“Me aterró”, dijo Wood, quien vive en una casa de unos 1.700 pies cuadrados en Terryville, una comunidad en las afueras de Bristol, Connecticut. “No entendía nada”.

Wood, de 52 años, se sometió a una cirugía para perder peso en ese hospital en 2022, con la esperanza de que ayudara a aliviar su apnea del sueño, y el dolor en las rodillas y la espalda. Antes de programar el procedimiento, consultó con su aseguradora y, según dijo, le informaron que la cirugía tendría un gasto de bolsillo de $5.000. Pagó esa cantidad por adelantado.

Más de seis meses después, Bristol le envió otra factura que elevó el costo de la cirugía a más de $17.000. Wood dijo que intentó disputar el cargo. El hospital la demandó.

“Es ridículo. Aetna me lo había dicho varias veces: 鈥�$5.000 de bolsillo’”, explicó Wood. “Nunca me habría operado si hubiera sabido que me iba a costar casi $20.000”.

Wood es una de los más de 36 pacientes de Connecticut entrevistadas durante el último año por Connecticut Mirror y 麻豆女优 Health News que fueron demandadas por su hospital o por un médico debido a facturas impagas.

Entre los pacientes hay maestros, propietarios de pequeños negocios, un trabajador del servicio postal, una trabajadora de una residencia de mayores jubilada, una enfermera y un botones de hotel. La mayoría tenía empleo y seguro médico. Casi todos dijeron que querían pagar lo que debían.

Los pacientes llevados a los tribunales describieron facturas desconcertantes, reglas confusas de los planes de salud y llamadas telefónicas frustrantes e infructuosas a las oficinas de facturación de hospitales y a las líneas de servicio al cliente de las aseguradoras. Incluso cuando intentaban resolver sus deudas pendientes, muchos dijeron que no conseguían que les respondieran.

Sus experiencias reflejan fallas en el sistema de salud que atrapan a los pacientes en deudas. El seguro médico no cubría la atención por razones que ellos no lograban comprender. Varios pacientes no calificaron para asistencia financiera de los proveedores, pese a tener ingresos modestos. Y si se comprometían a pagar, enfrentaban gravámenes sobre sus viviendas o pagos de intereses y costos judiciales que aumentaban aún más la deuda médica.

Los principales actores de la industria se culpan mutuamente por un sistema que no funciona. Los proveedores dicen que los de las aseguradoras dejan a los pacientes con facturas enormes incluso cuando tienen cobertura. Las aseguradoras responden que a un ritmo superior a la inflación.

Mientras tanto, los pacientes cargan con las consecuencias. En 2022, alrededor de en Estados Unidos reportaron tener deudas médicas o dentales.

“Ya es bastante malo tener problemas de salud y por encima tener que pagar montañas de facturas médicas”, dijo Samantha Mantiera, a quien el Hospital de Danbury demandó en 2024 por $10.000 que, según ella, le cobraron por error. “Pero tener que lidiar constantemente con facturas incorrectas y además con una demanda fue demasiado”.

Mantiera dijo que pasó meses intentando explicar al hospital, y luego a una agencia de cobro, que los documentos de su aseguradora indicaban que solo debía $260. Aun así, fue demandada.

Cuando Mantiera impugnó la demanda, el Hospital de Danbury la retiró, según muestran los registros judiciales.

Mantiera dijo que ella y su esposo ahora viajan hasta una hora desde su casa en Brookfield, Connecticut, para evitar hospitales propiedad de la empresa matriz de Danbury, ahora llamada Northwell Health.

Kathy Holt, directora de la Oficina del Defensor de la Atención Médica del estado, dijo que en las últimas décadas el sistema de salud se ha vuelto cada vez más difícil de navegar para los pacientes. La agencia recibe miles de llamadas cada año de residentes que buscan ayuda con preguntas sobre facturación médica.

“He hablado con demasiadas personas que simplemente se han rendido”, afirmó Holt. “El sistema se ha vuelto tan difícil que parece algo deliberado”.

“No querían hablar conmigo”

Las demandas por cobro de deudas médicas contra pacientes han disminuido en Connecticut desde 2019, según un análisis de registros judiciales estatales realizado por CT Mirror y 麻豆女优 Health News. Los registros muestran que la mayoría de los sistemas hospitalarios de Connecticut han dejado de demandarlos, incluidos los dos más grandes del estado: Yale New Haven Health y Hartford HealthCare.

La mayoría de los hospitales dejaron de presentar demandas durante la pandemia de covid-19 mientras reevaluaban sus prácticas de cobro, señaló Sarah Ginnetti, directora del ciclo de ingresos de UConn Health. Según los registros, el sistema dejó de demandar en 2022.

“En algunas de esas circunstancias, simplemente sentíamos que no estaba alineado con nuestra misión como organización”, dijo Ginnetti. “Por la pequeña cantidad de casos en los que podríamos haber obtenido algún tipo de victoria legal, realmente no sentíamos que ese fuera el mejor camino”.

Yale New Haven Health y Hartford HealthCare no explicaron por qué dejaron de demandar a los pacientes y se limitaron a emitir declaraciones sobre sus programas de asistencia financiera.

Sin embargo, los datos muestran que decenas de proveedores médicos 鈥攊ncluidos grupos de médicos, dentistas y hospitales鈥� . El análisis de CT Mirror y 麻豆女优 Health News identificó más de 1.500 casos relacionados con deudas médicas presentados en tribunales de Connecticut en 2024.

Entre ellos había demandas de Bristol Health, un sistema de salud independiente que incluye el Hospital de Bristol, y de Nuvance Health, una cadena de siete hospitales adquirida recientemente por Northwell Health, un sistema multimillonario con sede en Nueva York.

Los hospitales de Nuvance presentaron más de 4.000 demandas de cobro entre 2019 y 2024, según los registros. Durante esos cinco años, el sistema representó más de una cuarta parte de las aproximadamente 16.300 demandas por deudas médicas contra pacientes identificadas en los registros judiciales estatales.

Funcionarios hospitalarios y otros proveedores médicos afirman que intentan trabajar con los pacientes que tienen dificultades para pagar sus facturas. Nikki Schulz, directora de ingresos de los hospitales de Northwell en Connecticut, dijo en un comunicado que hace años el sistema flexibilizó sus prácticas de cobro, lo que provocó una “disminución drástica” de las deudas médicas enviadas a cobro.

“Reestructuramos fundamentalmente nuestro enfoque para alinearlo con las mejores prácticas de la industria”, dijo Schulz.

Los registros muestran que el sistema demandó a unos 200 pacientes en 2024, frente a 2.200 en 2019.

Los ejecutivos del sector salud también sostienen que tienen la responsabilidad de intentar cobrar.

“No tengo elección”, dijo Kurt Barwis, CEO del Hospital de Bristol. “Lo que intentamos hacer es sostener nuestra misión de cuidar a esta comunidad”.

Menos demandas hospitalarias

Bristol Health es uno de los sistemas de salud con mayores dificultades financieras en Connecticut. Actualmente, sus directivos negocian con la administración del gobernador demócrata Ned Lamont , propiedad del estado. La operación busca, en parte, mantener al hospital a flote.

Barwis dijo que el hospital ha tomado medidas para ayudar a los pacientes con facturas inesperadas, incluyendo la participación de asesores financieros que contactan a los pacientes, antes de procedimientos electivos, para hablar sobre costos y asistencia financiera.

Pero Wood, quien fue demandada por Bristol, dijo que nadie del hospital habló con ella antes de la cirugía. Cuando llamó después de recibir la factura de $12.000, afirmó que le dijeron que no podían hacer nada porque su aseguradora había rechazado la reclamación.

“No querían hablar conmigo sobre eso”, dijo Wood. “Querían su dinero”.

El vocero de Bristol, Albert Peguero, también responsabilizó a la aseguradora de Wood y dijo que el hospital trabajó con ella mientras presentaba varias apelaciones ante Aetna.

Shelly Bandit, vocera de Aetna, dijo que Wood había sido notificada de esa disposición, algo que Wood niega.

Wood tampoco tuvo suerte con Aetna. Resultó que su plan de salud solo cubría hasta $15.000 en cirugía bariátrica, por lo que ella era responsable de cualquier gasto que superara esa cantidad.

El intercambio entre el hospital y la aseguradora enfureció a Wood. Pero después de que la demandaran, concluyó que ya no tenía más opciones. Llegó a un acuerdo con Bristol y aceptó pagar el saldo completo mediante pagos mensuales de $150, según los registros judiciales. Con ese acuerdo, tardará casi siete años en saldar la deuda.

El año pasado enfrentó más dificultades económicas después de la muerte de su madre y cuando su esposo perdió el trabajo y estuvo desempleado durante seis meses.

Wood dijo que ha recuperado aproximadamente un tercio de los 45 kilos que perdió después de la cirugía debido al estrés. Algunos meses paga menos de $150. En enero, el hospital colocó un gravamen sobre su vivienda.

“No tenemos ahorros. No tenemos dinero extra. Vivimos al día”, explicó Wood. “Somos personas trabajadoras que intentamos ganarnos la vida y hacer lo correcto. Y siempre terminamos perjudicados”.

“No tengo horas y horas”

Es difícil saber cuántas demandas por deudas médicas surgen de facturas en disputa. Sin embargo, la mayoría de los adultos estadounidenses con deudas médicas afirma haber recibido en los últimos cinco años una factura que consideró errónea, según .

La frecuencia de estas disputas es una de las razones por las que muchos defensores de los pacientes consideran que los hospitales y otros proveedores de salud no deberían demandar a las personas que atienden.

“Entender cómo funciona el seguro y luego lidiar con rechazos o facturas difíciles de comprender deja a los pacientes atrapados en un sistema opaco donde tienen muy poca capacidad de influencia y poder”, señaló Eva Stahl, vicepresidenta de Undue Medical Debt, una organización sin fines de lucro que ha trabajado con estados para comprar y eliminar deudas médicas, incluidas las de más de 150.000 residentes de Connecticut.

“Los pacientes se quedan comprensiblemente llenos de preguntas y confusión”, dijo Stahl.

Timothy Bigham, propietario de una empresa de construcción y demandado en 2023 por el Hospital de Danbury, dijo que nunca entendió por qué le facturaron más de $64.000 después de ser hospitalizado tras sufrir un ataque cardíaco en 2019.

Bigham, que vive en Danbury, Connecticut, dijo que tenía seguro en ese momento. Pero poco después de regresar a casa comenzó a recibir llamadas frecuentes del hospital. Según recuerda, le dijeron que su aseguradora no estaba pagando porque él se negaba a “autorizar la entrega de registros médicos”.

“Tenía seguro cuando sufrí el ataque al corazón, pero 驴es mi trabajo lograr que la aseguradora pague?”, se preguntó. “Trabajo por cuenta propia en construcción. No tengo horas y horas para pasar al teléfono intentando hablar con alguien de una compañía de seguros”.

Bigham dijo que finalmente dejó de lidiar con el asunto porque no sabía qué más hacer.

Luego, en 2023, el Hospital de Danbury lo demandó. Un juez desestimó el caso en 2025 por la “falta de diligencia razonable” del hospital para procesarlo, según los registros judiciales. Pero para entonces, la supuesta deuda ya había devastado su historial crediticio, reduciendo su puntaje en más de 100 puntos, afirmó.

Schulz, de Northwell, se negó a comentar casos específicos de pacientes citando leyes de privacidad.

Connecticut que prohíbe incluir deudas médicas en los informes de crédito al consumidor.

Varios estados han intentado proteger a los pacientes mediante que limitan cuándo los hospitales pueden emprender acciones legales. Illinois, por ejemplo, prohíbe demandar a pacientes sin seguro que demuestren que no pueden pagar sus facturas. Nevada, Nueva York, Carolina del Norte, Maryland y Virginia prohíben los gravámenes y ejecuciones hipotecarias por deudas médicas.

“Fue una pesadilla”

Dominique Jean Pierre también se sorprendió al recibir una factura de $20.000 después de ser hospitalizado en el Hospital de Norwalk por una infección urinaria en julio de 2020.

Jean Pierre, de 66 años, había trabajado durante casi dos décadas como botones en un hotel Hilton de Stamford, propiedad y operado por Atrium Hospitality, una empresa con sede en Georgia. Cuando enfermó, el hotel estaba temporalmente cerrado debido a las restricciones por covid.

Lo que Jean Pierre no sabía era que el hotel también había suspendido los beneficios de seguro médico para los empleados. Según dijo, el hospital le informó que él sería responsable de la factura.

“Fue una pesadilla”, dijo.

Jean Pierre contó que suplicó ayuda a su gerente, pero le dijeron que la empresa no podía hacer nada. Atrium Hospitality no respondió a las solicitudes de comentarios.

Dos años después de su hospitalización, el Hospital de Norwalk lo demandó por más de $20.000, según los registros judiciales.

Jean Pierre dijo que intentó solicitar asistencia financiera en dos ocasiones, pero el hospital le informó que él y su esposa ganaban demasiado para calificar, aunque las facturas médicas representaban casi una cuarta parte de sus ingresos anuales de unos $87.000.

Sin otra alternativa, Jean Pierre llegó a un acuerdo con el Hospital de Norwalk, ahora parte del sistema Northwell, en 2025, comprometiéndose a pagar la totalidad de la deuda en cuotas mensuales de $100. A ese ritmo, terminará de pagarla en 2042.

Después del acuerdo, dijo que el juez le sugirió contactar a funcionarios electos para intentar que la deuda fuera cancelada. Jean Pierre estaba agotado.

“Me dijo: 鈥楾iene que ir a ver a sus senadores. Vaya a ver al gobernador’. Le respondí: 鈥楨s demasiado. Lo voy a dejar así’”.

Jean Pierre dejó Hilton y ahora trabaja como asistente de cuidado personal, al igual que su esposa. Pero sigue molestándole que las empresas y los proveedores de salud recibieran millones de dólares en ayuda gubernamental durante la pandemia, mientras él quedó con una deuda médica de $20.000.

“Le dieron dinero al hotel. Le dieron dinero al hospital. Le dieron dinero a muchas cosas”, dijo. “Pero nosotros no vimos nada”.

“No estoy tratando de escapar”

Otros pacientes dijeron que se sintieron atrapados, incluso cuando intentaban hacer lo correcto.

Deneen Brown, quien dirige una pequeña guardería en su casa en Norwalk, fue demandada por el Hospital de Norwalk en 2024 por $7.200 correspondientes a facturas que, según la demanda, se originaron “alrededor de 2019 y 2020”.

Brown dijo que la demanda la dejó desconcertada, ya que creía que tenía seguro médico en ese momento. Pero como propietaria de un pequeño negocio, orgullosa de mantener un buen historial crediticio y sus finanzas en orden, decidió hacerse cargo del asunto.

“No estoy tratando de escapar de algo que podría ser mi responsabilidad”, dijo Brown. “Si me dicen que lo debo, voy a averiguar qué pasó y lo voy a pagar”.

En enero de 2025 aceptó un plan de pagos de casi 13 años con cuotas mensuales de $50, según los registros judiciales. Con frecuencia paga más que eso, dijo.

Al mes siguiente, el hospital colocó un gravamen sobre su vivienda. Brown dijo que nunca imaginó que el hospital seguiría penalizándola incluso después de aceptar un plan de pagos.

“Si lo hubiera sabido, nunca habría llegado a ese acuerdo”, afirmó.

Este artículo fue producido en alianza con , una sala de redacción estatal sin fines de lucro que cubre políticas públicas y política.

Cómo lo hicimos: análisis de las demandas de cobro de deudas de atención médica en Connecticut

驴Con qué frecuencia demandan los proveedores de atención médica a los pacientes por facturas impagas?

En la mayoría de los estados, responder a esta pregunta resulta casi imposible, ya que los tribunales no suelen identificar qué demandas por cobro de deudas corresponden a deudas médicas y cuáles a otros tipos de deudas, como alquileres, tarjetas de crédito o facturas de celulares.

Sin embargo, Connecticut es diferente. Los casos de cobro de deudas presentados ante los tribunales de reclamos menores por facturas médicas o dentales impagas deben clasificarse específicamente como deudas de atención médica.

Trabajamos en colaboración con la firma de consultoría en ciencia de datos January Advisors para extraer estos casos de la base de datos judicial de Connecticut y analizarlos. (January Advisors ha trabajado con organizaciones sin fines de lucro e investigadores de todo el país para recopilar datos sobre el cobro de deudas de los tribunales estatales). La firma no tuvo ninguna participación editorial en nuestro proyecto.

Comenzamos con los casos de cobro de deudas de atención médica presentados ante los tribunales de reclamos entre 2019 y 2024. No obstante, esto solo abarcaba los casos que involucraban deudas inferiores a $5.000. También queríamos obtener información sobre aquellos casos en los que los proveedores demandaban por facturas que superaban los $5.000. Los tribunales de Connecticut no asignan una categoría específica de “médica” a los casos de reclamos mayores.

Por ello, extrajimos todos los registros de reclamos mayores correspondientes a cualquier demandante 鈥攜a fuera un hospital o un proveedor no hospitalario鈥� que figurara en los casos de reclamos menores de índole médica. También incluimos aquellos casos con demandantes que no aparecían en ese conjunto de datos, pero cuyos nombres contenían terminología médica común, como “Hospital” o “DDS” (Doctor en Cirugía Dental).

A continuación, revisamos manualmente cada caso para confirmar que el demandante fuera, efectivamente, un proveedor médico o de servicios dentales. Determinamos si dicho proveedor formaba parte de un hospital o de un grupo médico de mayor envergadura, y clasificamos a cada demandante según su tipo de proveedor (por ejemplo: sistema hospitalario, clínica dental, grupo médico, etc.).

En algunos casos, los datos que extrajimos resultaron estar incompletos; por ello, consultamos los registros judiciales en línea e ingresamos manualmente la información en nuestra base de datos. El Departamento Judicial de Connecticut elimina los registros de casos de su portal en línea transcurrido un determinado período de tiempo. En estas situaciones, solicitamos a la agencia que nos facilitara las citaciones y las demandas correspondientes para poder ingresar manualmente la información de los casos en nuestra base de datos.

Eliminamos aquellos casos en los que los demandados o los demandantes vivían fuera del estado, así como cualquier caso en el que la falta de registros dificultara la confirmación de la información relativa al proveedor.

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7B Care Clinic ha operado en Sandpoint desde 2001, antes se llamó Life Choices Pregnancy Center y Sandpoint Crisis Pregnancy Center. a una red nacional de centros cristianos evangélicos llamada Care Net.

7B, uno de los aproximadamente 1.200 centros para embarazadas afiliados a Care Net, ofrece pruebas de embarazo, ultrasonidos limitados, clases de crianza y herramientas para la vida cotidiana, grupos de apoyo comunitario y otros recursos gratuitos, como ropa para niños. Donaciones de individuos, empresas y más de 40 iglesias sostienen las operaciones de 7B, dijo Janine Shepard, su directora ejecutiva.

Estos centros son conocidos como “centros de crisis de embarazo” o “centros de apoyo para embarazadas”. Ofrecen recursos y servicios médicos limitados a mujeres embarazadas y buscan disuadirlas de abortar. Diversos grupos de atención médica, incluido el (ACOG, por sus siglas en inglés), afirman que muchos de estos centros utilizan prácticas poco éticas y engañosas para atraer mujeres a sus organizaciones.

En los últimos tres años el flujo de personas en 7B ha aumentado, cuando el hospital local cerró su unidad de parto, y sus ginecólogos y obstetras abandonaron el estado. El cierre dejó un vacío en los servicios de salud reproductiva en esta ciudad de más de 10.000 habitantes a orillas del lago Pend Oreille y en las zonas rurales cercanas.

“Estamos atendiendo a muchas más personas”, dijo Shepard.

Para diciembre de 2024, más de dos años después de que la Corte Suprema de Estados Unidos eliminara el derecho nacional al aborto con el fallo Dobbs, Idaho había perdido . 7B se está expandiendo con el objetivo de devolver la atención obstétrica a Sandpoint.

La organización planea ampliar su edificio actual una vez que termine de pagarlo, contó Shepard, y está en conversaciones con un hospital ubicado a unas 30 millas en el estado de Washington para traer a un ginecólogo una vez por semana y ofrecer atención prenatal.

Si actualmente hubiera atención obstétrica en Sandpoint, dijo Shepard, “ni siquiera estaríamos considerando” ampliar los servicios. “Pero hay una necesidad muy grande. Y nuestra comunidad sufre por eso”.

Mientras las comunidades rurales enfrentan el y , los centros de embarazo en crisis están ganando influencia. Algunos estados han aprobado leyes que otorgan a estas organizaciones mayores protecciones frente a supervisión y regulación, y en los últimos años las clínicas han recibido un gran y .

En una ciudad con acceso limitado a servicios de maternidad, 7B ha estado ofreciendo recursos importantes a mujeres de bajos ingresos que enfrentan dificultades. Pero los críticos dicen que esta organización religiosa sin fines de lucro, que no tiene licencia médica ni está obligada a cumplir estándares regulatorios para instituciones de salud, tiene una agenda ideológica que la convierte en un lugar inapropiado para que mujeres embarazadas busquen atención médica.

Jen Jackson Quintano, residente de Sandpoint y fundadora de Pro-Voice Project, una organización sin fines de lucro que defiende el derecho al aborto en Idaho, dijo que los centros de crisis de embarazo engañan a las pacientes porque las atraen ofreciéndoles  servicios gratuitos relacionados con su estado y luego les transmiten su mensaje antiaborto.

“Todos necesitamos tener claro qué tipo de servicios son realmente: lugares enfocados primero en el ministerio religioso y no en una atención médica integral”, dijo Jen Jackson Quintano.

Shepard aseguró que existen conceptos erróneos sobre la organización e invita a las personas a recorrer 7B para conocer su trabajo. Sostuvo que su personal habla con las mujeres embarazadas sobre el aborto, la adopción y la crianza como opciones, y espera que se sientan lo suficientemente apoyadas como para tomar una decisión “a favor de la vida”.

7B refleja una tendencia de los centros de embarazo en crisis que buscan expandir sus operaciones a zonas donde escasea la atención materna y regiones donde hay deficiencias en la atención médica para mujeres, explicó Andrea Swartzendruber, profesora asociada de epidemiología y bioestadística en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Georgia. Swartzendruber ha estudiado y de estos centros en el país desde 2018.

“Los centros de crisis de embarazo han aprovechado durante años la falta de acceso a la atención médica”, agregó. “Pero estos centros no tienen ni la infraestructura ni la capacidad ni la capacitación necesarias para cubrir esas deficiencias”.

Según la investigación de Swartzendruber, en 2024 operaban en el país más de 2.600 de estos centros, más que triplicando el número de .

Se ha descubierto que muchos de estos centros recurren a con sus clientes, incluyendo publicar en sus sitios web información confusa para aparentar ser clínicas médicas legítimas, con el objetivo de atraer a mujeres que buscan abortar.

Estas organizaciones también están recibiendo apoyo de la administración Trump. El 10 de mayo 鈥擠ía de la Madre鈥� el Departamento de Salud y Servicios Humanos lanzó con recursos e información para nuevas madres y embarazadas. Incluye un mapa para encontrar centros para embarazadas y menciona los servicios que brindan, como pruebas de embarazo, ultrasonidos y referencias médicas.

“El lugar perfecto”

Sandpoint es una pequeña ciudad montañosa en una zona profundamente conservadora y cristiana de un estado que tiene una estricta ley antiaborto implementada después de que la Corte Suprema anulara Roe vs. Wade.

Amelia Huntsberger, una de las gineco-obstetras que dejaron Sandpoint hace tres años, dijo que la ciudad es “el lugar perfecto para esto”, en referencia a la expansión de 7B Care Clinic.

En áreas con pocos recursos, los beneficios que pueden ofrecer los centros de crisis de embarazo son bien recibidos.

Lori Sabin, partera con licencia en Bonners Ferry, unas 30 millas al norte de Sandpoint, dijo que 7B es un recurso útil para la comunidad, especialmente para personas que tienen dificultades para acceder a atención médica por falta de seguro o problemas para trasladarse para recibir atención.

“Lo mejor de 7B es que todos sus servicios son gratuitos”, señaló Sabin, y agregó que las clases y los artículos para bebés son especialmente útiles para madres jóvenes primerizas. “Pueden orientarlas en la dirección correcta. Les dicen dónde están las parteras; dónde están los obstetras”.

Huntsberger, quien ejerció en Sandpoint durante más de una década y ahora vive en Oregon, también reconoció los beneficios que vio en 7B para las pacientes, entre ellos las clases de crianza y los grupos de apoyo. Sin embargo, le preocupa que el lugar se parezca a un centro médico que ofrece atención de salud.

Lisa Battisfore, fundadora de Reproductive Transparency Now, una organización con sede en Chicago que brinda educación y divulgación sobre centros de crisis de embarazo, reconoció que los servicios limitados que ofrecen pueden ser útiles, pero opinó que lo negativo supera a lo positivo.

“Si alguien necesita pañales o fórmula y uno de estos centros está dispuesto a proporcionárselos, es difícil decir que eso por sí solo sea algo malo, pero hay que mirar el panorama completo”, sugirió Battisfore.

Los centros de crisis de embarazo en gran medida carecen de regulaciones y están protegidos por los derechos a la libertad de expresión y libertad religiosa de la Primera Enmienda de la Constitución. La Corte Suprema que estos centros fueran a los tribunales para bloquear la citación de un fiscal estatal que solicitaba información sobre las donaciones que reciben.

Los críticos dicen que la falta de supervisión permite que difundan información falsa sobre el aborto y la “reversión” de la píldora abortiva, un procedimiento que el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos calificó como

Los centros han obtenido contra estados que intentan aumentar la regulación y supervisión sobre sus actividades. Estas protecciones han permitido que algunas organizaciones borren la línea entre activismo antiaborto y atención médica.

“Parecen ser muy hábiles para moverse de un lado a otro de esa línea cuando les conviene, y eso no beneficia a las embarazadas”, dijo Battisfore.

Battisfore mencionó un caso reciente en Texas en el que una mujer fue hospitalizada por un embarazo ectópico días después de recibir un ultrasonido y un certificado de buena salud de un centro de crisis de embarazo. Un gineco-obstetra que trabaja con Abundant Life Pregnancy Resource Center dijo a que “no hay nada que corregir” cuando se le preguntó sobre el error. Ha habido otros casos de diagnósticos incorrectos en estos centros.

Qué sigue para Sandpoint

indignó a buena parte de la población local cuando cerró su unidad de maternidad hace tres años. Los vecinos lamentaron que las mujeres tuvieran que viajar más lejos para dar a luz y la pérdida de especialistas. Desde entonces, el hospital ha estado trabajando para reconstruir la confianza de la comunidad.

Este año, creó un comité de salud femenina que incluye miembros de la junta directiva, personal y otras personas de la comunidad. El director ejecutivo del hospital, John Hennessy, y la directora médica, Stacey Good, dijeron que su prioridad es escuchar a los residentes y aumentar la conciencia sobre los servicios de salud para mujeres que todavía están disponibles.

Las mujeres todavía pueden recibir una variedad de servicios, incluida atención prenatal de una enfermera especializada que viaja a Bonner General desde Coeur d’Alene una vez por semana y de otros profesionales clínicos que pueden brindar atención ginecológica básica. Un puesto para ginecóloga en el hospital ha estado vacante desde mayo de 2023 y Hennessy dijo que cubrirlo sigue siendo una prioridad.

Makayla Sundquist, residente de Sandpoint y consejera con licencia, creció en la ciudad. Se casó el año pasado y ha estado pensando en formar una familia con su esposo. Se preguntó si se sentiría segura sabiendo que tendría que viajar al menos una hora hasta el hospital más cercano con servicios de maternidad.

Pero también tiene dudas sobre 7B como posible opción para atención local. Se mostró escéptica respecto de que una organización religiosa y antiabortista pudiera darle información precisa sobre las opciones a su disposición.

“Es algo en lo que pienso y que me da miedo”, dijo Sundquist. “Quisiera que esa no fuera mi realidad”.

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Pero doctores, dentistas, compañías de ambulancias y otros proveedores de salud todavía están llevando a sus pacientes a los tribunales, según revela una investigación de Connecticut Mirror y 麻豆女优 Health News basada en registros judiciales estatales.

Estos registros muestran que las demandas de doctores y otros proveedores no hospitalarios ahora dominan en las agencias de cobros en Connecticut: representaron más del 80% de los casos presentados contra pacientes y sus familias en 2024.

Eso muestra un cambio importante respecto a apenas cinco años atrás, cuando las demandas de sistemas hospitalarios constituían tres cuartas partes de los casos de cobro relacionados con salud en los tribunales estatales.

El cambio está trasladando los cobros de deuda médica a un ámbito menos regulado. La mayoría de los hospitales, por ser organizaciones sin fines de lucro exentas de impuestos, deben ofrecer ayuda financiera a pacientes de bajos ingresos y cumplir normas federales que limitan actividades agresivas de cobro. Otros proveedores médicos, como prácticas privadas, por lo general están exentos de esas reglas.

Las demandas suelen ser por facturas de menos de $3.000, pero el impacto en los pacientes puede ser devastador. Las demandas son uno de los efectos más dañinos de un problema de deuda de salud que afecta a unas 100 millones de personas en Estados Unidos.

Las demandas pueden derivar en embargo de salarios, gravámenes sobre viviendas y cientos de dólares adicionales en deuda por intereses y costos judiciales. También agregan presión financiera a familias que ya tienen dificultades, impiden que los pacientes reciban la atención que necesitan y debilitan la confianza en los proveedores médicos.

“Es realmente terrible”, dijo Allie Cass-Wilson, enfermera en Bristol, Connecticut, quien fue demandada por una deuda de $1.972 por una consulta de ginecológica en un consultorio adónde había ido años antes. “驴Cómo pueden hacerle eso a la gente?” Los registros judiciales muestran que no impugnó la demanda.

Cass-Wilson, de 36 años, quien vive en un pequeño apartamento justo al lado de la entrada a una autopista, dijo que solo supo de la deuda pendiente cuando fue demandada. Cuando trató de pedir una cita, dijo que le informaron que su doctor no la atendería.

“Me dijeron que estaba vetada”, dijo Cass-Wilson. “Estaba muy confundida. No podía creer que mi proveedor médico hubiera interrumpido mi atención de esta manera”.

Cass-Wilson finalmente buscó atención médica en otro lugar.

Radiólogos, dentistas y ambulancias

En total, CT Mirror y 麻豆女优 Health News identificaron más de 16.000 casos de deuda relacionadas con salud en tribunales de Connecticut entre 2019 y 2024. La base de datos fue elaborada a partir de registros judiciales en línea con ayuda de January Advisors, una firma consultora en ciencia de datos que ayudó a extraer y organizar la información.

Durante ese período de seis años, la mayoría de los más de 25.000 en Connecticut no llevaron a pacientes a los tribunales por saldos pendientes. Pero los registros muestran que más de 400 proveedores médicos, incluidos varios sistemas hospitalarios, sí demandaron a sus pacientes.

Entre quienes presentaron demandas había radiólogos, anestesiólogos, oftalmólogos, podiatras, alergistas y pediatras.

Dentistas, periodoncistas y otros proveedores dentales presentaron más de 1.000 demandas contra pacientes. Y compañías de ambulancias demandaron a más de 140 personas.

Med-Aid, una empresa con sede cerca de New Haven, Connecticut, que proporciona férulas ortopédicas y otros suministros médicos a pacientes, demandó a más de 400 personas, muestran los registros judiciales. El presidente de la empresa, Frank Dilieto, no respondió a repetidas solicitudes de entrevista.

Cass-Wilson fue demandada por Briar Rose Network en Bristol, Connecticut, miembro de una gran red de consultas de ginecología y obstetricia en el estado llamada Physicians for Women’s Health. Los miembros de la red demandaron a cerca de 100 pacientes en 2024, muestran los registros.

Paula Greenberg, directora ejecutiva de Women’s Health Connecticut, una empresa respaldada por capital privado afiliada a Physicians for Women’s Health y que administra las operaciones comerciales de la red, dijo que las demandas representan una pequeña fracción de los más de 300.000 pacientes que atiende la red cada año.

“Esta es una organización comprometida con los pacientes”, dijo Greenberg. Indicó que el grupo ofrece opciones para ayudar a pagar, incluidos planes de pago y ayuda financiera.

Geoffrey Manton, presidente de Naugatuck Valley Radiological Associates, dijo que su consulta también trabaja con personas que dicen no poder pagar. Pero señaló que algunos pacientes dejan de responder sobre sus facturas.

“Esconderse de sus problemas no los va a resolver”, dijo Manton. Si no tomáramos ninguna medida, podría darse el caso de esa persona 鈥攓ue va en ese Mercedes último modelo鈥� y que simplemente decide no pagar ninguna factura. El grupo demandó a más de 125 pacientes entre 2019 y 2024, según los registros judiciales.

Muchos proveedores médicos dicen que los cobros agresivos se deben al aumento de planes de salud con deducibles altos, que dejan a los pacientes con miles de dólares en facturas antes de que entre en vigor su cobertura.

Greenberg y Manton dijeron que cada uno de sus grupos médicos debe cobrar. “Esto es un negocio”, dijo Greenberg. “Tenemos que revisar nuestros costos operativos”.

Quienes critican las demandas por cobros médicos resultan que normalmente se demanda a pacientes por deudas relativamente pequeñas que es probable que tengan poco impacto en consultas médicas multimillonarias.

La deuda promedio por la que miembros de Physicians for Women’s Health demandaron en 2024 fue menor de $1.100, muestran los registros de los tribunales. Los ingresos anuales del grupo médico suelen estar en las decenas de millones de dólares, según Greenberg.

Incluso deudas relativamente pequeñas 鈥攓ue con frecuencia incluyen intereses鈥� pueden representar una carga importante para familias que luchan por pagar sus cuentas, especialmente mientras enfrentan una enfermedad grave, dicen defensores de pacientes.

“No tenemos una opción realista respecto al uso de la atención médica”, dijo Lisa Freeman, directora del Connecticut Center for Patient Safety y defensora de pacientes con problemas por facturas médicas. “Que luego los demanden por eso, cuando la gente tiene cada vez menos dinero disponible para cualquier gasto extra, es muy desalentador”.

Un derrame cerebral y luego una demanda

Matthew Millman, de 54 años, perdió su trabajo como técnico de apoyo informático después de sufrir un derrame cerebral. Luego Meriden Imaging Center lo demandó por una factura de $1.891.

Millman y su esposa dijeron que trataron de explicar su situación financiera al centro, afiliado a Midstate Radiology Associates, un gran grupo médico que opera centros de imágenes y consultorios en todo Connecticut.

“Fue muy frustrante”, dijo Millman, quien vive en un viejo apartamento propiedad de la familia de su esposa en New Britain. Millman, su esposa y su hija adolescente apenas sobreviven con sus dos trabajos de medio tiempo: uno empacando compras en un supermercado y otro ayudando a personas mayores que no pueden salir de sus casas. En conjunto, esos trabajos pagan alrededor de $1.500 al mes, dijo.

El centro de imágenes, después de ganar el caso de cobro contra Millman, intentó embargar su salario, aunque no tuvo éxito porque Millman ya había perdido su empleo en informática.

“Todo se trata de dinero”, dijo Millman, moviendo la cabeza. “Si lo entrenaron para ayudar a alguien con su salud, no debería tratarse primero del dinero. Debería tratarse de su salud”.

Los registros judiciales muestran que Midstate Radiology, Meriden Imaging Center y afiliados presentaron más de 1.000 demandas de cobro contra pacientes entre 2019 y 2024, lo que los convierte en los proveedores no hospitalarios más litigiosos del estado. Como es común en demandas por deuda médica, los demandantes ganaron la mayoría de los casos, muestran los registros.

El presidente de Midstate, Gary Dee, radiólogo, no respondió a correos electrónicos ni mensajes dejados en su oficina de West Hartford.

Al otro lado de la ciudad del apartamento de Millman en New Britain, Joseph Lentz vive en un apartamento estrecho con su esposa e hija. Antes supervisaba operaciones en un campamento de Boy Scouts, pero ahora está desempleado. Lentz perdió su trabajo durante la pandemia. La casa familiar entró en ejecución hipotecaria, dijo.

En 2023, Orthopedic Associates of Hartford demandó a Lentz por una factura de $3.644 que, según la consulta, debía tras una cirugía de hombro en 2018.

“La pagaría si pudiera, supongo”, dijo Lentz, de 59 años. “Pero ni siquiera sé de dónde saldrá la renta del próximo mes. Estoy tratando de salir adelante como puedo. Esto es solo un agregado más a la pila de problemas”.

El grupo ortopédico presentó más de 580 demandas contra pacientes entre 2019 y 2024, ganando la mayoría, muestran los registros.

El grupo médico rechazó solicitudes de entrevista. Pero su director ejecutivo, David Mudano, dijo en un comunicado: “Como consulta médica independiente, buscamos equilibrar la compasión por los pacientes con la responsabilidad financiera necesaria para sostener nuestra práctica”.

Deudas antiguas y reclamos disputados

Lentz, que no impugnó la demanda, dijo que no tiene motivos para dudar que debe la deuda. Pero en muchos casos revisados por CT Mirror y 麻豆女优 Health News, y en entrevistas, pacientes demandados cuestionaron la exactitud de sus facturas médicas, señalando atención que creían que el seguro debía cubrir o, en algunos casos, cobros por servicios que nunca recibieron.

Esto refleja problemas más amplios con tácticas agresivas de cobro como las demandas, cuando los desacuerdos sobre la exactitud de facturas médicas y reclamos de seguros demorados o negados son tan comunes en el sistema de salud estadounidense.

Un informe de 2022 de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor encontró que casi la mitad de las quejas por deuda médica recibidas por la agencia involucraban facturas que consumidores dijeron eran erróneas de alguna manera o que ya habían pagado.

“Sabemos que a la gente se le factura incorrectamente”, dijo Lester Bird, quien estudia demandas de cobro de deudas en la organización sin fines de lucro Pew Charitable Trusts. Bird señaló que los tribunales no están bien preparados para resolver cargos médicos disputados o reclamos de seguros, especialmente cuando hay poca documentación en la mayoría de las demandas de cobro.

“Es complicado antes de llegar a los tribunales”, dijo Bird, “y es muy complicado cuando entra en los tribunales”.

Eso puede generar dolores de cabeza para doctores y otros proveedores. Pero los problemas de facturación terminan afectando más a pacientes y sus familias, dijo el senador estatal de Connecticut Saud Anwar, demócrata y también doctor. “Los pacientes son quienes terminan lidiando con eso”.

Andrew Skolnick, abogado en Milford, cerca de New Haven, fue demandado en 2023 por un centro de imágenes donde su esposa había recibido servicios en 2020.

Skolnick dijo que cuando la pareja, cubierta por el seguro de su empleo, recibió originalmente la factura de Diagnostic Imaging of Milford, trató de informar al centro que había enviado el reclamo al seguro equivocado, pero afirmó que no quisieron hablar con él.

Luego el centro presentó la demanda, alegando que debía más de $2.000, además de casi $300 en intereses.

Pese a solicitudes de entrevista, funcionarios de Diagnostic Imaging of Milford no comentaron para este artículo.

A diferencia de la mayoría de los pacientes demandados, Skolnick tenía los recursos y la experiencia para impugnar el caso. Dijo que ofreció pagar lo que le habría correspondido bajo el plan si el centro hubiera presentado correctamente el reclamo. Finalmente llegó a un acuerdo por $1.700, muestran los registros judiciales.

“No era una cantidad enorme, pero yo sabía que ellos habían cometido un error”, dijo Skolnick. “El sistema no está funcionando”.

驴Más protecciones?

Anwar, legislador estatal y doctor, expresó preocupación de que las demandas debiliten la confianza de los pacientes en sus doctores.

“Es una relación sagrada”, dijo. “Si su doctor, que lo está cuidando, lo demanda por dinero, eso es un problema”.

Muchos hospitales, enfrentando mala publicidad por demandar a pacientes, han dejado de llevarlos a tribunales por facturas impagas. Las demandas de cobro hospitalario identificadas por CT Mirror y 麻豆女优 Health News en registros judiciales de Connecticut cayeron de más de 4.900 en 2019 a menos de 300 en 2024.

Además, en años recientes, varios estados, incluido Connecticut, han ampliado protecciones para pacientes con facturas que no pueden pagar.

Connecticut ahora prohíbe que la deuda médica aparezca en reportes de crédito al consumidor, y legisladores impulsan medidas para que hospitales ofrezcan más ayuda financiera a pacientes. Otros estados han restringido el uso de embargo de salarios y gravámenes sobre propiedades para cobrar deuda médica.

Pero los esfuerzos estatales para frenar cobros agresivos de deuda médica se han enfocado principalmente en hospitales. Eso podría tener que cambiar, dijo el senador estatal de Connecticut Matt Lesser, demócrata y copresidente del Comité de Servicios Humanos de la Legislatura.

Es uno de los principales impulsores de un proyecto de ley presentado este año que prohibiría a hospitales facturar a pacientes que reciben beneficios públicos como asistencia alimentaria o que ganan menos del doble del nivel federal de pobreza, alrededor de $32.000 para una persona.

Sin embargo, la restricción no se aplicaría a facturas de doctores y otros proveedores no hospitalarios. “Tal vez tengamos que ir más lejos si ahí está el centro del problema”, dijo Lesser.

El gobernador de Connecticut Ned Lamont, demócrata, quien impulsó una iniciativa para cancelar las deudas médicas de más de 150.000 residentes del estado, también expresó preocupación por doctores que demandan a las personas bajo su cuidado.

“Todos deberían hacer lo correcto por los pacientes”, dijo.

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Dos proyectos de ley que avanzan en el Senado estatal buscan impedir que agentes de inmigración aíslen a pacientes de sus seres queridos e interfieran con su capacidad de obtener ayuda legal.

Los análisis de ambas propuestas citan un artículo de 麻豆女优 Health News que reveló que familiares y abogados enfrentaban dificultades extremas para localizar y apoyar a pacientes hospitalizados mientras estaban bajo custodia migratoria.

麻豆女优 Health News encontró que algunos hospitales han facilitado aislar a pacientes mediante lo que se conoce como políticas de ocultamiento, que pueden incluir registrar a personas bajo seudónimos, ocultar sus nombres del directorio del hospital e impedir que el personal contacte a familiares para informarles su ubicación y condición.

Un proyecto de ley, , de la senadora estatal demócrata Caroline Menjivar, del Valle de San Fernando prohibiría en gran medida el uso de estas políticas para pacientes bajo custodia migratoria y garantizaría que mantengan el derecho a que se notifique a sus familias y a otras personas sobre su paradero y estado de salud.

Estas políticas solo se permitirían cuando el proveedor de salud determine que el paciente representa un riesgo creíble para sí mismo o para otros, y ese riesgo quede documentado en el expediente médico. Los pacientes también podrían recibir visitas.

La propuesta busca responder a informes de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) vigilando a pacientes en sus habitaciones mientras se les hace exámenes médicos o hablan con doctores, interfiriendo en decisiones médicas y presionando para que sean dados de alta antes de tiempo y enviados a centros de detención que no cuentan con capacidad para dar seguimiento a la atención.

“Estas son acciones que no tienen lugar en la atención médica, y son una clara violación de los derechos de los pacientes”, dijo Menjivar.

Según la propuesta de Menjivar, no se permitiría el ingreso de agentes a las habitaciones de pacientes que trasladan para recibir atención, a menos que demuestren autorización legal para estar allí. Si los agentes permanecen en la habitación, el personal tendría que pedirles que salgan durante exámenes médicos y conversaciones sobre la atención del paciente. Si se niegan, el personal tendría que documentarlo.

El proyecto de ley , presentado por la senadora estatal Susan Rubio, demócrata del Valle de San Gabriel, requeriría que los proveedores de salud informen al personal y a voluntarios pertinentes cómo responder cuando pacientes quieren que sus familias sepan dónde están, y que coloquen avisos en las entradas con información sobre visitas y políticas de acceso.

Esta ley ya establece que los pacientes pueden autorizar que se informe a sus seres queridos que están en el hospital, y la propuesta de Rubio busca asegurar que el personal y otras personas sepan que pueden hacerlo también en casos de pacientes bajo custodia migratoria.

El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS), que supervisa la aplicación de leyes migratorias, no respondió a una solicitud de comentarios.

Ambos proyectos fueron aprobados por los comités de Salud y Judicial del Senado siguiendo líneas partidistas, y ahora serán considerados por el Comité de Asignaciones del Senado.

Más de 20 defensores de los derechos de inmigrantes y trabajadores de salud expresaron apoyo a mayores protecciones para pacientes durante una audiencia la semana del 6 de abril.

“Este estado debe hacer todo lo posible para proteger contra estos abusos y garantizar que las personas detenidas tengan derecho a contactar a sus seres queridos cuando están hospitalizadas y en condiciones críticas”, dijo Hector Pereyra, gerente político de Inland Coalition for Immigrant Justice.

Sin embargo, representantes de la Asociación de Hospitales de California y la Asociación Médica de California dijeron a legisladores que les preocupa que instruir a trabajadores de salud a documentar números de placa de agentes y pedirles que salgan de habitaciones pueda generar conflictos y representar riesgos de seguridad.

“Aunque entendemos que este es un tema importante, queremos asegurarnos de que el proyecto logre el equilibrio adecuado y no cree obligaciones conflictivas o poco claras para hospitales, su personal y sus médicos, particularmente en interacciones en tiempo real con agentes federales”, dijo Vanessa Gonzalez, vicepresidenta de defensa estatal de la asociación hospitalaria.

麻豆女优 Health News reportó que un hombre, Julio César Peña, de 43 años, estuvo retenido en un hospital en Victorville durante casi dos semanas antes de que su abogado y su familia supieran dónde estaba.

Peña, que tenía enfermedad renal terminal, estuvo encadenado a su cama de hospital, vigilado por agentes migratorios, y le dijeron que no podía revelar su ubicación, según su esposa. Después sufrió una convulsión que lo dejó intubado e inconsciente, pero nadie notificó a su familia. Peña murió el 25 de febrero, menos de dos meses después de ser liberado y regresar a casa.

Defensores de inmigrantes y trabajadores de salud, así como legisladores, temen que incidentes similares estén ocurriendo en todo el estado.

Menjivar dijo que su proyecto “busca cerrar la brecha entre la ley vigente y la práctica, dando a entidades proveedoras de salud las herramientas para defender los derechos de privacidad, salud y visitas de un paciente llevado bajo custodia migratoria”.

El SB 915 prohibiría que hospitales y clínicas permitan que agentes migratorios tomen decisiones médicas por el paciente o actúen como intérpretes. También requeriría que centros de salud documenten y verifiquen, “en la medida de lo posible”, la identidad de los agentes; proporcionen a pacientes acceso a herramientas de comunicación; e informen a pacientes sobre sus derechos. Además, tendrían que completar planes de alta que incluyan intentos de coordinación con cualquier centro receptor, como un centro de detención, para asegurar atención de seguimiento.

Los proyectos llegan después de una ley aprobada el año pasado que buscó limitar la aplicación de leyes migratorias en centros de salud, incluso prohibiendo que establecimientos médicos permitan el ingreso de agentes federales sin una orden judicial válida a áreas privadas. Sin embargo, esa ley no abordó situaciones en las que pacientes ya están bajo custodia migratoria.

“El ICE ha sembrado miedo en nuestros hospitales y nos ha impedido hacer nuestro trabajo”, dijo SatKartar Khalsa, residente de medicina de emergencia en un hospital de red de seguridad en San Francisco que ha atendido a pacientes detenidos y testificó en apoyo del SB 915. “Todo esto ha llevado a peor atención para nuestros pacientes y ha agregado otra capa de miedo entre los trabajadores de salud”.

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Otros conductores se detuvieron, rompieron la ventana del auto y lo llevaron a un lugar seguro. Un bombero voluntario que pasaba por allí le practicó reanimación cardiopulmonar hasta que llegó una ambulancia que trasladó a Masterson al hospital UPMC Mercy.

Pasó 18 días en la unidad de cuidados intensivos (UCI), 14 de ellos conectado a un ventilador. Desarrolló delirio, una condición común en terapia intensiva, y necesitó medicamentos antisicóticos. A pesar de tener una sonda de alimentación, perdió peso. “Sinceramente, no estábamos seguros de que fuera a sobrevivir”, dijo Ron Dedes, su cuñado.

Pero sobrevivió. Masterson fue dado de alta el 1 de febrero y regresó a casa con apoyo familiar casi constante. Trabajando con varios tipos de terapeutas, ha recuperado la capacidad de caminar, aunque aún tiene debilidad, y puede ocuparse de su cuidado personal. Su habla, que antes era confusa, ha mejorado notablemente. Puede prepararse un sándwich.

Ahora, “nuestra mayor preocupación es su memoria”, dijo Dedes. Masterson, quien hasta hace poco manejaba asuntos legales complejos, olvida conversaciones y eventos que ocurrieron unas horas antes, explicó Patti Dedes, su hermana. Aún no puede usar un microondas ni hacer una llamada telefónica.

En una entrevista, se describió a sí mismo, con precisión, como “mucho, mucho mejor de lo que estaba”, pero se equivocó al decir su edad. Las pruebas de evaluación tras el alta indicaron deterioro cognitivo y depresión.

Entre los médicos de cuidados críticos, los síntomas prolongados como los suyos se conocen como “síndrome post-cuidados intensivos” o PICS (por sus siglas en inglés). Las secuelas pueden ser físicas o psicológicas, además de cognitivas, y pueden durar meses o años.

son admitidas cada año en terapias intensivas en unos 5.000 hospitales en Estados Unidos, y las investigaciones muestran que secundarios. La edad avanzada aumenta las probabilidades.

Los pacientes y sus familias suelen sorprenderse por estas dificultades persistentes. “La creencia es que saldrán del hospital y en dos o tres semanas volverán a la normalidad”, dijo Brad Butcher, quien fue el doctor de Masterson y en la revista médica JAMA. “Eso no se corresponde con la realidad”.

De hecho, con un mayor uso de las UCI y mejores tratamientos, la población que puede enfrentar este síndrome está creciendo. La Sociedad de Medicina de Cuidados Críticos (Society of Critical Care Medicine, SCCM) estima que a la terapia intensiva.

“Todos están agradecidos de que el paciente haya sobrevivido”, dijo Lauren Ferrante, doctora en cuidados críticos pulmonares e investigadora en la Facultad de Medicina de Yale (Yale School of Medicine). “Pero ese es solo el comienzo de un largo camino de recuperación”. En un estudio de pacientes de 70 años o más, del que fue coautora, dentro de los seis meses posteriores al alta solo alrededor de la mitad .

Los pacientes de cuidados intensivos enfrentan . Los síntomas del PICS van 鈥攄ebilidad, dolor, neuropatía (hormigueo en brazos y piernas) y desnutrición鈥� , principalmente ansiedad y depresión. Las como las de Masterson son comunes, incluidos problemas de memoria, atención y concentración, y lenguaje.

“Para muchas personas, sobrevivir a una enfermedad crítica es una experiencia que cambia la vida”, afirmó Butcher. Los pacientes en cuidados intensivos después de cirugías de emergencia o programadas también presentan físicos, mentales y cognitivos un año después.

Los mismos tratamientos intensivos que salvan vidas contribuyen al síndrome. Los pacientes en cuidados intensivos “tienen algún tipo de falla grave de órganos que requiere atención inmediata” y monitoreo constante, explicó Carla Sevin, doctora en cuidados críticos pulmonares que dirige el Centro de Recuperación de UCI en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt.

Eso puede implicar un tubo de respiración conectado a un ventilador, lo que a su vez suele requerir medicamentos sedantes. La sedación “puede provocar delirio, y el delirio es el factor clave en los síntomas cognitivos”, dijo Butcher.

Tampoco ayuda que los pitidos constantes de los monitores y la iluminación brillante las 24 horas interrumpan el sueño, ni que las restricciones en las visitas familiares priven a los pacientes de rostros y voces tranquilizadoras.

Gregory Matthews, un contador jubilado en St. Petersburg, Florida, pasó casi un mes en una UCI tras un trasplante de pulmón en 2014. Aún recuerda con claridad sus alucinaciones, incluidas imágenes de ratones corriendo por la pared y alguien intentando incriminarlo por tráfico de drogas.

“Un día, pensé que un doctor era un asesino; podía ver el rifle”, dijo Matthews, ahora de 80 años. “Así que salté de la cama”, contó, y se arrancó las vías intravenosas. El personal tuvo que sujetarle los brazos durante varios días.

Pero la inmovilización también tiene consecuencias, ya que los pacientes pierden rápidamente masa muscular y fuerza. “Nuestros cuerpos no están hechos para estar acostados todo el día”, señaló Ferrante.

En el plano psicológico, “el trastorno de estrés postraumático es bastante común, similar al que se observa en veteranos de combate o sobrevivientes de agresión sexual”, dijo Sevin. Las familias también pueden sufrir ansiedad y depresión junto con los pacientes.

Alarmados por estos hallazgos, médicos y administradores de unos 35 hospitales en Estados Unidos han establecido , donde equipos de doctores, enfermeros, farmacéuticos, terapeutas (físicos, ocupacionales, cognitivos, del habla) y trabajadores sociales evalúan múltiples condiciones y ayudan a los pacientes a enfrentarlas.

La clínica de Vanderbilt atendió a su primer paciente en 2012. El Centro de Recuperación de Enfermedades Críticas del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh 鈥攆undado por Butcher en 2018鈥� trabaja con unos 100 pacientes al año, incluido Masterson. Yale abrió su clínica en 2022.

Estas clínicas aplican seis prácticas recomendadas por la Sociedad de Medicina de Cuidados Críticos que han demostrado reducir de forma significativa los . Las medidas incluyen usar sedación más ligera, hacer que los pacientes se levanten y se muevan antes, evaluar su respiración diariamente para retirar el ventilador más pronto y eliminar restricciones en las visitas familiares.

Las clínicas suelen ofrecer grupos de apoyo para pacientes y familias. Hay evidencia de que llevar un diario de la UCI, en el que pacientes y cuidadores registran sus experiencias, y participar en ejercicio y rehabilitación física después del alta.

También se abordan conversaciones sobre qué otras opciones preferirían los pacientes si enfrentan otra enfermedad crítica, como ocurre con muchos. 驴Aceptarían nuevamente cuidados intensivos y el riesgo de sus secuelas? 驴O elegirían cuidados paliativos, que priorizan la comodidad en lugar de la curación? Algunos pacientes quedan con discapacidades permanentes después de la UCI.

Butcher, aunque señaló que estas nuevas prácticas deben ampliarse mucho más, se mostró optimista sobre el futuro de los cuidados críticos. “Vamos a encontrar mejores herramientas de diagnóstico, mejores estrategias de prevención y mejores tratamientos”, dijo.

Por ahora, sin embargo, la experiencia en la UCI sigue siendo desorientadora y a veces traumática. Cuando Butcher preguntó a 117 pacientes en su clínica post-UCI sobre qué harían en el futuro, muchos querían poner límites a las intervenciones médicas.

Alrededor de un tercio preferiría reducir el nivel de atención agresiva. De ellos, cerca de una cuarta parte optaría por órdenes de “no resucitar” y “no intubar”, y casi el 7% dijo que no querría volver nunca a una UCI.

Masterson sigue trabajando en su recuperación. “No he salido mucho”, dijo. “He estado más bien en casa”. Espera recuperar la fuerza suficiente para volver a correr; antes solía correr entre 3 y 4 millas varias veces por semana.

El futuro de los pacientes con síndrome post-UCI suele depender de su estado físico, mental y cognitivo antes de la hospitalización. La buena condición física previa de Masterson y su trabajo exigente a nivel cognitivo son factores positivos para su recuperación, señaló Butcher.

Su familia oscila entre la esperanza y la preocupación. “Quién sabe cómo estará más adelante”, dijo Dede, su cuñado. “Vamos día a día”.

“The New Old Age” se produce en colaboración con .

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Jamie Estrada, de Albuquerque, Nuevo México, recibió en dos ocasiones inyecciones de lidocaína en la parte superior de la columna vertebral para probar si una ablación permanente del nervio trataría su dolor crónico de cuello.

El dolor desapareció hasta que el anestésico dejó de hacer efecto unas seis horas después. Lo más impactante: a su aseguradora le facturaron $28.000 por cada procedimiento de 10 minutos.

A Mark McCullick, de Longmont, Colorado, lo mandaron a hacerse una tomografía por emisión de positrones (PET) de cuerpo completo para averiguar si su cáncer de próstata había regresado. El estudio, de dos horas, no mostró evidencia de cáncer, pero la factura de $77.000 enviada a la empresa que administra su seguro lo alarmó.

La inflación médica la inflación general durante años, y las facturas de muchos procedimientos breves y de rutina llegan a decenas de miles de dólares.

Estos casos destacan las preguntas que afectan al sistema de salud estadounidense y a los pacientes atrapados en él: 驴Cuál es un precio razonable para cualquier consulta o procedimiento médico y cómo se determina? 驴Qué tanto luchan las aseguradoras, supuestas administradoras del dinero de salud que los pacientes ganan con esfuerzo, para reducir los cargos y qué tan de cerca revisan las facturas para verificar su exactitud?

Los casos de Smith, Estrada y McCullick son facturas del “chargemaster”, calculadas a partir de la lista madre de precios que los proveedores de salud asignan a los servicios.

Los pacientes que tienen seguro generalmente no las pagan. Pero son importantes porque a menudo son el punto de partida para el precio negociado que la aseguradora acepta como razonable por los servicios.

Por lo general, los pacientes son responsables de entre el 10 % y el 20 % del precio negociado, su coseguro, y cuando los precios son tan altos, esa puede ser una cifra muy grande. Además, esas tarifas negociadas son difíciles de conocer para los pacientes (hasta que reciben la factura) y parecen arbitrarias.

Además, como las aseguradoras pueden compensar gastos altos en un año aumentando las primas y los deducibles al siguiente, tienen poco incentivo para negociar con firmeza buenos acuerdos para los pacientes que cubren. Así, de forma indirecta, todos los pacientes pagan sin saberlo.

En los casos de Smith y Estrada, sus aseguradoras pagaron la mayor parte sin cuestionamientos. El Centro Médico Hershey de Penn State, que trató a Smith, recibió $61.000, o el 62% de lo que facturó. New Mexico Surgery Center Orthopaedics, que trató a Estrada, recibió $46.000, o el 82%.

La aseguradora de McCullick, en cambio, dijo que pagaría a Intermountain Health solo el 28 % de su factura de $77.000. Luego hubo otro giro: el hospital, que dijo que había obtenido una preautorización, descubrió después que el estudio no estaba cubierto. Entonces le facturó a McCullick la tarifa completa del chargemaster de $77.000 o le ofreció que podía pagar la tarifa en efectivo de $14.259.

En un comunicado enviado por correo electrónico, Chris Bond, vocero de AHIP, el principal grupo comercial de las aseguradoras de salud, responsabilizó a los hospitales por el problema y dijo que los planes están “enfocados en hacer que los beneficios y la cobertura sean lo más asequibles posible para sus miembros”.

Agregó que: “como la categoría más grande por cada dólar de prima gastado, los aumentos en el costo de la atención hospitalaria tienen un impacto desproporcionado en las primas”.

En un sistema de salud en el que los precios pueden variar de manera exponencial con poca transparencia, 驴cómo pueden los pacientes permitirse enfermarse?

“No tiene sentido”

Los estadounidenses como una de las principales prioridades para el gobierno en 2026, según una encuesta de The Associated Press-NORC, y expresaron especial preocupación por el costo, el acceso y la cobertura.

La primera administración Trump exigió a aseguradoras y hospitales que publicaran archivos con precios en efectivo, brutos y negociados para diversos artículos y servicios. Estas listas de precios sin procesar 鈥攁 menudo cientos de páginas llenas de códigos de facturación médica鈥� para los pacientes.

Cinco años después, han sido recopiladas, analizadas y ampliadas por académicos y empresas emergentes, lo que ha arrojado luz sobre las disparidades en los precios y cómo han surgido.

“Cuando miramos los datos, ya sea del chargemaster o de lo que pagaron las aseguradoras, están por todos lados; no tienen sentido”, dijo Marcus Dorstel, vicepresidente senior de operaciones de Turquoise Health, una empresa emergente de transparencia de precios con pagadores y proveedores como clientes. “La variación es enorme, incluso en una zona específica”.

Cuando investigadores de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins analizaron los datos, descubrieron que el precio que distintas aseguradoras pagan por los mismos cargos facturados “puede ser tres o más veces diferente en el mismo hospital”, dijo Ge Bai, profesora de contabilidad en salud que participó en la investigación.

Los precios que pagan las aseguradoras se determinan por numerosos factores, incluidos los que establecen sus contratos con los sistemas de salud. Algunos planes, como el de Smith, pagan automáticamente un porcentaje de los cargos facturados por el hospital, lo que incentiva a los hospitales a aumentar sus tarifas.

 El Centro Médico Hershey aumentó sus precios para 11 códigos comunes de facturación hospitalaria en un promedio de alrededor de 30% entre 2023 y 2025, calculó para este artículo Dan Snow, científico de datos de Turquoise Health. Pero esos precios no eran muy diferentes de los de otros hospitales en Pennsylvania.

En otros casos, una aseguradora puede acordar pagar a un sistema de salud una tarifa por caso, una tarifa estándar para un tipo de atención, como una colonoscopía o una hospitalización por neumonía.

Pero hay un elemento adicional lucrativo, llamado “carve-out”, que se refiere a un beneficio específico que se negocia y se paga por separado. Por ejemplo, si el hospital utilizó medicamentos o dispositivos costosos, pueden facturarse además de la tarifa global por caso, sin límites en los recargos del hospital.

Ese fue el caso de la tomografía PET de McCullick; alrededor del 80% del cargo no fue por el estudio en sí, sino por un nuevo tipo de medicamento inyectado antes del estudio para detectar el cáncer.

La mayoría de las veces, los precios finales dependen del poder de negociación relativo de la aseguradora y el sistema de salud: 驴Cuál de las partes tiene suficiente influencia en el mercado como para retirarse si la otra no cumple con sus exigencias?

Esos factores “pueden explicar las variaciones y patrones de precios que vemos”, dijo Dorstel. “En algunos mercados, las aseguradoras fijan los precios y, en otros, los aceptan”.

Para las aseguradoras, pagar más es rentable

Las aseguradoras no tienen incentivos para bajar los precios porque los precios altos significan que “reciben una parte del pastel más grande”, dijo Bai.

Por ley, las aseguradoras deben gastar el 80 % u 85% de las primas en la atención de los pacientes. Pero cuando los precios suben, pueden trasladar el aumento a los clientes en forma de primas más altas y aun así cumplir con su obligación legal.

Así, primas más altas significan menos dinero para el paciente y más ganancias para la aseguradora.

Por cada inyección espinal que recibió Estrada, la tarifa contratada por su compañía de seguros fue de $23.237,50. El coseguro de Estrada fue de $5.166,20. Con un plan con deducible alto, se le pidió que pagara la totalidad de esa factura de más de $5.000.

Cuando llamó para cuestionar la factura, dijo que el administrador del centro quirúrgico le explicó que los cargos eran resultado de un “contrato heredado” con la aseguradora que es “ventajoso” y “favorable” para el centro.

Los cargos de New Mexico Surgery Center Orthopaedics son muchas veces mayores que los del hospital donde los médicos del centro admiten pacientes; allí, la tarifa contratada por la aseguradora de Estrada para la misma inyección es de solo $2.058,67. Y en comparación con los cerca de $20.000 que la aseguradora pagó por cada inyección de Estrada, otras aseguradoras pagan al centro alrededor de $700 por el mismo procedimiento, encontró Snow.

El centro quirúrgico forma parte de un grupo nacional que tiene más de 535 instalaciones quirúrgicas, United Surgical Partners International, que a su vez es propiedad de Tenet Healthcare, un conglomerado de salud con fines de lucro. Ese tipo de dominio del mercado puede dar a las empresas el poder de negociación para cobrar 鈥攜 recibir鈥� lo que quieran, explicó Bai.

El centro quirúrgico, United Surgical Partners International y Tenet Healthcare no respondieron a múltiples solicitudes de comentarios de 麻豆女优 Health News.

Con cargos prenegociados, las aseguradoras tienen pocos incentivos para revisar facturas cuestionables. Cuando Smith pidió una factura detallada de su cirugía, descubrió que le habían facturado dos intervenciones: una por la extracción del embarazo ectópico y otra porque el cirujano notó signos de endometriosis y realizó una biopsia. Ambas fueron facturadas a la tarifa contratada de $37.923.

Se indignó por los cargos, que a su juicio parecían un cobro duplicado. “Fue una sola cirugía”, dijo. “Hubo una sola incisión”.

Abogada formada en la Universidad de Yale, Smith consultó las pautas federales de codificación correcta de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), que señalan que los dos códigos de facturación utilizados para su cirugía por lo general no pueden “facturarse juntos para el mismo encuentro con el paciente” porque uno está incluido en el otro.

Smith dijo que se comunicó con el hospital de Penn State, la aseguradora e incluso con el fiscal general del estado sin lograr una resolución. Por eso espera que, a regañadientes, tendrá que pagar el coseguro de $5.250 que el hospital y la aseguradora dicen que debe.

En respuesta a preguntas de 麻豆女优 Health News, Scott Gilbert, vocero del sistema de salud, no respondió a los detalles específicos de este caso, pero escribió: “Penn State Health reconoce que la facturación de la atención médica puede ser confusa y a menudo abrumadora para los pacientes. El proceso implica muchos factores, incluidos el tipo de atención brindada, dónde se presta y los detalles de la cobertura de seguro del paciente”.

驴Un precio “razonable”?

Después de que un reportero envió múltiples consultas a Intermountain Health, McCullick dijo que un representante le preguntó cuál sería “una cantidad razonable para resolver la situación”.

Sara Quale, portavoz del Hospital Good Samaritan, afiliado de Intermountain donde se realizó la tomografía PET, escribió: “Lamentamos sinceramente la frustración que esta situación ha causado al señor McCullick”, y señaló que “hemos estado en contacto constante con él y continuaremos dando seguimiento según sea necesario”.

McCullick dijo que quiere pagar la parte que le corresponde, pero aún intenta determinar cuál es, sin duda menos que los distintos precios de pago directo que le han ofrecido, todos superiores a $10.000. “La naturaleza cambiante de estas cifras es sorprendente”, escribió en un correo electrónico.

En cuanto a Estrada, estaba tan molesto que decidió no seguir adelante con la ablación del nervio. Mientras lo preparaban para el procedimiento, recordó, el médico dijo que había “escuchado que podría demandar” y lo regañó por ser problemático. El hospital no respondió a una solicitud de comentarios sobre las acusaciones y Estrada dijo que nunca había amenazado con emprender acciones legales.

Estrada se bajó de la camilla y se volvió a poner la camisa. “No voy a dejar que esta persona me introduzca una aguja grande en la espalda”.

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Los Miller se establecieron en Vancouver Island, su refugio rodeado de paisajes naturales y accesible solo por ferry o avión. Justin comenzó a trabajar en la sala de emergencias del Nanaimo Regional General Hospital, donde se convirtió en uno más de los 20 enfermeros formados en Estados Unidos contratados desde abril.

El temor a Trump, dijeron algunos de los enfermeros, fue la razón por la que se fueron.

“Somos muchos los que pensamos igual”, dijo Justin, quien ahora trabaja codo con codo con otros estadounidenses en Canadá. “No estás atrapado. No tienes que quedarte. A los trabajadores de salud los reciben con los brazos abiertos en todo el mundo”.

Los Miller forman parte de un nuevo y creciente número de enfermeros, doctores y otros trabajadores de salud estadounidenses聽que se mudan a Canadá, y en particular a British Columbia, donde más de 1.000 enfermeros y enfermeras formados en Estados Unidos han recibido autorización para trabajar desde abril pasado.

Mientras el gobierno de Trump implementa políticas de extrema derecha, cada vez más autoritarias, y reduce el financiamiento para la , los seguros y la investigación médica, muchos profesionales de enfermería se han sentido atraídos por la política progresista de Canadá, su reputación de país acogedor y su sistema de salud universal.

Además, algunos enfermeros se indignaron el año pasado cuando el gobierno de Trump dijo que reclasificaría la enfermería como , lo que impondría límites federales estrictos a los préstamos que los estudiantes de enfermería podrían recibir.

Canadá está listo para sacar partido de esta situación. Dos de sus provincias más pobladas, Ontario y British Columbia, han simplificado el proceso de obtención de licencias para enfermeros estadounidenses desde que Trump regresó a la Casa Blanca.

British Columbia también lanzó 鈥�“aprovechando la oportunidad” creada por el “caos e incertidumbre que ocurren en Estados Unidos”鈥� para contratar enfermeros de California, Oregon y Washington.

Temores hechos realidad

Amy Miller, enfermera practicante, dijo que ella y su esposo estaban decididos a sacar a sus hijos del país porque sentían que el segundo mandato de Trump inevitablemente derivaría en violencia.

Primero, los Miller obtuvieron licencias de enfermería en Nueva Zelanda, pero cuando la búsqueda de empleo tomó demasiado tiempo, cambiaron su plan hacia Canadá.

A Justin le ofrecieron un trabajo en cuestión de semanas.

Amy encontró uno en tres meses.

Así que se mudaron. Y solo unos días después, los Miller observaron con horror desde la distancia cómo sus temores se hacían realidad. Mientras fuerzas federales de inmigración se enfrentaban con manifestantes en Minneapolis el 24 de enero, agentes federales dispararon y mataron a un enfermero de cuidados intensivos, Alex Pretti, cuando filmaba un enfrentamiento y parecía intentar proteger a una mujer que había sido empujada al piso.

El video del asesinato mostró a los agentes fronterizos inmovilizando a Pretti en el suelo antes de confiscarle su pistola oculta, para la cual tenía licencia, y dispararle.

El gobierno de Trump calificó rápidamente a Pretti como un “terrorista doméstico”. Esa acusación fue cuestionada por videos de testigos que circularon en redes sociales y generaron indignación, incluso entre enfermeros y organizaciones de enfermería, algunos de los cuales mencionaron el deber de la profesión de cuidar a las personas vulnerables.

“No quiero decir que era algo esperado, pero por eso estamos aquí”, dijo Amy Miller. “Incluso nuestra hija mayor dijo: 鈥楨stá bien, mamá, porque ya no estamos allá. Aquí estamos seguros’. Ella lo entiende y ni siquiera está en la escuela media”.

Tanto Estados Unidos como Canadá tienen una gran necesidad de enfermeros. Se proyecta que Estados Unidos tendrá un déficit de unos 270.000 enfermeros registrados, además de al menos 120.000 enfermeros practicantes con licencia, para 2028, según de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA, por sus siglas en inglés).

En Canadá, las vacantes de empleo en enfermería se triplicaron entre 2018 y 2023, cuando alcanzaron casi 42.000, según un del Montreal Economic Institute, un centro de análisis canadiense.

Consultada para comentar, la Casa Blanca señaló que muestran que el número de enfermeros con licencia en Estados Unidos aumentó en 2025. Y desestimó los relatos de enfermeros que se mudan a Canadá como “anécdotas de personas con casos graves del síndrome de trastorno por Trump”.

“La fuerza laboral de salud estadounidense es la mejor del mundo y sigue creciendo bajo el presidente Trump”, dijo Blanca Kush Desai, vocera de la Casa. “Las oportunidades de empleo en el sistema de salud estadounidense siguen siendo sólidas, con posibilidades de avance profesional y salarios que superan ampliamente a los de otras naciones desarrolladas”.

“Una sensación de alivio”

No se sabe con precisión cuántos enfermeros estadounidenses se han mudado al norte desde que Trump regresó al cargo, porque algunas provincias canadienses no registran o no publican esas estadísticas.

Desde que el proceso simplificado entró en vigencia en abril de 2025 hasta enero, la provincia de British Columbia, que ha hecho más esfuerzos para contratar estadounidenses, había aprobado las solicitudes de licencia de 1.028 enfermeros formados en Estados Unidos, según el British Columbia College of Nurses and Midwives. En todo 2023 y 2024, solo se habían aprobado 112 y 127 solicitudes de estadounidenses, respectivamente, informó la agencia.

El aumento del interés de enfermeros estadounidenses también fue confirmado por asociaciones de enfermería en Ontario y Alberta, así como por la Canadian Nurses Association a nivel nacional.

Angela Wignall, CEO de Nurses and Nurse Practitioners of British Columbia, dijo que antes los enfermeros estadounidenses se mudaban al norte porque se habían enamorado de Canadá (o de un canadiense). Pero más recientemente, afirmó, ha conocido a enfermeros que temían que la Casa Blanca fomentara la violencia y la vigilancia, en particular contra familias que incluyen parejas del mismo sexo.

“Algunos vivían con miedo al gobierno y compartieron una sensación de alivio al cruzar la frontera”, dijo Wignall. “Como canadiense, es desgarrador. Y también es una alegría darles la bienvenida”.

Vancouver Island, que tiene una población de unas 860.000 personas, ha incorporado a 64 enfermeros formados en Estados Unidos desde abril, incluidos los del Nanaimo Regional, dijo Andrew Leyne, vocero de la autoridad de salud de la isla.

Una de las enfermeras fue Susan Fleishman, una canadiense que se mudó a Estados Unidos cuando era niña y luego trabajó durante 23 años en salas de emergencias antes de dejar el país en noviembre.

Fleishman dijo que la retórica de odio de Trump ha alimentado una división que ha permeado y deteriorado la vida en el país.

“No fue una mudanza fácil; eso es seguro. Pero creo que definitivamente vale la pena”, dijo, ya de regreso en Canadá. “Siento que aquí hay mucha más amabilidad. Y creo que eso hará que me quede”.

Brandy Frye, quien también trabajó durante décadas en salas de emergencias estadounidenses, contó que se mudó a Vancouver Island el año pasado tras esperar a ver si Mark Carney se convertiría en primer ministro de Canadá. El ascenso de Carney fue ampliamente visto como un rechazo al trumpismo.

Mientras tanto, dijo Frye, el hospital de California donde trabajaba había estado eliminando de sus documentos palabras asociadas con diversidad y equidad para complacer al gobierno de Trump. No pudo tolerarlo.

“Lo vi como un paso en contra de todo en lo que creo”, señaló Frye. “Y ya no me sentía parte de ese lugar”.

Como muchos de los enfermeros estadounidenses que se han mudado a Vancouver Island, Frye se sintió atraída por primera vez a la zona gracias a un video viral que estaba destinado al turismo, pero que terminó logrando mucho más.

Hace aproximadamente un año, Tod Maffin, y ex presentador de CBC Radio, invitó a estadounidenses a la ciudad portuaria de Nanaimo para un fin de semana de “infusión” diseñado para compensar el impacto de los aranceles de Trump en la economía local.

Maffin dijo que alrededor de al evento en abril.

“Muchos eran trabajadores de salud que buscaban una ruta de escape”, dijo Maffin. “Estaban allí para apoyar nuestra economía, pero también para explorar Canadá”.

Maffin vio una oportunidad. Reutilizó el sitio web del evento como herramienta de reclutamiento y lanzó una sala de chat en Discord para ayudar a estadounidenses a mudarse.

Maffin dijo que cree que la campaña ayudó a unos 35 trabajadores de salud a mudarse a Vancouver Island. Voluntarios en han replicado su sitio web para atraer a sus propios enfermeros y doctores estadounidenses.

“Hay comunidades en todo Canadá donde la sala de emergencias cierra por la noche porque falta un enfermero. Así de apretado está el personal”, dijo Maffin.

“Un nuevo enfermero en un pueblo pequeño, o en una ciudad mediana como Nanaimo hace la diferencia”, agregó.

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Durante una mesa redonda en la Casa Blanca en enero, en la que se anunciaron los primeros fondos del nuevo programa federal de salud rural de $50.000 millones, Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), calificó la idea como “genial”.

Ese mismo día, el senador Bernie Sanders, independiente de Vermont, dijo que no tenía . Obstetras y otros profesionales de salud también expresaron su preocupación en redes sociales, y un activista político llegó a llamarlo

Las reacciones encontradas reflejan el choque entre el entusiasmo por las propuestas tecnológicas que presentaron los estados en sus solicitudes al Programa de Transformación de la Salud Rural y la realidad: simplemente no hay suficientes trabajadores de salud para atender a los pacientes en muchas comunidades rurales. Ahora que los estados comienzan a invertir los fondos asignados para el primer año, la tensión va en aumento, especialmente en Alabama.

Oz elogió la propuesta del estado de invertir en la relativamente nueva tecnología de ecografías robóticas.

“Muchos condados de Alabama no tienen ginecólogos obstetras”, dijo Oz en una reunión junto al presidente Donald Trump y otros miembros del gabinete. La falta de atención, , fue lo que motivó la propuesta de usar robots para hacer ecografías a mujeres embarazadas.

Britta Cedergren, directora de la (Alabama Perinatal Quality Collaborative), tiene claro lo que ocurre: “Nadie usa robots autónomos”.

Aunque considera que las ecografías robóticas son “una tecnología muy interesante”, explicó que todavía no se utilizan en el estado. En cambio, los profesionales de salud se apoyan en las consultas telefónicas para brindar atención obstétrica y, cuando hay equipos e internet disponibles, en la telemedicina.

El objetivo, señaló, es “apoyar a los lugares donde no hay atención médica”.

Cedergren participa en varios grupos estatales de salud materna y fetal, y trabaja diariamente con doctores, hospitales y personal de emergencia. Aunque reconoce la importancia de mejorar la tecnología, insiste en que no reemplaza la necesidad de una fuerza laboral bien capacitada ni de un sistema de atención y datos bien coordinado.

En 2024, el año más reciente con datos disponibles, la tasa de mortalidad infantil en Alabama fue de por cada 1.000 partos con recién nacidos vivos. A nivel nacional, la tasa fue de 5,5 por cada 1.000 nacimientos vivos, de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

El cierre de unidades obstétricas en hospitales 鈥攓ue suele implicar la pérdida de proveedores capacitados para atender a mujeres embarazadas y a sus bebés鈥� es una tendencia de larga data en zonas rurales de Estados Unidos. Pero en Alabama, las pérdidas han sido especialmente graves.

En 1980, 45 de los 55 condados rurales del estado tenían servicios obstétricos en hospitales. Para 2025, ofrecen ese tipo de atención, según datos estatales. Y la tendencia no se detiene: cinco unidades obstétricas cerraron entre 2023 y 2024, incluyendo las de tres condados rurales: Monroe, Marengo y Clarke.

, profesora en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Minnesota, descubrió que los cierres en zonas remotas están relacionados con un , una de las principales causas de mortalidad infantil.

“Seguirá habiendo embarazos y partos en nuestras comunidades”, dijo. “Necesitamos lugares donde proporcionar atención médica”.

Casi todos los estados incluyeron en sus solicitudes para el Programa de Transformación de la Salud Rural la falta de personal médico y la salud materna como prioridades. Pero solo Alabama propuso usar robots para cubrir esa necesidad. El fondo rural, creado por el Congreso como incentivo de último minuto dentro de la ley One Big Beautiful Bill Act del presidente Trump, alentó a los estados a ser creativos, innovadores y presentar soluciones tecnológicas.

A Alabama se le asignaron $203 millones para el primer año de este programa que durará cinco años. Entre casi , la solicitud del estado incluye el fortalecimiento de su fuerza laboral rural y la mejora de la salud materna y fetal.

Mike Presley, vocero del 鈥攁gencia encargada del plan鈥�, dijo que no había nadie disponible para hablar sobre las ecografías telerobóticas.

LoRissia Autery, gineco-obstetra en una zona rural al noroeste de Birmingham, dijo que los robots no van a reducir la mortalidad materna e infantil. Hacer una ecografía tiene matices, señaló.

Muchas de sus pacientes tienen embarazos de alto riesgo, con condiciones como diabetes, presión arterial alta y hepatitis C. Le preocupa el tipo de atención que recibirán estas mujeres 鈥攓ue muchas veces conducen más de una hora para verla鈥� si se reemplaza a un especialista capacitado por un robot.

“Se pierde el tipo de atención que necesitamos brindar a estas mujeres”, afirmó Autery, quien cofundó . La clínica tiene tres doctores, atiende pacientes de cinco condados y necesita otro médico para poder responder a la demanda, agregó.

“Desde hace unos seis o siete años, hemos estado buscando un cuarto socio”, dijo. “Es difícil por muchas razones”.

En redes sociales, el senador Sanders respondió a Oz afirmando que la falta de proveedores de salud en zonas rurales de Estados Unidos es una “vergüenza internacional”.

“En el país más rico del mundo, necesitamos más doctores, enfermeros, dentistas y consejeros de salud mental, no más robots”, escribió Sanders en la plataforma X.

Hay al menos un país que ya usa robots junto con personal capacitado para reducir las muertes.

En La Loche, un pueblo remoto de Canadá, Julie Fontaine opera un robot de ecografía en una clínica con dos enfermeros practicantes y doctores rotativos. Fontaine dijo que a los pacientes les gusta el robot porque les ahorra tiempo y el costo de viajar seis o siete horas hasta un centro médico regional.

“Cuando la gente llega, dice: 鈥楪uau, qué increíble la tecnología hoy en día’”, comentó Fontaine, miembro de la del norte de Saskatchewan. “Es algo que nunca habían visto ni usado”.

Cuando trabaja con pacientes, Fontaine conecta el robot de ecografía con un técnico en imágenes a distancia, ubicado en Saskatoon. Ese profesional maneja el brazo robótico de la máquina. Luego, un radiólogo 鈥攓ue puede estar en cualquier parte鈥� analiza las imágenes y envía el reporte al médico de familia en La Loche, explicó Ivar Mendez, neurocirujano y director del . En ese país, la mayoría de los bebés nacen con la atención de médicos de familia o parteras, no especialistas.

“Lo más importante es identificar un embarazo de alto riesgo con suficiente anticipación para poder intervenir”, dijo Mendez, quien aseguró que la ecografía robótica “es tan buena como la presencial”, aunque no puede usarse en casos que requieran una ecografía vaginal más invasiva. La tasa de mortalidad materna e infantil en el norte de Canadá, donde está ubicada La Loche, es de 20 a 25 veces más alta que en el resto del país, agregó.

“Una de las razones es que no hay disponibilidad de ecografías prenatales en esas comunidades, por lo que las embarazadas deben viajar a las ciudades y alojarse en hoteles”, explicó.

En , Mendez y su equipo de la Universidad de Saskatchewan analizaron 87 ecografías telerobóticas y encontraron que, en el 70% de los casos, no fue necesario viajar para recibir atención. Casi todos los pacientes dijeron que volverían a usar el robot.

Esta misma tecnología de ecografía robótica fue aprobada para su uso en Estados Unidos .

Nicolas Lefebvre, presidente y director ejecutivo de AdEchoTech 鈥攅mpresa que creó y fabrica el robot鈥�, dijo que tienen “proyectos específicos para maternidad en Estados Unidos que están en preparación”. Según el consultor de desarrollo comercial de la empresa, el precio promedio de uno de estos robots es de entre $250.000 y $350.000.

El uso de ecografías robóticas es solo una parte de la iniciativa de salud materna y fetal propuesta por Alabama, . Reconociendo el cierre de unidades obstétricas, los funcionarios plantearon conectar a proveedores más pequeños y centros de salud rurales 鈥攓ue no tienen servicios de calidad en salud materna y fetal鈥� con centros regionales que pueden brindar esos servicios de forma digital, incluyendo mediante ecografías telerobóticas.

Para su iniciativa de fuerza laboral, el estado propuso programas de capacitación para doctores, servicios de emergencia y enfermeros obstétricos.

El financiamiento estimado necesario para la iniciativa de salud materna y fetal es de . Para la iniciativa de fuerza laboral, los funcionarios de Alabama propusieron .

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Ponerlos al tanto de estos riesgos podría disuadirlos de inscribirse en un programa llamado Medicaid de Emergencia, a través del cual el gobierno el costo de la atención médica de urgencias a inmigrantes que no califican para la cobertura regular de Medicaid.

Pero si los hospitales no revelan que la información personal de los pacientes se comparte con las autoridades migratorias federales, estos podrían no saber que su cobertura médica los expone al riesgo de ser localizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Si los hospitales le dicen a la gente que sus datos de Medicaid de Emergencia se compartirán con el ICE, es previsible que muchos inmigrantes simplemente dejen de buscar tratamiento médico de emergencia”, afirmó , profesor investigador del Centro para Niños y Familias de la Universidad de Georgetown.

“La mitad de los casos de Medicaid de Emergencia son partos de bebés ciudadanos estadounidenses. 驴Queremos que esas madres eviten ir al hospital cuando comienzan el trabajo de parto?”, agregó.

Durante más de una década, hospitales y estados aseguraron a los pacientes que su información personal, incluyendo su estatus migratorio y la dirección de su casa, no sería compartida con funcionarios de inmigración cuando solicitaban cobertura médica federal.

Un garantizaba que la agencia no usaría información de solicitudes de cobertura médica para actividades de control migratorio.

Pero eso cambió el año pasado, luego de que el presidente Donald Trump regresara a la Casa Blanca y ordenara una de las campañas de represión migratoria más agresivas de la historia reciente. Su administración empezó a canalizar datos de varias agencias gubernamentales al Departamento de Seguridad Nacional, incluida enviada al Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), que forman parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos, aceptaron en la primavera pasada darle a ICE acceso directo a una base de datos de Medicaid que incluye las direcciones y el estatus migratorio de las personas inscritas.

Veintidós estados, todos gobernados por demócratas excepto uno, presentaron demandas para de intercambio de datos de Medicaid, que no había sido anunciado formalmente por el gobierno hasta que un juez federal ordenó hacerlo el verano pasado. El juez que, en esos estados, ICE solo podría acceder a la información de la base de datos de Medicaid correspondiente a personas que están en el país de forma irregular.

麻豆女优 Health News contactó a más de una docena de hospitales y asociaciones hospitalarias en estados y ciudades que han sido objeto de operativos del ICE. Muchos se negaron a comentar si, luego del fallo judicial, habían actualizado sus políticas de divulgación.

De los que respondieron, ninguno dijo que estuviera advirtiendo directamente a los pacientes que su información personal podía ser compartida con el ICE si solicitaban cobertura de Medicaid.

“No ofrecemos asesoramiento legal sobre el intercambio de datos entre agencias del gobierno federal”, escribió por correo electrónico Aimee Jordon, vocera del sistema hospitalario M Health Fairview, con sede en Minneapolis. “Recomendamos a los pacientes que tengan preguntas sobre prestaciones o inquietudes relacionadas con temas migratorios que busquen orientación en los recursos estatales adecuados y con asesores legales calificados”.

Información sobre las solicitudes

En algunos estados, las solicitudes de Medicaid de Emergencia  preguntan específicamente por el estatus migratorio del paciente, pero aseguran a las personas que su información se mantendrá protegida y fuera del alcance de los funcionarios de inmigración.

Por ejemplo, hasta el 3 de febrero, la solicitud de California aún incluía un texto en el que se informaba a los solicitantes que su información migratoria era “confidencial”.

“Solo la usamos para determinar si califica para un seguro médico”, explica el formulario de 44 páginas que el programa estatal de Medicaid, conocido como Medi-Cal, publicó en .

Anthony Cava, vocero del Departamento de Servicios de Atención Médica de California, dijo en una declaración que la agencia, que supervisa Medi-Cal, se asegurará de que los californianos tengan información precisa sobre la privacidad de sus datos, “incluyendo, si es necesario, la revisión de otras publicaciones”.

Hasta finales de enero, el sitio web de Medicaid en Utah también aseguraba que el programa de Medicaid de Emergencia no compartía información con funcionarios migratorios. Después de que 麻豆女优 Health News contactara a la agencia estatal, la vocera Kolbi Young anunció el 23 de enero que esa información sería retirada de inmediato. Fue eliminada ese mismo día.

El sistema hospitalario Oregon Health & Science University, con sede en Portland, ofrece a pacientes inmigrantes un documento de desarrollado por el programa estatal de Medicaid para quienes tienen dudas sobre el uso de su información. El documento no indica de manera explícita que la información de quienes se inscriben en Medicaid será compartida con el ICE.

Los hospitales dependen del Medicaid de Emergencia para que les reembolsen el tratamiento de personas que cumplirían con los requisitos para Medicaid si no fuera por su estatus migratorio, ya sea que estén en el país sin papeles o dispongan de una presencia legal temporal, como visas de estudiante o de trabajo. Esta cobertura solo paga por atención médica de urgencia y servicios relacionados con el embarazo. Por lo general, representantes del hospital ayudan a los pacientes a presentar la solicitud mientras están en el hospital.

El programa principal de Medicaid, que cubre una gama mucho más amplia de servicios para más de 77 millones de personas con bajos ingresos o discapacidades, no cubre a quienes están en el país sin autorización.

Por lo tanto, examinar los registros de inscripción en el Medicaid de Emergencia es la forma más efectiva que tienen los funcionarios de deportación para identificar a los inmigrantes, incluidos aquellos que podrían no residir legalmente en los Estados Unidos.

Rich Danker, vocero del Departamento de Salud y Servicios Humanos, dijo por correo electrónico que los CMS 鈥攓ue supervisa Medicaid, un programa conjunto federal y estatal鈥� están compartiendo datos con el ICE tras la decisión del juez. Pero no explicó cómo se asegura de compartir solo información sobre personas sin residencia legal, como exige el fallo judicial.

Dado que el ICE ahora tiene acceso directo a la información personal de millones de personas inscritas en Medicaid, los hospitales 鈥攁unque “están en una posición muy difícil”鈥� deberían ser transparentes sobre los cambios, dijo Sarah Grusin, , un grupo de defensa legal.

“Deben decirle a la gente que el juez ha autorizado compartir la información 鈥攊ncluida sus direcciones鈥� en el caso de quienes no residen legalmente en el país”, afirmó. “Una vez enviada, esa información ya no puede protegerse para evitar que sea divulgada”.

Grusin dijo que recomienda a las familias que midan la importancia de buscar atención médica frente al riesgo de que sus datos sean compartidos con el ICE.

“Queremos dar información sincera y honesta, incluso si eso significa que las personas se vayan a ver obligadas a tomar decisiones muy difíciles”, destacó.

Quienes se hayan inscrito anteriormente en Medicaid o cuya dirección pueda encontrarse fácilmente en internet deben asumir que los funcionarios de inmigración ya conocen esos datos, agregó.

Medicaid de Emergencia

La cobertura de Medicaid de Emergencia se estableció a mediados de la década de 1980, cuando una ley federal comenzó a exigir que los hospitales atendieran y estabilizaran a cualquier persona que llegara con una condición que pusiera en riesgo su vida.

En 2023, el gasto del gobierno federal en Medicaid de Emergencia fue de casi $4.000 millones, lo que representa aproximadamente federal en Medicaid.

Los estados envían informes mensuales al gobierno federal con información detallada sobre quiénes se inscriben en Medicaid y qué servicios reciben.

El fallo judicial de diciembre limitó lo que los CMS pueden compartir con el ICE a datos básicos, incluyendo direcciones, de los afiliados a Medicaid en los 22 estados que llevaron a la Justicia el acuerdo de intercambio de datos. El ICE no tiene permitido acceder a información sobre los servicios médicos que reciben las personas, según la orden del juez.

El juez también prohibió a la agencia compartir los datos de ciudadanos estadounidenses o inmigrantes con residencia legal en esos estados.

En los otros 28 estados, los funcionarios de deportación tienen acceso a la información personal de los inscritos en Medicaid.

La agencia federal de salud no ha aclarado cómo garantiza que la información sobre ciudadanos y residentes legales de ciertos estados no sea compartida con el ICE. Pero expertos en Medicaid dicen que sería casi imposible separar esos datos, lo que genera dudas sobre si el gobierno de Trump está cumpliendo con la orden judicial.

Los esfuerzos de la administración Trump por deportar a inmigrantes que viven en el país sin autorización han afectado a familias inmigrantes que buscan atención de salud.

Cerca de un tercio de los adultos nacidos fuera de los Estados Unidos dijeron haber evitado o pospuesto atención médica en el último año, según una encuesta de publicada en noviembre. (麻豆女优 es una organización sin fines de lucro dedicada a la información sobre salud, que incluye a 麻豆女优 Health News).

Bethany Pray, directora legal y de políticas del Colorado Center on Law and Policy, advirtió que el hecho de compartir datos de Medicaid con funcionarios de deportación obligará a muchas familias a tomar decisiones aún más difíciles.

“Esto es muy preocupante”, opinó Pray. “La gente no debería tener que elegir entre dar a luz en un hospital y preguntarse si eso significa correr el riesgo de enfrentar la deportación”.

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Una semana antes, agentes de inmigración apresaron a Julio César Peña delante de su casa en Glendale, California, y se lo llevaron. Ahora estaba en un hospital, después de haber sufrido un mini derrame cerebral. Le dijo a Romero que lo tenían esposado a la cama, de una mano y un pie, y que había agentes en la habitación escuchando la llamada. Tenía miedo de morir y quería que su esposa estuviera con él.

“驴En qué hospital estás?”, le preguntó Romero.

“No te puedo decir”, respondió él.

Viridiana Chabolla, abogada de Peña, tampoco pudo obtener una respuesta. El oficial de deportación asignado al caso y la empresa médica contratada en el Centro de Procesamiento del ICE en Adelanto se negaron a decirle dónde estaba internado. Frustrada, intentó llamar a un hospital cercano, el Providence St. Mary Medical Center.

“Me dijeron que aunque tuvieran bajo su cuidado a una persona detenida por el ICE, no podrían confirmar si estaba allí o no, que solo el ICE puede darme esa información”, contó Chabolla. El hospital confirmó esa política a 麻豆女优 Health News.

Familiares y abogados de personas internadas tras ser detenidas por autoridades federales de inmigración dijeron que enfrentan grandes obstáculos para localizar a los pacientes, saber cómo están de salud y brindarles apoyo legal y emocional.

Aseguran que muchos hospitales se niegan a dar información o permitir el contacto con las personas detenidas. En cambio, dejan que los agentes de inmigración decidan cuánto contacto se permite, si es que se permite alguno. Esto, según los abogados, les arrebata a los pacientes su derecho constitucional a recibir asesoría legal, y los deja vulnerables a abusos.

Los hospitales dicen que buscan proteger la seguridad y privacidad de los pacientes, el personal y las autoridades, aunque empleados de centros de salud en , y 鈥攃iudades donde el ICE ha realizado redadas鈥� afirman que eso les ha dificultado su trabajo.

Algunos hospitales aplican lo que llaman “procedimientos de apagón” o blackout 鈥攁 veces llamado “código negro”鈥� que pueden incluir registrar al paciente con un seudónimo, eliminar su nombre del directorio del hospital o prohibir al personal confirmar si la persona está hospitalizada.

“Sabemos de varios casos en los que se usó este procedimiento de apagón en hospitales del estado, y es muy preocupante”, dijo Shiu-Ming Cheer, subdirectora de justicia migratoria y racial en el California Immigrant Policy Center, una organización de defensa de los inmigrantes.

Estados gobernados por demócratas, como California, Colorado y Maryland, han aprobado leyes para proteger a pacientes de operativos de inmigración dentro de hospitales. Sin embargo, esas leyes no cubren a quienes ya están bajo custodia del ICE.

Más detenidos hospitalizados

Peña es una de las por autoridades migratorias desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca.

A medida que aumentan los arrestos y detenciones, también lo hacen los reportes de personas trasladadas a hospitales por agentes de inmigración debido a enfermedades o lesiones, ya sea por condiciones preexistentes o derivadas del arresto o la detención.

El ICE ha recibido por utilizar tácticas y , y por y en sus centros de detención. El senador Adam Schiff, demócrata de California, dijo el 20 de enero, en una conferencia de prensa, frente a un centro de detención en California City, que habló con una mujer con diabetes detenida allí que .

No hay estadísticas públicas sobre cuántas personas enferman o se lesionan bajo custodia del ICE, pero comunicados de prensa de la agencia indican que murieron bajo custodia migratoria en 2025.

En lo que va del año, han muerto seis más.

El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa al ICE, no respondió a solicitudes de información sobre sus políticas ni sobre el caso de Peña.

Según las propias , las personas bajo su custodia deben tener acceso a un teléfono, visitas de familiares y amigos, y consultas privadas con sus abogados.

La agencia puede tomar decisiones administrativas, incluyendo el tema de las visitas,  cuando un detenido está hospitalizado; pero, según las directrices, debe respetar las políticas del hospital para contactar a familiares si la persona está gravemente enferma.

Consultado sobre las prácticas hospitalarias con personas bajo custodia migratoria, y sobre si existen protocolos recomendados, Ben Teicher, vocero de la Asociación Estadounidense de Hospitales, no quiso comentar.

David Simon, vocero de la Asociación de Hospitales de California, expresó que “en algunos casos, a pedido de las autoridades, los hospitales mantienen la confidencialidad de los nombres de los pacientes y otra información que los identifique”.

Aunque las políticas varían, por lo general cualquier persona puede llamar a un hospital y preguntar por un paciente dando su nombre, y con frecuencia se le transfiere la llamada a la habitación, dijo William Weber, médico de emergencias en Minneapolis y director médico de Medical Justice Alliance, una organización que defiende los derechos médicos de personas bajo custodia.

Los familiares y personas autorizadas por el paciente pueden visitarlo. El personal médico también suele llamar a los familiares para informarles que alguien está hospitalizado o para pedir información que ayude en su atención.

Pero cuando se trata de personas bajo custodia de autoridades, los hospitales frecuentemente acceden a restringir el acceso y dar información, señaló Weber.

El argumento es que estas medidas evitan que personas no autorizadas amenacen al paciente o al personal, ya que los hospitales no tienen la infraestructura de seguridad de una cárcel. Algunos pacientes famosos también solicitan este tipo de medidas.

Abogados y trabajadores de salud cuestionan que esas restricciones sean realmente necesarias. La detención migratoria es una detención civil, no criminal. Aunque el gobierno de Trump afirma que su prioridad es , la mayoría de los detenidos no tiene antecedentes penales, según datos del centro y varios medios de comunicación.

Detenido delante de su casa

Según su esposa, Peña no tiene antecedentes penales. Llegó a Estados Unidos desde México cuando cursaba sexto grado, y tiene un hijo adulto en el ejército estadounidense. Tiene 43 años, padece enfermedad renal terminal y sobrevivió a un infarto en noviembre. Camina con dificultad y tiene pérdida parcial de la vista, explicó Romero. Fue detenido el 8 de diciembre, mientras descansaba en el exterior de su casa tras un tratamiento de diálisis.

Al principio, Romero logró ubicar a su esposo con el . Lo visitó en un lugar de detención temporal en el centro de Los Ángeles, donde le llevó sus medicinas y un suéter. Luego vio que lo trasladaron al centro de detención en Adelanto. Pero después de que fue hospitalizado, ya no apareció en la base de datos.

Cuando ella y otros familiares fueron al centro de detención para preguntar por él, les negaron el acceso. Romero recibía llamadas ocasionales de su esposo desde el hospital, pero duraban menos de 10 minutos y estaban monitoreadas por el ICE. Ella quería saber en qué hospital estaba para poder estar con él, tomarle la mano, asegurarse de que lo atendieran bien y darle ánimos.

Dijo que mantenerlo esposado y sin ver a su familia era injusto e innecesario.
“Está débil”, dijo Romero. “No existe riesgo de que pueda escaparse”.

indican que debe permitirse el contacto y las visitas de familiares “dentro de las limitaciones de seguridad y operativas”. Las personas detenidas tienen derecho constitucional a hablar en privado con su abogado. Weber explicó que las autoridades migratorias deben informar a los abogados dónde están sus clientes y permitirles hablar con ellos en persona o mediante una línea telefónica sin vigilancia.

Sin embargo, los hospitales están en una zona gris respecto a cómo hacer cumplir estos derechos, ya que su enfoque principal es la atención médica, dijo Weber. Aun así, agregó, deben asegurarse de que sus políticas estén alineadas con la ley.

Familia sin acceso

Varios abogados de inmigración han pasado semanas intentando localizar a clientes detenidos por el ICE, y en ocasiones sus esfuerzos han sido frustrados por los hospitales.

Nicolas Thompson-Lleras, abogado de Los Ángeles  que representa a personas en proceso de deportación, contó que, el año pasado, dos de sus clientes fueron registrados con nombres falsos en distintos hospitales del condado de Los Ángeles. Inicialmente, los hospitales negaron que los pacientes estuvieran ahí y no permitieron que el abogado los viera. También se les negó el acceso a los familiares.

Uno de esos clientes fue , trabajador de un negocio de lavado de autos, que resultó herido durante una redada en agosto. Agentes migratorios lo vigilaron por más de un mes en el hospital Harbor-UCLA, un centro público, sin presentar cargos.

En noviembre, la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles votó a favor de el uso de políticas de apagón en hospitales públicos para pacientes bajo custodia civil de inmigración. En un comunicado, Arun Patel, director de seguridad del paciente y gestión de riesgos clínicos del Departamento de Servicios de Salud del condado, dijo que estas políticas buscan reducir riesgos para pacientes, médicos, enfermeros y agentes.

“En algunos casos, puede haber preocupaciones sobre amenazas al paciente, intentos de interferir con la atención médica, visitantes no autorizados o el ingreso de objetos prohibidos”, dijo Patel. “Nuestro objetivo no es restringir la atención, sino permitir que se brinde de forma segura y sin interrupciones”.

Pacientes más vulnerables

Thompson-Lleras expresó preocupación de que los hospitales estén colaborando con autoridades migratorias a costa de los pacientes y sus familias, lo que los deja vulnerables a abusos.

“Permite que las personas reciban atención deficiente”, dijo. “Permite que los traten de forma acelerada, sin supervisión, sin intervención familiar y sin defensa alguna. Estas personas están solas, desorientadas, siendo interrogadas 鈥攁l menos en el caso de Bayron鈥� bajo dolor y efectos de medicamentos”.

Estas situaciones también alarman al personal de salud. En Los Ángeles, dos trabajadores de hospitales 鈥攓ue pidieron no ser identificados por temor a sufrir represalias鈥� dijeron a 麻豆女优 Health News que el ICE y administradores de hospitales públicos y privados bloquean con frecuencia el contacto entre el personal médico y los familiares de personas detenidas, incluso para obtener información médica necesaria. Eso, afirmaron, va contra la ética médica.

Los procedimientos de apagón son otra preocupación.

“Facilitan, aunque no sea intencionalmente, la desaparición de pacientes”, dijo una de las personas, médica en el Departamento de Servicios de Salud del condado y parte de una coalición de trabajadores preocupados en la región.

En el Legacy Emanuel Medical Center, en Portland, enfermeras expresaron públicamente su indignación por lo que vieron como cooperación con el ICE y violaciones de los derechos de los pacientes. La red Legacy Health envió una al sindicato de enfermeras para que frenara esto, acusándolo de hacer declaraciones falsas o engañosas.

“Me dio asco”, dijo Blaire Glennon, una enfermera que renunció en diciembre. Afirmó que muchos pacientes fueron llevados por el ICE al hospital con lesiones graves sufridas durante la detención. “Sentí que Legacy estaba cometiendo enormes violaciones a los derechos humanos”.

Esposado estando inconsciente

Dos días antes de Navidad, Chabolla, la abogada de Peña, recibió una llamada de ICE con la información que ella y Romero llevaban semanas esperando. Peña estaba en el hospital Victor Valley Global Medical Center, a unas 10 millas de Adelanto, y estaba a punto de ser dado de alta.

Emocionados, Romero y su familia manejaron más de dos horas desde Glendale hasta el hospital para recogerlo.

Pero al llegar, encontraron a Peña intubado e inconsciente, todavía esposado de un brazo y una pierna a la cama. Había tenido una fuerte convulsión el 20 de diciembre, pero nadie informó a su familia ni a su abogada, dijo Chabolla.

Tim Lineberger, vocero del grupo KPC Health 鈥攑ropietario del hospital鈥�, dijo que no podía comentar sobre casos específicos por razones de privacidad. Afirmó que las políticas del hospital sobre divulgación de información cumplen con las leyes estatales y federales.

Peña fue dado de alta finalmente el 5 de enero. Aún no tiene fecha de audiencia y su familia presentó una petición para modificar su estatus migratorio en función del servicio militar de su hijo. Por ahora, sigue en proceso de deportación.

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