Y, según ellos, una reorganización del proceso —a menos de siete meses de que los estados deban comenzar a aplicar el requisito— tendrá un costo elevado.

Las por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) establecen muchos detalles minuciosos sobre cómo se aplicarán estos requisitos.

Incluyen la manera en que los estados deben verificar si los beneficiarios cumplen con las normas y cómo las personas pueden solicitar una exención para que sus beneficios de salud no dependan de trabajar, realizar servicio comunitario o ir a la escuela.

El próximo año, la ley One Big Beautiful Bill Act del presidente Donald Trump podría exigir que aproximadamente en 42 estados y el Distrito de Columbia que reciben beneficios de Medicaid demuestren que están trabajando o participando en una actividad similar para conservar su cobertura médica, a menos que califiquen para una exención.

Gran parte de la verificación se realizará a través de sistemas informáticos estatales que determinan si las personas de bajos ingresos califican para Medicaid y otros programas de apoyo social.

Esta tecnología suele ser desarrollada y operada por empresas privadas mediante contratos que con frecuencia ascienden a cientos de millones de dólares. Muchos de esos sistemas tienen antecedentes de errores que pueden provocar la pérdida de beneficios para personas que sí cumplen con los requisitos.

Durante meses, los estados han estado comunicándose con los reguladores federales y apresurándose a crear sistemas para cumplir con los mandatos que se aproximan, dijo Kinda Serafi, socia de la firma de consultoría y servicios legales Manatt Health. Las normas publicadas la priera semana de julio representan un “cambio importante de política” respecto de lo que los estados esperaban, señaló Serafi.

“La administración ha tomado lo que ya sabíamos que era una situación difícil y la ha empeorado aún más”, agregó Serafi. Los estados ya se habían comprometido a pagar decenas de millones de dólares a contratistas para ajustar sus sistemas.

Después de que Trump promulgara su principal ley de impuestos y gastos en julio pasado, una de las preguntas más importantes que quedaba por resolver era cuánto se iba a involucrar el gobierno federal en decidir qué se define como exención para personas demasiado enfermas para trabajar.

La exención por “fragilidad médica” permite que una persona afirme que tiene una afección de salud que le impide trabajar al menos 80 horas al mes, como exige la ley.

Para calificar, una persona generalmente debe encajar en al menos una de cinco categorías: ser ciega o tener una discapacidad; tener un trastorno por consumo de sustancias; tener un trastorno mental incapacitante; tener una discapacidad física, intelectual o del desarrollo que afecte significativamente su vida diaria; o tener una afección médica grave. Los estados no pueden añadir categorías.

Según las nuevas regulaciones, los CMS indicaron que tener una afección médica por sí sola no es suficiente para quedar exento de los requisitos laborales. Los estados deben evaluar “la gravedad de la condición de una persona” para determinar si puede permanecer en Medicaid sin trabajar, un criterio que dificulta que los afiliados cumplan los requisitos.

Los funcionarios de los CMS no enumeraron afecciones específicas que califican para exenciones, pero la agencia sí indicó que la falta de vivienda no puede utilizarse como motivo para solicitar esa exención porque no es una condición médica.

Para implementar la ley, los estados “tendrán que deshacer trabajo que ya hicieron”, dijo , subdirector del programa State Health and Value Strategies de la Universidad de Princeton, que trabaja con gobiernos estatales en diversos temas relacionados con la cobertura de salud.

La administración Trump ya había reconocido que el trabajo para actualizar los sistemas estatales de elegibilidad de Medicaid y cumplir con la ley tiene un costo. En enero, altos funcionarios de los CMS dijeron que contratistas gubernamentales, incluidos Deloitte, Accenture y Optum, se comprometieron a hasta 2028 para ayudar a los estados a ajustar sus sistemas.

Los descuentos “pueden ser útiles” en algunos estados, pero “no serán útiles en todos los casos” debido a las diferencias entre los contratos estatales, dijo Heather Howard, directora del programa State Health and Value Strategies.

“Cada vez que hay que volver atrás y decir: ‘Ups, necesitamos reprogramar este detalle’, hay un costo”, afirmó Howard.

Los estados estaban preparados para crear listas de condiciones y enfermedades que permitieran a las personas calificar para exenciones de los requisitos laborales, según expertos en salud que los asesoran.

Analizar datos para verificar la enfermedad de una persona ya era una tarea complicada para los estados porque los sistemas informáticos que determinan si alguien es elegible para Medicaid a menudo no se comunican con los sistemas que registran los reclamos médicos.

Los sistemas de pago de atención médica en Estados Unidos dependen de un conjunto de códigos estandarizados que corresponden a diagnósticos específicos.

Pero no existe un “código que indique que alguien está demasiado enfermo para trabajar; esa es una evaluación subjetiva”, dijo Rachel Klein, subdirectora ejecutiva de , una organización no partidista de defensa personas con VIH. “Esta es una receta para el desastre”.

Las nuevas normas federales plantean problemas inmediatos para Nebraska, que puso en marcha su requisito laboral de Medicaid el 1 de mayo, ocho meses antes de la fecha límite federal. Nebraska maneja las decisiones sobre fragilidad médica de manera diferente a la administración Trump.

Los funcionarios de Nebraska ya habían publicado con afecciones médicas que califican para exenciones, incluidos ciertos tipos de cáncer, demencia, autismo, epilepsia, VIH y enfermedad de Parkinson. El estado, que depende de empleados gubernamentales para verificar la elegibilidad de Medicaid, no exige que una persona demuestre qué tan enferma está.

Pero bajo las normas de Trump, las personas tendrán que demostrar que su enfermedad calificada está afectando su capacidad para trabajar.

Ahora, Nebraska “tendrá que volver atrás y averiguar cómo evaluar si todas estas personas están demasiado enfermas para cumplir con el requisito”, dijo Klein.

Está previsto que los afiliados a Medicaid comiencen a perder cobertura este verano como resultado de la implementación anticipada en Nebraska.

Sarah Maresh, directora de programas de , una organización que defiende a personas de bajos ingresos, dijo que el estado debería abstenerse de cancelar la cobertura de las personas hasta el próximo año debido a los cambios que tendrá que realizar. Los residentes ya están confundidos y preocupados, afirmó, y la nueva norma “empeora mucho más la situación”.

En respuesta a varias preguntas, Jeff Powell, vocero del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nebraska, dijo que el estado está revisando la nueva regulación federal para determinar sus posibles impactos.

A partir de 2028, las nuevas normas federales limitarán la posibilidad de que las personas declaren por sí mismas que tienen fragilidad médica y exigirán documentación como prueba, otro cambio que los estados no esperaban, dijo Meuse. Más habían planeado permitir que solicitantes y afiliados declararan sus propias afecciones para obtener exenciones, según Â鶹ŮÓÅ.

Lograr el equilibrio adecuado entre flexibilidad y control fue una parte importante de las deliberaciones durante la elaboración de estas normas, dijo Mehmet Oz, administrador de los CMS, durante una llamada con periodistas el 1 de junio. “La frase que repetíamos constantemente era que somos comprensivos, pero no ingenuos”, afirmó.

Funcionarios de Trump escribieron en la regulación que los requisitos laborales de Medicaid tienen “el potencial de empoderar a los beneficiarios de Medicaid” al permitirles “salir del aislamiento y la dependencia, desarrollar confianza, alcanzar la autosuficiencia y la prosperidad, y mejorar su salud”.

Stephanie Burdick, una de las líderes de la coalición Protect Medicaid Utah, cuestionó esa premisa.

“Si realmente quisieran mejorar las oportunidades de empleo o la conexión social y reducir el aislamiento y la soledad, estarían creando programas de empleo y de voluntariado”, dijo Burdick. “No simplemente imponiendo más carga administrativa a las personas y luego diciendo que eso es bueno para ellas”.

Se estima que 5,3 millones de afiliados quedarán sin seguro médico para 2034 debido a los requisitos laborales de Medicaid, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, una entidad no partidista.

Pero Howard apuntó que, con las nuevas regulaciones, existe el riesgo de que “esa cifra sea incluso mayor”.

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Cientos de detenidos en al menos 33 estados alegan en demandas federales que los centros de detención de inmigrantes no brindan atención médica adecuada, según una investigación de Â鶹ŮÓÅ Health News y The Associated Press.

Los detenidos exponen que no reciben sus medicamentos a tiempo —o no se los dan en absoluto— para tratar afecciones como hipertensión, diabetes, depresión, epilepsia, Parkinson y VIH. Sus solicitudes de ayuda quedaron sin respuesta durante semanas. Los niveles de azúcar en sangre aumentaron. Las infecciones empeoraron. Los cánceres permanecieron sin tratamiento. Los detenidos se desplomaron y sufrieron convulsiones.

Las cárceles y centros de detención migratoria de Estados Unidos han tenido durante mucho tiempo de las personas bajo su custodia. Pero el sistema está tambaleándose por el aumento de las detenciones desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca. Más de 75.000 inmigrantes permanecían detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) , frente a unos 40.000 del año anterior.

Â鶹ŮÓÅ Health News y AP analizaron miles de demandas presentadas desde la segunda investidura de Trump que utilizan una vía jurídica conocida como habeas corpus para argumentar que el ICE mantiene a personas detenidas de manera ilegal.

Estos registros ofrecen una visión excepcional de cómo los detenidos describen —a menudo bajo pena de perjurio— la forma en que el ICE maneja sus necesidades médicas. Además, los reporteros entrevistaron a más de 50 personas, entre detenidos, familiares y abogados.

La investigación reveló que se denuncian casos de negligencia médica en todo el extenso sistema de detención, incluidas oficinas que no fueron construidas para alojar personas, cárceles locales y sitios improvisados conocidos con apodos como “Alligator Alcatraz” (“Alcatraz de los Caimanes”).

La detención por parte del ICE es más letal que en las últimas dos décadas, escribieron investigadores en la revista científica (JAMA) en abril. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que 51 personas habían muerto bajo custodia desde el inicio del segundo gobierno de Trump, con un aumento de suicidios .

Â鶹ŮÓÅ Health News y AP pidieron al DHS que respondiera a estos hallazgos seis días antes de la publicación, pero no ofreció comentarios. Sean Conley, director médico interino del DHS, que “es política y práctica de larga data que los extranjeros reciban atención médica oportuna y adecuada desde el momento en que ingresan bajo custodia del ICE” y que la agencia contrata profesionales de salud para mantener altos estándares. “Esta es una atención médica mejor y más eficaz que la que muchos extranjeros han recibido en toda su vida”, afirmó.

Las instalaciones individuales y las empresas penitenciarias privadas contratadas por el DHS que respondieron a las solicitudes de comentarios dijeron que siguen los estándares del ICE y que los detenidos reciben atención médica cuando se requiere. Algunas afirmaron no estar familiarizadas con las acusaciones descritas en los documentos judiciales; otras responsabilizaron a algunos detenidos por interrupciones en su atención médica.

“Nunca he visto un desprecio o negligencia médica como ésta en ninguna parte”, escribió Vardan Gukasian, disidente político y ex paramédico que pasó años preso en Armenia, en presentada en marzo para impugnar su detención en Nevada, que se extendió durante 13 meses pese a sus problemas de salud.

Madeleine Skains, vocera de la ciudad de Henderson, dijo que la atención médica siempre está disponible en esa instalación y que el tribunal no había ordenado cambios en la atención de Gukasian.

En junio pasado, cuando Gukasian experimentaba síntomas de una hipertensión no controlada —mareos, hemorragia nasal y dolor de cabeza—, su compañero de celda golpeó la puerta para pedir ayuda.

“Cuando la ayuda no llegó, el resto del pabellón comenzó a golpear sus puertas”, escribió. Gukasian fue hospitalizado ese mismo día.

“Indiferencia descarada ante problemas muy evidentes”

En su campaña de deportación masiva, el gobierno ha detenido a durante controles migratorios rutinarios, en controles de tráfico, en sus hogares y en hospitales.

Alrededor del no tiene una condena criminal. Sus procesos migratorios son civiles, no penales.

“No podía entender por qué me trataban con tanta dureza”, dijo un padre de seis hijos en Georgia.

Dijo que resultó herido mientras estaba esposado bajo custodia cuando el vehículo que lo transportaba a una instalación en Atlanta se sacudió bruscamente, lanzándolo de su asiento contra un apoyabrazos metálico. La herida se infectó con E. coli porque tuvo que dormir en un piso de concreto sucio cerca de inodoros con pérdidas, aseguró.

Al igual que otros entrevistados, habló bajo condición de anonimato. Dicen que temen por su seguridad, por la de sus familias o porque creen que hablar podría perjudicar sus casos migratorios. AP y Â鶹ŮÓÅ Health News no identifican a las personas mencionadas en documentos judiciales sin su consentimiento.

Según , el personal del Centro de Detención Stewart, ubicado en la zona rural de Lumpkin, Georgia, no respondió adecuadamente a sus reiterados pedidos de atención médica hasta que perdió el conocimiento y fue trasladado a un hospital a aproximadamente una hora de distancia. Allí, contó que un médico le dijo que estuvo cerca de perder la pierna izquierda por amputación. Brian Todd, vocero de CoreCivic, la empresa que administra la instalación, afirmó que el personal médico no encontró registros de un caso que coincidiera con esa descripción.

El hombre, de 48 años, llegó a Estados Unidos desde Guatemala hace más de dos décadas. Fue liberado en octubre y ahora cuenta con residencia permanente legal. Sin embargo, teme no poder regresar a su trabajo en la construcción porque, según expuso, la lesión le impide levantar objetos pesados.

Algunos detenidos y sus abogados denunciaron que incluso se les negó atención médica básica: gasas para proteger una herida abierta en un pie, atención prenatal durante un embarazo de alto riesgo, una almohada para aliviar el dolor de dormir con cáncer avanzado de estómago o compresas sanitarias para el sangrado posparto.

“Quisiera creer que el gobierno vela por el bienestar de las personas que mantiene detenidas, sin importar cuánto tiempo permanezcan bajo su custodia”, dijo durante una audiencia en octubre la jueza federal Benita Pearson, de Ohio, en un caso relacionado con una mujer de 70 años que afirmó que el gobierno perdió sus anteojos durante su arresto. “Si una persona no puede ver porque perdió sus anteojos mientras está detenida, eso es algo que debería solucionarse”.

, quien trabajó para el ICE y ahora es asesora especial de la Asociación Americana de Abogados, dijo que la jurisprudencia exige que el gobierno brinde a las personas detenidas por motivos migratorios la misma atención que ofrece a quienes están en cárceles tradicionales esperando juicio. Sin embargo, los administradores tienen margen para tomar sus propias decisiones y los estándares de atención médica varían.

Con frecuencia, los detenidos son trasladados por todo el país, en muchos casos sin previo aviso, lo que interrumpe tratamientos médicos en curso. Una mujer de El Salvador dijo que pasó una semana sin recibir sus medicamentos para el VIH después de ser transferida desde Colorado a una cárcel local en Wyoming.

Un hombre ruso escribió que, mientras estaba detenido en Texas, consultó a un gastroenterólogo por dolorosos cálculos biliares y programó una cita con un cirujano. “Desafortunadamente, nunca pude verlo porque me trasladaron por varios centros de detención”.

Defensores de inmigrantes afirman que incluso se ignoran discapacidades evidentes, como la ceguera legal.

Un detenido que perdió un ojo y padecía glaucoma severo en el otro necesitaba gotas dos veces al día para conservar la visión que le quedaba. Sin embargo, dijo que algunos días las gotas nunca llegaban.

“Ahora solo puedo ver un poco hacia adelante. Con frecuencia parece que estuviera viendo a través de una gasa”, escribió en una declaración judicial. “Esto me da mucho miedo porque temo que algún día abra los ojos y no pueda ver absolutamente nada”.

Escribió que temía no poder ver crecer a su hijo pequeño.

“Es una especie de indiferencia descarada ante problemas muy evidentes, cosas que hace una década habrían parecido absurdas, como el hecho de que no puedas ver”, dijo Brian Hoffman, abogado del detenido. “Antes se podía intentar trabajar con funcionarios del gobierno y quizá avergonzarlos para que hicieran lo correcto. Ahora parece que cualquier cosa que quieras lograr requiere ir a los tribunales y demandar”.

Y ni siquiera las órdenes judiciales siempre son suficientes. Un juez de California ordenó al gobierno llevar a un hombre con signos de cáncer de próstata a un especialista para diagnóstico y tratamiento. Los registros muestran que no lo llevaron.

Los abogados que representaban al ICE dijeron al juez que la cita se perdió debido a un “error interno de programación”. CoreCivic, que administra la instalación, dijo que no podía comentar sobre litigios en curso.

Un aumento de casos

Cuando los inmigrantes presentan peticiones de habeas corpus, ejercen un derecho para impugnar una detención ilegal que se remonta a la .

Durante el segundo mandato de Trump se han presentado más de 40.000 peticiones de este tipo, impulsadas por decisiones tomadas el año pasado para negar fianza a muchas personas detenidas por cargos migratorios. Los jueces están divididos sobre la legalidad de esa medida y la cuestión parece encaminarse hacia la Corte Suprema.

Muchos de estos habeas corpus han tenido éxito, pero los jueces suelen citar razones no relacionadas con la negligencia médica descrita en ellos, como personas detenidas por períodos excesivamente largos de detención antes de ser deportadas.

Las más de 300 denuncias de negligencia médica identificadas en esta investigación representan solo una parte del problema.

Los detalles de los casos de habeas corpus suelen permanecer ocultos debido a una norma federal que impide al público ver estos documentos en línea. Â鶹ŮÓÅ Health News y AP obtuvieron algunos documentos en tribunales y recibieron registros de 4.400 casos de , un proyecto de la organización sin fines de lucro Immigration Justice Transparency Initiative. Sin embargo, decenas de miles de casos siguen siendo en gran medida inaccesibles.

Algunos jueces han escrito que el proceso de habeas corpus no es la vía adecuada para presentar alegatos de negligencia médica, y se han negado a liberar a detenidos por tales alegatos. No todos los detenidos que creen haber sufrido negligencia médica presentan una petición de habeas corpus ni citan sus problemas médicos si lo hacen.

La petición de José-Antonio Segismundo no mencionaba que no pudo consultar a un oncólogo por el cáncer que tenía en el abdomen mientras estuvo detenido durante más de siete meses en la instalación de Florida conocida como Alligator Alcatraz y en el Centro de Procesamiento del ICE Folkston D Ray, en Georgia. Los registros médicos incluidos en documentos judiciales muestran que fue arrestado aproximadamente cinco semanas antes de una cita programada con un oncólogo.

Su esposa, María José González, dijo que no recibió tratamiento alguno aunque ella envió sus registros médicos y explicó su condición a funcionarios de Folkston. Dijo que cuando su esposo sufría intensos dolores de estómago le daban Tylenol.

Christopher Ferreira, vocero de GEO Group, que administra Folkston, dijo que la empresa sigue los estándares del ICE y proporciona atención médica y acceso a especialistas externos cuando es necesario.

Esta primavera, Segismundo, de 48 años, fue deportado a México, país que había dejado casi 30 años atrás, dijo González. Ahora tendrá que comenzar de nuevo la búsqueda de atención médica en la aldea de Oaxaca donde creció.

González siente que está viendo cómo se desmorona la vida que construyeron juntos. Vive en Wimauma, Florida, con sus hijos, todos ciudadanos estadounidenses; el menor tiene 6 años.

Ver deteriorarse a los seres queridos

Los detenidos que reciben atención médica inadecuada tienen pocas opciones para buscar ayuda. El año pasado, el Departamento de Seguridad Nacional redujo drásticamente la Oficina del Defensor del Pueblo para la Detención de Inmigrantes. A principios de mayo la cerró por completo, argumentando falta de financiamiento del Congreso.

Antes, el personal de la defensoría podía ayudar a facilitar atención médica o investigar denuncias de negligencia, según Matt Boles, abogado de inmigración en Georgia. Ahora, ya no hay a quién llamar, dijo.

Mientras tanto, las familias de los detenidos afirman sentirse impotentes. Hacen llamadas desesperadas a las instalaciones, al gobierno y a sus representantes mientras observan el deterioro de sus seres queridos.

Riya Khan vio cómo su madre se deterioraba en el Centro de Detención California City, propiedad de CoreCivic. Cuando la visitó una semana después de su llegada a la instalación ubicada en el desierto de Mojave, dijo que la mujer de 64 años llegó tambaleándose a su asiento. Temblaba y respiraba con dificultad.

Masuma Khan llegó al país desde Bangladesh en 1997. Según los registros, no tiene antecedentes penales y fue detenida en octubre cuando fue a su control rutinario con el ICE.

Según su hija, durante el mes que estuvo detenida recibió solo de manera intermitente medicamentos para problemas como presión arterial alta, hipotiroidismo y prediabetes. Todd afirmó que CoreCivic trata las afecciones crónicas de acuerdo con los estándares médicos aplicables.

“Nada es más importante para CoreCivic que la salud, la seguridad y el bienestar de las personas bajo nuestro cuidado”, dijo Todd.

Khan afirmó que recibió su medicamento para el asma por primera vez dos días antes de ser liberada y que nunca le dieron las gotas para el glaucoma. Según su hija, el personal le dijo que debía comprar algunos medicamentos en la tienda de la instalación, pero allí no estaban disponibles.

Antes de ser detenida por el ICE, Masuma Khan se hacía amiga de todos, contó su hija. Había trabajado durante años en Lucky Boy, un popular restaurante de comida rápida de Pasadena, y en su tiempo libre alimentaba aves y dejaba fruta para las abejas que visitaban el balcón de su apartamento.

Ahora tiene demasiado miedo para salir de casa. Aún debe presentarse regularmente ante el ICE, un momento que vive con terror.

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Un derrame cerebral durante una videollamada

Antes, las personas detenidas con necesidades médicas graves probablemente habrían sido liberadas por razones humanitarias, en parte para evitar el costo de su atención, dijo Andrew Pelcher, abogado de Vermont.

En el año fiscal 2023 —antes de que la población detenida se disparara— el ICE gastó más de $390 millones en atención médica para personas no ciudadanas detenidas, según su más reciente al Congreso. En mayo, Todd Lyons, entonces director interino del ICE, dijo en una conferencia que la agencia ya había gastado “casi $500 millones” en atención médica para detenidos ese año.

Ahora, bajo el sistema de “detención obligatoria”, las personas permanecen encarceladas incluso con enfermedades graves y costosas.

Un ciudadano rumano fue sometido a varias cirugías cardíacas, incluida una operación de bypass triple de emergencia en abril de 2025, antes de ser arrestado en julio. Como parte de su recuperación, debía tomar 16 medicamentos al día. Según documentos judiciales, mientras estuvo en una oficina del ICE en Baltimore, pasó dos días sin recibir ninguno antes de ser trasladado a una instalación en Nueva Jersey.

Fue hospitalizado tres veces luego de quejarse de dolores en el pecho mientras estuvo detenido. Los registros médicos y los documentos judiciales indican que, pese a “innumerables solicitudes”, el centro de detención no le proporcionó todos sus medicamentos. Los documentos del alta hospitalaria citados por su abogado muestran que, luego de la segunda internación, solo recibió ocho de los 16 medicamentos.

“¿Por favor pueden hablar con la instalación del ICE para asegurarse de que le den sus medicamentos?”, escribieron sus proveedores médicos en registros incluidos en los documentos judiciales. “Fue hospitalizado la semana pasada por dolor de pecho y hoy volvió a ser admitido por dolor de pecho secundario al incumplimiento del tratamiento medicamentoso”.

Varias semanas después, en agosto, sufrió un derrame cerebral durante una videollamada con su hija, según los documentos judiciales.

“Tenía dificultades para respirar y señalaba su pecho, donde nuevamente sentía dolor, y de repente dejó de hablar”. Según la petición judicial, su hija gritó pidiendo ayuda a través del monitor de video. “Finalmente, un agente entró para ayudarlo y cortó la transmisión”.

El hombre perdió la capacidad de hablar durante cuatro días, según el documento. Fue devuelto al centro de detención, donde permaneció hasta que un juez federal ordenó su liberación en noviembre.

Familias de detenidos enfrentan decisiones imposibles

Cassandra Amador espera cada mañana que suene el teléfono, desesperada por hacerle a su esposo la pregunta que la ha despertado cada noche durante meses: “¿Te dieron tu medicina?”.

Su esposo, Pedro Javier Amador Gutiérrez, de 36 años, tiene hipertensión y depende de que la instalación administrada por el estado en Florida, conocida como “Deportation Depot”, le suministre los medicamentos que le han permitido mantenerse con vida durante años. Muchas mañanas, le dice a su esposa que no se los dieron.

Cuando habla con él, asegura que cada día se lo escucha más débil y más asustado, muy distinto al hombre alegre que llevaba a sus hijos a comer helado.

“Se puede escuchar en su voz cómo se siente”, dijo la mujer.

Contó que su esposo está considerando regresar a Cuba, país del que huyó por persecución política, por temor a morir detenido sin sus medicamentos. Amador y sus hijos irían con él, dijo, aunque ella nació en Nueva Jersey, nunca ha estado en Cuba y apenas habla español.

Pero él ya se ha desmayado dos veces en la Institución Correccional Baker, en Sanderson, Florida, dijo su esposa. Y le aterroriza que la próxima vez no despierte.

Metodología

Â鶹ŮÓÅ Health News y The Associated Press revisaron miles de solicitudes de habeas corpus relacionadas con inmigración para identificar denuncias de negligencia médica presentadas por personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) durante la segunda administración Trump.

Ante la ausencia de una base de datos pública y completa sobre quejas médicas de personas bajo custodia del ICE, utilizamos solicitudes de habeas corpus relacionadas con inmigración para identificar las denuncias sobre atención médica presentadas por personas detenidas en tribunales federales. Aunque el propósito principal del habeas corpus es cuestionar la legalidad de la detención de una persona —y no las condiciones de su confinamiento—, estos documentos a veces incluyen denuncias de atención médica inadecuada.

Sin embargo, las solicitudes de habeas corpus no siempre están disponibles para el público. Las normas federales restringen el acceso del público a las peticiones de habeas corpus presentadas por personas en detención migratoria. En la mayoría de estos casos, los sitios web de los tribunales publican únicamente órdenes judiciales y registros del caso que describen otros documentos presentados. Las peticiones iniciales solo pueden consultarse mediante visitas presenciales a tribunales federales en todo el país. Habeas Dockets, un proyecto de la organización sin fines de lucro Immigration Justice Transparency Initiative, coordina una red nacional de voluntarios para recopilar estas peticiones y ponerlas a disposición en internet.

Â鶹ŮÓÅ Health News y AP analizaron los registros de aproximadamente 33.000 casos presentados por personas detenidas entre el 20 de enero de 2025 y marzo de 2026. La gran mayoría de los casos contenía únicamente información procesal básica, como fechas de presentación de documentos y decisiones judiciales. Solo alrededor de 4.400 incluían las peticiones originales.

También obtuvimos varias decenas de expedientes de tribunales, de abogados y del sitio web del Tribunal Federal de Distrito de Massachusetts, que publica la mayoría de las peticiones bajo una orden permanente especial.

Realizamos búsquedas por palabras clave y búsquedas semánticas en registros judiciales, incluidas peticiones, mociones y órdenes, utilizando términos y expresiones potencialmente relacionados con negligencia médica, como cirugía, medicamentos, atención médica inadecuada y tratamiento de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión.

Encontramos alrededor de 500 casos que posiblemente denunciaban negligencia médica. Al menos dos reporteros revisaron manualmente cada caso, lo que permitió identificar más de 300 que contenían denuncias específicas, presentadas bajo juramento, de atención médica retrasada, denegada o deficiente.

Para mantener un criterio conservador, excluimos decenas de casos que denunciaban atención médica inadecuada pero carecían de detalles específicos; por ejemplo, cuando una persona escribía: “He estado enfermo y no recibo el tratamiento adecuado”, o cuando un juez señalaba que una persona detenida “se queja de que el ICE está ignorando sus problemas médicos”. También excluimos casos en los que las personas afirmaban únicamente que se les habían negado dietas especiales, ejercicio u otras adaptaciones que consideraban fundamentales para controlar sus problemas de salud, como una persona que escribió: “Padezco Parkinson y no puedo hacer ejercicio adecuadamente”, o que alegaba que los alimentos proporcionados no eran adecuados para una persona con diabetes.

Los casos analizados no fueron seleccionados de manera aleatoria ni son representativos de las solicitudes de habeas corpus relacionadas con inmigración a nivel nacional. Las denuncias no fueron verificadas de manera independiente. Muchos documentos no están disponibles públicamente y no todas las personas detenidas plantean preocupaciones médicas ante los tribunales, por lo que este recuento representa una visión limitada del panorama de denuncias y no una descripción completa.

Los periodistas de The Associated Press, Garance Burke, Valerie Gonzalez y Tim Sullivan, y la corresponsal de Â鶹ŮÓÅ Health News, Kate Wells, colaboraron en este artículo.

Esta historia es una colaboración entre The Associated Press y Â鶹ŮÓÅ Health News.

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Carolina del Norte se convirtió a finales de abril en el miembro más reciente de un grupo creciente de estados liderados por republicanos que exigen a sus agencias de salud pública reportar al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) a los beneficiarios de Medicaid cuyo estatus legal esté en duda.

Es una tendencia que, según investigadores de políticas de salud, probablemente se extenderá a otros estados controlados por el Partido Republicano que buscan alinearse con Trump en la ofensiva federal contra el fraude en Medicaid y la inmigración sin papeles.

Hasta ahora, al menos cuatro estados —, , y — han aprobado leyes similares, y legisladores en otros estados, como y , evalúan medidas parecidas. En esos seis estados, los republicanos controlan tanto las dos cámaras legislativas como la oficina del gobernador.

“Este es un tema que está muy presente en la agenda política en este momento”, dijo , investigadora de políticas de salud de la Escuela de Derecho de Harvard.

Más de 75 millones de personas , el programa federal y estatal de salud pública para personas con discapacidades y bajos ingresos, y en el Programa de Seguro de Salud Infantil (CHIP), que ofrece cobertura de bajo costo para menores de 19 años.

Los inmigrantes sin estatus legal no son elegibles para recibir beneficios de Medicaid, pero varios grupos que no son ciudadanos sí califican, como personas con residencia permanente, asilados y refugiados. Uno de cada cuatro niños en el país, la mayoría ciudadanos, vive con al menos un inmigrante.

Sin embargo, las nuevas leyes para reportar casos agregan un nivel adicional de riesgo para los inmigrantes que buscan atención médica, frente a que han utilizado para identificar y deportar personas.

Algunas de las leyes estatales aplican únicamente a las agencias de salud, como ocurre en Carolina del Norte. Pero el enviado al gobernador de Tennessee, Bill Lee, sería más amplio y exigiría que todas las agencias estatales reporten a personas sospechosas de estar en el país sin papeles.

Las siete medidas estatales van más allá de lo que exige la ley federal, que únicamente obliga a cooperar con agentes de inmigración proporcionando información personal de beneficiarios cuando se solicite.

En Louisiana, familias con estatus migratorio mixto han reportado que la nueva ley estatal, aprobada el año pasado, las a sus hijos, que son ciudadanos estadounidenses, en Medicaid.

“Anticipo que esta ley hará que más familias se pregunten si es seguro buscar atención médica, si la información puede compartirse con autoridades migratorias y si inscribir a un niño o buscar tratamiento podría exponerlos a consecuencias migratorias”, dijo , abogada de inmigración en Carolina del Norte.

Los legisladores republicanos de este estado incluyeron el mandato para el departamento estatal de salud como parte de un proyecto de ley que en fondos de Medicaid, que la Legislatura había recortado al no aprobar un presupuesto el año pasado.

A partir de octubre, empleados estatales pedirán a personas no ciudadanas que reciben Medicaid pruebas de su situación migratoria y reportarán a autoridades federales a quienes no tengan un estatus legal “satisfactorio”.

“Este proyecto de ley está diseñado no solo para financiar nuestras necesidades críticas actuales, sino también para comenzar a abordar problemas de fraude y abuso que sabemos existen dentro del sistema”, dijo el representante estatal republicano Donny Lambeth durante un debate en la Cámara estatal.

Los inmigrantes utilizan que las personas nacidas en Estados Unidos, según un análisis del Instituto Cato, un centro de estudios libertario, que también encontró que los no ciudadanos tienen muchas menos probabilidades de que los ciudadanos. Las agencias estatales de salud ya están obligadas a verificar si el estatus migratorio de los solicitantes los hace .

Varios líderes republicanos responsables del proyecto no respondieron a solicitudes de comentarios. Hannah Jones, vocera del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte, dijo que la agencia todavía intenta entender el impacto de la nueva ley.

En de 2025, cerca de la mitad de los adultos que “probablemente” no tienen estatus legal dijeron que alguien en su familia evitó buscar atención médica por temor a que su información llamara la atención de autoridades migratorias.

, abogada de Carolina del Norte especializada en discriminación, dijo que los inmigrantes “en proceso”, o aquellos que esperan autorización legal, generalmente ya temen usar beneficios del gobierno para sí mismos.

“Lo que he aprendido al manejar miles de casos a lo largo de los años es que la mayoría de las personas que están en proceso pagan su tratamiento médico de su propio bolsillo”, dijo Rosa.

Este tipo de políticas obliga en la práctica a niños que son ciudadanos estadounidenses a quedarse sin cobertura médica o atención hospitalaria, dijo , investigador del Centro para Niños y Familias de Georgetown University.

“Cuando se implementan políticas dirigidas contra un inmigrante, se puede pensar que solo se está afectando a una persona de la familia, pero en realidad es una bomba imprecisa que termina afectando a todo el hogar”, dijo Cuello.

El uso de agencias estatales de salud pública para localizar inmigrantes sin estatus legal no es la única estrategia utilizada por los estados. Algunos han aprobado leyes que obligan a hospitales a recopilar y reportar esta información.

Una ley de Florida de 2023 que exige al personal de hospitales a preguntar sobre el estatus migratorio de los pacientes ha provocado que no ciudadanos duden en buscar atención médica, ha separado familias y ha causado angustia psicológica, según de la Universidad del Sur de la Florida.

El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, emitió en 2024 una orden ejecutiva similar a la ley de Florida.

Los estados demócratas han respondido a las políticas de la administración Trump que utilizan información médica privada para identificar inmigrantes. Veintiún estados se sumaron a el año pasado para intentar impedir que el DHS . dictaminó que las identidades de los beneficiarios podían compartirse, pero no su información médica. El litigio continúa.

La oficina de prensa del DHS no respondió al pedido de tener una declaración oficial.

Después de firmar el proyecto de ley, el gobernador demócrata de Carolina del Norte, Josh Stein, emitió exhortando a los legisladores republicanos a proteger la cobertura de Medicaid para casi 27.000 mujeres embarazadas y niños que están legalmente en el país. No respondió preguntas sobre la disposición que obliga al estado a reportar a inmigrantes sin papeles.

Polanco-Galdamez dijo que este tipo de leyes ha deteriorado aún más la confianza en los sistemas de salud entre familias con acceso limitado a servicios.

“Al final del día, los sistemas de salud pública funcionan mejor cuando las personas se sienten seguras al buscar atención médica”, dijo Polanco-Galdamez. “Las políticas que vuelven difusa la línea entre acceso a la atención médica y control migratorio corren el riesgo de empujar aún más a las familias vulnerables hacia las sombras”.

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Mientras un estado ya ha lanzado su programa, otros evalúan recurrir a la inteligencia artificial para intentar resolver el proceso.

de 42 estados, y el Distrito de Columbia, ofrece información sobre decisiones clave de políticas públicas que enfrentan los estados a medida que se acerca la fecha límite del 1 de enero de 2027 para implementar el requisito laboral.

Entre las dudas que persisten están qué enfermedades calificarán como exenciones al requisito, y cómo automatizar la verificación del cumplimiento.

No se espera que la guía federal se publique hasta junio. Sin embargo, algunos estados ya avanzan con sus propias definiciones de “fragilidad médica”, lo que, bajo la ley One Big Beautiful Bill Act de los republicanos en el Congreso, permitirá que algunos inscritos en Medicaid no tengan que demostrar que trabajan.

La ley, el principal logro en política nacional del presidente Donald Trump, modifica Medicaid en más de 40 estados que, junto con Washington, D.C., ampliaron total o parcialmente el programa para personas de bajos ingresos, con el fin de cubrir a adultos sin hijos que no tienen seguro a través de un empleo.

Aunque la mayoría de los adultos beneficiarios de Medicaid ya trabajan, tienen una discapacidad, cuidan a otras personas o estudian, muchos republicanos sostienen que quienes están inscritos y no trabajan consumen recursos que deberían apoyar a niños de bajos ingresos, mujeres embarazadas y personas con discapacidades.

obtuvieron cobertura de Medicaid gracias a la expansión creada por la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), una ley que la mayoría de los republicanos sigue rechazando.

Las nuevas reglas laborales exigen que una persona sea estudiante al menos a tiempo parcial, o que trabaje o participe en otras actividades calificadas, como servicio comunitario, durante al menos 80 horas al mes. Este requisito aplica a personas que ya están inscritas pero también podría cambiar quiénes son elegibles para Medicaid.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) reducirán el gasto federal en Medicaid en unos $326.000 millones en 10 años. También calcula que 4,8 millones de personas más no tendrán seguro en 2034 debido a esta medida.

“Muchos estados trabajan con un plazo muy ajustado”, dijo Amaya Diana, analista de políticas en Â鶹ŮÓÅ que trabajó en la encuesta. Señaló que todavía “tienen que tomar decisiones importantes a menos de un año de la implementación”.

La ley permite exenciones temporales del requisito laboral para personas que enfrentan ciertas dificultades, como desastres naturales, vivir en un condado con alta tasa de desempleo, estar hospitalizado o en una residencia de adultos mayores, o tener que viajar por un período prolongado para recibir atención médica.

Aunque 28 estados y Washington, D.C., ofrecerán exenciones por dificultades, tres de esos estados no adoptarán las cuatro exenciones permitidas por la ley, y dos —Iowa e Indiana— no planean adoptar ninguna.

Las personas también pueden quedar exentas si se consideran “médicamente frágiles”. Sin embargo, el gobierno federal no ha indicado a los estados cómo definir ese término ni cómo determinar si un beneficiario está en esa categoría.

La encuesta mostró que, hasta marzo, 21 estados no habían definido la fragilidad médica. Nebraska, que ha comenzado a implementar su requisito laboral el 1 de mayo, publicó recientemente una lista de miles de afecciones de salud que podrían calificar a los beneficiarios como “frágiles” y eximirlos de trabajar.

Algunos estados permitirán que los pacientes declaren por sí mismos su fragilidad médica, mientras que otros exigirán confirmación de un profesional de salud. La forma más común de verificarla, que se usará en poco más de 30 estados, es mediante el análisis de datos de reclamos de Medicaid.

Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), dijo a Â鶹ŮÓÅ Health News en una entrevista que “no nos gusta la auto declaración” y que “la documentación es fundamental”.

Muchos beneficiarios y sus defensores están preocupados por la posibilidad de perder la cobertura por razones administrativas. Cuando Arkansas implementó brevemente estas reglas, por ejemplo, la mayoría perdió la cobertura no por no cumplir los requisitos, sino por no presentar correctamente la documentación a tiempo.

Seis estados planean usar inteligencia artificial (IA) para ayudar en la implementación del requisito laboral para procesar documentos o comparar datos de beneficiarios de distintas fuentes, según Â鶹ŮÓÅ. Dos estados, Maryland y New Mexico, utilizarán la IA para analizar datos de reclamos.

Tres estados —Arkansas, Missouri y Oklahoma— piensan usarla para interactuar directamente con personas en Medicaid y ayudarlas a identificar y subir documentos y datos de verificación.

Los adultos en Medicaid deberán volver a verificar que están trabajando, o que están exentos del requisito, al menos cada seis meses. Algunos estados planean hacerlo cada tres.

Cuando sea posible, los estados deben usar fuentes de datos disponibles para verificar exenciones o el cumplimiento de los requisitos laborales.

Por ejemplo, unos 10 estados usarán datos del National Student Clearinghouse para verificar la asistencia escolar. Algunos también planean usar fuentes como el Departamento de Asuntos de Veteranos, AmeriCorps y comisiones de servicio.

Sin embargo, más de la mitad de los estados dijeron a los investigadores de Â鶹ŮÓÅ que no tienen suficiente tiempo para agregar nuevas fuentes de datos y señalaron que los costos continuos representan un gran desafío.

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“Los demócratas amenazan con cerrar todo el gobierno porque quieren otorgar cientos de miles de millones de dólares en beneficios de atención médica a inmigrantes ilegales”, declaró el vicepresidente J.D. Vance en “Fox News Sunday”.

El presidente , el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y miembros republicanos del Congreso han repetido esto una y otra vez.

Es una afirmación equivocada.

Los demócratas se han negado a votar a favor de la resolución republicana de extender el plazo para el gasto federal, y su postura se basa, en parte, en el gasto en atención médica.

Los demócratas quieren extender los subsidios mejorados de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) establecidos durante la pandemia de covid, que expiran a finales de año, y revertir los recortes a Medicaid incluidos en la ley de impuestos y gastos que Trump promulgó este verano.

La no busca ofrecer atención médica a los inmigrantes sin estatus legal; esa población ya es, en gran medida, no elegible para la atención médica financiada por el gobierno federal. En cambio, la propuesta restablecería el acceso a ciertos programas de atención médica para los inmigrantes con papeles que perderán el acceso bajo la ley republicana.

La Casa Blanca no respondió al pedido de comentarios de PolitiFact para esta verificación de datos. Vance sobre su argumento en otra entrevista, afirmando que estaba incluido en la propuesta de gasto de los demócratas. No está.

Una siguió con el tema publicando capturas de pantalla de la propuesta demócrata que deroga una sección de la ley republicana denominada “elegibilidad de extranjeros para Medicaid”. Es importante saber que estos cambios no darían acceso a Medicaid a los inmigrantes sin estatus legal.

Vance defendió su declaración nuevamente en una en la Casa Blanca el 1 de octubre, afirmando que el ex presidente Joe Biden “eliminó el estatus migratorio ilegal”, lo que facilitó el acceso de migrantes a la asistencia federal.

Es importante tener en cuenta que muchas personas a las que se les a través de programas de permiso humanitario o Estatus de Protección Temporal (TPS) no califican automáticamente para Medicaid; , y muchas personas que entraron al país con permiso humanitario deben esperar cinco años antes de acceder al programa.

La administración Trump ha cancelado el permiso humanitario y el TPS para muchas personas, volviéndolas no elegibles para Medicaid y los planes de salud del mercado de ACA.

No encontramos evidencia de que los demócratas quieran gastar cientos de miles de millones para que los inmigrantes sin papeles tengan seguro de salud.

Los inmigrantes sin estatus legal ya no son elegibles

La mayor parte de los fondos federales para la atención médica no se pueden gastar en personas que están en el país sin papeles. No pueden inscribirse en Medicaid ni Medicare, y no son elegibles para adquirir cobertura médica a través de los mercados de seguros establecidos por ACA.

Un pequeño programa de Medicaid reembolsa a los hospitales por atención médica de emergencia para personas sin seguro médico, lo que puede incluir a inmigrantes que se encuentran en el país sin autorización, pero no es exclusivo para ellos.

Estados como Illinois y California para personas sin importar su estatus migratorio, y los estados pagan por esta cobertura. La ley federal ya prohibía a los estados utilizar fondos federales para estos programas. Una de la ley de gastos republicana habría penalizado a dichos estados reteniendo fondos, pero esa disposición no perduró.

Las personas que se encuentran en el país sin permiso podrían recibir atención médica financiada por el gobierno federal en casos de emergencia; en esas situaciones, los hospitales deben brindar atención incluso si la persona no tiene seguro médico o no tiene papeles. El Medicaid de Emergencia cubre la atención hospitalaria para inmigrantes que serían elegibles para Medicaid de no ser por su estatus migratorio. La ley republicana de impuestos y gastos que los hospitales pueden recibir por proveer esta atención.

La mayor parte del gasto del Medicaid de Emergencia se destina a partos. En total, representó total de Medicaid en el año fiscal 2023, según Â鶹ŮÓÅ, una organización de información de salud sin fines de lucro que incluye a Â鶹ŮÓÅ Health News.

Ley republicana limitó el acceso a la salud para inmigrantes con estatus legal

La ley republicana de impuestos y gastos introdujo varios cambios en la elegibilidad para la atención médica de los inmigrantes que viven en el país con papeles. Se estima que perderán su seguro médico, según un análisis de Â鶹ŮÓÅ sobre las proyecciones de la (CBO).

A partir de octubre de 2026, la ley restringirá la elegibilidad para Medicaid y el Programa de Seguro Médico Infantil (CHIP) a residentes permanentes legales, a las personas de las Islas Marshall, Micronesia o Palaos que residan legalmente en el país en virtud de , y a ciertos .

Anteriormente, un amplio grupo, definido como , cumplía con los requisitos para Medicaid y CHIP, incluyendo refugiados y personas a quienes se les había concedido asilo.

Algunos inmigrantes elegibles para Medicaid y CHIP, como los residentes permanentes legales, antes de acceder a los beneficios.

La ley también limitó la elegibilidad para obtener seguros en los mercados de ACA al mismo grupo elegible para Medicaid y CHIP a partir del 1 de enero de 2027. Antes, las personas descritas como eran elegibles. Este grupo incluía a los “no ciudadanos calificados” elegibles para Medicaid y a personas con estatus de corto plazo, como el TPS o estudiantes internacionales.

Los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), para inmigrantes que llegaron al país de niños, sin autorización, cumplían antes con los requisitos para la cobertura de ACA y sus subsidios. Pero ya no son elegibles desde que entró en vigencia en agosto.

Propuesta demócrata restauraría el acceso para inmigrantes legales

La de los demócratas, presentada el 17 de septiembre, extendería, en parte, de forma permanente los subsidios de ACA, y revertiría miles de millones de dólares en recortes republicanos a Medicaid y a otros programas de salud.

El cambio haría que la cobertura de Medicaid, CHIP y ACA estuviera disponible para todos los inmigrantes legales que anteriormente eran elegibles, como refugiados y personas que recibieron asilo.

La propuesta demócrata no ampliaría la elegibilidad a los programas de atención médica financiados por el gobierno federal para inmigrantes sin estatus legal.

Vance dijo que las políticas demócratas otorgarían cientos de miles de millones de dólares en beneficios de atención médica a inmigrantes indocumentados, y la Casa Blanca no reveló la fuente de esa cifra. Cuando para que apoyara un argumento similar, citó a la CBO.

El análisis de Â鶹ŮÓÅ sobre las halló que las disposiciones de la ley republicana relacionadas con los inmigrantes legales reducirían el gasto federal en $131 mil millones; esta proyección no incluía una estimación para las personas sin estatus legal.

Nuestra decisión

Vance declaró: “Los demócratas amenazan con cerrar todo el gobierno porque quieren otorgar cientos de miles de millones de dólares en beneficios de atención médica a inmigrantes indocumentados”.

Los inmigrantes que se encuentran en Estados Unidos sin autorización legal en gran medida no son elegibles para los programas de atención médica financiados por el gobierno federal, Medicare y Medicaid, y no pueden buscar cobertura en el mercado de ACA ni solicitar subsidios.

La propuesta presupuestaria de los demócratas no cambiaría esto.

Los demócratas quieren restaurar el acceso a ciertos programas de atención médica para inmigrantes legales que perderán el acceso bajo la ley republicana de impuestos y gastos, entre otras medidas destinadas a facilitar la conservación de los planes de seguro de Medicaid y ACA.

Su propuesta no otorgaría beneficios de atención médica financiados por el gobierno federal a las personas que se encuentran en el país sin autorización legal, porque nunca tuvieron acceso a ellos en primer lugar.

La pequeña cantidad de fondos designada para el Medicaid de Emergencia reembolsa a los hospitales que brindan atención de emergencia a inmigrantes que serían elegibles para Medicaid de no ser por su estatus migratorio. Finalmente, no encontramos evidencia que respalde la afirmación de Vance de que los demócratas quieren “cientos de miles de millones” en beneficios de salud para los migrantes que residen ilegalmente en el país.

Calificamos esta afirmación como falsa.

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Pero luego de años de estudiar biología y genética, Tovar finalmente demostró que pertenecía a ese mundo. El otoño pasado, los Institutos Nacionales de Salud (NIH) le , que financiaría su investigación y la encaminaría a convertirse en profesora universitaria y, con el tiempo, a tener su propio laboratorio.

“Sentí que recibir el premio era una forma de aceptación, como si finalmente lo hubiera logrado”, dijo Tovar. “Pero creo que ahora muchos de nosotros tememos que esto vaya a arruinar el resto de nuestras carreras”.

Tovar es una de los casi 200 jóvenes científicos alrededor del país cuyas perspectivas de investigación y empleo se han visto comprometidas por la repentina finalización del programa de becas MOSAIC de los NIH, uno de los muchos que terminaron debido a recortes drásticos en las agencias científicas federales.

La subvención se creó bajo la primera administración Trump para fomentar una nueva generación de científicos en la investigación biomédica, de orígenes diversos, y posteriormente se le retiró la financiación durante la purga continua de los programas de diversidad, equidad e inclusión de la segunda administración. A estas iniciativas se las conoce como programas DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión).

En entrevistas con Â鶹ŮÓÅ Health News, Tovar y otros tres beneficiarios de estas becas expresaron su preocupación por la posibilidad de que la pérdida de financiación, sumada a la cruzada del presidente Donald Trump contra los programas de diversidad, pudiera transformar una subvención que se suponía impulsaría sus carreras en una mancha en sus curriculums. Algo que podría costarles los empleos y la financiación que hace posible sus investigaciones.

“Podríamos terminar en la lista negra de los NIH por tener este premio, por ser quienes somos”, expresó Erica Rodríguez, de 35 años, becaria de la Universidad de Columbia que realiza investigaciones sobre el cerebro que podrían contribuir a una mejor comprensión de los trastornos psiquiátricos.

“Porque no solo es para personas con orígenes diversos”, agregó, “sino también para quienes defienden a otras personas con orígenes diversos”.

El programa MOSAIC, abreviatura de , se creó en 2019 para ofrecer apoyo a científicos prometedores de “orígenes subrepresentados” al comienzo de sus carreras, con el objetivo a largo plazo de “mejorar la diversidad en el personal de investigación biomédica”, según documentos de la beca de los NIH.

La beca, que dura cinco años, se otorgó a científicos que habían finalizado sus doctorados, y que trabajan en laboratorios de investigación en universidades de todo el país.

Durante los dos primeros años, los científicos suelen recibir entre $100.000 y $150.000, que se destinan principalmente al pago de sus salarios. Para el tercer año, se espera que hayan sido contratados como profesores, probablemente en otra universidad, donde la subvención les ayudará a poner en marcha su propio laboratorio de investigación.

En los últimos tres años de la subvención, la financiación aumenta a unos $250.000 anuales, que se utilizan para comprar materiales y contratar a otros jóvenes científicos para que trabajen en el laboratorio, completando así el ciclo.

Los beneficiarios de MOSAIC fueron seleccionados utilizando una definición amplia de diversidad que va más allá de la raza, el género y la discapacidad.

Esta definición incluye a quienes crecieron en hogares pobres o zonas rurales, o a quienes fueron criados por padres sin título universitario. Muchos de los seleccionados también cuentan con un historial de apoyo a otros científicos emergentes de orígenes subrepresentados.

MOSAIC financia investigaciones sobre el cáncer, el Alzheimer, las lesiones de la médula espinal, los implantes cocleares, las sobredosis de fentanilo, la recuperación de ataques cerebrales, los trastornos del desarrollo neurológico y más.

Sin embargo, en las últimas semanas, los NIH han notificado a la mayoría de los beneficiarios de MOSAIC que el programa había sido “terminado” y que su financiación finalizaría este verano, independientemente de los años restantes de su subvención, según correos electrónicos de los NIH revisados ​​por Â鶹ŮÓÅ Health News.

Otros beneficiarios no han recibido ninguna notificación oficial, y solo se enteraron de la cancelación de su financiación por el boca en boca.

Vianca Rodríguez Feliciano, vocera del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), confirmó en un comunicado por correo electrónico a Â鶹ŮÓÅ Health News que se había retirado la financiación de MOSAIC. Dijo que las subvenciones “ya no se alinean” con las prioridades de la agencia ni con las que “eliminan las iniciativas inclusivas y de diversidad, que derrochan dinero y están motivadas por la ideología”.

Trump firmó una de esas órdenes en su primer día de regreso a la Casa Blanca, instruyendo a todo el gobierno federal a poner fin a los programas que promovían la diversidad, calificándolos de “vergonzosos”, “inmorales” y un “inmenso desperdicio público”.

Estos programas se han recortado drásticamente a lo largo de todas las agencias gubernamentales, incluyendo los NIH y otras áreas del HHS, que, desde marzo, han cancelado cientos de subvenciones por valor de miles de millones de dólares.

El 21 de abril, los NIH que prohibía a los beneficiarios recibir subvenciones si tenían programas DEI, y dijo que la agencia podría “recuperar todos los fondos” de aquellos que no cumplan.

“En el HHS, nos dedicamos a restaurar en nuestras agencias su tradición de ciencia de referencia basada en la evidencia, no una impulsada por ideologías políticas”, dijo Rodríguez Feliciano. “No escatimaremos esfuerzos para identificar las causas fundamentales de la epidemia de enfermedades crónicas como parte de nuestra misión de “Make America Healthy Again” (Hacer que Estados Unidos vuelva a ser saludable).

Muchos científicos de MOSAIC se enfocan en las enfermedades crónicas. Tovar, por ejemplo, investiga genes específicos que aumentan la susceptibilidad de las personas a la diabetes, que afecta a .

“Contamos con numerosos tratamientos para la diabetes que son excelentes para aquellos en quienes funcionan”, afirmó Tovar. “En mi investigación, utilizo la genética para encontrar mejores blancos farmacológicos, y así poder hallar medicamentos para quienes aún no cuentan con terapias eficaces”.

En entrevistas, Tovar y los demás beneficiarios de MOSAIC describieron cómo la repentina pérdida de financiación trastocará sus investigaciones y sus carreras: algunos investigadores posdoctorales podrían perder sus empleos actuales cuando la financiación se agote en unos meses; los becarios que compiten por puestos de profesores perderán la financiación de investigaciones que los convertirían en candidatos más sólidos; y quienes ya están contratados tendrán menos dinero para salarios y suministros en sus laboratorios.

Ashley Albright, de 32 años, quien creció en una zona rural pobre de Carolina del Norte, ahora es científica en la Universidad de California-San Francisco, donde estudia el Stentor coeruleus, un gran organismo unicelular con capacidad regenerativa. Planea presentarse para puestos de profesora este otoño.

Albright afirmó que la financiación de MOSAIC le habría dado una “mejor oportunidad para alcanzar mi sueño”, que era brindar a otros científicos de orígenes diversos la oportunidad de trabajar en su laboratorio de investigación.

“Me siento destrozada”, dijo. “Siento que alguien me está pisoteando la mitad de mi vida… He pasado los últimos 10 años en la escuela de posgrado y mi posdoctorado trabajando en esto para poder dedicarme a la ciencia, pero también para ayudar a otros a practicarla”.

Hannah Grunwald, de 33 años, becaria en Harvard que estudia los tetra mexicanos (peces sin ojos) para comprender mejor los rasgos genéticos complejos, dijo que uno de sus peores temores era que las universidades no contrataran a los becarios de MOSAIC en un momento en que la Casa Blanca les está ordenando que abandonen los programas de DEI, y removiendo miles de millones de dólares a quienes no se sometan a la agenda de Trump.

“Ha habido un enorme debate en nuestra comunidad sobre qué deberíamos decir en nuestros currículums”, dijo Grunwald. “Simplemente no sé si la cancelación de mi beca por estar relacionada con la diversidad limitará mi capacidad para obtener financiación en el futuro”.

La cancelación de MOSAIC provocó una rápida condena por parte de varias organizaciones científicas que reciben becas para colaborar estrechamente con los científicos premiados. Algunos la calificaron de “poco realista” y “un retroceso significativo”.

Mary Munson, presidenta de la Sociedad Americana de Biología Celular, quien ha asesorado a los premiados desde el inicio de MOSAIC, se emocionó y se cubrió la cara con las manos al considerar la posibilidad de que la beca pudiera frenar su progreso.

“Retirarles la beca ahora no les quita el hecho de que ganaron este premio tan competitivo. No les quita que son científicos increíbles”, dijo Munson. “Espero que las instituciones lo reconozcan”.

Stefano Bertuzzi, director ejecutivo de la Sociedad Americana de Microbiología, que también asesora a los beneficiarios de estas becas, afirmó que la cancelación masiva de MOSAIC y otras becas de los NIH podría tener un efecto acumulativo que frenará la innovación científica durante décadas.

Bertuzzi, quien emigró de Italia en la década de 1990 debido a la sólida financiación estadounidense para la ciencia, afirmó que los científicos no se quedarán ni se trasladarán en masa a un país donde la financiación de la investigación desaparece por capricho político.

“Vamos a perder una generación entera de científicos”, declaró Bertuzzi. “Otros países del mundo prosperarán”.

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Los trabajadores de las industrias láctea y avícola han representado la mayoría de los en el país, y prevenir y detectar los casos entre ellos es clave para evitar una pandemia. Sin embargo, los especialistas en salud pública afirman que tienen dificultades para llegar a los trabajadores agrícolas porque muchos tienen miedo de hablar con desconocidos o de salir de casa.

“La gente tiene mucho miedo de salir, incluso para comprar alimentos”, dijo Rosa Yáñez, trabajadora social de Strangers No Longer, una organización católica con sede en Detroit que apoya a inmigrantes y refugiados en Michigan con problemas legales y de salud, incluida la gripe aviar. “La gente está preocupada por perder a sus hijos, o por que sus hijos pierdan a sus padres”.

“Solía ​​hablarle a la gente sobre la gripe aviar, y los trabajadores estaban contentos de recibir esa información”, dijo Yáñez. “Pero ahora solo quieren conocer sus derechos”.

Los trabajadores comunitarios que capacitan a los trabajadores agrícolas sobre la gripe aviar, les proporcionan equipo de protección y los conectan con las pruebas afirman haber notado un cambio drástico —primero en California, el estado más afectado por la gripe aviar— luego de las redadas de inmigración que comenzaron el 7 de enero, un día después que el Congreso certificara la victoria electoral del presidente Donald Trump.

Fue entonces cuando agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron indiscriminadamente a unos 200 trabajadores agrícolas y jornaleros latinos en el Valle Central de California, según informes locales citados en presentada posteriormente por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en nombre del sindicato United Farm Workers y varias personas que fueron detenidas.

“Los agentes de la Patrulla Fronteriza se lanzaron a una expedición de pesca” en una redada de tres días llamada “Operación Devolución al Remitente” (operation Return to Sender), que “separó a familias y aterrorizó a la comunidad”, alega la demanda.

Entre las personas detenidas se encontraba Yolanda Aguilera Martínez, trabajadora agrícola y abuela que reside legalmente en Estados Unidos y no tiene antecedentes penales. Iba a una cita médica conduciendo a la velocidad límite cuando agentes vestidos de civil en vehículos sin identificación la detuvieron, le ordenaron que bajara del coche, la empujaron al suelo y la esposaron, según la demanda.

Los agentes finalmente liberaron a Aguilera Martínez, pero la demanda indica que otras personas que enfrentaban la deportación fueron detenidas durante días en “celdas frías y sin ventanas” antes de ser trasladadas a México, y abandonadas.

No se les explicó el motivo de su arresto, ni se les dio la oportunidad de defenderse, ni se les permitió llamar a un abogado ni a sus familias, alega la demanda. Indica que los cuatro hijos de un padre deportado, sin antecedentes penales, “se han vuelto silenciosos y temerosos”, y que las convulsiones de uno de los hijos con epilepsia “han empeorado”.

La noticia de la redada se difundió rápidamente en California, donde viven aproximadamente , principalmente latinos. Las lecherías que emplean mano de obra inmigrante producen casi el 80% del suministro de leche de Estados Unidos, según .

“Luego de la Operación Devolución al Remitente, los trabajadores lácteos se mostraron aún más reacios a hablar, incluso anónimamente, sobre la falta de protección en las granjas lecheras y la falta de días por enfermedad cuando se contagian”, declaró Antonio De Loera-Brust, vocero de la Unión de Trabajadores Agrícolas.

Trabajadores comunitarios en otros estados reportan un efecto intimidatorio similar debido a las redadas y las políticas migratorias aprobadas tras la toma de posesión de Trump, quien degradó repetidamente a los inmigrantes y prometió deportaciones masivas durante la campaña electoral. “No son humanos, son animales”, dijo refiriéndose a los inmigrantes que se encontraban sin autorización en Estados Unidos .

La primera medida legislativa de Trump fue promulgar la Ley Laken Riley, que ordena la detención federal de inmigrantes acusados ​​de cualquier delito, independientemente de si hayan sido o no condenados.

El 20 de enero, el Departamento de Seguridad Nacional de “áreas protegidas”, permitiendo a los agentes arrestar a personas sin papeles en escuelas, hospitales o iglesias. En marzo, la administración Trump deportó a más de 100 venezolanos y otras personas sin una audiencia previa, que que obligaba frenar los aviones que los trasladaban a El Salvador.

Las consecuencias para la salud pública de la desaparición de los trabajadores agrícolas son potencialmente enormes: científicos especializados en enfermedades infecciosas afirman que prevenir el contagio de gripe aviar y detectar los casos son fundamentales para prevenir una pandemia. Por eso, el gobierno ha financiado iniciativas para proteger a estos trabajadores, y monitorearlos para detectar signos de gripe aviar, como ojos rojos o síntomas similares a los de la gripe.

“Cada vez que un trabajador se enferma, juega el azar, así que protegerlo es en el interés de todos”, dijo De Loera-Brust. “Al virus no le importa lo que digan tus documentos de inmigración”.

Potencial de pandemia

Aproximadamente lácteos y de granjas de aves de corral han dado positivo para la prueba de gripe aviar desde marzo de 2024, pero el número real de infecciones es mayor. Una investigación de Â鶹ŮÓÅ Health News descubrió que la vigilancia deficiente provocó que casos pasaran desapercibidos en las granjas el año pasado, y indicios de infecciones previas en trabajadores agrícolas que no se habían realizado la prueba.

Los departamentos de salud estatales y locales estaban empezando a superar las barreras del año pasado para las pruebas de gripe aviar, dijo Salvador Sandoval, médico que se jubiló recientemente del departamento de salud del condado de Merced, en California. Ahora, dijo, “la gente ve una unidad móvil de pruebas y piensa que es la Patrulla Fronteriza”.

El año pasado, las organizaciones de divulgación se conectaron con los trabajadores agrícolas en lugares donde se reunían, como en eventos de distribución de alimentos, pero estos ya no tienen mucha concurrencia, dijeron Sandoval y otros.

“Independientemente de su estatus migratorio, las personas con apariencia de inmigrantes sienten mucho miedo en este momento”, dijo Hunter Knapp, director de desarrollo de Project Protect Food Systems Workers, una organización de defensa de los trabajadores agrícolas en Colorado que realiza actividades de divulgación sobre la gripe aviar. Knapp explicó que algunos trabajadores de salud comunitarios latinos han reducido sus esfuerzos de divulgación por temor a ser acosados ​​por las autoridades o el público.

Una trabajadora comunitaria latina en Michigan, que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias contra su familia, dijo: “Mucha gente no va al médico en este momento debido a la situación migratoria”.

“Prefieren quedarse en casa y dejar que el dolor, el enrojecimiento del ojo o lo que sea desaparezca”, agregó. “La situación se ha intensificado mucho este año y la gente está muy, muy asustada”.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) han reportado muchos menos casos humanos desde que Trump asumió el cargo. Durante los tres meses previos al 20 de enero, la agencia confirmó dos docenas de casos. Desde entonces, solo se han detectado tres, incluidas dos personas con casos lo suficientemente graves como para ser hospitalizadas.

Los CDC han afirmado que continúan monitoreando la gripe aviar, pero Jennifer Nuzzo, directora del Centro de Pandemias de la Universidad de Brown, señaló que la baja de los casos podría deberse a que se hacen menos pruebas. “Me preocupa que estemos observando una disminución en la vigilancia y no necesariamente una disminución en la propagación del virus”.

Las infecciones no detectadas representan una amenaza para los trabajadores agrícolas y para el público en general.

Dado que los virus evolucionan mutando dentro del cuerpo, cada infección es como presionar la palanca de una máquina tragamonedas. Una persona que falleció a causa de la gripe aviar en Louisiana en diciembre ilustra este punto: la que los virus de la gripe aviar evolucionaron dentro del paciente, generando mutaciones que podrían aumentar su capacidad de propagación entre humanos. Sin embargo, debido a que el paciente estuvo aislado en un hospital, los virus más peligrosos no se transmitieron a otros.

Esto podría no ocurrir si los trabajadores agrícolas enfermos no reciben tratamiento y viven en hogares hacinados o en centros de detención sin ventanas donde podrían infectar a otros, señaló Angela Rasmussen, viróloga de la Universidad de Saskatchewan, en Canadá.

Aunque la gripe aviar aún no se propaga fácilmente entre personas por aire, como la gripe estacional, podría diseminarse ocasionalmente cuando las personas están en espacios reducidos, y evolucionar para hacerlo con más eficiencia.

“Me preocupa que no nos demos cuenta de que esto está sucediendo hasta que algunas personas enfermen gravemente”, dijo Rasmussen. “En ese momento, las cifras serían tan altas que podrían descontrolarse”.

El virus pouede no evolucionar nunca para propagarse fácilmente, pero podría pasar. Rasmussen afirmó que el resultado sería “catastrófico”. Basándose en lo que se sabe sobre las infecciones humanas, ella y sus colegas predicen en que una pandemia de gripe aviar H5N1 “colapsaría los sistemas de salud” y “causaría millones de muertes más” que la pandemia de covid-19.

Entrega de vacunas

A fines del año pasado, los CDC lanzaron una campaña de vacunación contra la gripe estacional dirigida a más de 200.000 trabajadores ganaderos. La esperanza era que la vacunación contra la gripe redujera la probabilidad de que un trabajador agrícola se infectara simultáneamente con los virus de la gripe estacional y la gripe aviar.

La coinfección permite que ambos virus intercambien genes, creando potencialmente un virus de la gripe aviar que se propagaría con la misma facilidad que la variante estacional.

Sin embargo, Sandoval afirmó que la vacunación contra la gripe disminuyó inmediatamente después del operativo de enero en California.

Funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza informaron en que arrestaron a 78 inmigrantes que se encontraban “ilegalmente en Estados Unidos” durante el operativo de tres días.

Entre ellos se encontraba un delincuente sexual convicto y otras personas con antecedentes penales, como vandalismo y hurtos menores, según el comunicado. La agencia no especificó las acusaciones contra cada persona ni si todos habían sido acusados. Ex funcionarios de la administración Biden, que se encontraba en sus últimos días cuando ocurrieron los arrestos, tomarán distancia del operativo en entrevistas con .

Mayra Joachin, abogada de la ACLU del Sur de California, afirmó que el operativo era diferente a otros del gobierno de Biden, ya que se trataba de arrestos indiscriminados por parte de la Patrulla Fronteriza en el interior del país.

“Encaja con la campaña más amplia de la administración Trump de infundir miedo en las comunidades inmigrantes”, declaró, “como se vio en la campaña electoral y en acciones posteriores que atacaban a cualquiera que se percibiera como extranjero en el país”.

En marzo, David Kim, subjefe de la unidad de la Patrulla Fronteriza que dirigió el operativo, lo calificó como una “prueba de concepto”.

“Sabemos que ahora podemos superar ese límite en cuanto a distancia”, declaró al medio de comunicación del sur de California .

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a las solicitudes de comentarios. En un correo electrónico, Kush Desai, vocero de la Casa Blanca, escribió: “A pesar de lo que creen los ‘expertos’, combatir la epidemia de gripe aviar y hacer cumplir nuestras leyes de inmigración no son mutuamente excluyentes”.

Anna Hill Galendez, abogada gerente del Michigan Immigrant Rights Center, entidad que participa en la difusión de información sobre la gripe aviar, afirmó que las tácticas inusualmente agresivas de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disuadieron a los trabajadores lácteos enfermos de la Península Superior de Michigan de salir de sus hogares para recibir atención médica a finales de enero. Se pusieron en contacto con el centro para solicitar ayuda.

“Querían atención médica. Querían vacunas contra la gripe. Querían [equipo de protección personal]. Querían hacerse la prueba”, declaró Hill Galendez. “Pero tenían miedo de ir a cualquier parte debido a las medidas de control migratorio”.

Lynn Sutfin, funcionaria de información pública del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS), respondió a las preguntas sobre la situación en la península en un correo electrónico a Â鶹ŮÓÅ Health News: “Los trabajadores agrícolas no aceptaron la oferta de pruebas del departamento de salud local ni del MDHHS”.

Los CDC se negaron a comentar sobre el impacto de las medidas migratorias en la labor de divulgación con trabajadores agrícolas.

Para adaptarse a la nueva realidad, Yanez ahora destaca sus consejos sobre la gripe aviar en Michigan, combinándolos con información sobre los derechos de los inmigrantes.

En Colorado, Knapp dijo que su organización está cambiando su enfoque y dejando de lado la divulgación sobre la gripe aviar en eventos donde se congregan trabajadores agrícolas, ya que esto podría percibirse como una trampa: el tipo de evento que atraería a los agentes de ICE.

Los trabajadores de divulgación que viven en las mismas comunidades que los trabajadores agrícolas también se están retirando un poco. “Como latinos, siempre nos identifican”, dijo el trabajador comunitario, quien habló bajo condición de anonimato. “Tengo una visa que me protege, pero las cosas están cambiando muy rápidamente bajo la administración Trump, y la verdad es que nada es seguro”.

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También una campaña en medios para que los niños de bajos recursos del condado de Washoe, en Nevada, se pusieran al día con sus vacunas.

Otras clínicas planificadas se cancelaran en , y , entre otros lugares.

Los esfuerzos de inmunización en todo el país se vieron afectados después que, a fines de marzo, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) en fondos relacionados con covid-19 para los departamentos de salud estatales y locales.

Un juez federal los recortes a principios de abril, pero muchas de las organizaciones que reciben los fondos dijeron que deben proceder como si ya no hubiera más dinero, lo que genera preocupación en medio de un resurgimiento del sarampión, un aumento en la reticencia a las vacunas, y una creciente desconfianza en las agencias de salud pública.

“Me preocupa especialmente la accesibilidad de las vacunas para las poblaciones vulnerables”, declaró a Â鶹ŮÓÅ Health News Jerome Adams, ex cirujano general de Estados Unidos. Adams formó parte del primer gobierno del presidente Donald Trump. “Sin altas tasas de vacunación, estamos exponiendo a esas poblaciones y comunidades a daños prevenibles”.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), bajo el cual operan los CDC, no hace comentarios sobre litigios en curso, según la vocera Vianca Rodríguez Feliciano. Sin embargo, envió un comunicado sobre la medida original, afirmando que el HHS realizó los recortes porque la pandemia de covid-19 ha terminado: “El HHS ya no malgastará miles de millones de dólares de los contribuyentes respondiendo a una pandemia inexistente que los estadounidenses superaron hace años”.

El punto es que las clínicas han utilizado ese dinero para abordar otras enfermedades prevenibles como la gripe, mpox (virus símica) y el sarampión. Más de en un brote en Texas hasta la fecha han provocado 57 hospitalizaciones y la muerte de dos niños en edad escolar.

En el condado de Pima, Arizona, las autoridades se enteraron de que uno de sus programas de vacunación tendría que interrumpirse debido a que el gobierno federal restante de la subvención. El condado tuvo que cancelar unos 20 eventos de vacunación que ya tenía programados, que ofrecían vacunas contra covid-19 y la gripe, según informó Theresa Cullen, directora del departamento de salud del condado. Y no puede planificar más, agregó.

El condado alberga a Tucson, la segunda ciudad más grande de Arizona. También abarca extensas zonas rurales, incluyendo parte de la Nación Tohono O’odham, que están lejos de muchas clínicas de salud y farmacias, explica Cullen.

El condado de Pima utilizó la subvención federal para ofrecer vacunas gratuitas en zonas principalmente rurales, en general los fines de semana o después del horario laboral habitual entre semana, explicó Cullen. Los programas se realizan en organizaciones comunitarias, durante ferias y otros eventos, o en autobuses convertidos en clínicas de salud móviles.

La cancelación de las subvenciones relacionadas con las vacunas tiene un impacto que va más allá de las tasas de inmunización, afirmó Cullen. Los eventos de vacunación también son una oportunidad para ofrecer educación sanitaria, conectar a las personas con otros recursos que puedan necesitar y fomentar la confianza entre las comunidades y los sistemas de salud pública, apuntó.

Los líderes del condado sabían que los fondos se agotarían a finales de junio, pero Cullen explicó que el departamento de salud había estado en conversaciones con las comunidades locales para encontrar la forma de continuar con los eventos. Ahora, “les hemos dicho: ‘Lo sentimos, teníamos un compromiso con ustedes y no podemos cumplirlo'”, declaró.

Cullen afirmó que el departamento de salud no reanudará los eventos a pesar de que un juez bloqueó temporalmente los recortes de fondos.

“La subvención para la equidad en las vacunas es una subvención que va de los CDC al estado y luego llega a nosotros”, explicó. “El estado es quien nos dio la orden de suspender actividades”.

El impacto total de los recortes de los CDC aún no está claro en muchos lugares. Funcionarios del Departamento de Salud Pública de California estimaron que la cancelación de las subvenciones resultaría en pérdidas de al menos $840 millones en fondos federales para su estado, incluyendo $330 millones destinados al monitoreo del virus, pruebas, vacunas infantiles y la atención a las disparidades en salud.

“Estamos trabajando para evaluar el impacto de estas medidas”, declaró , directora del Departamento de Salud Pública de California.

En el condado de Washoe, en Nevada, los recortes sorpresivos de fondos federales implican la pérdida de dos empleados contratados que organizan y anuncian los eventos de vacunación, incluyendo las para el regreso a clases contra enfermedades como el sarampión.

“Nuestro equipo principal no puede estar en dos lugares a la vez”, declaró , directora de la división de servicios de salud comunitaria y clínica del Departamento de Salud Pública del Norte de Nevada.

Esperaba retener a los contratistas hasta junio, fecha prevista de vencimiento de las subvenciones. El distrito de salud se apresuró a encontrar fondos para mantener a los dos trabajadores unas semanas más. Consiguieron suficiente para pagarles solo hasta mayo.

Lottritz canceló de inmediato una campaña publicitaria enfocada en que los niños con seguro médico público estuvieran al día con sus vacunas. Los eventos de vacunación en la clínica de salud pública continuarán, pero serán muy reducidos y con menos personal, dijo.

Las enfermeras que ofrecen vacunas en iglesias, centros para personas mayores y bancos de alimentos dejarán de hacerlo en mayo, cuando se agote el dinero para pagar a los trabajadores.

“El personal tiene otras responsabilidades. Realizan visitas de cumplimiento, gestionan nuestra clínica, así que no tendré los recursos para organizar eventos como ese”, dijo Lottritz.

El efecto de las cancelaciones se sentirá durante mucho tiempo, dijo , oficial de salud del distrito de Salud Pública del Norte de Nevada, y podrían pasar años hasta que se sienta el alcance total de la disminución de la vacunación.

“Nuestra sociedad no tiene un conocimiento colectivo de esas enfermedades y lo que causaron”, dijo.

El sarampión es una preocupación prioritaria en Missouri, donde una conferencia sobre el fortalecimiento de los esfuerzos de inmunización a nivel estatal se canceló abruptamente debido a los recortes.

La Coalición de Inmunización de Missouri, que organizó el evento del 24 y 25 de abril, también tuvo que despedir a la mitad de su personal, según la presidenta de la junta, Lynelle Phillips. Esta coalición, que coordina la promoción y educación sobre vacunación en todo el estado, ahora debe encontrar financiación alternativa para seguirá operando.

“Es simplemente cruel y completamente incorrecto hacer esto en medio de un resurgimiento del sarampión en el país”, declaró Phillips.

Dana Eby, del departamento de salud del condado de New Madrid, en Missouri, tenía previsto compartir en la conferencia consejos sobre cómo generar confianza en las vacunas en las comunidades rurales, incluyendo el uso de enfermeras escolares y el programa , financiado por los CDC.

New Madrid tiene una de las tasas de vacunación infantil más altas del estado, a pesar de pertenecer a la región mayoritariamente rural de “Bootheel”, conocida por sus malas condiciones sanitarias. Más del 98% de los niños de kínder del condado recibieron la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola en el ciclo escolar 2023-24, en comparación con el promedio estatal de alrededor del 91% y tasas tan bajas como el 61% en otros condados.

“Diré que creo que el sarampión será un problema antes de jubilarme”, dijo Eby, de 42 años.

También estaba previsto que hablara en el evento de Missouri el ex director general de servicios de salud, Adams, quien comentó que planeaba enfatizar la necesidad de la colaboración comunitaria y la importancia de la vacunación para proteger la salud pública y reducir las enfermedades prevenibles. Agregó que el momento era especialmente oportuno dado el aumento repentino de casos de sarampión en Texas y el aumento de casos y .

“No podemos hacer a Estados Unidos más saludable retrocediendo en nuestras tasas de vacunación históricamente altas”, afirmó Adams. “No puedes morir de enfermedades crónicas a los 50 años si ya has muerto de sarampión, polio o tos ferina a los 5”.

Christine Mai-Duc, corresponsal en California, colaboró con este artículo.

Nos gustaría hablar con personal en funciones y ex empleados del Departamento de Salud y Servicios Humanos o sus agencias que crean que el público debe comprender el impacto de lo que está sucediendo dentro de la burocracia federal de salud. Por favor, envía un mensaje a Â鶹ŮÓÅ Health News en Signal al (415) 519-8778 o contáctanos aquí.

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Los gemelos de Nah Thu Thu Win necesitaban sus vacunas antes de empezar la guardería. Pero ella habla poco inglés y los niños no tienen seguro médico.

William Arce y Wanda Serrano se recuperaban de unas cirugías recientes; pero la pareja necesitaba ayuda para entender su cobertura y las facturas.

Engebretson, Win, Arce y Serrano tuvieron la suerte de contar con la ayuda de trabajadores de salud de Huron, una ciudad de 14.000 habitantes conocida por ser el lugar donde se celebra la feria estatal y donde se encuentra la escultura del faisán más grande del mundo.

Tres trabajadores del Huron Regional Medical Center ayudan a los pacientes a navegar el sistema de salud y a superar las barreras, como la pobreza o la falta de una Vivienda segura, que podrían impedirles recibir atención médica. Estos trabajadores de salud comunitarios también pueden proporcionar educación básica sobre la gestión de problemas crónicos, como la diabetes o el colesterol alto.

Los programas de trabajadores de salud comunitarios se extienden por todo Estados Unidos, incluyendo zonas rurales y ciudades pequeñas, a medida que los proveedores de servicios de salud y los gobiernos y invierten cada vez más en ellos.

Estas iniciativas llamaron la atención durante la pandemia de covid-19, y que mejoran la salud de las personas y el acceso a la atención preventiva, al tiempo que reducen las costosas visitas al hospital.

Según Gabriela Boscán Fauquier, supervisora de iniciativas de trabajadores de salud comunitarios en la National Rural Health Association, los programas que cuentan con estos trabajadores pueden superar obstáculos comunes en las zonas rurales, donde la población se enfrenta a y a  problemas de salud concretos.

Estos trabajadores son “una extensión del sistema de salud” y sirven de enlace “entre la formalidad del sistema y la comunidad”, explicó Boscán Fauquier.

Los programas suelen tener como base a sistemas hospitalarios o a centros de salud comunitarios. El salario promedio de los trabajadores es de $23 la hora, según la Oficina Federal de Estadísticas Laborales. Se suele referir a los pacientes luego que médicos han observado que van mucho a las salas de emergencias o enfrentan desafíos personales.

es uno de los estados que ha financiado recientemente programas de trabajadores de salud comunitarios, ha establecido requisitos de formación y ha aprobado el reembolso de Medicaid por sus servicios. El programa de certificación del estado exige aprobar un curso de 200 y 40 horas de prácticas.

El Huron Regional Medical Center puso en marcha la iniciativa en el otoño de 2022, luego de recibir una subvención federal de $228.000. Al programa ahora lo financia el hospital sin fines de lucro y los reembolsos de Medicaid.

La población ed Huron, una pequeña ciudad rodeada de campo, es mayoritariamente blanca no hispana. Pero miles de originarios de Karen, una minoría étnica de Myanmar, país del sudeste asiático, . Muchos son refugiados. La ciudad también cuenta con una importante población hispana procedente del Caribe, México, Centroamérica y Sudamérica.

Mickie Scheibe, una de las trabajadoras de salud de Huron, pasó hace poco por la casa de Kelly Engebretson. Este hombre de 61 años no había podido trabajar desde que le amputaron parte de una pierna por complicaciones de la diabetes.

Scheibe lo ayuda con “los trámites que hay que hacer”, como solicitar Medicaid, explicó Engebretson.

Le dijo a Scheibe que no sabía cómo iba a llegar a Sioux Falls, a dos horas en auto de su casa, para que le pusieran la prótesis. Scheibe, de 54 años, le dijo que lo ayudaría a encontrar un transporte seguro.

También invitó a Engebretson a un programa educativo sobre diabetes.

“Iré encantado”, respondió él, agregando que invitaría a su madre.

Ese mismo día, Sau-Mei Ramos, compañera de trabajo de Scheibe, visitó el apartamento donde viven William Arce y Wanda Serrano. Arce se estaba recuperando de una operación de corazón, mientras que Serrano había tenido una operación de rodilla y otra de hombro.

La pareja, ambos de 61 años, llegó hace tres años desde Puerto Rico para estar cerca de sus hijos en Huron. Ramos, que también es puertorriqueña, coordinó sus citas, respondió a sus preguntas sobre facturación y ayudó a Arce a encontrar un andador y un seguro complementario.

Ramos, de 29 años, le entregó a Arce un folleto sobre salud del corazón y le pidió que leyera la sección sobre angina de pecho, el dolor que se produce cuando no llega suficiente sangre al corazón.

“¿Qué entiende? “, le preguntó a Arce para saber si comprendía su enfermedad. Arce respondió que sabía qué era la angina de pecho y a qué síntomas debía estar atento.

Más tarde ese mismo día, Paw Wah Sa, la tercera trabajadora de salud comunitaria de la ciudad, se reunió con Nah Thu Thu Win, que llegó a Huron en febrero desde Myanmar con su marido y sus gemelos de 6 años. La familia Win, al igual que Sa, pertenecen a la comunidad Karen, perseguida por los militares de Myanmar, el país antes conocido como Birmania.

Win, de 29 años, suponía que los niños tendrían derecho a Medicaid. Pero, a diferencia de la mayoría de los demás estados, Dakota del Sur a los niños que han migrado legalmente a Estados Unidos. El padre de los niños espera poder incluirlos pronto en su seguro laboral.

Sa no quería que los niños tuvieran que esperar para recibir atención de salud. La joven, de 24 años, ya había llevado a los gemelos a una clínica dental móvil gratuita en Huron. Resultó que necesitaban un tratamiento dental más avanzado, que sólo podían recibir sin cargo en Sioux Falls. Sa los ayudó a hacer los trámites.

Muchos residents que pertenecen a la etnia Karen y los que proceden de zonas rurales de Latinoamérica tenían poco acceso a atención antes de venir a Estados Unidos, explicaron Sa y Ramos. Dijeron que una parte importante de su trabajo consiste en explicar qué tipo de atención está disponible y cuándo es importante buscar ayuda.

A veces, las tres trabajadoras llevan a sus clientes a hacer las compras, para enseñarles a entender las etiquetas y a identificar los alimentos saludables.

Boscán Fauquier, de la National Rural Health Association, afirmó que, dado que los trabajadores comunitarios conocen las culturas a las que atienden, pueden sugerir alimentos asequibles con los que los clientes están familiarizados.

La población de las zonas rurales de Estados Unidos se está reduciendo, pero el censo de 2020 mostró que se ha vuelto por la llegada de personas de minorías étnicas que entran a trabajar en industrias como la agricultura, el envasado de carne y la minería. Otros llegan atraídos por los bajos índices de delincuencia y las viviendas más económicas de las zonas rurales.

Boscán Fauquier señaló que muchos programas de trabajadores de salud para comunidades rurales atienden a personas de grupos minoritarios, que tienen que los blancos no hispanos de enfrentarse a barreras que les impiden el acceso a los servicios médicos.

Señaló los programas que atienden a las reservas de nativos americanos, a la región del Cinturón Negro del Sur y a las comunidades hispanohablantes, donde se conoce a las trabajadoras comunicatrias como “promotoras”. Pero estos trabajadores también atienden a comunidades rurales blancas no hispanas, como la de los Apalaches, afectadas por la crisis de los opioides.

Medicare, el programa federal de salud para adultos de 65 años o más, reembolsa los servicios de los trabajadores comunitarios . Boscán Fauquier dijo que los activistas de salud esperan que más programas estatales de Medicaid y permitan también el reembolso.

Engebretson comentó que se alegra de que haya trabajadores de salud comunitarios en todo Dakota del Sur, no sólo en las grandes ciudades.

Cuantos más “puedan llegar a las personas, mejor será”, dijo.

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Las monjas fundaron y dirigieron esos hospitales con la misión de atender a personas enfermas y pobres, aunque algunas también eran líderes empresariales astutas. La hermana Irene Kraus, ex directora ejecutiva del Sistema Nacional de Salud de las Hijas de la Caridad, fue famosa por acuñar la frase “sin margen, no hay misión”. Esto significa que los hospitales deben tener éxito —generando suficientes ingresos para superar los gastos— para cumplir con su misión original.

La Iglesia Católica aún regula la atención que se brinda a millones de personas en estos hospitales cada año, usando directrices religiosas para prohibir abortos y limitar anticonceptivos, fertilización in vitro y asistencia médica para morir.

Pero con el tiempo, ese enfoque en los márgenes llevó a los hospitales a transformarse en gigantes que operan subsidiarias con fines de lucro y pagan millones a sus ejecutivos, según informes fiscales de los propios hospitales. Estas instituciones, algunas de las cuales son , ahora se parecen más a otras megacorporaciones que a las organizaciones benéficas que supieron ser.

La ausencia de monjas en los cargos principales plantea la pregunta, dijo , teóloga moral católica y profesora de la Universidad Loyola en Chicago: “¿Qué significa ser un hospital católico cuando la empresa se ha comercializado tan profundamente?”.

El área de St. Louis sirve como la capital de facto de los sistemas de hospitales católicos. Es hogar de tres de los más grandes, junto con el brazo de cabildeo de hospitales católicos. El catolicismo está profundamente arraigado en la cultura de la región. Durante la única visita del Papa Juan Pablo II a Estados Unidos en 1999, celebró una misa en el centro de la ciudad en un estadio lleno con más de 100,000 personas.

Durante un cuarto de siglo, la hermana dirigió SSM Health, uno de esos sistemas gigantes con sede en St. Louis. Ahora retirada, a sus 86 años, dijo que fue en el país en liderar un sistema de hospitales católicos.

Ryan creció en una familia católica en Wisconsin y se unió a un convento mientras estudiaba enfermería en los años 60, sorprendiendo a su familia. Admiraba a las monjas con las que trabajaba y sentía que estaban viviendo un propósito superior.

“Eran muy impresionantes”, dijo. “No es que necesariamente me gustaran todas”.

De hecho, las monjas que dirigían hospitales desafiaban la imagen simplificada que a menudo se les atribuye, escribió John Fialka en su libro .

“Sus contribuciones a la cultura estadounidense no son pequeñas”, escribió. “Mujeres ambiciosas que tenían las habilidades y la resistencia para construir y dirigir grandes instituciones encontraron en el convento la primera y, durante mucho tiempo, la única vía para desarrollar sus talentos”.

Esto fue muy cierto para Ryan, quien ascendió de enfermera a directora ejecutiva de SSM Health, que hoy tiene hospitales en Illinois, Missouri, Oklahoma y Wisconsin.

El sistema se fundó hace más de un siglo cuando cinco monjas alemanas llegaron a St. Louis con $5. La viruela azotaba la ciudad y las Hermanas de Santa María caminaban por las calles ofreciendo atención gratuita a los enfermos.

Sus esfuerzos iniciales crecieron hasta convertirse en uno de los sistemas de salud católicos más grandes del país, con ingresos anuales que superan los $10 mil millones, según . SSM Health atiende a pacientes en 23 hospitales y de una gerenciadora de beneficios farmacéuticos con fines de lucro, Navitus, que coordina recetas para 14 millones de personas.

Pero Ryan, como muchas monjas en roles de liderazgo en décadas recientes, se enfrentó a una crisis existencial. A medida que menos mujeres se convertían en monjas, tuvo que asegurar el futuro del sistema sin ellas.

Cuando Ron Levy, quien es judío, comenzó como administrador en SSM, se negó a dirigir una oración en una reunión, recordó Ryan en su libro “On Becoming Exceptional”.

“Ron, no te estoy pidiendo que seas católico”, recordó diciéndole. “Y sé que solo llevas dos semanas aquí. Así que, si te gustaría que fueran tres, te sugiero que estés preparado para orar la próxima vez que te lo pidan”.

Levy trabajó en SSM por más de 30 años, rezando desde entonces, escribió Ryan.

En los hospitales católicos, las reuniones aún suelen comenzar con una oración. Los crucifijos adornan los edificios y las habitaciones de los pacientes. Las declaraciones sobre su misión en las paredes de las instalaciones de SSM recuerdan a los pacientes: “Revelamos la presencia sanadora de Dios”.

Por encima de todo, la fe católica llama a sus hospitales a tratar a todos, independientemente de su raza, religión o capacidad de pago, dijo , vicepresidente de la Catholic Health Association. Ninguna monja dirige los hospitales  miembros del grupo de cabildeo, según el grupo. Pero la misión que motivó a las monjas es “lo que nos motiva ahora”, dijo Rooney. “No son solo palabras en una pared”.

La Catholic Health Association insta a sus hospitales a autoevaluarse cada tres años sobre si están cumpliendo con las enseñanzas católicas. Creó una herramienta que , incluyendo cómo un hospital actúa como extensión de la iglesia y atiende a pacientes pobres y marginados.

“No nos basamos en rumores sobre si la identidad católica está viva y bien en nuestras instalaciones y hospitales”, dijo Rooney. “Realmente podemos ver en una escala dónde se encuentran”.

La asociación no comparte los resultados con el público.

En SSM Health, “nuestra identidad católica está profunda y estructuralmente arraigada” incluso sin una monja a la cabeza, dijo el vocero Patrick Kampert. El sistema reporta a dos juntas. Una funciona como una típica junta directiva empresarial, mientras que la otra asegura que el sistema cumpla con las reglas de la Iglesia Católica. La iglesia requiere que la mayoría de esa junta de nueve miembros sea católica. Tres monjas sirven actualmente en ella; una es la presidenta.

Kampert explicó que, por separado, SSM también debe presentar un informe anual al Vaticano detallando la forma en que “profundizamos nuestra identidad católica y avanzamos el ministerio de sanación de Jesús”. SSM declinó proporcionar copias de esos informes.

Desde una perspectiva empresarial, sin embargo, es difícil distinguir un sistema de hospitales católicos como SSM de uno secular, dijo Ruth Hollenbeck, ex ejecutiva de Anthem que se retiró en 2018 tras negociar contratos de hospitales en Missouri. En los contratos, dijo, la diferencia se reducía a un solo párrafo que decía que los hospitales católicos no harían nada contrario a las directrices de la iglesia.

Para retener el estatus de exención de impuestos bajo las reglas del IRS, todos los hospitales sin fines de lucro deben proporcionar un “beneficio” a sus comunidades, como atención gratuita o a precio reducido para pacientes con bajos ingresos. Pero el IRS ofrece una definición amplia de lo que constituye un beneficio comunitario, lo que permite a los hospitales justificar su exención de impuestos.

En promedio, los hospitales sin fines de lucro del país reportaron que el 15,5% de sus gastos anuales en 2020 , según la Asociación Americana de Hospitales.

SSM Health, incluyendo todas sus subsidiarias, destinó proporcionalmente mucho menos que el promedio de la asociación para hospitales individuales, asignando aproximadamente la misma proporción de sus gastos anuales a esfuerzos comunitarios durante tres años: 5.1% en 2020, 4.5% en 2021 y 4.9% en 2022, según un análisis de Â鶹ŮÓÅ Health News de sus declaraciones de impuestos e informes financieros auditados más recientes.

Un análisis separado del grupo de expertos Lown Institute colocó a cinco sistemas católicos —incluido Ascension en la región de St. Louis— en su lista de los con los mayores déficits de “cuota justa”, lo que significa que reciben más exenciones fiscales de lo que gastan en la comunidad.

Y Lown dijo que tres sistemas de salud católicos de la zona de St. Louis —Ascension, SSM Health y Mercy— tuvieron déficits de cuota justa de $614 millones, $235 millones y $92 millones, respectivamente, en el año fiscal 2021.

Ascension, Mercy y SSM cuestionaron la metodología de Lown, argumentando que no toma en cuenta la diferencia entre los pagos que reciben por los pacientes de Medicaid y el costo de atenderlos. Las declaraciones de impuestos del IRS .

Sin embargo, Kampert dijo que muchos de los beneficios que SSM brinda no están reflejados en sus declaraciones de impuestos del IRS. Los formularios reflejan “cálculos muy simplistas” y no representan con precisión el verdadero impacto del sistema de salud en la comunidad, observó.

Hoy en día, SSM Health es dirigido por la veterana ejecutiva Laura Kaiser. Su compensación en 2022 fue de $8.4 millones, incluyendo pagos diferidos, según su declaración de impuestos del IRS. Kampert defendió la cantidad como necesaria “para retener y atraer al candidato más calificado”.

En contraste, SSM nunca le pagó un salario a Ryan, otorgando en su lugar una contribución anual a su convento de menos de $2 millones al año, según algunas declaraciones fiscales de su largo mandato. “No ingresé al convento para ganar dinero”, aclaró Ryan.

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