Ahora, cuando García-Ramírez mira por encima del hombro, no son los monos monstruosos a los que teme. Son los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

“Uno siempre está con el temor de que, tal vez va caminando por la calle, puede aparecerse un vehículo”, dijo García-Ramírez, de 57 años. “Te dicen: ‘Somos de ICE; estás arrestado’, o ‘’Enséñame tus documentos”.

Silverthorne, una pequeña ciudad entre las mecas del esquí de Breckenridge y Vail, ha sido el hogar de García-Ramírez durante los últimos dos años. Trabaja como cajero en un supermercado y comparte un apartamento de dos habitaciones con cuatro compañeros.

La ciudad de casi 5.000 habitantes ha sido un refugio acogedor para el , quien fue liberado de prisión en 2023 después que el gobierno autoritario de Nicaragua con el gobierno estadounidense para trasladar a más de 200 presos políticos a Estados Unidos.

A los exiliados se les ofreció residencia temporal en Estados Unidos bajo un programa de (conocido como parole humanitario) de la administración Biden.

Este permiso humanitario de dos años de García-Ramírez expiró en febrero, apenas unas semanas después que el presidente Donald Trump emitiera una orden ejecutiva para poner fin al programa por el cual se había otorgado la residencia legal temporal en Estados Unidos a cientos de miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Esto lo ponía en riesgo de deportación.

A García-Ramírez se le retiró la ciudadanía nicaragüense al llegar a Estados Unidos. Hace poco más de un año, solicitó asilo político. Sigue esperando una entrevista.

“Ahora, pues, no hay una seguridad fuerte de decir estoy tranquilo, estoy bien”, dijo García-Ramírez. “Te sentís inseguro, te sentís incapacitado de hacer algo para remediar la situación”.

Vail y Breckenridge son mundialmente famosos por sus pistas de esquí, que atraen a millones de turistas cada año. Pero la vida para la fuerza laboral de la industria que atiende a los centros turísticos de montaña de Colorado es menos glamorosa.

Los residentes de los pueblos montañosos de Colorado experimentan altas tasas de y , impulsadas en parte por las fluctuaciones estacionales de los ingresos, que pueden causar estrés a muchos trabajadores locales.

Las comunidades latinas, que constituyen una proporción significativa de la población residente permanente en estos pueblos de montaña, son particularmente vulnerables.

Una reveló que más de 4 de cada 5 latinos encuestados en la región de la Ladera Occidental, donde se encuentran muchas de las comunidades rurales de estaciones de esquí del estado, expresaron una preocupación “extrema o muy grave” por el consumo de sustancias.

Esta cifra es significativamente mayor que en el condado rural de Morgan, en el este de Colorado, que también cuenta con una , y en Denver y Colorado Springs.

A nivel estatal, la preocupación por la salud mental entre los latinos en los últimos años, pasando de menos de la mitad que la consideraba un problema extremadamente grave o muy grave en 2020 a más de tres cuartas partes en 2023.

Tanto profesionales de salud como investigadores, y miembros de la comunidad, afirman que factores como las diferencias lingüísticas, el estigma cultural y las barreras socioeconómicas pueden exacerbar los problemas de salud mental y limitar el acceso a la atención médica.

“No recibes atención médica regular. Trabajas muchas horas, lo que probablemente significa que no puedes cuidar de tu propia salud”, dijo , profesor adjunto de Sociología de la Universidad de Stanford. “Todos estos factores agravan el estrés que todos podríamos experimentar en la vida diaria”.

Si a esto le sumamos los altísimos costos de vida y la escasez de centros de salud mental en los destinos turísticos rurales de Colorado, el problema se agrava.

Ahora, las amenazas de la administración Trump de redadas migratorias y la inminente deportación de cualquier persona sin residencia legal en el país han disparado los niveles de estrés.

Según estiman defensores, en las comunidades cercanas a Vail, la gran mayoría de los residentes latinos no tienen papeles. Las comunidades cercanas a Vail y Breckenridge no han sufrido redadas migratorias, pero en el vecino condado de Routt, donde se encuentra Steamboat Springs, al menos tres personas con antecedentes penales han sido detenidas por el ICE, según informes de prensa.

Las que afirman falsamente haber visto a oficiales del ICE merodeando cerca de sus hogares han alimentado aún más la preocupación.

Yirka Díaz Platt, trabajadora social bilingüe de Silverthorne, originaria de Perú, afirmó que el temor generalizado a la deportación ha llevado a muchos trabajadores y residentes latinos a refugiarse en las sombras.

Según trabajadores de salud y defensores locales, las personas han comenzado a cancelar reuniones en persona, y a evitar solicitar servicios gubernamentales que requieren el envío de datos personales. A principios de febrero, algunos residentes locales no se presentaron a trabajar como parte de una huelga nacional convocada por el “Día sin Inmigrantes”. Los empleadores se preguntan si por las deportaciones.

Algunos inmigrantes han dejado de conducir por temor a ser detenidos por la policía. Paige Baker-Braxton, directora de salud conductual ambulatoria del sistema de Vail Health, comentó que ha observado una disminución en las visitas de pacientes hispanohablantes en los últimos meses.

“Intentan mantenerse en casa. No socializan mucho. Si vas al supermercado, ya no ves a mucha gente de nuestra comunidad”, dijo Platt. “Hay ese miedo de: ‘No, ahora mismo no confío en nadie'”.

Juana Amaya no es ajena a resistir para sobrevivir. Amaya emigró a la zona de Vail desde Honduras en 1983 como madre soltera de un niño de 3 años y otro de 6 meses. Lleva más de 40 años trabajando como limpiadora de casas en condominios y residencias de lujo en los alrededores de Vail, a veces trabajando hasta 16 horas al día. Con apenas tiempo para terminar el trabajo y cuidar de una familia en casa, comentó, muchas veces les cuesta a los latinos de su comunidad admitir que el estrés ya es demasiado.

“Nos da pena decir qué sentimos”, dijo, “Entonces no damos a conocer que estamos teniendo un problema de salud mental”.

El clima político actual solo ha empeorado las cosas.

“Ha tenido mucho impacto”, dijo. “Hay gente que tiene sus niños pequeños y piensan cómo le van a hacer, si están ellos en escuela y ellos llegan a ser tomados, llevados a un lugar, y los niños se quedan… ¿Y qué hacer?”.

Asad ha estudiado el impacto de la retórica de la deportación en la salud mental de las comunidades latinas. Fue coautor de , publicado el año pasado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, que concluyó que el aumento de esta retórica puede causar mayores niveles de angustia psicológica en los no ciudadanos latinos e incluso en los ciudadanos latinos.

Asad descubrió que ambos grupos pueden experimentar mayores niveles de estrés, y las investigaciones las consecuencias negativas de la falta de documentación de los padres en la salud y el rendimiento educativo de sus hijos.

“Las desigualdades o las dificultades que imponemos hoy a sus padres son las dificultades o desigualdades que sus hijos heredarán mañana”, afirmó Asad.

A pesar de los altos niveles de miedo y ansiedad, los latinos que viven y trabajan cerca de Vail aún encuentran maneras de apoyarse mutuamente y buscar ayuda.

en el condado de Summit, donde se encuentra Breckenridge, y a menos de una hora en coche de Vail, han ofrecido talleres de salud mental para nuevos inmigrantes y mujeres latinas. Building Hope, en el condado de Summit y en el condado de Eagle, donde se encuentra Vail, ayudan a quienes a pagar un número determinado de sesiones de terapia.

Vail Health planea abrir para pacientes hospitalizados en mayo, y la Alianza Móvil de Recursos Interculturales ofrece servicios integrales, incluyendo recursos de salud conductual, directamente a las comunidades cercanas a Vail.

De vuelta en Silverthorne, García-Ramírez, el exiliado nicaragüense, vive el día a día.

“Si me deportan de aquí, voy directo a Nicaragua”, dijo García-Ramírez, quien contó haber recibido una amenaza de muerte verbal de las autoridades de su país natal. “Con honestidad, yo no creo que estaría vivo un día”.

Mientras tanto, continúa su rutinario viaje a casa desde su trabajo de cajero, a veces sorteando nieve resbaladiza y calles oscuras después de las 9 pm. Cuando surgen pensamientos de pesadilla sobre su propio destino en Estados Unidos, García-Ramírez se concentra en el suelo bajo sus pies.

“Tengo [que] a veces, todos los días, llueva, truene, relampaguee, nieve”, dijo, “caminar”.

Este artículo se publicó con el apoyo de Journalism & Women Symposium (JAWS) Health Journalism Fellowship, asistida por subvenciones de The Commonwealth Fund.

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Now, when García-Ramírez looks over his shoulder, it’s not monster monkeys he is afraid of. It’s U.S. Immigration and Customs Enforcement officers.

“There’s this constant fear that you’ll be walking down the street and a vehicle rolls up,” García-Ramírez, 57, said in Spanish. “They tell you, ‘We’re from ICE; you’re arrested,’ or, ‘Show me your papers.’”

Silverthorne, a commuter town between the ski meccas of Breckenridge and Vail, has been García-Ramírez’s home for the past two years. He works as a cashier at the grocery and shares a two-bedroom apartment with four roommates.

The town of nearly 5,000 has proved a welcome haven for the , who was released from prison in 2023 after Nicaragua’s authoritarian government with the U.S. government to transfer more than 200 political prisoners to the U.S. The exiles were offered temporary residency in the U.S. under a Biden administration .

García-Ramírez’s two-year humanitarian parole expired in February, just a few weeks after President Donald Trump issued an to end the program that had permitted temporary legal residency in the U.S. for hundreds of thousands of Cubans, Haitians, Nicaraguans, and Venezuelans, putting him at risk of deportation. García-Ramírez was stripped of his Nicaraguan citizenship when he came to the U.S. Just over a year ago, he applied for political asylum. He is still waiting for an interview.

“I can’t safely say I’m calm, or I’m OK, right now,” García-Ramírez said. “You feel unsafe, but you also feel incapable of doing anything to make it better.”

Vail and Breckenridge are world famous for their ski slopes, which attract millions of people a year. But life for the tourism labor force that serves Colorado’s mountain resorts is less glamorous. Residents of Colorado’s mountain towns experience and , fueled in part by seasonal fluctuations in income that can cause stress for many in the local workforce.

The Latino communities who make up significant proportions of year-round populations in Colorado’s mountain towns are particularly vulnerable. A found more than 4 in 5 Latino respondents in the Western Slope region, home to many of the state’s rural ski resort communities, expressed “extremely or very serious” concern about substance use. That’s significantly higher than in rural eastern Colorado’s Morgan County, which also has a , and in Denver and Colorado Springs.

Statewide, concerns about mental health among Latinos in recent years, rising from fewer than half calling it an extremely or very serious problem in 2020 to more than three-quarters in 2023. Health care workers, researchers, and community members all say factors such as language differences, cultural stigma, and socioeconomic barriers may exacerbate mental health issues and limit the ability to access care.

“You’re not getting regular medical care. You’re working long hours, which probably means that you can’t take care of your own health,” said , a Stanford University assistant professor of sociology. “All of these factors compound the stresses that we all might experience in daily life.”

Add sky-high costs of living and an inadequate supply of mental health facilities across Colorado’s rural tourist destinations, and the problem becomes acute.

Now, the Trump administration’s threats of immigration raids and imminent deportation of anyone without legal U.S. residency have caused stress levels to soar. In communities around Vail, advocates estimate, a vast majority of Latino residents do not have legal status. Communities near Vail and Breckenridge have not experienced immigration raids, but in neighboring Routt County, home to Steamboat Springs, at least three people with criminal records have been detained by ICE, according to news reports. falsely claiming local ICE sightings have further fueled concerns.

Yirka Díaz Platt, a bilingual social worker in Silverthorne originally from Peru, said a pervasive fear of deportation has caused many Latino workers and residents to retreat into the shadows. People have begun to cancel in-person meetings and avoid applying for government services that require submitting personal data, according to local health workers and advocates. In early February, some locals didn’t show up to work as part of a nationwide “day without immigrants” strike. whether they will lose valuable employees to deportation.

Some immigrants have stopped driving out of fear they will be pulled over by police. Paige Baker-Braxton, director of outpatient behavioral health at the Vail Health system, said she has seen a decline in visits from Spanish-speaking patients over the last few months.

“They’re really trying to keep to themselves. They are not really socializing much. If you go to the grocery stores, you don’t see much of our community out there anymore,” Platt said. “There’s that fear of, ‘No, I’m not trusting anyone right now.’”

Juana Amaya is no stranger to digging in her heels to survive. Amaya immigrated to the Vail area from Honduras in 1983 as a single mother of a 3-year-old and a 6-month-old. She has spent more than 40 years working as a house cleaner in luxury condos and homes around Vail, sometimes working up to 16 hours a day. With barely enough time to finish work and care for a family at home, she said, it is often hard for Latinos in her community to admit when the stress has become too much.

“We don’t like to talk about how we’re feeling,” she said in Spanish, “so we don’t realize that we’re dealing with a mental health problem.”

The current political climate has only made things worse.

“It’s had a big impact,” she said. “There are people who have small children and wonder what they’ll do if they’re in school and they are taken away somewhere, but the children stay. What do you do?”

Asad has studied the mental health impacts of deportation rhetoric on Latino communities. He co-authored , published last year in the journal Proceedings of the National Academy of Sciences, that found escalated deportation rhetoric may cause heightened levels of psychological distress in Latino noncitizens and even in Latino citizens.

Asad found that both groups may experience increased stress levels, and research the negative consequences of a parent’s lack of documentation on the health and educational attainment .

“The inequalities or the hardships we impose on their parents today are the hardships or inequalities their children inherit tomorrow,” Asad said.

Despite heightened levels of fear and anxiety, Latinos living and working near Vail still find ways to support one another and seek help. in Summit County, home to Breckenridge and less than an hour’s drive from Vail, have offered mental health workshops for new immigrants and Latina women. Building Hope Summit County and in Eagle County, home to Vail, pay for a set number of therapy sessions.

Vail Health plans to open a in May, and the Mobile Intercultural Resource Alliance provides wraparound services, including behavioral health resources, directly to communities near Vail.

Back in Silverthorne, García-Ramírez, the Nicaraguan exile, takes things one day at a time.

“If they deport me from here, I’d go directly to Nicaragua,” said García-Ramírez, who said he had received a verbal death threat from authorities in his native country. “Honestly, I don’t think I would last even a day.”

In the meantime, he continues to make the routine trek home from his cashier job, sometimes navigating slick snow and dark streets past 9 p.m. When nightmarish thoughts about his own fate in America surface, García-Ramírez focuses on the ground beneath his feet.

“Come rain, shine, or snow,” he said, “I walk.”

This article was published with the support of the Journalism & Women Symposium (JAWS) Health Journalism Fellowship, assisted by grants from The Commonwealth Fund.