Una partera de 25 años y un doctor de poco más de 30 están enfermos con síntomas de ébola como fiebre y dolor intenso en las articulaciones, contó su colega Elisabeth Furaha, directora médica del , una organización de protección de las mujeres, en la provincia nororiental de Ituri.

Habían atendido a pacientes con síntomas similares a principios de mayo, antes de que se detectara el brote. Uno de esos pacientes ya murió, dijo Furaha, y ninguno ha sido sometido a un análisis para detectar ébola, aunque se tomaron muestras. El hospital todavía no dispone de pruebas ni tiene acceso a un suministro adecuado de batas de protección ni mascarillas plásticas para mantener seguros a médicos y enfermeras.

“Vivimos con miedo en el estómago”, confesó Furaha en francés. “Cada día mueren trabajadores de la salud y pacientes”.

El brote tomó al mundo por sorpresa. Cuando se confirmó la presencia de la enfermedad en el Congo ya había casi 250 casos sospechosos de ébola y 80 muertes. Preocupado por la magnitud de la transmisión silenciosa y por los casos en la vecina Uganda, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió el nivel más alto de alerta del organismo el 17 de mayo, al declarar el brote una “emergencia de salud pública de importancia internacional”. Esto desencadenó donaciones de todo el mundo, del Departamento de Estado de EE.UU. para “detener el brote en su origen y garantizar que el ébola no llegue a Estados Unidos”.

Pero, a pesar de la atención internacional, médicos que trabajan en el noreste del Congo dicen que muchas clínicas carecen de suministros básicos: guantes, batas de protección, mascarillas, pruebas de ébola e incluso agua limpia. Sin una acción rápida para reforzar a quienes están en la primera línea, alertaron los investigadores, el brote crecerá de forma exponencial, costará aún más dinero y pondrá en riesgo vidas mucho más allá del Congo.

“Todas las señales apuntan a que éste será el mayor brote de ébola que hemos visto en la República Democrática del Congo”, dijo Nahid Bhadelia, directora del Centro de Enfermedades Infecciosas Emergentes de la Universidad de Boston. “Esa situación podría generar inestabilidad regional, y eso tiene repercusiones para el mundo”.

Algunos suministros del Ministerio de Salud congoleño, la OMS y otras agencias de las Naciones Unidas han llegado al noreste del país, pero ni de cerca son suficientes para abastecer los cientos de centros de salud donde podrían buscar atención pacientes con ébola. Furaha ha gastado dinero de su propio bolsillo en guantes, mascarillas y una lona para construir una tienda improvisada donde aislar a pacientes con síntomas de ébola del resto del hospital. Pero dijo que es “inhumano” colocarlos allí antes de conseguir colchones para que descansen o acceso confiable a pruebas de detección.

Sin pruebas, los pacientes que realmente tienen ébola pueden contagiar a quienes no lo tienen. La malaria y otras enfermedades presentan síntomas iniciales similares al ébola, como fiebre, dolores corporales y problemas gastrointestinales.

Trabajadores humanitarios dicen que los envíos de suministros médicos se han retrasado por obstáculos logísticos, como la suspensión de vuelos dentro del Congo y entre el Congo y países vecinos.

“Necesitamos vuelos para trasladar muchas cosas, así que este es un gran desafío”, dijo Chikwe Ihekweazu, director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS. Si bien se ha permitido operar a pequeños aviones utilizados en crisis humanitarias, Ihekweazu señaló que son insuficientes, costosos e imposibles de sostener a largo plazo.

Desplazarse entre clínicas remotas puede ser una tarea imposible porque las carreteras suelen estar muy deterioradas o bloqueadas por grupos armados, dijo Rafaramalala Volanarisoa, médica de Catholic Relief Services en Kinshasa, la capital del Congo. El conflicto, sumado al retiro repentino de fondos de la administración Trump a la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID), ha vuelto más disfuncional el ya debilitado sistema de salud del Congo, afirmó Volanarisoa.

“Es muy peligroso”, explicó. “No hay medicamentos ni equipos ni vigilancia epidemiológica”.

Laboratorio en ruinas

Investigadores del Instituto Nacional de Investigación Biomédica del Congo habían construido un sofisticado laboratorio de biología molecular destinado al monitoreo de la enfermedad en Goma, el centro económico del este del país. Pero el laboratorio dejó de funcionar el año pasado después de que , respaldado por Ruanda, tomara violentamente el y , frenando el flujo de ayuda internacional.

Otras ciudades de Congo carecen de laboratorios de biología molecular bien equipados, por lo que dependen de pruebas simples, automatizadas, que solo detectan un tipo de virus del ébola, explicó Eddy Kinganda-Lusamaki, microbiólogo del instituto. Las deficiencias de estas pruebas quedaron en evidencia cuando las primeras muestras analizadas a principios de mayo dieron negativo para ébola. Los médicos seguían preocupados, así que recogieron más muestras, las colocaron en una nevera portátil y las enviaron al laboratorio principal del instituto, en Kinshasa.

Las muestras tardaron seis días en llegar, tras un viaje por carreteras en mal estado y habiendo pasado por distintas instalaciones de almacenamiento, contó Kinganda-Lusamaki. Muchas ya estaban degradadas cuando llegaron al instituto, el 14 de mayo. Aun así, los investigadores identificaron una variante poco común de ébola causada por el virus Bundibugyo, con una tasa de mortalidad de hasta 50% y para la cual no existen vacunas ni medicamentos. Alertaron a las autoridades.

Después, los investigadores rastrearon los primeros casos confirmados hasta varias muertes por causas desconocidas en una ciudad minera de oro, en Ituri. La sugiere que el ébola ya se estaba propagando allí desde marzo, y que tres voluntarios de la organización murieron por causas desconocidas después de enterrar cuerpos como parte de su trabajo humanitario.

Hasta el 3 de junio, se habían confirmado 363 casos de ébola y 62 muertes en el país, según el . Los recuentos de casos sospechosos han variado drásticamente, reflejando las deficiencias en el monitoreo de la enfermedad.

Los investigadores del instituto biomédico quieren mejorar urgentemente los laboratorios en el este del Congo para que puedan realizar pruebas de la variante Bundibugyo.

“Necesitamos apoyo para el personal local, capacitación, equipos, insumos y combustible para autos y generadores de respaldo”, insistió Kinganda-Lusamaki. También le preocupa que los costosos equipos de laboratorio puedan ser robados o destruidos por milicias itinerantes si continúa la guerra en el este. “Mis hermanos y hermanas están muriendo”, señaló.

El conflicto favorece la propagación

La violencia facilita la propagación del ébola de otras maneras. Mientras el brote se expandía silenciosamente en Ituri a finales de abril, atrapadas en el fuego cruzado entre grupos armados huyeron, posiblemente llevando el virus consigo. Al sur de Ituri, Maurice Kakule Mutsunga, médico en un gran hospital general, dijo que ha visto un aumento de personas por miembros de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), un vinculado al Estado Islámico.

“Todos los días de esta semana hemos recibido pacientes masacrados por las ADF”, afirmó Kakule Mutsunga en francés, y añadió que algunos cuerpos llevados al hospital habían sido decapitados con machetes.

Las personas desplazadas por los ataques viven en condiciones de hacinamiento que ofrecen el entorno perfecto para un virus que se transmite por contacto. Una persona enferma de ébola, o que acaba de morir por la enfermedad, expulsa sudor, sangre y otros líquidos cargados con el virus.

Los ataques impredecibles también han impedido que los trabajadores de la salud localicen a personas posiblemente infectadas en aldeas remotas para ofrecerles atención y evitar que contagien a otros, dijo Kakule Mutsunga. Menos de una cuarta parte de los contactos identificados por los equipos de respuesta al ébola habían sido monitoreados para detectar signos de infección, informó la OMS el 21 de mayo.

El rastreo de contactos y el aislamiento 鈥攍as bases de una respuesta contra el ébola鈥� también se ven afectados por la lentitud en la obtención de los resultados de las pruebas. Kakule Mutsunga dijo que las muestras de su hospital en la ciudad de Oicha son enviadas a Kinshasa en vuelos humanitarios que despegan solo cuando alcanzan su capacidad máxima. Muchos pacientes no pueden o no quieren aislarse durante una semana mientras esperan los resultados, por lo que podrían transmitir el virus mortal a las personas más cercanas.

El investigador congoleño Gang Karume dijo que la información científica sobre el ébola no está llegando a muchas comunidades, en parte debido a las enormes dificultades de la vida cotidiana. Además de los años de conflicto, más de 220.000 niños pequeños sufren en las provincias donde se propaga el ébola. No le sorprendió enterarse de que jóvenes enfurecidos han incendiado centros de tratamiento del ébola y robado cadáveres de morgues.

“Un estómago vacío no tiene oídos para escuchar”, aseguró.

Para llegar a la población, la está recurriendo a su red de unos 250 sacerdotes en Ituri.

“Están profundamente arraigados”, dijo Volanarisoa, de Catholic Relief Services, organización que trabaja en colaboración con Caritas. “Saben cómo acercarse a comunidades que se niegan a buscar tratamiento”.

A través de esta red, Volanarisoa y sus colegas han logrado comunicarse con trabajadores de la salud que buscan asesoramiento médico y equipos de protección. Gracias a donaciones privadas, las organizaciones católicas han transferido dinero a sacerdotes en el noreste, quienes organizan el transporte de efectivo y suministros a clínicas mediante vehículos todoterreno.

“Lo que hemos proporcionado solo durará unas pocas semanas”, dijo Volanarisoa. “La necesidad es realmente inmensa”.

Otro factor que agrava la situación es que Estados Unidos participa mucho menos que en el pasado, señalaron trabajadores humanitarios. La administración Trump abandonó la OMS, eliminó USAID y redujo el tamaño de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

“Estados Unidos ya no es el actor que solía ser”, dijo Jeremy Konyndyk, exfuncionario de USAID que dirigió la respuesta de la agencia al mayor brote de ébola del mundo, ocurrido en África Occidental entre 2013 y 2016. “Solíamos tener una reserva de equipos para responder al ébola que podíamos cargar en un avión y enviar donde hiciera falta”, recordó.

Estados Unidos solía aportar cientos de millones de dólares a la OMS y a organizaciones no gubernamentales con experiencia en el combate de brotes. Bajo el presidente Donald Trump, el Departamento de Estado anunció que entregará $350 millones a un fondo común administrado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), que luego distribuirá los recursos entre organizaciones de ayuda.

“Esto añade más trámites”, explicó Konyndyk. “Las organizaciones que están listas para actuar ahora no tienen la certeza de que recibirán dinero, así que quedaron prácticamente paralizadas”.

La ayuda puede tardar semanas en llegar a la primera línea. Durante el brote de África Occidental, pasaron más de dos meses entre la declaración de emergencia internacional de la OMS y la llegada de ayuda significativa. En ese periodo, el número de muertes por ébola se multiplicó por más de cuatro. Enfermeras, doctores y personal de ambulancia .

Los trabajadores de primera línea en el Congo enfrentan un destino similar si la ayuda no llega pronto. Furaha contó que su hospital se está quedando sin agua potable.

“Todo esto se acumula”, dijo. “Los trabajadores de la salud llegarán a un punto de quiebre”.

Chloé Fostier Hernández ayudó a traducir entrevistas para este reportaje.

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Bajo nuevos códigos de facturación que entrarán en vigencia en enero, los doctores que manejan la atención de maternidad comenzarán a cobrar por separado las consultas y servicios relacionados con el embarazo, el parto y el período posparto.

Esto representa un cambio respecto a los últimos años, cuando los doctores solían recibir un único pago “agrupado” por la atención de maternidad que brindaban. Aunque los obstetras y ginecólogos y de hecho lo han impulsado durante años, algunos defensores de los pacientes y empleadores dicen que todavía no está claro si el nuevo sistema resultará en una mejor atención o en mayores costos para las pacientes.

El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG, por sus siglas en inglés) afirma que el cambio es fundamental para reflejar con precisión la atención que actualmente brindan los obstetras y ginecólogos. Las embarazadas 鈥攁lgunas de mayor edad y con más problemas de salud que en décadas anteriores鈥� tienen más probabilidades de presentar necesidades médicas y sociales complejas y de recibir atención en distintos entornos por parte de varios profesionales.

Por ejemplo, bajo el sistema actual de codificación obstétrica agrupada, el número de visitas prenatales se fija en unas 13 consultas, una cifra bastante arbitraria, “que realmente no es lo que la mayoría de las personas necesita”, dijo , presidenta del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Nuevo Mexico y miembro del comité de ACOG que desarrolló los nuevos códigos junto con la (AMA, por sus siglas en inglés). Los nuevos códigos de pago por servicio se adaptarán mejor a un número mayor o menor de visitas, ya sean presenciales o remotas, según las necesidades individuales.

De manera similar, bajo el sistema actual, “si alguien llega para dar a luz, sin importar cuánto haya durado el trabajo de parto o qué tan complicado o sencillo haya sido el parto, el reporte global es el mismo porque solo tenemos un código”, dijo Hofler.

Los nuevos códigos, más precisos, ayudarán al creciente número de profesionales médicos que pueden desempeñar un papel en la atención de maternidad a registrar y recibir pago por la variedad de servicios que ofrecen, como médicos hospitalarios especializados en trabajo de parto y alumbramiento, parteras y especialistas en medicina materno-fetal.

Sin embargo, para los pacientes, especialmente para el creciente número que tiene planes de salud con deducibles altos, algunos expertos en atención materna dicen que el nuevo sistema podría resultar en facturas más altas pagadas de su bolsillo.

“La cuestión del costo es realmente crítica”, dijo , obstetra y ginecóloga y vicepresidenta de la iniciativa Achieving Equitable Outcomes (Lograr resultados equitativos) de The Commonwealth Fund, una organización sin fines de lucro dedicada a la investigación en salud. “Habrá más conceptos en las facturas. 驴Eso se trasladará a los pacientes, particularmente a quienes tienen planes comerciales y planes con deducibles altos?”

Que las familias paguen más de su bolsillo “depende realmente de cómo los pagadores decidan implementar estos códigos”, señaló Zephyrin.

Representantes de la industria de seguros dijeron que les preocupa el calendario de implementación, que requerirá cambios operativos importantes.

“La implementación acelerada de una reestructuración amplia de los códigos de la AMA cambiará de manera fundamental la forma en que los servicios de maternidad se gestionan y reembolsan”, afirmó Chris Bond, vocero de AHIP, organización que representa a las aseguradoras.

Según la ley federal, los proveedores y los planes de salud para diagnósticos, procedimientos, servicios y suministros. Los doctores y otros profesionales de la salud facturan sus servicios mediante códigos de Terminología de Procedimientos Médicos (CPT, en inglés), desarrollados y mantenidos por la , la principal asociación profesional de médicos. Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, en inglés) revisan los códigos nuevos y modificados y reembolsan a los profesionales clínicos según una tabla de tarifas que se actualiza cada año. La revisión de CMS está en marcha y la propuesta de tarifas para el próximo año se publicará en julio.

“No sabemos” si CMS aceptará los cambios de codificación propuestos, dijo Barbara Levy, vicepresidenta del Panel Editorial CPT de la AMA. “Participaron como observadores y tuvieron oportunidades de aportar comentarios durante todo el proceso”, agregó. Mientras tanto, la AMA está educando a proveedores y pagadores sobre la nueva estructura de codificación.

La ley federal limita cuánto se puede cobrar a los futuros padres en determinadas circunstancias. Bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), la mayoría de los planes de salud considerada preventiva sin costo para los afiliados. La lista de servicios preventivos de maternidad, establecida por la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA, en inglés), incluye visitas prenatales y posparto, así como pruebas de detección de diabetes, ansiedad y VIH, entre otros servicios.

Sin embargo, el paquete global no cubre todo, y las embarazadas generalmente ya pagan parte del costo de ciertos servicios, como ecografías, consultas con especialistas y análisis de laboratorio. También son responsables de la parte que les corresponde de los honorarios profesionales relacionados con el trabajo de parto y alumbramiento, según su plan de seguro (además de los cargos hospitalarios, que se facturan por separado).

Aun así, el , en el que los proveedores reciben pagos individuales según el volumen de servicios que prestan en lugar de los resultados de salud, ha preocupado durante mucho tiempo a los expertos en políticas de salud debido a su potencial para incentivar la realización de más servicios y de mayor costo.

De hecho, una de las razones por las que los responsables de formular políticas se alejaron de este modelo para la atención de maternidad en años recientes fue porque creían que tenían el potencial de reducir costos y mejorar la calidad, incluida la reducción de aproximadamente el 30% de los nacimientos en Estados Unidos que se realizan mediante cesárea, procedimiento que cuesta considerablemente más que un parto vaginal. (No ha funcionado. La proporción de nacimientos por cesárea no ha cambiado bajo el sistema de pago agrupado).

“Siempre me ha preocupado cualquier cosa que fragmente aún más nuestro sistema de atención médica”, dijo Caitlin Donovan, directora sénior de la Fundación para la Defensa del Paciente (Patient Advocate Foundation), una organización sin fines de lucro que brinda servicios de manejo de casos para personas enfermas en Estados Unidos, al referirse al regreso de la facturación por servicio.

Incluso bajo el sistema actual, los pacientes pueden recibir cargos por servicios adicionales que quizás no necesitan. Donovan recordó que cuando estaba embarazada de su tercer hijo, a los 35 años, su obstetra le dijo que, por ser una futura madre de edad materna avanzada, necesitaba ecografías semanales después de la semana 20 de embarazo.

ACOG recomienda una ecografía detallada durante el primer trimestre para embarazadas de 35 años o más o con factores de riesgo conocidos, según la vocera Jamila Vernon. “Las ecografías posteriores también dependen de los hallazgos y de los factores de riesgo. En otras palabras, no existe un número fijo de ecografías para todos los pacientes”, dijo Vernon.

“No había nada que indicara que necesitaba esas ecografías”, afirmó Donovan. “Fue simplemente una manera de obtener más dinero”.

Con unos de bebés nacidos cada año en Estados Unidos, el parto es uno de los eventos médicos más comunes.

Aun así, tener un bebé no es barato. Según un análisis de datos de 2021 a 2023 realizado por investigadores del Peterson-麻豆女优 Health System Tracker, el para las familias con cobertura patrocinada por empleadores es de $2.743.

Aproximadamente el en Estados Unidos están cubiertos por Medicaid, el programa conjunto federal y estatal para personas de bajos ingresos. Estas familias generalmente no enfrentan gastos de bolsillo por la atención de maternidad, y el nuevo sistema de facturación no les afectará financieramente.

Sin embargo, ACOG espera que el nuevo sistema ayude a doctores y otros profesionales de la salud a mejorar la atención de maternidad, particularmente después del nacimiento del bebé.

Con un sistema agrupado, a menudo no está claro qué servicios se brindaron durante el proceso de maternidad, lo que dificulta que los investigadores evalúen si determinados servicios influyen en las tasas de mortalidad materna, un área en la que Estados Unidos está .

Los expertos en atención materna están especialmente interesados en la atención posparto. Actualmente, 48 estados y Washington, D.C., ofrecen , frente a los 60 días que se ofrecían anteriormente. Bajo los nuevos códigos, los médicos recibirán pagos por proporcionar atención posparto prolongada, en lugar de las dos visitas recomendadas bajo la codificación agrupada.

Es importante dar seguimiento a varios problemas médicos después del parto, incluida la detección de depresión, consumo de sustancias, si la diabetes gestacional se convirtió en diabetes o si los cambios cardíacos regresaron a la normalidad después del nacimiento, dijo , experta en Medicaid y salud maternoinfantil y presidenta de Johnson Policy Consulting.

“Con los nuevos códigos, existe la oportunidad de brindar atención continua y una manera de financiarla”, agregó Johnson.

Los expertos que representan a los empleadores dicen que entienden por qué ACOG ha impulsado estos cambios, pero les preocupa que resulten en costos más altos.

“ACOG asegura que los obstetras están recibiendo pagos insuficientes, y probablemente hay algo de verdad en eso”, dijo Jeff Levin-Scherz, líder de salud poblacional en la práctica de gestión de salud de WTW y profesor asistente en la Facultad de Salud Pública T.H. Chan de Harvard.

Levin-Scherz señaló informes que muestran una mayor intensidad en las consultas, reflejando el tiempo y los recursos que un doctor dedica a un paciente y que resultan en pagos más altos. “No es probable que este nuevo conjunto de códigos de consulta quede exento de eso”, dijo. Aunque los pacientes quizás no tengan que pagar directamente el costo de las visitas prenatales y posparto, en la medida en que haya más consultas y estas se codifiquen a niveles más altos, “si su plan paga más el próximo año, las primas de seguro aumentarán más”, agregó.

Magda Rusinowski, vicepresidenta de Business Group on Health, organización que representa a empleadores medianos y grandes que financian directamente los beneficios de salud de sus empleados, dijo que le preocupa que el nuevo sistema fomente el uso de pruebas adicionales y más frecuentes, así como de proveedores más costosos en lugar de doulas, por ejemplo, (las doulas son profesionales de acompañamiento que brindan apoyo emocional, informativo y práctico a una mujer durante el embarazo, el parto y el posparto).

“El pago por servicio en cualquier disciplina incentiva más pruebas y proveedores de nivel más alto porque eso genera una facturación mayor”, dijo.

Aun así, “todavía es muy pronto”, afirmó Rusinowski. “Muchas personas en la industria todavía se preguntan cómo se desarrollará todo esto”.

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Yolibeth, una madre soltera de 38 años que hace 15 años se mudó desde Honduras al sur de Louisiana, las observaba sonriendo. La niña es la menor de cinco hermanos que viven en este hogar con estatus migratorio mixto. Yolibeth y sus dos hijos mayores no tienen estatus migratorio legal, pero los otros tres 鈥攄e 4, 9 y 13 años鈥� nacieron en EE.UU. y son ciudadanos.

Todos los niños nacidos en EE.UU. fueron inscritos en Medicaid al nacer, lo que permitió que tuvieran chequeos médicos regulares cuando eran pequeños. Los dos hijos mayores, de 15 y 17 años, nunca han tenido seguro médico, por lo que Yolibeth depende de clínicas comunitarias de bajo costo, cuando puede pagarlas.

A Yolibeth le preocupa que el acceso a la atención médica de todos sus hijos se esté desvaneciendo. Lleva meses esperando saber si se aprobará la renovación de Medicaid de algunos de ellos. Aunque no está solicitando cobertura para sí misma, teme que las solicitudes sean rechazadas debido a una nueva ley de Louisiana dirigida a los beneficiarios de Medicaid que no son ciudadanos. Le preocupa especialmente el acceso de su hija de 4 años a la atención médica de rutina y a las vacunas obligatorias de la infancia.

En Louisiana, donde el 36% de los residentes está inscrito en Medicaid, la agudizó esos temores. La ley exige que el Departamento de Salud verifique la ciudadanía estadounidense de quienes solicitan Medicaid, cancele la cobertura de quienes presenten pruebas “insatisfactorias” de su estatus y reporte a esos solicitantes al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE).

Desde que la medida fue aprobada en Louisiana, leyes similares se sancionaron en North Carolina, Wyoming, Indiana y Tennessee. Al menos otros tres estados estaban considerando normas similares este año.

“No puedo acceder a los mismos servicios, y por eso mi hija no está recibiendo lo que necesita para crecer sana”, explicó Yolibeth en español mientras la niña reía en el sofá.

Verite News y 麻豆女优 Health News acordaron no usar el apellido de Yolibeth porque ella teme repercusiones relacionadas con su estatus migratorio.

Romero, que trabaja para el grupo local de defensa de inmigrantes , contó que en una sola semana recibió llamadas de ocho familias inmigrantes cuyas solicitudes de Medicaid para hijos ciudadanos habían sido rechazadas.

“Por la ley que se aprobó en Louisiana, todos los días hay niños que pierden su Medicaid. Y mientras más tiempo pasa, más niños se ven afectados”, señaló en español.

Romero agregó que es probable que antes de que termine el año Medicaid haya rechazado a todos los niños de familias con estatus migratorio mixto.

Quedarse sin atención médica

En de 麻豆女优 y The New York Times realizada a nivel nacional, muchos inmigrantes admitieron que el año pasado dejaron pasar o postergaron su atención médica por diversas razones: los costos, las dificultades para encontrar servicios y los temores relacionados con su estatus migratorio o el de un familiar.

Los inmigrantes sin estatus legal fueron quienes con mayor frecuencia omitieron o retrasaron la atención médica para ellos mismos o para sus hijos. Cada vez son más los inmigrantes que evitan solicitar programas como Medicaid por miedo a llamar la atención sobre su situación migratoria o la de algún familiar, incluso cuando califican para recibir ayuda.

El representante estatal Chance Keith Henry, republicano y autor de la iniciativa en Louisiana, no respondió a las llamadas ni correos electrónicos de Verite News, que le pedían que comentara los efectos de la ley. Durante un debate en la Cámara de Representantes estatal el año pasado, dijo que no esperaba que la medida tuviera un efecto disuasorio sobre los inmigrantes que buscan atención médica. También afirmó que los niños nacidos en EE.UU. de padres sin estatus legal seguirían recibiendo Medicaid.

“Esto es para garantizar que se atienda a los ciudadanos estadounidenses y a nuestros contribuyentes, y no los inmigrantes indocumentados”, argumentó durante el debate legislativo de mayo de 2025.

Funcionarios estatales de salud aseguraron que los solicitantes de Medicaid no pueden ser reportados a ICE bajo esta ley sin una solicitud formal de investigación por parte de “las autoridades competentes”. De lo contrario, reportarlos sin su consentimiento violaría las leyes federales de Medicaid y de privacidad.

Sin embargo, defensores de los derechos de los inmigrantes afirman que la ley ha tenido un efecto intimidatorio sobre las solicitudes y ha provocado que familias inmigrantes pierdan atención médica y recursos a los que tienen derecho.

También señalaron que cerrarles la puerta a esos servicios agrava el temor generado por las redadas migratorias en estados como Louisiana y Minnesota. También influyen los cambios en políticas federales, como un acuerdo para compartir datos entre ICE y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), y la reducción en la cantidad de personas no ciudadanas que son elegibles para Medicaid.

Dijeron que la supresión de ese acceso agrava el temor que generan las medidas de control migratorio en estados como y Minnesota, así como por cambios en la política federal, como por ejemplo el   entre el ICE y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, y la con derecho a Medicaid.

Los defensores explicaron que no está claro si la nueva ley provocó detenciones o deportaciones de personas que solicitaron Medicaid u otros programas de beneficios públicos. Sin embargo, Aaron Moseley-Saldívar, asesor legal y de políticas públicas de la Organización de Louisiana para Refugiados e Inmigrantes sostuvo que los cambios legislativos y de política sirven para desalentar a las familias inmigrantes, incluso cuando califican para Medicaid como residentes legales, refugiados, solicitantes de asilo u otras personas con estatus legal.

“Las personas no están pidiendo beneficios para los que probablemente sean elegibles porque estas leyes las intimidan y temen quedar atrapadas en el sistema”, aseguró Moseley-Saldívar. “Hay numerosas personas en Louisiana que no salen de sus casas por miedo a políticas como ésta”.

Moseley-Saldívar cree que la ley de Louisiana y medidas similares tienen como objetivo principal excluir a las personas de los servicios públicos. El 27 de mayo, la legislatura estatal aprobó para ampliar la de 2025. La medida se propone restringir aún más cuáles personas no ciudadanas pueden recibir beneficios públicos en Louisiana, aunque las restricciones relacionadas con Medicaid suelen ser determinadas a nivel federal.

La del Departamento de Salud de Louisiana sobre la nueva ley no contiene datos sobre solicitantes reportados a ICE desde que la ley entró en vigor en agosto pasado. Sin embargo, en febrero de este año, el estado había cancelado la cobertura del 87% de los beneficiarios cuyo estatus migratorio o de ciudadanía no había sido verificado en junio de 2025.

Según el informe, entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025, el 1% de los 1,6 millones de personas inscritas en Medicaid en Louisiana no eran ciudadanos, y menos de 4.000 tenían un estatus migratorio no determinado.

“Un arma de doble filo”

A finales del año pasado, más de 600 personas hicieron fila a las 4 de la mañana afuera de una feria de salud organizada por la Organización de Louisiana para Refugiados e Inmigrantes con la esperanza de recibir un chequeo médico gratuito, dijo Sharon Njie, directora de comunicaciones y alianzas estratégicas de esa organización sin fines de lucro. Estaba previsto que la feria comenzara a las 9 de la mañana.

“Tuvimos que empezar a llamar a los médicos para ver si podían llegar a las 7 de la mañana, porque la gente llevaba dos horas esperando en el frío”, contó Njie. “Estábamos totalmente desbordados”.

Romero dijo que algunas familias del área de Nueva Orleans han esperado seis meses para vacunar a sus hijos en eventos gratuitos organizados por proveedores de salud. Pero aclaró que este año se han programado menos eventos gratuitos para niños y aún menos para adultos. Para muchos de los residentes con quienes trabaja, la atención preventiva, como un Papanicolaou o un examen de próstata, están fuera de su alcance.

“El desafío actual es un arma de doble filo: la gente no va al doctor por miedo, pero también termina enfrentando emergencias que son demasiado difíciles de tratar”, dijo Romero. “Es una situación de vida o muerte”.

Njie y Romero intentan conectar a las familias que no tienen otra opción con profesionales de la salud sensibles a la situación de los inmigrantes y dispuestos a absorber el costo de la atención o hacer descuentos, incluidos proveedores médicos que también son inmigrantes.

Pero eso no resuelve los problemas estructurales de acceso a la atención médica que crearon la ley estatal y las políticas federales de inmigración ni la menor calidad de atención para quienes sí logran recibirla. Por ejemplo, una clínica local de Nueva Orleans, Luke’s House, recibe a personas hispanohablantes e inmigrantes, aunque la mayoría del personal son estudiantes de medicina, dijo Romero. El nivel de atención no es el mismo.

Mientras espera noticias sobre las solicitudes de Medicaid de tres de sus hijos, Yolibeth logró obtener para ellos un plan gratuito de seguros a través del mercado de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) de Louisiana. Sin embargo, dijo que no ha encontrado médicos que acepten esa cobertura, por lo que en la práctica siguen sin seguro.

Recientemente, su hijo de 13 años se enfermó y ella quiso llevarlo a un pediatra. Pero no podía pagar los $200 que costaba la consulta, además de los exámenes y medicamentos que pudieran ser necesarios.

Como no tenía un certificado médico que comprobara la enfermedad de su hijo tuvo que enviarlo a la escuela enfermo, exponiendo potencialmente a otros niños a un virus. A comienzos del año escolar, la escuela la citó después de que el chico faltó cinco días por enfermedad. En Louisiana, el ausentismo escolar puede castigarse con multas para los padres, servicio comunitario o cárcel.

Romero contó que si un niño falta demasiado a clases debido a una enfermedad, un proceso penal podría determinar la separación de la familia.

“Eso es impensable”, dijo. “Todo porque una familia no llevó a un niño al médico porque no tenía dinero para pagar una consulta médica, cuando esas cosas deberían estar garantizadas desde el principio”.

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Y, según ellos, una reorganización del proceso 鈥攁 menos de siete meses de que los estados deban comenzar a aplicar el requisito鈥� tendrá un costo elevado.

Las por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) establecen muchos detalles minuciosos sobre cómo se aplicarán estos requisitos.

Incluyen la manera en que los estados deben verificar si los beneficiarios cumplen con las normas y cómo las personas pueden solicitar una exención para que sus beneficios de salud no dependan de trabajar, realizar servicio comunitario o ir a la escuela.

El próximo año, la ley One Big Beautiful Bill Act del presidente Donald Trump podría exigir que aproximadamente en 42 estados y el Distrito de Columbia que reciben beneficios de Medicaid demuestren que están trabajando o participando en una actividad similar para conservar su cobertura médica, a menos que califiquen para una exención.

Gran parte de la verificación se realizará a través de sistemas informáticos estatales que determinan si las personas de bajos ingresos califican para Medicaid y otros programas de apoyo social.

Esta tecnología suele ser desarrollada y operada por empresas privadas mediante contratos que con frecuencia ascienden a cientos de millones de dólares. Muchos de esos sistemas tienen antecedentes de errores que pueden provocar la pérdida de beneficios para personas que sí cumplen con los requisitos.

Durante meses, los estados han estado comunicándose con los reguladores federales y apresurándose a crear sistemas para cumplir con los mandatos que se aproximan, dijo Kinda Serafi, socia de la firma de consultoría y servicios legales Manatt Health. Las normas publicadas la priera semana de julio representan un “cambio importante de política” respecto de lo que los estados esperaban, señaló Serafi.

“La administración ha tomado lo que ya sabíamos que era una situación difícil y la ha empeorado aún más”, agregó Serafi. Los estados ya se habían comprometido a pagar decenas de millones de dólares a contratistas para ajustar sus sistemas.

Después de que Trump promulgara su principal ley de impuestos y gastos en julio pasado, una de las preguntas más importantes que quedaba por resolver era cuánto se iba a involucrar el gobierno federal en decidir qué se define como exención para personas demasiado enfermas para trabajar.

La exención por “fragilidad médica” permite que una persona afirme que tiene una afección de salud que le impide trabajar al menos 80 horas al mes, como exige la ley.

Para calificar, una persona generalmente debe encajar en al menos una de cinco categorías: ser ciega o tener una discapacidad; tener un trastorno por consumo de sustancias; tener un trastorno mental incapacitante; tener una discapacidad física, intelectual o del desarrollo que afecte significativamente su vida diaria; o tener una afección médica grave. Los estados no pueden añadir categorías.

Según las nuevas regulaciones, los CMS indicaron que tener una afección médica por sí sola no es suficiente para quedar exento de los requisitos laborales. Los estados deben evaluar “la gravedad de la condición de una persona” para determinar si puede permanecer en Medicaid sin trabajar, un criterio que dificulta que los afiliados cumplan los requisitos.

Los funcionarios de los CMS no enumeraron afecciones específicas que califican para exenciones, pero la agencia sí indicó que la falta de vivienda no puede utilizarse como motivo para solicitar esa exención porque no es una condición médica.

Para implementar la ley, los estados “tendrán que deshacer trabajo que ya hicieron”, dijo , subdirector del programa State Health and Value Strategies de la Universidad de Princeton, que trabaja con gobiernos estatales en diversos temas relacionados con la cobertura de salud.

La administración Trump ya había reconocido que el trabajo para actualizar los sistemas estatales de elegibilidad de Medicaid y cumplir con la ley tiene un costo. En enero, altos funcionarios de los CMS dijeron que contratistas gubernamentales, incluidos Deloitte, Accenture y Optum, se comprometieron a hasta 2028 para ayudar a los estados a ajustar sus sistemas.

Los descuentos “pueden ser útiles” en algunos estados, pero “no serán útiles en todos los casos” debido a las diferencias entre los contratos estatales, dijo Heather Howard, directora del programa State Health and Value Strategies.

“Cada vez que hay que volver atrás y decir: 鈥楿ps, necesitamos reprogramar este detalle’, hay un costo”, afirmó Howard.

Los estados estaban preparados para crear listas de condiciones y enfermedades que permitieran a las personas calificar para exenciones de los requisitos laborales, según expertos en salud que los asesoran.

Analizar datos para verificar la enfermedad de una persona ya era una tarea complicada para los estados porque los sistemas informáticos que determinan si alguien es elegible para Medicaid a menudo no se comunican con los sistemas que registran los reclamos médicos.

Los sistemas de pago de atención médica en Estados Unidos dependen de un conjunto de códigos estandarizados que corresponden a diagnósticos específicos.

Pero no existe un “código que indique que alguien está demasiado enfermo para trabajar; esa es una evaluación subjetiva”, dijo Rachel Klein, subdirectora ejecutiva de , una organización no partidista de defensa personas con VIH. “Esta es una receta para el desastre”.

Las nuevas normas federales plantean problemas inmediatos para Nebraska, que puso en marcha su requisito laboral de Medicaid el 1 de mayo, ocho meses antes de la fecha límite federal. Nebraska maneja las decisiones sobre fragilidad médica de manera diferente a la administración Trump.

Los funcionarios de Nebraska ya habían publicado con afecciones médicas que califican para exenciones, incluidos ciertos tipos de cáncer, demencia, autismo, epilepsia, VIH y enfermedad de Parkinson. El estado, que depende de empleados gubernamentales para verificar la elegibilidad de Medicaid, no exige que una persona demuestre qué tan enferma está.

Pero bajo las normas de Trump, las personas tendrán que demostrar que su enfermedad calificada está afectando su capacidad para trabajar.

Ahora, Nebraska “tendrá que volver atrás y averiguar cómo evaluar si todas estas personas están demasiado enfermas para cumplir con el requisito”, dijo Klein.

Está previsto que los afiliados a Medicaid comiencen a perder cobertura este verano como resultado de la implementación anticipada en Nebraska.

Sarah Maresh, directora de programas de , una organización que defiende a personas de bajos ingresos, dijo que el estado debería abstenerse de cancelar la cobertura de las personas hasta el próximo año debido a los cambios que tendrá que realizar. Los residentes ya están confundidos y preocupados, afirmó, y la nueva norma “empeora mucho más la situación”.

En respuesta a varias preguntas, Jeff Powell, vocero del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nebraska, dijo que el estado está revisando la nueva regulación federal para determinar sus posibles impactos.

A partir de 2028, las nuevas normas federales limitarán la posibilidad de que las personas declaren por sí mismas que tienen fragilidad médica y exigirán documentación como prueba, otro cambio que los estados no esperaban, dijo Meuse. Más habían planeado permitir que solicitantes y afiliados declararan sus propias afecciones para obtener exenciones, según 麻豆女优.

Lograr el equilibrio adecuado entre flexibilidad y control fue una parte importante de las deliberaciones durante la elaboración de estas normas, dijo Mehmet Oz, administrador de los CMS, durante una llamada con periodistas el 1 de junio. “La frase que repetíamos constantemente era que somos comprensivos, pero no ingenuos”, afirmó.

Funcionarios de Trump escribieron en la regulación que los requisitos laborales de Medicaid tienen “el potencial de empoderar a los beneficiarios de Medicaid” al permitirles “salir del aislamiento y la dependencia, desarrollar confianza, alcanzar la autosuficiencia y la prosperidad, y mejorar su salud”.

Stephanie Burdick, una de las líderes de la coalición Protect Medicaid Utah, cuestionó esa premisa.

“Si realmente quisieran mejorar las oportunidades de empleo o la conexión social y reducir el aislamiento y la soledad, estarían creando programas de empleo y de voluntariado”, dijo Burdick. “No simplemente imponiendo más carga administrativa a las personas y luego diciendo que eso es bueno para ellas”.

Se estima que 5,3 millones de afiliados quedarán sin seguro médico para 2034 debido a los requisitos laborales de Medicaid, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, una entidad no partidista.

Pero Howard apuntó que, con las nuevas regulaciones, existe el riesgo de que “esa cifra sea incluso mayor”.

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Cientos de detenidos en al menos 33 estados alegan en demandas federales que los centros de detención de inmigrantes no brindan atención médica adecuada, según una investigación de 麻豆女优 Health News y The Associated Press.

Los detenidos exponen que no reciben sus medicamentos a tiempo 鈥攐 no se los dan en absoluto鈥� para tratar afecciones como hipertensión, diabetes, depresión, epilepsia, Parkinson y VIH. Sus solicitudes de ayuda quedaron sin respuesta durante semanas. Los niveles de azúcar en sangre aumentaron. Las infecciones empeoraron. Los cánceres permanecieron sin tratamiento. Los detenidos se desplomaron y sufrieron convulsiones.

Las cárceles y centros de detención migratoria de Estados Unidos han tenido durante mucho tiempo de las personas bajo su custodia. Pero el sistema está tambaleándose por el aumento de las detenciones desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca. Más de 75.000 inmigrantes permanecían detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) , frente a unos 40.000 del año anterior.

麻豆女优 Health News y AP analizaron miles de demandas presentadas desde la segunda investidura de Trump que utilizan una vía jurídica conocida como habeas corpus para argumentar que el ICE mantiene a personas detenidas de manera ilegal.

Estos registros ofrecen una visión excepcional de cómo los detenidos describen 鈥攁 menudo bajo pena de perjurio鈥� la forma en que el ICE maneja sus necesidades médicas. Además, los reporteros entrevistaron a más de 50 personas, entre detenidos, familiares y abogados.

La investigación reveló que se denuncian casos de negligencia médica en todo el extenso sistema de detención, incluidas oficinas que no fueron construidas para alojar personas, cárceles locales y sitios improvisados conocidos con apodos como “Alligator Alcatraz” (“Alcatraz de los Caimanes”).

La detención por parte del ICE es más letal que en las últimas dos décadas, escribieron investigadores en la revista científica (JAMA) en abril. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que 51 personas habían muerto bajo custodia desde el inicio del segundo gobierno de Trump, con un aumento de suicidios .

麻豆女优 Health News y AP pidieron al DHS que respondiera a estos hallazgos seis días antes de la publicación, pero no ofreció comentarios. Sean Conley, director médico interino del DHS, que “es política y práctica de larga data que los extranjeros reciban atención médica oportuna y adecuada desde el momento en que ingresan bajo custodia del ICE” y que la agencia contrata profesionales de salud para mantener altos estándares. “Esta es una atención médica mejor y más eficaz que la que muchos extranjeros han recibido en toda su vida”, afirmó.

Las instalaciones individuales y las empresas penitenciarias privadas contratadas por el DHS que respondieron a las solicitudes de comentarios dijeron que siguen los estándares del ICE y que los detenidos reciben atención médica cuando se requiere. Algunas afirmaron no estar familiarizadas con las acusaciones descritas en los documentos judiciales; otras responsabilizaron a algunos detenidos por interrupciones en su atención médica.

“Nunca he visto un desprecio o negligencia médica como ésta en ninguna parte”, escribió Vardan Gukasian, disidente político y ex paramédico que pasó años preso en Armenia, en presentada en marzo para impugnar su detención en Nevada, que se extendió durante 13 meses pese a sus problemas de salud.

Madeleine Skains, vocera de la ciudad de Henderson, dijo que la atención médica siempre está disponible en esa instalación y que el tribunal no había ordenado cambios en la atención de Gukasian.

En junio pasado, cuando Gukasian experimentaba síntomas de una hipertensión no controlada 鈥攎areos, hemorragia nasal y dolor de cabeza鈥�, su compañero de celda golpeó la puerta para pedir ayuda.

“Cuando la ayuda no llegó, el resto del pabellón comenzó a golpear sus puertas”, escribió. Gukasian fue hospitalizado ese mismo día.

“Indiferencia descarada ante problemas muy evidentes”

En su campaña de deportación masiva, el gobierno ha detenido a durante controles migratorios rutinarios, en controles de tráfico, en sus hogares y en hospitales.

Alrededor del no tiene una condena criminal. Sus procesos migratorios son civiles, no penales.

“No podía entender por qué me trataban con tanta dureza”, dijo un padre de seis hijos en Georgia.

Dijo que resultó herido mientras estaba esposado bajo custodia cuando el vehículo que lo transportaba a una instalación en Atlanta se sacudió bruscamente, lanzándolo de su asiento contra un apoyabrazos metálico. La herida se infectó con E. coli porque tuvo que dormir en un piso de concreto sucio cerca de inodoros con pérdidas, aseguró.

Al igual que otros entrevistados, habló bajo condición de anonimato. Dicen que temen por su seguridad, por la de sus familias o porque creen que hablar podría perjudicar sus casos migratorios. AP y 麻豆女优 Health News no identifican a las personas mencionadas en documentos judiciales sin su consentimiento.

Según , el personal del Centro de Detención Stewart, ubicado en la zona rural de Lumpkin, Georgia, no respondió adecuadamente a sus reiterados pedidos de atención médica hasta que perdió el conocimiento y fue trasladado a un hospital a aproximadamente una hora de distancia. Allí, contó que un médico le dijo que estuvo cerca de perder la pierna izquierda por amputación. Brian Todd, vocero de CoreCivic, la empresa que administra la instalación, afirmó que el personal médico no encontró registros de un caso que coincidiera con esa descripción.

El hombre, de 48 años, llegó a Estados Unidos desde Guatemala hace más de dos décadas. Fue liberado en octubre y ahora cuenta con residencia permanente legal. Sin embargo, teme no poder regresar a su trabajo en la construcción porque, según expuso, la lesión le impide levantar objetos pesados.

Algunos detenidos y sus abogados denunciaron que incluso se les negó atención médica básica: gasas para proteger una herida abierta en un pie, atención prenatal durante un embarazo de alto riesgo, una almohada para aliviar el dolor de dormir con cáncer avanzado de estómago o compresas sanitarias para el sangrado posparto.

“Quisiera creer que el gobierno vela por el bienestar de las personas que mantiene detenidas, sin importar cuánto tiempo permanezcan bajo su custodia”, dijo durante una audiencia en octubre la jueza federal Benita Pearson, de Ohio, en un caso relacionado con una mujer de 70 años que afirmó que el gobierno perdió sus anteojos durante su arresto. “Si una persona no puede ver porque perdió sus anteojos mientras está detenida, eso es algo que debería solucionarse”.

, quien trabajó para el ICE y ahora es asesora especial de la Asociación Americana de Abogados, dijo que la jurisprudencia exige que el gobierno brinde a las personas detenidas por motivos migratorios la misma atención que ofrece a quienes están en cárceles tradicionales esperando juicio. Sin embargo, los administradores tienen margen para tomar sus propias decisiones y los estándares de atención médica varían.

Con frecuencia, los detenidos son trasladados por todo el país, en muchos casos sin previo aviso, lo que interrumpe tratamientos médicos en curso. Una mujer de El Salvador dijo que pasó una semana sin recibir sus medicamentos para el VIH después de ser transferida desde Colorado a una cárcel local en Wyoming.

Un hombre ruso escribió que, mientras estaba detenido en Texas, consultó a un gastroenterólogo por dolorosos cálculos biliares y programó una cita con un cirujano. “Desafortunadamente, nunca pude verlo porque me trasladaron por varios centros de detención”.

Defensores de inmigrantes afirman que incluso se ignoran discapacidades evidentes, como la ceguera legal.

Un detenido que perdió un ojo y padecía glaucoma severo en el otro necesitaba gotas dos veces al día para conservar la visión que le quedaba. Sin embargo, dijo que algunos días las gotas nunca llegaban.

“Ahora solo puedo ver un poco hacia adelante. Con frecuencia parece que estuviera viendo a través de una gasa”, escribió en una declaración judicial. “Esto me da mucho miedo porque temo que algún día abra los ojos y no pueda ver absolutamente nada”.

Escribió que temía no poder ver crecer a su hijo pequeño.

“Es una especie de indiferencia descarada ante problemas muy evidentes, cosas que hace una década habrían parecido absurdas, como el hecho de que no puedas ver”, dijo Brian Hoffman, abogado del detenido. “Antes se podía intentar trabajar con funcionarios del gobierno y quizá avergonzarlos para que hicieran lo correcto. Ahora parece que cualquier cosa que quieras lograr requiere ir a los tribunales y demandar”.

Y ni siquiera las órdenes judiciales siempre son suficientes. Un juez de California ordenó al gobierno llevar a un hombre con signos de cáncer de próstata a un especialista para diagnóstico y tratamiento. Los registros muestran que no lo llevaron.

Los abogados que representaban al ICE dijeron al juez que la cita se perdió debido a un “error interno de programación”. CoreCivic, que administra la instalación, dijo que no podía comentar sobre litigios en curso.

Un aumento de casos

Cuando los inmigrantes presentan peticiones de habeas corpus, ejercen un derecho para impugnar una detención ilegal que se remonta a la .

Durante el segundo mandato de Trump se han presentado más de 40.000 peticiones de este tipo, impulsadas por decisiones tomadas el año pasado para negar fianza a muchas personas detenidas por cargos migratorios. Los jueces están divididos sobre la legalidad de esa medida y la cuestión parece encaminarse hacia la Corte Suprema.

Muchos de estos habeas corpus han tenido éxito, pero los jueces suelen citar razones no relacionadas con la negligencia médica descrita en ellos, como personas detenidas por períodos excesivamente largos de detención antes de ser deportadas.

Las más de 300 denuncias de negligencia médica identificadas en esta investigación representan solo una parte del problema.

Los detalles de los casos de habeas corpus suelen permanecer ocultos debido a una norma federal que impide al público ver estos documentos en línea. 麻豆女优 Health News y AP obtuvieron algunos documentos en tribunales y recibieron registros de 4.400 casos de , un proyecto de la organización sin fines de lucro Immigration Justice Transparency Initiative. Sin embargo, decenas de miles de casos siguen siendo en gran medida inaccesibles.

Algunos jueces han escrito que el proceso de habeas corpus no es la vía adecuada para presentar alegatos de negligencia médica, y se han negado a liberar a detenidos por tales alegatos. No todos los detenidos que creen haber sufrido negligencia médica presentan una petición de habeas corpus ni citan sus problemas médicos si lo hacen.

La petición de José-Antonio Segismundo no mencionaba que no pudo consultar a un oncólogo por el cáncer que tenía en el abdomen mientras estuvo detenido durante más de siete meses en la instalación de Florida conocida como Alligator Alcatraz y en el Centro de Procesamiento del ICE Folkston D Ray, en Georgia. Los registros médicos incluidos en documentos judiciales muestran que fue arrestado aproximadamente cinco semanas antes de una cita programada con un oncólogo.

Su esposa, María José González, dijo que no recibió tratamiento alguno aunque ella envió sus registros médicos y explicó su condición a funcionarios de Folkston. Dijo que cuando su esposo sufría intensos dolores de estómago le daban Tylenol.

Christopher Ferreira, vocero de GEO Group, que administra Folkston, dijo que la empresa sigue los estándares del ICE y proporciona atención médica y acceso a especialistas externos cuando es necesario.

Esta primavera, Segismundo, de 48 años, fue deportado a México, país que había dejado casi 30 años atrás, dijo González. Ahora tendrá que comenzar de nuevo la búsqueda de atención médica en la aldea de Oaxaca donde creció.

González siente que está viendo cómo se desmorona la vida que construyeron juntos. Vive en Wimauma, Florida, con sus hijos, todos ciudadanos estadounidenses; el menor tiene 6 años.

Ver deteriorarse a los seres queridos

Los detenidos que reciben atención médica inadecuada tienen pocas opciones para buscar ayuda. El año pasado, el Departamento de Seguridad Nacional redujo drásticamente la Oficina del Defensor del Pueblo para la Detención de Inmigrantes. A principios de mayo la cerró por completo, argumentando falta de financiamiento del Congreso.

Antes, el personal de la defensoría podía ayudar a facilitar atención médica o investigar denuncias de negligencia, según Matt Boles, abogado de inmigración en Georgia. Ahora, ya no hay a quién llamar, dijo.

Mientras tanto, las familias de los detenidos afirman sentirse impotentes. Hacen llamadas desesperadas a las instalaciones, al gobierno y a sus representantes mientras observan el deterioro de sus seres queridos.

Riya Khan vio cómo su madre se deterioraba en el Centro de Detención California City, propiedad de CoreCivic. Cuando la visitó una semana después de su llegada a la instalación ubicada en el desierto de Mojave, dijo que la mujer de 64 años llegó tambaleándose a su asiento. Temblaba y respiraba con dificultad.

Masuma Khan llegó al país desde Bangladesh en 1997. Según los registros, no tiene antecedentes penales y fue detenida en octubre cuando fue a su control rutinario con el ICE.

Según su hija, durante el mes que estuvo detenida recibió solo de manera intermitente medicamentos para problemas como presión arterial alta, hipotiroidismo y prediabetes. Todd afirmó que CoreCivic trata las afecciones crónicas de acuerdo con los estándares médicos aplicables.

“Nada es más importante para CoreCivic que la salud, la seguridad y el bienestar de las personas bajo nuestro cuidado”, dijo Todd.

Khan afirmó que recibió su medicamento para el asma por primera vez dos días antes de ser liberada y que nunca le dieron las gotas para el glaucoma. Según su hija, el personal le dijo que debía comprar algunos medicamentos en la tienda de la instalación, pero allí no estaban disponibles.

Antes de ser detenida por el ICE, Masuma Khan se hacía amiga de todos, contó su hija. Había trabajado durante años en Lucky Boy, un popular restaurante de comida rápida de Pasadena, y en su tiempo libre alimentaba aves y dejaba fruta para las abejas que visitaban el balcón de su apartamento.

Ahora tiene demasiado miedo para salir de casa. Aún debe presentarse regularmente ante el ICE, un momento que vive con terror.

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Un derrame cerebral durante una videollamada

Antes, las personas detenidas con necesidades médicas graves probablemente habrían sido liberadas por razones humanitarias, en parte para evitar el costo de su atención, dijo Andrew Pelcher, abogado de Vermont.

En el año fiscal 2023 鈥攁ntes de que la población detenida se disparara鈥� el ICE gastó más de $390 millones en atención médica para personas no ciudadanas detenidas, según su más reciente al Congreso. En mayo, Todd Lyons, entonces director interino del ICE, dijo en una conferencia que la agencia ya había gastado “casi $500 millones” en atención médica para detenidos ese año.

Ahora, bajo el sistema de “detención obligatoria”, las personas permanecen encarceladas incluso con enfermedades graves y costosas.

Un ciudadano rumano fue sometido a varias cirugías cardíacas, incluida una operación de bypass triple de emergencia en abril de 2025, antes de ser arrestado en julio. Como parte de su recuperación, debía tomar 16 medicamentos al día. Según documentos judiciales, mientras estuvo en una oficina del ICE en Baltimore, pasó dos días sin recibir ninguno antes de ser trasladado a una instalación en Nueva Jersey.

Fue hospitalizado tres veces luego de quejarse de dolores en el pecho mientras estuvo detenido. Los registros médicos y los documentos judiciales indican que, pese a “innumerables solicitudes”, el centro de detención no le proporcionó todos sus medicamentos. Los documentos del alta hospitalaria citados por su abogado muestran que, luego de la segunda internación, solo recibió ocho de los 16 medicamentos.

“驴Por favor pueden hablar con la instalación del ICE para asegurarse de que le den sus medicamentos?”, escribieron sus proveedores médicos en registros incluidos en los documentos judiciales. “Fue hospitalizado la semana pasada por dolor de pecho y hoy volvió a ser admitido por dolor de pecho secundario al incumplimiento del tratamiento medicamentoso”.

Varias semanas después, en agosto, sufrió un derrame cerebral durante una videollamada con su hija, según los documentos judiciales.

“Tenía dificultades para respirar y señalaba su pecho, donde nuevamente sentía dolor, y de repente dejó de hablar”. Según la petición judicial, su hija gritó pidiendo ayuda a través del monitor de video. “Finalmente, un agente entró para ayudarlo y cortó la transmisión”.

El hombre perdió la capacidad de hablar durante cuatro días, según el documento. Fue devuelto al centro de detención, donde permaneció hasta que un juez federal ordenó su liberación en noviembre.

Familias de detenidos enfrentan decisiones imposibles

Cassandra Amador espera cada mañana que suene el teléfono, desesperada por hacerle a su esposo la pregunta que la ha despertado cada noche durante meses: “驴Te dieron tu medicina?”.

Su esposo, Pedro Javier Amador Gutiérrez, de 36 años, tiene hipertensión y depende de que la instalación administrada por el estado en Florida, conocida como “Deportation Depot”, le suministre los medicamentos que le han permitido mantenerse con vida durante años. Muchas mañanas, le dice a su esposa que no se los dieron.

Cuando habla con él, asegura que cada día se lo escucha más débil y más asustado, muy distinto al hombre alegre que llevaba a sus hijos a comer helado.

“Se puede escuchar en su voz cómo se siente”, dijo la mujer.

Contó que su esposo está considerando regresar a Cuba, país del que huyó por persecución política, por temor a morir detenido sin sus medicamentos. Amador y sus hijos irían con él, dijo, aunque ella nació en Nueva Jersey, nunca ha estado en Cuba y apenas habla español.

Pero él ya se ha desmayado dos veces en la Institución Correccional Baker, en Sanderson, Florida, dijo su esposa. Y le aterroriza que la próxima vez no despierte.

Metodología

麻豆女优 Health News y The Associated Press revisaron miles de solicitudes de habeas corpus relacionadas con inmigración para identificar denuncias de negligencia médica presentadas por personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) durante la segunda administración Trump.

Ante la ausencia de una base de datos pública y completa sobre quejas médicas de personas bajo custodia del ICE, utilizamos solicitudes de habeas corpus relacionadas con inmigración para identificar las denuncias sobre atención médica presentadas por personas detenidas en tribunales federales. Aunque el propósito principal del habeas corpus es cuestionar la legalidad de la detención de una persona 鈥攜 no las condiciones de su confinamiento鈥�, estos documentos a veces incluyen denuncias de atención médica inadecuada.

Sin embargo, las solicitudes de habeas corpus no siempre están disponibles para el público. Las normas federales restringen el acceso del público a las peticiones de habeas corpus presentadas por personas en detención migratoria. En la mayoría de estos casos, los sitios web de los tribunales publican únicamente órdenes judiciales y registros del caso que describen otros documentos presentados. Las peticiones iniciales solo pueden consultarse mediante visitas presenciales a tribunales federales en todo el país. Habeas Dockets, un proyecto de la organización sin fines de lucro Immigration Justice Transparency Initiative, coordina una red nacional de voluntarios para recopilar estas peticiones y ponerlas a disposición en internet.

麻豆女优 Health News y AP analizaron los registros de aproximadamente 33.000 casos presentados por personas detenidas entre el 20 de enero de 2025 y marzo de 2026. La gran mayoría de los casos contenía únicamente información procesal básica, como fechas de presentación de documentos y decisiones judiciales. Solo alrededor de 4.400 incluían las peticiones originales.

También obtuvimos varias decenas de expedientes de tribunales, de abogados y del sitio web del Tribunal Federal de Distrito de Massachusetts, que publica la mayoría de las peticiones bajo una orden permanente especial.

Realizamos búsquedas por palabras clave y búsquedas semánticas en registros judiciales, incluidas peticiones, mociones y órdenes, utilizando términos y expresiones potencialmente relacionados con negligencia médica, como cirugía, medicamentos, atención médica inadecuada y tratamiento de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión.

Encontramos alrededor de 500 casos que posiblemente denunciaban negligencia médica. Al menos dos reporteros revisaron manualmente cada caso, lo que permitió identificar más de 300 que contenían denuncias específicas, presentadas bajo juramento, de atención médica retrasada, denegada o deficiente.

Para mantener un criterio conservador, excluimos decenas de casos que denunciaban atención médica inadecuada pero carecían de detalles específicos; por ejemplo, cuando una persona escribía: “He estado enfermo y no recibo el tratamiento adecuado”, o cuando un juez señalaba que una persona detenida “se queja de que el ICE está ignorando sus problemas médicos”. También excluimos casos en los que las personas afirmaban únicamente que se les habían negado dietas especiales, ejercicio u otras adaptaciones que consideraban fundamentales para controlar sus problemas de salud, como una persona que escribió: “Padezco Parkinson y no puedo hacer ejercicio adecuadamente”, o que alegaba que los alimentos proporcionados no eran adecuados para una persona con diabetes.

Los casos analizados no fueron seleccionados de manera aleatoria ni son representativos de las solicitudes de habeas corpus relacionadas con inmigración a nivel nacional. Las denuncias no fueron verificadas de manera independiente. Muchos documentos no están disponibles públicamente y no todas las personas detenidas plantean preocupaciones médicas ante los tribunales, por lo que este recuento representa una visión limitada del panorama de denuncias y no una descripción completa.

Los periodistas de The Associated Press, Garance Burke, Valerie Gonzalez y Tim Sullivan, y la corresponsal de 麻豆女优 Health News, Kate Wells, colaboraron en este artículo.

Esta historia es una colaboración entre The Associated Press y 麻豆女优 Health News.

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“Me aterró”, dijo Wood, quien vive en una casa de unos 1.700 pies cuadrados en Terryville, una comunidad en las afueras de Bristol, Connecticut. “No entendía nada”.

Wood, de 52 años, se sometió a una cirugía para perder peso en ese hospital en 2022, con la esperanza de que ayudara a aliviar su apnea del sueño, y el dolor en las rodillas y la espalda. Antes de programar el procedimiento, consultó con su aseguradora y, según dijo, le informaron que la cirugía tendría un gasto de bolsillo de $5.000. Pagó esa cantidad por adelantado.

Más de seis meses después, Bristol le envió otra factura que elevó el costo de la cirugía a más de $17.000. Wood dijo que intentó disputar el cargo. El hospital la demandó.

“Es ridículo. Aetna me lo había dicho varias veces: 鈥�$5.000 de bolsillo’”, explicó Wood. “Nunca me habría operado si hubiera sabido que me iba a costar casi $20.000”.

Wood es una de los más de 36 pacientes de Connecticut entrevistadas durante el último año por Connecticut Mirror y 麻豆女优 Health News que fueron demandadas por su hospital o por un médico debido a facturas impagas.

Entre los pacientes hay maestros, propietarios de pequeños negocios, un trabajador del servicio postal, una trabajadora de una residencia de mayores jubilada, una enfermera y un botones de hotel. La mayoría tenía empleo y seguro médico. Casi todos dijeron que querían pagar lo que debían.

Los pacientes llevados a los tribunales describieron facturas desconcertantes, reglas confusas de los planes de salud y llamadas telefónicas frustrantes e infructuosas a las oficinas de facturación de hospitales y a las líneas de servicio al cliente de las aseguradoras. Incluso cuando intentaban resolver sus deudas pendientes, muchos dijeron que no conseguían que les respondieran.

Sus experiencias reflejan fallas en el sistema de salud que atrapan a los pacientes en deudas. El seguro médico no cubría la atención por razones que ellos no lograban comprender. Varios pacientes no calificaron para asistencia financiera de los proveedores, pese a tener ingresos modestos. Y si se comprometían a pagar, enfrentaban gravámenes sobre sus viviendas o pagos de intereses y costos judiciales que aumentaban aún más la deuda médica.

Los principales actores de la industria se culpan mutuamente por un sistema que no funciona. Los proveedores dicen que los de las aseguradoras dejan a los pacientes con facturas enormes incluso cuando tienen cobertura. Las aseguradoras responden que a un ritmo superior a la inflación.

Mientras tanto, los pacientes cargan con las consecuencias. En 2022, alrededor de en Estados Unidos reportaron tener deudas médicas o dentales.

“Ya es bastante malo tener problemas de salud y por encima tener que pagar montañas de facturas médicas”, dijo Samantha Mantiera, a quien el Hospital de Danbury demandó en 2024 por $10.000 que, según ella, le cobraron por error. “Pero tener que lidiar constantemente con facturas incorrectas y además con una demanda fue demasiado”.

Mantiera dijo que pasó meses intentando explicar al hospital, y luego a una agencia de cobro, que los documentos de su aseguradora indicaban que solo debía $260. Aun así, fue demandada.

Cuando Mantiera impugnó la demanda, el Hospital de Danbury la retiró, según muestran los registros judiciales.

Mantiera dijo que ella y su esposo ahora viajan hasta una hora desde su casa en Brookfield, Connecticut, para evitar hospitales propiedad de la empresa matriz de Danbury, ahora llamada Northwell Health.

Kathy Holt, directora de la Oficina del Defensor de la Atención Médica del estado, dijo que en las últimas décadas el sistema de salud se ha vuelto cada vez más difícil de navegar para los pacientes. La agencia recibe miles de llamadas cada año de residentes que buscan ayuda con preguntas sobre facturación médica.

“He hablado con demasiadas personas que simplemente se han rendido”, afirmó Holt. “El sistema se ha vuelto tan difícil que parece algo deliberado”.

“No querían hablar conmigo”

Las demandas por cobro de deudas médicas contra pacientes han disminuido en Connecticut desde 2019, según un análisis de registros judiciales estatales realizado por CT Mirror y 麻豆女优 Health News. Los registros muestran que la mayoría de los sistemas hospitalarios de Connecticut han dejado de demandarlos, incluidos los dos más grandes del estado: Yale New Haven Health y Hartford HealthCare.

La mayoría de los hospitales dejaron de presentar demandas durante la pandemia de covid-19 mientras reevaluaban sus prácticas de cobro, señaló Sarah Ginnetti, directora del ciclo de ingresos de UConn Health. Según los registros, el sistema dejó de demandar en 2022.

“En algunas de esas circunstancias, simplemente sentíamos que no estaba alineado con nuestra misión como organización”, dijo Ginnetti. “Por la pequeña cantidad de casos en los que podríamos haber obtenido algún tipo de victoria legal, realmente no sentíamos que ese fuera el mejor camino”.

Yale New Haven Health y Hartford HealthCare no explicaron por qué dejaron de demandar a los pacientes y se limitaron a emitir declaraciones sobre sus programas de asistencia financiera.

Sin embargo, los datos muestran que decenas de proveedores médicos 鈥攊ncluidos grupos de médicos, dentistas y hospitales鈥� . El análisis de CT Mirror y 麻豆女优 Health News identificó más de 1.500 casos relacionados con deudas médicas presentados en tribunales de Connecticut en 2024.

Entre ellos había demandas de Bristol Health, un sistema de salud independiente que incluye el Hospital de Bristol, y de Nuvance Health, una cadena de siete hospitales adquirida recientemente por Northwell Health, un sistema multimillonario con sede en Nueva York.

Los hospitales de Nuvance presentaron más de 4.000 demandas de cobro entre 2019 y 2024, según los registros. Durante esos cinco años, el sistema representó más de una cuarta parte de las aproximadamente 16.300 demandas por deudas médicas contra pacientes identificadas en los registros judiciales estatales.

Funcionarios hospitalarios y otros proveedores médicos afirman que intentan trabajar con los pacientes que tienen dificultades para pagar sus facturas. Nikki Schulz, directora de ingresos de los hospitales de Northwell en Connecticut, dijo en un comunicado que hace años el sistema flexibilizó sus prácticas de cobro, lo que provocó una “disminución drástica” de las deudas médicas enviadas a cobro.

“Reestructuramos fundamentalmente nuestro enfoque para alinearlo con las mejores prácticas de la industria”, dijo Schulz.

Los registros muestran que el sistema demandó a unos 200 pacientes en 2024, frente a 2.200 en 2019.

Los ejecutivos del sector salud también sostienen que tienen la responsabilidad de intentar cobrar.

“No tengo elección”, dijo Kurt Barwis, CEO del Hospital de Bristol. “Lo que intentamos hacer es sostener nuestra misión de cuidar a esta comunidad”.

Menos demandas hospitalarias

Bristol Health es uno de los sistemas de salud con mayores dificultades financieras en Connecticut. Actualmente, sus directivos negocian con la administración del gobernador demócrata Ned Lamont , propiedad del estado. La operación busca, en parte, mantener al hospital a flote.

Barwis dijo que el hospital ha tomado medidas para ayudar a los pacientes con facturas inesperadas, incluyendo la participación de asesores financieros que contactan a los pacientes, antes de procedimientos electivos, para hablar sobre costos y asistencia financiera.

Pero Wood, quien fue demandada por Bristol, dijo que nadie del hospital habló con ella antes de la cirugía. Cuando llamó después de recibir la factura de $12.000, afirmó que le dijeron que no podían hacer nada porque su aseguradora había rechazado la reclamación.

“No querían hablar conmigo sobre eso”, dijo Wood. “Querían su dinero”.

El vocero de Bristol, Albert Peguero, también responsabilizó a la aseguradora de Wood y dijo que el hospital trabajó con ella mientras presentaba varias apelaciones ante Aetna.

Shelly Bandit, vocera de Aetna, dijo que Wood había sido notificada de esa disposición, algo que Wood niega.

Wood tampoco tuvo suerte con Aetna. Resultó que su plan de salud solo cubría hasta $15.000 en cirugía bariátrica, por lo que ella era responsable de cualquier gasto que superara esa cantidad.

El intercambio entre el hospital y la aseguradora enfureció a Wood. Pero después de que la demandaran, concluyó que ya no tenía más opciones. Llegó a un acuerdo con Bristol y aceptó pagar el saldo completo mediante pagos mensuales de $150, según los registros judiciales. Con ese acuerdo, tardará casi siete años en saldar la deuda.

El año pasado enfrentó más dificultades económicas después de la muerte de su madre y cuando su esposo perdió el trabajo y estuvo desempleado durante seis meses.

Wood dijo que ha recuperado aproximadamente un tercio de los 45 kilos que perdió después de la cirugía debido al estrés. Algunos meses paga menos de $150. En enero, el hospital colocó un gravamen sobre su vivienda.

“No tenemos ahorros. No tenemos dinero extra. Vivimos al día”, explicó Wood. “Somos personas trabajadoras que intentamos ganarnos la vida y hacer lo correcto. Y siempre terminamos perjudicados”.

“No tengo horas y horas”

Es difícil saber cuántas demandas por deudas médicas surgen de facturas en disputa. Sin embargo, la mayoría de los adultos estadounidenses con deudas médicas afirma haber recibido en los últimos cinco años una factura que consideró errónea, según .

La frecuencia de estas disputas es una de las razones por las que muchos defensores de los pacientes consideran que los hospitales y otros proveedores de salud no deberían demandar a las personas que atienden.

“Entender cómo funciona el seguro y luego lidiar con rechazos o facturas difíciles de comprender deja a los pacientes atrapados en un sistema opaco donde tienen muy poca capacidad de influencia y poder”, señaló Eva Stahl, vicepresidenta de Undue Medical Debt, una organización sin fines de lucro que ha trabajado con estados para comprar y eliminar deudas médicas, incluidas las de más de 150.000 residentes de Connecticut.

“Los pacientes se quedan comprensiblemente llenos de preguntas y confusión”, dijo Stahl.

Timothy Bigham, propietario de una empresa de construcción y demandado en 2023 por el Hospital de Danbury, dijo que nunca entendió por qué le facturaron más de $64.000 después de ser hospitalizado tras sufrir un ataque cardíaco en 2019.

Bigham, que vive en Danbury, Connecticut, dijo que tenía seguro en ese momento. Pero poco después de regresar a casa comenzó a recibir llamadas frecuentes del hospital. Según recuerda, le dijeron que su aseguradora no estaba pagando porque él se negaba a “autorizar la entrega de registros médicos”.

“Tenía seguro cuando sufrí el ataque al corazón, pero 驴es mi trabajo lograr que la aseguradora pague?”, se preguntó. “Trabajo por cuenta propia en construcción. No tengo horas y horas para pasar al teléfono intentando hablar con alguien de una compañía de seguros”.

Bigham dijo que finalmente dejó de lidiar con el asunto porque no sabía qué más hacer.

Luego, en 2023, el Hospital de Danbury lo demandó. Un juez desestimó el caso en 2025 por la “falta de diligencia razonable” del hospital para procesarlo, según los registros judiciales. Pero para entonces, la supuesta deuda ya había devastado su historial crediticio, reduciendo su puntaje en más de 100 puntos, afirmó.

Schulz, de Northwell, se negó a comentar casos específicos de pacientes citando leyes de privacidad.

Connecticut que prohíbe incluir deudas médicas en los informes de crédito al consumidor.

Varios estados han intentado proteger a los pacientes mediante que limitan cuándo los hospitales pueden emprender acciones legales. Illinois, por ejemplo, prohíbe demandar a pacientes sin seguro que demuestren que no pueden pagar sus facturas. Nevada, Nueva York, Carolina del Norte, Maryland y Virginia prohíben los gravámenes y ejecuciones hipotecarias por deudas médicas.

“Fue una pesadilla”

Dominique Jean Pierre también se sorprendió al recibir una factura de $20.000 después de ser hospitalizado en el Hospital de Norwalk por una infección urinaria en julio de 2020.

Jean Pierre, de 66 años, había trabajado durante casi dos décadas como botones en un hotel Hilton de Stamford, propiedad y operado por Atrium Hospitality, una empresa con sede en Georgia. Cuando enfermó, el hotel estaba temporalmente cerrado debido a las restricciones por covid.

Lo que Jean Pierre no sabía era que el hotel también había suspendido los beneficios de seguro médico para los empleados. Según dijo, el hospital le informó que él sería responsable de la factura.

“Fue una pesadilla”, dijo.

Jean Pierre contó que suplicó ayuda a su gerente, pero le dijeron que la empresa no podía hacer nada. Atrium Hospitality no respondió a las solicitudes de comentarios.

Dos años después de su hospitalización, el Hospital de Norwalk lo demandó por más de $20.000, según los registros judiciales.

Jean Pierre dijo que intentó solicitar asistencia financiera en dos ocasiones, pero el hospital le informó que él y su esposa ganaban demasiado para calificar, aunque las facturas médicas representaban casi una cuarta parte de sus ingresos anuales de unos $87.000.

Sin otra alternativa, Jean Pierre llegó a un acuerdo con el Hospital de Norwalk, ahora parte del sistema Northwell, en 2025, comprometiéndose a pagar la totalidad de la deuda en cuotas mensuales de $100. A ese ritmo, terminará de pagarla en 2042.

Después del acuerdo, dijo que el juez le sugirió contactar a funcionarios electos para intentar que la deuda fuera cancelada. Jean Pierre estaba agotado.

“Me dijo: 鈥楾iene que ir a ver a sus senadores. Vaya a ver al gobernador’. Le respondí: 鈥楨s demasiado. Lo voy a dejar así’”.

Jean Pierre dejó Hilton y ahora trabaja como asistente de cuidado personal, al igual que su esposa. Pero sigue molestándole que las empresas y los proveedores de salud recibieran millones de dólares en ayuda gubernamental durante la pandemia, mientras él quedó con una deuda médica de $20.000.

“Le dieron dinero al hotel. Le dieron dinero al hospital. Le dieron dinero a muchas cosas”, dijo. “Pero nosotros no vimos nada”.

“No estoy tratando de escapar”

Otros pacientes dijeron que se sintieron atrapados, incluso cuando intentaban hacer lo correcto.

Deneen Brown, quien dirige una pequeña guardería en su casa en Norwalk, fue demandada por el Hospital de Norwalk en 2024 por $7.200 correspondientes a facturas que, según la demanda, se originaron “alrededor de 2019 y 2020”.

Brown dijo que la demanda la dejó desconcertada, ya que creía que tenía seguro médico en ese momento. Pero como propietaria de un pequeño negocio, orgullosa de mantener un buen historial crediticio y sus finanzas en orden, decidió hacerse cargo del asunto.

“No estoy tratando de escapar de algo que podría ser mi responsabilidad”, dijo Brown. “Si me dicen que lo debo, voy a averiguar qué pasó y lo voy a pagar”.

En enero de 2025 aceptó un plan de pagos de casi 13 años con cuotas mensuales de $50, según los registros judiciales. Con frecuencia paga más que eso, dijo.

Al mes siguiente, el hospital colocó un gravamen sobre su vivienda. Brown dijo que nunca imaginó que el hospital seguiría penalizándola incluso después de aceptar un plan de pagos.

“Si lo hubiera sabido, nunca habría llegado a ese acuerdo”, afirmó.

Este artículo fue producido en alianza con , una sala de redacción estatal sin fines de lucro que cubre políticas públicas y política.

Cómo lo hicimos: análisis de las demandas de cobro de deudas de atención médica en Connecticut

驴Con qué frecuencia demandan los proveedores de atención médica a los pacientes por facturas impagas?

En la mayoría de los estados, responder a esta pregunta resulta casi imposible, ya que los tribunales no suelen identificar qué demandas por cobro de deudas corresponden a deudas médicas y cuáles a otros tipos de deudas, como alquileres, tarjetas de crédito o facturas de celulares.

Sin embargo, Connecticut es diferente. Los casos de cobro de deudas presentados ante los tribunales de reclamos menores por facturas médicas o dentales impagas deben clasificarse específicamente como deudas de atención médica.

Trabajamos en colaboración con la firma de consultoría en ciencia de datos January Advisors para extraer estos casos de la base de datos judicial de Connecticut y analizarlos. (January Advisors ha trabajado con organizaciones sin fines de lucro e investigadores de todo el país para recopilar datos sobre el cobro de deudas de los tribunales estatales). La firma no tuvo ninguna participación editorial en nuestro proyecto.

Comenzamos con los casos de cobro de deudas de atención médica presentados ante los tribunales de reclamos entre 2019 y 2024. No obstante, esto solo abarcaba los casos que involucraban deudas inferiores a $5.000. También queríamos obtener información sobre aquellos casos en los que los proveedores demandaban por facturas que superaban los $5.000. Los tribunales de Connecticut no asignan una categoría específica de “médica” a los casos de reclamos mayores.

Por ello, extrajimos todos los registros de reclamos mayores correspondientes a cualquier demandante 鈥攜a fuera un hospital o un proveedor no hospitalario鈥� que figurara en los casos de reclamos menores de índole médica. También incluimos aquellos casos con demandantes que no aparecían en ese conjunto de datos, pero cuyos nombres contenían terminología médica común, como “Hospital” o “DDS” (Doctor en Cirugía Dental).

A continuación, revisamos manualmente cada caso para confirmar que el demandante fuera, efectivamente, un proveedor médico o de servicios dentales. Determinamos si dicho proveedor formaba parte de un hospital o de un grupo médico de mayor envergadura, y clasificamos a cada demandante según su tipo de proveedor (por ejemplo: sistema hospitalario, clínica dental, grupo médico, etc.).

En algunos casos, los datos que extrajimos resultaron estar incompletos; por ello, consultamos los registros judiciales en línea e ingresamos manualmente la información en nuestra base de datos. El Departamento Judicial de Connecticut elimina los registros de casos de su portal en línea transcurrido un determinado período de tiempo. En estas situaciones, solicitamos a la agencia que nos facilitara las citaciones y las demandas correspondientes para poder ingresar manualmente la información de los casos en nuestra base de datos.

Eliminamos aquellos casos en los que los demandados o los demandantes vivían fuera del estado, así como cualquier caso en el que la falta de registros dificultara la confirmación de la información relativa al proveedor.

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Un paciente de su condado rural en el norte de California , una enfermedad tan poco común que muchos médicos nunca han tratado un caso.

Aunque California tiene algunas de las leyes de vacunación más estrictas del país, el enfoque del conservador condado de Shasta durante la pandemia de covid contrastó claramente con las directrices estatales. Sus líderes locales se opusieron a la obligatoriedad de las mascarillas y las vacunas, y a la funcionaria de salud pública del condado, que había intentado aplicar esas políticas y otras medidas de seguridad.

Un posible brote de sarampión “siempre estuvo en mi mente”, dijo Mu, un médico de familia conocido por expresar sus opiniones, que fue uno de los que firmaron una carta oponiéndose a la obligatoriedad de vacunarse contra el covid. Mu, quien actualmente dirige el área de salud pública del condado, dijo que cuando su departamento identificó el primer caso local de sarampión, actuó con decisión: “Nos olvidamos del miedo”.

Él y su equipo, contó, se pusieron a trabajar de inmediato para reconstruir cuidadosamente los movimientos de con sarampión y contactar a más de 600 personas que pudieron haber estado expuestas en Costco, en un restaurante de sushi, en eventos deportivos, en una escuela o una clínica médica. Solo una de las nueve personas había contraído sarampión en uno de esos lugares, mientras que las demás fueron clasificadas por el departamento de salud pública como “contactos cercanos”.

Dos meses y medio después, el departamento de salud pública del condado de Shasta declaró terminado el brote de sarampión. Expertos en enfermedades infecciosas dicen que la rápida respuesta de este condado mayormente rural y con mucha desconfianza hacia las vacunas, ofrece un modelo de acción para funcionarios de salud pública de todo el país, que están batallando para evitar la propagación de este virus altamente contagioso.

“Para mí, la historia de Shasta es una historia de esperanza”, afirmó Peter Chin-Hong, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de California-San Francisco.

Después de más de un año de casos sostenidos, el sarampión ha enfermado a más de en EE.UU., según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Por primera vez en dos décadas, EE.UU. está en camino de perder su estatus de eliminación del sarampión, una designación que indica que los brotes son poco frecuentes y se contienen rápidamente.

671 casos de sarampión hasta mediados de mayo, mientras que había registrado al menos 997, según sus departamentos estatales de salud. había confirmado 74 casos.

Respuesta rápida y crítica

A finales de enero, cuando el condado de Shasta identificó el primer caso, Mu se encontró con más de una docena de enfermeras especializadas en enfermedades transmisibles, epidemiólogos y personal de emergencias y relaciones comunitarias en una “reunión inicial de evaluación de amenazas”.

El virus del sarampión es un que puede permanecer en una habitación hasta dos horas después de que la persona infectada se retira, por lo que las enfermeras y el personal de respuesta enfrentaron una tarea difícil al tratar de determinar exactamente cuándo el paciente era contagioso y dónde había estado.

“Todo es cuestión de rapidez: rapidez para identificar a la persona y localizar los lugares donde ocurrieron los casos de sarampión”, explicó Chin-Hong. “Si se consigue limitar el número de casos a unos pocos, es mucho más fácil. Si se espera solo un poco más, esas personas habrán tenido contacto con mucha más gente禄.

Aproximadamente 9 de cada 10 personas expuestas al virus sin estar vacunadas, se infectan. Los nueve casos confirmados en el condado de Shasta eran personas no vacunadas o cuyo estado de vacunación se ignoraba, según el departamento de salud pública local.

Antes de llamar a las familias que podrían haber estado expuestas, las enfermeras del condado a veces pedían ayuda a directores de escuelas, personal de iglesias, administradores de clínicas u otras personas para un primer acercamiento, explicó Daniel Walker, epidemiólogo supervisor del condado.

Erika Piper, directora de Redding Christian School en Palo Cedro, habló con familias de la escuela que desconfiaban de las solicitudes de funcionarios de salud pública 鈥攜 del gobierno en general鈥� para proporcionar registros de vacunación u otra información personal. Dijo que tuvo conversaciones difíciles, pero respetuosas, con las familias para asegurarse de que los niños expuestos que no estaban vacunados permanecieran en sus casas y no fueran al colegio, de modo que su comunidad pudiera cumplir con las recomendaciones de salud pública que exigían .

“Yo les decía: 鈥楨stá bien. Ustedes tienen una opción. Ya lo decidieron. Pero nuestras decisiones tienen consecuencias’”, dijo Piper, refiriéndose a las familias que habían decidido no vacunar a sus hijos. “鈥楢sí que pueden colaborar conmigo para que esto funcione y salgamos adelante o pueden pelearse conmigo. Pero de cualquier manera, no pueden estar en la escuela’”.

Piper permitió que se enviaran tareas a los estudiantes en cuarentena y personalmente tomó asistencia diaria en la escuela para ayudar a garantizar el cumplimiento de las recomendaciones de salud.

A pedido del condado, el Departamento de Salud Pública de California ayudó con el seguimiento de los casos llamando a las personas expuestas y desplegó un sistema telefónico de la era del covid, CalCONNECT, que automatiza el monitoreo de síntomas para los contactos expuestos.

Las autoridades de Shasta County advirtieron a la población que no desconfiara de las llamadas de los rastreadores de contactos que usaban un código de área 279, preocupados de que muchos las descartaran pensando que eran estafas.

Conversaciones delicadas

En el condado, la tasa de vacunación contra el sarampión está apenas necesario para la protección comunitaria, pero en algunas zonas de la comunidad las tasas son más bajas y varían considerablemente, . Y en esos lugares vulnerables, un brote puede propagarse.

Por ejemplo, más de una cuarta parte de las escuelas de Shasta tenían tasas inferiores al 95% en 2024-25, según los datos estatales más recientes. Varias estaban por debajo del 90%. Aunque Redding Christian School reportó una tasa de vacunación contra el sarampión en kindergarten igual o superior al 95% en 2024-25, tres años antes el número llegaba al 87,8%.

Cuando se trataba de hablar con personas que habían estado expuestas al sarampión, Sharayne Loomis, enfermera supervisora de salud pública del equipo de enfermedades transmisibles de Shasta, describió el enfoque del departamento como “encontrar a las personas donde están”. Eso incluía conversaciones sin prejuicios y apoyo a los residentes, independientemente de su postura sobre la vacunación, dijo Loomis.

Mu dijo que la misma filosofía se extendía a todas las agencias de salud del condado, pero contra las “fiestas de sarampión”, reuniones donde niños no vacunados son expuestos intencionalmente para que desarrollen inmunidad.

También recomendó no administrar altas dosis de vitamina A sin supervisión médica. La vitamina A se ha promovido como tratamiento para el sarampión en comunidades que desconfían de las vacunas y fue respaldada el año pasado por el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), Robert F. Kennedy Jr., aunque el sitio web de los CDC dice que la vitamina A “no previene el sarampión y no sustituye la vacunación”.

Algunos miembros de la comunidad dijeron que el departamento de Mu pudo haber sido más proactivo antes del brote y le pidieron que insistiera en la importancia de la vacunación en los mensajes públicos.

“Es evidente que cuando se supo que esta situación iba a llegar a nuestras comunidades, ese hubiera sido el momento de recomendar las vacunas”, les dijo  Steve Kahn a los supervisores del condado en una reunión de la junta en febrero. “Creo que hubo negligencia en eso”.

Durante años, la salud pública ha sido un tema político conflictivo en la región. La Junta de Supervisores destituyó a la anterior funcionaria de salud pública, Karen Ramstrom, en mayo de 2022, después de molestos por su aplicación de las reglas estatales sobre el covid.

En un esfuerzo por llegar a los californianos con desconfían de las vacunas, funcionarios estatales han trabajado en una coalición llamada Public Health for All Californians Together y mediante la iniciativa , que utiliza monitoreo de redes sociales y otras investigaciones para adaptar los mensajes a audiencias escépticas.

Erica Pan, directora del Departamento de Salud Pública de California, dijo que el estado se prepara para un posible aumento de casos de sarampión cuando se jueguen los partidos de la Copa Mundial de fútbol a partir de junio, y también por el aumento de los viajes durante el verano.

Sin embargo, dicen las autoridades sanitarias, cuando se trata de contener un brote en una comunidad, los residentes 鈥攅specialmente aquellos que miran las vacunas con escepticismo鈥� necesitan escuchar el mensaje de personas conocidas.

“La confianza es muy importante para nosotros”, dijo Mu. “Es fundamental para lograr que las personas sigan nuestras recomendaciones, especialmente durante un brote”.

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Pero ahora la comunidad se esfuerza por evitar una nueva identidad como “pueblo prisión” y lucha contra la apertura de lo que podría convertirse en el mayor centro de detención de inmigrantes del país, con capacidad para albergar hasta a 10.000 personas.

El condado de Walton, donde se encuentra este pueblo de unos 5.500 habitantes, votó de manera abrumadora por el presidente Donald Trump en 2024.

Pero, a medida que la estrategia de deportaciones masivas del gobierno se acerca más a casa 鈥� con planes para transformar un almacén de más de un millón de pies cuadrados en un centro de detención 鈥� los residentes dicen que la infraestructura de la ciudad simplemente no puede hacer frente a una llegada tan grande de personas.

Este mes, Social Circle presentó en una corte federal contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). La demanda argumenta que la construcción de un centro de detención, al que llama un “megacentro”, dañaría la salud pública, y pondría presión sobre los sistemas locales de agua potable y tratamiento de aguas residuales.

También dice que sobrecargaría los servicios médicos de emergencia (EMS) “debido a la limitada capacidad de los EMS de Social Circle y al plan poco claro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para el transporte de emergencias”, en referencia al departamento federal que supervisa al ICE.

“La comunidad está muy unida”, dijo Eric Taylor, administrador de la ciudad. “Queremos que se vayan”.

Social Circle es una de varias comunidades en todo el país que han quedado atrapadas en un intenso debate nacional sobre la estrategia de deportaciones masivas del gobierno.

Durante la campaña electoral, Trump dijo que los inmigrantes estaban . Pero líderes locales, , grupos defensores y otros en , , , y afirman que el gobierno está haciendo lo mismo al instalar centros de detención en comunidades sin capacidad para manejar un aumento tan grande de población.

El año pasado, Todd Lyons, quien se desempeña como director interino del ICE hasta , señaló que el objetivo era que las deportaciones masivas funcionaran con . Las deportaciones se moverían “como Prime, pero con seres humanos”, dijo en una exposición de seguridad fronteriza en Phoenix.

En estos momentos, el ICE detiene a todas las personas que busca deportar sin darles la posibilidad de salir bajo fianza, incluidas aquellas sin antecedentes penales. En enero, la agencia tenía casi el doble de personas detenidas que en el mismo mes de 2024 con el presidente Joe Biden.

Sin embargo, aunque muchos siguen apoyando la postura de Trump sobre inmigración, otros residentes temen que la estabilidad de la comunidad se vea afectada. “Social Circle no se puede decir que prospere, pero se mantiene”, dijo Gareth Fenley, trabajadora social retirada que se postuló para el Senado estatal en 2024, como demócrata, y no estuvo entre los residentes que votaron por Trump.

“Si Social Circle se convierte en un pueblo prisión”, dijo, “vamos a perder lo que tenemos”.

“Pensé que era una broma”

En febrero, el DHS compró el terreno de 235 acres en Social Circle por , casi cinco veces su valor estimado. El plan es albergar allí a más personas que en el Centro Correccional Rikers Island de Nueva York, y casi triplicar la cantidad de personas actualmente alojadas en el mayor centro de detención de inmigrantes del país, ubicado en El Paso, Texas.

“Pensé que era una broma”, dijo John Miller cuando, el año pasado, leyó por primera vez sobre los planes. Él y su esposa, Kathlene, han vivido en Social Circle durante 21 años. Cuando se encuentran con vecinos, Kathlene conoce los nombres de sus hijos y John se sabe las estadísticas de béisbol de los niños. Su granja de caballos de 50 acres está a menos de una milla de la escuela primaria y justo enfrente del terreno donde se construiría el centro de detención.

Los Miller apoyan la postura de Trump sobre inmigración, pero creen que convertir el almacén vacío en un centro de detención recrearía precisamente los problemas que el gobierno intenta resolver. Ya sea que las personas estén concentradas en un centro de detención o en la comunidad, “siguen estando aquí”, dijo John Miller.

El DHS calcula que el centro requeriría alrededor de un millón de galones de agua al día. Según la demanda de la ciudad, ese volumen dejaría sin agua a los residentes y contaminaría los arroyos locales con aguas residuales.

Las llamadas médicas de emergencia desde el centro de detención, afirma la demanda, sobrecargarían a los socorristas de la ciudad, que según Taylor cuentan con 14 bomberos, 15 policías y dos oficiales de recursos escolares. La ciudad depende del condado de Walton para los servicios de ambulancia.

Además, Social Circle viviría bajo la amenaza constante de un gran brote de enfermedades, según la demanda, que añade que el gobierno federal no realizó las revisiones ambientales necesarias ni solicitó comentarios de la comunidad previamente.

Taylor dijo que los funcionarios federales tuvieron solo una reunión con líderes locales y desestimaron las preocupaciones sobre el agua, las aguas residuales y la atención de emergencias, ya que funcionarios del gobierno afirmaron que el lugar no necesitaría usar esos servicios. “No me lo creo”, dijo Taylor. “Y ese es el problema”.

Aumento de las preocupaciones de salud

El actual secretario del DHS, Markwayne Mullin, ha dicho que se están revisando los , Kristi Noem, para transformar almacenes como este en centros de detención. Además, si el gobierno federal pagó de más por algunos edificios. Mullin también dijo que los funcionarios están revisando las políticas de la agencia y trabajan con líderes comunitarios. “Queremos ser buenos socios”, dijo Lauren Bis, vocera del DHS.

Aun así, el rápido aumento de la detención de inmigrantes por parte del gobierno ha agravado las antiguas acusaciones de negligencia médica hacia las personas detenidas en todo el país, y ha provocado en al menos dos décadas.

Tres centros de detención en Folkston, Georgia, aproximadamente a una hora al norte de Jacksonville, Florida, registraron 130 llamadas de emergencia entre el 4 de febrero de 2025 y el 3 de febrero de 2026, según reportes obtenidos por 麻豆女优 Health News mediante una solicitud de registros públicos.

Las llamadas desde los centros, que albergan a unas 2.000 personas, fueron por razones muy diversas, incluidas anafilaxia (reacción alérgica potencialmente mortal), agresiones, intentos de suicidio, sobredosis, convulsiones, derrames cerebrales, lesiones en la cabeza por caídas y otros problemas de salud.

GEO Group, el mayor contratista del ICE y operador del centro de Folkston, ofrece “acceso a atención médica las 24 horas” y utiliza servicios médicos de emergencia cuando es necesario, aseguró Christopher Ferreira, director de relaciones corporativas.

ERO El Paso Camp East Montana, construido en una base militar de Texas, es actualmente el mayor centro de detención del país y alberga a unas 2.500 personas.

En los cinco meses entre el 17 de agosto de 2025 y el 20 de enero de 2026, se realizaron unas 130 llamadas médicas de emergencia desde el lugar, según registros de la ciudad. Varios detenidos han muerto en el centro; otros para tuberculosis, sarampión y covid-19.

Amentum Services, que recientemente asumió la administración del centro, no respondió preguntas sobre las llamadas de emergencia.

Centros de detención aún más grandes, como el “megacentro” planeado en Social Circle, solo aumentarían esos problemas de salud y los llevarían a nuevas comunidades, dijo , quien fue ombudsman (defensora del pueblo) para asuntos migratorios en el DHS bajo Biden. Los centros existentes ya sufren escasez de personal, mala ventilación e higiene y atención médica insuficiente, afirmó.

Las instalaciones propuestas son enormes y, en general, fueron construidas para almacenar objetos, no personas, dijo. “No hay forma, sin un costo extremo, tanto para la comunidad como económico, de hacer que estos lugares sean seguros para los seres humanos”, agregó Brané.

Mientras tanto, personas como Kathlene Miller piensan que Social Circle se ha convertido en un “daño colateral” dentro del debate más amplio sobre inmigración. “Somos como los hijos en un divorcio”, dijo.

Pero Social Circle podría enfrentar una batalla difícil. Taylor dijo que los líderes del condado de Walton y el estado de Georgia han guardado silencio sobre el centro.

“Dicen que son asuntos federales, que no tienen jurisdicción”, afirmó. “No tienen ningún interés en ayudarnos”.

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Tenía una “salud razonablemente buena” y los riesgos del procedimiento 鈥攕angrado, reacción a la anestesia, perforación del colon鈥� eran bastante bajos. Pero tenía 85 años. Y tendría que suspender brevemente los anticoagulantes que tomaba debido a los stents cardíacos que mantenían abiertas sus arterias; hacerlo podría aumentar los riesgos.

Itzkowitz dijo que si él y su paciente hubieran enfrentado esta decisión hace cinco años, quizás él habría programado el examen “sin siquiera pensarlo”. Pero investigaciones recientes han vuelto a mostrar que los beneficios de repetir una colonoscopía después de los 75 años .

Ahora, dijo, “me pregunto: 鈥樎縌ué estamos logrando aquí?’”.

No es el único doctor 鈥攏i paciente鈥� que tiene dudas. Los riesgos y beneficios de exámenes, procedimientos y medicamentos comunes cambian a edades avanzadas, y las investigaciones siguen mostrando nuevos ejemplos de intervenciones que podrían dejar de ser necesarias.

Recientemente, investigadores han analizado preguntas sobre lesiones comunes en la piel que probablemente no necesitan ser removidas, un medicamento para la tiroides ampliamente utilizado que muchos pacientes mayores podrían dejar de tomar de manera segura, y colonoscopías que reducen tan poco la mortalidad por cáncer de colon que los riesgos podrían superar los beneficios.

Feas, pero probablemente inofensivas

Las manchas rojizas o ásperas en la piel se llaman, en términos médicos, queratosis actínicas. Como son resultado de la exposición prolongada al sol, suelen aparecer en el rostro, el cuero cabelludo, los antebrazos y el dorso de las manos.

Estas lesiones aparecen con mayor frecuencia en pacientes mayores. Un estudio grande de beneficiarios de Medicare tradicional encontró que, durante un período de cinco años, recibió un diagnóstico de queratosis actínica. 驴Y luego qué?

“La gran mayoría de las veces, se eliminan”, dijo Allison Billi, dermatóloga de la Universidad de Michigan y autora de sobre el tema en JAMA Internal Medicine. Esto normalmente implica criocirugía (congelación con nitrógeno líquido), cremas tópicas o terapia láser.

La razón: las manchas podrían volverse cancerosas. Pero “para el paciente promedio sin antecedentes de cáncer de piel, hay menos de una posibilidad entre 1.000 de que evolucione a cáncer de piel”, dijo Billi, citando . Es mucho más probable que las lesiones desaparezcan por sí solas.

“El tratamiento puede ser más molesto que la afección en sí”, agregó. Removerlas “es extremadamente doloroso, tanto durante el procedimiento como después”. También puede causar hinchazón, irritación y cambios permanentes en el color de la piel.

Además, es probable que una queratosis actínica o que surjan nuevas lesiones. “Esta es una afección crónica”, dijo Billi.

En cambio, Billi propone una vigilancia activa: los doctores de atención primaria podrían observar las lesiones cada año para detectar señales de alerta, como sangrado, dolor o crecimiento rápido, que podrían justificar su remoción. Pero “en muchos casos, no es necesario”, dijo. “No siempre tenemos que hacer todo lo que podemos hacer”.

Sí recomienda usar protector solar.

Un tratamiento cuestionable

Los pacientes toman levotiroxina, uno de los medicamentos más recetados en el mundo, cuando la glándula tiroides no puede producir suficiente hormona tiroidea.

Con esta afección, llamada hipotiroidismo, “las personas aumentan de peso. Tienen menos energía. Su cabello y su piel están secos”, explicó Jacobijn Gussekloo, médica de atención primaria e investigadora del Centro Médico de la Universidad de Leiden, en los Países Bajos. “Todo se vuelve más lento”.

Los doctores también la recetan cada vez más para una afección límite llamada hipotiroidismo subclínico, que generalmente no causa síntomas, pero puede progresar a hipotiroidismo.

La mayoría de los pacientes toma el medicamento de por vida, pero 驴realmente es necesario? El equipo de Gussekloo halló que, en muchos adultos mayores con hipotiroidismo subclínico, los niveles hormonales por sí solos.

Los investigadores también reportaron que, entre personas mayores con esta afección, la levotiroxina sobre los síntomas y “ningún beneficio aparente”.

Como cualquier medicamento, también puede causar daño. Puede interactuar con otros fármacos que los pacientes mayores suelen tomar. Además, “requiere pruebas de laboratorio frecuentes y seguimiento, más consultas y más gastos”, dijo Maria Papaleontiou, endocrinóloga de la Universidad de Michigan y autora de en JAMA que acompañó el estudio más reciente realizado en los Países Bajos.

“En dosis altas, puede causar hipertiroidismo, lo que puede provocar arritmias cardíacas y pérdida ósea”, agregó. Los pacientes que la toman también tienen que ajustar su dieta y los horarios de las comidas.

Para determinar si algunos pacientes podían dejar de tomar levotiroxina, los investigadores holandeses diseñaron un protocolo que reducía gradualmente las dosis durante 30 semanas, con pruebas de laboratorio y consultas médicas continuas.

Después de un año, una cuarta parte de los 370 participantes, todos mayores de 60 años, mientras mantenía una función tiroidea saludable. La mayoría había comenzado con dosis más bajas.

Los pacientes no deben dejar la levotiroxina por su cuenta, advirtió Papaleontiou. Suspender el medicamento requiere una reducción gradual, además de pruebas y monitoreo. Algunos pacientes siempre necesitarán tomarlo.

Pero parece que “un grupo selecto de adultos mayores de 60 años podría no necesitar este tratamiento de por vida”, dijo Papaleontiou.

Un examen con riesgos

La pregunta sobre cuándo los pacientes mayores pueden dejar de hacerse pruebas de detección de cáncer de colon de manera segura ha provocado años de debate. El influyente Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos le da a esta prueba después de los 76 años, y considera que el beneficio es “pequeño”.

Aun así, casi el 60% de los pacientes mayores que ya se habían hecho colonoscopías y tenían una expectativa de vida limitada (menos de cinco años) recibieron recomendaciones para repetir el examen, encontró .

Como gastroenterólogo de la Universidad de California en San Diego, Samir Gupta enfrenta este tema regularmente con pacientes mayores. “Sé que realmente tienen un riesgo bajo de cáncer de colon, y aún así los estoy exponiendo a más riesgos”, dijo.

El riesgo de complicaciones después de una colonoscopía aumenta con la edad. Un estudio encontró que casi 7% de los pacientes mayores de 75 años tuvieron dentro del mes posterior al procedimiento.

驴Vale la pena? Gupta es el autor principal de con casi 92.000 pacientes del Departamento de Asuntos de Veteranos mayores de 75 años que ya se habían hecho colonoscopías anteriormente. En aproximadamente el 28%, el procedimiento había encontrado un adenoma, un tipo de pólipo que puede volverse canceroso. Aunque ocurre en solo una pequeña fracción, los gastroenterólogos generalmente los eliminan.

Los investigadores encontraron que, después de 10 años, los veteranos con un adenoma previo tenían más probabilidades de desarrollar cáncer de colon que aquellos sin adenomas, aunque la tasa fue extremadamente baja en ambos grupos.

Pero solo el 0,5% 鈥攕í, medio punto porcentual鈥� de quienes tenían un adenoma previo murió por cáncer de colon, en comparación con 0,4% de quienes no lo tenían. “Una diferencia mínima”, dijo Gupta.

Ambos grupos quedaron muy por debajo del número de veteranos 鈥攃asi la mitad鈥� que murieron durante esa década por otras causas.

“Incluso si el procedimiento sale bien, no encontrará nada o encontrará algo que realmente no tendrá impacto en su longevidad”, dijo Itzkowitz, autor de publicado junto al estudio.

Sin embargo, ha encontrado que muchos pacientes a quienes les han removido pólipos quieren seguir haciéndose colonoscopías.

Es difícil cambiar normas médicas establecidas. Los esfuerzos por medicamentos pueden encontrar resistencia tanto de pacientes como de profesionales de salud.

Muchas mujeres mayores después del punto en que se ha documentado un beneficio, y los hombres mayores suelen someterse a más allá de la edad recomendada.

Las colonoscopías son menos agradables, así que quizás los pacientes mayores estén contentos de evitarlas. “Incluso con pólipos, la posibilidad de morir por cáncer de colon es tan baja en comparación con todo lo demás que puede afectarles”, dijo Itzkowitz.

Por eso le dijo a su paciente de 85 años que podía saltarse otra colonoscopía. Ella pareció complacida.

The New Old Age se produce a través de una colaboración con .

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Un proyecto de en marzo y luego por el gobernador demócrata Jared Polis permite que Colorado se aparte aún más de las directrices federales.

La ley permite que oficiales de salud sigan las recomendaciones de grupos médicos nacionales al decidir cuestiones como la compra de vacunas al por mayor para el programa Medicaid.

“Estamos protegiendo a nuestro estado del manejo caótico que viene de Washington”, dijo el , copatrocinador del proyecto y enfermero registrado. “Vamos a confiar en la ciencia”.

“Desde la lucha durante la pandemia para que los habitantes de Colorado recibieran las vacunas lo antes posible hasta la batalla contra las barreras impuestas por la administración Trump para vacunarse, hemos ampliado el acceso a las vacunas para los habitantes de Colorado que las quieran”, declaró Polis en un comunicado al promulgar la ley.

Colorado es uno de los que, junto con Washington, D.C., han tomado medidas para eludir las nuevas recomendaciones federales ante la preocupación de que los cambios puedan debilitar la confianza pública en las vacunas y erosionar la .

Antes, Colorado, como la mayoría de los estados, seguía las directrices federales establecidas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). En enero, integrantes del panel asesor de los CDC, elegidos por el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., de la lista de recomendaciones universales de la agencia.

El año pasado, médicos, científicos, líderes locales y otros defensores se unieron para formar una coalición de alcance comunitario y defensa llamada

El grupo busca ofrecer una posición clara y unificada sobre los beneficios comprobados de las vacunas y tranquilizar a residentes confundidos por los numerosos cambios federales.

, ex integrante del Concejo Municipal de Denver, se unió al grupo porque quiere que más personas conozcan su propia historia sobre una enfermedad prevenible con vacunas.

“Todos los veranos todo el mundo se enfermaba”, dijo Boigon al recordar su infancia en Detroit durante la década de 1950.

La enfermedad era la polio, una infección viral muy contagiosa que y que a veces causa parálisis parcial o total.

Durante el verano de 1953, “toda la cuadra estaba enferma y algunos quedamos discapacitados鈥� así eran las cosas”, dijo.

Un nuevo grupo toma la iniciativa

La historia personal de Boigon será parte del trabajo de la coalición para sobre los peligros de enfermedades infecciosas que antes eran comunes en el país, pero que ahora son relativamente raras.

El grupo, que se formó en septiembre pasado, también recopilará información sobre vacunas de grupos médicos y del departamento estatal de salud, y defenderá propuestas de políticas públicas ante el gobierno estatal.

“Fue una respuesta directa a las amenazas federales”, dijo otra integrante de la coalición, la ex legisladora estatal . Ella dirige la organización sin fines de lucro .

Otra integrante, la especialista en relaciones públicas Elizabet Garcia, propone aumentar las actividades de divulgación dirigidas a hispanos, cuyas tasas de vacunación están .

“Muchas veces existe el miedo de tener que pagar de su bolsillo, de que el seguro no lo cubra, otros quizá ni siquiera tienen seguro”, explicó Garcia.

Boigon tenía 5 años cuando se enfermó y estuvo hospitalizada durante seis semanas con fiebre. El virus atacó su columna vertebral.

“Después de eso, ninguna de mis extremidades funcionaba”, contó Boigon.

Aunque más tarde recuperó la función de las otras extremidades, su brazo derecho nunca volvió a funcionar por completo. Tuvo que adaptarse y volver a aprender tareas cotidianas, como extender la mano izquierda para saludar.

En 1955, poco después de que enfermara, la nueva vacuna contra la polio comenzó a estar más disponible para el público. A medida que avanzó la vacunación en Estados Unidos, los casos de polio 鈥攓ue había sido una de las enfermedades más temidas del país鈥� cayeron

Aumentar la confianza pública

Los líderes estatales han tomado otras medidas para promover la salud pública. Después de que la administración Trump retirara a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), varios estados, incluido Colorado, por su cuenta a la Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos de la OMS.

Colorado también a una demanda multilateral que impugna los cambios introducidos por la administración Trump al calendario de vacunación infantil.

La nueva ley estatal incluye otras disposiciones que no solo permiten que el estado se aparte de las recomendaciones federales. La ley formaliza la capacidad de los farmacéuticos para recetar y administrar vacunas y aumenta las protecciones legales para los trabajadores de salud que aplican vacunas.

“Esta ley dará más claridad para orientar a todos los habitantes de Colorado, incluidos los proveedores que administran vacunas”, dijo Lontine.

Sin embargo, la legislación tiene opositores que sostienen que las vacunas podrían ser inseguras o ineficaces y aseguran que la ley interferiría con la decisión de los padres.

“Solo quiero asegurarme de que no nos estamos metiendo en una gran disputa política entre las recomendaciones federales 鈥攍os CDC y demás鈥� y distintas posturas políticas aquí en Colorado”, expresó el , que votó en contra del proyecto de ley sobre vacunas.

Se contactó al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos sobre la nueva ley de Colorado. La vocera Emily Hilliard respondió en un correo electrónico: “El calendario actualizado de vacunación infantil de los CDC sigue protegiendo a los niños contra enfermedades graves”.

Aumento de enfermedades prevenibles

Esta oleada de actividad en todo el estado ocurre mientras Colorado y el país han registrado un aumento de los casos de enfermedades como .

Este año, hasta mediados de mayo, Colorado había registrado 22 casos de sarampión. En 2025 se registraron , según el departamento estatal de salud, muy por encima de los totales de años anteriores.

En todo Colorado, la tasa de vacunación contra el sarampión fue del 88% el último año escolar. Solo unos pocos condados alcanzaron tasas de 95%, el nivel necesario para generar inmunidad colectiva, según datos en diciembre.

Esta también fue la peor temporada de gripe en Colorado en los últimos años.

Las tasas de vacunación, tanto contra la gripe como contra covid-19, han disminuido ligeramente en el estado, según cifras oficiales.

en Colorado han muerto esta temporada por gripe, uno por covid y uno por el virus respiratorio sincitial o VRS. Hay , disponibles para niños y recomendadas por el departamento estatal de salud.

Kennedy, un activista antivacunas desde hace mucho tiempo, ha defendido sus decisiones de reformar el calendario recomendado de vacunación infantil. En marzo, un juez federal muchos de esos cambios.

“No le estamos quitando vacunas a nadie. Si quieren vacunarse, pueden hacerlo. El seguro lo cubrirá por completo, igual que antes”, dijo en enero.

Cuando un reportero sugirió que los nuevos cambios podrían hacer que menos personas recibieran la vacuna contra la gripe, Kennedy respondió: “Bueno, puede ser, y quizás eso sea algo bueno”.

Boigon a veces no puede creer todo lo que ha pasado.

“Es como si estuviéramos retrocediendo”, reflexionó. “Como si hubiéramos decidido que no queremos una vida moderna. Que queremos volver a la década de 1950, cuando los niños enfermaban y morían”.

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