El hijo de Silvia Garc铆a, de 14 a帽os, y en silla de ruedas despu茅s que el m茅dico de un centro de salud comunitario de Nuevo M茅xico no le diagnosticara apendicitis a pesar de que se quejaba de un fuerte dolor de est贸mago.
El ap茅ndice del adolescente se rompi贸 antes de que pudiera llegar a un hospital, y las complicaciones provocaron un shock s茅ptico.
Akimbee Burns se hizo una prueba de Papanicolaou en un centro de salud comunitario de Georgia que mostr贸 c茅lulas anormales. Pero no le informaron los resultados. Unos ocho meses despu茅s, que se hab铆a extendido a los ganglios linf谩ticos. Muri贸 en dos a帽os. Ten铆a 38.
El beb茅 de Rhonda Jones despu茅s de que un equipo m茅dico del 谩rea de Chicago, que inclu铆a doctores del centro de salud comunitario, no realizara una ces谩rea de emergencia con la suficiente rapidez, pese a que Jones ten铆a un alto riesgo de complicaciones en el parto.
Estos tres incidentes 鈥攄eclarados en documentos judiciales como parte de las demandas por negligencia que se resolvieron sin admisi贸n de mala conducta鈥 se encuentran entre los 485 pagos realizados en todo el pa铆s que involucran a los centros de salud comunitarios desde 2018 hasta 2021. Los acuerdos y las sentencias sumaron un total de 410 millones de d贸lares pagados a los pacientes o a sus familias, seg煤n los datos federales revelados a KHN a trav茅s de una solicitud de documentos p煤blicos.
Pero ninguno de esos centros de salud, y ninguno de los m茅dicos, pag贸 nada. Los contribuyentes estadounidenses pagaron la cuenta.
Los 1,375 centros de salud financiados con dinero federal, que atienden a 30 millones de estadounidenses de bajos ingresos, son en su mayor铆a organizaciones privadas. Sin embargo, reciben $6,000 millones anuales en subvenciones federales y, seg煤n la ley federal, sus responsabilidades legales est谩n cubiertas por el gobierno, al igual que las del Departamento de Asuntos de Veteranos y el Servicio de Salud Ind铆gena.
Esto significa que los centros y sus empleados pueden recibir inmunidad frente a las demandas por negligencia m茅dica, y que el gobierno federal paga cualquier acuerdo o sentencia judicial.
El p煤blico suele desconocer las demandas de mala praxis contra estos centros. Los centros de salud y sus empleados no son nombrados como demandados en los juicios, y el gobierno no anuncia cu谩ndo paga para resolver los casos o las sentencias judiciales.
“La gente deber铆a saber si estos m茅dicos o centros est谩n perjudicando a sus pacientes”, dijo Deirdre Gilbert, directora nacional de la , un grupo de defensa del consumidor sin fines de lucro.
Adem谩s, los abogados que han representado a los demandantes en los juicios contra los centros de salud dicen que las normas federales ponen en aprietos a los pacientes con un plazo de prescripci贸n corto 鈥攄os a帽os鈥 y no permiten los da帽os punitivos.
“Las cartas est谩n a favor del gobierno”, indic贸 Regan Safier, abogada de Philadelphia que gan贸 una sentencia judicial de $41,6 millones en 2018 en un caso de lesi贸n en el parto que involucr贸 a un m茅dico de un centro de salud comunitario.
Tragedias ocultas a la vista
Entre 2018 y 2021, el promedio de los pagos por acuerdos o sentencias por mala praxis que involucran a los centros de salud fue de $225.000, seg煤n los datos de la Administraci贸n de Recursos y Servicios de Salud, que supervisa los centros de salud comunitarios. En 68 de los 485 pagos, el total fue de al menos un mill贸n de d贸lares.
Muchas de las demandas contra los centros de salud se refer铆an a diagn贸sticos err贸neos o errores dentales. La mayor铆a de las indemnizaciones m谩s cuantiosas fueron por lesiones en el parto o por casos relacionados con ni帽os.
Silvia Garc铆a present贸 uno de esos casos. En diciembre de 2015, llev贸 a su hijo de 14 a帽os a First Choice Community Healthcare en Albuquerque, Nuevo M茅xico, para que lo trataran por un fuerte dolor de est贸mago y fiebre, seg煤n la demanda que present贸 contra el gobierno.
El m茅dico palp贸 el abdomen del ni帽o pero no orden贸 ninguna prueba diagn贸stica, aleg贸 la familia. Sin embargo, aconsej贸 a Garc铆a que llevara al ni帽o al hospital si el dolor empeoraba.
Dos d铆as despu茅s, lo llev贸 a la sala de urgencias de un hospital. All铆, los m茅dicos descubrieron que su ap茅ndice se hab铆a roto. Hab铆a desarrollado un shock s茅ptico que le provoc贸 da帽os cerebrales y lesiones agudas en los ri帽ones.
El adolescente estuvo hospitalizado durante ocho meses.
Garc铆a resolvi贸 el caso por $6,8 millones, la mayor parte de los cuales se destinaron a un fondo especial para futuros gastos m茅dicos.
First Choice y Garc铆a no quisieron hacer comentarios. El gobierno dijo que el acuerdo no era una admisi贸n de culpa.
Los centros de salud comunitarios presionaron 鈥攜 ganaron鈥 la protecci贸n gubernamental contra la mala praxis en la d茅cada de 1990. Alegaron que sus ingresos eran limitados y que el seguro de negligencia desviar铆a un dinero que podr铆a destinarse a la atenci贸n de los pacientes.
Los centros se diferencian de otras cl铆nicas de salud porque reciben una subvenci贸n federal cada a帽o. Tambi茅n reciben mayores reembolsos de Medicaid y Medicare que los m茅dicos privados. A cambio, no pueden rechazar a nadie, y los honorarios que cobran a los pacientes con bajos ingresos se basan en una escala variable. Casi la mitad de los pacientes de los centros est谩n cubiertos por Medicaid, y el 20% no tiene seguro.
Las demandas por mala praxis son un riesgo para todos los proveedores de atenci贸n sanitaria y son solo un bar贸metro de la calidad de la atenci贸n. Los acuerdos y las sentencias judiciales contra los centros sanitarios no miden el rendimiento general de las cl铆nicas.
Incluso los abogados que han demandado en nombre de los pacientes de los centros reconocen la importancia de los mismos. , abogado de la parte demandante de Rhode Island, dijo que los centros comunitarios de salud desempe帽an un papel vital en el sector sanitario y que ha encontrado “un mont贸n de gente realmente maravillosa y extraordinariamente capaz que hace un trabajo realmente bueno” en los centros.
Sin embargo, todos deben ser responsables de los errores, dijo DeLuca.
El caso de Akimbee Burns es un ejemplo de diagn贸stico fallido, seg煤n la demanda que present贸 contra el gobierno de Estados Unidos. Burns, que ganaba $11 la hora en una empresa de servicios p煤blicos, se hizo una prueba de Papanicolaou en 2016 en el South Central Primary Care Center, un centro de salud comunitario en Ocilla, Georgia.
Los resultados mostraron c茅lulas anormales, pero no le informaron, seg煤n la denuncia. En los meses siguientes, pregunt贸 varias veces por la prueba, pero siguieron sin informarle sobre los resultados, aleg贸.
Unos ocho meses despu茅s, el personal de otro centro sanitario le diagnostic贸 un c谩ncer de cuello uterino avanzado. Present贸 una demanda alegando que el centro de salud comunitario hab铆a sido negligente. Recibi贸 radiaci贸n y quimioterapia. Pero muri贸 en abril de 2019. Dej贸 dos hijos, uno de ellos menor de edad.
Tras su muerte, el gobierno y sus herederos llegaron a .
El Centro de Atenci贸n Primaria South Central no respondi贸 a las solicitudes para hacer declaraciones, y el gobierno neg贸 haber actuado mal.
Un camino dif铆cil para los pacientes
Un paciente que alega una mala praxis m茅dica por parte de un centro sanitario debe presentar primero un reclamo al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos para su revisi贸n. El gobierno puede hacer una oferta de acuerdo o rechazar el reclamo.
Si el reclamo se rechaza, deniega o queda sin resolver, o si expira el per铆odo de revisi贸n de seis meses, el paciente puede demandar ante un tribunal federal en virtud de la (FTCA).
Para obtener esa protecci贸n federal, los centros sanitarios deben contar con programas de mejora de la calidad y de gesti贸n de riesgos, y deben demostrar a los reguladores que han revisado las credenciales profesionales, los reclamos por mala praxis y el estatus de la licencia de sus m茅dicos y otros profesionales cl铆nicos.
Ben Money, vicepresidente senior de la , dijo que mejora la atenci贸n y dirige los escasos d贸lares de operaci贸n hacia las necesidades de los pacientes, en lugar de la costosa cobertura de mala praxis.
“Existen rigurosas salvaguardas para garantizar que los beneficiarios de los centros de salud cumplan con las normas y que los pacientes reciban la mejor atenci贸n”, dijo. “La FTCA hace que los centros de salud est茅n m谩s atentos a la calidad y no menos”.
A septiembre, alrededor del 86% de los centros de salud comunitarios estaban cubiertos por la FTCA para la cobertura de negligencia m茅dica, indic贸 Christy Choi, vocera de la Administraci贸n de Recursos y Servicios de Salud.
Dijo que el gobierno ha implementado “s贸lidos esfuerzos de mejora de la calidad y la seguridad del paciente” como parte del programa.
El sistema hace que el cobro de da帽os y perjuicios sea m谩s dif铆cil para los pacientes que si acudieran a los tribunales estatales para las demandas por negligencia, dijeron abogados que participan en los casos contra los centros de salud.
Adem谩s de la prohibici贸n de los da帽os punitivos, estos casos los deciden los jueces federales en lugar de los jurados. La ausencia de un jurado es importante porque los jueces son menos propensos a dejarse llevar por las emociones y eso puede significar menores cantidades de dinero en las indemnizaciones, agregaron.
Los demandantes tambi茅n est谩n en desventaja porque el gobierno federal tiene recursos ilimitados para defender los casos, a diferencia de los pacientes y sus abogados, dijo , abogado de Miami.
“Preparar estos casos para juicios nos cuestan cientos de miles de d贸lares”, se帽al贸 Jack Beam, el abogado de Illinois que represent贸 a Rhonda Jones. “Nuestro r茅cord fue de $900,000 en costos del caso”.
Todos estos factores hacen que encontrar un abogado sea un obst谩culo para los pacientes.
, abogada de Missouri, dijo que algunos abogados son reacios a aceptar los casos porque el gobierno limita sus honorarios al 25% del importe del acuerdo. En cambio, los abogados de los demandantes suelen quedarse con un 40% en los casos de negligencia que prosperan en los tribunales estatales.
Rhonda Jones fue una de las que recibi贸 un acuerdo. Su beb茅 fue trasladado a un hospital infantil poco despu茅s de nacer por ces谩rea de emergencia en el West Suburban Medical Center en el 谩rea de Chicago en diciembre de 2016, seg煤n su demanda. La beb茅, Alayna, fue tratada por da帽o cerebral por falta de ox铆geno, y ahora tiene par谩lisis cerebral.
Jones mostraba signos de un parto de alto riesgo cuando lleg贸 al hospital con casi 39 semanas de embarazo: ten铆a 40 a帽os, era su und茅cimo hijo y ten铆a preeclampsia grave y posiblemente diabetes gestacional.
En su demanda aleg贸 que no se la hab铆a vigilado adecuadamente en el hospital y que no se hab铆a operado a tiempo para evitar que Alayna sufriera da帽os.
Jones acept贸 , 15 de los cuales fueron pagados por el gobierno federal porque algunos de los m茅dicos implicados eran empleados del PCC Community Wellness Center. El centro de salud y el hospital no quisieron hacer comentarios. En los tribunales, el gobierno y el hospital negaron haber actuado mal.
El dinero 鈥攍a mayor parte del cual est谩 en un fideicomiso supervisado por el tribunal鈥 sirve para atender a Alayna, que necesitar谩 cuidados durante toda su vida.
“Antes de lo que le pas贸 a Alayna, me encantaban”, dijo Jones sobre el centro de salud al que hab铆a acudido en varios de sus embarazos anteriores. “Me sirvieron mucho porque abr铆an hasta altas horas de la noche cuando yo trabajaba”.
“Todav铆a le dir铆a a alguien que fuera al PCC porque tal vez les tocar谩n los m茅dicos adecuados cuando vayan a tener a su beb茅”, remarc贸 Jones.
Alander Rocha y la reportera de KHN Colleen DeGuzman contribuyeron con este art铆culo.
