálculo inicial de $260 millones. El número de personas que se espera que se inscriban también se ha reducido de 138,000 a 106,000.

Pero este cambio con no significa que Newsom dejará sin atención a los indocumentados. Como se gastará menos, el dinero que la gobernación necesite lo tomará de un fondo especial de reserva del presupuesto estatal, dijo H.D. Palmer, vocero del Departamento de Finanzas.

Newsom aún planea derivar dinero estatal de 35 condados, en su mayoría pequeños y rurales, fondos que actualmente pagan por servicios de salud para residentes sin seguro, incluidos inmigrantes indocumentados, dijo Palmer.

Esos condados participan en el Programa de Servicios Médicos del Condado, que tiene un superávit presupuestario de $300 millones, notificó Newsom en su informe de presupuesto.

“Eso es más que suficiente para abordar sus problemas”, dijo Newsom.

También señaló que su presupuesto incluye $40 millones para combatir enfermedades infecciosas.

Los legisladores están elaborando sus propias propuestas de presupuesto y han realizado decenas de audiencias en las que se examina el plan de Newsom. El gobernador y los legisladores tienen hasta el 15 de junio para negociar un presupuesto final, por lo que aún no está claro qué propuestas se incluirán.

El condado de Placer, que reportó tres casos de sarampión este año, elogió el cambio de actitud de Newsom.

“Aprecio que el gobernador escuche algunos de los posibles impactos que podría tener en la salud pública y que se dé cuenta de que, en este momento en California, debemos estar haciendo inversiones”, dijo Jeff Brown, director del Departamento de Salud y Servicios Humanos del condado de Placer.

Esta historia de KHN fue publicada primero por , un servicio de la .

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California sería el segundo estado, después de Hawaii, en establecer un tope para el ingrediente que previamente se usaba en pesticidas y disolventes industriales conocido como TCP (1,2,3-tricloropropano) en el agua potable. El compuesto químico, identificado en California como un , ya no se usa en gran cantidad, pero se ha filtrado a lo largo de los años en muchos pozos y embalses en California y otros estados.

La propuesta de la Junta de Control de Recursos Hídricos del Estado de California establecería la cantidad máxima permitida de TCP en el agua potable pública en cinco partes por trillón, el nivel más bajo que los sistemas de filtración existentes pueden detectar de manera confiable y muy inferior al de Hawaii.

“Es una prioridad para la junta estatal”, dijo Andrew DiLuccia, el portavoz de la junta.

El TCP daña los sistemas de agua que sirven a casi un millón de personas desde Sacramento a San Diego, según la . De acuerdo a los datos de 2016, el compuesto está presente a niveles por encima del límite propuesto en pertenecientes a 94 sistemas públicos de agua. Estos números no incluyen pozos privados.

Citando datos federales, el (EWG), una organización de defensa con sede en Washington, D.C., dice que este químico también se ha detectado en el suministro de agua de una docena de otros estados, incluyendo Nueva York, Pennsylvania y Nueva Jersey, así como Puerto Rico. El grupo dijo que el grado de contaminación es probablemente subestimado porque las pruebas federales usaron un tope de contaminación mucho más alto que el de California. El gobierno federal no ha establecido restricciones al TCP en el agua potable.

Una vez que el TCP entra en el agua subterránea, “persiste durante siglos”, según el informe de abril del EWG.

En California, hay contaminación en muchas áreas urbanas, incluyendo los condados de Los Ángeles, San Bernardino y San Mateo. Aunque se desconoce el origen en esas regiones más pobladas, se cree que la contaminación proviene de .

“Los Ángeles tiene un poco de contaminación”, dijo Andria Ventura, gerente de programas de tóxicos para el grupo de defensa ambiental Clean Water Action. “Es difícil para los proveedores de agua determinar de dónde proviene”.

Pero la contaminación de TCP más grave y generalizada de California se encuentra en los condados agrícolas de Central Valley, donde el químico era un ingrediente en los fumigantes para suelo vendidos por las compañías Shell Oil y Dow Chemical desde por lo menos los años 50 hasta la década de los 80.

Durante ese período, los agricultores que cultivaban papas, remolacha y otros vegetales usaban fumigantes para matar unos minúsculos gusanos llamados nematodos, que habitaban el suelo. Decenas de municipios y proveedores públicos de agua en todo el estado han presentado demandas contra Shell y Dow, alegando que las compañías sabían, o debieron haber sabido, que el TCP en sus pesticidas para fumigar suelo migraría a las aguas subterráneas y representaría un grave peligro para la salud.

Shell y Dow han negado las irregularidades. Shell dejó de vender su producto, conocido como D-D, a mediados de los ochenta. Al mismo tiempo, Dow optó por reformular su fumigante, conocido como Telone, tras lo cual el TCP bajó a niveles “generalmente indetectables”, según Jarrod Erpelding, portavoz de la compañía. Se negó a comentar más, citando los litigios pendientes.

Shell envió una respuesta por correo electrónico: “El antiguo producto agrícola de Shell, fabricado por última vez hace más de 30 años, contenía trazas de 1,2,3 tricloropropano (TCP). Se usó para controlar gusanos microscópicos que atacaban los cultivos causando a los agricultores pérdidas de millones de dólares en cultivos cada año y fue aprobado para su uso por el gobierno de los Estados Unidos y el estado de California”.

Defensores del medio ambiente dicen que la adopción de un límite regulatorio para el TCP es un paso crucial para ayudar a que los distritos de agua rurales con escasez de dinero, paguen por la limpieza de su agua potable.

“Permite que los distritos sean muy específicos al ir a la corte y decirle al juez, ‘Vamos a necesitar exactamente esta cantidad de dinero para comprar este tipo de sistema para cumplir con los estándares estatales'”, dijo Bill Walker, director del Grupo de Trabajo Ambiental y coautor del informe sobre el papel de Shell y Dow en el problema del TCP en el agua potable en California.

“No hay garantía de que ganen”, dijo, “pero aumenta su influencia”.

En una audiencia pública el 19 de abril, los miembros de la junta del agua escucharon testimonios y recibieron comentarios por escrito sobre el límite propuesto. Ahora, la junta está revisando la información que recibió y probablemente votará el plan este verano, dijo DiLuccia.

La regulación requeriría que las compañías de agua analicen el TCP en sus suministros y que lo retiren de cualquier fuente pública de agua potable que exceda el límite, a partir de 2018.

El límite propuesto es más estricto que el de Hawaii porque ayudará a California a cumplir con su “meta de salud pública” para el TCP establecida en 2009, dijeron las autoridades.

Aunque es difícil saber cuánto tiempo podría durar la limpieza de California, el costo de las pruebas de TCP y su posterior limpieza podría alcanzar un gasto de casi $500 millones en 20 años, de acuerdo con una estimación de la junta.

La contaminación de TCP “afecta de manera desproporcionada a las comunidades pobres y a las comunidades de color”, dijo Jenny Rempel, del Community Water Centre, un grupo de defensa de Visalia, California. “Este es un problema donde el costo no debe ser cubierto por los contribuyentes”.

Todd E. Robins, abogado de San Francisco que representa a más de dos docenas de proveedores de agua que están demandando a Shell y Dow, argumenta que las compañías incluyeron TCP en sus pesticidas para matar gusanos para deshacerse del compuesto sin tener que pagar por una eliminación adecuada. Era un derivado de procesos de manufactura no relacionados y, según las demandas, no jugó ningún papel en matar a los gusanos que dañaban las plantas.

“El TCP que encontramos hoy en las aguas subterráneas es el resultado del uso pasado de fumigantes para suelo que contenían TCP como un ingrediente innecesario”, dijo Robins. “En lugar de pagar por los costos de eliminación de residuos, consiguieron que los agricultores pagaran por ellos”.

“La parte más triste de la historia”, agregó Robins, “es que el ingrediente activo real se rompe en el suelo después de una cuestión de días y rara vez se ha detectado en el agua subterránea de alguien”.

Una de las demandas presentadas por Robins, en nombre del Distrito de Servicio Comunitario de Del Rey, en el condado de Fresno, dice que las compañías sabían que podían eliminar o reducir la cantidad de TCP en sus pesticidas sin comprometer su efectividad, pero no lo hicieron.

La denuncia llama al TCP un “residuo peligroso”, un subproducto creado en la fabricación de un producto químico diferente, el cloruro de alilo, que Shell y Dow utilizan para fabricar plásticos y otros productos comerciales.

Un memorando interno de Shell descubierto en el litigio de Robins cita en ahorros por “evitar gastos por eliminación de residuos” relacionado con las operaciones de cloruro de alilo. El memo está fechado el 20 de enero de 1983, un año antes de que la compañía dejara de producir el pesticida con TCP.

Además de los casos pendientes, que también nombran a los distribuidores y vendedores como demandados, Robins dijo que ha resuelto ocho casos contra Shell y Dow desde 2010. Dijo que no puede revelar las cantidades debido a los acuerdos de confidencialidad.

En diciembre pasado, en un caso liderado por otro abogado, un jurado del Tribunal Superior de Fresno otorgó a la ciudad de Clovis contra Shell para limpiar su agua potable contaminada con TCP.

En 2010, en un caso presentado por la ciudad de Redlands, Shell ganó. La empresa argumentó que una planta aeroespacial cercana era la fuente de la toxina. Por otra parte, los pozos en cuestión se utilizaron para el riego, y el jurado no creyó que alguna vez se utilicen para agua potable.

A medida que avanzan los juicios, algunos residentes de California hacen lo que pueden para protestar contra los químicos tóxicos en su suministro de agua. Bartolo Chávez, de 57 años, tomó unos días en su trabajo en una casa de envasado de jugos para testificar en la reciente audiencia en Sacramento.

“Hablamos de los contaminantes y del peligro”, dijo Chávez, quien ha vivido 21 años en la ciudad de Arvin, California, en Central Valley. “Y (a lo que) estamos expuestos”.

Dijo que obtiene fichas del distrito de agua para obtener agua pura filtrada, no sólo por el TCP sino por otros contaminantes, como el arsénico y el cromo-6.

“Pero las fichas no son suficientes”, dijo Chávez, hablando en español con ayuda de un intérprete. “Así que, además, compramos agua embotellada en Costco”.

Chávez y su esposa, quien trabaja en un hotel, pagan alrededor de $50 al mes por esa agua, un precio que, dicen, apenas pueden cubrir. Pero dejar Arvin tampoco es una opción, dijo Chávez.

“He pensado en mudarme, pero no es tan fácil encontrar trabajo en otros lugares, especialmente cuando eres mayor”, dijo. “Nuestra casa ya casi está pagada, y mudarnos sería empezar de nuevo, así que es casi imposible”.

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