Norm Thurston es un “hombre de mercado libre”, un economista experto en salud del republicano estado de Utah, quien rara vez encuentra beneficiosa la intervenci贸n del gobierno federal.
Pero en un giro de 360 grados, este legislador estatal ahora est谩 presionando para que Utah estimule al gobierno federal para que act煤e ante los alt铆simos precios de los medicamentos recetados.
“Esto es algo que un estado rojo como Utah podr铆a hacer. No creo que sea un tema partidista “, dijo Thurston. “Esos aumentos escandalosos de los precios no son el resultado del mercado libre”.
El enfoque: permitir que el estado contrate a mayoristas en Canad谩, importando recetas m谩s baratas del pa铆s del norte y distribuy茅ndolas a lo largo del sistema de salud estatal.
Otros estados 鈥揷omo Vermont, West Virginia y Oklahoma鈥 est谩n siguiendo caminos similares, impulsando legislaciones que buscar铆an el permiso de la administraci贸n Trump para lanzar sus propios planes para importar drogas de Canad谩.
Durante a帽os, los consumidores estadounidenses han tratado de comprar drogas m谩s baratas en el pa铆s vecino, a veces en excursiones de un d铆a para visitar farmacias canadienses, o fomentando que farmacias estadounidenses les ayudan a ordenar drogas en el extranjero. Pero la pr谩ctica es ilegal.
Los estados quieren cambiar eso y establecer un proceso formal que genere ahorros m谩s amplios. La idea es que el departamento de salud estatal establezca un programa mayorista que compre medicamentos de Canad谩 y los revenda en farmacias y hospitales locales. Cada estado ser铆a responsable de garantizar que los medicamentos sean seguros y que importarlos de hecho les ahorre dinero.
“Este estatuto est谩 presionando al gobierno federal para que examine con m谩s detenimiento estas cuestiones”, dijo Rachel Sachs, profesora asociada de leyes de la Universidad de Washington en St. Louis, que investiga las regulaciones de los precios de los medicamentos. “Las legislaturas estatales pueden decir: ‘Miren, estamos haciendo todo lo que podemos, pero necesitamos que el gobierno federal nos ayude'”.
El gobierno federal ha sido lento para actuar en este tema, y 鈥嬧媗os esc茅pticos dicen que un memorando de 30 p谩ginas de la administraci贸n Trump sobre precios de medicamentos publicado hace pocos d铆as probablemente tenga .
Pero los estados, cuyos presupuestos para Medicaid y para los programas estatales de salud de los empleados se ven afectados por estos costos, est谩n decididos a avanzar.
Solo en Vermont, el gasto en medicamentos aument贸 un 35% entre 2010 y 2015, el a帽o m谩s reciente del que hay datos disponibles.
Los partidarios de los planes estatales dicen que la estrategia es obvia y que podr铆a ahorrar cientos de millones de d贸lares. Descartan las preocupaciones sobre la seguridad de los medicamentos, argumentando que en Canad谩 los producen compa帽铆as de buena reputaci贸n, a menudo en las mismas instalaciones y por las mismas empresas que los venden en los Estados Unidos, pero a precios mucho m谩s altos.
“Traer铆amos medicamentos destinados al mercado canadiense y, por lo tanto, a precios canadienses”, dijo Thurston. “Si pudi茅ramos elaborar un programa que cumpliera con las recomendaciones de la ley federal, 驴qu茅 justificaci贸n tendr铆a el secretario [de Salud y Servicios Humanos] para decir que no?”
Las medidas estatales siguen la desarrollada por la National Academy for State Health Policy que utiliza un marco establecido por la ley federal de 2003 que cre贸 el programa Medicare Parte D. Esa ley establece que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) puede aprobar los planes de importaci贸n de medicamentos si est谩 convencido que estos planes ahorrar谩n dinero y no crear谩n problemas de salud p煤blica.
Una vez aprobada, estas leyes asignan a los departamentos de salud estatales la supervisi贸n del desarrollo de estos programas. Despu茅s que el HHS desarrolle los puntos b谩sicos, los funcionarios estatales deben negociar la implementaci贸n con la entidad federal. Eso podr铆a llevar a帽os.
Tambi茅n es probable que sea una batalla cuesta arriba.
En 15 a帽os, el HHS nunca ha actuado en base a la ley de 2003 al aprobar cualquier programa de importaci贸n de medicamentos.
La primavera pasada, cuando los miembros del Congreso promovieron un proyecto de ley nacional, un grupo bipartidista de ex comisionados de la Administraci贸n de Drogas y Alimentos (FDA) se opuso, argumentando que ser铆a imposible verificar completamente la seguridad de los medicamentos. Al final, ese proyecto de ley no obtuvo un voto mayoritario.
No est谩 clara la posici贸n de la administraci贸n actual sobre este tema.
Alex Azar, el reci茅n confirmado secretario del HHS, ha sido cauto, aunque en una audiencia de confirmaci贸n el oto帽o pasado, dijo que importar drogas desde Canad谩 podr铆a crear problemas de seguridad. A pesar de las m煤ltiples solicitudes, el HHS no coment贸 para esta historia.
La industria farmac茅utica se hizo eco de las precauciones sobre la seguridad.
“Las propuestas que estamos viendo en los estados a lo largo del pa铆s amenazan la seguridad de los pacientes y las familias, y no garantizar谩n los ahorros que prometen”, dijo Priscilla VanderVeer, vocera del grupo comercial Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA).
En los estados, sin embargo, los partidarios dicen que sus proyectos de ley abordan esa preocupaci贸n.
Y otros analistas argumentaron que, a pesar de todo, la seguridad de las drogas canadienses no es un problema real.
“Muchos de los medicamentos usados 鈥嬧媏n los Estados Unidos y en Canad谩 se fabrican en las mismas plantas, en pa铆ses como India, o en Europa”, dijo Michael Law, experto en pol铆tica farmac茅utica y profesor asociado en el Center for Health Services and Policy Research de la Universidad de British Columbia. “La FDA y otras agencias reguladoras conf铆an en las inspecciones de otras agencias: la idea que las drogas canadienses son drogas peligrosas es una cortina de humo”.
Dijo que una pregunta m谩s importante es la cantidad de ahorros que estos proyectos generar铆an.
Thurston se帽al贸 los an谩lisis de Utah que sugieren que el estado podr铆a ahorrar $70 millones en el sector privado y otros $20 a $30 millones en programas de seguros financiados por el estado. Agreg贸 que, si se aprueba, el estado apuntar铆a a importar entre 15 y 20 drogas: por ejemplo, insulina, porque se compra en grandes cantidades, o medicamentos caros para tratar la hepatitis C o el VIH.
Otros expresaron escepticismo.
Por un lado, el verdadero precio de los medicamentos recetados no siempre es claro. Est谩 el precio de lista, y en general, esos son mucho m谩s altos en los Estados Unidos. Pero los planes de salud a menudo negocian o reciben descuentos de la compa帽铆a farmac茅utica, lo que significa que pueden terminar pagando mucho menos de lo que se anuncia. Esos descuentos no son p煤blicos, por lo que es mucho m谩s dif铆cil comparar los precios entre los dos pa铆ses.
Probablemente, la industria farmac茅utica tambi茅n usar谩 estrategias para contrarrestar la importaci贸n.
Las compa帽铆as farmac茅uticas, se帽al贸 Law, podr铆an perder si los estados importan medicamentos m谩s baratos. Eso podr铆a motivarlos a reducir la cantidad de recetas que venden en Canad谩, o encontrar otras formas de disuadir a los mayoristas canadienses de participar.
Aun as铆, estos esfuerzos estatales podr铆an impulsar al gobierno federal a tomar medidas, sugiri贸 Sachs, incluso si no est谩 claro cu谩n grande ser铆a el impacto de la importaci贸n.
“La importaci贸n no resolver谩 todos los problemas, y no creo que los estados lo vean as铆”, dijo. “Pero podr铆a ser una forma 煤til de presionar a un gobierno federal y a la Casa Blanca que hasta ahora han permanecido inactivos en este tema”.
La cobertura de KHN del desarrollo de medicamentos recetados y los costos es respaldada por la .
