Vestida con ropa de senderismo y collares de cuentas, Carranza, de 67 años, se movía entre árboles y niños en una mañana soleada de diciembre. “Agárrate de esa rama”, dijo en español. “¡Tú puedes, mi amor!”.

Carranza, profesional especializada en desarrollo infantil que creció columpiándose entre árboles y nadando en ríos en El Salvador, dijo que se siente como en casa en el bosque del preescolar al aire libre que cofundó. Ha trabajado con niños y adolescentes como cuidadora y educadora durante más de tres décadas, el tiempo suficiente para saber cuándo intervenir y cuándo dar un paso atrás para que sus estudiantes encuentren su propio equilibrio.

Cuando pasó a trabajar medio tiempo el año pasado, Carranza contaba con recibir Medicare y cheques del Seguro Social, beneficios otorgados a trabajadores estadounidenses e inmigrantes con presencia legal cuando se retiran, si de historial laboral y edad, o si tienen alguna discapacidad.

Carranza ha aportado decenas de miles de dólares a Medicare y al Seguro Social durante 24 años, según su registro de ingresos de la Administración del Seguro Social, revisado por El Tímpano y Â鶹ŮÓÅ Health News. Pero Carranza es una de un estimado de 100.000 inmigrantes con papeles que pronto quedarán excluidos de Medicare.

La ley One Big Beautiful Bill Act del Partido Republicano, firmada en julio pasado por el presidente Donald Trump, prohíbe que ciertas categorías de inmigrantes con presencia legal — incluidos beneficiarios del estatus de protección temporal (TPS), refugiados, solicitantes de asilo, sobrevivientes de violencia doméstica, víctimas de trata y personas con visas de trabajo — accedan a Medicare.

Quienes ya están en el programa, como Carranza, serán dados de baja antes del 4 de enero, una medida de legisladores republicanos para reducir el gasto de Medicare, ya que, junto con Trump, han argumentado que el dinero de los contribuyentes no debe usarse para pagar la atención médica de inmigrantes sin autorización.

“Los demócratas quieren que los inmigrantes ilegales, muchos de ellos CRIMINALES VIOLENTOS, reciban atención médica GRATIS”, dos meses después de firmar la ley. “¡No podemos permitir que esto suceda!”

Sin embargo, las categorías de inmigrantes que ahora perderán cobertura sí tienen estatus legal. Ni la Casa Blanca ni el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) respondieron a una pregunta sobre si era justo sacar de Medicare a residentes legales.

Los inmigrantes sin estatus legal ya no eran elegibles para Medicare ni para la mayoría de los beneficios públicos financiados por el gobierno federal.

Carranza teme que también pueda perder el permiso legal para vivir en Estados Unidos si la administración Trump pone fin al TPS para salvadoreños, como intentó hacer durante .

Si eso ocurre, Carranza perdería su residencia legal y podría estar en riesgo de pasar tiempo en un centro de detención migratorio o ser deportada.

“Esto es como una película de terror, una pesadilla completa”, dijo Carranza. “No es así como imaginé envejecer”.

“Bajo ataque constante”

Carranza dejó El Salvador en 1991 durante una guerra civil brutal, dejando atrás a tres hijos pequeños, para ganar dinero y enviarlo a su familia. Permaneció en el país después de que venciera su visa hasta 2001, cuando calificó para el TPS, luego de dos terremotos que azotaron El Salvador, y desplazando a 1,3 millones.

El TPS fue aprobado por el Congreso y promulgado en 1990 por el presidente republicano George H.W. Bush.

Este estatus permite que personas como Carranza, provenientes de ciertos países afectados por conflictos armados, guerras civiles o desastres climáticos, vivan y trabajen en Estados Unidos, si regresar a su país representa un riesgo.

Carranza se perdió la graduación de jardín de infantes de su hija menor y su primera medalla en atletismo. Trabajó turnos nocturnos cuidando recién nacidos y luego como maestra sustituta en escuelas públicas del Área de la Bahía de San Francisco para pagar la educación de sus hijos en El Salvador, así como sus propios estudios en el City College of San Francisco, donde obtuvo un título en desarrollo infantil.

También cuidó a decenas de niños de 3, 4 y 5 años que miraban con asombro mientras descubrían pequeños tesoros en el bosque de secuoyas del parque de Oakland donde cofundó Escuelita del Bosque, un preescolar de inmersión en español que enseña al aire libre.

Se suponía que la recompensa sería una jubilación tranquila. Pero el Congreso limitó la elegibilidad de Medicare a ciudadanos, residentes permanentes legales, nacionales cubanos y haitianos, y personas amparadas por los Compacts of Free Association, acuerdos entre Estados Unidos y naciones insulares del Pacífico.

La medida siguió a los intentos de Trump de excluir a algunos inmigrantes con presencia legal de Medicaid, de los subsidios en el mercado de seguros de salud y de servicios de apoyo social, como asistencia alimentaria, ayuda para vivienda y visitas médicas en centros de salud financiados por el gobierno federal. En total, se proyectaba que 1,4 millones de inmigrantes con presencia legal perderían el seguro de salud, según Â鶹ŮÓÅ, una organización sin fines de lucro de información de salud que incluye a Â鶹ŮÓÅ Health News.

Taylor Haulsee, vocero del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, no respondió a solicitudes de comentarios.

Michael Cannon, director de estudios de política de salud en el Cato Institute, un centro de tendencia libertaria, dijo que los republicanos querían implementar recortes de impuestos y eliminar el seguro de salud para inmigrantes porque no afectaría a su base.

“No quieren convertir a Estados Unidos en un imán de asistencia social”, opinó. “Y les molesta que el gobierno les haga pagar por un estado de bienestar”.

Aunque no hay datos sobre inmigrantes con presencia legal, los inmigrantes sin papeles aportaron y $25,7 mil millones al Seguro Social en 2022, según el Institute on Taxation and Economic Policy.

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que solo las restricciones a Medicare reducirían el gasto federal en para 2034.

Expertos en salud dicen que eliminar la cobertura para inmigrantes con estatus legal .

“En realidad, esta es la primera vez que el Congreso le quita Medicare a algún grupo”, dijo Drishti Pillai, directora de políticas de salud para inmigrantes en Â鶹ŮÓÅ. “Este cambio está afectando a inmigrantes con presencia legal en Estados Unidos, muchos de los cuales ya han trabajado y contribuido al sistema durante décadas”.

A medida que adultos mayores como Carranza pierdan su cobertura de Medicare, los médicos anticipan que retrasarán su atención, lo que llevará a un aumento de pacientes gravemente enfermos, especialmente en salas de emergencia.

Los adultos mayores pueden enfermarse de forma repentina y rápida, y son más vulnerables a enfermedades cardiovasculares como afecciones del corazón y presión arterial alta, especialmente si posponen la atención de rutina, dijo Theresa Cheng, médica de emergencias en Zuckerberg San Francisco General Hospital y profesora clínica adjunta de medicina de emergencias en la Universidad de California-San Francisco.

“Es bastante fácil que sufran un deterioro crítico de su salud”, dijo Cheng.

Carranza hace senderismo y se considera saludable, pero reconoce que está envejeciendo y comenzando a tener dificultades para seguir el ritmo de los niños en el bosque.

A finales del año pasado le diagnosticaron hipertensión, y en enero despertó con una presión en el pecho y fue a un centro de urgencias porque su presión había subido a niveles peligrosos. Unas semanas después, tropezó mientras caminaba y se cayó. Al día siguiente despertó con el pie hinchado. En el hospital local, un médico le dijo que tenía artritis.

Dijo que fueron momentos preocupantes, pero estaba agradecida de pagar solo $10 por la visita a urgencias y $5 por ver a su médico de atención primaria. Sin embargo, eso cambiará cuando pierda Medicare a principios del próximo año.

El estrés de saber que perderá su seguro de salud y posiblemente su estatus legal, mientras agentes federales detienen a inmigrantes como ella en todo el país, ha afectado su salud mental, contó. Está buscando terapia y servicios de acupuntura para tratar su insomnio y ansiedad, y la sensación de estar “bajo un ataque constante”.

Sin un lugar a donde ir

En California, hogar del mayor número de , Carranza podría haberse inscrito en un seguro patrocinado por el estado, pero este año la inscripción para adultos de 19 años o más que tienen TPS, están en el país sin autorización o son solicitantes de asilo. Otros estados con gobernadores demócratas como también han reducido sus programas de salud para inmigrantes por presiones presupuestarias.

En enero, el gobernador de California, Gavin Newsom, propuso un presupuesto estatal que no compensaría los recortes federales de atención médica para unos 200.000 inmigrantes con presencia legal, señalando el costo anual de $1.1 mil millones y déficits presupuestarios estatales.

“Dadas estas presiones fiscales, la administración no puede compensar este cambio en la política federal”, dijo H.D. Palmer, vocero del Departamento de Finanzas de California.

Pero algunos legisladores demócratas y defensores de los consumidores dicen que el estado debería intervenir. La asambleísta Mia Bonta, quien preside el Comité de Salud de la Asamblea, dijo que está trabajando en una solución presupuestaria legislativa para incluir en Medi-Cal — la versión estatal de Medicaid — a los inmigrantes que perderán su cobertura, incluidos los adultos mayores.

La demócrata de East Bay está especialmente preocupada por personas como Carranza, “que han vivido aquí durante décadas y han contribuido a esta economía, que han aportado a nuestro tejido cultural y a nuestras comunidades, que han formado familias y vidas y que ahora quieren tener la posibilidad de retirarse con dignidad y vivir con dignidad y tener la atención médica que necesitan”.

Una señal del futuro

En abril pasado, Carranza vislumbró lo que podría significar perder su cobertura de salud y beneficios de jubilación, después de que la Administración del Seguro Social le enviara una carta informándole que ya no calificaba para beneficios de jubilación porque no tenía presencia legal en el país, aunque sí la tenía. Luego Medicare dejó de pagar a su plan de salud, que como resultado la dio de baja.

Como beneficiaria de TPS con permiso de trabajo, sabía que se trataba de un error. Aun así, sin su cheque, Carranza no tuvo dinero para pagar la renta durante un mes. Compensó ese pago cuidando a los hijos de sus arrendadores. En mayo pasado, la oficina de la representante federal Lateefah Simon (demócrata de Oakland) ayudó a Carranza a recuperar sus beneficios de jubilación, pero tomó meses recuperar su seguro de salud.

La experiencia la dejó afectada.

“Es como recibir una bofetada en la cara después de más de 30 años trabajando para el sistema aquí”, dijo Carranza. “Y a cambio, esto es lo que tenemos ahora”.

Por las noches permanece despierta imaginando el futuro: aquí, donde ha pasado la mitad de su vida, sin seguro de salud y posiblemente sin beneficios del Seguro Social; o en El Salvador, donde están dos de sus tres hijos. Su hija, residente permanente que vive en Texas, espera convertirse en ciudadana para poder solicitar la residencia permanente para Carranza, pero el proceso puede tardar años.

También está la posibilidad que más teme: la detención indefinida o la deportación.

En una mañana reciente en su estudio en el sótano en Oakland, Carranza sacó una caja del fondo de su clóset. Dentro había una pila alta de tarjetas de identificación que incluían licencias de conducir antiguas, su tarjeta del Seguro Social y decenas de permisos de trabajo emitidos por el gobierno federal.

“Mi vida está en esta caja”, dijo.

Este artículo fue producido en colaboración con , una organización cívico-mediática que sirve y cubre a las comunidades inmigrantes latinas y mayas del Área de la Bahía.

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Dressed in hiking gear and beaded necklaces, Carranza, 67, maneuvered between trees and children on a sunny morning in December. “Hold on to that branch,” she said in Spanish. “You can do it, my love!”

Carranza, a child development professional who grew up swinging through trees and swimming in rivers in El Salvador, said she feels at home in the forest at the outdoor preschool she co-founded. She has worked with children and teens as a caregiver and educator for more than three decades, long enough to know when to lean in and when to step back to let her students find their own footing.

When she transitioned to working part-time last year, Carranza counted on getting Medicare and Social Security checks — benefits given to American workers and lawfully present immigrants when they retire, work history and age or disability requirements. She’s contributed tens of thousands of dollars into Medicare and Social Security over 24 years, according to her Social Security Administration earnings record, reviewed by El Tímpano and Â鶹ŮÓÅ Health News. But Carranza and an estimated immigrants will soon be cut out of Medicare.

The GOP’s One Big Beautiful Bill Act, signed last July by President Donald Trump, barred certain categories of lawfully present immigrants — including temporary protected status holders, refugees, asylum-seekers, survivors of domestic violence, trafficking victims, and people with work visas — from Medicare.

Those already in the program, like Carranza, will be disenrolled by Jan. 4 — a move by Republican lawmakers to rein in Medicare spending, as they and Trump have argued that taxpayer dollars should not be used to pay for the health care of immigrants in the U.S. without authorization.

“The Democrats want Illegal Aliens, many of them VIOLENT CRIMINALS, to receive FREE Healthcare,” Trump two months after he signed the bill into law. “We cannot let this happen!”

However, the categories of immigrants now losing coverage do have legal status. Neither the White House nor the Department of Health and Human Services responded to a question about whether it was fair to disenroll legal residents from Medicare.

Immigrants without legal status were already ineligible for Medicare or most other federally funded public benefits.

Carranza is worried that she could also lose legal permission to live in the United States if the Trump administration ends temporary protected status for Salvadorans, as it sought to do during .

If that happened, Carranza would lose legal residency, risking time in an immigration detention center or deportation.

“This is like a horror movie, a complete nightmare,” Carranza said. “This is not how I imagined getting old.”

‘Under Constant Attack’

Carranza left El Salvador in 1991 during a brutal civil war, leaving behind three young children, to earn money to send home to her family. She overstayed her visa until 2001, when she qualified for temporary protected status, after two earthquakes struck El Salvador, and displacing 1.3 million.

Temporary protected status, or TPS, was passed by Congress and signed into law by Republican President George H.W. Bush in 1990.

It allows people such as Carranza, from select nations undergoing armed conflict, civil war, and climate disasters, to live and work in the United States if being in their home country poses a risk.

Carranza missed her youngest daughter’s graduation from kindergarten and first medal-winning performance in track. She worked overnight shifts babysitting newborns and later substitute-taught in public schools in the San Francisco Bay Area to pay for her children’s schooling in El Salvador, and for her own classes at City College of San Francisco, where she earned a degree in child development.

And she cared for dozens of 3-, 4-, and 5-year-olds who gazed in awe as they uncovered little treasures buried in the redwood forest of the Oakland park where she co-founded Escuelita del Bosque, a Spanish immersion preschool that teaches children outdoors.

The trade-off was supposed to be a peaceful retirement. But Congress narrowed Medicare eligibility to citizens, lawful permanent residents, Cuban and Haitian nationals, and people covered under the Compacts of Free Association, agreements between the United States and Pacific island nations.

The move followed Trump’s efforts to bar some lawfully present immigrants from Medicaid, marketplace insurance subsidies, and social support services, such as food assistance, housing subsidies, and medical visits in federally funded health centers. Altogether, 1.4 million lawfully present immigrants were projected to lose health insurance, according to Â鶹ŮÓÅ, a health information nonprofit that includes Â鶹ŮÓÅ Health News.

A spokesperson for House Speaker Mike Johnson, Taylor Haulsee, did not respond to requests for comment.

Michael Cannon, director of health policy studies at the Cato Institute, a libertarian think tank, said Republicans wanted to enact tax cuts and eliminate health insurance for immigrants because it wouldn’t upset their base.

“They don’t want to turn the United States into a welfare magnet,” he said. “And they resent the government for making them pay for a welfare state.”

While data on lawfully present immigrants is not available, immigrants without legal status and $25.7 billion into Social Security in 2022, according to the Institute on Taxation and Economic Policy. The Congressional Budget Office estimated that the Medicare restrictions alone would reduce federal spending by 2034.

Health experts say eliminating coverage for immigrants with legal status .

“This is actually the first time that Congress has taken away Medicare from any group,” said Drishti Pillai, director of immigrant health policy at Â鶹ŮÓÅ. “This change is impacting immigrants who have lawful presence in the U.S., and many of whom have already worked and paid into the system for decades.”

As older adults like Carranza lose their Medicare coverage, clinicians anticipate that they will delay their care, leading to an increase in severely ill patients, especially in hospital emergency rooms.

Seniors can become sick suddenly and quickly, and they are more vulnerable to cardiovascular diseases such as heart disease and high blood pressure, especially if they put off routine care, said Theresa Cheng, an emergency physician at Zuckerberg San Francisco General Hospital and assistant clinical professor of emergency medicine at the University of California-San Francisco.

“It’s quite easy for them to fall off the cliff,” Cheng said.

Carranza hikes and considers herself healthy, but she acknowledges that she is aging and starting to struggle to keep up with the kids in the forest.

Late last year she was diagnosed with high blood pressure, and in January she woke up with a tight chest and went to urgent care because it had spiked to dangerous levels. A few weeks later, she tripped on a curb while walking and fell to the ground. She woke up the next day with a swollen foot. A doctor at the local hospital told her she had arthritis.

These were scary moments, she said, but she was grateful to have to pay only $10 for the urgent care visit and $5 to see her primary care doctor. However, that will change when she loses Medicare by early next year.

The stress of knowing she will lose health insurance coverage, and potentially her legal status, all while masked federal agents are detaining immigrants like her across the country, has taken a toll on her mental health, she said. She is searching for a therapist and acupuncture services to treat her insomnia and anxiety — and the feeling that she is “under constant attack.”

Nowhere To Turn

In California, home to the largest number of , Carranza could have enrolled in state-sponsored insurance, but this year the state for adults 19 and older who are a TPS holder, in the U.S. without authorization, or an asylum-seeker. Other states with Democratic governors such as have also scaled back their health programs for immigrants amid budget pressures.

In January, California Gov. Gavin Newsom proposed a state budget that would not backfill federal health care cuts to about 200,000 lawfully present immigrants, noting the $1.1 billion annual price tag and state budget shortfalls.

“Given these fiscal pressures, the administration cannot backfill for this change in federal policy,” California Department of Finance spokesperson H.D. Palmer said.

But some Democratic lawmakers and consumer advocates say the state should step in. State Assembly member Mia Bonta, who chairs the Assembly’s health committee, said she is working on a legislative budget solution to bring immigrants who will lose health coverage, including older adults, into Medi-Cal, the state’s version of Medicaid.

The East Bay Democrat is especially concerned for people like Carranza, “who have lived here for decades and contributed into this economy, who have given into our cultural fabric and into our communities and who built families and lives and who are now wanting to be able to retire with dignity and live with dignity and have the health care that they need.”

A Sign of the Future

Last April, Carranza got a glimpse of what losing her health coverage and retirement benefits could look like, after the Social Security Administration sent her a letter informing her that she no longer qualified for retirement benefits because she was not lawfully present in the U.S. — even though she was. Then Medicare stopped payments to her health plan, which disenrolled her as a result.

As a TPS holder with a work permit, she knew a mistake had been made. Yet, without her check, Carranza didn’t have money to pay her rent for a month. She worked off her rent by babysitting her landlords’ children. Last May, the office of U.S. Rep. Lateefah Simon, an Oakland Democrat, helped Carranza recover her retirement benefits, but it took months for her to get her health insurance back.

The experience left her reeling.

“It’s like getting slapped on the face after more than 30 years working for the system here,” Carranza said. “And in return, this is what we have now.”

She lies awake at night imagining the future: here, where she’s spent half her life, without health insurance and possibly Social Security benefits; or in El Salvador, where two of her three children remain. Her daughter, a green-card holder who lives in Texas, hopes to become a citizen so she can petition for permanent residency for Carranza, but the process can take years. Then there’s the possibility she fears most: indefinite detention or deportation.

On a recent morning in her basement studio in Oakland, Carranza pulled a box from the back of her closet. In it was a thick stack of identification cards that included old driver’s licenses, her Social Security card, and dozens of work IDs issued by the federal government.

“My life is in that box,” she said.

This article was produced in collaboration with , a civic media organization serving and covering the Bay Area’s Latino and Mayan immigrant communities.

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