Esther Honig, Author at �鶹Ů�� Health News

Mientras Colorado avanza una ley que garantiza su acceso a atención médica, trabajadores agrícolas recuerdan el maltrato que sufren

Esther Honig and Rae Ellen Bichell — Fri, 11 Jun 2021 19:06:00 +0000

SAN LUIS VALLEY, Colorado – Una mujer con complicaciones en el embarazo necesitaba el permiso de su jefe para visitar al médico. A los voluntarios de salud de la comunidad se les negó la posibilidad de entregar alimentos e información sobre covid en las viviendas de los trabajadores. Una trabajadora agrícola tuvo una reacción alérgica grave, pero tuvo miedo de buscar tratamiento.

Para Nicole Civita, directora de políticas del grupo de defensa de Colorado, Project Protect Food Systems Workers, estas historias encapsulan una arraigada dinámica de poder que covid-19 ha puesto de manifiesto: los trabajadores agrícolas son “esenciales, pero son tratados como prescindibles”, incluso cuando se trata de acceder a la atención médica.

Su organización es una de las muchas que han apoyado la denominada Carta de Derechos de los Trabajadores Agrícolas. Entre sus disposiciones se encuentra el requisito de que los más de 3,000 trabajadores agrícolas de Colorado, que viven en viviendas proporcionadas por el empleador, puedan visitar, o ser visitados, por profesionales médicos y trabajadores sanitarios de la comunidad. Los empleadores también deben proporcionar transporte a las visitas médicas, para aquellos que no tienen vehículos. El proyecto de ley fue aprobado recientemente por la asamblea legislativa y ahora está en manos del gobernador.

Estados como Florida, Maryland, Oregon y Wisconsin han garantizado a los trabajadores agrícolas el derecho a ver a proveedores de atención médica en su lugar de residencia. La pandemia ha llevado a Carolina del Norte a reiterar que los empleadores no pueden prohibir a los proveedores de atención médica que visiten a los trabajadores agrícolas que viven en sus propiedades.

Augusto Basterrechea, que se encarga de la asistencia a los trabajadores agrícolas del Departamento de Trabajo y Empleo de Colorado en el Valle de San Luis, un centro agrícola, dijo que en sus ocho años de trabajo nunca había oído hablar de un trabajador agrícola que no pudiera recibir atención médica, ni siquiera durante la pandemia.

Pero la ex trabajadora agrícola Anita Rodríguez recuerda con claridad una llamada que recibió a las 2 de la madrugada en septiembre, cuando la cosecha estaba en pleno apogeo en la región bordeada por montañas nevadas y conocida por sus cultivos de papas, lechugas y espinacas a gran altitud. Era de un hombre que trabajaba en una granja. “Estaba fuera de sí”.

Tenía el cuerpo cubierto de grandes ronchas rojas y la cara hinchada. Apenas podía abrir los ojos. Quería atención médica, dijo, pero le preocupaba que lo vieran saliendo a escondidas de la vivienda que le proporcionaba su empleador, que está rodeada por una cerca alta, gran parte de ella coronada con alambre de púas. Un capataz vigilaba el campamento y sólo permitía que salieran tres o cuatro trabajadores al día, según contó a Rodríguez, que trabaja como voluntaria en la comunidad y que contó la historia a los legisladores en marzo.

Amy Kunugi, directora general de Southern Colorado Farms, dijo que el alambrado tiene por objeto disuadir de los robos durante la temporada baja, y que la granja nunca ha vigilado las entradas y salidas de los empleados. Sin embargo, los protocolos de covid habían prohibido las visitas a menos que fueran aprobadas por los gerentes, y habían limitado el número de empleados que podían salir para viajes esenciales en un momento dado.

“Estoy sorprendida”, dijo Kunugi, que se enteró de la historia en la audiencia legislativa sobre el proyecto de ley en marzo. Dice que no ha encontrado ningún empleado que conozca la historia. “Siempre llevaríamos a la gente si necesitara atención sanitaria”.

Linda Rossi, de Fresh Harvest, la empresa que recluta trabajadores agrícolas para la granja de Kunugi, añadió: “Es imposible que esta acusación sea cierta, ya que, el año pasado, si alguien llegaba a decir que tenía hipo, lo atendíamos”.

Sin embargo, según Rodríguez, este hombre que tenía una urgencia médica en su día libre se sintió lo suficientemente asustado como para buscar atención urgente y urdió un plan con ella: esperaron hasta más tarde esa mañana, cuando él estaba seguro de que podría salir sin ser visto. Se encontraron en una tienda de todo por un peso cercana, y Rodríguez lo llevó a una clínica de atención urgente en el pueblo vecino.

“Tenía miedo de que lo descubrieran porque no quería perder su visado”, comenta. “Así es como mantiene a su familia”.

Después que el hombre recibiera el tratamiento para su grave reacción alérgica, dijo, regresaron al alojamiento de los trabajadores. El hombre se escondió en su asiento y le pidió a Rodríguez que pasara despacio, para asegurarse que el coche del capataz no estaba fuera. Entonces, dijo, “saltó de mi coche casi volando” y volvió a entrar corriendo.

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos estima que la nación tiene de trabajadores agrícolas, con más de 36,700 en Colorado. A nivel nacional, según la del Departamento de Trabajo de 2015-16, alrededor del 15% de los trabajadores agrícolas vivían en una vivienda proporcionada por el empleador, y un poco menos de la mitad dijo que tenía seguro de salud. Mientras que alrededor del 40% de los trabajadores encuestados dijeron que no habían utilizado los servicios de atención médica en los Estados Unidos en los dos años anteriores, alrededor del 87% dijo que lo había necesitado.

Cerca de la mitad de los trabajadores agrícolas de esa encuesta eran indocumentados, lo que les hace vulnerables a los abusos e intimidaciones de sus empleadores. Incluso los que tienen visados de trabajo agrícola pueden ver sus movimientos restringidos: La organización internacional de derechos de los migrantes Centro de los Derechos del Migrante que más de un tercio de los 100 trabajadores encuestados en 2019 informaron que su empleador determinaba cuándo podían salir de su vivienda o lugar de trabajo.

Jenifer Rodríguez, abogada gerente de la organización sin fines de lucro (sin relación con Anita Rodríguez), dijo que, además de las barreras como la falta de seguro médico y el costo del tratamiento, los trabajadores agrícolas son vulnerables a las represalias del empleador.

En los 14 años que lleva representando a trabajadores agrícolas en Colorado, ha hablado, entre otros, de un pastor de rebaño cuyo empleador no lo llevó al médico por lo que resultó ser un tumor cerebral, y de proveedores de atención médica a los que se les impidió entrar en la propiedad de la granja para visitar a los trabajadores, incluso cuando estaban fuera del horario de trabajo. “Hay muchos empleadores que les niegan las visitas”, dijo.

Los agricultores se opusieron a la Ley de Derechos de los Trabajadores Agrícolas, principalmente por su exigencia de pagar horas extra. “La forma en que se presentó, probablemente habría dejado a la mayoría de la industria fuera del negocio. Literalmente”, dijo Marilyn Bay Drake, directora ejecutiva de la Asociación de Productores de Frutas y Verduras de Colorado.

Drake dijo que los miembros también se preocupan de que las disposiciones de acceso médico podrían interferir con la capacidad de los productores para seguir la (Ley Federal de Modernización de la Seguridad Alimentaria), que incluye requisitos destinados a evitar que los visitantes introduzcan enfermedades transmitidas por alimentos en las granjas.

En la audiencia del Senado estatal celebrada en marzo, algunos agricultores declararon sentirse “avergonzados” y “conmovidos” al escuchar las historias de maltrato a los trabajadores. Harry Strohauer, quien cultiva papas, repitió un estribillo común: “Puede que haya algunas manzanas podridas en nuestro grupo, pero yo no lo veo. Ninguno de nosotros lo ha visto. Creemos que hacemos un buen trabajo. Creemos que cuidamos de nuestra gente”.

Civita, del Proyecto Protect, considera que ese argumento es problemático. “A menudo nos quedamos atascados, cuando tratamos de desmantelar el racismo estructural en la ley, en quién es un buen empleador y quién es un mal empleador”, dijo. “Pero incluso los que se consideran buenos en comparación con los demás están realmente acostumbrados a mantener brechas de poder bastante significativas”.

Civita dijo que esas brechas de poder se institucionalizaron en la década de 1930 con dos leyes federales, la Ley Nacional de Relaciones Laborales y la Ley de Normas Laborales Justas, que prometieron a los trabajadores un salario mínimo, el pago de horas extra y el derecho a organizarse.

Según una investigación de la , aunque las medidas incluían originalmente a todos los trabajadores, un grupo de congresistas del Sur presionó para que se excluyeran a las trabajadoras domésticas y a los trabajadores agrícolas, puestos ocupados entonces principalmente por afroamericanos.

En ese momento, según los , un representante de Florida dijo: “No se puede poner al negro y al blanco en la misma base y salirse con la suya”.

Casi un siglo después, los trabajadores agrícolas de 40 estados, incluido Colorado, siguen sin tener derecho a organizarse y sólo un puñado de ellos les garantizan el pago de horas extras. Sólo la mitad de los estados, incluido Colorado, exigen a los empleadores que proporcionen una . Los trabajadores agrícolas también están excluidos de varias normas federales de seguridad -como la seguridad en las escaleras y las protecciones contra caídas- a pesar de que trabajan en un sector que el Departamento de Trabajo considera entre los más peligrosos.

Rodríguez, abogado de los Servicios Legales de Colorado, señala a un trabajador lácteo indocumentado de Colorado que cuando el tractor que conducía cayó en un pozo de estiércol que, al parecer, no tenía barandas. Rodríguez espera que el derecho a organizarse ayude a los trabajadores a abogar por medidas de salud y seguridad para prevenir tales tragedias. “La gente no está dispuesta a dar un paso adelante y hacerlo porque, ya sabes, tienen miedo de perder su trabajo”.

Una trabajadora agrícola, que pidió permanecer en el anonimato porque es indocumentada y teme ser deportada si se revela su identidad, dijo a KHN que llevaba 10 años trabajando para un productor de papas en el Valle de San Luis cuando quedó embarazada.

“Fue entonces cuando todo cambió. Estaban enojados”, dijo en español.

Como vivía en una vivienda proporcionada por el empleador, dijo que tenía que pedir permiso para ir a cada cita médica, incluso cuando empezó a tener complicaciones con el embarazo. “No era justo, pero dependíamos de nuestros trabajos porque vivíamos en una vivienda de la granja”, dijo.

Una mañana de invierno, comenzó el trabajo de parto. Mientras su marido la llevaba al hospital, llamó a su supervisor, que le dijo que la esperaba en el trabajo al mediodía. “Obviamente no pudo. Estuve 12 horas de parto”, se lamentó ella.

Cuando su marido se presentó al día siguiente, lo regañaron por faltar al trabajo. Al cabo de una semana, ambos fueron despedidos. “Nos quedamos sin trabajo, y nos quedamos sin casa con un bebé recién nacido”, contó.

Duda que el nuevo proyecto de ley cambie las condiciones de trabajadores como ella. “Las empresas van a hacer todo lo posible para oponerse. No les importa si tienes problemas, si estás enfermo o si un padre ha muerto. Sólo les interesa el trabajo”.

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Farmworkers Recall Mistreatment as Colorado Aims to Guarantee Medical Access

Esther Honig and Rae Ellen Bichell — Fri, 11 Jun 2021 09:00:00 +0000

SAN LUIS VALLEY, Colo. — A woman with pregnancy complications needed permission from her boss to visit a doctor. Community health volunteers were turned away from delivering food and covid information to worker housing. A farmworker had a serious allergic reaction but was afraid to seek treatment.

To Nicole Civita, policy director with Colorado advocacy group Project Protect Food Systems Workers, such stories encapsulate an entrenched power dynamic that covid-19 has brought into focus: Farmworkers are “essential but treated as expendable,” including when it comes to accessing health care.

Her organization is one of many that supported dubbed the Farmworker Bill of Rights. Among its provisions is a requirement that the more than 3,000 Colorado farmworkers who live in employer-provided housing be able to visit, or be visited by, medical professionals and community health workers. Employers must also provide transportation to medical visits for those without vehicles. The bill passed the legislature Tuesday and is now off to the governor.

States including Florida, Maryland, Oregon and Wisconsin have guaranteed farmworkers the right to see health care providers where they live. The pandemic spurred North Carolina to reiterate that employers cannot bar health care providers from visiting farmworkers living on their property.

Augusto Basterrechea, who does outreach to farmworkers for the Colorado Department of Labor and Employment in the San Luis Valley, an agricultural hub, said that in his eight years in the role he had never heard of a farmworker being unable to get medical care, even during the pandemic.

But former farmworker Anita Rodriguez clearly remembers a call she received at 2 a.m. in September, when the harvest was in full swing in the region bordered by snow-capped mountains and known for its high-altitude crops of potatoes, lettuce and spinach. It was from a man working on a farm. “He was freaking out.”

His body was covered in large red hives and his face was swollen. He could barely open his eyes. He wanted medical attention, she said, but was worried about being caught sneaking out of his employer-provided housing, which is surrounded by tall chain-link fencing, much of it topped with razor wire. A foreman watched over the camp and allowed just three or four workers to leave each day, he told Rodriguez, who volunteers as a community outreach worker and recounted the story to lawmakers in March.

Amy Kunugi, general manager of Southern Colorado Farms, said that the razor wire is intended to deter break-ins during the off-season and that the farm has never policed employees’ comings and goings. However, covid protocols had banned visitors unless approved by managers and limited the number of employees who could leave for essential trips at a given time.

“I’m just kind of gobsmacked,” said Kunugi, who first learned of the story at the March legislative hearing on the bill. She said she hasn’t found any employees who are familiar with the story. “We always would transport people if they needed health care.”

Linda Rossi with Fresh Harvest, the company that recruits farmworkers for Kunugi’s farm, added: “There is no way this allegation has any merit, and if anyone so much as said they had the hiccups last year, we responded.”

Still, Rodriguez said, this man having a medical emergency on his day off felt scared enough about seeking urgent care that he hatched a plan with her: They waited until later that morning, when he was sure he could sneak out unnoticed. They met at the dollar store down the street, and Rodriguez drove him to an urgent care clinic in the next town over.

“He was afraid to get caught because he didn’t want to lose his visa,” she said. “That’s how he supports his family.”

After the man received treatment for his severe allergic reaction, she said, they drove back toward the worker housing. He slunk down in his seat and asked that Rodriguez drive by slowly, so that he could make sure the foreman’s car was not outside. Then, she said, he “jumped out of my car like a bat out of hell” and sprinted back inside.

The U.S. Department of Agriculture estimates the nation has farmworkers, with more than 36,700 in Colorado. Nationally, according to the Department of Labor’s of 2015-16, about 15% of crop workers lived in employer-provided housing, and a little under half said they had health insurance. While about 40% of respondents said they had not used health care services in the U.S. in the previous couple of years, around 87% said they’d needed it.

About half of crop workers in that survey were undocumented, leaving them vulnerable to abuse and intimidation by their employers. Even those with agricultural work visas can find their movements restricted: The international migrant rights organization Centro de los Derechos del Migrante that more than a third of 100 workers surveyed in 2019 reported that their employer determined when they could leave their housing or job site.

Jenifer Rodriguez, managing attorney with the nonprofit (no relation to Anita Rodriguez), said that, in addition to barriers like lack of health insurance and the cost of treatment, farmworkers are vulnerable to employer retaliation. In her 14 years representing farmworkers in Colorado, she’s spoken to, among others, a sheepherder whose employer wouldn’t give him a ride to a doctor for what turned out to be a brain tumor, and health care providers prevented from entering farm property to visit workers even when they were off the clock. “There are a lot of employers that deny them access to do that,” she said.

Growers balked at the Farmworker Bill of Rights, primarily over its requirement to provide overtime pay. “The way it was introduced, it probably would have put the majority of the industry out of business. Literally,” said Marilyn Bay Drake, executive director of the Colorado Fruit and Vegetable Growers Association.

Drake said members also worry that the medical access provisions could interfere with growers’ ability to follow the federal , which includes requirements meant to prevent visitors from introducing foodborne illness to farms.

At the state Senate hearing in March, some farmers testified they were “embarrassed” and “shaken” to hear stories of worker mistreatment. Potato farmer Harry Strohauer repeated a common refrain: “There may be a few bad apples in our group, but I don’t see it. None of us have seen it. We believe that we do a good job. We believe we take care of our people.”

Civita, with Project Protect, finds that argument problematic. “So often we get stuck, when we’re trying to dismantle structural racism in the law, on who’s a good employer and who’s a bad employer,” she said. “But even the ones who stack up as good compared to others are really used to maintaining pretty significant power gaps.”

Civita said those power gaps were institutionalized in the 1930s with two federal laws, the National Labor Relations Act and Fair Labor Standards Act, that promised workers a minimum wage, overtime pay and the right to organize. According to research from , while the measures originally included all workers, a group of Southern congressmen pushed to exclude domestic workers and farmworkers — positions primarily held then by African Americans.

At the time, a Florida representative said, “You cannot put the Negro and the white man on the same basis and get away with it.”

Nearly a century later, farmworkers in 40 states, including Colorado, still have no right to organize and no more than a handful of states guarantee them overtime pay. Only half of states, including Colorado, require employers to provide for job injuries. Farmworkers are also excluded from several federal safety standards — such as ladder safety and falling protections — even though they work in an industry the U.S. Labor Department considers among the most hazardous.

Rodriguez, the lawyer with Colorado Legal Services, points to an undocumented Colorado dairy worker who when the tractor he was driving fell into a manure pit that reportedly had no guardrails. Rodriguez hopes the right to organize would help workers advocate for health and safety measures to prevent such tragedies. “People just aren’t willing to step up and do it because, you know, fear of losing their job.”

A farmworker who asked to remain anonymous because she’s undocumented and fears deportation if her identity is revealed told KHN she had been working for a potato producer in the San Luis Valley for 10 years when she became pregnant.

“That’s when everything changed,” she said in Spanish. “They were annoyed.”

Because she lived in employer-provided housing, she said, she had to ask for permission to go to every doctor’s appointment, even when she started having complications with the pregnancy. “It wasn’t fair, but we relied on our jobs because we were living in farm housing,” she said.

On a winter morning, she went into labor. As her husband drove her to the hospital, he called his supervisor, who told him he was expected at work by noon. “Obviously he couldn’t,” she said. “I was in labor for 12 hours.”

When her husband reported back the following workday, he was scolded for missing work. Within a week, they were both fired.

“We were left without work, and we were left without a home with a newborn baby,” she said.

She doubts the new bill would change conditions for workers like her.

“The companies are going to do everything possible to fight,” she said. “They don’t care if you have problems, if you’re sick or if a parent has died. They’re only interested in the work.”

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