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Carmen Quintero trabaja en un almacén de distribución que envía máscaras N95 a una nación acorralada por el coronavirus. El 23 de marzo comenzó con una tos fuerte, y su enérgica voz se convirtió en un susurro.

Recursos humanos le dijo que tenía que irse a su casa.

“Me dijeron que no podía volver hasta que me hicieran la prueba de COVID”, explicó Quintero, a quien también le dijeron que tenía que presentar una prueba de que no tenía el virus.

Su médico le indicó que fuera a la sala de emergencias más cercana para hacerse el test porque en el consultorio no había pruebas de coronavirus.

El Corona Regional Medical Center está a la vuelta de la esquina de su casa, y allí una enfermera la auscultó y le hizo una radiografía de tórax. Pero el hospital tampoco tenía pruebas disponibles, y la enfermera le dijo que fuera al departamento de salud pública del condado de Riverside.

Allí le dieron un número 800 para que pidiera cita para hacerse el test. Lo más pronto que el condado podía hacerle la prueba era el 7 de abril, más de dos semanas después.

En el hospital, Quintero recibió una nota del médico diciendo que debía quedarse en casa y no trabajar durante una semana, y se le indicó que se comportara como si tuviera COVID-19, aislándose de los miembros vulnerables de la familia.

Eso fue difícil. Quintero vive con su abuela y los padres de su novia, pero se las arregló. Nadie más en su casa se enfermó, y cuando llegó el 7 de abril, se sintió mejor y decidió no hacerse la prueba del coronavirus.

Entonces llegó la factura.

Paciente: Carmen Quintero, 35 años, trabajadora en un almacén de distribución que vive en Corona, California. Tiene un plan médico de Anthem Blue Cross a través de su trabajo, con un deducible anual de $3,500.

Factura total: Corona Regional Medical Center facturó a Quintero $1,010, y Corona Regional Emergency Medical Associates facturó $830 adicionales por servicios médicos. Quintero también pagó $50 en Walgreens por un inhalador.

Proveedor de servicios: Corona Regional Medical Center, un hospital con fines de lucro propiedad de Universal Health Services, una compañía con sede en King of Prussia, Pennsylvania, que es una de las mayores compañías de atención médica de la nación. El hospital tiene un contrato con Corona Regional Emergency Medical Associates, parte de .

Servicio Médico: Quintero fue evaluada en la sala de emergencias por síntomas consistentes con COVID-19: una tos fuerte y dificultad para respirar. Se le hizo una radiografía de tórax y un tratamiento respiratorio y se le recetó un inhalador.

La situación: Ese día a finales de marzo, cuando su cuerpo se estremecía por la tos, la principal preocupación de Quintero era contagiar a su familia, especialmente a los padres de su novia, ambos mayores de 65 años, y a su abuela de 84 años.

“Si algo les hubiera pasado, no sé si hubiera podido vivir con ello”, explicó Quintero.

Quintero quería aislarse en un hotel, pero apenas podía permitirse la semana que se quedaba en casa. Sólo tenía tres días de enfermedad pagos y se vio obligada a tomar vacaciones hasta que sus síntomas desaparecieron, y se le permitió volver al trabajo. En ese momento, pocos lugares proporcionaban habitaciones de hotel financiadas con dinero público para que los enfermos se aislaran, y a Quintero no se le ofreció ninguna ayuda.

Para su atención médica, Quintero sabía que tenía un plan con un deducible alto, pero sentía que no tenía otra opción más que seguir el consejo de su médico e ir a la sala de emergencias más cercana para hacerse la prueba. Supuso que se haría la prueba y no tendría que pagar.

El Congreso había aprobado la , y todos los titulares decían que las .

Esa legislación resultó estar plagada de lagunas legales, especialmente para gente como Quintero que necesitaba y quería una prueba de coronavirus pero que no podía conseguirla en los primeros momentos de la pandemia.

“No me pareció justo porque fui allí a hacerme la prueba”, dijo.

Algunas para las visitas a la sala de emergencias relacionadas con el COVID. Quintero dijo que su aseguradora, Anthem Blue Cross, no reduciría su factura. Anthem se niega a hablar del caso hasta que Quintero firme su propia renuncia a la privacidad; y no acepta la renuncia estándar firmada que utiliza KHN.

El hospital tampoco quiere hablar de la factura con un reportero a menos que Quintero también esté al teléfono, algo que aún no se ha podido coordinar con la jornada laboral de Quintero, que comienza a las 4 am y termina a las 3:30 pm

han ido más lejos que el Congreso para renunciar al costo compartido de las pruebas y el diagnóstico de la neumonía y la gripe, dado que estas enfermedades se confunden a menudo con COVID-19. California no es uno de ellos, y debido a que el empleador de Quintero está autoasegurado —la compañía paga los servicios de salud directamente de sus propios fondos— no tiene que acatar las directrices estatales de todos modos. El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos regula todos los planes de seguros autofinanciados. En 2019, cubiertos estaban en este tipo de planes.

¸é±ð²õ´Ç±ô³Ü³¦¾±Ã³²Ô: A medida que las restricciones de cierre se alivian y los casos de coronavirus aumentan en todo el país, los funcionarios de salud pública dicen que es esencial aislar rápidamente a las personas enfermas antes que el virus se propague a través de las familias.

Pero los esfuerzos de aislamiento han recibido poca atención en el país. Casi todos los departamentos de salud locales, incluyendo el condado de Riverside, donde vive Quintero, ahora tienen estos programas, según la Asociación Nacional de Funcionarios de Salud del Condado y la Ciudad. Muchos se diseñaron para albergar a las personas sin hogar, pero pueden ser usados para aislar a quien lo necesite.

Raymond Niaura, presidente interino del Departamento de Epidemiología de la Universidad de Nueva York, señaló que estos programas se utilizan de manera inconsistente y no se han promovido bien.

“Nadie ha hecho esto antes y mucho de lo que está pasando se crea sobre la marcha”, dijo Niaura. “Nunca hemos vivido una circunstancia como esta”.

A Quintero todavía le preocupa contagiar a su familia y teme estar en la misma habitación que su abuela. Quintero regresa del trabajo todos los días, pone su ropa en un cesto separado y se lava las manos diligentemente antes de interactuar con nadie.

Las facturas han sido otra preocupación constante. Quintero llamó al hospital y a su compañía de seguros y se quejó de que no debía pagar, ya que necesitaba una prueba por orden de su médico. Su queja no fue atendida y las facturas etiquetadas como “recordatorios de pago” pronto se convirtieron en “avisos finales”. Aceptó a regañadientes pagar $100 al mes: $50 al hospital y $50 a los médicos.

“Ninguno quería ayudarme”, comentó Quintero. “Ahora tengo que dar el primer pago de cada factura para que no me envíen a cobros”.

Conclusiones: Si sospechas que tienes COVID-19 y necesitas aislarte para proteger a los miembros vulnerables de tu hogar, llama a tu departamento de salud pública local. La mayoría de los condados tienen programas de aislamiento y cuarentena, pero estos recursos no son bien conocidos. Es posible que te alberguen en un hotel, en una autocaravana u otro tipo de vivienda mientras finaliza el período de infección.

No es necesario tener un resultado positivo en la prueba de COVID para calificar para estos programas y se pueden usar mientras se espera el resultado de la prueba. Pero este es un área en el que los funcionarios de salud pública ofrecen repetidamente una clara orientación —14 días de aislamiento— que la mayoría de la gente encuentra imposible de seguir.

En este momento de la pandemia, las pruebas están más disponibles y la ley federal está claramente de tu lado: Nadie debe cobrarte ningún costo compartido por una prueba de coronavirus.

Sin embargo, ten cuidado si tu médico te envía a la sala de emergencias para una prueba de COVID, porque cualquier atención adicional que recibas allí podría tener un alto precio. Pregunta si hay otros lugares para hacerte la prueba.

Si te enfrentas a una factura grande relacionada con la sospecha de COVID, vete más allá de una llamada telefónica a tu compañía de seguros y presenta una apelación formal. Si es posible, pídele al personal de recursos humanos de tu empleador que argumente en tu nombre.

Luego, llama a la línea de ayuda del comisionado de seguros de tu estado y presenta una apelación por separado. Presiona a las aseguradoras —y a las grandes compañías que ofrecen planes de seguro autofinanciado— para que sigan el espíritu de la ley, incluso si la letra de la ley parece permitirles su comportamiento.