Miles de ayuntamientos de todo el pa铆s han recibido indemnizaciones de empresas que fabricaban, vend铆an o distribu铆an analg茅sicos opioides, como Johnson & Johnson, AmerisourceBergen y Walmart. Las empresas desembolsar谩n un total de m谩s de $50,000 millones en acuerdos derivados de demandas nacionales. Pero averiguar la cantidad exacta que recibe cada ciudad o condado ha sido casi imposible porque la empresa que administra el acuerdo no ha hecho p煤blica la informaci贸n.
Hasta ahora.
Despu茅s de m谩s de un mes de comunicaciones con fiscales generales estatales, abogados privados que trabajan en el acuerdo y los administradores del acuerdo, 麻豆女优 Health News ha obtenido documentos que muestran las cantidades exactas en d贸lares que se asignaron a los gobiernos locales para 2022 y 2023. M谩s de 200 hojas de c谩lculo detallan las cantidades pagadas por cuatro de las empresas implicadas en los acuerdos nacionales. (Otras empresas relacionadas con los opioides comenzar谩n a hacer pagos a finales de este a帽o).
Por ejemplo, el condado de Jefferson, Kentucky 鈥攄onde se encuentra Louisville鈥 recibi贸 $860,657.73 de tres distribuidores farmac茅uticos este a帽o, mientras que el condado de Knox, un condado rural de Kentucky en los Apalaches 鈥攍a regi贸n que muchos consideran la zona cero de la crisis鈥 recibi贸 $45,395.33.
En California, el condado de Los Angeles recibi贸 este a帽o $6,3 millones de Janssen, la filial farmac茅utica de Johnson & Johnson. El condado de Mendocino, que tiene una de las del estado, recibi贸 unos $185,000.
El acceso a “esta informaci贸n es revolucionario para las personas que se preocupan por c贸mo se utilizar谩 este dinero”, dijo Dennis Cauchon, presidente de la organizaci贸n sin fines de lucro .
Algunos estados, como y , han publicado en internet los detalles de su distribuci贸n. Pero en la mayor铆a de los lugares, el seguimiento de los importes de los pagos exige llamar por tel茅fono, enviar correos electr贸nicos y presentar solicitudes de registros p煤blicos a todas las administraciones locales de las que se desee obtener informaci贸n.
Por lo tanto, recopilar los datos de un estado puede suponer ponerse en contacto con cientos de instituciones. En todo el pa铆s, podr铆an ser miles.
Cauchon lleva buscando esta informaci贸n para su estado desde abril de 2022. “El trabajo de compensaci贸n por los opioides se realiza a nivel local, a nivel individual, y ahora por primera vez, quienes trabajan a nivel local sabr谩n cu谩nto dinero est谩 disponible en su comunidad”.
Los acuerdos nacionales sobre opioides son el segundo mayor acuerdo de salud p煤blica de todos los tiempos, tras el acuerdo marco sobre el tabaco de la d茅cada de 1990. El dinero se destina a remediar el modo agresivo en que las empresas promocionaron los analg茅sicos opioides, alimentando una crisis de sobredosis que ahora se ha trasladado en gran medida a las drogas il铆citas, como el fentanilo. El a帽o pasado murieron m谩s de 105,000 estadounidenses .
Hasta ahora, los gobiernos estatales y locales han recibido m谩s de $3,000 millones en conjunto, seg煤n un documento de resumen nacional creado por , una empresa de administraci贸n de acuerdos y gesti贸n de litigios designada por la corte para gestionar la distribuci贸n de los pagos. En cada estado, los fondos del acuerdo se dividen en porcentajes variables entre las agencias estatales, los gobiernos locales y, en algunos casos, los consejos que supervisan los fondos de reducci贸n de opioides. Los pagos comenzaron en 2022 y continuar谩n hasta 2038, estableciendo lo que los expertos en salud p煤blica y los activistas denominan una oportunidad sin precedentes para avanzar contra una epidemia que ha asolado a Estados Unidos durante tres d茅cadas. 麻豆女优 Health News sigue de cerca el uso 鈥攜 el mal uso鈥 que los gobiernos hacen de este dinero en una investigaci贸n de un a帽o de duraci贸n.
Los 煤ltimos documentos se han obtenido de BrownGreer. La empresa es una de las pocas entidades que sabe exactamente cu谩nto dinero recibe cada gobierno estatal y local y cu谩ndo lo recibe, ya que supervisa c谩lculos complejos que implican los distintos t茅rminos y plazos de los acuerdos de cada empresa.
Aun as铆, hay lagunas en la informaci贸n que ha compartido. Algunos estados optaron por no recibir sus pagos a trav茅s de BrownGreer. Algunos pidieron a la empresa que pagara una suma global al estado, que luego la distribuir铆a entre los gobiernos locales. En esos casos, BrownGreer no dispon铆a de cifras sobre las asignaciones locales. Tampoco figuran en los datos de BrownGreer algunos estados que llegaron a acuerdos con empresas relacionadas con los opioides al margen de los acuerdos nacionales.
, de BrownGreer, se帽al贸 que el acuerdo de conciliaci贸n exige que el bufete de abogados env铆e notificaciones de los importes de los pagos a los gobiernos estatales y locales, as铆 como a las empresas que llegaron a un acuerdo. El bufete comparti贸 los documentos cuando 麻豆女优 Health News se lo pidi贸, pero no est谩 claro si seguir谩 haci茅ndolo.
Petkauskas escribi贸: “Los acuerdos de conciliaci贸n no prev茅n que tales notificaciones se hagan p煤blicas”, indicando que tal divulgaci贸n no era un requisito.
Las personas perjudicadas por la crisis de los opioides reclaman m谩s transparencia que la que ofrecen los requisitos m铆nimos. Dicen que, actualmente, no s贸lo es dif铆cil determinar cu谩nto dinero reciben los gobiernos, sino tambi茅n c贸mo se gastan esos d贸lares. Muchos se han puesto en contacto con funcionarios locales con preguntas o sugerencias, s贸lo para ser rechazadas o ignoradas.
Christine Minhee, fundadora de , descubri贸 que, en marzo, s贸lo 12 estados se hab铆an sobre el uso del 100% del dinero de sus acuerdos. Desde entonces, s贸lo tres estados m谩s han prometido compartir informaci贸n detallada sobre el uso que hacen del dinero.
Los expertos jur铆dicos y pol铆ticos que observan los acuerdos dicen que la falta de transparencia puede tener que ver con la influencia pol铆tica. En sus elogiosos comunicados de prensa, los fiscales generales de los estados se han jactado de los logros de estos acuerdos.
“El fiscal general [Daniel] Cameron ha cumplido hoy su promesa de luchar contra la epidemia de opioides anunciando un acuerdo de m谩s de $53 millones con Walmart”, dec铆a un emitido a finales del a帽o pasado por el estado de Kentucky.
“Miles de nuestros vecinos han enterrado a sus seres queridos a lo largo de la epidemia de opioides” y “estoy orgulloso de haberles entregado este gran acuerdo”, declar贸 el en un anuncio de julio de 2021, cuando se cerr贸 uno de los primeros acuerdos.
Una mayor transparencia, incluidos los importes de pago espec铆ficos para cada gobierno local, puede restar fuerza a algunos de esos comunicados de prensa, dijo Minhee. “Es dif铆cil politizar las cosas cuando no puedes presentar las cifras en el vac铆o”.
Si una comunidad compara su reparto de varios cientos de d贸lares con el reparto de varios miles de d贸lares de otra comunidad, puede haber consecuencias pol铆ticas. En las zonas rurales m谩s afectadas por la crisis ya ha surgido la preocupaci贸n de que la f贸rmula de reparto tenga demasiado en cuenta el n煤mero de habitantes y no reciban dinero suficiente para hacer frente a los da帽os sufridos durante d茅cadas.
Aun as铆, los expertos afirman que hacer p煤blicos estos datos es un paso crucial para garantizar que los acuerdos cumplan el objetivo de salvar vidas y remediar esta crisis.
Las soluciones tienen que estar lideradas por la comunidad, afirm贸 , directora de la iniciativa sobre adicci贸n y pol铆tica p煤blica del Instituto O’Neill de la Universidad de Georgetown. “Para ello, las propias comunidades tienen que saber cu谩nto dinero reciben”.
Si su condado recibe $5,000 este a帽o, no tendr铆a sentido abogar por un centro de desintoxicaci贸n de $500,000. En su lugar, podr铆an centrarse en la compra de naloxona, un medicamento que revierte las sobredosis de opioides. Conocer el importe anual tambi茅n permite hacer un seguimiento de los fondos y asegurarse de que no se malgastan, a帽adi贸 LaBelle.
Para Cauchon, de Harm Reduction Ohio, los datos de los pagos a nivel local son fundamentales para garantizar que el dinero de los acuerdos se destina a un buen uso en cada condado de Ohio.
“El conocimiento es poder y, en este caso, es el poder de saber cu谩nto dinero est谩 disponible para ser utilizado en la prevenci贸n de sobredosis”, se帽al贸.
