OAKLAND, Calif. — Rosa MarÃa Carranza se inclinó para sostener la espalda de una niña de 3 años mientras la pequeña trepaba una roca en las colinas boscosas del noreste de Oakland.
Vestida con ropa de senderismo y collares de cuentas, Carranza, de 67 años, se movÃa entre árboles y niños en una mañana soleada de diciembre. “Agárrate de esa ramaâ€, dijo en español. “¡Tú puedes, mi amor!â€.
Carranza, profesional especializada en desarrollo infantil que creció columpiándose entre árboles y nadando en rÃos en El Salvador, dijo que se siente como en casa en el bosque del preescolar al aire libre que cofundó. Ha trabajado con niños y adolescentes como cuidadora y educadora durante más de tres décadas, el tiempo suficiente para saber cuándo intervenir y cuándo dar un paso atrás para que sus estudiantes encuentren su propio equilibrio.
Cuando pasó a trabajar medio tiempo el año pasado, Carranza contaba con recibir Medicare y cheques del Seguro Social, beneficios otorgados a trabajadores estadounidenses e inmigrantes con presencia legal cuando se retiran, si de historial laboral y edad, o si tienen alguna discapacidad.
Carranza ha aportado decenas de miles de dólares a Medicare y al Seguro Social durante 24 años, según su registro de ingresos de la Administración del Seguro Social, revisado por El TÃmpano y Â鶹ŮÓÅ Health News. Pero Carranza es una de un estimado de 100.000 inmigrantes con papeles que pronto quedarán excluidos de Medicare.
La ley One Big Beautiful Bill Act del Partido Republicano, firmada en julio pasado por el presidente Donald Trump, prohÃbe que ciertas categorÃas de inmigrantes con presencia legal — incluidos beneficiarios del estatus de protección temporal (TPS), refugiados, solicitantes de asilo, sobrevivientes de violencia doméstica, vÃctimas de trata y personas con visas de trabajo — accedan a Medicare.
Quienes ya están en el programa, como Carranza, serán dados de baja antes del 4 de enero, una medida de legisladores republicanos para reducir el gasto de Medicare, ya que, junto con Trump, han argumentado que el dinero de los contribuyentes no debe usarse para pagar la atención médica de inmigrantes sin autorización.
“Los demócratas quieren que los inmigrantes ilegales, muchos de ellos CRIMINALES VIOLENTOS, reciban atención médica GRATISâ€, dos meses después de firmar la ley. “¡No podemos permitir que esto suceda!â€
Sin embargo, las categorÃas de inmigrantes que ahora perderán cobertura sà tienen estatus legal. Ni la Casa Blanca ni el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) respondieron a una pregunta sobre si era justo sacar de Medicare a residentes legales.
Los inmigrantes sin estatus legal ya no eran elegibles para Medicare ni para la mayorÃa de los beneficios públicos financiados por el gobierno federal.
Carranza teme que también pueda perder el permiso legal para vivir en Estados Unidos si la administración Trump pone fin al TPS para salvadoreños, como intentó hacer durante .
Si eso ocurre, Carranza perderÃa su residencia legal y podrÃa estar en riesgo de pasar tiempo en un centro de detención migratorio o ser deportada.
“Esto es como una pelÃcula de terror, una pesadilla completaâ€, dijo Carranza. “No es asà como imaginé envejecerâ€.
“Bajo ataque constanteâ€
Carranza dejó El Salvador en 1991 durante una guerra civil brutal, dejando atrás a tres hijos pequeños, para ganar dinero y enviarlo a su familia. Permaneció en el paÃs después de que venciera su visa hasta 2001, cuando calificó para el TPS, luego de dos terremotos que azotaron El Salvador, y desplazando a 1,3 millones.
El TPS fue aprobado por el Congreso y promulgado en 1990 por el presidente republicano George H.W. Bush.
Este estatus permite que personas como Carranza, provenientes de ciertos paÃses afectados por conflictos armados, guerras civiles o desastres climáticos, vivan y trabajen en Estados Unidos, si regresar a su paÃs representa un riesgo.
Carranza se perdió la graduación de jardÃn de infantes de su hija menor y su primera medalla en atletismo. Trabajó turnos nocturnos cuidando recién nacidos y luego como maestra sustituta en escuelas públicas del Ãrea de la BahÃa de San Francisco para pagar la educación de sus hijos en El Salvador, asà como sus propios estudios en el City College of San Francisco, donde obtuvo un tÃtulo en desarrollo infantil.
También cuidó a decenas de niños de 3, 4 y 5 años que miraban con asombro mientras descubrÃan pequeños tesoros en el bosque de secuoyas del parque de Oakland donde cofundó Escuelita del Bosque, un preescolar de inmersión en español que enseña al aire libre.
Se suponÃa que la recompensa serÃa una jubilación tranquila. Pero el Congreso limitó la elegibilidad de Medicare a ciudadanos, residentes permanentes legales, nacionales cubanos y haitianos, y personas amparadas por los Compacts of Free Association, acuerdos entre Estados Unidos y naciones insulares del PacÃfico.
La medida siguió a los intentos de Trump de excluir a algunos inmigrantes con presencia legal de Medicaid, de los subsidios en el mercado de seguros de salud y de servicios de apoyo social, como asistencia alimentaria, ayuda para vivienda y visitas médicas en centros de salud financiados por el gobierno federal. En total, se proyectaba que 1,4 millones de inmigrantes con presencia legal perderÃan el seguro de salud, según Â鶹ŮÓÅ, una organización sin fines de lucro de información de salud que incluye a Â鶹ŮÓÅ Health News.
Taylor Haulsee, vocero del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, no respondió a solicitudes de comentarios.
Michael Cannon, director de estudios de polÃtica de salud en el Cato Institute, un centro de tendencia libertaria, dijo que los republicanos querÃan implementar recortes de impuestos y eliminar el seguro de salud para inmigrantes porque no afectarÃa a su base.
“No quieren convertir a Estados Unidos en un imán de asistencia socialâ€, opinó. “Y les molesta que el gobierno les haga pagar por un estado de bienestarâ€.
Aunque no hay datos sobre inmigrantes con presencia legal, los inmigrantes sin papeles aportaron y $25,7 mil millones al Seguro Social en 2022, según el Institute on Taxation and Economic Policy.
La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que solo las restricciones a Medicare reducirÃan el gasto federal en para 2034.
Expertos en salud dicen que eliminar la cobertura para inmigrantes con estatus legal .
“En realidad, esta es la primera vez que el Congreso le quita Medicare a algún grupoâ€, dijo Drishti Pillai, directora de polÃticas de salud para inmigrantes en Â鶹ŮÓÅ. “Este cambio está afectando a inmigrantes con presencia legal en Estados Unidos, muchos de los cuales ya han trabajado y contribuido al sistema durante décadasâ€.
A medida que adultos mayores como Carranza pierdan su cobertura de Medicare, los médicos anticipan que retrasarán su atención, lo que llevará a un aumento de pacientes gravemente enfermos, especialmente en salas de emergencia.
Los adultos mayores pueden enfermarse de forma repentina y rápida, y son más vulnerables a enfermedades cardiovasculares como afecciones del corazón y presión arterial alta, especialmente si posponen la atención de rutina, dijo Theresa Cheng, médica de emergencias en Zuckerberg San Francisco General Hospital y profesora clÃnica adjunta de medicina de emergencias en la Universidad de California-San Francisco.
“Es bastante fácil que sufran un deterioro crÃtico de su saludâ€, dijo Cheng.
Carranza hace senderismo y se considera saludable, pero reconoce que está envejeciendo y comenzando a tener dificultades para seguir el ritmo de los niños en el bosque.
A finales del año pasado le diagnosticaron hipertensión, y en enero despertó con una presión en el pecho y fue a un centro de urgencias porque su presión habÃa subido a niveles peligrosos. Unas semanas después, tropezó mientras caminaba y se cayó. Al dÃa siguiente despertó con el pie hinchado. En el hospital local, un médico le dijo que tenÃa artritis.
Dijo que fueron momentos preocupantes, pero estaba agradecida de pagar solo $10 por la visita a urgencias y $5 por ver a su médico de atención primaria. Sin embargo, eso cambiará cuando pierda Medicare a principios del próximo año.
El estrés de saber que perderá su seguro de salud y posiblemente su estatus legal, mientras agentes federales detienen a inmigrantes como ella en todo el paÃs, ha afectado su salud mental, contó. Está buscando terapia y servicios de acupuntura para tratar su insomnio y ansiedad, y la sensación de estar “bajo un ataque constanteâ€.
Sin un lugar a donde ir
En California, hogar del mayor número de , Carranza podrÃa haberse inscrito en un seguro patrocinado por el estado, pero este año la inscripción para adultos de 19 años o más que tienen TPS, están en el paÃs sin autorización o son solicitantes de asilo. Otros estados con gobernadores demócratas como también han reducido sus programas de salud para inmigrantes por presiones presupuestarias.
En enero, el gobernador de California, Gavin Newsom, propuso un presupuesto estatal que no compensarÃa los recortes federales de atención médica para unos 200.000 inmigrantes con presencia legal, señalando el costo anual de $1.1 mil millones y déficits presupuestarios estatales.
“Dadas estas presiones fiscales, la administración no puede compensar este cambio en la polÃtica federalâ€, dijo H.D. Palmer, vocero del Departamento de Finanzas de California.
Pero algunos legisladores demócratas y defensores de los consumidores dicen que el estado deberÃa intervenir. La asambleÃsta Mia Bonta, quien preside el Comité de Salud de la Asamblea, dijo que está trabajando en una solución presupuestaria legislativa para incluir en Medi-Cal — la versión estatal de Medicaid — a los inmigrantes que perderán su cobertura, incluidos los adultos mayores.
La demócrata de East Bay está especialmente preocupada por personas como Carranza, “que han vivido aquà durante décadas y han contribuido a esta economÃa, que han aportado a nuestro tejido cultural y a nuestras comunidades, que han formado familias y vidas y que ahora quieren tener la posibilidad de retirarse con dignidad y vivir con dignidad y tener la atención médica que necesitanâ€.
Una señal del futuro
En abril pasado, Carranza vislumbró lo que podrÃa significar perder su cobertura de salud y beneficios de jubilación, después de que la Administración del Seguro Social le enviara una carta informándole que ya no calificaba para beneficios de jubilación porque no tenÃa presencia legal en el paÃs, aunque sà la tenÃa. Luego Medicare dejó de pagar a su plan de salud, que como resultado la dio de baja.
Como beneficiaria de TPS con permiso de trabajo, sabÃa que se trataba de un error. Aun asÃ, sin su cheque, Carranza no tuvo dinero para pagar la renta durante un mes. Compensó ese pago cuidando a los hijos de sus arrendadores. En mayo pasado, la oficina de la representante federal Lateefah Simon (demócrata de Oakland) ayudó a Carranza a recuperar sus beneficios de jubilación, pero tomó meses recuperar su seguro de salud.
La experiencia la dejó afectada.
“Es como recibir una bofetada en la cara después de más de 30 años trabajando para el sistema aquÃâ€, dijo Carranza. “Y a cambio, esto es lo que tenemos ahoraâ€.
Por las noches permanece despierta imaginando el futuro: aquÃ, donde ha pasado la mitad de su vida, sin seguro de salud y posiblemente sin beneficios del Seguro Social; o en El Salvador, donde están dos de sus tres hijos. Su hija, residente permanente que vive en Texas, espera convertirse en ciudadana para poder solicitar la residencia permanente para Carranza, pero el proceso puede tardar años.
También está la posibilidad que más teme: la detención indefinida o la deportación.
En una mañana reciente en su estudio en el sótano en Oakland, Carranza sacó una caja del fondo de su clóset. Dentro habÃa una pila alta de tarjetas de identificación que incluÃan licencias de conducir antiguas, su tarjeta del Seguro Social y decenas de permisos de trabajo emitidos por el gobierno federal.
“Mi vida está en esta cajaâ€, dijo.
Este artÃculo fue producido en colaboración con , una organización cÃvico-mediática que sirve y cubre a las comunidades inmigrantes latinas y mayas del Ãrea de la BahÃa.
