Valentino Valdez recibi贸 su certificado de nacimiento, su tarjeta de Seguro Social, una camiseta y pantalones color caqui cuando sali贸 de una prisi贸n de Texas en 2019, a los 21 a帽os. Pero no ten铆a seguro m茅dico, medicamentos para sus afecciones de salud mental ni acceso a un m茅dico, dijo.
Tres a帽os despu茅s, termin贸 internado en un hospital luego de expresar pensamientos suicidas.
Despu茅s de m谩s de una d茅cada pasando por centros de detenci贸n de menores, hogares temporales y prisiones estatales, Valdez ahora se da cuenta que haber recibido tratamiento para sus problemas de salud mental le habr铆a hecho la vida mucho m谩s f谩cil.
“No es hasta que te ponen en situaciones cotidianas y respondes de forma adversa y desadaptada”, dijo, “que te das cuenta de que lo que pasaste tuvo un efecto en ti”.
鈥淓staba luchando con muchos problemas mentales鈥, dijo Valdez, que ahora tiene 27 a帽os.
Durante a帽os, personas como Valdez a menudo han tenido que valerse por s铆 mismas cuando buscaban servicios de atenci贸n m茅dica despu茅s de salir de la c谩rcel, prisi贸n u otros centros carcelarios.
A pesar de la alta tasa de problemas de salud mental y trastornos por adicciones en esta poblaci贸n, la mayor parte de las veces regresan a sus comunidades sin cobertura, lo que aumenta sus posibilidades de morir o sufrir una reca铆da que los lleve de nuevo a la c谩rcel.
Una nueva ley federal tiene como objetivo conectar mejor a los menores y adultos j贸venes encarcelados que son elegibles para Medicaid o el Programa de Seguro de Salud Infantil (CHIP) con los servicios antes de su liberaci贸n.
La meta es ayudar a prevenir que desarrollen una crisis de salud o reincidan mientras est谩n en el proceso para reintegrarse a la sociedad.
鈥淓sto podr铆a cambiar la trayectoria de sus vidas鈥, dijo Alycia Castillo, directora asociada de pol铆ticas del Texas Civil Rights Project. Agreg贸 que, sin ese tratamiento, muchos j贸venes que salen del sistema tienen dificultades para reintegrarse a las escuelas o trabajos, no respetan normas, y terminan entrando y saliendo de los centros de detenci贸n.
Hist贸ricamente, Medicaid ha tenido prohibido pagar los servicios de salud de las personas presas. Por eso, las c谩rceles, prisiones y centros de detenci贸n de todo el pa铆s tienen sus propios sistemas de prestaci贸n de atenci贸n m茅dica, generalmente financiados con presupuestos estatales y locales, no integrados con un sistema de salud p煤blico o privado.
La nueva ley es el primer cambio a esa prohibici贸n desde la creaci贸n de la Ley de Medicare y Medicaid en 1965, y es parte de un proyecto de ley de gastos firmado por el presidente Joe Biden en 2022. Entr贸 en vigencia el 1 de enero de este a帽o y exige que todos los estados proporcionen ex谩menes m茅dicos y dentales a los j贸venes elegibles para Medicaid y CHIP, treinta d铆as antes o inmediatamente despu茅s de que salgan de un centro penitenciario. Los j贸venes deben seguir recibiendo servicios de manejo de casos durante 30 d铆as despu茅s de su liberaci贸n.
M谩s del 60% de los j贸venes presos son elegibles para Medicaid o CHIP, seg煤n de septiembre de 2024 del center for Health Care Strategies. La nueva ley se aplica a menores y adultos j贸venes de hasta 21 a帽os, o 26 para aquellos que, como Valdez, estuvieron en hogares temporales.
Sin embargo, poner la ley en pr谩ctica requerir谩 cambios significativos en la forma en que los miles de centros penitenciarios del pa铆s ofrecen atenci贸n m茅dica a las personas que regresan a las comunidades, y podr铆an pasar meses o incluso a帽os hasta que las instalaciones cumplan plenamente.
“No se trata de prender y apagar”, dijo Vikki Wachino, fundadora y directora ejecutiva del Health and Reentry Project, que ha estado ayudando a los estados a implementar la ley. “Estos puntos de conexi贸n nunca se han hecho antes”, dijo Wachino, ex administradora adjunta de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS).
Los CMS no han dicho como planean hacer cumplir la ley.
Tampoco est谩 claro si la administraci贸n Trump obligar谩 a los estados a implementarla. En 2018, el presidente Donald Trump firm贸 una ley que obligaba a los estados a inscribir a los j贸venes elegibles en Medicaid cuando salieran de prisi贸n, para que no experimentaran una brecha en la cobertura de salud.
La ley que firm贸 Biden se bas贸 en ese cambio al exigir que las instalaciones brinden ex谩menes y servicios de salud a esos j贸venes, as铆 como a los elegibles para CHIP.
Aunque la cantidad de j贸venes presos en el pa铆s ha disminuido significativamente en las 煤ltimas dos d茅cadas, m谩s de 64.000 menores y adultos j贸venes de 20 a帽os o menos est谩n en prisiones estatales, c谩rceles locales y tribales e instalaciones para j贸venes, seg煤n estimaciones proporcionadas a 麻豆女优 Health News por la Prison Policy Initiative, una organizaci贸n sin fines de lucro que investiga el da帽o del encarcelamiento masivo.
Una “parte desatendida del sistema de salud”
La estima que aproximadamente una quinta parte de la poblaci贸n carcelaria del pa铆s pas贸 tiempo en hogares temporales. Los j贸venes negros no hispanos tienen casi cinco veces m谩s probabilidades que los j贸venes blancos no hispanos de ser colocados en instalaciones para menores, seg煤n , una organizaci贸n sin fines de lucro que aboga por la reducci贸n de las poblaciones en prisiones y c谩rceles.
Estudios muestran que los menores que reciben tratamiento para sus necesidades de salud despu茅s de la liberaci贸n tienen menos probabilidades de volver a ingresar al sistema de justicia juvenil.
“A menudo, lo que lleva a los menores y a las familias a estos sistemas son las necesidades no satisfechas”, dijo Joseph Ribsam, director de pol铆ticas de bienestar infantil y justicia juvenil en la Annie E. Casey Foundation, y ex funcionario estatal de servicios para j贸venes. “Tiene m谩s sentido que los ni帽os tengan su atenci贸n de salud vinculada a un sistema de atenci贸n m茅dica, no a un sistema carcelario”.
Sin embargo, la nueva requerir谩 muchos cambios. Las instalaciones y agencias primero deben crear sistemas para identificar a los j贸venes elegibles, encontrar proveedores de atenci贸n m茅dica que acepten Medicaid, facturar al gobierno federal, y compartir registros y datos, seg煤n funcionarios estatales de Medicaid y oficiales correccionales, as铆 como investigadores que siguen los cambios.
En enero, el gobierno federal comenz贸 a distribuir alrededor de $100 millones en subvenciones para ayudar a los estados a implementar la ley, incluso para actualizar la tecnolog铆a.
Algunos funcionarios estatales est谩n se帽alando posibles complicaciones.
Por ejemplo, en Georgia, el sistema de justicia juvenil estatal no tiene una forma de facturar a Medicaid, dijo Michelle Staples-Horne, directora m茅dica del Departamento de Justicia Juvenil del estado.
En Dakota del Sur, suspender la cobertura de Medicaid o CHIP de una persona mientras est谩 en prisi贸n en lugar de simplemente terminarla es un desaf铆o, dijo Kellie Wasko, secretaria del sistema correcional del estado, en sobre la nueva ley. Ese es un cambio t茅cnico que es dif铆cil de poner en pr谩ctica, apunt贸.
Los funcionarios estatales de Medicaid tambi茅n reconocieron que no pueden obligar a los funcionarios locales a cumplir.
“Podemos construir un campo de b茅isbol, pero no podemos hacer que la gente venga a jugar a la pelota”, dijo Patrick Beatty, subdirector y director de pol铆ticas del Departamento de Medicaid de Ohio.
Los estados deber铆an ver la ley como una forma de abordar una 鈥減arte descuidada del sistema de salud鈥, dijo Wachino, la ex funcionaria de los CMS. Al mejorar la atenci贸n para las personas que salen de prisi贸n, los estados pueden gastar menos dinero en atenci贸n de emergencia y en los correccionales, dijo.
鈥淐ualquier estado que est茅 demorando el proceso est谩 perdiendo una oportunidad鈥, agreg贸.
鈥淣uestro sistema est谩 empeorando a la gente鈥
El Departamento de Servicios Familiares de Texas tom贸 la custodia de Valdez cuando ten铆a 8 a帽os porque el historial de convulsiones de su madre la hac铆a incapaz de cuidarlo, seg煤n los registros. Valdez dijo que se escap贸 de hogares temporales por los abusos o las negligencias.
Unos a帽os m谩s tarde, ingres贸 al sistema de justicia juvenil de Texas por primera vez.
Los funcionarios all铆 no hicieron comentarios sobre su caso. Pero Valdez dijo que mientras lo trasladaban de una instalaci贸n a otra, sus medicamentos antidepresivos y antipsic贸ticos se suspend铆an abruptamente y sus registros rara vez se transfer铆an. Nunca recibi贸 terapia u otro apoyo para hacer frente a sus experiencias de la infancia, que incluyeron el abuso sexual, seg煤n sus registros m茅dicos.
Valdez dijo que su salud mental se deterior贸 mientras estuvo detenido, porque estuvo aislado durante largos per铆odos de tiempo, por el trato brusco de los funcionarios, los temores de violencia por parte de otros ni帽os y la falta de atenci贸n m茅dica adecuada.
鈥淢e sent铆a como un animal鈥, dijo Valdez.
En agosto, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos public贸 que afirma que el estado expone a los ni帽os detenidos a fuerza excesiva y a aislamientos prolongados, no los protege del abuso sexual y no brinda servicios de salud mental adecuados.
El Departamento de Justicia Juvenil de Texas ha dicho que para mejorar la seguridad en sus instalaciones.
En 2024, el 100% de los menores en las instalaciones del Departamento de Justicia Juvenil de Texas necesitaron tratamiento especializado, incluso por problemas de salud mental, adicciones o comportamiento violento, seg煤n la entidad.
Con demasiada frecuencia, 鈥渘uestro sistema est谩 empeorando a las personas y no les ofrece la continuidad de la atenci贸n que necesitan鈥, dijo Elizabeth Henneke, fundadora y directora ejecutiva de Lone Star Justice Alliance, un bufete de abogados sin fines de lucro en Texas.
Valdez dijo que el trauma de la custodia estatal ensombreci贸 su vida despu茅s de su liberaci贸n. Se enojaba y se volv铆a violento con facilidad y a menudo sent铆a desesperaci贸n. Fue encarcelado nuevamente antes de sufrir una crisis que lo llev贸 a ser hospitalizado en 2022. Le diagnosticaron trastorno de estr茅s postraum谩tico y le recetaron medicamentos, seg煤n su historial m茅dico.
鈥淢e ayud贸 a entender que no me estaba volviendo loco y que hab铆a una raz贸n鈥, dijo. 鈥淒esde entonces, no voy a decir que ha sido f谩cil, pero definitivamente ha sido un poco m谩s manejable鈥.
