De enero a agosto, los empleadores , según los últimos datos de nómina no agrícola de la Oficina de Estadísticas Laborales. El sector de de ese , con un aumento de aproximadamente 232.000 empleos, a pesar de que este sector representa solo un 11% de la fuerza laboral.

“En términos laborales, el crecimiento en salud está impulsando la economía”, dijo Neale Mahoney, profesor de economía en la Universidad de Stanford.

Según economistas, las medidas del presidente Donald Trump contra la inmigración y los recortes a los programas de seguro público amenazan con frenar ese crecimiento. Esto podría generar incertidumbre económica y representar un obstáculo para los republicanos en las elecciones legislativas del próximo año.

El sector de salud depende de manera inusual de trabajadores nacidos en el extranjero, mientras que una nueva ley que reduce el gasto federal en el programa Medicaid —que maneja unos $900.000 millones al año— podría provocar la a nivel nacional, según estimaciones preliminares de la organización Commonwealth Fund.

En los últimos años, el crecimiento del empleo en salud ha sido más notable en el sector de atención domiciliaria, con un aumento de casi 300.000 empleos, alcanzando de trabajadores entre agosto de 2019 y agosto de 2025. Esto se debe a que millones de personas mayores contratan a trabajadores para que los visiten y cuiden en sus hogares, explicó Mahoney. También ha habido un fuerte crecimiento de empleo en y .

En contraste, las residencias de personas mayores y centros de cuidado residencial entre 2019 y 2025, en parte debido al aumento de personas que prefieren recibir atención en casa.

Algunas investigaciones indican que el crecimiento del empleo en salud no siempre beneficia a la economía. Por ejemplo, en el sector podría elevar los costos sin aportar beneficios concretos a los pacientes. Aún así, los empleos en salud se consideran .

Hoy, la industria de la salud es en la mayoría de los estados. Incluso con el crecimiento del empleo en el sector, muchas zonas enfrentan para satisfacer la creciente demanda.

Pero varios economistas advirtieron que los recientes cambios en la política federal sobre inmigración y Medicaid podrían desacelerar ese crecimiento.

Si continúan las medidas contra inmigrantes impulsadas por la administración Trump, las organizaciones de salud podrían tener dificultades para encontrar personal suficiente. “El sector salud depende bastante de la mano de obra inmigrante”, dijo Allison Shrivastava, economista del Indeed Hiring Lab. “Tiene una proporción importante de trabajadores no nacidos en el país, por lo que va a verse más afectado”.

Aproximadamente el 18% de los estadounidenses empleados en el sector salud nacieron en otro país, según datos de la Oficina del Censo de 2023. Alrededor del 5% de los trabajadores no son ciudadanos, incluyendo unos 60.000 doctores y cirujanos, 117.000 enfermeros registrados y 155.000 auxiliares de salud domiciliaria o cuidadores personales, según muestran los datos del censo.

Muchos de estos trabajadores están en el país legalmente. La Oficina del Censo no especifica cuántos no ciudadanos tienen autorización para permanecer en Estados Unidos. Sin embargo, incluso quienes tienen estatus legal, como residentes permanentes, podrían ser vulnerables a la deportación. El gobierno federal deportó a unas 200.000 personas entre febrero y agosto, un aumento considerable respecto a meses anteriores, según .

Al mismo tiempo, algunos profesionales de salud podrían decidir no estudiar en Estados Unidos ni mudarse al país si perciben hostilidad hacia los inmigrantes. El número de visas de inmigrantes emitidas por Estados Unidos entre marzo y mayo cayó en unas 23.000, o 14%, en comparación con el mismo periodo del año anterior, según . Además, los reportes de cruces no autorizados por la frontera .

Shrivastava señaló que los datos de ofertas laborales de Indeed muestran una demanda continua de doctores por parte de empleadores dispuestos a apoyar con el proceso de patrocinio de visas. Pero no está claro cuántas personas aceptarán esas ofertas.

Mientras tanto, el Congreso aprobó este verano lo que los republicanos llamaron “Una Gran y Hermosa Ley” (), que fue firmada rápidamente por Trump. Esta legislación reduce en aproximadamente $910.000 millones el gasto federal en Medicaid durante los próximos 10 años, según basado en datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Se proyecta que los recortes a Medicaid dejarán a millones sin seguro médico en los próximos años. Los hospitales, residencias de mayores y centros comunitarios de salud tendrán que absorber una mayor parte del costo de atender a personas sin seguro, lo que podría obligarlos a reducir servicios y personal, o incluso cerrar.

Los recortes podrían tener un impacto considerable en el mercado laboral. Solo California podría perder hasta 217.000 empleos, de los cuales dos tercios estarían en el sector salud, según del Centro Laboral de la Universidad de California en Berkeley, elaborado antes de la aprobación final de la ley.

“Eso no significa necesariamente que 200.000 personas van a perder su empleo”, dijo , directora interina del Programa de Salud del Centro Laboral. “Algunas personas sí perderán su trabajo, y en otros casos el crecimiento de empleo será más lento de lo anticipado”.

A esto se suma que Trump que dirigía el área estadística del Departamento de Trabajo, lo cual ha generado preocupaciones sobre la posible politización de los datos laborales.

Aún no está claro cuándo —o si— las medidas sobre inmigración y los recortes a Medicaid afectarán la contratación en salud, pero ya hay señales de un posible enfriamiento. Datos federales mostraron y asistencia social en julio. También, reflejan una caída en algunas áreas de salud, aunque Laura Ullrich, directora de investigación económica para América del Norte en Indeed Hiring Lab, señaló que, en general, las publicaciones de empleo siguen por encima de los niveles previos a la pandemia.

Por ahora, se espera que el crecimiento del empleo siga siendo alto, especialmente entre profesionales de enfermería, asistentes médicos y auxiliares de salud domiciliaria, según .

Muchos empleos en salud requieren años de educación superior, pero ofrecen buena remuneración. Por ejemplo, los médicos de familia suelen ganar más de al año y los enfermeros registrados .

Joshua Lejano, presidente de la de la Asociación de Estudiantes de Enfermería de California, dijo estar “moderadamente optimista” respecto a conseguir empleo como enfermero cuando se gradúe en diciembre. En estos momentos realiza rotaciones clínicas que le dan experiencia práctica para enfrentar largas jornadas laborales.

Lejano mencionó que los hospitales de su zona están ampliando su capacidad, mientras que algunas enfermeras con más experiencia dejan la profesión por el agotamiento tras la pandemia de covid, lo que genera nuevas vacantes. “Creo que lo más importante ahora es estar al tanto de todos los ciclos de solicitud de empleo”, señaló.

Los empleos en salud que requieren menos formación suelen pagar bastante menos. El ingreso medio anual para las aproximadamente 4,4 millones de personas que trabajan como auxiliares de salud domiciliaria y cuidadores personales fue de unos pasado, un salario similar al de , según datos federales.

El crecimiento del empleo en salud ha beneficiado especialmente a las mujeres, indicó Ullrich. Cerca del 80% de las personas que trabajan en el sector de salud y asistencia social son mujeres, según . La investigación encontró que las trabajadoras representaron más de un millón de nuevos empleos en salud en los últimos dos años.

El sector es resistente, dijo Shrivastava, porque en general los estadounidenses no ven el cuidado de la salud como un lujo: lo pagan en tiempos buenos y malos. Se espera que el costo del seguro médico registre este año su en al menos cinco años. Además, el gasto en salud suele concentrarse en personas mayores, un grupo que está creciendo de forma acelerada a medida que envejecen los integrantes de la generación del “baby boom”. El número de personas de 65 años o más en Estados Unidos pasó de en 1995 a en 2024.

“Muchos de estos empleos en salud existen para atender a una población de adultos mayores que crece rápidamente”, explicó Ullrich. “Así que no sorprende que veamos crecimiento ahí. Pero lo que sí sorprende es lo desproporcionado que es”.

Phillip Reese es un especialista en informes de datos y profesor asociado de periodismo en la Universidad Estatal de California en Sacramento.

Esta historia fue producida por Â鶹ŮÓÅ Health News, que publica , un servicio editorialmente independiente de la . 

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Luego, se concentró en abrir con los dientes un brillo labial con sabor a cereza.

“¡Sí!”, exclamó, cuando logró abrir la tapa. Esa se puso el brillo en su habitación, donde colgaba en la pared una gran bandera del orgullo transgénero.

Esa dijo que la bandera la hace sentir “importante” y “feliz”. Le gustaría quitarla de la pared y usarla como capa.

Al principio, sus padres cuestionaron su identidad, pero ya no. Antes, su hija, ansiosa, temía ir a la escuela, lloraba en la barbería cuando le hacían un corte “varonil”, y se acurrucó en posición fetal en el suelo del baño cuando supo que nunca tendría la menstruación.

Ahora, esa niña vive la vida con entusiasmo, preguntándose en voz alta si las hadas viven en la casita de cerámica que encontró encaramada en una piedra.

Su madre, Brittni Packard Rodrigues, quiere que esta alegría y aceptación perduren. Dependiendo de la combinación del deseo de Esa, las recomendaciones de sus médicos y el inicio de la pubertad, esto podría requerir bloqueadores, seguidos de estrógeno, para que Esa pueda desarrollar el cuerpo que se adapte a su ser.

“A largo plazo, los bloqueadores ayudan a prevenir todas esas cirugías y procedimientos que podrían convertirse en su realidad si no recibimos esa atención”, dijo Packard Rodrigues.

Los medicamentos conocidos como bloqueadores de la pubertad para afecciones como el cáncer de próstata, la endometriosis, la infertilidad y la pubertad precoz. Ahora, la administración Trump busca limitar su uso específicamente para jóvenes transgénero.

Colorado, el estado natal de Esa, es reconocido desde hace tiempo como un refugio para la atención de afirmación de género: se considera legalmente protegida y un beneficio esencial del seguro médico.

En los últimos años, “exiliados médicos” para recibir este tratamiento. Ya en la década de 1970, el pueblo de Trinidad se hizo conocida como “la capital mundial del cambio de sexo” cuando , un ex cirujano del ejército con sombrero de vaquero, dejó su huella realizando estas cirugías en adultos.

En su primer día en el cargo, el presidente Donald Trump firmó que refuta la existencia de personas transgénero, argumentando que es una “afirmación falsa que los hombres puedan identificarse como mujeres y, por lo tanto, convertirse en mujeres, y viceversa”.

A la semana siguiente, que calificaba los bloqueadores de la pubertad y las hormonas para menores de 19 años como una forma de “mutilación” química y “una mancha en la historia de nuestra nación”. La orden instruía a las agencias a tomar medidas para garantizar que los beneficiarios de subvenciones federales para investigación o educación dejaran de proporcionarlos.

Organizaciones de atención médica en Colorado, California, Washington, D.C. y otros lugares anunciaron que cumplirían con la orden preventivamente.

En Colorado, esto incluía a tres importantes organizaciones de atención médica: Children’s Hospital Colorado, Denver Health y UCHealth.

Entre finales de enero y principios de febrero, los tres sistemas anunciaron cambios en la atención de afirmación de género que ofrecían a pacientes menores de 19 años, con efecto inmediato.

Dijeron que ya no recetarían nuevas hormonas ni bloqueadores de la pubertad para pacientes que no los hubieran recibido previamente, se limitarían o no se renovarían las recetas para quienes sí los hubieran recibido, y no se realizarían cirugías. Esto último aunque el Children’s Hospital nunca las había ofrecido, y este tipo de cirugía es : por cada 100.000 menores trans, menos de tres se someten a ella.

El hospital infantil y Denver Health reanudaron la oferta de bloqueadores de la pubertad y hormonas el 24 y el 19 de febrero, respectivamente, después que Colorado se uniera a presentada ante el tribunal de distrito de EE. UU. en el estado de Washington.

El tribunal concluyó que las órdenes de Trump relacionadas con el género “discriminan por motivos de condición transgénero y sexo”. Otorgó una orden judicial preliminar que impide su entrada en vigencia en los cuatro estados involucrados.

Sin embargo, las cirugías no se han reanudado. Denver Health afirmó que “mantendrá la pausa en las cirugías de afirmación de género para pacientes menores de 19 años debido a la seguridad del paciente y dada la incertidumbre del panorama legal y regulatorio”.

UCHealth no ha reanudado ni la medicación ni la cirugía para menores de 19 años. “Nuestros proveedores esperan una decisión más definitiva de los tribunales federales que pueda resolver la incertidumbre en torno a la prestación de esta atención”, escribió la vocera Kelli Christensen.

Los jóvenes trans y sus familias afirmaron que el fallo judicial y las decisiones de los dos sistemas de salud de Colorado de reanudar los tratamientos no han resuelto el problema. Les ha dado tiempo para acumular recetas, para intentar encontrar médicos privados con la formación adecuada para supervisar los análisis de sangre, y ajustar las recetas en consecuencia, y, en algunos casos, para resolver la logística de mudarse a otro estado o país.

La administración Trump ha seguido presionando a los proveedores de salud más allá de las órdenes ejecutivas iniciales, amenazando con retener o cancelar los fondos federales que se les habían otorgado. A principios de marzo, la Administración de Recursos y Servicios de Salud (RHSA) anunció que de la educación médica de posgrado en hospitales pediátricos.

Â鶹ŮÓÅ Health News solicitó comentarios a Kush Desai, subsecretario de prensa de la Casa Blanca, pero no recibió respuesta. La subsecretaria de prensa del Departamento de Salud y Servicios Sociales (HHS), Emily Hilliard, respondió con enlaces a anteriores.

Las intervenciones médicas son solo un tipo de atención de afirmación de género, y el proceso para obtener el tratamiento es .

Investigadores han descubierto que, incluso entre quienes tienen seguro médico privado, es que los jóvenes transgénero reciban bloqueadores de la pubertad ni hormonas. Curiosamente, la mayoría de las cirugías de reducción de senos para afirmación de género realizadas en hombres y menores se practican en pacientes cisgénero, no transgénero.

Kai, de 14 años, quisiera haber podido tomar bloqueadores de la pubertad. Vive en Centennial, un suburbio de Denver. Â鶹ŮÓÅ Health News no divulga su nombre completo porque a su familia le preocupa que pueda sufrir acoso.

Kai tuvo su primera menstruación a los 8 años. Para el momento en el que se dio cuenta de que era transgénero, en la secundaria, ya era demasiado tarde para empezar a tomar bloqueadores de la pubertad.

Sus médicos le recetaron anticonceptivos para , así no le recordaban cada mes su disforia de género. Luego, al cumplir los 14, empezó a tomar testosterona.

Kai dijo que si no estuviera en terapia hormonal ahora, sería un peligro para sí mismo.

“Poder decir que estoy feliz con mi cuerpo y poder ser feliz en público sin pensar que todos me miran raro, es una gran diferencia”, dijo.

Su madre, Sherry, dijo que se alegra de ver a Kai relajarse y convertirse en la persona que es.

Sherry, quien pidió usar su segundo nombre para evitar que se identificara a su familia, dijo que comenzó a guardar testosterona en cuanto Trump fue elegido, pero no había pensado en el impacto que esto tendría en la disponibilidad de anticonceptivos. Sin embargo, después de las órdenes ejecutivas, esa receta también se volvió difícil  de conseguir. Sherry dijo que el médico de Kai en UCHealth tuvo que programar una reunión especial para confirmar que podía seguir recetándosela.

Así que, por ahora, Kai tiene lo que necesita. Pero para Sherry, eso no es un gran consuelo.

“No creo que estemos muy seguros”, dijo. “Son solo prórrogas”.

La familia está ideando un plan para salir del país. Si Sherry y su esposo consiguen trabajo en Nueva Zelanda, se mudarán allí. Sherry dijo que esa posibilidad es un privilegio que muchos otros no tienen.

Por ejemplo, David, un estudiante de 18 años de la Universidad Western Colorado en Gunnison, un pueblo de las Montañas Rocallosas, pidió ser identificado solo por su segundo nombre porque le preocupa ser objeto de persecución en este pueblo rural y conservador.

David no tiene pasaporte, pero incluso si lo tuviera, no quiere irse de Gunnison, dijo. Está estudiando geología y aprendiendo a tocar el bajo.

Y tiene un buen grupo de amigos. Planea ser paleontólogo.

Los estantes de su dormitorio están llenos de sus artículos esenciales: fósiles, desodorante Old Spice, macarrones con queso para microondas. Pero no hay espejos. David dijo que se acostumbró a evitarlos.

“Durante mucho tiempo, tuve tanta disforia corporal y dismorfia que puede ser un poco difícil mirarme al espejo”, dijo David. “Pero cuando lo hago, la mayoría de las veces, veo algo que realmente me gusta”.

Lleva tres años tomando testosterona, y la hormona le ayudó a que creciera su barba. En enero, le dijeron a su médico de Denver Health que dejara de recetársela. Su madre condujo horas desde su casa hasta Gunnison para darle la noticia en persona.

La receta ya está activa de nuevo, pero la mastectomía que había planeado para este verano no. Esperaba tener un tiempo de recuperación adecuado antes de empezar el segundo año de la universidad. Pero no conoce a nadie en Colorado que lo haga antes de los 19 años. Podría operarse fácilmente para aumentar sus pechos, pero debe buscar opciones quirúrgicas en otros estados para reducirlos o extirparlos.

“Se suponía que Colorado, como estado, era un refugio”, dijo su madre, Louise, quien pidió ser identificada por su segundo nombre. “Tenemos una ley que otorga a las personas trans el derecho a la atención médica, y sin embargo, nuestros sistemas de salud se la están quitando”.

Han sido necesarios ocho años y unos diez profesionales médicos y terapeutas para que David esté tan cerca de la meta. Es un gran logro después de haber vivido tantos años de disforia y dismorfia.

“Sigo adelante, y seguiré adelante, y casi nada podrá detenerme, porque así soy”, dijo David. “Siempre ha habido personas trans y siempre las habrá”.

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Dos días después, su hermano, José Leandro-Barrera, murió a los 45 años por una insuficiencia renal aguda causada por un golpe de calor, según el informe del médico forense del condado de Hillsborough. Su temperatura en la ambulancia había sido a 108 grados Fahrenheit (42 °C), según el informe.

El informe también describía las circunstancias previas a su muerte, según lo registrado por una enfermera. En el trabajo, Leandro-Barrera le informó a su supervisor que no se sentía bien, y el supervisor le dijo que se sentara en uno de los vehículos hasta que se sintiera mejor. Mientras estaba allí, “se orinó, tuvo actividad convulsiva” y perdió la conciencia.

“El empleado sufrió agotamiento por calor mientras hacía trabajo de jardinería”, indicó del incidente realizada por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA). La agencia impuso una multa de $9,639 a la empresa Davey Tree Expert Co. La empresa no respondió a las solicitudes de comentarios.

Sin regulaciones nacionales sobre la prevención de enfermedades y muertes relacionadas con el calor, OSHA tiene dificultades, en general, para proteger a los trabajadores antes de que sea demasiado tarde, dijo Paloma Rentería, vocera del Departamento de Trabajo.

Los trabajadores están sufriendo cada vez más, a medida que los veranos se vuelven debido al cambio climático.

Pero los investigadores en políticas de salud y salud ocupacional afirman que estas muertes se pueden prevenir. Los empleadores pueden salvar vidas ofreciendo suficiente agua y descansos, y dándoles tiempo a los nuevos trabajadores para adaptarse al calor extremo.

Esta es la lógica detrás de las reglas nacionales propuestas que el presidente Joe Biden puso en marcha en 2021, con el objetivo de proteger a unos 36 millones de trabajadores expuestos al calor extremo. La Oficina de Estadísticas Laborales cuenta un promedio de 480 muertes de trabajadores por exposición al calor cada año. Sin embargo, estas son “vastas subestimaciones”, , ya que el estrés térmico es un factor subyacente que generalmente no se registra en los informes médicos.

La organización de defensa que hasta 2.000 trabajadores en el país mueren por el calor cada año, según extrapolaciones de datos sobre lesiones por calor.

Ambas estimaciones son alarmantes, dijo Linda McCauley, decana de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Emory e investigadora en salud ocupacional. “Nadie debería ir a trabajar esperando que podría morir”, dijo.

Las normas propuestas —un estándar de calor de OSHA— alcanzarán un hito el 30 de diciembre, cuando . Pero es poco probable que se finalicen antes de que Biden deje el cargo.

La vicepresidenta Kamala Harris probablemente continuaría con las normas sobre el calor si gana la presidencia el próximo mes, dijo Jordan Barab, quien fue subsecretario adjunto de OSHA durante la administración Obama. Ella impulsó regulaciones sobre el calor en California en 2020.

Si Donald Trump gana, las normas se estancarían, predice Barab. En general, los republicanos se han opuesto a regulaciones de seguridad en el lugar de trabajo en los últimos 20 años, argumentando que son costosas para las empresas y los consumidores.

Y durante la primera administración de Trump, la cantidad de inspectores de OSHA encargados de monitorear la seguridad en el trabajo alcanzó un mínimo histórico en los 48 años de historia de la agencia. Las inspecciones de lugares de trabajo relacionadas con el estrés térmico se redujeron a la mitad durante el mandato de Trump, según un análisis del .

Las normas de OSHA requerirían que los empleadores proporcionen agua potable fresca en abundancia y sombra o aire acondicionado para los descansos cuando las temperaturas superen los 80.6° Fahrenheit (27° C). Por encima de los 89.6° Fahrenheit (32° C), los empleadores tendrían que ofrecer descansos pagados de 15 minutos cada dos horas.

Dos aspectos adicionales del estándar abordan problemas que han sido pasados por alto y que contribuyen a las muertes por calor en el trabajo. de las muertes por el calor ocurren durante la primera semana en que el trabajador comienza en el empleo. Y el atraso en la atención médica es un tema común.

“Debemos dejar de decirle a las personas que se quejan de sentirse a punto de desmayarse que vayan a sentarse en el auto o que tomen un descanso”, dijo McCauley. “Los descansos son necesarios para prevenir el problema, pero una vez que alguien tiene síntomas, necesita ayuda rápida”.

Las normas propuestas requieren que los empleadores permitan a los nuevos trabajadores tiempo para aclimatarse a las altas temperaturas e implementen protocolos, como un sistema para ayudarse entre compañeros, para que los trabajadores reciban atención médica rápidamente tan pronto como muestren signos de enfermedad por calor, como mareos, confusión y calambres.

Para cuando un equipo médico de emergencia llegó a ayudar a un trabajador en julio de 2021, había dejado de respirar, según del Departamento de Trabajo. Un supervisor en la empresa de restauración ecológica EarthBalance lo había visto más temprano ese día, y estaba “sudando mucho, sus manos temblaban y parecía confundido”. Descansó. “Solo 30 minutos después, el supervisor regresó y lo encontró inconsciente”.

Esa noche, Gilberto Macario-Giménez murió en el hospital, dijo un informe del caso del médico forense. Señaló que “el fallecido se había sobrecalentado” y atribuyó su muerte a una enfermedad cardíaca e hipertensión. El calor puede agravar esas condiciones.

OSHA investigó la situación. Multó a EarthBalance con , encontrando que “el empleador no garantizó que una persona adecuadamente capacitada para brindar primeros auxilios a los empleados estuviera trabajando en un área donde no había enfermería”.

EarthBalance no respondió a las solicitudes de comentarios.

OSHA ha recibido al menos 12.980 comentarios sobre sus propuestas publicadas en el registro federal. Una mujer escribió que murió mientras despejaba arbustos en un rancho en Texas cuando las temperaturas superaron los 100° Fahrenheit (37° C): “Tenía solo 34 años. No había agua ni descansos”.

Después que termine el período de comentarios en diciembre, OSHA realizará una audiencia pública, incluirá cambios y finalizará la regla. Si Harris es presidenta, dijo Barab, la agencia podría finalizar el proceso para 2026.

Para que la norma funcione, el Congreso a OSHA, para que pueda contratar personal que enseñe a los empleadores cómo implementar los estándares, y suficientes investigadores para hacer cumplir las normas.

Varios grupos de la industria se han opuesto al estándar. Un único conjunto de normas no es justo cuando los climas y trabajos varían ampliamente, además de la capacidad de los trabajadores para tolerar el calor, escribió la Associated General Contractors of America en .

Algunos legisladores republicanos han llamado a la norma una extra limitación del gobierno. Rick Roth, representante republicano del estado de Florida, que los trabajadores están presionando por descansos pagados porque “no quieren trabajar tan duro”. Si no se sienten seguros, podrían cambiar de trabajo. “Vayan a trabajar para otra persona”, dijo.

Los críticos también dicen que las regulaciones costarán a los empleadores. Pero un análisis de UCLA de los reclamos de compensaciones de trabajadores en California sugiere que un estándar nacional sobre el calor ahorraría dinero en general. El estudio estimó el costo de las lesiones relacionadas con el calor entre $750 millones y $1,25 mil millones anuales solo en California, incluidos gastos médicos, pérdida de salarios y reclamos por discapacidad.

Dado que seis estados tienen conjuntos de reglas variables para reducir las enfermedades relacionadas con el calor —California, Colorado, Maryland, Minnesota, Oregon y Washington—, los investigadores y representantes sindicales han podido ver dónde necesitan fortalecerse las políticas.

Un problema con la aplicación es que OSHA depende en gran medida de que los empleados reporten riesgos. encontró que solo el 14% de casi 600 trabajadores agrícolas encuestados en California sabían sobre el período de aclimatación y cuánta agua necesitaban cuando las temperaturas eran altas.

Aunque Florida no tiene regulaciones específicas sobre el calor, Dominique O’Connor, de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida, dijo que el mayor obstáculo para garantizar la seguridad ocupacional es que los trabajadores tienen miedo de que los despidan por presentar una queja ante OSHA.

Esto es especialmente cierto para los trabajadores agrícolas con visas H-2A, que permiten a los no ciudadanos cubrir trabajos temporales. Debido a que estos trabajadores dependen de sus empleadores no solo para permanecer en el país, sino a menudo también para transporte y vivienda, las represalias de los empleadores serían un cambio de vida. “Este verano hablamos con trabajadores H-2A a quienes solo se les daba agua sucia en el trabajo”, dijo. “Les dijeron que pretendieran que era café”.

Si llega a emitirse, es probable que los líderes de varios estados controlados por republicanos se opongan al estándar federal. En abril pasado, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, aprobó una legislación que bloquea a los gobiernos locales de exigir a los empleadores que ofrezcan agua y sombra a los trabajadores cuando las temperaturas aumentan.

Y la decisión de la Corte Suprema de anular la “doctrina Chevron” este año puede alentar a los empleadores a desafiar la capacidad de OSHA para hacer cumplir las normas.

Durante décadas, la doctrina Chevron había requerido que los tribunales se delegaran a la experiencia de las agencias reguladoras al interpretar regulaciones, pero el fallo de la Corte Suprema terminó con eso. “Estamos en territorio desconocido”, dijo Barab.

Jeremy Young, productor senior de Fault Lines en Al Jazeera English, colaboró con este informe.

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Eso fue lo que sucedió recientemente cuando una colega visitó Washington Radiology, una red de centros de diagnóstico que tiene más de una docena de establecimientos en Washington, DC, Maryland y Virginia.

Le dijeron que, por $119, la clínica utilizaría un software de inteligencia artificial para analizar su mamografía en busca de calcificaciones en las arterias de sus senos, lo que podría indicar el riesgo de tener una enfermedad cardiovascular.

Confundida sobre lo que exactamente le estaban ofreciendo, mi colega dijo que no. Pero se preguntó si esa decisión había sido un error y si las investigaciones respaldaban este examen adicional.

Washington Radiology es uno de varios centros que ofrecen este tipo de pruebas en todo el país. Aunque las radiografías de mama generalmente se utilizan para detectar y diagnosticar cáncer, las imágenes también indican si las arterias de los senos tienen calcificaciones, que en la imagen aparecen como líneas blancas paralelas.

Las calcificaciones, que se consideran hallazgos “incidentales” no relacionados con el cáncer de mama, pueden estar asociadas con el riesgo de enfermedad cardíaca de una persona.

Estas calcificaciones han sido visibles en las imágenes durante décadas y algunos radiólogos las han anotado rutinariamente en sus informes. Sin embargo, no se solía dar esta información a los pacientes.

Ahora, algunas instituciones ofrecen informar los resultados a los pacientes, a veces por una tarifa.

Washington Radiology no respondió a las solicitudes de entrevista, pero en un video de su sitio web que describe la prueba “” con IA, Islamiat Ego-Osuala, una radióloga de imágenes mamarias de la clínica dijo: “Si las últimas décadas nos han enseñado algo sobre el campo de la radiología, es que el cielo es el límite. Las posibilidades son infinitas”.

Algunos expertos en imágenes cuestionan esta evaluación extra.

“Lo que estamos viendo en la mamografía es una calcificación en la arteria mamaria, pero eso no es lo mismo que la calcificación en la arteria coronaria”, dijo Greg Sorensen, director científico de RadNet, que tiene en ocho estados.

RadNet no ofrece detección de calcificación arterial mamaria y no tiene planes de hacerlo. “No parece que esté dando beneficios hoy”, dijo Sorensen.

(RadNet ofrece a los pacientes un análisis de IA de sus mamografías para mejorar la detección del cáncer de mama. Â鶹ŮÓÅ Health News informó sobre eso ).

La calcificación de las arterias coronarias es reconocida como un marcador fuerte de riesgo de enfermedad cardíaca. Pero, aunque estudios han mostrado una asociación entre la calcificación arterial mamaria (CAM) y el riesgo de enfermedad cardiovascular, aún quedan muchos interrogantes por develar.

Por un lado, la ausencia de CAM no significa necesariamente que las mujeres no estén en riesgo de enfermedad cardíaca, ataque cardíaco o accidente cerebrovascular.

En un , el 26% tenía calcificación arterial mamaria, y durante un período de estudio de seis años y medio, esto se asoció con un aumento del 23% en el riesgo de enfermedad cardíaca de cualquier tipo y un aumento del 51% en el riesgo de ataque cardíaco o accidente cerebrovascular. Sin embargo, la mayoría de los eventos cardiovasculares ocurrieron en mujeres que no tenían calcificación arterial mamaria.

“No me sentiría tranquila diciéndole a la gente que tiene un mayor o menor riesgo de enfermedad cardíaca solo por la calcificación en las arterias de sus senos”, dijo en Northwestern Medicine, en Chicago.

Khan es sobre estos estudios en una revista médica. “Creo que es un área interesante, pero debemos avanzar con cautela”.

Es comprensible que los médicos especialistas en salud femenina estén interesados en aceptar la idea de utilizar la mamografía, que millones de mujeres se realizan cada año, para también evaluar el riesgo de enfermedad cardíaca.

La enfermedad cardíaca es la principal causa de muerte en los Estados Unidos. Fue responsable de más de 300,000 —o aproximadamente 1 de cada 5— muertes de mujeres en 2021.

Muchas mujeres no reconocen su riesgo de enfermedad cardíaca ni los muchos factores que lo aumentan, como la hipertensión, la diabetes, el colesterol alto, fumar, beber demasiado alcohol y tener sobrepeso.

Las pueden ayudar a evaluar el riesgo de enfermedad cardiovascular personal. Para aquellos cuyo riesgo a 10 años sea del 7.5% o más, los médicos pueden recomendar y/o recetar una estatina para reducir el colesterol en sangre.

Laura Heacock, radióloga especialista en imágenes mamarias en NYU Langone Health, en la ciudad de Nueva York, señaló que las pacientes ya pueden obtener gran parte de la información que resulta del cálculo de la CAM a través de sus médicos y el uso de esas calculadoras de riesgo.

La clave es que esta detección ofrece otra oportunidad para hablar sobre el riesgo de enfermedad cardíaca.

Un que el 57% de las mujeres a las que se les informó que tenían calcificación arterial mamaria luego de una mamografía dijeron haber discutido los resultados con su médico de atención primaria o con un cardiólogo.

Heacock mencionó que le gustaría ver más estudios que demuestren que reportar las CAM lleva a cambios en la atención de los pacientes y a una reducción en los ataques cardíacos y los accidentes cerebrovasculares.

A cada mujer que visita el Lynn Women’s Health and Wellness Institute en Boca Ratón, Florida, para hacerse una mamografía se la evalúa también en busca de calcificación arterial mamaria.

Es un servicio estándar desde 2020, dijo Heather Johnson, cardióloga especializada en prevención del instituto. Si se encuentra calcificación, la mujer es remitida a un cardiólogo u otro profesional de salud en el mismo centro para analizar los hallazgos y proporcionarle más información sobre el riesgo de enfermedad cardíaca.

Sin embargo, Johnson reconoció que se necesitan más estudios para comprender mejor la conexión entre la calcificación en las arterias mamarias y las enfermedades cardíacas. Aun así, comentó que esta prueba “permite una vía de comunicación”.

A las pacientes del instituto de Boca Ratón no se les cobra por la evaluación.

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La joven de 20 años y su familia estaban a solo cuatro cuadras de Union Station, en medio de una multitud de fanáticos de los Chiefs que, con camisetas rojas, caminaban hacia la multitudinaria concentración después del desfile en ese cálido Día de San Valentín.

La bala, disparada por unos adolescentes que se peleaban en la calle, lanzó el cuerpo de Cabrera hacia adelante.

Ella tomó a su madre por el hombro y, en pánico, sin decirle una sola palabra, con sus grandes ojos marrones le señaló la pierna que sangraba. Cuando Cabrera estaba siendo atendida en una ambulancia escuchó los informes que resonaban en la radio de la policía.

“Mi madre intentaba subir conmigo a la ambulancia”, contó Cabrera. “Recuerdo que se lo impidieron, le dijeron algo así como: ‘No puedes subir. Puede que haya otras víctimas que tengamos que recoger’”.

El tiroteo que hirió a Cabrera ocurrió minutos antes del que acaparó los grandes titulares ese día y forma parte de los cientos de disparos de armas de fuego que, cada año, hieren o matan a residentes del área de Kansas City.

Esa incesante oleada de violencia con armas de fuego —desde incidentes puntuales hasta tiroteos masivos— ha terminado aniquilando la sensación de seguridad de quienes sobreviven.

Mientras las víctimas y sus familias intentan superar la experiencia y seguir adelante, las referencias a los hechos de violencia armada son inevitables en los medios de comunicación, en sus comunidades y en su propia vida cotidiana.

“Miro a la gente de otra manera”, afirma James Lemons, que también recibió un disparo en el muslo durante el desfile. Ahora, cuando está rodeado de desconocidos, no puede evitar preguntarse si alguno tendrá un arma y si sus hijos están a salvo.

La nueva temporada de la NFL se inauguró aquí con un por Lisa López-Galván, la única persona asesinada en el desfile del Super Bowl.

Kansas City ha registrado al menos este año. La policía local afirma que ha habido otras 476 “víctimas heridas con armas de fuego”, es decir, personas que recibieron disparos y sobrevivieron. Y hasta mediados de septiembre habían ocurrido por lo menos de todo el país.

Toda esta situación está dejando huellas colectivas.

Quienes han sobrevivido a situaciones de este tipo sufren ataques de pánico, tienen una mayor sensación de peligro en grandes aglomeraciones y padecen una profunda ansiedad ante la posibilidad de que irrumpa la violencia en cualquier lugar de Kansas City.

Cada sobreviviente de un tiroteo responde de manera diferente a la violencia armada e incluso a la amenaza de que surja, explicó LJ Punch, cirujano traumatólogo y el fundador de la Bullet Related Injury Clinic en St. Louis.

Para algunos, haber sido baleados significa que siempre se mantendrán alerta, tal vez incluso armados. Otros prefieren alejarse de las armas de fuego para siempre.

“¿Pero qué es lo que todos tienen en común? Que esas personas quieren desesperadamente sentirse seguras”, afirma Punch.

El intento de Cabrera por entender lo que le sucedió la impulsó a colaborar con un legislador local frustrado que busca cambiar las leyes sobre armas, algo que parece casi imposible, ya que la legislación del estado de Missouri de fuego.

Enterarse de otros tiroteos por teléfono

En la mente de Cabrera,el 14 de febrero es una película en cámara lenta, que avanza fotograma por fotograma. Y la banda sonora es su propia voz, que habla y habla. Ve a un grupo de adolescentes revoltosos, que corren alrededor de ella y de su familia. Luego, dos estallidos: ¿son fuegos artificiales? Otro estallido. Finalmente, un cuarto.

“Creo que fue entonces cuando entré en shock y agarré a mi madre”, recordó Cabrera. “No le dije nada. Simplemente la miré y sentí  los ojos muy abiertos. Recuerdo que le hice una especie de señal con los ojos para que me mirara la pierna”.

Cabrera cayó al suelo y otros aficionados corrieron a socorrerla, llamaron al 911 y empezaron a cortarle las calzas. Cuatro hombres se quitaron el cinturón para hacerle un torniquete. Recordó que en ese momento pensó que, si perdía el conocimiento, podría morir. Así que habló y habló sin parar. O eso creía.

Uno de los rescatistas le contó más tarde que en realidad ella no dijo ni una sola palabra, ni siquiera cuando él le preguntó cuántos dedos tenía levantados.

“Me dijo que yo tenía los ojos enormes, como naranjas, y que todo lo que hice fue mirar hacia arriba y hacia abajo cuatro veces, porque él tenía cuatro dedos levantados”, dijo Cabrera.

Cabrera recuerda que después la sacaron del servicio de urgencias de University Health para hacerles sitio a que habían llegado desde el tiroteo que había ocurrido en la manifestación. Ocho de esas personas tenían heridas de bala. En ese momento miró las redes sociales en su teléfono: ¿había otro tiroteo? Era increíble. Finalmente, sus padres la encontraron. Pasó siete días en el hospital.

Cabrera agradece estar viva. Pero ahora se siente inquieta cuando se cruza con grupos de adolescentes insultando y jugando, o cuando ve camisetas rojas de los Chiefs. Oír cuatro estallidos seguidos —algo habitual en su barrio del noreste de Kansas City— hace que a Cabrera se le oprima el pecho y sepa que está por tener un ataque de pánico.

“En mi mente, lo sucedido se repite una y otra vez”, dijo.

¿Una creciente sensación de amenaza?

Aunque el cirujano general de EE.UU. declaró en junio que la violencia con armas de fuego es una crisis de salud pública, en Missouri casi cualquier intento de regular el uso de armas es un fracaso político.

De hecho, hubo una ley estatal de 2021  â€”firmada en donde se compró una de las armas utilizadas en el tiroteo del desfile— que tenía como objetivo prohibir que la policía local aplicara las leyes federales sobre armas de fuego.

Esa ley por un tribunal federal de apelaciones en agosto.

Missouri no tiene restricciones respecto de la edad para el uso y la posesión de armas, aunque la ley federal prohíbe en gran medida que los menores lleven pistolas.

Las encuestas realizadas entre los votantes de Missouri a que se exijan certificados de antecedentes y se establezcan límites de edad para la compra de armas, pero también revelan que casi la mitad de los encuestados de que los condados y las ciudades tengan facultades para aprobar sus propias normas sobre armas.

En una comparación por cantidad de habitantes, Kansas City, Missouri, se encuentra entre los lugares más violentos de la nación. En esta ciudad de 510.000 habitantes, entre 2014 y 2023 se produjeron al menos , que dejaron 1.275 muertos y 1.624 heridos.

Mientras que el año pasado las en más de un centenar de ciudades de todo el país, Kansas City vivió jamás registrado.

Punch, del Bullet Related Injury Clinic, comparó la violencia con armas de fuego con un brote de una enfermedad que no se enfrenta y se propaga. Según Punch, la postura permisiva del estado hacia las armas de fuego podría agravar la situación en Kansas City, aunque no haya sido el origen del problema.

“Entonces, ¿está pasando algo? ¿La gente se siente cada vez más amenazada?”, se preguntó Punch.

Jason Barton, que creció en Kansas City, está familiarizado con ese tipo de violencia. Ahora, que vive en Osawatomie, Kansas, consideró detenidamente si debía llevar su propia pistola al desfile del Super Bowl como una forma de proteger a su familia.

Al final decidió no hacerlo, suponiendo que si ocurría algo y sacaba un arma, lo detendrían o le dispararían.

Barton reaccionó rápidamente ante el tiroteo, que se produjo justo delante de él y de su familia. Su mujer encontró una bala en su mochila. Su hijastra sufrió quemaduras en las piernas por las chispas de un rebote de bala.

A pesar de que sus peores temores se hicieron realidad, Barton opina que no llevar su arma ese día fue la decisión correcta.

“No es necesario llevar armas a lugares como ése”, afirmó.

Una peligrosa escopeta calibre 12

Los tiroteos masivos pueden deteriorar gravemente la sensación de seguridad de los sobrevivientes, según Heather Martin, ella misma sobreviviente del tiroteo en la secundaria Columbine en 1999.

Martin es cofundadora de , una organización que brinda apoyo entre pares a quienes han sobrevivido a experiencias traumáticas masivas.

“En los años posteriores al evento es muy común que se intente encontrar la manera de volver a sentirse seguro”, explicó Martin.

James Lemons siempre había sentido recelo de volver a Kansas City, donde había crecido. Incluso llevó su pistola al desfile, pero, a instancias de su esposa, la dejó en el auto. Tenía a su hija de 5 años sobre los hombros cuando una bala le atravesó la parte posterior del muslo. Él impidió que se golpeara contra el suelo cuando caía.

¿Qué iba a hacer realmente con una pistola?

Y, sin embargo, no puede evitar preguntarse “qué hubiera pasado si…”. No puede quitarse de encima la sensación de que no protegió a su familia. Cuando sueña con el desfile, al despertarse, cuenta: “simplemente empiezo a llorar”.

Sabe que aún no lo ha procesado, pero no sabe cómo empezar a hacerlo. Ha puesto toda su energía en la seguridad de su familia.

Este verano compraron dos bulldogs americanos, por lo que ahora hay tres en casa, uno para cada niño. Lemons los describe como “tener un arma sin tener un arma”.

“Tengo un calibre 12 con dientes”, bromea Lemons, “un protector grande y suave”.

La mayoría de las noches sólo logra dormir unas horas de corrido porque se despierta para ver cómo están los niños. Por lo general, suele echarse en el sofá porque es más cómodo para su pierna, que aún se está curando. También porque lo ayuda a evitar las nerviosas patadas de su hija de 5 años, que se acuesta con sus padres desde el desfile.

Estar en el sofá también le asegura que sería él quien interceptara a cualquier intruso que irrumpiera en la casa.

Emily Tavis, que recibió un disparo en la pierna, encontró consuelo en su iglesia y en el terapeuta de una congregación hermana.

Pero el domingo por la mañana después del tiroteo en el mitín de Donald Trump, en julio, el sermón del predicador giró en torno a la violencia armada, y eso desató el pánico en su interior.

“Me sentí tan abrumada que me fui al baño”, dijo Tavis, “y me quedé allí durante el resto del sermón”. Ahora, incluso duda de  ir a la iglesia.

Tavis se ha mudado recientemente a una nueva casa en Leavenworth, Kansas, que le alquiló a una amiga.

El marido de la amiga le advirtió que si Tavis iba a estar sola necesitaba un arma para protegerse. Ella le contestó que no podía lidiar con armas de fuego en ese momento.

“Y él le dijo: ‘OK, bueno, toma esto’. Y sacó un machete gigante”, recuerda Tavis riendo.

“Así que ahora tengo un machete”.

En busca de algo bueno

Cabrera, la joven que no podía hablar después de que la hirieron, intenta ahora utilizar su voz en la lucha contra la violencia armada.

Manny Abarca, legislador del condado de Jackson, Missouri, vive calle abajo. Una tarde fue a visitarla. Los padres de Cabrera tomaron la palabra; ella es tímida por naturaleza. Pero entonces él se volvió hacia ella y le preguntó directamente a Cabrera qué quería.

“Sólo quiero algo de justicia para mi caso”, dijo, “o que pase algo bueno”.

Antes del desfile, a la joven le habían ofrecido un puesto en la fábrica donde trabajaba su hermana, pero no pudo tomarlo porque su pierna aún estaba curándose. Así que Abarca le ofreció una pasantía y la ayudó a establecer una Oficina de Prevención de la Violencia Armada en el condado de Jackson, un plan que presentó en julio en respuesta a los tiroteos del desfile.

Abarca participó en el desfile de la victoria de los Chiefs con su hija Camila, de 5 años. Estaban en Union Station cuando se produjeron los disparos, y se acurrucaron en un baño de la planta baja.

“Solo dije: ‘Oye, ya sabes, solo mantén la calma. Solo estate quieta. Vamos a averiguar qué está pasando. Algo ha sucedido,’”, contó Abarca. “Y ella me contestó: ‘Esto es un simulacro.’ Y, oye, eso me desgarró el corazón por dentro, porque pensé que hacía alusión a su entrenamiento en la escuela”.

Finalmente salieron temblando pero a salvo, sólo para enterarse de que López-Galván había muerto. Abarca conocía a la popular DJ tejana, una madre de 43 años, a través de la unida comunidad hispana de la zona.

Abarca ha aprovechado la conmoción de este tiempo tenso tras los tiroteos del desfile del Super Bowl para trabajar en medidas contra la violencia, a pesar de que conoce las severas limitaciones que impone la ley estatal.

En junio, la asamblea legislativa del condado de Jackson aprobó una norma que da fuerza local a una ley federal contra la violencia doméstica que permite a los jueces retirar las armas de fuego a los delincuentes.

Pero Abarca no ha podido conseguir que se apruebe la creación de una oficina para la violencia armada, y los funcionarios del condado han rechazado considerar otra medida que establecería límites de edad para comprar o poseer armas, temiendo una demanda del fiscal general del estado, que es bastante agresivo.

Sin embargo, contrató a Cabrera, explicó, porque es bilingüe y quiere su ayuda como sobreviviente.

En cierto sentido, este trabajo hace que Cabrera se sienta más fuerte en su lucha por salir adelante tras el tiroteo. Aún así, la percepción de seguridad de su familia se ha hecho añicos, y nadie tiene pensado ir a los partidos o a un potencial desfile por ganar el Super Bowl en el futuro.

“Nunca esperamos que fuera a ocurrir algo así”, afirma. “Y por eso creo que ahora vamos a ser más precavidos y quizá nos limitemos a ver el desfile por la tele”.

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Las protecciones que tuvo el programa durante la pandemia, que impedían que se expulsaran beneficiarios, expiraron la primavera pasada.

La primera encuesta nacional sobre estas desafiliaciones de Medicaid halló que casi la mitad de las personas que perdieron la cobertura volvieron a inscribirse semanas o meses después, lo que sugiere que, en primer lugar, nunca debieron ser expulsadas.

Mientras que el 23% informó no tener seguro, un 28% adicional encontró otra cobertura: a través de un empleador, Medicare, el mercado de seguros de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) o en programas para miembros de las Fuerzas Armadas, informó la encuesta de Â鶹ŮÓÅ.

“El 23% es una cifra sorprendente, especialmente si se piensa en la cantidad de personas que perdieron la cobertura de Medicaid”, dijo Chima Ndumele, profesora asociada de políticas de salud en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Yale.

Quedarse sin seguro, incluso por un período corto de tiempo, puede llevar a las personas a retrasar la búsqueda de atención médica, y exponerlas a riesgos financieros.

Siete de cada 10 adultos desafiliados dijeron que se quedaron sin seguro al menos temporalmente cuando perdieron su cobertura de Medicaid.

Adrienne Hamar, de 49 años, de Plymouth Meeting, Pennsylvania, dijo que tuvo dificultades para inscribirse en un plan de ACA este invierno después que el estado le informara que ella y sus dos hijos ya no calificaban para Medicaid. Estaban inscritos desde 2020. Dijo que las líneas telefónicas estaban siempre ocupadas en el mercado estatal y que no podía completar el proceso en línea.

Hamar, que trabaja como asistente de salud a domicilio, y sus hijos, estuvieron sin seguro durante marzo. Pero desde el 1 de abril, están inscritos en un plan del mercado que, con la ayuda de subsidios gubernamentales, cuesta $50 al mes para la familia.

“Me sentí muy aliviada”, dijo. Hamar dijo que, por esta situación, su hija de 23 años demoró en hacerse un chequeo dental.

Las luchas de Hamar eran comunes, según la encuesta.

De los adultos inscritos en Medicaid antes de la cancelación, alrededor del 35% que intentó renovar su cobertura describió el proceso como difícil, y cerca del 48% dijo que era al menos algo estresante.

Alrededor del 56% de las personas dadas de baja dicen que omitieron o retrasaron atención médica o buscar una receta mientras intentaban renovar su cobertura de Medicaid.

“Es probable que el estatus actual del seguro de las personas esté cambiando, y esperaríamos que al menos algunas de las que dicen que actualmente no tienen seguro se vuelvan a inscribir en Medicaid (muchos dijeron que todavía lo están intentando) o se inscriban en otra cobertura en poco tiempo”, dijo Jennifer Tolbert, coautora del informe de Â鶹ŮÓÅ y directora del Programa Estatal de Datos y Reforma de Salud de la fundación.

La encuesta no incluyó a niños, y los investigadores de Â鶹ŮÓÅ dijeron que, por lo tanto, sus hallazgos no podían extrapolarse para determinar cómo la reducción de Medicaid ha afectado la tasa general de personas sin seguro en el país, que alcanzó un mínimo histórico del . Casi la mitad de los afiliados a Medicaid y al Programa de Seguro Médico Infantil (CHIP) son niños.

El proceso de desafiliación, durante el cual los estados están reevaluando la elegibilidad para Medicaid entre millones de estadounidenses que se inscribieron antes o durante la pandemia —y eliminando a aquellos que ya no califican o no completaron el proceso de renovación— no se completará hasta finales de este año.

La inscripción en Medicaid y CHIP creció a un récord de casi 94,5 millones en abril del año pasado, tres años después que el gobierno federal prohibiera a los estados eliminar a las personas de sus listas durante la emergencia de salud pública de covid-19.

A nivel nacional, los estados cancelaron la inscripción e Medicaid de alrededor de 20 millones de personas el año pasado, la mayoría por razones de procedimiento, como no presentar la documentación requerida. Se espera que ese número aumente, ya que los estados tienen algunos meses más para redeterminar la elegibilidad de los inscritos.

Entre los adultos que tenían Medicaid antes del inicio de las desafiliaciones, el 83% retuvo su cobertura o se volvió a inscribir, mientras que el 8% encontró otro seguro y el 8% no tenía seguro.

La proporción que quedó sin seguro fue mayor en los estados que no han ampliado Medicaid bajo ACA (17%) comparado con los estados que sí lo han hecho (6%). Cuarenta estados han ampliado Medicaid para cubrir a todas las personas con ingresos inferiores al 138% de la tasa federal de pobreza, o $31,200 para una familia de cuatro en 2024.

La encuesta de Â鶹ŮÓÅ encontró que casi uno de cada 3 adultos a los que se les canceló el seguro descubrió que ya no tenían Medicaid recién cuando buscaron atención médica, como ir a un médico o a una farmacia.

Indira Navas, de Miami, descubrió que a su hijo Andrés, de 6 años, se le había dado de baja del programa de Medicaid de Florida cuando lo llevó a una cita con el médico en marzo. Había programado esa cita con meses de anticipación y está frustrada porque el niño sigue sin seguro y se interrumpió su terapia para la ansiedad y la hiperactividad.

Navas dijo que el estado no pudo explicar por qué su hija Camila, de 12, seguía cubierta por Medicaid a pesar de que los dos niños viven en el mismo hogar que sus padres.

“No tiene sentido que cubran a uno de mis hijos y al otro no”, dijo.

Kate McEvoy, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Directores de Medicaid, dijo que el gran volumen, de millones de personas, a las que se está analizando para determinar su elegibilidad ha abrumado a algunos centros de llamadas estatales que intentan apoyar a los afiliados.

Dijo que los estados han probado muchas formas de comunicarse con los inscritos, incluso a través de campañas de divulgación pública, mensajes de texto, correo electrónico y aplicaciones. “Hasta el momento en que su cobertura está en juego, es difícil penetrar en las vidas ocupadas de las personas”, dijo.

La encuesta de Â鶹ŮÓÅ, de 1,227 adultos que tenían cobertura de Medicaid a principios de 2023 antes del inicio del proceso de desafiliación, el 1 de abril de 2023, se realizó entre el 15 de febrero y el 11 de marzo de 2024. El margen de error de muestreo fue de más o menos 4 puntos porcentuales.

El corresponsal de Â鶹ŮÓÅ Health News, Daniel Chang, colaboró con este artículo.

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Brambila, una organizadora comunitaria que emigró de México hace un cuarto de siglo, solo tenía sinusitis, pero sus hijos nunca la habían visto tan enferma. “Estuve en cama durante cuatro días”, dijo.

Sin seguro de salud, Brambila había estado evitando buscar atención médica, esperando que el ajo y la canela surtieran efecto. Pero cuando sintió que ya no podía respirar, fue a la sala de emergencias. La factura de $365 —suficiente para cubrir una semana de alimentos para su familia— era más de lo que podía pagar, y terminó endeudada.

La deuda también afectó otra decisión que había estado considerando: si ir a México para tener una cirugía para que le extrajeran un crecimiento en su abdomen que, dijo, es tan grande como una papaya.

Brambila vive en un vecindario del suroeste de Denver llamado Westwood, una comunidad mayoritariamente hispana y de bajos ingresos donde muchos residentes son inmigrantes. Westwood también está en un código postal, 80219, con algunos de los niveles más altos de deuda médica en Colorado.

Allí, más de uno de cada 5 adultos han tenido históricamente facturas médicas impagas en sus informes de crédito, una tasa más parecida a la de West Virginia que a la del resto de Colorado, según datos de crédito de 2022 analizados por el Urban Institute, una organización sin fines de lucro.

Las luchas del área reflejan una paradoja sobre Colorado. En general, la carga de deuda médica del estado es más baja que la de la mayoría. Pero las disparidades raciales y étnicas son más amplias.

La brecha entre la carga de deuda en los códigos postales donde los residentes son principalmente hispanos y/o no blancos y los códigos postales que son principalmente blancos no hispanos es el doble de lo que es a nivel nacional. (Los hispanos pueden ser de cualquier raza o combinación de razas).

La deuda médica en Colorado también se concentra en códigos postales con porcentajes relativamente altos de inmigrantes, muchos de ellos .

El encontró que el 19% de los adultos en estos lugares tenían deuda médica en sus informes de crédito, en comparación con el 11% en comunidades con menos inmigrantes.

A nivel nacional, aproximadamente 100 millones de personas tienen alguna forma de deuda de atención médica, según una investigación de Â鶹ŮÓÅ Health News y NPR. Esto incluye no solo facturas impagas que terminan en agencias de cobros, sino también aquellas que se están pagando a través de planes de pago, tarjetas de crédito u otros tipos de préstamos.

Los datos revelan que las brechas raciales y étnicas en la deuda médica existen casi en todas partes. Pero la división de Colorado —en línea con la de Carolina del Sur, según los datos del Urban Institute— existe aunque el estado tiene algunas de las protecciones más amplias del país contra estas deudas.

Esta brecha amenaza con profundizar desigualdades de larga data, dicen defensores de pacientes y consumidores. Y resalta la necesidad de más acción para abordar la deuda médica.

“Exacerba las brechas raciales de riqueza”, dijo , abogada principal del National Consumer Law Center, una organización sin fines de lucro que fue co-autora de .

Haynes dijo que demasiados residentes de Colorado, especialmente residentes de minorías, siguen atrapados en un círculo vicioso en el que evitan la atención médica para evitar las facturas, lo que resulta en más deuda y peor salud.

Brambila dijo que ha visto este ciclo con demasiada frecuencia en Westwood, en su trabajo como organizadora comunitaria. “Realmente me encantaría ayudar a la gente a pagar sus facturas médicas”, agregó.

¿Salud o deuda?

Roxana Burciaga, que creció en Westwood y trabaja en Mi Casa Resource Center, en el vecindario, dijo que al menos una vez a la semana escucha preguntas sobre cómo pagar la atención médica.

La deuda médica es un “gran, gran, gran tema en nuestra comunidad”, dijo.

La gente no entiende lo que cubre realmente su seguro o no puede conseguir citas para atención preventiva que se ajusten a sus horarios de trabajo, explicó.

Muchos, como Brambila, ignoran la atención preventiva para evitar las facturas y terminan en salas de emergencias.

Los médicos y enfermeras también dicen que observan estas tensiones.

, médica de familia en el Denver Health’s Westwood Family Health Center, parte del sistema de salud público de la ciudad, dijo que las finanzas a menudo surgen en conversaciones con pacientes. Muchos intentan obtener citas de telesalud para evitar el costo de ir en persona.

Sumándose a la presión están , el proceso por el cual los estados vuelven a examinar la elegibilidad (proceso que se había suspendido durante la pandemia) para la cobertura de salud para personas de bajos ingresos, dijo Koch-Laking.

“Dicen, ‘Oh, estoy perdiendo mi Medicaid en tres semanas, ¿puedes ocuparte de estas siete cosas sin una visita?’ o ‘¿Podemos hacerlo por el portal?, porque no puedo pagar una cita”.

Buscando la solución correcta

Colorado ha tomado medidas para proteger a los pacientes de la deuda médica, incluida la expansión de la cobertura de Medicaid a través de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) promulgada en 2010.

Más recientemente, líderes estatales exigieron a los hospitales ampliar la asistencia financiera para pacientes de bajos ingresos y prohibieron que todo tipo de deudas médicas se reflejaran en los informes de crédito de los consumidores.

Pero las complejidades de muchos programas de asistencia siguen siendo una barrera importante para los inmigrantes y otras personas con conocimiento limitado de inglés, dijo Julissa Soto, con sede en Denver enfocada en los latinos de Colorado.

Por ejemplo, muchos pacientes no saben que pueden recibir ayuda para sus facturas médicas o de .

“El sistema de atención médica es un rompecabezas. Mejor aprende a jugar con el rompecabezas”, dijo Soto, contando que ella misma vivió la experiencia de tener cuentas médicas enviadas a agencias de cobros cuando emigró por primera vez a Estados Unidos desde México.

“Muchos hospitales también tienen financiamiento para ayudarte con tu deuda. Solo tienes que llegar a la persona adecuada, porque parece que nadie quiere informarnos que esos programas existen”, dijo. Y agregó que simplificar las facturas ayudaría mucho a muchos pacientes. Varios estados, incluidos , han intentado facilitar que las personas accedan a la ayuda financiera del hospital al requerir que los hospitales analicen proactivamente a los pacientes.

Defensores de pacientes y consumidores dicen que Colorado también podría restringir aún más el agresivo cobro de deudas, como las demandas, que en el estado.

Nueva York, por ejemplo, prohibió el embargo de salarios después de descubrir que la práctica afectaba desproporcionadamente a las comunidades de bajos ingresos. En ese estado, la investigación también mostró que la carga de la deuda médica estaba afectando a las comunidades minoritarias en comparación con las comunidades blancas no hispanas.

Elisabeth Benjamin, abogada de la Community Service Society de Nueva York, dijo que los hospitales estaban embargando los salarios de personas que trabajaban en Walmart y Taco Bell.

Maryland promulgó límites a las demandas por cobros de deudas después que defensores descubrieran que los pacientes que vivían en vecindarios predominantemente minoritarios estaban siendo víctimas de estas prácticas de manera desproporcionada.

Incluso en condados ricos, “los bolsillos que se están persiguiendo están en vecindarios mayoritariamente latinos”, dijo Marceline White, directora ejecutiva del grupo de defensa Economic Action Maryland. El grupo de White ayudó a que exige a los hospitales reembolsar a los pacientes de bajos ingresos y evitar el escenario que estaba viendo, en el cual los hospitales estaban “demandando a pacientes que deberían haber recibido atención gratuita”.

Cobrando un alto precio

En Colorado, los legisladores están considerando una medida para a la ayuda financiera: una modificación al programa estatal Hospital Discounted Care, que haría que los hospitales fueran .

Mientras tanto, algunos defensores de los consumidores dicen que las protecciones existentes no están funcionando lo suficientemente bien.

Los muestran que los pacientes que recibían asistencia financiera eran principalmente blancos no hispanos. Y, aunque no está claro por qué, el 42% de los pacientes que podrían haber sido elegibles no fueron evaluados por los hospitales para recibir esa asistencia.

“Lo que está claro es que muchas personas no lo están logrando”, dijo Bethany Pray, directora adjunta del Colorado Center on Law and Policy, un grupo de ayuda legal con sede en Denver que impulsó la legislación de atención con descuento.

Entre las comunidades de inmigrantes del estado, la deuda médica —y el miedo a la deuda— continúan cobrándose un alto precio.

“Lo que hemos escuchado de nuestros constituyentes es que la deuda médica a veces es la diferencia entre que tengan vivienda y que estén sin hogar”, dijo Shontel Lewis, miembro del Concejo Municipal de Denver. Su distrito incluye el código postal 80216, otro lugar al norte del centro de la ciudad que está agobiado por una deuda médica generalizada.

Paola Becerra es una inmigrante que vive en Estados Unidos sin papeles y estaba embarazada cuando la trasladaron hace unos meses.

Dijo que se ha saltado las visitas de atención prenatal porque no podía pagar los copagos de $50. Tiene cobertura de salud de emergencia a través de Medicaid, que , y ya acumuló alrededor de $1,600 en facturas.

“No sabía que iba a llegar embarazada”, dijo Becerra, quien pensó que ya no podía concebir cuando salió de Colombia. “Tienes que renunciar a tu salud. O pago el alquiler o pago el hospital”.

Para Rocío Leal, organizadora comunitaria en Boulder, la deuda médica se ha convertido en una característica definitoria de su vida.

A pesar del seguro de salud que tenía a través de su trabajo, Leal terminó con préstamos al día de alto interés para pagar por nacimientos saludables, embargo de salarios, citas prenatales que se perdió para ahorrar dinero y un puntaje de crédito “arruinado”, que limitó sus opciones de vivienda.

Leal recordó momentos en los que pensó que serían desalojados y otros momentos en los que les cortaron la electricidad. “No es que lo estemos evitando y no queramos pagar. Es solo que a veces no tenemos la opción de pagar”, dijo.

Agregó que, ahora, los peores momentos han quedado atrás. Está en una casa que ama, donde los vecinos traen pasteles para agradecer a su hijo por quitar la nieve de sus pórticos. Sus hijos están bien. Una hija obtuvo un promedio de calificaciones perfecto por segundo semestre consecutivo. Otra está tocando el violín en la orquesta escolar. Su tercera hija asiste a un club de arte. Y su hijo fue aceptado recientemente en la universidad para estudiar ingeniería biomédica.

Están cubiertos por Medicaid, lo que ha eliminado la incertidumbre en torno a las grandes facturas médicas. Pero la deuda médica sigue persiguiendo a Leal, que tiene diabetes tipo 2.

Cuando la remitieron al Boulder Medical Center para que le revisaran los ojos después del diagnóstico de diabetes, dijo que le dijeron que había una alerta roja junto a su nombre. La última vez que había interactuado con el centro médico había sido unos 12 años atrás, cuando no pudo pagar las facturas del pediatra.

“Estaba en proceso de mudanza y luego embargaron mis salarios”, recordó. “Solo pensé, ‘¿Qué más debo?'”.

Con el corazón latiendo con fuerza, colgó el teléfono.

El corresponsal senior de Â鶹ŮÓÅ Health News, Noam N. Levey, contribuyó para este informe.

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En Missouri y Florida, beneficiarios que decidieron llamar por teléfono a las líneas directas para renovar su cobertura, reportaron haber estado en espera por más de dos horas.

El verano pasado, los padres de un hombre discapacitado en Tennessee, que había estado en Medicaid durante tres décadas, lucharon contra el estado para mantenerlo inscrito mientras agonizaba de neumonía en un hospital.

Siete meses después de lo que se predijo sería el mayor terremoto en los 58 años de historia del programa gubernamental de seguro médico para personas con bajos ingresos y con ciertas discapacidades, los estados han revisado la elegibilidad de más de 28 millones de personas y han de más de 10 millones de ellas.

Y se espera que millones más pierdan Medicaid en los próximos meses.

La caída sin precedentes en la inscripción se produce después que esta primavera terminaran las protecciones federales que habían prohibido a los estados sacar a las personas de Medicaid durante los tres años de la pandemia.

Desde marzo de 2020, la inscripción en Medicaid y el Programa de Seguro de Salud Infantil (CHIP) había aumentado en más de 22 millones hasta alcanzar la cifra récord de 94 millones de beneficiarios.

El proceso de revisión de la elegibilidad de todos los inscriptos en Medicaid no ha sido nada sencillo para muchos afiliados. Algunos están perdiendo cobertura sin entender por qué. Otros están luchando por demostrar que todavía son elegibles.

Tanto beneficiarios como defensores de pacientes dicen que los funcionarios de Medicaid enviaron formularios de renovación obligatoria a direcciones viejas, calcularon mal los niveles de ingresos e hicieron malas traducciones de los documentos.

Intentar procesar los casos de decenas de millones de personas al mismo tiempo también ha exacerbado las fragilidades de larga data en el sistema burocrático. Algunos hasta sospechan que ciertos estados han aprovechado el confuso sistema para desalentar la inscripción.

“No sólo es malo, es peor de lo que la gente puede imaginar”, dijo , directora de políticas de salud de la organización sin fines de lucro Arkansas Advocates for Children and Families. “Esta reducción no se ha tratado de determinar quién es elegible por todos los medios posibles, sino de cómo podemos expulsar a la gente por todos los medios posibles”.

Sin duda, algunos de los beneficiarios de Medicaid que se inscribieron en el programa cuando la tasa de desempleo en Estados Unidos se disparó, en medio de los aislamientos por covid-19, han obtenido desde entonces seguro médico a través de nuevos empleos, a medida que el desempleo volvió a caer a los mínimos previos a la pandemia.

Y algunos de los que se dieron de baja se están inscribiendo en planes de los mercados de seguros establecidos por la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA).

Por ejemplo, Sarah London, directora ejecutiva de Centene, dijo a los inversionistas el 24 de octubre que el gigante de la atención médica esperaba que hasta 2,4 millones de sus 15 millones de miembros de atención administrada de Medicaid perderían la cobertura debido a cancelaciones, pero más de 1 millón habían adquirido sus planes del mercado desde octubre la misma época el año pasado.

Aún así, nadie sabe cuántos ex beneficiarios de Medicaid siguen sin seguro. Los estados no hacen un seguimiento de lo que les sucede a todos luego que son expulsados del programa. Y las cifras finales probablemente no se conocerán hasta 2025, después que el proceso finalice el próximo verano y los funcionarios federales investiguen el estatus de seguro de los estadounidenses.

Sin Medicaid, los pacientes no van a sus citas

Trish Chastain, de 35 años, de Springfield, Missouri, dijo que su cobertura de Medicaid expirará a fines de año. Aunque sus hijos todavía están cubiertos, ella ya no califica porque sus ingresos son demasiado altos: $22 la hora. El empleador de Chastain, un centro de rehabilitación, ofrece seguro médico, pero su parte de la prima sería de $260 al mes. “No puedo permitirme eso con mi presupuesto mensual”, dijo.

Dijo que no sabía que podría ser elegible para un plan de más bajo costo en los mercados de seguros de ACA. Sin embargo, eso todavía significaría nuevos costos.

Las brechas en la cobertura pueden poner en peligro el acceso de las personas a los servicios de salud o su seguridad financiera si reciben facturas médicas por atención que no pueden posponer.

“Cualquier tipo de atención que se posponga —ya sea asma, autismo o algo tan simple como un dolor de oído— puede empeorar si se espera”, dijo Pam Shaw, pediatra de Kansas City, Kansas, que preside el Comité de asuntos gubernamentales estatales de la Academia Americana de Pediatría.

Médicos y representantes de centros de salud comunitarios de todo el país dijeron que han visto un aumento en las cancelaciones y faltas entre los pacientes sin cobertura, incluidos los niños. A nivel nacional, los estados ya han dado de baja a cerca de en los 20 estados que .

Los niños suelen calificar más fácilmente que los adultos, por lo que sus defensores creen que a muchos se los expulsa injustamente porque se considera que sus padres ya no son elegibles. Mientras tanto, la inscripción en CHIP, que tiene niveles de elegibilidad de ingresos más altos que Medicaid, ha mostrado sólo un pequeño aumento.

Los niños representaron porcentajes variables de las personas dadas de baja en cada estado, desde el 68% en Texas hasta el 16% en Massachusetts, según Â鶹ŮÓÅ.

En septiembre, la administración Biden dijo que la mayoría de los estados estaban realizando controles de elegibilidad de manera incorrecta y cancelando de manera inapropiada la inscripción de niños o miembros del hogar elegibles. Ordenó a los estados para unas 500,000 personas.

Horarios variables, tasas de bajas variables

Idaho, uno de los pocos estados que completó la reducción en seis meses, dijo que canceló de la inscripción de 121,000 personas, de las 153,000 que revisó en septiembre porque sospechaba que ya no eran elegibles con el fin de la emergencia de salud pública. De los expulsados, alrededor de 13,600 se inscribieron para cobertura privada de ACA, dijo Pat Kelly, director ejecutivo de , el mercado de seguros de salud estatal. Los funcionarios estatales dicen que no saben qué pasó con el resto.

California, por el contrario, comenzó a remover beneficiarios recién este verano y está transfiriendo automáticamente la cobertura de Medicaid a los planes del mercado para aquellos elegibles.

Hasta ahora, las tasas de bajas de Medicaid de las personas analizadas varían dramáticamente según el estado, en gran medida a lo largo de una división política azul-roja, desde un mínimo del 10% en Illinois hasta un máximo del 65% en Texas.

“Siento que Illinois está haciendo todo lo que está a su alcance para garantizar que la menor cantidad posible de personas pierdan la cobertura”, dijo Paula Campbell de la , que representa a docenas de centros de salud comunitarios.

A nivel nacional, alrededor del 71% de los afiliados a Medicaid que perdieron la cobertura fue debido a problemas de procedimiento, como no responder a las solicitudes de información para verificar su elegibilidad. No está claro cuántos siguen siendo elegibles.

Funcionarios estatales y locales de Medicaid dicen que han intentado comunicarse con los beneficiarios de muchas maneras, a través de cartas, llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes de texto, para verificar la elegibilidad. Sin embargo, algunos beneficiarios no tienen un correo electrónico o servicios de Internet consistentes, no hablan inglés o están haciendo malabarismos con necesidades más urgentes.

“El esfuerzo de desmantelamiento sigue siendo un gran desafío y un impulso significativo para todos los estados”, dijo Kate McEvoy, directora ejecutiva de la .

La gente no entiende lo que está pasando

En muchos estados, eso ha significado que los afiliados hayan tenido que enfrentar largas esperas para obtener ayuda con las renovaciones.

Las peores esperas telefónicas se produjeron en Missouri, según una revisión de Â鶹ŮÓÅ Health News de las cartas que los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) en agosto. En la carta al programa de Medicaid de Missouri, los CMS dijeron que preocupaba que el tiempo de espera promedio de 48 minutos y la tasa del 44% de habitantes de Missouri que abandonaron esas llamadas en mayo estuvieran “impidiendo el acceso equitativo” a la asistencia y la capacidad de los pacientes para mantener la cobertura.

Algunas personas quedan en espera más de tres horas, dijo Sunni Johnson, trabajadora de inscripción en Affinia Healthcare, que administra centros de salud comunitarios en el área de St. Louis. Se trata de un obstáculo importante para una población en la que muchos tienen minutos limitados en sus celulares.

En Florida, que ha eliminado a más de 730,000 personas del programa desde abril, los inscritos a principios de este año estuvieron esperando casi dos horas y media en un centro de llamadas en español, según , un grupo de defensa de los derechos civiles. Las versiones en español de la solicitud de Medicaid, el sitio web de renovación y otras comunicaciones también son confusas, aseguró Jared Nordlund, director de UnidosUS en Florida.

“Apenas pueden hacer bien las traducciones al español”, dijo.

Miguel Nevarez, secretario de prensa del Departamento de Niños y Familias de Florida, que gestiona el proceso de redeterminación de Medicaid, criticó las quejas sobre malas traducciones y largas esperas para acceder al centro de llamadas en español como una “narrativa falsa”. Dijo: “Los datos muestran claramente que Florida ha ejecutado un plan justo y eficaz para las redeterminaciones”.

En California, líneas telefónicas congestionadas, oficinas de los condados abarrotadas y con poco personal, y problemas para descargar las solicitudes de renovación electrónicamente están “agravando la dificultad de las personas para renovar su Medicaid”, dijo , abogado principal de la oficina de Los Ángeles del National Health Law Program. “Sabemos, según los casos que recibimos, que la gente no logra salir adelante”.

Jasmine McClain, asistente médica de 31 años, dijo que intentó todo antes de que Montana terminara la cobertura de Medicaid para sus hijos, de 3 y 5 años, a principios de octubre. Envió la documentación en línea y por fax para demostrar que aún calificaban. Pasó horas en espera en la línea directa estatal. Después que terminó la cobertura de sus hijos, fue a una oficina estatal de asistencia pública en Missoula pero no pudo conseguir una cita. Un día a mediados de octubre, aproximadamente 30 personas hicieron fila afuera de la oficina desde las 6:40 am, antes de que abriera.

Después de tres semanas de pedir ayuda mientras sus hijos no tenían seguro, el estado restableció la cobertura de sus hijos. Dijo que un supervisor le dijo que la documentación de la familia presentada en línea no había sido procesada inicialmente.

“El sistema de llamadas telefónicas era un desastre. Las devoluciones de llamada tardaron una semana”, dijo McClain. “Tuve que superar muchos obstáculos”.

Los voceros de los programas de Medicaid de Montana, Florida y Missouri dijeron que sus estados habían reducido los tiempos de espera de las llamadas.

Algunos beneficiarios de Medicaid buscan ayuda a través de los tribunales. En una demanda colectiva de 2020 contra Tennessee que busca ponerle una pausa a la revisión de elegibilidad para Medicaid, los padres de los beneficiarios describen pasar horas al teléfono o en línea con el programa, tratando de garantizar que no se pierda la cobertura de sus hijos.

Uno de esos padres, Donna Guyton, dijo en un expediente judicial que el programa Medicaid de Tennessee, llamado TennCare, envió una carta en junio revocando la cobertura de su hijo Patrick, de 37 años, quien había sido elegible para Medicaid debido a discapacidades desde que tenía 6 años. Mientras Guyton hacía llamadas y presentaba apelaciones para proteger el seguro de su hijo, fue hospitalizado con neumonía, y estuvo internado semanas hasta que murió a finales de julio.

“Mientras Patrick luchaba por su vida, TennCare amenazaba con quitarle la cobertura de su seguro médico y los servicios en los que dependía”, dijo en un expediente judicial. “Aunque deberíamos haber podido centrarnos en la atención de Patrick, nuestra familia tuvo que navegar por un sistema que seguía negando su elegibilidad y poniendo en riesgo su cobertura médica”.

TennCare dijo en un expediente judicial que la cobertura de Medicaid de Patrick Guyton nunca fue revocada: la carta de terminación fue enviada a su familia debido a un “error”.

Phil Galewitz en Washington, D.C., escribió este artículo. Daniel Chang en Hollywood, Florida; Katheryn Houghton en Missoula, Montana; Brett Kelman en Nashville, Tennessee; Samantha Liss y Bram Sable-Smith en St. Louis; y Bernard J. Wolfson en Los Ángeles contribuyeron con la historia.

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Los socorristas estaban a solo cuatro minutos de distancia. “Pero aún así, cuatro minutos, si no están respirando en absoluto, son cuatro minutos demasiado largos”, dijo Foster.

Foster contó que consiguió una dosis de naloxona, un medicamento que de opioides, y se la administró a la estudiante. La niña revivió.

A 45 millas de distancia, en Colorado Springs, los funcionarios de Mitchell High School no tenían naloxona a mano cuando un estudiante de 15 años sufrió una sobredosis en clase, en diciembre de 2021, tras inhalar una pastilla de fentanilo en un baño de la escuela. Ese estudiante murió.

Desde entonces, el distrito escolar de Colorado Springs se ha unido a Pueblo y a docenas de otros distritos en el estado para suministrar a las escuelas intermedias y secundarias la medicación que salva vidas, a menudo conocida como Narcan, uno de sus nombres comerciales. Desde la promulgación de una ley estatal en 2019, Colorado cuenta con un programa que permite a las escuelas obtener el medicamento, normalmente en forma de aerosol nasal, de forma gratuita o a un costo reducido.

Sin embargo, no todas las escuelas están de acuerdo con esta idea. Aunque más distritos se han unido , sólo alrededor de un tercio de los distritos de Colorado se habían inscrito en el programa de distribución estatal al inicio de este año escolar. Y en la docena de condados con las tasas de , muchos distritos escolares no se habían inscrito debido al persistente estigma en torno a la necesidad de tener una medicación para revertir sobredosis.

La Administración de Salud Mental y Abuso de Sustancias federal (SAMHSA, por sus siglas en inglés) recomienda que las escuelas, incluidas las primarias, , ante el , especialmente de la potente droga fentanilo. Y 33 estados tienen leyes que permiten expresamente a los centros escolares o a sus empleados llevar, almacenar o administrar naloxona, según Jon Woodruff, abogado director de la (LAPPA), que realiza un seguimiento de las políticas sobre naloxona en todo el país.

Entre ellos, alrededor de nueve requieren que al menos algunos centros de enseñanza primaria y secundaria, de kinder a doceavo grado (K-12) almacenen naloxona en el lugar, incluido Illinois, cuya norma entrará en vigencia en enero. Algunos estados, como Maine, también requieren que las escuelas públicas ofrezcan sobre cómo administrar naloxona en forma de aerosol nasal.

Rhode Island exige que todos los centros K-12, tanto públicos como privados, dispongan de naloxona. Joseph Wendelken, vocero del Departamento de Salud de Rhode Island, dijo que en los últimos cuatro años se administró naloxona nueve veces a jóvenes de 10 a 18 años en establecimientos educativos.

A principios de septiembre, el medicamento también empezó a venderse sin receta en todo el país, aunque el precio de $45 por envase de dos dosis preocupa a algunos especialistas en adicciones, que temen que esté de quienes más lo necesitan.

Pero el medicamento todavía no está tan generalizado públicamente como los desfibriladores externos automáticos o los extintores de incendios. , presidenta de la National Associaction of School Nurses, afirmó que la reticencia a tenerlo en las escuelas puede deberse a que los funcionarios se resisten a prestar un servicio médico, o al costo que supone reabastecerse de naloxona y formar al personal para que la utilice. Pero el principal obstáculo que ha escuchado es que los centros temen ser estigmatizados como una “mala escuela” que tiene un problema de drogas, o como una escuela que tolera las malas decisiones.

“Los distritos escolares son muy cuidadosos con su imagen”, señaló Yunuen Cisneros, directora de inclusión y alcance comunitario de la , que sirve a la mayoría de los distritos escolares del estado. “Muchos de ellos no quieren sumarse a este programa, porque aceptarlo es aceptar un problema de drogadicción”.

Esa es la forma equivocada de verlo, dijo King. “Hay que equipararlo a nuestro stock de albuterol para los ataques de asma, o a nuestro stock de epinefrina para el shock anafiláctico (reacción alérgica grave)”, apuntó.

Funcionarios de salud de Colorado no pudieron precisar con qué frecuencia se había utilizado la naloxona en los centros escolares del estado. En lo que va de año, al menos 15 jóvenes de entre 10 y 18 años han muerto por sobredosis de fentanilo, pero no necesariamente en las escuelas. Y en 2022 murieron 34 en ese grupo de edad, según el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente del estado. Una de las víctimas fue José Hernández, de 13 años, quien murió en su casa, en agosto de 2022, por una sobredosis de fentanilo, pocos días después de comenzar el octavo grado en Aurora Hills Middle School. Su abuela encontró su cuerpo una madrugada, sobre el lavabo del baño.

Con la llegada de este nuevo año escolar, más escuelas de Colorado tienen suministros de naloxona disponibles para los estudiantes. El año pasado, los legisladores estatales asignaron $19,7 millones en ayuda federal al , un fondo al que pueden acceder, entre otros, distritos escolares, cárceles, socorristas y organizaciones de servicios comunitarios.

“Es la mayor cantidad que hemos tenido”, señaló Andrés Guerrero, gerente del programa de prevención de sobredosis del departamento de salud del estado.

Según datos facilitados por el departamento de salud de Colorado, 65 distritos escolares estaban inscritos en el programa estatal para recibir naloxona a bajo precio o gratis al inicio del curso escolar. Otros 16 se habían puesto en contacto con el estado para solicitar información, pero a mediados de agosto aún no habían finalizado los pedidos. Los 97 distritos escolares restantes no disponían de naloxona en sus centros o la habían adquirido en otros lugares.

Guerrero explicó que los distritos deciden a quién capacitar para administrar el medicamento. “En algunos casos, son sólo las enfermeras escolares. En otros, son las enfermeras escolares y los profesores”, dijo. “Y, a veces, también los estudiantes”.

En Durango High School, de secundaria impulsó a los alumnos a reclamar el derecho a llevar naloxona al colegio con permiso de los padres —y a administrarla en caso necesario— sin temor a ser castigados.

Hizo falta durante una reunión del consejo escolar para conseguir el permiso, contó Hays Stritikus, que se graduó esta primavera de Durango. Ahora participa en la redacción de una ley que permitiría expresamente a los estudiantes de todo el estado llevar y distribuir Narcan en los centros escolares.

“El objetivo es un mundo en el que el Narcan no sea necesario”, comentó. “Pero lamentablemente no es en donde vivimos”.

Algunos expertos en salud no están de acuerdo en que todas las escuelas deban almacenar naloxona. , economista de la salud de la Western University en Canadá, ha estudiado la en los centros de secundaria de ese país. Aunque se han producido intoxicaciones por opioides en escuelas, dijo, las secundarias suelen ser entornos de muy bajo riesgo.

Las estrategias más eficaces para combatir la epidemia de opioides son los centros de intercambio de agujas, los lugares de consumo supervisado de drogas y el tratamiento asistido con medicación que reduce el síndrome de abstinencia o atenúa el “viaje”, agregó Cipriano. Pero estos métodos pueden resultar caros en comparación con la distribución de naloxona.

“Cuando el estado crea un gran programa gratuito como éste, parece que está haciendo algo respecto a la epidemia de opioides”, señaló. “Es barato y parece que estás haciendo algo, y eso es oro en política”.

Las escuelas públicas de Denver, el mayor distrito escolar de Colorado, comenzaron a almacenar naloxona en 2022, indicó Jade Williamson, gerente del programa de escuelas saludables del distrito.

“Sabemos que algunos de los estudiantes están a la vanguardia de estos temas antes que las generaciones mayores”, afirmó Williamson. “Saber dónde encontrarlo, y acceder al medicamento cuando sea necesario a través de estos adultos que se han preparado, ya sea una enfermera de la escuela o un administrador, creo que les proporciona una cierta sensación de alivio”.

Los siete distritos más grandes del estado, con más de 25,000 estudiantes cada uno, participan en el programa estatal. En cambio, según un análisis de Â鶹ŮÓÅ Health News, sólo el 21% de los distritos con hasta 1,200 alumnos se han inscrito en el programa, a pesar que muchos de esos pequeños distritos se encuentran en zonas con tasas de mortalidad por sobredosis de drogas superiores al promedio estatal.

Algunos distritos escolares han encontrado una forma de obtener naloxona al margen del programa estatal. Esto incluye el Distrito Escolar 60 de Pueblo, donde la enfermera supervisora Foster administró naloxona a una estudiante el año pasado.

El distrito escolar de Pueblo obtiene la naloxona gratis de una organización local sin fines de lucro llamada . Foster dijo que intentó inscribirse en el programa estatal, pero encontró dificultades. Así que decidió seguir con lo que ya funcionaba.

El distrito escolar RE-1 del condado de Moffat, en Craig, Colorado, obtiene la naloxona de un , según Myranda Lyons, enfermera del distrito. Lyons contó que capacita al personal de la escuela sobre cómo administrarla cuando les enseña RCP (reanimación cardiopulmonar).

Christopher deKay, superintendente del Distrito Escolar Ignacio 11Jt, dijo que su personal de recursos escolares ya llevan naloxona, pero que el distrito también se inscribió en el programa estatal, para que las escuelas puedan almacenar el medicamento en la enfermería en caso de que el personal de recursos no se encuentre cerca.

“Es como todo, como capacitar en seguridad contra incendios. Nunca sabes lo que va a pasar en tu escuela”, señaló deKay. “Si ocurre lo impensable, queremos ser capaces de responder de la mejor manera posible”.

Esta historia se produjo con la colaboración de .

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Los adultos jóvenes no actúan como sus padres: , enfrentan más y . Además, los videojuegos y las redes sociales se han convertido en una especie de sustituto de las relaciones físicas.

Todo eso significa que los jóvenes californianos no tienen tanto sexo.

La cantidad de adultos jóvenes que no tienen relaciones sexuales ya estaba aumentando antes de que covid-19 hiciera que las citas fueran más difíciles y riesgosas.

En 2011, alrededor del 22% de los californianos de 18 a 30 años informaron que no habían tenido parejas sexuales en los 12 meses anteriores. Eso aumentó al 29% en 2019, y saltó al 38% en 2021, según las últimas cifras de la de la UCLA.

Otros grupos de edad en California también informaron un aumento en la abstinencia, pero la tendencia no fue tan marcada.

“Todo pasa más tarde”, dijo , profesora de Psicología de la Universidad Estatal de San Diego, autora de “Generations: The Real Differences Between Gen Z, Millennials, Gen X, Boomers, and Silents — And What They Mean for America’s Future”.

Twenge dijo que los números reflejan cómo los adultos jóvenes retrasan cada vez más los eventos importantes de la vida, como mudarse de la casa familiar, y comenzar relaciones románticas a largo plazo.

Los solteros han visto el cambio más dramático.

Por largo tiempo, las personas solteras eran las más propensas a informar que no tenían relaciones sexuales, menos que las casadas o las que conviven. Pero a medida que los adultos jóvenes retrasan el matrimonio, la brecha se amplía.

Los adultos jóvenes pueden estar postergando las relaciones a largo plazo “por un status económico cada vez más precario o por el estrés relacionado con completar la educación y buscar trabajo”, dijo , profesora de Sociología en Rutgers, quien recientemente fue que examinó por qué más adultos jóvenes no están teniendo sexo. “Están ocupados con otros aspectos de la vida”.

Los investigadores también notaron que cientos de miles de adultos jóvenes .

El aumento del uso de la computadora puede desempeñar un papel en la tendencia. Los adultos jóvenes forman cada vez más relaciones a través de videojuegos con personas que no conocen físicamente, dijo Lei. Estas relaciones a distancia a veces interfieren con la formación de relaciones sexuales.

Un de 2015 encontró la misma cantidad de hombres y mujeres que jugaban videojuegos, pero los hombres adultos jóvenes tenían más del triple de probabilidades que las mujeres adultas jóvenes de identificarse como “jugadores” serios.

Los adultos jóvenes también tienen acceso a cantidades ilimitadas de pornografía gratuita en internet, a diferencia de las revistas y DVD de porno que muchos de sus padres compraban.

Gran parte de la pornografía en línea más popular presenta violencia o coerción, lo que les da a algunos adultos jóvenes una perspectiva distorsionada del sexo y aleja a otros por completo, dijo , directora del Center for Sexual Health Promotion de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Indiana en Bloomington.

“Ese tipo de comportamientos están muy, muy vistos como algo normal entre los jóvenes”, dijo, refiriéndose al sexo duro.

El sexo también tiene una correlación con los ingresos. Los adultos jóvenes que ganan menos dinero tienen más probabilidades de no tener relaciones sexuales que sus pares que ganan más.

Gran parte del discurso reciente sobre la falta de sexo entre adultos jóvenes ha girado en torno a los llamados incels, hombres jóvenes que afirman —a menudo en tono despectivo misógino— que las aplicaciones de citas como Tinder facilitan que las mujeres encuentren hombres atractivos, ricos y de status, dejando de lado a los otros.

, educadora sexual certificada y directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Sex-Positive Los Ángeles, dijo que le entristece escuchar que los hombres culpan a las mujeres por no querer tener sexo con ellos.

Agregó que esos hombres probablemente podrían cambiar su perspectiva y encontrar intimidad. “Tienen el poder de mejorarse a sí mismos”, dijo.

La tendencia de una vida sin sexo tiene el potencial de reducir las tasas de embarazo no planificado. Y también podría reducir la propagación de infecciones de transmisión sexual, aunque eso .

Herbenick sí se preocupa por los adultos jóvenes que quieren sexo pero no lo tienen. “Puedes sentirte muy solo si sientes que las personas te rechazan o no están interesadas en ti”, dijo.

Pero Tillman sigue siendo optimista y señala que el último grupo de adultos jóvenes, como cada nueva generación, está encontrando su camino y enfocando el sexo de manera diferente a la de sus padres.

“No estoy preocupada, porque la gente básicamente está encontrando diferentes formas de conectarse entre sí”, dijo Tillman.

Phillip Reese es especialista en informes de datos y profesor asistente de periodismo en la Universidad Estatal de California-Sacramento.

Esta historia fue producida por Â鶹ŮÓÅ Health News, que publica , un servicio editorialmente independiente de la .

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De enero a agosto, los empleadores , según los últimos datos de nómina no agrícola de la Oficina de Estadísticas Laborales. El sector de de ese , con un aumento de aproximadamente 232.000 empleos, a pesar de que este sector representa solo un 11% de la fuerza laboral.

“En términos laborales, el crecimiento en salud está impulsando la economía”, dijo Neale Mahoney, profesor de economía en la Universidad de Stanford.

Según economistas, las medidas del presidente Donald Trump contra la inmigración y los recortes a los programas de seguro público amenazan con frenar ese crecimiento. Esto podría generar incertidumbre económica y representar un obstáculo para los republicanos en las elecciones legislativas del próximo año.

El sector de salud depende de manera inusual de trabajadores nacidos en el extranjero, mientras que una nueva ley que reduce el gasto federal en el programa Medicaid —que maneja unos $900.000 millones al año— podría provocar la a nivel nacional, según estimaciones preliminares de la organización Commonwealth Fund.

En los últimos años, el crecimiento del empleo en salud ha sido más notable en el sector de atención domiciliaria, con un aumento de casi 300.000 empleos, alcanzando de trabajadores entre agosto de 2019 y agosto de 2025. Esto se debe a que millones de personas mayores contratan a trabajadores para que los visiten y cuiden en sus hogares, explicó Mahoney. También ha habido un fuerte crecimiento de empleo en y .

En contraste, las residencias de personas mayores y centros de cuidado residencial entre 2019 y 2025, en parte debido al aumento de personas que prefieren recibir atención en casa.

Algunas investigaciones indican que el crecimiento del empleo en salud no siempre beneficia a la economía. Por ejemplo, en el sector podría elevar los costos sin aportar beneficios concretos a los pacientes. Aún así, los empleos en salud se consideran .

Hoy, la industria de la salud es en la mayoría de los estados. Incluso con el crecimiento del empleo en el sector, muchas zonas enfrentan para satisfacer la creciente demanda.

Pero varios economistas advirtieron que los recientes cambios en la política federal sobre inmigración y Medicaid podrían desacelerar ese crecimiento.

Si continúan las medidas contra inmigrantes impulsadas por la administración Trump, las organizaciones de salud podrían tener dificultades para encontrar personal suficiente. “El sector salud depende bastante de la mano de obra inmigrante”, dijo Allison Shrivastava, economista del Indeed Hiring Lab. “Tiene una proporción importante de trabajadores no nacidos en el país, por lo que va a verse más afectado”.

Aproximadamente el 18% de los estadounidenses empleados en el sector salud nacieron en otro país, según datos de la Oficina del Censo de 2023. Alrededor del 5% de los trabajadores no son ciudadanos, incluyendo unos 60.000 doctores y cirujanos, 117.000 enfermeros registrados y 155.000 auxiliares de salud domiciliaria o cuidadores personales, según muestran los datos del censo.

Muchos de estos trabajadores están en el país legalmente. La Oficina del Censo no especifica cuántos no ciudadanos tienen autorización para permanecer en Estados Unidos. Sin embargo, incluso quienes tienen estatus legal, como residentes permanentes, podrían ser vulnerables a la deportación. El gobierno federal deportó a unas 200.000 personas entre febrero y agosto, un aumento considerable respecto a meses anteriores, según .

Al mismo tiempo, algunos profesionales de salud podrían decidir no estudiar en Estados Unidos ni mudarse al país si perciben hostilidad hacia los inmigrantes. El número de visas de inmigrantes emitidas por Estados Unidos entre marzo y mayo cayó en unas 23.000, o 14%, en comparación con el mismo periodo del año anterior, según . Además, los reportes de cruces no autorizados por la frontera .

Shrivastava señaló que los datos de ofertas laborales de Indeed muestran una demanda continua de doctores por parte de empleadores dispuestos a apoyar con el proceso de patrocinio de visas. Pero no está claro cuántas personas aceptarán esas ofertas.

Mientras tanto, el Congreso aprobó este verano lo que los republicanos llamaron “Una Gran y Hermosa Ley” (), que fue firmada rápidamente por Trump. Esta legislación reduce en aproximadamente $910.000 millones el gasto federal en Medicaid durante los próximos 10 años, según basado en datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Se proyecta que los recortes a Medicaid dejarán a millones sin seguro médico en los próximos años. Los hospitales, residencias de mayores y centros comunitarios de salud tendrán que absorber una mayor parte del costo de atender a personas sin seguro, lo que podría obligarlos a reducir servicios y personal, o incluso cerrar.

Los recortes podrían tener un impacto considerable en el mercado laboral. Solo California podría perder hasta 217.000 empleos, de los cuales dos tercios estarían en el sector salud, según del Centro Laboral de la Universidad de California en Berkeley, elaborado antes de la aprobación final de la ley.

“Eso no significa necesariamente que 200.000 personas van a perder su empleo”, dijo , directora interina del Programa de Salud del Centro Laboral. “Algunas personas sí perderán su trabajo, y en otros casos el crecimiento de empleo será más lento de lo anticipado”.

A esto se suma que Trump que dirigía el área estadística del Departamento de Trabajo, lo cual ha generado preocupaciones sobre la posible politización de los datos laborales.

Aún no está claro cuándo —o si— las medidas sobre inmigración y los recortes a Medicaid afectarán la contratación en salud, pero ya hay señales de un posible enfriamiento. Datos federales mostraron y asistencia social en julio. También, reflejan una caída en algunas áreas de salud, aunque Laura Ullrich, directora de investigación económica para América del Norte en Indeed Hiring Lab, señaló que, en general, las publicaciones de empleo siguen por encima de los niveles previos a la pandemia.

Por ahora, se espera que el crecimiento del empleo siga siendo alto, especialmente entre profesionales de enfermería, asistentes médicos y auxiliares de salud domiciliaria, según .

Muchos empleos en salud requieren años de educación superior, pero ofrecen buena remuneración. Por ejemplo, los médicos de familia suelen ganar más de al año y los enfermeros registrados .

Joshua Lejano, presidente de la de la Asociación de Estudiantes de Enfermería de California, dijo estar “moderadamente optimista” respecto a conseguir empleo como enfermero cuando se gradúe en diciembre. En estos momentos realiza rotaciones clínicas que le dan experiencia práctica para enfrentar largas jornadas laborales.

Lejano mencionó que los hospitales de su zona están ampliando su capacidad, mientras que algunas enfermeras con más experiencia dejan la profesión por el agotamiento tras la pandemia de covid, lo que genera nuevas vacantes. “Creo que lo más importante ahora es estar al tanto de todos los ciclos de solicitud de empleo”, señaló.

Los empleos en salud que requieren menos formación suelen pagar bastante menos. El ingreso medio anual para las aproximadamente 4,4 millones de personas que trabajan como auxiliares de salud domiciliaria y cuidadores personales fue de unos pasado, un salario similar al de , según datos federales.

El crecimiento del empleo en salud ha beneficiado especialmente a las mujeres, indicó Ullrich. Cerca del 80% de las personas que trabajan en el sector de salud y asistencia social son mujeres, según . La investigación encontró que las trabajadoras representaron más de un millón de nuevos empleos en salud en los últimos dos años.

El sector es resistente, dijo Shrivastava, porque en general los estadounidenses no ven el cuidado de la salud como un lujo: lo pagan en tiempos buenos y malos. Se espera que el costo del seguro médico registre este año su en al menos cinco años. Además, el gasto en salud suele concentrarse en personas mayores, un grupo que está creciendo de forma acelerada a medida que envejecen los integrantes de la generación del “baby boom”. El número de personas de 65 años o más en Estados Unidos pasó de en 1995 a en 2024.

“Muchos de estos empleos en salud existen para atender a una población de adultos mayores que crece rápidamente”, explicó Ullrich. “Así que no sorprende que veamos crecimiento ahí. Pero lo que sí sorprende es lo desproporcionado que es”.

Phillip Reese es un especialista en informes de datos y profesor asociado de periodismo en la Universidad Estatal de California en Sacramento.

Esta historia fue producida por Â鶹ŮÓÅ Health News, que publica , un servicio editorialmente independiente de la . 

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Luego, se concentró en abrir con los dientes un brillo labial con sabor a cereza.

“¡Sí!”, exclamó, cuando logró abrir la tapa. Esa se puso el brillo en su habitación, donde colgaba en la pared una gran bandera del orgullo transgénero.

Esa dijo que la bandera la hace sentir “importante” y “feliz”. Le gustaría quitarla de la pared y usarla como capa.

Al principio, sus padres cuestionaron su identidad, pero ya no. Antes, su hija, ansiosa, temía ir a la escuela, lloraba en la barbería cuando le hacían un corte “varonil”, y se acurrucó en posición fetal en el suelo del baño cuando supo que nunca tendría la menstruación.

Ahora, esa niña vive la vida con entusiasmo, preguntándose en voz alta si las hadas viven en la casita de cerámica que encontró encaramada en una piedra.

Su madre, Brittni Packard Rodrigues, quiere que esta alegría y aceptación perduren. Dependiendo de la combinación del deseo de Esa, las recomendaciones de sus médicos y el inicio de la pubertad, esto podría requerir bloqueadores, seguidos de estrógeno, para que Esa pueda desarrollar el cuerpo que se adapte a su ser.

“A largo plazo, los bloqueadores ayudan a prevenir todas esas cirugías y procedimientos que podrían convertirse en su realidad si no recibimos esa atención”, dijo Packard Rodrigues.

Los medicamentos conocidos como bloqueadores de la pubertad para afecciones como el cáncer de próstata, la endometriosis, la infertilidad y la pubertad precoz. Ahora, la administración Trump busca limitar su uso específicamente para jóvenes transgénero.

Colorado, el estado natal de Esa, es reconocido desde hace tiempo como un refugio para la atención de afirmación de género: se considera legalmente protegida y un beneficio esencial del seguro médico.

En los últimos años, “exiliados médicos” para recibir este tratamiento. Ya en la década de 1970, el pueblo de Trinidad se hizo conocida como “la capital mundial del cambio de sexo” cuando , un ex cirujano del ejército con sombrero de vaquero, dejó su huella realizando estas cirugías en adultos.

En su primer día en el cargo, el presidente Donald Trump firmó que refuta la existencia de personas transgénero, argumentando que es una “afirmación falsa que los hombres puedan identificarse como mujeres y, por lo tanto, convertirse en mujeres, y viceversa”.

A la semana siguiente, que calificaba los bloqueadores de la pubertad y las hormonas para menores de 19 años como una forma de “mutilación” química y “una mancha en la historia de nuestra nación”. La orden instruía a las agencias a tomar medidas para garantizar que los beneficiarios de subvenciones federales para investigación o educación dejaran de proporcionarlos.

Organizaciones de atención médica en Colorado, California, Washington, D.C. y otros lugares anunciaron que cumplirían con la orden preventivamente.

En Colorado, esto incluía a tres importantes organizaciones de atención médica: Children’s Hospital Colorado, Denver Health y UCHealth.

Entre finales de enero y principios de febrero, los tres sistemas anunciaron cambios en la atención de afirmación de género que ofrecían a pacientes menores de 19 años, con efecto inmediato.

Dijeron que ya no recetarían nuevas hormonas ni bloqueadores de la pubertad para pacientes que no los hubieran recibido previamente, se limitarían o no se renovarían las recetas para quienes sí los hubieran recibido, y no se realizarían cirugías. Esto último aunque el Children’s Hospital nunca las había ofrecido, y este tipo de cirugía es : por cada 100.000 menores trans, menos de tres se someten a ella.

El hospital infantil y Denver Health reanudaron la oferta de bloqueadores de la pubertad y hormonas el 24 y el 19 de febrero, respectivamente, después que Colorado se uniera a presentada ante el tribunal de distrito de EE. UU. en el estado de Washington.

El tribunal concluyó que las órdenes de Trump relacionadas con el género “discriminan por motivos de condición transgénero y sexo”. Otorgó una orden judicial preliminar que impide su entrada en vigencia en los cuatro estados involucrados.

Sin embargo, las cirugías no se han reanudado. Denver Health afirmó que “mantendrá la pausa en las cirugías de afirmación de género para pacientes menores de 19 años debido a la seguridad del paciente y dada la incertidumbre del panorama legal y regulatorio”.

UCHealth no ha reanudado ni la medicación ni la cirugía para menores de 19 años. “Nuestros proveedores esperan una decisión más definitiva de los tribunales federales que pueda resolver la incertidumbre en torno a la prestación de esta atención”, escribió la vocera Kelli Christensen.

Los jóvenes trans y sus familias afirmaron que el fallo judicial y las decisiones de los dos sistemas de salud de Colorado de reanudar los tratamientos no han resuelto el problema. Les ha dado tiempo para acumular recetas, para intentar encontrar médicos privados con la formación adecuada para supervisar los análisis de sangre, y ajustar las recetas en consecuencia, y, en algunos casos, para resolver la logística de mudarse a otro estado o país.

La administración Trump ha seguido presionando a los proveedores de salud más allá de las órdenes ejecutivas iniciales, amenazando con retener o cancelar los fondos federales que se les habían otorgado. A principios de marzo, la Administración de Recursos y Servicios de Salud (RHSA) anunció que de la educación médica de posgrado en hospitales pediátricos.

Â鶹ŮÓÅ Health News solicitó comentarios a Kush Desai, subsecretario de prensa de la Casa Blanca, pero no recibió respuesta. La subsecretaria de prensa del Departamento de Salud y Servicios Sociales (HHS), Emily Hilliard, respondió con enlaces a anteriores.

Las intervenciones médicas son solo un tipo de atención de afirmación de género, y el proceso para obtener el tratamiento es .

Investigadores han descubierto que, incluso entre quienes tienen seguro médico privado, es que los jóvenes transgénero reciban bloqueadores de la pubertad ni hormonas. Curiosamente, la mayoría de las cirugías de reducción de senos para afirmación de género realizadas en hombres y menores se practican en pacientes cisgénero, no transgénero.

Kai, de 14 años, quisiera haber podido tomar bloqueadores de la pubertad. Vive en Centennial, un suburbio de Denver. Â鶹ŮÓÅ Health News no divulga su nombre completo porque a su familia le preocupa que pueda sufrir acoso.

Kai tuvo su primera menstruación a los 8 años. Para el momento en el que se dio cuenta de que era transgénero, en la secundaria, ya era demasiado tarde para empezar a tomar bloqueadores de la pubertad.

Sus médicos le recetaron anticonceptivos para , así no le recordaban cada mes su disforia de género. Luego, al cumplir los 14, empezó a tomar testosterona.

Kai dijo que si no estuviera en terapia hormonal ahora, sería un peligro para sí mismo.

“Poder decir que estoy feliz con mi cuerpo y poder ser feliz en público sin pensar que todos me miran raro, es una gran diferencia”, dijo.

Su madre, Sherry, dijo que se alegra de ver a Kai relajarse y convertirse en la persona que es.

Sherry, quien pidió usar su segundo nombre para evitar que se identificara a su familia, dijo que comenzó a guardar testosterona en cuanto Trump fue elegido, pero no había pensado en el impacto que esto tendría en la disponibilidad de anticonceptivos. Sin embargo, después de las órdenes ejecutivas, esa receta también se volvió difícil  de conseguir. Sherry dijo que el médico de Kai en UCHealth tuvo que programar una reunión especial para confirmar que podía seguir recetándosela.

Así que, por ahora, Kai tiene lo que necesita. Pero para Sherry, eso no es un gran consuelo.

“No creo que estemos muy seguros”, dijo. “Son solo prórrogas”.

La familia está ideando un plan para salir del país. Si Sherry y su esposo consiguen trabajo en Nueva Zelanda, se mudarán allí. Sherry dijo que esa posibilidad es un privilegio que muchos otros no tienen.

Por ejemplo, David, un estudiante de 18 años de la Universidad Western Colorado en Gunnison, un pueblo de las Montañas Rocallosas, pidió ser identificado solo por su segundo nombre porque le preocupa ser objeto de persecución en este pueblo rural y conservador.

David no tiene pasaporte, pero incluso si lo tuviera, no quiere irse de Gunnison, dijo. Está estudiando geología y aprendiendo a tocar el bajo.

Y tiene un buen grupo de amigos. Planea ser paleontólogo.

Los estantes de su dormitorio están llenos de sus artículos esenciales: fósiles, desodorante Old Spice, macarrones con queso para microondas. Pero no hay espejos. David dijo que se acostumbró a evitarlos.

“Durante mucho tiempo, tuve tanta disforia corporal y dismorfia que puede ser un poco difícil mirarme al espejo”, dijo David. “Pero cuando lo hago, la mayoría de las veces, veo algo que realmente me gusta”.

Lleva tres años tomando testosterona, y la hormona le ayudó a que creciera su barba. En enero, le dijeron a su médico de Denver Health que dejara de recetársela. Su madre condujo horas desde su casa hasta Gunnison para darle la noticia en persona.

La receta ya está activa de nuevo, pero la mastectomía que había planeado para este verano no. Esperaba tener un tiempo de recuperación adecuado antes de empezar el segundo año de la universidad. Pero no conoce a nadie en Colorado que lo haga antes de los 19 años. Podría operarse fácilmente para aumentar sus pechos, pero debe buscar opciones quirúrgicas en otros estados para reducirlos o extirparlos.

“Se suponía que Colorado, como estado, era un refugio”, dijo su madre, Louise, quien pidió ser identificada por su segundo nombre. “Tenemos una ley que otorga a las personas trans el derecho a la atención médica, y sin embargo, nuestros sistemas de salud se la están quitando”.

Han sido necesarios ocho años y unos diez profesionales médicos y terapeutas para que David esté tan cerca de la meta. Es un gran logro después de haber vivido tantos años de disforia y dismorfia.

“Sigo adelante, y seguiré adelante, y casi nada podrá detenerme, porque así soy”, dijo David. “Siempre ha habido personas trans y siempre las habrá”.

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Dos días después, su hermano, José Leandro-Barrera, murió a los 45 años por una insuficiencia renal aguda causada por un golpe de calor, según el informe del médico forense del condado de Hillsborough. Su temperatura en la ambulancia había sido a 108 grados Fahrenheit (42 °C), según el informe.

El informe también describía las circunstancias previas a su muerte, según lo registrado por una enfermera. En el trabajo, Leandro-Barrera le informó a su supervisor que no se sentía bien, y el supervisor le dijo que se sentara en uno de los vehículos hasta que se sintiera mejor. Mientras estaba allí, “se orinó, tuvo actividad convulsiva” y perdió la conciencia.

“El empleado sufrió agotamiento por calor mientras hacía trabajo de jardinería”, indicó del incidente realizada por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA). La agencia impuso una multa de $9,639 a la empresa Davey Tree Expert Co. La empresa no respondió a las solicitudes de comentarios.

Sin regulaciones nacionales sobre la prevención de enfermedades y muertes relacionadas con el calor, OSHA tiene dificultades, en general, para proteger a los trabajadores antes de que sea demasiado tarde, dijo Paloma Rentería, vocera del Departamento de Trabajo.

Los trabajadores están sufriendo cada vez más, a medida que los veranos se vuelven debido al cambio climático.

Pero los investigadores en políticas de salud y salud ocupacional afirman que estas muertes se pueden prevenir. Los empleadores pueden salvar vidas ofreciendo suficiente agua y descansos, y dándoles tiempo a los nuevos trabajadores para adaptarse al calor extremo.

Esta es la lógica detrás de las reglas nacionales propuestas que el presidente Joe Biden puso en marcha en 2021, con el objetivo de proteger a unos 36 millones de trabajadores expuestos al calor extremo. La Oficina de Estadísticas Laborales cuenta un promedio de 480 muertes de trabajadores por exposición al calor cada año. Sin embargo, estas son “vastas subestimaciones”, , ya que el estrés térmico es un factor subyacente que generalmente no se registra en los informes médicos.

La organización de defensa que hasta 2.000 trabajadores en el país mueren por el calor cada año, según extrapolaciones de datos sobre lesiones por calor.

Ambas estimaciones son alarmantes, dijo Linda McCauley, decana de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Emory e investigadora en salud ocupacional. “Nadie debería ir a trabajar esperando que podría morir”, dijo.

Las normas propuestas —un estándar de calor de OSHA— alcanzarán un hito el 30 de diciembre, cuando . Pero es poco probable que se finalicen antes de que Biden deje el cargo.

La vicepresidenta Kamala Harris probablemente continuaría con las normas sobre el calor si gana la presidencia el próximo mes, dijo Jordan Barab, quien fue subsecretario adjunto de OSHA durante la administración Obama. Ella impulsó regulaciones sobre el calor en California en 2020.

Si Donald Trump gana, las normas se estancarían, predice Barab. En general, los republicanos se han opuesto a regulaciones de seguridad en el lugar de trabajo en los últimos 20 años, argumentando que son costosas para las empresas y los consumidores.

Y durante la primera administración de Trump, la cantidad de inspectores de OSHA encargados de monitorear la seguridad en el trabajo alcanzó un mínimo histórico en los 48 años de historia de la agencia. Las inspecciones de lugares de trabajo relacionadas con el estrés térmico se redujeron a la mitad durante el mandato de Trump, según un análisis del .

Las normas de OSHA requerirían que los empleadores proporcionen agua potable fresca en abundancia y sombra o aire acondicionado para los descansos cuando las temperaturas superen los 80.6° Fahrenheit (27° C). Por encima de los 89.6° Fahrenheit (32° C), los empleadores tendrían que ofrecer descansos pagados de 15 minutos cada dos horas.

Dos aspectos adicionales del estándar abordan problemas que han sido pasados por alto y que contribuyen a las muertes por calor en el trabajo. de las muertes por el calor ocurren durante la primera semana en que el trabajador comienza en el empleo. Y el atraso en la atención médica es un tema común.

“Debemos dejar de decirle a las personas que se quejan de sentirse a punto de desmayarse que vayan a sentarse en el auto o que tomen un descanso”, dijo McCauley. “Los descansos son necesarios para prevenir el problema, pero una vez que alguien tiene síntomas, necesita ayuda rápida”.

Las normas propuestas requieren que los empleadores permitan a los nuevos trabajadores tiempo para aclimatarse a las altas temperaturas e implementen protocolos, como un sistema para ayudarse entre compañeros, para que los trabajadores reciban atención médica rápidamente tan pronto como muestren signos de enfermedad por calor, como mareos, confusión y calambres.

Para cuando un equipo médico de emergencia llegó a ayudar a un trabajador en julio de 2021, había dejado de respirar, según del Departamento de Trabajo. Un supervisor en la empresa de restauración ecológica EarthBalance lo había visto más temprano ese día, y estaba “sudando mucho, sus manos temblaban y parecía confundido”. Descansó. “Solo 30 minutos después, el supervisor regresó y lo encontró inconsciente”.

Esa noche, Gilberto Macario-Giménez murió en el hospital, dijo un informe del caso del médico forense. Señaló que “el fallecido se había sobrecalentado” y atribuyó su muerte a una enfermedad cardíaca e hipertensión. El calor puede agravar esas condiciones.

OSHA investigó la situación. Multó a EarthBalance con , encontrando que “el empleador no garantizó que una persona adecuadamente capacitada para brindar primeros auxilios a los empleados estuviera trabajando en un área donde no había enfermería”.

EarthBalance no respondió a las solicitudes de comentarios.

OSHA ha recibido al menos 12.980 comentarios sobre sus propuestas publicadas en el registro federal. Una mujer escribió que murió mientras despejaba arbustos en un rancho en Texas cuando las temperaturas superaron los 100° Fahrenheit (37° C): “Tenía solo 34 años. No había agua ni descansos”.

Después que termine el período de comentarios en diciembre, OSHA realizará una audiencia pública, incluirá cambios y finalizará la regla. Si Harris es presidenta, dijo Barab, la agencia podría finalizar el proceso para 2026.

Para que la norma funcione, el Congreso a OSHA, para que pueda contratar personal que enseñe a los empleadores cómo implementar los estándares, y suficientes investigadores para hacer cumplir las normas.

Varios grupos de la industria se han opuesto al estándar. Un único conjunto de normas no es justo cuando los climas y trabajos varían ampliamente, además de la capacidad de los trabajadores para tolerar el calor, escribió la Associated General Contractors of America en .

Algunos legisladores republicanos han llamado a la norma una extra limitación del gobierno. Rick Roth, representante republicano del estado de Florida, que los trabajadores están presionando por descansos pagados porque “no quieren trabajar tan duro”. Si no se sienten seguros, podrían cambiar de trabajo. “Vayan a trabajar para otra persona”, dijo.

Los críticos también dicen que las regulaciones costarán a los empleadores. Pero un análisis de UCLA de los reclamos de compensaciones de trabajadores en California sugiere que un estándar nacional sobre el calor ahorraría dinero en general. El estudio estimó el costo de las lesiones relacionadas con el calor entre $750 millones y $1,25 mil millones anuales solo en California, incluidos gastos médicos, pérdida de salarios y reclamos por discapacidad.

Dado que seis estados tienen conjuntos de reglas variables para reducir las enfermedades relacionadas con el calor —California, Colorado, Maryland, Minnesota, Oregon y Washington—, los investigadores y representantes sindicales han podido ver dónde necesitan fortalecerse las políticas.

Un problema con la aplicación es que OSHA depende en gran medida de que los empleados reporten riesgos. encontró que solo el 14% de casi 600 trabajadores agrícolas encuestados en California sabían sobre el período de aclimatación y cuánta agua necesitaban cuando las temperaturas eran altas.

Aunque Florida no tiene regulaciones específicas sobre el calor, Dominique O’Connor, de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida, dijo que el mayor obstáculo para garantizar la seguridad ocupacional es que los trabajadores tienen miedo de que los despidan por presentar una queja ante OSHA.

Esto es especialmente cierto para los trabajadores agrícolas con visas H-2A, que permiten a los no ciudadanos cubrir trabajos temporales. Debido a que estos trabajadores dependen de sus empleadores no solo para permanecer en el país, sino a menudo también para transporte y vivienda, las represalias de los empleadores serían un cambio de vida. “Este verano hablamos con trabajadores H-2A a quienes solo se les daba agua sucia en el trabajo”, dijo. “Les dijeron que pretendieran que era café”.

Si llega a emitirse, es probable que los líderes de varios estados controlados por republicanos se opongan al estándar federal. En abril pasado, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, aprobó una legislación que bloquea a los gobiernos locales de exigir a los empleadores que ofrezcan agua y sombra a los trabajadores cuando las temperaturas aumentan.

Y la decisión de la Corte Suprema de anular la “doctrina Chevron” este año puede alentar a los empleadores a desafiar la capacidad de OSHA para hacer cumplir las normas.

Durante décadas, la doctrina Chevron había requerido que los tribunales se delegaran a la experiencia de las agencias reguladoras al interpretar regulaciones, pero el fallo de la Corte Suprema terminó con eso. “Estamos en territorio desconocido”, dijo Barab.

Jeremy Young, productor senior de Fault Lines en Al Jazeera English, colaboró con este informe.

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Eso fue lo que sucedió recientemente cuando una colega visitó Washington Radiology, una red de centros de diagnóstico que tiene más de una docena de establecimientos en Washington, DC, Maryland y Virginia.

Le dijeron que, por $119, la clínica utilizaría un software de inteligencia artificial para analizar su mamografía en busca de calcificaciones en las arterias de sus senos, lo que podría indicar el riesgo de tener una enfermedad cardiovascular.

Confundida sobre lo que exactamente le estaban ofreciendo, mi colega dijo que no. Pero se preguntó si esa decisión había sido un error y si las investigaciones respaldaban este examen adicional.

Washington Radiology es uno de varios centros que ofrecen este tipo de pruebas en todo el país. Aunque las radiografías de mama generalmente se utilizan para detectar y diagnosticar cáncer, las imágenes también indican si las arterias de los senos tienen calcificaciones, que en la imagen aparecen como líneas blancas paralelas.

Las calcificaciones, que se consideran hallazgos “incidentales” no relacionados con el cáncer de mama, pueden estar asociadas con el riesgo de enfermedad cardíaca de una persona.

Estas calcificaciones han sido visibles en las imágenes durante décadas y algunos radiólogos las han anotado rutinariamente en sus informes. Sin embargo, no se solía dar esta información a los pacientes.

Ahora, algunas instituciones ofrecen informar los resultados a los pacientes, a veces por una tarifa.

Washington Radiology no respondió a las solicitudes de entrevista, pero en un video de su sitio web que describe la prueba “” con IA, Islamiat Ego-Osuala, una radióloga de imágenes mamarias de la clínica dijo: “Si las últimas décadas nos han enseñado algo sobre el campo de la radiología, es que el cielo es el límite. Las posibilidades son infinitas”.

Algunos expertos en imágenes cuestionan esta evaluación extra.

“Lo que estamos viendo en la mamografía es una calcificación en la arteria mamaria, pero eso no es lo mismo que la calcificación en la arteria coronaria”, dijo Greg Sorensen, director científico de RadNet, que tiene en ocho estados.

RadNet no ofrece detección de calcificación arterial mamaria y no tiene planes de hacerlo. “No parece que esté dando beneficios hoy”, dijo Sorensen.

(RadNet ofrece a los pacientes un análisis de IA de sus mamografías para mejorar la detección del cáncer de mama. Â鶹ŮÓÅ Health News informó sobre eso ).

La calcificación de las arterias coronarias es reconocida como un marcador fuerte de riesgo de enfermedad cardíaca. Pero, aunque estudios han mostrado una asociación entre la calcificación arterial mamaria (CAM) y el riesgo de enfermedad cardiovascular, aún quedan muchos interrogantes por develar.

Por un lado, la ausencia de CAM no significa necesariamente que las mujeres no estén en riesgo de enfermedad cardíaca, ataque cardíaco o accidente cerebrovascular.

En un , el 26% tenía calcificación arterial mamaria, y durante un período de estudio de seis años y medio, esto se asoció con un aumento del 23% en el riesgo de enfermedad cardíaca de cualquier tipo y un aumento del 51% en el riesgo de ataque cardíaco o accidente cerebrovascular. Sin embargo, la mayoría de los eventos cardiovasculares ocurrieron en mujeres que no tenían calcificación arterial mamaria.

“No me sentiría tranquila diciéndole a la gente que tiene un mayor o menor riesgo de enfermedad cardíaca solo por la calcificación en las arterias de sus senos”, dijo en Northwestern Medicine, en Chicago.

Khan es sobre estos estudios en una revista médica. “Creo que es un área interesante, pero debemos avanzar con cautela”.

Es comprensible que los médicos especialistas en salud femenina estén interesados en aceptar la idea de utilizar la mamografía, que millones de mujeres se realizan cada año, para también evaluar el riesgo de enfermedad cardíaca.

La enfermedad cardíaca es la principal causa de muerte en los Estados Unidos. Fue responsable de más de 300,000 —o aproximadamente 1 de cada 5— muertes de mujeres en 2021.

Muchas mujeres no reconocen su riesgo de enfermedad cardíaca ni los muchos factores que lo aumentan, como la hipertensión, la diabetes, el colesterol alto, fumar, beber demasiado alcohol y tener sobrepeso.

Las pueden ayudar a evaluar el riesgo de enfermedad cardiovascular personal. Para aquellos cuyo riesgo a 10 años sea del 7.5% o más, los médicos pueden recomendar y/o recetar una estatina para reducir el colesterol en sangre.

Laura Heacock, radióloga especialista en imágenes mamarias en NYU Langone Health, en la ciudad de Nueva York, señaló que las pacientes ya pueden obtener gran parte de la información que resulta del cálculo de la CAM a través de sus médicos y el uso de esas calculadoras de riesgo.

La clave es que esta detección ofrece otra oportunidad para hablar sobre el riesgo de enfermedad cardíaca.

Un que el 57% de las mujeres a las que se les informó que tenían calcificación arterial mamaria luego de una mamografía dijeron haber discutido los resultados con su médico de atención primaria o con un cardiólogo.

Heacock mencionó que le gustaría ver más estudios que demuestren que reportar las CAM lleva a cambios en la atención de los pacientes y a una reducción en los ataques cardíacos y los accidentes cerebrovasculares.

A cada mujer que visita el Lynn Women’s Health and Wellness Institute en Boca Ratón, Florida, para hacerse una mamografía se la evalúa también en busca de calcificación arterial mamaria.

Es un servicio estándar desde 2020, dijo Heather Johnson, cardióloga especializada en prevención del instituto. Si se encuentra calcificación, la mujer es remitida a un cardiólogo u otro profesional de salud en el mismo centro para analizar los hallazgos y proporcionarle más información sobre el riesgo de enfermedad cardíaca.

Sin embargo, Johnson reconoció que se necesitan más estudios para comprender mejor la conexión entre la calcificación en las arterias mamarias y las enfermedades cardíacas. Aun así, comentó que esta prueba “permite una vía de comunicación”.

A las pacientes del instituto de Boca Ratón no se les cobra por la evaluación.

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La joven de 20 años y su familia estaban a solo cuatro cuadras de Union Station, en medio de una multitud de fanáticos de los Chiefs que, con camisetas rojas, caminaban hacia la multitudinaria concentración después del desfile en ese cálido Día de San Valentín.

La bala, disparada por unos adolescentes que se peleaban en la calle, lanzó el cuerpo de Cabrera hacia adelante.

Ella tomó a su madre por el hombro y, en pánico, sin decirle una sola palabra, con sus grandes ojos marrones le señaló la pierna que sangraba. Cuando Cabrera estaba siendo atendida en una ambulancia escuchó los informes que resonaban en la radio de la policía.

“Mi madre intentaba subir conmigo a la ambulancia”, contó Cabrera. “Recuerdo que se lo impidieron, le dijeron algo así como: ‘No puedes subir. Puede que haya otras víctimas que tengamos que recoger’”.

El tiroteo que hirió a Cabrera ocurrió minutos antes del que acaparó los grandes titulares ese día y forma parte de los cientos de disparos de armas de fuego que, cada año, hieren o matan a residentes del área de Kansas City.

Esa incesante oleada de violencia con armas de fuego —desde incidentes puntuales hasta tiroteos masivos— ha terminado aniquilando la sensación de seguridad de quienes sobreviven.

Mientras las víctimas y sus familias intentan superar la experiencia y seguir adelante, las referencias a los hechos de violencia armada son inevitables en los medios de comunicación, en sus comunidades y en su propia vida cotidiana.

“Miro a la gente de otra manera”, afirma James Lemons, que también recibió un disparo en el muslo durante el desfile. Ahora, cuando está rodeado de desconocidos, no puede evitar preguntarse si alguno tendrá un arma y si sus hijos están a salvo.

La nueva temporada de la NFL se inauguró aquí con un por Lisa López-Galván, la única persona asesinada en el desfile del Super Bowl.

Kansas City ha registrado al menos este año. La policía local afirma que ha habido otras 476 “víctimas heridas con armas de fuego”, es decir, personas que recibieron disparos y sobrevivieron. Y hasta mediados de septiembre habían ocurrido por lo menos de todo el país.

Toda esta situación está dejando huellas colectivas.

Quienes han sobrevivido a situaciones de este tipo sufren ataques de pánico, tienen una mayor sensación de peligro en grandes aglomeraciones y padecen una profunda ansiedad ante la posibilidad de que irrumpa la violencia en cualquier lugar de Kansas City.

Cada sobreviviente de un tiroteo responde de manera diferente a la violencia armada e incluso a la amenaza de que surja, explicó LJ Punch, cirujano traumatólogo y el fundador de la Bullet Related Injury Clinic en St. Louis.

Para algunos, haber sido baleados significa que siempre se mantendrán alerta, tal vez incluso armados. Otros prefieren alejarse de las armas de fuego para siempre.

“¿Pero qué es lo que todos tienen en común? Que esas personas quieren desesperadamente sentirse seguras”, afirma Punch.

El intento de Cabrera por entender lo que le sucedió la impulsó a colaborar con un legislador local frustrado que busca cambiar las leyes sobre armas, algo que parece casi imposible, ya que la legislación del estado de Missouri de fuego.

Enterarse de otros tiroteos por teléfono

En la mente de Cabrera,el 14 de febrero es una película en cámara lenta, que avanza fotograma por fotograma. Y la banda sonora es su propia voz, que habla y habla. Ve a un grupo de adolescentes revoltosos, que corren alrededor de ella y de su familia. Luego, dos estallidos: ¿son fuegos artificiales? Otro estallido. Finalmente, un cuarto.

“Creo que fue entonces cuando entré en shock y agarré a mi madre”, recordó Cabrera. “No le dije nada. Simplemente la miré y sentí  los ojos muy abiertos. Recuerdo que le hice una especie de señal con los ojos para que me mirara la pierna”.

Cabrera cayó al suelo y otros aficionados corrieron a socorrerla, llamaron al 911 y empezaron a cortarle las calzas. Cuatro hombres se quitaron el cinturón para hacerle un torniquete. Recordó que en ese momento pensó que, si perdía el conocimiento, podría morir. Así que habló y habló sin parar. O eso creía.

Uno de los rescatistas le contó más tarde que en realidad ella no dijo ni una sola palabra, ni siquiera cuando él le preguntó cuántos dedos tenía levantados.

“Me dijo que yo tenía los ojos enormes, como naranjas, y que todo lo que hice fue mirar hacia arriba y hacia abajo cuatro veces, porque él tenía cuatro dedos levantados”, dijo Cabrera.

Cabrera recuerda que después la sacaron del servicio de urgencias de University Health para hacerles sitio a que habían llegado desde el tiroteo que había ocurrido en la manifestación. Ocho de esas personas tenían heridas de bala. En ese momento miró las redes sociales en su teléfono: ¿había otro tiroteo? Era increíble. Finalmente, sus padres la encontraron. Pasó siete días en el hospital.

Cabrera agradece estar viva. Pero ahora se siente inquieta cuando se cruza con grupos de adolescentes insultando y jugando, o cuando ve camisetas rojas de los Chiefs. Oír cuatro estallidos seguidos —algo habitual en su barrio del noreste de Kansas City— hace que a Cabrera se le oprima el pecho y sepa que está por tener un ataque de pánico.

“En mi mente, lo sucedido se repite una y otra vez”, dijo.

¿Una creciente sensación de amenaza?

Aunque el cirujano general de EE.UU. declaró en junio que la violencia con armas de fuego es una crisis de salud pública, en Missouri casi cualquier intento de regular el uso de armas es un fracaso político.

De hecho, hubo una ley estatal de 2021  â€”firmada en donde se compró una de las armas utilizadas en el tiroteo del desfile— que tenía como objetivo prohibir que la policía local aplicara las leyes federales sobre armas de fuego.

Esa ley por un tribunal federal de apelaciones en agosto.

Missouri no tiene restricciones respecto de la edad para el uso y la posesión de armas, aunque la ley federal prohíbe en gran medida que los menores lleven pistolas.

Las encuestas realizadas entre los votantes de Missouri a que se exijan certificados de antecedentes y se establezcan límites de edad para la compra de armas, pero también revelan que casi la mitad de los encuestados de que los condados y las ciudades tengan facultades para aprobar sus propias normas sobre armas.

En una comparación por cantidad de habitantes, Kansas City, Missouri, se encuentra entre los lugares más violentos de la nación. En esta ciudad de 510.000 habitantes, entre 2014 y 2023 se produjeron al menos , que dejaron 1.275 muertos y 1.624 heridos.

Mientras que el año pasado las en más de un centenar de ciudades de todo el país, Kansas City vivió jamás registrado.

Punch, del Bullet Related Injury Clinic, comparó la violencia con armas de fuego con un brote de una enfermedad que no se enfrenta y se propaga. Según Punch, la postura permisiva del estado hacia las armas de fuego podría agravar la situación en Kansas City, aunque no haya sido el origen del problema.

“Entonces, ¿está pasando algo? ¿La gente se siente cada vez más amenazada?”, se preguntó Punch.

Jason Barton, que creció en Kansas City, está familiarizado con ese tipo de violencia. Ahora, que vive en Osawatomie, Kansas, consideró detenidamente si debía llevar su propia pistola al desfile del Super Bowl como una forma de proteger a su familia.

Al final decidió no hacerlo, suponiendo que si ocurría algo y sacaba un arma, lo detendrían o le dispararían.

Barton reaccionó rápidamente ante el tiroteo, que se produjo justo delante de él y de su familia. Su mujer encontró una bala en su mochila. Su hijastra sufrió quemaduras en las piernas por las chispas de un rebote de bala.

A pesar de que sus peores temores se hicieron realidad, Barton opina que no llevar su arma ese día fue la decisión correcta.

“No es necesario llevar armas a lugares como ése”, afirmó.

Una peligrosa escopeta calibre 12

Los tiroteos masivos pueden deteriorar gravemente la sensación de seguridad de los sobrevivientes, según Heather Martin, ella misma sobreviviente del tiroteo en la secundaria Columbine en 1999.

Martin es cofundadora de , una organización que brinda apoyo entre pares a quienes han sobrevivido a experiencias traumáticas masivas.

“En los años posteriores al evento es muy común que se intente encontrar la manera de volver a sentirse seguro”, explicó Martin.

James Lemons siempre había sentido recelo de volver a Kansas City, donde había crecido. Incluso llevó su pistola al desfile, pero, a instancias de su esposa, la dejó en el auto. Tenía a su hija de 5 años sobre los hombros cuando una bala le atravesó la parte posterior del muslo. Él impidió que se golpeara contra el suelo cuando caía.

¿Qué iba a hacer realmente con una pistola?

Y, sin embargo, no puede evitar preguntarse “qué hubiera pasado si…”. No puede quitarse de encima la sensación de que no protegió a su familia. Cuando sueña con el desfile, al despertarse, cuenta: “simplemente empiezo a llorar”.

Sabe que aún no lo ha procesado, pero no sabe cómo empezar a hacerlo. Ha puesto toda su energía en la seguridad de su familia.

Este verano compraron dos bulldogs americanos, por lo que ahora hay tres en casa, uno para cada niño. Lemons los describe como “tener un arma sin tener un arma”.

“Tengo un calibre 12 con dientes”, bromea Lemons, “un protector grande y suave”.

La mayoría de las noches sólo logra dormir unas horas de corrido porque se despierta para ver cómo están los niños. Por lo general, suele echarse en el sofá porque es más cómodo para su pierna, que aún se está curando. También porque lo ayuda a evitar las nerviosas patadas de su hija de 5 años, que se acuesta con sus padres desde el desfile.

Estar en el sofá también le asegura que sería él quien interceptara a cualquier intruso que irrumpiera en la casa.

Emily Tavis, que recibió un disparo en la pierna, encontró consuelo en su iglesia y en el terapeuta de una congregación hermana.

Pero el domingo por la mañana después del tiroteo en el mitín de Donald Trump, en julio, el sermón del predicador giró en torno a la violencia armada, y eso desató el pánico en su interior.

“Me sentí tan abrumada que me fui al baño”, dijo Tavis, “y me quedé allí durante el resto del sermón”. Ahora, incluso duda de  ir a la iglesia.

Tavis se ha mudado recientemente a una nueva casa en Leavenworth, Kansas, que le alquiló a una amiga.

El marido de la amiga le advirtió que si Tavis iba a estar sola necesitaba un arma para protegerse. Ella le contestó que no podía lidiar con armas de fuego en ese momento.

“Y él le dijo: ‘OK, bueno, toma esto’. Y sacó un machete gigante”, recuerda Tavis riendo.

“Así que ahora tengo un machete”.

En busca de algo bueno

Cabrera, la joven que no podía hablar después de que la hirieron, intenta ahora utilizar su voz en la lucha contra la violencia armada.

Manny Abarca, legislador del condado de Jackson, Missouri, vive calle abajo. Una tarde fue a visitarla. Los padres de Cabrera tomaron la palabra; ella es tímida por naturaleza. Pero entonces él se volvió hacia ella y le preguntó directamente a Cabrera qué quería.

“Sólo quiero algo de justicia para mi caso”, dijo, “o que pase algo bueno”.

Antes del desfile, a la joven le habían ofrecido un puesto en la fábrica donde trabajaba su hermana, pero no pudo tomarlo porque su pierna aún estaba curándose. Así que Abarca le ofreció una pasantía y la ayudó a establecer una Oficina de Prevención de la Violencia Armada en el condado de Jackson, un plan que presentó en julio en respuesta a los tiroteos del desfile.

Abarca participó en el desfile de la victoria de los Chiefs con su hija Camila, de 5 años. Estaban en Union Station cuando se produjeron los disparos, y se acurrucaron en un baño de la planta baja.

“Solo dije: ‘Oye, ya sabes, solo mantén la calma. Solo estate quieta. Vamos a averiguar qué está pasando. Algo ha sucedido,’”, contó Abarca. “Y ella me contestó: ‘Esto es un simulacro.’ Y, oye, eso me desgarró el corazón por dentro, porque pensé que hacía alusión a su entrenamiento en la escuela”.

Finalmente salieron temblando pero a salvo, sólo para enterarse de que López-Galván había muerto. Abarca conocía a la popular DJ tejana, una madre de 43 años, a través de la unida comunidad hispana de la zona.

Abarca ha aprovechado la conmoción de este tiempo tenso tras los tiroteos del desfile del Super Bowl para trabajar en medidas contra la violencia, a pesar de que conoce las severas limitaciones que impone la ley estatal.

En junio, la asamblea legislativa del condado de Jackson aprobó una norma que da fuerza local a una ley federal contra la violencia doméstica que permite a los jueces retirar las armas de fuego a los delincuentes.

Pero Abarca no ha podido conseguir que se apruebe la creación de una oficina para la violencia armada, y los funcionarios del condado han rechazado considerar otra medida que establecería límites de edad para comprar o poseer armas, temiendo una demanda del fiscal general del estado, que es bastante agresivo.

Sin embargo, contrató a Cabrera, explicó, porque es bilingüe y quiere su ayuda como sobreviviente.

En cierto sentido, este trabajo hace que Cabrera se sienta más fuerte en su lucha por salir adelante tras el tiroteo. Aún así, la percepción de seguridad de su familia se ha hecho añicos, y nadie tiene pensado ir a los partidos o a un potencial desfile por ganar el Super Bowl en el futuro.

“Nunca esperamos que fuera a ocurrir algo así”, afirma. “Y por eso creo que ahora vamos a ser más precavidos y quizá nos limitemos a ver el desfile por la tele”.

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Las protecciones que tuvo el programa durante la pandemia, que impedían que se expulsaran beneficiarios, expiraron la primavera pasada.

La primera encuesta nacional sobre estas desafiliaciones de Medicaid halló que casi la mitad de las personas que perdieron la cobertura volvieron a inscribirse semanas o meses después, lo que sugiere que, en primer lugar, nunca debieron ser expulsadas.

Mientras que el 23% informó no tener seguro, un 28% adicional encontró otra cobertura: a través de un empleador, Medicare, el mercado de seguros de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) o en programas para miembros de las Fuerzas Armadas, informó la encuesta de Â鶹ŮÓÅ.

“El 23% es una cifra sorprendente, especialmente si se piensa en la cantidad de personas que perdieron la cobertura de Medicaid”, dijo Chima Ndumele, profesora asociada de políticas de salud en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Yale.

Quedarse sin seguro, incluso por un período corto de tiempo, puede llevar a las personas a retrasar la búsqueda de atención médica, y exponerlas a riesgos financieros.

Siete de cada 10 adultos desafiliados dijeron que se quedaron sin seguro al menos temporalmente cuando perdieron su cobertura de Medicaid.

Adrienne Hamar, de 49 años, de Plymouth Meeting, Pennsylvania, dijo que tuvo dificultades para inscribirse en un plan de ACA este invierno después que el estado le informara que ella y sus dos hijos ya no calificaban para Medicaid. Estaban inscritos desde 2020. Dijo que las líneas telefónicas estaban siempre ocupadas en el mercado estatal y que no podía completar el proceso en línea.

Hamar, que trabaja como asistente de salud a domicilio, y sus hijos, estuvieron sin seguro durante marzo. Pero desde el 1 de abril, están inscritos en un plan del mercado que, con la ayuda de subsidios gubernamentales, cuesta $50 al mes para la familia.

“Me sentí muy aliviada”, dijo. Hamar dijo que, por esta situación, su hija de 23 años demoró en hacerse un chequeo dental.

Las luchas de Hamar eran comunes, según la encuesta.

De los adultos inscritos en Medicaid antes de la cancelación, alrededor del 35% que intentó renovar su cobertura describió el proceso como difícil, y cerca del 48% dijo que era al menos algo estresante.

Alrededor del 56% de las personas dadas de baja dicen que omitieron o retrasaron atención médica o buscar una receta mientras intentaban renovar su cobertura de Medicaid.

“Es probable que el estatus actual del seguro de las personas esté cambiando, y esperaríamos que al menos algunas de las que dicen que actualmente no tienen seguro se vuelvan a inscribir en Medicaid (muchos dijeron que todavía lo están intentando) o se inscriban en otra cobertura en poco tiempo”, dijo Jennifer Tolbert, coautora del informe de Â鶹ŮÓÅ y directora del Programa Estatal de Datos y Reforma de Salud de la fundación.

La encuesta no incluyó a niños, y los investigadores de Â鶹ŮÓÅ dijeron que, por lo tanto, sus hallazgos no podían extrapolarse para determinar cómo la reducción de Medicaid ha afectado la tasa general de personas sin seguro en el país, que alcanzó un mínimo histórico del . Casi la mitad de los afiliados a Medicaid y al Programa de Seguro Médico Infantil (CHIP) son niños.

El proceso de desafiliación, durante el cual los estados están reevaluando la elegibilidad para Medicaid entre millones de estadounidenses que se inscribieron antes o durante la pandemia —y eliminando a aquellos que ya no califican o no completaron el proceso de renovación— no se completará hasta finales de este año.

La inscripción en Medicaid y CHIP creció a un récord de casi 94,5 millones en abril del año pasado, tres años después que el gobierno federal prohibiera a los estados eliminar a las personas de sus listas durante la emergencia de salud pública de covid-19.

A nivel nacional, los estados cancelaron la inscripción e Medicaid de alrededor de 20 millones de personas el año pasado, la mayoría por razones de procedimiento, como no presentar la documentación requerida. Se espera que ese número aumente, ya que los estados tienen algunos meses más para redeterminar la elegibilidad de los inscritos.

Entre los adultos que tenían Medicaid antes del inicio de las desafiliaciones, el 83% retuvo su cobertura o se volvió a inscribir, mientras que el 8% encontró otro seguro y el 8% no tenía seguro.

La proporción que quedó sin seguro fue mayor en los estados que no han ampliado Medicaid bajo ACA (17%) comparado con los estados que sí lo han hecho (6%). Cuarenta estados han ampliado Medicaid para cubrir a todas las personas con ingresos inferiores al 138% de la tasa federal de pobreza, o $31,200 para una familia de cuatro en 2024.

La encuesta de Â鶹ŮÓÅ encontró que casi uno de cada 3 adultos a los que se les canceló el seguro descubrió que ya no tenían Medicaid recién cuando buscaron atención médica, como ir a un médico o a una farmacia.

Indira Navas, de Miami, descubrió que a su hijo Andrés, de 6 años, se le había dado de baja del programa de Medicaid de Florida cuando lo llevó a una cita con el médico en marzo. Había programado esa cita con meses de anticipación y está frustrada porque el niño sigue sin seguro y se interrumpió su terapia para la ansiedad y la hiperactividad.

Navas dijo que el estado no pudo explicar por qué su hija Camila, de 12, seguía cubierta por Medicaid a pesar de que los dos niños viven en el mismo hogar que sus padres.

“No tiene sentido que cubran a uno de mis hijos y al otro no”, dijo.

Kate McEvoy, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Directores de Medicaid, dijo que el gran volumen, de millones de personas, a las que se está analizando para determinar su elegibilidad ha abrumado a algunos centros de llamadas estatales que intentan apoyar a los afiliados.

Dijo que los estados han probado muchas formas de comunicarse con los inscritos, incluso a través de campañas de divulgación pública, mensajes de texto, correo electrónico y aplicaciones. “Hasta el momento en que su cobertura está en juego, es difícil penetrar en las vidas ocupadas de las personas”, dijo.

La encuesta de Â鶹ŮÓÅ, de 1,227 adultos que tenían cobertura de Medicaid a principios de 2023 antes del inicio del proceso de desafiliación, el 1 de abril de 2023, se realizó entre el 15 de febrero y el 11 de marzo de 2024. El margen de error de muestreo fue de más o menos 4 puntos porcentuales.

El corresponsal de Â鶹ŮÓÅ Health News, Daniel Chang, colaboró con este artículo.

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Brambila, una organizadora comunitaria que emigró de México hace un cuarto de siglo, solo tenía sinusitis, pero sus hijos nunca la habían visto tan enferma. “Estuve en cama durante cuatro días”, dijo.

Sin seguro de salud, Brambila había estado evitando buscar atención médica, esperando que el ajo y la canela surtieran efecto. Pero cuando sintió que ya no podía respirar, fue a la sala de emergencias. La factura de $365 —suficiente para cubrir una semana de alimentos para su familia— era más de lo que podía pagar, y terminó endeudada.

La deuda también afectó otra decisión que había estado considerando: si ir a México para tener una cirugía para que le extrajeran un crecimiento en su abdomen que, dijo, es tan grande como una papaya.

Brambila vive en un vecindario del suroeste de Denver llamado Westwood, una comunidad mayoritariamente hispana y de bajos ingresos donde muchos residentes son inmigrantes. Westwood también está en un código postal, 80219, con algunos de los niveles más altos de deuda médica en Colorado.

Allí, más de uno de cada 5 adultos han tenido históricamente facturas médicas impagas en sus informes de crédito, una tasa más parecida a la de West Virginia que a la del resto de Colorado, según datos de crédito de 2022 analizados por el Urban Institute, una organización sin fines de lucro.

Las luchas del área reflejan una paradoja sobre Colorado. En general, la carga de deuda médica del estado es más baja que la de la mayoría. Pero las disparidades raciales y étnicas son más amplias.

La brecha entre la carga de deuda en los códigos postales donde los residentes son principalmente hispanos y/o no blancos y los códigos postales que son principalmente blancos no hispanos es el doble de lo que es a nivel nacional. (Los hispanos pueden ser de cualquier raza o combinación de razas).

La deuda médica en Colorado también se concentra en códigos postales con porcentajes relativamente altos de inmigrantes, muchos de ellos .

El encontró que el 19% de los adultos en estos lugares tenían deuda médica en sus informes de crédito, en comparación con el 11% en comunidades con menos inmigrantes.

A nivel nacional, aproximadamente 100 millones de personas tienen alguna forma de deuda de atención médica, según una investigación de Â鶹ŮÓÅ Health News y NPR. Esto incluye no solo facturas impagas que terminan en agencias de cobros, sino también aquellas que se están pagando a través de planes de pago, tarjetas de crédito u otros tipos de préstamos.

Los datos revelan que las brechas raciales y étnicas en la deuda médica existen casi en todas partes. Pero la división de Colorado —en línea con la de Carolina del Sur, según los datos del Urban Institute— existe aunque el estado tiene algunas de las protecciones más amplias del país contra estas deudas.

Esta brecha amenaza con profundizar desigualdades de larga data, dicen defensores de pacientes y consumidores. Y resalta la necesidad de más acción para abordar la deuda médica.

“Exacerba las brechas raciales de riqueza”, dijo , abogada principal del National Consumer Law Center, una organización sin fines de lucro que fue co-autora de .

Haynes dijo que demasiados residentes de Colorado, especialmente residentes de minorías, siguen atrapados en un círculo vicioso en el que evitan la atención médica para evitar las facturas, lo que resulta en más deuda y peor salud.

Brambila dijo que ha visto este ciclo con demasiada frecuencia en Westwood, en su trabajo como organizadora comunitaria. “Realmente me encantaría ayudar a la gente a pagar sus facturas médicas”, agregó.

¿Salud o deuda?

Roxana Burciaga, que creció en Westwood y trabaja en Mi Casa Resource Center, en el vecindario, dijo que al menos una vez a la semana escucha preguntas sobre cómo pagar la atención médica.

La deuda médica es un “gran, gran, gran tema en nuestra comunidad”, dijo.

La gente no entiende lo que cubre realmente su seguro o no puede conseguir citas para atención preventiva que se ajusten a sus horarios de trabajo, explicó.

Muchos, como Brambila, ignoran la atención preventiva para evitar las facturas y terminan en salas de emergencias.

Los médicos y enfermeras también dicen que observan estas tensiones.

, médica de familia en el Denver Health’s Westwood Family Health Center, parte del sistema de salud público de la ciudad, dijo que las finanzas a menudo surgen en conversaciones con pacientes. Muchos intentan obtener citas de telesalud para evitar el costo de ir en persona.

Sumándose a la presión están , el proceso por el cual los estados vuelven a examinar la elegibilidad (proceso que se había suspendido durante la pandemia) para la cobertura de salud para personas de bajos ingresos, dijo Koch-Laking.

“Dicen, ‘Oh, estoy perdiendo mi Medicaid en tres semanas, ¿puedes ocuparte de estas siete cosas sin una visita?’ o ‘¿Podemos hacerlo por el portal?, porque no puedo pagar una cita”.

Buscando la solución correcta

Colorado ha tomado medidas para proteger a los pacientes de la deuda médica, incluida la expansión de la cobertura de Medicaid a través de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) promulgada en 2010.

Más recientemente, líderes estatales exigieron a los hospitales ampliar la asistencia financiera para pacientes de bajos ingresos y prohibieron que todo tipo de deudas médicas se reflejaran en los informes de crédito de los consumidores.

Pero las complejidades de muchos programas de asistencia siguen siendo una barrera importante para los inmigrantes y otras personas con conocimiento limitado de inglés, dijo Julissa Soto, con sede en Denver enfocada en los latinos de Colorado.

Por ejemplo, muchos pacientes no saben que pueden recibir ayuda para sus facturas médicas o de .

“El sistema de atención médica es un rompecabezas. Mejor aprende a jugar con el rompecabezas”, dijo Soto, contando que ella misma vivió la experiencia de tener cuentas médicas enviadas a agencias de cobros cuando emigró por primera vez a Estados Unidos desde México.

“Muchos hospitales también tienen financiamiento para ayudarte con tu deuda. Solo tienes que llegar a la persona adecuada, porque parece que nadie quiere informarnos que esos programas existen”, dijo. Y agregó que simplificar las facturas ayudaría mucho a muchos pacientes. Varios estados, incluidos , han intentado facilitar que las personas accedan a la ayuda financiera del hospital al requerir que los hospitales analicen proactivamente a los pacientes.

Defensores de pacientes y consumidores dicen que Colorado también podría restringir aún más el agresivo cobro de deudas, como las demandas, que en el estado.

Nueva York, por ejemplo, prohibió el embargo de salarios después de descubrir que la práctica afectaba desproporcionadamente a las comunidades de bajos ingresos. En ese estado, la investigación también mostró que la carga de la deuda médica estaba afectando a las comunidades minoritarias en comparación con las comunidades blancas no hispanas.

Elisabeth Benjamin, abogada de la Community Service Society de Nueva York, dijo que los hospitales estaban embargando los salarios de personas que trabajaban en Walmart y Taco Bell.

Maryland promulgó límites a las demandas por cobros de deudas después que defensores descubrieran que los pacientes que vivían en vecindarios predominantemente minoritarios estaban siendo víctimas de estas prácticas de manera desproporcionada.

Incluso en condados ricos, “los bolsillos que se están persiguiendo están en vecindarios mayoritariamente latinos”, dijo Marceline White, directora ejecutiva del grupo de defensa Economic Action Maryland. El grupo de White ayudó a que exige a los hospitales reembolsar a los pacientes de bajos ingresos y evitar el escenario que estaba viendo, en el cual los hospitales estaban “demandando a pacientes que deberían haber recibido atención gratuita”.

Cobrando un alto precio

En Colorado, los legisladores están considerando una medida para a la ayuda financiera: una modificación al programa estatal Hospital Discounted Care, que haría que los hospitales fueran .

Mientras tanto, algunos defensores de los consumidores dicen que las protecciones existentes no están funcionando lo suficientemente bien.

Los muestran que los pacientes que recibían asistencia financiera eran principalmente blancos no hispanos. Y, aunque no está claro por qué, el 42% de los pacientes que podrían haber sido elegibles no fueron evaluados por los hospitales para recibir esa asistencia.

“Lo que está claro es que muchas personas no lo están logrando”, dijo Bethany Pray, directora adjunta del Colorado Center on Law and Policy, un grupo de ayuda legal con sede en Denver que impulsó la legislación de atención con descuento.

Entre las comunidades de inmigrantes del estado, la deuda médica —y el miedo a la deuda— continúan cobrándose un alto precio.

“Lo que hemos escuchado de nuestros constituyentes es que la deuda médica a veces es la diferencia entre que tengan vivienda y que estén sin hogar”, dijo Shontel Lewis, miembro del Concejo Municipal de Denver. Su distrito incluye el código postal 80216, otro lugar al norte del centro de la ciudad que está agobiado por una deuda médica generalizada.

Paola Becerra es una inmigrante que vive en Estados Unidos sin papeles y estaba embarazada cuando la trasladaron hace unos meses.

Dijo que se ha saltado las visitas de atención prenatal porque no podía pagar los copagos de $50. Tiene cobertura de salud de emergencia a través de Medicaid, que , y ya acumuló alrededor de $1,600 en facturas.

“No sabía que iba a llegar embarazada”, dijo Becerra, quien pensó que ya no podía concebir cuando salió de Colombia. “Tienes que renunciar a tu salud. O pago el alquiler o pago el hospital”.

Para Rocío Leal, organizadora comunitaria en Boulder, la deuda médica se ha convertido en una característica definitoria de su vida.

A pesar del seguro de salud que tenía a través de su trabajo, Leal terminó con préstamos al día de alto interés para pagar por nacimientos saludables, embargo de salarios, citas prenatales que se perdió para ahorrar dinero y un puntaje de crédito “arruinado”, que limitó sus opciones de vivienda.

Leal recordó momentos en los que pensó que serían desalojados y otros momentos en los que les cortaron la electricidad. “No es que lo estemos evitando y no queramos pagar. Es solo que a veces no tenemos la opción de pagar”, dijo.

Agregó que, ahora, los peores momentos han quedado atrás. Está en una casa que ama, donde los vecinos traen pasteles para agradecer a su hijo por quitar la nieve de sus pórticos. Sus hijos están bien. Una hija obtuvo un promedio de calificaciones perfecto por segundo semestre consecutivo. Otra está tocando el violín en la orquesta escolar. Su tercera hija asiste a un club de arte. Y su hijo fue aceptado recientemente en la universidad para estudiar ingeniería biomédica.

Están cubiertos por Medicaid, lo que ha eliminado la incertidumbre en torno a las grandes facturas médicas. Pero la deuda médica sigue persiguiendo a Leal, que tiene diabetes tipo 2.

Cuando la remitieron al Boulder Medical Center para que le revisaran los ojos después del diagnóstico de diabetes, dijo que le dijeron que había una alerta roja junto a su nombre. La última vez que había interactuado con el centro médico había sido unos 12 años atrás, cuando no pudo pagar las facturas del pediatra.

“Estaba en proceso de mudanza y luego embargaron mis salarios”, recordó. “Solo pensé, ‘¿Qué más debo?'”.

Con el corazón latiendo con fuerza, colgó el teléfono.

El corresponsal senior de Â鶹ŮÓÅ Health News, Noam N. Levey, contribuyó para este informe.

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En Missouri y Florida, beneficiarios que decidieron llamar por teléfono a las líneas directas para renovar su cobertura, reportaron haber estado en espera por más de dos horas.

El verano pasado, los padres de un hombre discapacitado en Tennessee, que había estado en Medicaid durante tres décadas, lucharon contra el estado para mantenerlo inscrito mientras agonizaba de neumonía en un hospital.

Siete meses después de lo que se predijo sería el mayor terremoto en los 58 años de historia del programa gubernamental de seguro médico para personas con bajos ingresos y con ciertas discapacidades, los estados han revisado la elegibilidad de más de 28 millones de personas y han de más de 10 millones de ellas.

Y se espera que millones más pierdan Medicaid en los próximos meses.

La caída sin precedentes en la inscripción se produce después que esta primavera terminaran las protecciones federales que habían prohibido a los estados sacar a las personas de Medicaid durante los tres años de la pandemia.

Desde marzo de 2020, la inscripción en Medicaid y el Programa de Seguro de Salud Infantil (CHIP) había aumentado en más de 22 millones hasta alcanzar la cifra récord de 94 millones de beneficiarios.

El proceso de revisión de la elegibilidad de todos los inscriptos en Medicaid no ha sido nada sencillo para muchos afiliados. Algunos están perdiendo cobertura sin entender por qué. Otros están luchando por demostrar que todavía son elegibles.

Tanto beneficiarios como defensores de pacientes dicen que los funcionarios de Medicaid enviaron formularios de renovación obligatoria a direcciones viejas, calcularon mal los niveles de ingresos e hicieron malas traducciones de los documentos.

Intentar procesar los casos de decenas de millones de personas al mismo tiempo también ha exacerbado las fragilidades de larga data en el sistema burocrático. Algunos hasta sospechan que ciertos estados han aprovechado el confuso sistema para desalentar la inscripción.

“No sólo es malo, es peor de lo que la gente puede imaginar”, dijo , directora de políticas de salud de la organización sin fines de lucro Arkansas Advocates for Children and Families. “Esta reducción no se ha tratado de determinar quién es elegible por todos los medios posibles, sino de cómo podemos expulsar a la gente por todos los medios posibles”.

Sin duda, algunos de los beneficiarios de Medicaid que se inscribieron en el programa cuando la tasa de desempleo en Estados Unidos se disparó, en medio de los aislamientos por covid-19, han obtenido desde entonces seguro médico a través de nuevos empleos, a medida que el desempleo volvió a caer a los mínimos previos a la pandemia.

Y algunos de los que se dieron de baja se están inscribiendo en planes de los mercados de seguros establecidos por la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA).

Por ejemplo, Sarah London, directora ejecutiva de Centene, dijo a los inversionistas el 24 de octubre que el gigante de la atención médica esperaba que hasta 2,4 millones de sus 15 millones de miembros de atención administrada de Medicaid perderían la cobertura debido a cancelaciones, pero más de 1 millón habían adquirido sus planes del mercado desde octubre la misma época el año pasado.

Aún así, nadie sabe cuántos ex beneficiarios de Medicaid siguen sin seguro. Los estados no hacen un seguimiento de lo que les sucede a todos luego que son expulsados del programa. Y las cifras finales probablemente no se conocerán hasta 2025, después que el proceso finalice el próximo verano y los funcionarios federales investiguen el estatus de seguro de los estadounidenses.

Sin Medicaid, los pacientes no van a sus citas

Trish Chastain, de 35 años, de Springfield, Missouri, dijo que su cobertura de Medicaid expirará a fines de año. Aunque sus hijos todavía están cubiertos, ella ya no califica porque sus ingresos son demasiado altos: $22 la hora. El empleador de Chastain, un centro de rehabilitación, ofrece seguro médico, pero su parte de la prima sería de $260 al mes. “No puedo permitirme eso con mi presupuesto mensual”, dijo.

Dijo que no sabía que podría ser elegible para un plan de más bajo costo en los mercados de seguros de ACA. Sin embargo, eso todavía significaría nuevos costos.

Las brechas en la cobertura pueden poner en peligro el acceso de las personas a los servicios de salud o su seguridad financiera si reciben facturas médicas por atención que no pueden posponer.

“Cualquier tipo de atención que se posponga —ya sea asma, autismo o algo tan simple como un dolor de oído— puede empeorar si se espera”, dijo Pam Shaw, pediatra de Kansas City, Kansas, que preside el Comité de asuntos gubernamentales estatales de la Academia Americana de Pediatría.

Médicos y representantes de centros de salud comunitarios de todo el país dijeron que han visto un aumento en las cancelaciones y faltas entre los pacientes sin cobertura, incluidos los niños. A nivel nacional, los estados ya han dado de baja a cerca de en los 20 estados que .

Los niños suelen calificar más fácilmente que los adultos, por lo que sus defensores creen que a muchos se los expulsa injustamente porque se considera que sus padres ya no son elegibles. Mientras tanto, la inscripción en CHIP, que tiene niveles de elegibilidad de ingresos más altos que Medicaid, ha mostrado sólo un pequeño aumento.

Los niños representaron porcentajes variables de las personas dadas de baja en cada estado, desde el 68% en Texas hasta el 16% en Massachusetts, según Â鶹ŮÓÅ.

En septiembre, la administración Biden dijo que la mayoría de los estados estaban realizando controles de elegibilidad de manera incorrecta y cancelando de manera inapropiada la inscripción de niños o miembros del hogar elegibles. Ordenó a los estados para unas 500,000 personas.

Horarios variables, tasas de bajas variables

Idaho, uno de los pocos estados que completó la reducción en seis meses, dijo que canceló de la inscripción de 121,000 personas, de las 153,000 que revisó en septiembre porque sospechaba que ya no eran elegibles con el fin de la emergencia de salud pública. De los expulsados, alrededor de 13,600 se inscribieron para cobertura privada de ACA, dijo Pat Kelly, director ejecutivo de , el mercado de seguros de salud estatal. Los funcionarios estatales dicen que no saben qué pasó con el resto.

California, por el contrario, comenzó a remover beneficiarios recién este verano y está transfiriendo automáticamente la cobertura de Medicaid a los planes del mercado para aquellos elegibles.

Hasta ahora, las tasas de bajas de Medicaid de las personas analizadas varían dramáticamente según el estado, en gran medida a lo largo de una división política azul-roja, desde un mínimo del 10% en Illinois hasta un máximo del 65% en Texas.

“Siento que Illinois está haciendo todo lo que está a su alcance para garantizar que la menor cantidad posible de personas pierdan la cobertura”, dijo Paula Campbell de la , que representa a docenas de centros de salud comunitarios.

A nivel nacional, alrededor del 71% de los afiliados a Medicaid que perdieron la cobertura fue debido a problemas de procedimiento, como no responder a las solicitudes de información para verificar su elegibilidad. No está claro cuántos siguen siendo elegibles.

Funcionarios estatales y locales de Medicaid dicen que han intentado comunicarse con los beneficiarios de muchas maneras, a través de cartas, llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes de texto, para verificar la elegibilidad. Sin embargo, algunos beneficiarios no tienen un correo electrónico o servicios de Internet consistentes, no hablan inglés o están haciendo malabarismos con necesidades más urgentes.

“El esfuerzo de desmantelamiento sigue siendo un gran desafío y un impulso significativo para todos los estados”, dijo Kate McEvoy, directora ejecutiva de la .

La gente no entiende lo que está pasando

En muchos estados, eso ha significado que los afiliados hayan tenido que enfrentar largas esperas para obtener ayuda con las renovaciones.

Las peores esperas telefónicas se produjeron en Missouri, según una revisión de Â鶹ŮÓÅ Health News de las cartas que los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) en agosto. En la carta al programa de Medicaid de Missouri, los CMS dijeron que preocupaba que el tiempo de espera promedio de 48 minutos y la tasa del 44% de habitantes de Missouri que abandonaron esas llamadas en mayo estuvieran “impidiendo el acceso equitativo” a la asistencia y la capacidad de los pacientes para mantener la cobertura.

Algunas personas quedan en espera más de tres horas, dijo Sunni Johnson, trabajadora de inscripción en Affinia Healthcare, que administra centros de salud comunitarios en el área de St. Louis. Se trata de un obstáculo importante para una población en la que muchos tienen minutos limitados en sus celulares.

En Florida, que ha eliminado a más de 730,000 personas del programa desde abril, los inscritos a principios de este año estuvieron esperando casi dos horas y media en un centro de llamadas en español, según , un grupo de defensa de los derechos civiles. Las versiones en español de la solicitud de Medicaid, el sitio web de renovación y otras comunicaciones también son confusas, aseguró Jared Nordlund, director de UnidosUS en Florida.

“Apenas pueden hacer bien las traducciones al español”, dijo.

Miguel Nevarez, secretario de prensa del Departamento de Niños y Familias de Florida, que gestiona el proceso de redeterminación de Medicaid, criticó las quejas sobre malas traducciones y largas esperas para acceder al centro de llamadas en español como una “narrativa falsa”. Dijo: “Los datos muestran claramente que Florida ha ejecutado un plan justo y eficaz para las redeterminaciones”.

En California, líneas telefónicas congestionadas, oficinas de los condados abarrotadas y con poco personal, y problemas para descargar las solicitudes de renovación electrónicamente están “agravando la dificultad de las personas para renovar su Medicaid”, dijo , abogado principal de la oficina de Los Ángeles del National Health Law Program. “Sabemos, según los casos que recibimos, que la gente no logra salir adelante”.

Jasmine McClain, asistente médica de 31 años, dijo que intentó todo antes de que Montana terminara la cobertura de Medicaid para sus hijos, de 3 y 5 años, a principios de octubre. Envió la documentación en línea y por fax para demostrar que aún calificaban. Pasó horas en espera en la línea directa estatal. Después que terminó la cobertura de sus hijos, fue a una oficina estatal de asistencia pública en Missoula pero no pudo conseguir una cita. Un día a mediados de octubre, aproximadamente 30 personas hicieron fila afuera de la oficina desde las 6:40 am, antes de que abriera.

Después de tres semanas de pedir ayuda mientras sus hijos no tenían seguro, el estado restableció la cobertura de sus hijos. Dijo que un supervisor le dijo que la documentación de la familia presentada en línea no había sido procesada inicialmente.

“El sistema de llamadas telefónicas era un desastre. Las devoluciones de llamada tardaron una semana”, dijo McClain. “Tuve que superar muchos obstáculos”.

Los voceros de los programas de Medicaid de Montana, Florida y Missouri dijeron que sus estados habían reducido los tiempos de espera de las llamadas.

Algunos beneficiarios de Medicaid buscan ayuda a través de los tribunales. En una demanda colectiva de 2020 contra Tennessee que busca ponerle una pausa a la revisión de elegibilidad para Medicaid, los padres de los beneficiarios describen pasar horas al teléfono o en línea con el programa, tratando de garantizar que no se pierda la cobertura de sus hijos.

Uno de esos padres, Donna Guyton, dijo en un expediente judicial que el programa Medicaid de Tennessee, llamado TennCare, envió una carta en junio revocando la cobertura de su hijo Patrick, de 37 años, quien había sido elegible para Medicaid debido a discapacidades desde que tenía 6 años. Mientras Guyton hacía llamadas y presentaba apelaciones para proteger el seguro de su hijo, fue hospitalizado con neumonía, y estuvo internado semanas hasta que murió a finales de julio.

“Mientras Patrick luchaba por su vida, TennCare amenazaba con quitarle la cobertura de su seguro médico y los servicios en los que dependía”, dijo en un expediente judicial. “Aunque deberíamos haber podido centrarnos en la atención de Patrick, nuestra familia tuvo que navegar por un sistema que seguía negando su elegibilidad y poniendo en riesgo su cobertura médica”.

TennCare dijo en un expediente judicial que la cobertura de Medicaid de Patrick Guyton nunca fue revocada: la carta de terminación fue enviada a su familia debido a un “error”.

Phil Galewitz en Washington, D.C., escribió este artículo. Daniel Chang en Hollywood, Florida; Katheryn Houghton en Missoula, Montana; Brett Kelman en Nashville, Tennessee; Samantha Liss y Bram Sable-Smith en St. Louis; y Bernard J. Wolfson en Los Ángeles contribuyeron con la historia.

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Los socorristas estaban a solo cuatro minutos de distancia. “Pero aún así, cuatro minutos, si no están respirando en absoluto, son cuatro minutos demasiado largos”, dijo Foster.

Foster contó que consiguió una dosis de naloxona, un medicamento que de opioides, y se la administró a la estudiante. La niña revivió.

A 45 millas de distancia, en Colorado Springs, los funcionarios de Mitchell High School no tenían naloxona a mano cuando un estudiante de 15 años sufrió una sobredosis en clase, en diciembre de 2021, tras inhalar una pastilla de fentanilo en un baño de la escuela. Ese estudiante murió.

Desde entonces, el distrito escolar de Colorado Springs se ha unido a Pueblo y a docenas de otros distritos en el estado para suministrar a las escuelas intermedias y secundarias la medicación que salva vidas, a menudo conocida como Narcan, uno de sus nombres comerciales. Desde la promulgación de una ley estatal en 2019, Colorado cuenta con un programa que permite a las escuelas obtener el medicamento, normalmente en forma de aerosol nasal, de forma gratuita o a un costo reducido.

Sin embargo, no todas las escuelas están de acuerdo con esta idea. Aunque más distritos se han unido , sólo alrededor de un tercio de los distritos de Colorado se habían inscrito en el programa de distribución estatal al inicio de este año escolar. Y en la docena de condados con las tasas de , muchos distritos escolares no se habían inscrito debido al persistente estigma en torno a la necesidad de tener una medicación para revertir sobredosis.

La Administración de Salud Mental y Abuso de Sustancias federal (SAMHSA, por sus siglas en inglés) recomienda que las escuelas, incluidas las primarias, , ante el , especialmente de la potente droga fentanilo. Y 33 estados tienen leyes que permiten expresamente a los centros escolares o a sus empleados llevar, almacenar o administrar naloxona, según Jon Woodruff, abogado director de la (LAPPA), que realiza un seguimiento de las políticas sobre naloxona en todo el país.

Entre ellos, alrededor de nueve requieren que al menos algunos centros de enseñanza primaria y secundaria, de kinder a doceavo grado (K-12) almacenen naloxona en el lugar, incluido Illinois, cuya norma entrará en vigencia en enero. Algunos estados, como Maine, también requieren que las escuelas públicas ofrezcan sobre cómo administrar naloxona en forma de aerosol nasal.

Rhode Island exige que todos los centros K-12, tanto públicos como privados, dispongan de naloxona. Joseph Wendelken, vocero del Departamento de Salud de Rhode Island, dijo que en los últimos cuatro años se administró naloxona nueve veces a jóvenes de 10 a 18 años en establecimientos educativos.

A principios de septiembre, el medicamento también empezó a venderse sin receta en todo el país, aunque el precio de $45 por envase de dos dosis preocupa a algunos especialistas en adicciones, que temen que esté de quienes más lo necesitan.

Pero el medicamento todavía no está tan generalizado públicamente como los desfibriladores externos automáticos o los extintores de incendios. , presidenta de la National Associaction of School Nurses, afirmó que la reticencia a tenerlo en las escuelas puede deberse a que los funcionarios se resisten a prestar un servicio médico, o al costo que supone reabastecerse de naloxona y formar al personal para que la utilice. Pero el principal obstáculo que ha escuchado es que los centros temen ser estigmatizados como una “mala escuela” que tiene un problema de drogas, o como una escuela que tolera las malas decisiones.

“Los distritos escolares son muy cuidadosos con su imagen”, señaló Yunuen Cisneros, directora de inclusión y alcance comunitario de la , que sirve a la mayoría de los distritos escolares del estado. “Muchos de ellos no quieren sumarse a este programa, porque aceptarlo es aceptar un problema de drogadicción”.

Esa es la forma equivocada de verlo, dijo King. “Hay que equipararlo a nuestro stock de albuterol para los ataques de asma, o a nuestro stock de epinefrina para el shock anafiláctico (reacción alérgica grave)”, apuntó.

Funcionarios de salud de Colorado no pudieron precisar con qué frecuencia se había utilizado la naloxona en los centros escolares del estado. En lo que va de año, al menos 15 jóvenes de entre 10 y 18 años han muerto por sobredosis de fentanilo, pero no necesariamente en las escuelas. Y en 2022 murieron 34 en ese grupo de edad, según el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente del estado. Una de las víctimas fue José Hernández, de 13 años, quien murió en su casa, en agosto de 2022, por una sobredosis de fentanilo, pocos días después de comenzar el octavo grado en Aurora Hills Middle School. Su abuela encontró su cuerpo una madrugada, sobre el lavabo del baño.

Con la llegada de este nuevo año escolar, más escuelas de Colorado tienen suministros de naloxona disponibles para los estudiantes. El año pasado, los legisladores estatales asignaron $19,7 millones en ayuda federal al , un fondo al que pueden acceder, entre otros, distritos escolares, cárceles, socorristas y organizaciones de servicios comunitarios.

“Es la mayor cantidad que hemos tenido”, señaló Andrés Guerrero, gerente del programa de prevención de sobredosis del departamento de salud del estado.

Según datos facilitados por el departamento de salud de Colorado, 65 distritos escolares estaban inscritos en el programa estatal para recibir naloxona a bajo precio o gratis al inicio del curso escolar. Otros 16 se habían puesto en contacto con el estado para solicitar información, pero a mediados de agosto aún no habían finalizado los pedidos. Los 97 distritos escolares restantes no disponían de naloxona en sus centros o la habían adquirido en otros lugares.

Guerrero explicó que los distritos deciden a quién capacitar para administrar el medicamento. “En algunos casos, son sólo las enfermeras escolares. En otros, son las enfermeras escolares y los profesores”, dijo. “Y, a veces, también los estudiantes”.

En Durango High School, de secundaria impulsó a los alumnos a reclamar el derecho a llevar naloxona al colegio con permiso de los padres —y a administrarla en caso necesario— sin temor a ser castigados.

Hizo falta durante una reunión del consejo escolar para conseguir el permiso, contó Hays Stritikus, que se graduó esta primavera de Durango. Ahora participa en la redacción de una ley que permitiría expresamente a los estudiantes de todo el estado llevar y distribuir Narcan en los centros escolares.

“El objetivo es un mundo en el que el Narcan no sea necesario”, comentó. “Pero lamentablemente no es en donde vivimos”.

Algunos expertos en salud no están de acuerdo en que todas las escuelas deban almacenar naloxona. , economista de la salud de la Western University en Canadá, ha estudiado la en los centros de secundaria de ese país. Aunque se han producido intoxicaciones por opioides en escuelas, dijo, las secundarias suelen ser entornos de muy bajo riesgo.

Las estrategias más eficaces para combatir la epidemia de opioides son los centros de intercambio de agujas, los lugares de consumo supervisado de drogas y el tratamiento asistido con medicación que reduce el síndrome de abstinencia o atenúa el “viaje”, agregó Cipriano. Pero estos métodos pueden resultar caros en comparación con la distribución de naloxona.

“Cuando el estado crea un gran programa gratuito como éste, parece que está haciendo algo respecto a la epidemia de opioides”, señaló. “Es barato y parece que estás haciendo algo, y eso es oro en política”.

Las escuelas públicas de Denver, el mayor distrito escolar de Colorado, comenzaron a almacenar naloxona en 2022, indicó Jade Williamson, gerente del programa de escuelas saludables del distrito.

“Sabemos que algunos de los estudiantes están a la vanguardia de estos temas antes que las generaciones mayores”, afirmó Williamson. “Saber dónde encontrarlo, y acceder al medicamento cuando sea necesario a través de estos adultos que se han preparado, ya sea una enfermera de la escuela o un administrador, creo que les proporciona una cierta sensación de alivio”.

Los siete distritos más grandes del estado, con más de 25,000 estudiantes cada uno, participan en el programa estatal. En cambio, según un análisis de Â鶹ŮÓÅ Health News, sólo el 21% de los distritos con hasta 1,200 alumnos se han inscrito en el programa, a pesar que muchos de esos pequeños distritos se encuentran en zonas con tasas de mortalidad por sobredosis de drogas superiores al promedio estatal.

Algunos distritos escolares han encontrado una forma de obtener naloxona al margen del programa estatal. Esto incluye el Distrito Escolar 60 de Pueblo, donde la enfermera supervisora Foster administró naloxona a una estudiante el año pasado.

El distrito escolar de Pueblo obtiene la naloxona gratis de una organización local sin fines de lucro llamada . Foster dijo que intentó inscribirse en el programa estatal, pero encontró dificultades. Así que decidió seguir con lo que ya funcionaba.

El distrito escolar RE-1 del condado de Moffat, en Craig, Colorado, obtiene la naloxona de un , según Myranda Lyons, enfermera del distrito. Lyons contó que capacita al personal de la escuela sobre cómo administrarla cuando les enseña RCP (reanimación cardiopulmonar).

Christopher deKay, superintendente del Distrito Escolar Ignacio 11Jt, dijo que su personal de recursos escolares ya llevan naloxona, pero que el distrito también se inscribió en el programa estatal, para que las escuelas puedan almacenar el medicamento en la enfermería en caso de que el personal de recursos no se encuentre cerca.

“Es como todo, como capacitar en seguridad contra incendios. Nunca sabes lo que va a pasar en tu escuela”, señaló deKay. “Si ocurre lo impensable, queremos ser capaces de responder de la mejor manera posible”.

Esta historia se produjo con la colaboración de .

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Los adultos jóvenes no actúan como sus padres: , enfrentan más y . Además, los videojuegos y las redes sociales se han convertido en una especie de sustituto de las relaciones físicas.

Todo eso significa que los jóvenes californianos no tienen tanto sexo.

La cantidad de adultos jóvenes que no tienen relaciones sexuales ya estaba aumentando antes de que covid-19 hiciera que las citas fueran más difíciles y riesgosas.

En 2011, alrededor del 22% de los californianos de 18 a 30 años informaron que no habían tenido parejas sexuales en los 12 meses anteriores. Eso aumentó al 29% en 2019, y saltó al 38% en 2021, según las últimas cifras de la de la UCLA.

Otros grupos de edad en California también informaron un aumento en la abstinencia, pero la tendencia no fue tan marcada.

“Todo pasa más tarde”, dijo , profesora de Psicología de la Universidad Estatal de San Diego, autora de “Generations: The Real Differences Between Gen Z, Millennials, Gen X, Boomers, and Silents — And What They Mean for America’s Future”.

Twenge dijo que los números reflejan cómo los adultos jóvenes retrasan cada vez más los eventos importantes de la vida, como mudarse de la casa familiar, y comenzar relaciones románticas a largo plazo.

Los solteros han visto el cambio más dramático.

Por largo tiempo, las personas solteras eran las más propensas a informar que no tenían relaciones sexuales, menos que las casadas o las que conviven. Pero a medida que los adultos jóvenes retrasan el matrimonio, la brecha se amplía.

Los adultos jóvenes pueden estar postergando las relaciones a largo plazo “por un status económico cada vez más precario o por el estrés relacionado con completar la educación y buscar trabajo”, dijo , profesora de Sociología en Rutgers, quien recientemente fue que examinó por qué más adultos jóvenes no están teniendo sexo. “Están ocupados con otros aspectos de la vida”.

Los investigadores también notaron que cientos de miles de adultos jóvenes .

El aumento del uso de la computadora puede desempeñar un papel en la tendencia. Los adultos jóvenes forman cada vez más relaciones a través de videojuegos con personas que no conocen físicamente, dijo Lei. Estas relaciones a distancia a veces interfieren con la formación de relaciones sexuales.

Un de 2015 encontró la misma cantidad de hombres y mujeres que jugaban videojuegos, pero los hombres adultos jóvenes tenían más del triple de probabilidades que las mujeres adultas jóvenes de identificarse como “jugadores” serios.

Los adultos jóvenes también tienen acceso a cantidades ilimitadas de pornografía gratuita en internet, a diferencia de las revistas y DVD de porno que muchos de sus padres compraban.

Gran parte de la pornografía en línea más popular presenta violencia o coerción, lo que les da a algunos adultos jóvenes una perspectiva distorsionada del sexo y aleja a otros por completo, dijo , directora del Center for Sexual Health Promotion de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Indiana en Bloomington.

“Ese tipo de comportamientos están muy, muy vistos como algo normal entre los jóvenes”, dijo, refiriéndose al sexo duro.

El sexo también tiene una correlación con los ingresos. Los adultos jóvenes que ganan menos dinero tienen más probabilidades de no tener relaciones sexuales que sus pares que ganan más.

Gran parte del discurso reciente sobre la falta de sexo entre adultos jóvenes ha girado en torno a los llamados incels, hombres jóvenes que afirman —a menudo en tono despectivo misógino— que las aplicaciones de citas como Tinder facilitan que las mujeres encuentren hombres atractivos, ricos y de status, dejando de lado a los otros.

, educadora sexual certificada y directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Sex-Positive Los Ángeles, dijo que le entristece escuchar que los hombres culpan a las mujeres por no querer tener sexo con ellos.

Agregó que esos hombres probablemente podrían cambiar su perspectiva y encontrar intimidad. “Tienen el poder de mejorarse a sí mismos”, dijo.

La tendencia de una vida sin sexo tiene el potencial de reducir las tasas de embarazo no planificado. Y también podría reducir la propagación de infecciones de transmisión sexual, aunque eso .

Herbenick sí se preocupa por los adultos jóvenes que quieren sexo pero no lo tienen. “Puedes sentirte muy solo si sientes que las personas te rechazan o no están interesadas en ti”, dijo.

Pero Tillman sigue siendo optimista y señala que el último grupo de adultos jóvenes, como cada nueva generación, está encontrando su camino y enfocando el sexo de manera diferente a la de sus padres.

“No estoy preocupada, porque la gente básicamente está encontrando diferentes formas de conectarse entre sí”, dijo Tillman.

Phillip Reese es especialista en informes de datos y profesor asistente de periodismo en la Universidad Estatal de California-Sacramento.

Esta historia fue producida por Â鶹ŮÓÅ Health News, que publica , un servicio editorialmente independiente de la .

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