GEO Group, una de las mayores contratistas privadas de prisiones del pa铆s, present贸 en octubre una demanda federal contra funcionarios de California para anular una ley estatal que permite a oficiales de salud p煤blica locales inspeccionar instalaciones de detenci贸n de inmigrantes.
La empresa con sede en Florida argument贸 en su demanda que , firmada por el gobernador Gavin Newsom en agosto, es inconstitucional porque invade la autoridad del gobierno federal para gestionar centros de detenci贸n. Por eso, GEO reclam贸 inmunidad intergubernamental como contratista.
鈥淓ste caso es el 煤ltimo de una serie de intentos del estado de California por prohibir la aplicaci贸n de las leyes de inmigraci贸n federal en el estado, o por obstaculizar tanto esos esfuerzos que agencias y contratistas federales implicados en esta funci贸n de seguridad nacional por mandato constitucional se vean forzados a abandonar California鈥, indica la demanda presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de California.
Christopher Ferreira, vocero de GEO, no respondi贸 a las solicitudes de comentarios.
La demanda menciona a Newsom, a Rob Bonta, fiscal general del estado, y a Kristopher Lyon, oficial de salud del condado de Kern, como demandados. Los tres tampoco quisieron hacer comentarios. La primera audiencia est谩 programada para febrero.
GEO Group podr铆a expandir su control sobre las instalaciones de detenci贸n de inmigrantes ahora que el ex presidente Donald Trump gan贸 un segundo mandato.
Trump ha prometido una deportaci贸n masiva de inmigrantes que viven en los Estados Unidos sin papeles, y los inversores creen que las pol铆ticas de Trump crear谩n un auge para las empresas privadas de prisiones, como GEO. Las acciones de GEO luego de la victoria de Trump.
Personas y grupos asociados con el gigante de prisiones privadas gastaron aproximadamente $5.6 millones en cabildeo y donaciones durante el 煤ltimo ciclo electoral, gran parte de ello destinado a comit茅s de acci贸n pol铆tica conservadores, incluyendo , seg煤n OpenSecrets, una organizaci贸n sin fines de lucro que rastrea datos de financiamiento de campa帽as y cabildeo.
C茅sar Garc铆a Hern谩ndez, profesor de derecho migratorio en la Facultad de Derecho Moritz de la Universidad Estatal de Ohio, dijo que probablemente un juez bloquear谩 la implementaci贸n de la ley de California mientras el litigio est茅 pendiente.
En marzo, a Washington de aplicar la mayor parte de una ley destinada a aumentar la supervisi贸n y mejorar las condiciones de vida en la 煤nica instalaci贸n de detenci贸n de inmigrantes privada de ese estado.
鈥淕EO ha tenido bastante 茅xito al recurrir a los tribunales para bloquear el acceso a sus instalaciones鈥, dijo Garc铆a Hern谩ndez. 鈥淟a empresa privada de prisiones est谩 tratando de protegerse bajo el hecho de que opera esta instalaci贸n por un contrato con el gobierno federal鈥.
La ley de California otorga a oficiales de salud p煤blica locales, que inspeccionan rutinariamente c谩rceles y prisiones estatales, la capacidad de inspeccionar instalaciones privadas de detenci贸n, incluidas las seis instalaciones federales de inmigraci贸n en California.
Los detenidos han denunciado amenazas a la salud que van desde brotes de covid-19, paperas y varicela hasta agua contaminada, comida enmohecida y conductos de aire que expulsan polvo negro.
Los legisladores estatales han intentado regular las instalaciones de inmigraci贸n con resultados mixtos.
En 2019, el dem贸crata Newsom firm贸 una medida que proh铆be el funcionamiento de prisiones e instalaciones de detenci贸n privadas en California. Pero luego un tribunal federal declar贸 la ley inconstitucional, argumentando que interfer铆a con las funciones federales.
En 2021, los legisladores de California aprobaron una ley que exige que los centros de detenci贸n privados cumplan con las 贸rdenes de salud p煤blica estatales y locales, as铆 como con las regulaciones de seguridad y salud laboral. Esa medida se adopt贸 en el apogeo de la pandemia de covid-19, mientras el virus arrasaba instalaciones de detenci贸n donde las personas estaban hacinadas en dormitorios con poca o ninguna protecci贸n contra virus transmitidos por el aire.
Bajo la nueva ley, los oficiales de salud , como garantizar una ventilaci贸n adecuada, ofrecer atenci贸n b谩sica de salud fisica y mental, tratamiento de emergencia y alimentos preparados de manera segura. A diferencia de las instalaciones correccionales p煤blicas, que se inspeccionan cada a帽o, los oficiales de salud inspeccionar谩n los centros de detenci贸n privados seg煤n lo consideren necesario.
Los que est谩n a favor de esto dicen que los oficiales de salud p煤blica est谩n bien capacitados para inspeccionar estas instalaciones porque entienden c贸mo hacer que los espacios confinados sean m谩s seguros para grandes poblaciones.
Pero GEO argument贸 que los c贸digos y regulaciones de salud de California no siempre son consistentes con los est谩ndares federales.
Por ejemplo, la demanda se帽al贸 que California exige que los detenidos en riesgo de autolesi贸n o suicidio sean trasladados a una instalaci贸n de salud mental. Pero las reglas de Inmigraci贸n y Control de Aduanas (ICE) permiten a los centros de detenci贸n mayor discreci贸n: pueden transferir a un detenido a un centro de salud mental o mantenerlo en aislamiento contra el suicidio con monitoreo cada 15 minutos. GEO tambi茅n advirti贸 en su queja que implementar la ley podr铆a costar hasta $500,000.
Defensores de los inmigrantes dicen que el gobierno federal ha hecho un mal trabajo garantizando la salud y la seguridad. En un , investigadores mostraron que los funcionarios de inmigraci贸n y un auditor privado realizaban inspecciones con poca frecuencia, al menos una vez cada tres a帽os, y proporcionaban informaci贸n p煤blica limitada sobre las deficiencias y si o c贸mo se solucionaban.
En respuesta, los detenidos han presentado demandas alegando ; la y mental adecuada; negligencia m茅dica; y a causa de negligencia.
鈥溌縋or qu茅 no dejan que un inspector entre a las instalaciones si est谩n cumpliendo con los est谩ndares?鈥, dijo Jos茅 Rub茅n Hern谩ndez G贸mez, quien estuvo detenido durante 16 meses y fue liberado en abril de 2023. 鈥淪i no tienen nada que ocultar, no deber铆an estar presentando una demanda鈥.
Hern谩ndez G贸mez realiz贸 una huelga de hambre durante 21 d铆as despu茅s de presentar decenas de quejas alegando maltrato y malas condiciones de salubridad.
En octubre, ocho miembros de la delegaci贸n congresional de California instaron al Departamento de Seguridad Nacional a con dos centros de detenci贸n operados por GEO, Golden State Annex y Mesa Verde ICE Processing Center, donde este a帽o realizaron m煤ltiples huelgas de hambre y laborales. Los huelguistas exigieron el fin de servicios m茅dicos y de salud mental inadecuados, malas condiciones de vida y el aislamiento solitario.
Defensores temen que las victorias legales de GEO puedan ser peligrosas para la salud de los inmigrantes.
Despu茅s que el Departamento de Salud del estado de Washington no pudo acceder al Northwest ICE Processing Center, el 煤nico centro de inmigraci贸n del estado, dos personas murieron en la instalaci贸n, incluyendo una en octubre.
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