El gobierno federal no lleva un registro de cuántos niños han ingresado a este sistema como consecuencia de operativos de control migratorio, lo que dificulta saber con qué frecuencia ocurre.

En Oregon, hasta febrero, dos niños habían sido ubicados en hogares temporales luego de ser separados de sus padres en casos de detención migratoria, según Jake Sunderland, vocero del Departamento de Servicios Humanos del estado.

“Antes del otoño de 2025, esto nunca había ocurrido”, aseguró.

Hasta mediados de febrero, casi por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El récord de 73.000 personas detenidas en enero representó un comparado con el año anterior. Según una , hasta agosto de 2025, padres de 11.000 niños con ciudadanía estadounidense habían sido detenidos desde el inicio del mandato de Trump.

El medio NOTUS que por lo menos 32 niños de padres detenidos o deportados habían sido colocados en hogares temporales en siete estados.

Sandy Santana, director ejecutivo de Children’s Rights, una organización de defensa legal, dijo que sospechan que el número real es mucho mayor.

“Ese número nos parece realmente muy bajo”, dijo.

La separación de sus padres es profundamente traumática para los niños y suele provocar , incluido el trastorno de estrés postraumático. El estrés prolongado e intenso también puede causar infecciones más frecuentes en los niños y problemas en el desarrollo. Ese “estrés tóxico” también se asocia con daños en áreas del cerebro responsables del aprendizaje y la memoria, , una organización sin fines de lucro dedicada a la información en salud que incluye a 麻豆女优 Health News.

Durante el primer mandato de Trump, . y modificaron algunas leyes para permitir que tutores recibieran derechos parentales temporales en casos relacionados con migración. Ahora, tras el regreso de Trump al poder el año pasado, el aumento en los controles migratorios está impulsando una nueva ola de respuestas estatales.

En Nueva Jersey, legisladores están considerando un proyecto para modificar estatal que permite que los padres designen tutores temporales para casos de muerte o incapacidad. La nueva versión agregaría como otra razón válida la separación por control migratorio federal.

El año pasado, Nevada y California aprobaron leyes para proteger a las familias separadas por acciones de control migratorio. La ley de California, llamada Ley del Plan de Preparación Familiar (), permite que los padres designen tutores y compartan derechos de custodia, en lugar de que sus derechos se suspendan mientras están detenidos. Si son liberados y pueden reunirse con sus hijos, recuperan sus derechos parentales completos.

Existen importantes obstáculos legales para la reunificación familiar una vez que un niño entra bajo custodia estatal, explicó Juan Guzman, director del tribunal de menores y tutela en Alliance for Children’s Rights, una organización de defensa legal en Los Ángeles.

Si el niño es colocado en cuidado temporal y ni el padre ni la madre pueden participar en los procesos judiciales requeridos porque están detenidos o han sido deportados, es menos probable que puedan volver a reunirse con su hijo, afirmó Guzman.

Se estima que que son ciudadanos estadounidenses viven con un padre u otro familiar que no tiene estatus migratorio legal, según investigaciones de Brookings Institution, un centro de estudios en Washington, D.C. Dentro de ese grupo, 2,6 millones de niños tienen a ambos padres sin estatus legal.

Santana dijo que es probable que el número de casos de separación familiar aumente a medida que el gobierno de Trump avance con su campaña migratoria. Por lo tanto, más niños corren el riesgo de terminar en el sistema de cuidado temporal.

Las exigen que la agencia se esfuerce en facilitar la participación de los padres detenidos en los procedimientos de los tribunales de familia, de bienestar infantil o de tutela, pero Santana indicó que no está claro que el ICE esté cumpliendo con estas normas.

Los funcionarios de ICE no respondieron a las solicitudes de comentarios para este artículo.

Antes de que cambiara la ley de California, la única razón por la que un padre podía compartir derechos de custodia con otro tutor era si tenía una enfermedad terminal, contó Guzman.

Ahora, si los padres preparan un plan con anticipación y designan a alguien de confianza que pueda hacerse cargo de sus hijos si llegara a ser necesario, la agencia estatal de bienestar infantil puede iniciar el proceso para entregar a los niños a esa persona sin tener que abrir un caso formal de cuidado temporal, agregó.

Aunque los legisladores de Nevada el año pasado ampliaron una ley de tutela ya existente para incluir el control migratorio, la medida exige que los padres presenten documentación notarial ante la oficina del secretario de estado, un trámite administrativo que puede resultar costoso, dijo Cristian González-Pérez, abogado en Make the Road Nevada, una organización sin fines de lucro que ofrece recursos a comunidades inmigrantes.

González-Pérez señaló que algunos inmigrantes dudan en completar formularios gubernamentales por temor a que el ICE pueda acceder a esa información y los persiga. Él les asegura a los miembros de la comunidad que los formularios estatales son confidenciales y solo pueden ser consultados por hospitales y tribunales.

El gobierno de Trump ha tomado para acceder a información sensible a través de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, el Servicio de Impuestos Internos (IRS), el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano y otras entidades.

González-Pérez y Guzmán consideran que muchos padres inmigrantes no conocen sus derechos. Designar un tutor temporal y crear un plan familiar es una forma de no sentirse impotentes, afirmó González-Pérez.

“La gente no quiere hablar de esa cuestión”, reflexionó Guzman. “Que un padre tenga que hablar con un niño sobre la posibilidad de separarse da miedo. No es algo que nadie quiera hacer”, concluyó.

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La legislación prohibiría que los gobiernos estatales y locales obligaran a estos centros a practicar abortos. También a derivar o informar a pacientes sobre estos servicios o a explicar opciones de anticoncepción. Y permitiría que estas organizaciones demandaran a la entidad gubernamental que violara la ley.

Los legisladores de Wyoming el 4 de marzo una ley llamada Center Autonomy and Rights of Expression Act (). Propuestas similares se presentaron este año en y . En una norma de este tipo ya fue promulgada en 2025.

La Ley CARE es una “legislación modelo” creada por la , un grupo de defensa legal cristiano conservador y antiabortista.

Una legislación similar, la , fue presentada en el Congreso el año pasado, pero no ha avanzado fuera del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes.

El proyecto de ley de Wyoming considera que los centros de embarazo, muchos vinculados a organizaciones religiosas, necesitan protección legal porque enfrentan “ataques sin precedentes” después de que la Corte Suprema anulara Roe vs. Wade, la decisión judicial de 1973 que protegía el derecho al aborto en todo el país. Según el texto, varias legislaturas estatales han presentado proyectos de ley que de libertad de expresión y asociación de estos centros.

Sin embargo, quienes los critican afirman que los centros de crisis de embarazo se presentan falsamente ante los consumidores como clínicas médicas, aunque no están sujetos a las leyes estatales y federales que regulan los centros de salud y protegen a los pacientes.

“En todo el país, los funcionarios del gobierno apuntan cada vez más, cada vez más, contra los centros de atención para embarazadas”, argumentó Valerie Berry, directora ejecutiva de en Cheyenne, durante una audiencia en la Legislatura sobre el proyecto de ley de Wyoming. “Esta legislación no busca crear división. Busca proteger las libertades constitucionales, la libertad de expresión y la libertad de conciencia”.

Por su parte, durante la audiencia, el expresó su preocupación por otorgar a los centros de embarazo un nivel de protección que otras empresas privadas no tienen.

“Ya cuentan con medidas de protección”, reflexionó. “Lo que me preocupa es que se les otorguen medidas de protección adicionales”.

En 2022, Wellspring Health Access, la única clínica en Wyoming que realiza abortos, en un ataque intencional.

“Nosotros somos los que proporcionamos información precisa sobre salud reproductiva y por eso sufrimos las consecuencias”, dijo a 麻豆女优 Health News Julie Burkhart, presidenta y fundadora de Wellspring Health Access.

, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Davis, dijo que la legislación propuesta eximiría a los centros de crisis de embarazo de tener que cumplir con los estándares a los que están obligadas las organizaciones médicas. También borraría la línea entre la defensa de una causa y la práctica médica, agregó. Y agregó que iniciativas de este tipo pueden ofrecer a los republicanos un mensaje de campaña potencialmente útil de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato.

“El Partido Republicano necesita una estrategia de comunicación para mostrar que se preocupa por las mujeres, incluso si prohíbe el aborto y aunque no quiera destinar recursos estatales a ayudar a las personas antes y después del embarazo”, explicó Ziegler. “La estrategia consiste en delegar eso en los centros de asesoramiento sobre el embarazo, lo que, por supuesto, aumenta el incentivo para protegerlos”.

Legislación modelo

La Alliance Defending Freedom es el mismo grupo que , que desde 1973 protegía el derecho al aborto a nivel nacional. El grupo redactó la , una legislación modelo para prohibir el aborto desde las 15 semanas, que fue la base de una ley de Mississippi de 2018 que condujo al caso Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization a partir de la cual la Corte Suprema anuló el fallo Roe.

La alianza dijo que sus abogados no estaban disponibles para comentar la estrategia de la organización respecto al CARE Act. En el proyecto de ley, el grupo afirmó que los esfuerzos federales, estatales y locales están apuntando contra los centros de atención del embarazo en un “claro intento de socavar y obstaculizar” su trabajo y cerrarlos.

En los últimos años, algunos han sido blanco de vandalismo y amenazas.

Pero los ataques que la legislación modelo se propone abordar principalmente son los esfuerzos legales y regulatorios de algunos estados que buscan mayor supervisión de estos centros, incluida una ley de California que exige que informen claramente a los pacientes sobre sus servicios. Esa ley fue anulada cuando la Corte Suprema falló a favor de los centros de crisis, avalando el argumento de que la norma violaba sus derechos de la Primera Enmienda.

Este año, la Corte Suprema que decidirá si los estados pueden citar a estas organizaciones para obtener información sobre donantes y datos internos.

De todos modos, es poco probable que los centros de crisis de embarazo enfrenten ese tipo de medidas regulatorias en los estados conservadores donde se está considerando esta legislación. Un legislador de Wyoming lo reconoció durante la audiencia del comité en febrero.

Diferentes servicios

En esa misma audiencia, quien encabeza el comité que patrocina el proyecto de ley, presentó la medida como “muy importante, especialmente con nuestro 鈥榙esierto de maternidad’”, refiriéndose a la falta de acceso a servicios de atención de salud materna.

Algunos centros de crisis de embarazo pueden contar con pocos profesionales con licencia, pero son la minoría. Muchos ofrecen recursos gratuitos, como pañales, ropa para bebé y otros artículos, a veces a cambio de aceptar asesorías o clases de crianza.

Las clínicas de Planned Parenthood, en contraste, ofrecen una variedad de servicios de salud, como pruebas y tratamiento para infecciones de transmisión sexual, atención primaria y exámenes para detectar cáncer cervical. Además, están reguladas como organizaciones con licencia médica.

Desde que el fallo Roe fue anulado, el movimiento por el derecho al aborto ha enfrentado desafíos importantes. La ley de los republicanos, One Big Beautiful Bill Act, que el presidente Donald Trump promulgó el verano pasado, a proveedores de abortos. Esa medida contribuyó a que Planned Parenthood tuviera que cerrar el año pasado.

Para 2024, operaban en todo el país, según un mapa creado por investigadores de la Universidad de Georgia, en comparación con las que ofrecían abortos a finales de 2025.

, una organización de investigación afiliada a la organización contra el aborto SBA Pro-Life America, ha sugerido que los centros de embarazo podrían ayudar a llenar el vacío dejado por el cierre de clínicas de Planned Parenthood.

Ziegler aseguró que eso dejaría a las pacientes expuestas a riesgos médicos.

El creciente poder de los centros

Las iniciativas anteriores en , Colorado y Vermont para regular los centros de crisis de embarazo surgieron a raíz de la preocupación por denuncias de , y dudas sobre la .

En 2024, un en cinco estados que investigaran si los centros estaban engañando a las pacientes haciéndoles creer que su información personal estaba protegida bajo la Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), y que averiguaran  cómo estaban utilizando la información de los pacientes.

Los tribunales, incluida la Corte Suprema, han fallado con frecuencia que argumentan que estos intentos de regulación violan sus derechos de la Primera Enmienda a la libertad de expresión y la libertad religiosa.

Los centros de crisis para embarazadas también han recibido una avalancha de fondos desde que se revocó Roe.

Al menos incluidos centros de crisis de embarazo, según el Lozier Institute.

Seis estados distribuyen una parte de sus fondos federales del programa Temporary Assistance for Needy Families (TANF) 鈥攑agos en efectivo destinados a familias de bajos ingresos con niños鈥� a centros de crisis de embarazo. Texas, Florida, Tennessee y Oklahoma han proporcionado decenas de millones de dólares para estas organizaciones.

Un análisis encontró que los centros de crisis de embarazo también recibieron entre 2017 y 2023, incluidos fondos del paquete de ayuda de 2020 promulgado como ley durante el primer mandato de Trump en medio de la pandemia de covid.

A pesar de los desafíos que enfrentan las clínicas que ofrecen abortos, Burkhart, directora del centro Wellspring en Wyoming, dijo que es importante seguir garantizando la atención a quienes la necesitan. Ella ha ayudado a abrir clínicas en zonas rurales de otros estados conservadores y ha señalado que esas clínicas siguen recibiendo pacientes.

“Eso me demuestra que, sin importar tu religión o tu partido político, hay momentos en la vida de las personas en los que necesitan atención de salud reproductiva brindada por profesionales calificados”, dijo. “Eso incluye el aborto”.

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El dolor persistente por un accidente de auto ocurrido hace dos meses, sumado a una vida ya difícil, tiene a Angulo preocupada por su embarazo. Por eso sintió alivio cuando una camioneta móvil de medicina callejera de St. John’s Community Health llegó cerca de su asentamiento en febrero.

“Gracias a Dios que los tenemos”, dijo.

, que opera 28 clínicas, la mayoría en el condado de Los Ángeles, forma parte de la red nacional de clínicas comunitarias sin fines de lucro que atienden a los habitantes más pobres del país. Alrededor del 80% de sus 144.000 pacientes, incluida Angulo, tienen Medi-Cal, la versión de California del programa Medicaid para personas con bajos ingresos o discapacidades.

Pero los recortes federales al gasto de Medicaid bajo la One Big Beautiful Bill, la ley aprobada por los republicanos, sumados al en Sacramento, podrían costarle a St. John’s hasta un tercio de sus ingresos anuales de $240 millones. Eso obligaría a recortar servicios que podrían incluir la medicina callejera, dijo Jim Mangia, presidente y director ejecutivo de la organización.

Si no se reemplaza el financiamiento perdido, clínicas más pequeñas y con menos recursos del condado podrían enfrentar consecuencias aun más duras y hasta cierres.

Por eso Mangia, junto con una coalición de clínicas comunitarias, trabajadores de salud y defensores, impulsa por cinco años en el condado más poblado del país para ayudar a cubrir la pérdida proyectada de fondos federales y estatales.

Hasta ahora, St. John’s ha aportado al menos $2 millones a la campaña.

Louise McCarthy, presidenta y directora ejecutiva de la Asociación de Clínicas Comunitarias del Condado de Los Ángeles (Community Clinic Association of Los Angeles County), dijo que no hay muchas opciones para salvar al sistema de salud de un desastre.

“Estamos en una situación crítica y desesperante”, agregó. “Esto tiene el potencial de cambiar el panorama. Compensaría de manera muy significativa las pérdidas”.

La Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles en febrero para incluirla en la boleta de las elecciones primarias del 2 de junio, pese a la oposición de algunas ciudades dentro del condado. Sus líderes argumentaron que el impuesto pondría presión sobre los consumidores y los dueños de negocios.

La mayor parte de en ingresos anuales se usaría para proteger la atención médica de la red de seguridad en clínicas comunitarias, hospitales y escuelas.

Luchando por mantenerse a flote

A nivel nacional, se espera que la ley presupuestaria del Partido Republicano reduzca el gasto federal en Medicaid en a lo largo de 10 años. También podría aumentar en más de el número de personas sin seguro médico.

La propuesta en la boleta del condado de L.A. es una de muchas iniciativas locales y estatales en todo el país, mientras clínicas, hospitales, trabajadores de salud, defensores y legisladores buscan nuevas fuentes de dinero para compensar los recortes.

En Michigan, donde se proyecta que la ley federal le costará al estado , la oficina de la gobernadora demócrata Gretchen Whitmer ha propuesto de impuestos sobre el tabaco, productos de vapeo, apuestas en línea, apuestas deportivas y publicidad digital. Calcula que esto generaría cientos de millones de dólares al año.

En Rhode Island, un grupo de legisladores estatales espera aliviar parte del impacto de los recortes federales con un que incluye un impuesto a los anuncios digitales y un recargo del 3% sobre ingresos gravables superiores a aproximadamente $640.000.

“El objetivo no es reemplazar los ingresos, sino reducir el daño”, dijo el representante estatal demócrata Brandon Potter, uno de los legisladores involucrados en estas leyes.

En Washington, el representante estatal demócrata Shaun Scott presentó recientemente una legislación para abordar la pérdida de fondos federales con un impuesto del 5% sobre la nómina de grandes empresas, aplicado a salarios de empleados que superen los $125.000 al año.

En California, la ley republicana reducirá la a Medi-Cal en al año, o 25%. La inscripción en Medi-Cal podría caer en como resultado de los recortes federales y estatales, según un análisis del Centro de UCLA para la Investigación de Políticas de Salud y del Centro Laboral de la Universidad de California-Berkeley.

En julio, California reducirá los pagos de Medi-Cal que reciben las clínicas comunitarias por ciertos servicios brindados a pacientes con estatus migratorio “insatisfactorio” en alrededor de . Estos pacientes incluyen residentes permanentes en el país por menos de cinco años, refugiados, personas con asilo y otras personas legalmente presentes.

Preparándose para una “nueva realidad”

Defensores y expertos en salud dicen que encontrar nuevas fuentes de ingresos es la única manera de evitar una crisis en el sistema de salud de California.

“驴Vamos a permitir que los vacíos creados por las políticas federales y los recortes del presupuesto estatal dejen a millones de personas sin seguro?”, dijo Laurel Lucia, subdirectora ejecutiva de programas del Centro Laboral de UC Berkeley. “Gran parte de esa pregunta se reduce a los ingresos”.

Algunos profesionales de la medicina dicen que se necesitan nuevos ingresos en el corto plazo, pero que el país también debe abordar su sistema de salud, conocido por ser costoso.

“Esta nueva realidad es que en el futuro tendremos que hacer nuestro trabajo con menos dinero”, dijo Hector Flores, de la Asociación Médica del Condado de Los Ángeles. “Así que esta es una oportunidad para ver cómo podemos hacer las cosas mejor”.

Mientras tanto, abundan los esfuerzos por aumentar los impuestos para la atención médica.

Los votantes del condado de Santa Clara, hogar de Silicon Valley, aprobaron en noviembre pasado un aumento de 0,625% en el durante cinco años para compensar recortes federales a Medicaid. Una estará en la boleta de junio en el condado de Contra Costa.

La iniciativa más conocida, y muy disputada, es una propuesta en la boleta de California patrocinada por sindicatos para aplicar una única vez a los más de del estado.

El gobernador demócrata Gavin Newsom se opone firmemente; el senador Bernie Sanders (independiente de Vermont) hizo campaña recientemente en California a favor de la propuesta y presentar una versión nacional en el Congreso.

Los promotores del impuesto temporal a la riqueza dicen que recaudaría , que en su mayoría se usarían para cubrir la pérdida de fondos federales y estatales en Medi-Cal y otros programas de la red de seguridad. Estos promotores intentan reunir cerca de 875.000 firmas necesarias para llevar la medida a la boleta de noviembre.

“Estamos al borde de un colapso de nuestro sistema de salud. Así que las personas más afortunadas entre nosotros pagan un impuesto modesto que nos dará tiempo y nos permitirá encontrar una solución a largo plazo”, dijo Suzanne Jimenez, jefa de gabinete del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios鈥揟rabajadores de la Salud Unidos West, principal patrocinador de la medida. “Aun así, seguirían siendo increíblemente ricos”.

Los multimillonarios responden

El plan ha generado gran controversia, no solo en California sino en todo el país, y ha provocado y otros críticos.

Los críticos argumentan que la medida podría hacer que los multimillonarios abandonen California, lo que afectaría la innovación, los empleos y la recaudación fiscal. Algunos también advierten que podría terminar en una batalla legal, ya que quienes tendrían que pagar podrían impugnarla por múltiples vías.

“Si esto se aprobara, se esperaría que quedara frenado en los tribunales por algún tiempo”, dijo Jared Walczak, investigador temporal de la California Tax Foundation. “Es bastante posible que no entre ningún ingreso durante varios años, si es que llega a entrar alguno”.

La posibilidad de estas complicaciones ha llevado a algunos defensores de la salud a enfocarse en iniciativas locales que podrían empezar a generar ingresos más rápido, como el impuesto a las ventas propuesto en el condado de Los Ángeles.

Pero esa medida también tiene críticos, incluidos líderes de varias ciudades del condado que pidieron a los supervisores que rechazaran porque, dicen, aumentaría las preocupaciones por el costo de vida de los consumidores y pondría presión sobre los negocios.

Kathryn Barger, republicana y la única supervisora del condado de Los Ángeles, que se opuso a incluir la medida en la boleta de junio, dijo en un comunicado que el impuesto propuesto haría que el condado fuera “menos accesible para las familias y menos atractivo para que los consumidores compren y las empresas operen”.

Pero los partidarios dicen que la atención médica de la red de seguridad ya está sintiendo el impacto de la reducción de fondos. Por ejemplo, en febrero, el Departamento de Salud Pública del condado anunció que debido a $50 millones en recortes de financiamiento federal, estatal y local.

Los inscritos en Medi-Cal también están preocupados.

“Recibimos muchas llamadas de pacientes en pánico que temen perder su Medi-Cal. Decenas de llamadas al día, cientos de llamadas a la semana”, dijo Mangia, de St. John’s.

“Les decimos que estamos trabajando en una solución y esperamos tener esa solución en junio”.

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Pero eso no ha detenido a legisladores de Florida que, de todos modos, están tratando de imponer requisitos de trabajo para acceder a Medicaid. Hasta ahora, es la única Legislatura de un estado que no ha ampliado el programa que está considerando una medida de esa naturaleza.

“Tienes que ir a trabajar si quieres que tus amigos y vecinos paguen tu atención médica”, sentenció el , impulsor de la propuesta de imponer requisitos laborales para Medicaid que se debate en la Legislatura estatal.

La medida desconcierta a defensores de la atención médica y a expertos en Medicaid. Algunos dudan, incluso, que sea legal bajo la principal ley de política interna del presidente Donald Trump.

“No se pueden cambiar los términos del requisito de trabajo”, afirmó , abogado y profesor de la Escuela McCourt de Políticas Públicas de la Universidad de Georgetown, emitidas por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés).

Para Cuello, la situación es clara: “Es un no rotundo”.

Los requisitos de trabajo de Medicaid afectan a Washington, D.C., y a los 40 estados que ampliaron la elegibilidad a todos los adultos sin discapacidad entre 19 y 64 años con ingresos de hasta el 138% del nivel federal de pobreza, como establece la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA). Eso equivale a un ingreso de $22.025 al año para una persona sola.

A partir de enero de 2027, esos estados deberán exigir a las personas beneficiadas por la ampliación que informen por lo menos 80 horas de trabajo mensuales, educación o servicio comunitario para calificar y mantener la cobertura de Medicaid.

Alrededor de 4 millones de personas están inscritas en el programa de Florida y Gaetz calcula que unas 147.000 son adultos que “podrían y deberían trabajar”.

“Son personas sanas, no tienen niños pequeños en casa y no están cuidando a una persona mayor o a alguien con discapacidad”, dijo. “Sin embargo, reciben beneficios de Medicaid”.

por el proyecto de ley del Senado serían principalmente padres de niños de 14 años o más, así como algunos jóvenes de 19 y 20 años, explicó. Un en la Cámara de Representantes de Florida impondría los requisitos de trabajo de Medicaid a padres de niños de 6 años en adelante.

Para calificar para Medicaid en Florida, un adulto en edad laboral sin discapacidad generalmente debe estar cuidando a un niño o a un familiar mayor o con discapacidad, y no puede ganar más del 26% del nivel federal de pobreza, o unos $592 mensuales para una familia integrada por tres personas.

La mayoría de los adultos que no tienen discapacidad y reciben Medicaid ya trabajan, y muchas personas con empleos mal pagados no reciben seguro de salud a través de un empleador, , una organización sin fines de lucro de información sobre salud que incluye a 麻豆女优 Health News.

En Florida, en 2024, entre los adultos solteros de 19 a 64 años que ganaron menos de $15.000 al año, tenía seguro de salud a través del trabajo.

Los críticos dicen que la propuesta de Florida probablemente dejaría a algunas personas sin seguro, aunque cumplan con el requisito laboral. Esto se debe a que el límite de ingresos para acceder a Medicaid en ese estado es tan bajo que trabajar las 80 horas mensuales exigidas probablemente haría que esas personas superaran el tope permitido y perdieran el derecho a la cobertura.

Sin embargo, tampoco ganarían lo suficiente como para poder acceder a un plan subsidiado en el mercado de ACA.

Michelle Mastrototaro dijo que perdió su cobertura de Medicaid en noviembre del año pasado después de aceptar un trabajo de medio tiempo como asistente de maestra en una escuela primaria de Tampa. Mastrototaro, de 47 años, cuida a un hijo adolescente con discapacidad y probablemente no tendría que cumplir con el requisito de trabajo propuesto en Florida.

Pero dijo que su salario quincenal por trabajar unas 17 horas a la semana la hizo superar el límite de ingresos de Medicaid. Desde entonces ha tenido dificultades para pagar sus medicamentos recetados.

“Lo que estoy ganando es casi nada”, contó Mastrototaro. “Estoy rebuscándomelas como puedo para apenas llegar a fin de mes”.

La propuesta liderada por Gaetz ignora “las duras realidades de lo que implica calificar para Medicaid en Florida”, dijo , director ejecutivo de Florida Voices for Health, una organización sin fines de lucro que promueve la ampliación de Medicaid. “A simple vista no tiene sentido”, señaló.

Expertos en Medicaid dicen que la establece que los estados que no han ampliado Medicaid no pueden exigir requisitos de trabajo.

Un estado que no ha agregado más adultos de bajos ingresos a su programa de Medicaid no puede imponer requisitos laborales a quienes ya tienen cobertura, ratificó Cuello.

Los estados deben cubrir categorías específicas de personas de bajos ingresos 鈥攃omo niños, mujeres embarazadas, algunos padres, adultos mayores y personas con discapacidad鈥� para recibir financiamiento federal para sus programas.

Los estados que han ampliado Medicaid a un grupo limitado de adultos de bajos ingresos, específicamente Georgia y Wisconsin, están obligados a imponer requisitos de trabajo a los nuevos beneficiarios.

El , lanzado en julio de 2023, ya incluye un requisito para que los adultos que ahora son elegibles demuestren al menos 80 horas de trabajo o participación comunitaria. La aprobación federal para el programa expira a finales de diciembre y el estado ha solicitado . El deberá implementar los requisitos laborales antes del 1 de enero.

Carolina del Sur solicitó en junio la aprobación federal para ampliar la a padres y cuidadores sin discapacidad de entre 19 y 64 años que ganen entre el 67% y el 100% del nivel federal de pobreza. Eso equivale aproximadamente a entre $18.300 y $27.300 al año para una familia de tres miembros. La solicitud del estado está pendiente ante los CMS y, si se aprueba, implementaría requisitos de trabajo para los adultos que cumplan con las nuevas condiciones.

Gaetz dijo que, si la legislación de Florida se aprueba, el estado desarrollaría un “plan de negocios” para implementar los requisitos de trabajo y luego solicitaría la aprobación de los CMS.

No está claro cuánto costaría, pero la experiencia en estados que ya han aplicado requisitos laborales en Medicaid sugiere que la implementación demandaría un gasto elevado. Los estados deben actualizar sus sistemas de elegibilidad e inscripción, contratar personal adicional e informar al público sobre las nuevas exigencias.

Georgia, por ejemplo, gastó en cambios administrativos alrededor de $54,2 millones, de un total de $80,3 millones destinados al programa entre octubre de 2020 y marzo de 2025, de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de EE.UU. (GAO, por sus siglas en inglés). La mayor parte del gasto administrativo 鈥攗nos $47,4 millones, o 88%鈥� provino del gobierno federal.

La experiencia de Georgia refleja la de otros estados, según sobre estados que recibieron la aprobación para implementar requisitos de trabajo de Medicaid durante la primera administración de Trump.

Ese informe se centró en cinco estados 鈥擜rkansas, Indiana, Kentucky, New Hampshire y Wisconsin鈥� y estimó que los costos totales serían de $408 millones. Oscilaban entre $6 millones en New Hampshire y más de $270 millones en Kentucky, aunque esas cifras no incluían todos los costos estatales.

“La infraestructura informática de Florida para la recopilación y verificación de información, así como para determinar la elegibilidad, tiene más de 30 años de antigüedad y está siendo reemplazada. Se espera que el proceso se complete en 2028 y que cueste más de $180 millones.

Un análisis legislativo del proyecto de Gaetz estimó que, si 1 de cada 4 personas afectadas por el requisito de trabajo propuesto perdiera la cobertura de Medicaid, el estado podría ahorrar unos $80 millones al año.

Darius, de Florida Voices for Health, dijo que esos posibles ahorros difícilmente parezcan justificar el esfuerzo.

“Requiere que el estado construya este enorme marco regulatorio y reconstruya sistemas y contrate a numeroso personal para perseguir al pequeño número de personas que finalmente se verían afectadas por esto”, explicó.

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Por segundo año, el demócrata pidió a los legisladores estatales que eliminen la cobertura para un sector de los inmigrantes ante los recortes federales al gasto en Medicaid y un déficit presupuestario de aproximadamente .

Muchos analistas advierten que, si estalla la burbuja de la inteligencia artificial, .

Newsom propuso que el estado no intervenga cuando, a partir de octubre, el gobierno federal deje de brindar cobertura médica a unos 200.000 residentes legales, entre ellos .

Legisladores progresistas y activistas afirmaron que esos recortes representan un alejamiento de la promesa de Newsom de garantizar “”. Por otro lado, los republicanos siguen criticándolo porque utiliza fondos públicos para cubrir a personas que no son ciudadanas.

Según el Departamento de Finanzas, la propuesta más reciente de Newsom permitiría un ahorro estimado de $786 millones en este año fiscal y de $1.100 millones anuales en los años siguientes, dentro de un presupuesto proyectado de $349.000 millones.

La senadora estatal Caroline Menjivar, una de las dos demócratas que el año pasado votaron en contra de los recortes de Newsom, dijo que le preocupa que las ambiciones políticas del gobernador estén pesando más que lo que es mejor para los californianos.

“Está pendiente de lo que van a opinar Arkansas o Tennessee, cuando lo que piensa California es algo completamente diferente”, se quejó Menjivar, quien contó que sus críticas anteriores le costaron de un subcomité clave del presupuesto. “Esa es mi perspectiva sobre lo que está ocurriendo aquí”, agregó.

Mientras tanto, el senador estatal republicano Tony Strickland criticó a Newsom por restar importancia del estado que, según funcionarios estatales, podría crecer hasta los $27.000 millones el próximo año. Además, lo acusó de seguir ofreciendo cobertura a residentes de California que viven en el país sin autorización. “Lo único que quiere es relanzarse políticamente, proyectar una nueva imagen”, dijo Strickland.

Es una cuerda floja política que se irá tensando aún más a medida que disminuya el apoyo federal y sigan aumentando los gastos en atención médica, afirmó Guian McKee, codirector del Proyecto de Políticas de Salud de la Escuela de Asuntos Públicos Miller de la Universidad de Virginia.

“Newsom tiene que hacer malabares con tres o cuatro temas delicados al mismo tiempo”, opinó 听McKee. Si decide postularse, agregó: “las prioridades de los votantes demócratas en las primarias 鈥攓ue en gran medida reflejan estados progresistas como California鈥� son muy distintas a las del electorado en general, que está mucho más dividido”.

En Estados Unidos, las opiniones sobre si el gobierno debería ofrecer cobertura médica a personas sin papeles están muy divididas.

En una realizada el año pasado, una pequeña mayoría 鈥�54%鈥� se opuso a una disposición que establecía sanciones a los estados que utilizaban sus propios recursos para brindar atención médica a inmigrantes. Había grandes diferencias según la afiliación política. Finalmente, esa disposición no fue incluida en la versión final del proyecto de ley aprobado por el Congreso y promulgado por el presidente Donald Trump.

Incluso en California, la idea de ofrecer atención médica perdió apoyo a causa de los problemas presupuestarios.

En , el 41% de los adultos expresó estar de acuerdo con ofrecer cobertura médica a inmigrantes sin papeles, una caída significativa con respecto en 2023.

el vicepresidente JD Vance, y legisladores republicanos han acusado en repetidas ocasiones a California y a otros estados demócratas de usar fondos públicos para dar atención médica a inmigrantes, un tema que enardece a la base del Partido Republicano.

Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), de “” para recibir más fondos federales, liberando recursos estatales para su programa de Medicaid, conocido como Medi-Cal, que ha inscrito a cerca de 1,6 millones de inmigrantes en situación irregular.

“Si usted es un contribuyente en Texas o Florida, sus impuestos podrían haberse usado para financiar la atención médica de inmigrantes ilegales en California”, dijo en octubre.

Funcionarios de California negaron esas acusaciones y afirmaron que solo se utilizan fondos estatales para dar servicios de salud general a personas indocumentadas, ya que la ley prohíbe usar fondos federales.

Newsom ha convertido esto en un “”, ya que ampliar la cobertura a inmigrantes, según su administración, mantiene a las y ayuda a evitar costosas visitas a salas de emergencia que muchas veces se terminan pagando con dinero público.

“Ninguna administración ha hecho más que ésta para ampliar la cobertura total de Medicaid para nuestras comunidades diversas, con y sin estatus migratorio”, dijo Newsom a periodistas en enero. “Hay quienes han construido toda su carrera política criticando mi postura”.

Newsom advirtió sobre el “carnaval de caos” del gobierno federal al aprobar la ley One Big Beautiful Bill Act de Trump. Esa ley, sostuvo, pone a 1,8 millones de californianos en riesgo de perder su cobertura médica debido a la implementación de requisitos laborales, otras reglas de elegibilidad y nuevos límites al financiamiento federal para los estados.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, desde ahora y hasta 2034, a nivel nacional, 10 millones de beneficiarios podrían perder su cobertura.

han señalado que un número mayor de personas sin seguro 鈥攅n especial aquellas que están relativamente sanas鈥� podría concentrar la cobertura en , lo que potencialmente elevaría los costos de las primas y los costos hospitalarios en general.

Organizaciones que trabajan con los inmigrantes señalan que es especialmente cruel dejar sin atención médica a quienes pudieron haber huido de situaciones de violencia o sobrevivido a la trata o a situaciones de abuso.

Las normas federales actuales exigen que los programas estatales de Medicaid cubran a “no ciudadanos calificados”, incluidos solicitantes de asilo y refugiados, explicó Tanya Broder, del National Immigration Law Center. Pero la One Big Beautiful Bill Act, impulsada por los republicanos, puso fin a esa cobertura, lo que afectaría a legales en todo el país.

Como muchos gobernadores estatales aún no han presentado sus propuestas de presupuesto, no está claro cómo piensan cubrir los recortes al financiamiento, dijo Broder.

Por ejemplo, funcionarios de Colorado estiman que unos 7.000 inmigrantes legales podrían perder cobertura por los cambios en la ley. En el estado de Washington, las autoridades calculan que , solicitantes de asilo y otros inmigrantes con autorización legal se quedarán sin cobertura de Medicaid.

Ambos estados, al igual que California, ampliaron la cobertura completa a todos los residentes elegibles por ingresos, sin importar su situación migratoria. Ahora, sus funcionarios electos están en la incómoda posición de tener que explicar por qué algunos inmigrantes legales podrían perder su cobertura médica mientras que otros sin estatus legal podrían conservarla.

El año pasado, el aumento de los costos en atención médica y los recortes presupuestarios llevaron a los gobernadores demócratas de 鈥擩B Pritzker y Tim Walz, dos potenciales aspirantes a la presidencia鈥� a suspender o cancelar la cobertura para inmigrantes sin papeles.

También en 2025, legisladores de California votaron por la eliminación de la cobertura dental y congelaron nuevas inscripciones para personas sin documentos. A partir del próximo año también se cobrará una prima mensual a quienes mantengan su cobertura.

Aun así, se estima que el estado gastará $13.800 millones de su fondo general en atención médica para inmigrantes no cubiertos por el gobierno federal, según H.D. Palmer, vocero del Departamento de Finanzas.

En enero, en una conferencia de prensa en San Francisco, Newsom defendió estas medidas y dijo que eran necesarias por “prudencia fiscal”. Evitó responder preguntas sobre la cobertura para solicitantes de asilo y refugiados, y minimizó la importancia de su propuesta, al decir que podría revisarla cuando tuviera la oportunidad de actualizar el presupuesto en mayo.

Kiran Savage-Sangwan, directora ejecutiva de la California Pan-Ethnic Health Network, señaló que el estado aprobó una ley en la década de 1990 que le exige cubrir con Medi-Cal cuando los fondos federales de Medicaid no están disponibles. Esto incluye a personas con residencia permanente que aún no cumplen con el período de espera de cinco años para inscribirse en Medicaid.

Savage-Sangwan calificó la propuesta del gobernador como “arbitraria y cruel” y criticó su decisión de priorizar los depósitos del fondo de emergencia para tiempos difíciles en vez de mantener la cobertura. Agregó que culpar al gobierno federal era engañoso.

También consideró que es un gran retroceso respecto de lo que ella esperaba que California pudiera lograr el primer día de Newsom en el cargo, hace siete años, cuando el gobernador declaró su apoyo a un sistema de salud con financiamiento público integral y propuso ampliar los subsidios para pagar el seguro médico para la clase media.

“Tenía esperanza y celebramos los avances que impulsó el gobernador”, afirmó Savage-Sangwan. “Por eso estoy aún más decepcionada”.

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El gobierno de Trump, que ha prometido “transparencia radical”, afirmó en un documento de que planea publicar el “resumen de proyectos” de los estados que obtengan fondos. Siguiendo el ejemplo de los reguladores federales, muchos estados ocultan sus solicitudes completas, y algunos se han negado a revelar cualquier detalle.

“Seamos claros”, dijo Alan Morgan, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Salud Rural (NRHA, por sus siglas en inglés). “Los directores de hospitales, los administradores de clínicas, los líderes comunitarios: todos van a querer saber qué están haciendo sus estados”.

Entre los miembros de la NRHA se incluyen hospitales y clínicas rurales con dificultades económicas, a los que prometieron beneficiar con el Programa de Transformación de la Salud Rural del gobierno de Trump.

Morgan señaló que sus miembros están interesados en saber qué proponen los estados, qué ideas son aprobadas o rechazadas y cuáles son sus justificaciones presupuestarias, que explican cómo podría gastarse el dinero.

Mejorar la atención médica rural es una “tarea increíblemente complicada y difícil”, afirmó Morgan.

El Programa de Transformación de la Salud Rural, con una duración de cinco años, fue aprobado por el Congreso en una ley 鈥攍a llamada One Big Beautiful Bill Act鈥� que también reduce drásticamente el gasto de Medicaid, del cual dependen en gran medida los proveedores de salud en zonas rurales. Este programa está siendo observado con atención porque representa una inyección muy necesaria de fondos, aunque con la condición impuesta por el gobierno de Trump de que el dinero se utilice en ideas transformadoras y no simplemente para mantener a flote a hospitales rurales en crisis.

La ley indica que la mitad de los $50.000 millones se dividirá en partes iguales entre todos los estados con una solicitud aprobada. El resto se distribuirá en base a un sistema de puntos. , $12.500 millones se asignarán en función del nivel de “ruralidad” de cada estado. Los otros $12.500 millones se otorgarán a estados que obtengan en iniciativas y políticas alineadas, en parte, con los objetivos del gobierno de Trump bajo el lema “Hacer a Estados Unidos Saludable de Nuevo” ().

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., ha prometido en repetidas ocasiones abrir el gobierno al pueblo estadounidense. Su agencia tiene una dedicada a la “transparencia radical”.

“Estamos trabajando para que este sea el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) más transparente en sus 70 años de historia”, en un testimonio escrito al Congreso en septiembre.

Lawrence Gostin, profesor de derecho en salud pública en la Universidad Georgetown, dijo que el HHS está actuando “de manera totalmente opaca” y que el público tiene derecho a exigir “mayor apertura y claridad”. Sin transparencia, agregó, la población no puede evaluar las responsabilidades de esa agencia.

Catherine Howden, vocera de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), dijo que la agencia seguirá las regulaciones federales que rigen los al publicar información sobre el programa de salud rural.

Las solicitudes de subvención “no se hacen públicas durante el proceso de evaluación por méritos”, dijo Howden, y agregó: “El propósito de esta política es proteger la integridad de las evaluaciones, la confidencialidad de los solicitantes y la naturaleza competitiva del proceso”.

Demócratas y algunos defensores de la atención de salud temen que las decisiones sobre la distribución del dinero tengan motivaciones políticas.

“Me preocupan las represalias políticas”, dijo la representante Nikki Budzinski, demócrata de Illinois. Como los demócratas controlan la política de nuestro estado, “nuestra solicitud podría no ser tomada tan en serio como la de otros estados liderados por republicanos”, agregó.

En noviembre, los legisladores demócratas de Illinois en la Cámara de Representantes enviaron al administrador de los CMS, Mehmet Oz, solicitando una “evaluación justa e integral” de la solicitud estatal. Las autoridades de Illinois aún no han comunicado su propuesta a 麻豆女优 Health News, que presentó una solicitud de registros públicos.

Heather Howard, profesora en la Universidad de Princeton, dijo que le “sorprende gratamente la transparencia de muchos estados”.

Howard dirige el programa State Health and Value Strategies de la universidad, que el fondo de salud rural, y elogió a la mayoría de los estados por publicar sus resúmenes del proyecto.

“Esto demuestra el enorme interés que despierta el programa”, dijo Howard.

Su equipo, que revisó cerca de dos docenas de resúmenes estatales, identificó temas comunes como la expansión de servicios móviles y a domicilio, mayor uso de tecnología, y desarrollo de la fuerza laboral con becas, bonos por contratación y ayuda para cuidado infantil en puestos de alta demanda.

“Creo que es emocionante”, dijo Howard. “Considero muy valioso lo que podemos aprender de estas propuestas”.

Howard señaló que las solicitudes de Georgia y Alabama incluían el uso de telerrobótica: una propuesta para utilizar robots para realizar ecografías remotas.

Otro tema que “me entusiasma”, dijo, es el esfuerzo de los estados por crear grupos o comités asesores, como en Idaho, donde se espera que los grupos de trabajo se enfoquen en tecnología, desarrollo de fuerza laboral, colaboración con comunidades indígenas, y salud mental y conductual.

Los 50 estados presentaron sus solicitudes a los reguladores federales antes de la fecha límite del 5 de noviembre, y las resoluciones se anunciarán antes de que termine el año, según los CMS.

Hasta finales de noviembre, casi 40 estados habían hecho público su resumen del proyecto, que es la parte principal de la solicitud donde se describen las iniciativas propuestas, según un seguimiento de 麻豆女优 Health News. Más de una docena de estados también publicaron sus presupuestos.

Un pequeño grupo de estados 鈥擨daho, Iowa, Kansas, Minnesota, Nuevo México, Dakota del Norte, Carolina del Sur y Wyoming鈥� publicó todos los componentes de la solicitud.

麻豆女优 Health News presentó solicitudes de registros públicos para obtener las peticiones completas de los estados. Algunos se negaron a entregar cualquier parte de sus materiales.

Nebraska, por ejemplo, rechazó la solicitud argumentando que su contenido es “información comercial o propietaria” que “podría beneficiar a competidores comerciales”.

Kentucky compartió el resumen de su solicitud, pero indicó que el resto es un “borrador preliminar” no sujeto a divulgación bajo las leyes estatales.

Erika Engle, vocera del gobernador de Hawaii, Josh Green, dijo que el gobernador “está comprometido con la transparencia”, pero se negó a compartir la propuesta del estado.

Hawaii y otros estados aún están procesando solicitudes formales de registros públicos.

Este programa de salud rural forma parte de la ley aprobada en julio que se prevé que reducirá el gasto federal de Medicaid en zonas rurales en durante los próximos 10 años.

Se espera que estos recortes afecten las finanzas de centros rurales, poniendo en riesgo su capacidad para seguir operando. Un informe reciente de Commonwealth Fund reveló que muchas áreas rurales siguen a atención primaria. Pero las normas del programa de salud rural indican que solo el 15% de los nuevos fondos puede utilizarse para pagar atención directa a los pacientes.

Entre los recortes a Medicaid y la nueva inversión del programa, “hay una verdadera oportunidad para que las políticas nacionales tengan un impacto en las zonas rurales, tanto de forma negativa como positiva”, señaló Celli Horstman, investigadora principal de la fundación en Nueva York y coautora del informe.

Entre las propuestas disponibles al público, los estados con gobiernos demócratas muestran disposición para apoyar algunos de los objetivos del gobierno, aunque también rechazan otros, lo cual podría restarles puntos.

Por ejemplo, Nuevo México indicó que presentará una ley para que los estudiantes tomen la Prueba Presidencial de Aptitud Física (Presidential Fitness Test) y que los médicos realicen cursos de educación continua sobre nutrición. Pero no impedirá que las personas usen sus beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) para comprar productos “no nutritivos” como sodas o dulces.

Muchos estados planean invertir en tecnología, como telesalud, ciberseguridad y equipos para monitoreo remoto de pacientes. Otros temas incluyen mejorar el acceso a alimentos saludables, fortalecer los servicios de emergencia, prevenir y tratar enfermedades crónicas, y recurrir a trabajadores comunitarios de salud y paramédicos para visitas domiciliarias.

Algunas propuestas específicas incluyen:

• Arkansas quiere gastar $5 millones en su programa “FAITH” 鈥擜cceso, Transporte y Salud Basados en la Fe鈥� para que instituciones religiosas rurales organicen eventos de educación y pruebas preventivas. También se instalarían circuitos para caminar y equipos de ejercicio en las congregaciones.
• Alaska, que históricamente ha usado trineos de perros para entregar medicamentos en zonas remotas, quiere probar el uso de “sistemas aéreos no tripulados” para agilizar la entrega de medicinas.
• Tennessee quiere aumentar el acceso a actividades saludables con inversiones en parques, senderos y mercados agrícolas.
• Maryland propone abrir mercados móviles e instalar refrigeradores y congeladores para facilitar el acceso a alimentos frescos y saludables que suelen dañarse en zonas rurales con pocos supermercados.

El senador estatal Stephen Meredith, un republicano que representa una parte del oeste de Kentucky, dijo que espera que los hospitales rurales sigan cerrando, pese al programa estatal.

“Creo que estamos tratando los síntomas sin curar la enfermedad”, señaló después de escuchar una .

Morgan, cuya organización representa a hospitales rurales que probablemente cerrarán, dijo que las ideas del estado pueden sonar bien.

“Uno puede escribir una narrativa que suene maravillosa”, afirmó. “Pero traducir esas metas aspiracionales en un programa funcional, eso es más difícil”.

Los reporteros de 麻豆女优 Health News, Phil Galewitz, Katheryn Houghton, Tony Leys, Jazmin Orozco Rodriguez, Maia Rosenfeld, Bram Sable-Smith y Lauren Sausser contribuyeron con este artículo.

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MU Health Care, donde practican la mayoría de los médicos que utiliza su familia, estaba inmerso en una disputa contractual con Anthem, la aseguradora de salud de Wingler. El contrato vigente estaba a punto de expirar.

Entonces, el 31 de marzo, la mujer recibió un correo electrónico alertándola de que al día siguiente el hospital ya no estaría en la red de Anthem.

La noticia la dejó atónita.

“Sé que negocian contratos todo el tiempo鈥� pero parecía un simple trámite burocrático que no nos afectaría. Nunca antes me habían excluido de la red de una aseguradora de esa manera”, comentó. El momento no pudo ser menos oportuno.

La consulta: Cuando la aseguradora de salud de una madre de Missouri no pudo llegar a un acuerdo con su hospital, la mayoría de sus médicos quedaron repentinamente fuera de la red. Se preguntaba cómo conseguiría que se cubriera la atención médica de sus hijos o cómo encontraría nuevos médicos. “Para una familia de cinco鈥� 驴por dónde empezamos?” 鈥� Amber Wingler, 42 años, de Columbia, Missouri

La hija de Wingler, Cora, de 8 años, había estado teniendo problemas intestinales sin razón aparente. Las listas de espera para ver a varios especialistas pediátricos y tener un diagnóstico, desde gastroenterología hasta terapia ocupacional, eran largas: iban de semanas hasta más de un año.

(En un comunicado, el vocero de MU Health Care, Eric Maze, afirmó que el sistema de salud trabaja para garantizar que los niños con las necesidades más urgentes sean atendidos lo antes posible).

De repente, las consultas con los especialistas para Cora estaban fuera de la red de su seguro. A varios cientos de dólares cada una, el costo se habría disparado rápidamente. Los únicos otros especialistas pediátricos dentro de la red que Wingler encontró estaban en St. Louis y Kansas City, ambos a más de 120 millas de distancia.

Así que Wingler pospuso las citas médicas de su hija durante meses mientras intentaba decidir qué hacer.

En todo el país, las disputas contractuales son comunes, con más de 650 hospitales involucrados en conflictos públicos con aseguradoras desde 2021.

Y podrían volverse aún más frecuentes a medida que los hospitales se preparan para recortes de aproximadamente $1.000 millones en el gasto federal en salud, según lo estipulado por la ley insignia del presidente Donald Trump, promulgada en julio.

Los pacientes atrapados en una disputa contractual tienen pocas opciones viables.

“Existe un antiguo proverbio africano que dice: cuando dos elefantes pelean, la hierba se aplasta. Y, lamentablemente, en estas situaciones, a menudo los pacientes son la hierba”, afirmó Caitlin Donovan, directora de la Patient Advocate Foundation, una organización sin fines de lucro que ayuda a personas con dificultades para acceder a la atención médica.

Si te sientes aplastado bajo una disputa contractual entre un hospital y tu aseguradora, esto es lo que necesitas saber para protegerte financieramente:

1. “Fuera de la red” significa que probablemente pagarás más.

Las aseguradoras negocian contratos con hospitales y otros proveedores médicos para establecer las tarifas que pagarán por distintos servicios. Cuando llegan a un acuerdo, el hospital y la mayoría de los proveedores que trabajan allí pasan a formar parte de la red de la aseguradora.

La mayoría de los pacientes prefieren consultar con proveedores “dentro de la red” porque su seguro cubre parte, la mayor parte o incluso la totalidad de la factura, que podría ascender a cientos o miles de dólares. Si consultas con un proveedor fuera de la red, podrías tener que pagar la factura completa.

Si decides seguir con tus médicos habituales aunque estén fuera de la red, puedes consultar sobre la posibilidad de obtener un descuento por pago en efectivo y sobre el programa de asistencia financiera del hospital.

2. Las disputas entre hospitales y aseguradoras suelen resolverse.

, investigador de políticas de salud de la Universidad Brown, examinó 3.714 hospitales no federales en Estados Unidos y halló que, entre junio de 2021 y mayo de 2025, un 18% de ellos tuvo una disputa pública con una compañía de seguros de salud.

Cerca de la mitad de esos hospitales finalmente se retiraron de la red de la aseguradora, según los datos preliminares de Buxbaum. Sin embargo, la mayoría de estas rupturas se resuelven en uno o dos meses, agregó. Por lo tanto, es muy probable que tus médicos vuelvan a formar parte de la red, incluso después de una separación.

3. Podrías calificar para una extensión que te permita reducir costos.

Ciertos pacientes podrían calificar para una extensión de la cobertura dentro de la red, lo que se llama continuidad de la atención.

Puedes pedir esta extensión llamando a tu aseguradora, pero el proceso puede ser largo. Algunos hospitales han habilitado recursos para ayudar a los pacientes a solicitarla.

Wingler pasó por todo ese calvario por su hija: horas al teléfono, llenando formularios y enviando faxes.

Pero dijo que no tenía el tiempo ni la energía para hacerlo para todos los miembros de su familia.

“Mi hijo estaba en fisioterapia”, dijo. “Pero lo siento mucho, hijo, tú sigue con los ejercicios que tienes que hacer. No voy a pelearme para que tú también tengas cobertura, cuando ya estoy peleando por tu hermana”, se dijo.

También es importante tener en cuenta si se trata de una emergencia médica: en la mayoría de los servicios de urgencias, los hospitales de las tarifas de su red.

4. Puede que tengas que esperar para cambiar de aseguradora.

Quizás estés pensando en cambiarte a una aseguradora que cubra a tus médicos favoritos. Pero ten en cuenta que muchas personas que eligen sus planes de salud durante el período anual de inscripción abierta quedan atadas a su plan durante un año. Los contratos entre las aseguradoras y los hospitales no necesariamente coinciden con el año de tu plan.

Ciertos , como casarse, tener un hijo o perder el trabajo, pueden permitirte cambiar de seguro fuera del período anual de inscripción abierta, pero que tus médicos dejen de pertenecer a la red de tu seguro no se considera un acontecimiento de vida que te permita hacerlo.

5. Buscar un nuevo médico puede llevar mucho tiempo.

Si la ruptura entre tu aseguradora y el hospital parece definitiva, podrías considerar buscar una nueva lista de médicos y otros proveedores que estén dentro de la red de tu plan. 驴Por dónde empezar? Tu plan probablemente tenga una herramienta en línea para buscar proveedores dentro de la red cerca de donde vives.

Pero ten en cuenta que cambiar de médico podría significar esperar para establecerte como paciente de uno nuevo y, en algunos casos, tener que ir más lejos.

6. Vale la pena guardar los recibos.

Incluso si tu seguro y el hospital no llegan a un acuerdo antes de que expire su contrato, existe la probabilidad de que lleguen a un nuevo acuerdo.

Algunos pacientes deciden posponer sus citas mientras esperan. Otros mantienen sus citas y pagan de su propio bolsillo. Si es tu caso, guarda los recibos. Cuando las aseguradoras y los hospitales llegan a un acuerdo, este suele aplicarse retroactivamente, por lo que las citas que pagaste de tu bolsillo podrían estar cubiertas después de todo.

Fin de un suplicio

Tres meses después de que expirara el contrato entre la aseguradora de Wingler y el hospital, ambas partes anunciaron un nuevo acuerdo. Wingler se unió a la multitud de pacientes que programaron las citas que habían pospuesto durante la crisis.

En un comunicado, Jim Turner, vocero de Elevance Health, la empresa matriz de Anthem, escribió: “Abordamos las negociaciones enfocados en la equidad, la transparencia y el respeto por todos los afectados”.

Maze, de MU Health Care, dijo: “Comprendemos la importancia del acceso puntual a la atención pediátrica especializada para las familias y lamentamos profundamente la frustración que algunos padres han experimentado al intentar programar citas tras la resolución de las negociaciones de nuestro contrato con Anthem”.

Wingler se alegró de que su familia pudiera volver a ver a sus médicos, pero su alivio se vio atenuado por la determinación de no volver a encontrarse en la misma situación.

“Creo que seremos un poco más precavidos cuando llegue el período de inscripción abierta”, dijo Wingler. “Nunca nos habíamos preocupado por revisar nuestra cobertura de gastos de bolsillo porque no la necesitábamos”.

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Pero eso es lo que los empleados estatales de Massachusetts intentan hacer a diario, entre los sonidos y las luces intermitentes de las máquinas tragamonedas.

En el MGM Springfield, al oeste del estado, empleados con remeras verdes se encuentran frente a su pequeña oficina, justo al lado del casino.

Sobre ellos, un cartel dice el programa insignia del estado para combatir la ludopatía (adicción al juego). Una pantalla muestra mensajes como “Mantén las apuestas deportivas divertidas. Establece un presupuesto y cúmplelo”.

Los empleados reparten etiquetas para maletas y pañuelos desechables gratuitos para animar a la gente a charlar. Si lo consiguen, entregan a los clientes folletos con el número de teléfono estatal de ayuda para jugadores y su sitio web. Incluso pueden inscribirlos en , que permite a las personas establecer un presupuesto fijo mensual para sus apuestas.

Fuera de los casinos, GameSense se promociona en redes sociales, aplicaciones y sitios web de . Mientras tanto, el Departamento de Salud Pública del estado coloca en autobuses y vallas publicitarias.

“Es un gran movimiento de 12 años”, dijo , quien supervisa el programa GameSense en Massachusetts.

El primer casino de Massachusetts abrió sus puertas en 2015 y, a medida que la industria del juego crecía, el estado desarrolló lo que denomina un programa de “juego responsable”, financiado con un impuesto adicional sobre las ganancias de la industria.

Al principio, los reguladores estatales probaron diversas estrategias para educar a los clientes sobre la naturaleza adictiva del juego y sobre sus riesgos financieros.

“Se trataba más bien de asegurar la disponibilidad de folletos que explicaran las probabilidades de cualquier juego”, explicó Vander Linden.

Desde entonces, Massachusetts ha implementado para una industria en auge que ahora incluye las apuestas deportivas generalizadas.

Por ejemplo, no se pueden apostar sobre equipos universitarios de Massachusetts ni jugar con tarjeta de crédito. Todas las empresas de juegos de azar deben permitir a los clientes establecer límites voluntarios e inscribirse en una “lista de autoexclusión voluntaria” que les prohíbe el acceso a casinos o apuestas deportivas durante determinados intervalos de tiempo.

Un mosaico de normas estatales

Algunos estados han establecido límites similares para frenar la ludopatía, pero otros tienen muy pocos. A falta de una política nacional o de una comisión nacional del juego que supervise la industria, cada estado elabora su propio plan.

Un número creciente de investigadores y legisladores en materia de adicciones afirman que es hora de tomar medidas más audaces y unificadas para combatir los trastornos del juego.

Resaltan el auge de la industria del juego desde 2018, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos a que los estados y desató una industria agresiva, ahora legal en 39 estados. (Cuarenta y ocho estados han legalizado al menos alguna forma de juego, incluyendo las loterías).

Otros países en la regulación de la industria del juego, y algunos expertos estadounidenses los consideran modelos potenciales.

Por ejemplo, el tiene el monopolio de todas las máquinas tragamonedas, lo que le permite controlar los tipos de juegos que se ofrecen, y cada jugador del país tiene un límite de pérdida de 20.000 coronas (unos $2.000) al mes.

En el , la mayoría de los adultos tienen (unos $7) por cada giro en una máquina tragamonedas, y las empresas de juegos de azar están sujetas a un impuesto del 1% que se destina a un fondo para el tratamiento y la prevención de los trastornos del juego.

El año pasado, un informe publicado en la revista médica instó a los líderes de salud internacionales a actuar con rapidez en las regulaciones antes de que los trastornos del juego se generalicen y se vuelvan comunes, y mucho más difíciles de detener.

Sin embargo, los líderes políticos señalan que Estados Unidos tiene menos interés en la regulación corporativa que muchos otros países, especialmente bajo la administración Trump. Al mismo tiempo, advierten que no hacer nada podría representar una grave amenaza para la salud pública, en especial ahora que las aplicaciones de apuestas deportivas permiten a las personas apostar en cualquier lugar y en cualquier momento.

El temor: más apuestas, más adicción

Incluso antes del “matrimonio” entre los juegos en línea y los teléfonos celulares, los investigadores estimaban que entre el y el de los estadounidenses ya padecían un trastorno del juego, y que un 8% adicional de desarrollarlo.

Algunos políticos estadounidenses temen que el problema solo empeore.

“La sofisticación y complejidad de las apuestas se han vuelto abrumadoras”, declaró el听听(demócrata de Connecticut). “Y por eso necesitamos protecciones que permitan a las personas decir que no”.

Blumenthal ha copatrocinado el (la Ley de Apuestas Seguras), una legislación que impondría normas federales a las empresas de apuestas deportivas.

El proyecto de ley propone la prohibición de la publicidad de juegos de azar durante eventos deportivos en vivo, controles obligatorios de asequibilidad para clientes con grandes gastos, límites a los programas de membresía VIP, la prohibición del uso de la inteligencia artificial para marketing y la creación de una base de datos nacional de “autoexclusión”, entre otras normas.

“Los estados no pueden proteger a sus consumidores de las ofertas excesivas y abusivas, y a veces de los anuncios engañosos”, declaró Blumenthal. “Simplemente no tienen los recursos ni la jurisdicción”.

La industria del juego se opone firmemente a esta ley. Las normas federales serían una bofetada para los reguladores estatales, afirmó Joe Maloney, vocero de la .

“Tienen el potencial de, primero, usurpar drásticamente la autoridad de los estados y, segundo, congelar la industria”, afirmó.

El juego responsable y la salud pública

Las nuevas regulaciones también son innecesarias, afirmó Maloney. La industria reconoce que el juego es adictivo para algunas personas, explicó, por lo que desarrolló una iniciativa de divulgación y concientización conocida como .

Esto incluye mensajes en autobuses y carteles que advierten a la gente que deje de jugar cuando ya no sea divertido y les recuerdan que las probabilidades de ganar son muy bajas.

“Hay mensajes muy directos, como: 鈥楢quí perderás dinero’”, dijo Maloney.

Agregó que su grupo industrial no recopila datos sobre si tales medidas reducen las tasas de adicción. Sin embargo, afirmó que las restricciones al juego no son la solución.

“Si de repente se empieza a elegir entre lo legal y lo prohibido, se está alejando a los apostadores del mercado legal y llevándolos al ilegal”, afirmó Maloney.

Los líderes de salud pública argumentan que el modelo de “juego responsable” de la industria no funciona.

“Se necesita regulación cuando la industria ha demostrado incapacidad y falta de voluntad para autocontrolarse”, afirmó , director de políticas de juego del de la Facultad de Derecho de la Universidad de Northeastern en Boston.

Una de las razones por las que el enfoque de la industria es “ética y científicamente defectuoso” es que atribuye toda la culpa y la responsabilidad a las personas con un trastorno del juego, afirmó Levant. “No se puede decir a una persona que lucha contra la adicción: 鈥楤ueno, simplemente deja de hacerlo’”.

Levant aborda el tema desde su experiencia personal. Se está recuperando de una adicción al juego. Ex abogado, fue por robar dinero de sus clientes para financiar su adicción al juego. Desde entonces, no solo se ha convertido en un defensor de regulaciones más estrictas, sino que también es un terapeuta especializado en adicciones.

La American Gambling Association (AGA) afirmó apoyar el tratamiento de los trastornos del juego y ayudar a financiar algunos servicios de derivación y tratamiento a través de impuestos estatales. Sin embargo, Levant calificó esto como “el equivalente moral de que las grandes tabacaleras digan: ‘Hagamos lo que queramos con nuestros cigarrillos, siempre y cuando paguemos la quimioterapia y los cuidados paliativos'”.

En cambio, Levant aboga por un enfoque de salud pública que ayude a prevenir la adicción de raíz. Esto significa limitar la publicidad, y los tipos y la frecuencia de las apuestas, para todos, no solo para quienes ya tienen problemas.

Para defender su postura, Levant abre su computadora y muestra un anuncio corporativo producido por Simplebet, .

En el video, la compañía presume de conseguir que más gente apueste en deportes mediante las llamadas microapuestas durante los partidos en directo. “Impulsamos la participación de los aficionados convirtiendo cada momento de cada partido en una oportunidad para apostar. Automático, algorítmico, impulsado por el aprendizaje automático y la IA”, dice la voz en off.

Ese es el tipo de participación constante que fomenta la adicción, afirmó Levant. (Contactados por 麻豆女优 Health News y NPR, DraftKings declinó hacer comentarios y, en su lugar, envió un enlace a su ).

Legisladores quieren actuar ya

Algunos de estos mecanismos de juego se verían limitados por la Ley de Apuestas Seguras, que Levant y sus colegas del Instituto de Defensa de la Salud Pública ayudaron a redactar.

Pero si la legislación no se aprueba en el actual Congreso, reacio a las regulaciones, los estados deberán tomar medidas contundentes por su cuenta, afirmó Levant.

La Legislatura de Massachusetts está considerando actualmente la “Ley de Salud del Apostador” (), que impondría normas adicionales a las empresas de apuestas deportivas.

“El objetivo no es eliminar por completo las apuestas”, dijo

La representante estatal de Massachusetts, la demócrata , copatrocinadora del proyecto de ley, dijo: “Es para detener los peores excesos de las apuestas deportivas en línea”.

El proyecto de ley de Massachusetts incluye componentes de la legislación federal, como los controles de asequibilidad obligatorios. Estos limitarían la cantidad de dinero que algunos jugadores pueden perder. Los controles de asequibilidad se basan en del Reino Unido.

“Si solo te permiten tomar dos copas, sabemos que no te vas a emborrachar, 驴verdad?”, dijo Sabadosa. “Si solo te permiten apostar $100 al día porque es una cantidad asequible, no te arruinarás. Podrás pagar el alquiler”.

La Ley de Salud del Apostador también prohibiría las apuestas “prop”, que son apuestas realizadas durante un partido en vivo, como quién marca el primer tiro en baloncesto o quién conecta el primer jonrón en béisbol.

Sin embargo, los provenientes de las apuestas deportivas ascendieron a $2.800 millones en 2024, una fuente de financiación muy útil para los presupuestos estatales con dificultades. Debido a este posible impulso, Levant teme que los gobiernos estatales eviten una mayor regulación.

Los estados podrían incluso verse tentados por la promesa de ingresos adicionales provenientes de nuevos tipos de juegos de azar, como el “iGaming”. Se refiere a las versiones en línea de la ruleta, el blackjack y otros juegos de casino, disponibles a cualquier hora, desde la comodidad del hogar.

Actualmente, el iGaming es legal en siete estados, pero la legislación pendiente en otros estados, , podría expandir sus mercados.

“Comprendemos lo difícil que es para los estados equilibrar sus presupuestos en el actual entorno político”, declaró Levant, “pero están empezando a reconocer que la solución a ese problema no es seguir impulsando un producto conocido por ser adictivo”.

Este artículo forma parte de una colaboración entre y .

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Sin embargo, hubo una omisión importante que, según defensores de la comunidad LGBTQ+ y estrategas políticos, forma parte de una situación cada vez más compleja que enfrenta el demócrata mientras delinea un perfil más ubicado en el centro para una posible candidatura presidencial.

Newsom听听que habría obligado a las aseguradoras a cubrir y a las farmacéuticas a dispensar 12 meses de terapia hormonal de una sola vez a pacientes transgénero y a otras personas.

La propuesta era para los líderes de los derechos de las personas trans, quienes afirmaron que era crucial preservar la atención médica mientras las clínicas de afirmación de género bajo la presión de la Casa Blanca.

Expertos políticos afirman que el pone de relieve la carga que ha adquirido la atención médica para las personas transgénero para y, en particular, para Newsom, quien, como alcalde de San Francisco, cometió actos de desobediencia civil al permitir que las parejas homosexuales .

El veto, junto con su tibia respuesta a la retórica antitrans, argumentan, forma parte de un patrón alarmante que podría dañar su credibilidad ante su base de votantes clave.

“Aunque no hubiera ninguna motivación política tras la decisión de Newsom, sin duda existen ramificaciones políticas de las que es muy consciente”, declaró Dan Schnur, ex estratega político republicano que ahora es profesor de política en la Universidad de California-Berkeley. “Es lo suficientemente inteligente como para saber que este es un tema que va a enojar a su base, pero que, a cambio, podría hacerlo más aceptable para un gran número de votantes indecisos”, agregó.

A principios de este año, en el podcast de Newsom, el gobernador le dijo al difunto activista conservador Charlie Kirk que la participación de atletas trans en deportes femeninos era , lo que desencadenó una reacción negativa entre la base de su partido y los líderes LGBTQ+. Y ha descrito la como un “problema grave para el Partido Demócrata”, afirmando que los anuncios de campaña de Donald Trump fueron “devastadores” para su partido en 2024.

Aun así, en una conversación con el streamer de YouTube ConnorEatsPants en octubre,听: “Como alguien que ha arriesgado su vida política por la comunidad durante décadas, ha sido un defensor y un líder”.

“No quiere enfrentar las críticas como alguien que, estoy segura, intenta postularse para la presidencia, cuando la retórica antitrans actual es tan fuerte”, dijo Ariela Cuellar, vocera de la Red de Salud y Servicios Humanos LGBTQ de California.

Caroline Menjivar, la senadora estatal que presentó la medida, la describió como la “más tangible y efectiva” de este año para ayudar a las personas trans en un momento en que están siendo señaladas por lo que describió como una “discriminación selectiva”.

En una legislatura donde los demócratas cuentan con supermayoría en ambas cámaras, los legisladores enviaron el proyecto de ley a Newsom mediante una votación partidista. A principios de este año, Washington se convirtió en en promulgar una ley que extiende la cobertura de la terapia hormonal a un suministro de 12 meses.

En un sobre el proyecto de ley de California, Newsom mencionó su potencial para aumentar los costos de la atención médica, impactos que, según un , serían insignificantes.

“En un momento en que las personas se enfrentan a aumentos de dos dígitos en las tarifas de sus primas de atención médica en todo el país, debemos tener mucho cuidado de no promulgar políticas que aumenten aún más el costo de la atención médica, por muy bien intencionadas que sean”, escribió Newsom.

, se ha ordenado a las agencias federales a la atención de afirmación de género para niños, a lo que Trump se ha referido como “mutilación química y quirúrgica”, y se han a las instituciones que la brindan.

En los últimos meses, , el y han reducido o eliminado la atención médica de afirmación de género para pacientes menores de 19 años, una muestra del efecto persuasivo que las órdenes ejecutivas de Trump han tenido en la atención médica, incluso en uno de los estados más progresistas del país.

California una amplia cobertura de atención médica de afirmación de género, incluyendo la terapia hormonal, pero actualmente las farmacias solo pueden dispensar un suministro para 90 días. El proyecto de ley de Menjivar habría permitido suministros para 12 meses, siguiendo el modelo de que permitía a las mujeres recibir un suministro anual de anticonceptivos.

Luke Healy, quien en una audiencia en abril que era “un joven de 24 años que ya no se identificaba como transgénero” y que ya no se consideraba mujer, criticó el intento de aumentar la cobertura de servicios que, dijo, resultó “irreversiblemente perjudicial” para él.

“Creo que proyectos de ley como este obligan a los médicos a convertir cuerpos sanos en problemas médicos perpetuos en nombre de una ideología”, testificó Healy.

La Asociación de Planes de Salud de California se opuso al proyecto de ley debido a las disposiciones que limitarían el uso de ciertas prácticas, como la autorización previa y la terapia escalonada, que requieren la aprobación de la aseguradora antes de ofrecer la atención, y obligan a pacientes y médicos a probar primero otras terapias.

“Estas salvaguardas son esenciales para aplicar estándares de prescripción basados en la evidencia y gestionar los costos de forma responsable, garantizando que los pacientes reciban la atención adecuada y manteniendo las primas bajo control”, declaró la vocera Mary Ellen Grant.

Un análisis del Programa de Revisión de Beneficios de Salud de California, que revisa de forma independiente las facturas relacionadas con los seguros médicos, concluyó que los aumentos anuales de las primas resultantes de la implementación de la ley serían insignificantes y que no se esperaban “impactos a largo plazo en la utilización ni en los costos”.

Shannon Minter, director legal del Centro Nacional para los Derechos LGBTQ, afirmó que el argumento económico de Newsom no era plausible. Aunque afirmó considerar a Newsom un firme aliado de la comunidad transgénero, Minter señaló estar “profundamente decepcionado” al ver el veto del gobernador. “Entiendo que intenta responder a este momento político y desearía que respondiera con un lenguaje y políticas que realmente puedan impulsar el cambio”.

La oficina de prensa de Newsom no quiso hacer más comentarios.

Luego de la entrevista en el podcast de Kirk, Cuellar afirmó que los grupos de defensa que apoyaban la SB 418 comenzaron a preocuparse cada vez más por un posible veto y se esforzaron por destacar las voces de otros pacientes que se beneficiarían, como mujeres en la etapa de menopausia y pacientes con cáncer. Fue una estrategia radicalmente distinta a la que podrían haber seguido antes de que Trump asumiera el cargo.

“Si hubiéramos presentado este proyecto de ley en 2022-2023, el mensaje habría sido totalmente distinto”, dijo otro defensor queien pidió que su no se revelara su nombre por no estar autorizado a hablar públicamente sobre el tema. “Nos habría hecho estar muy orgullosos. En 2023, podríamos haber tenido una ceremonia de firma”.

Los defensores de los derechos de las personas trans se mostraron tan recelosos del clima político actual que algunos también sintieron la necesidad de evitar promover un proyecto de ley independiente que habría ampliado la cobertura de la terapia hormonal y otros tratamientos para la menopausia y la perimenopausia.

Ese , redactado por la asambleísta Rebecca Bauer-Kahan, quien ha hablado conmovedoramente sobre sus dificultades con la atención médica para la perimenopausia, .

Mientras tanto, Jovan Wolf, un hombre trans y veterano militar, dijo que pacientes como él tendrán que sufrir.

Wolf, quien había tomado testosterona durante más de 15 años, intentó reiniciar la terapia hormonal en marzo, tras una pausa de dos años en la que contempló tener hijos.

Los médicos del Departamento de Asuntos de Veteranos le dijeron que era demasiado tarde. Días antes, la administración Trump que eliminaría gradualmente la terapia hormonal y otros tratamientos para la disforia de género.

“Tener estrógeno bombeando por mi cuerpo no me hace sentir bien, ni física ni mentalmente. Y cuando tomo testosterona, me siento equilibrado”, dijo Wolf, quien finalmente recibió atención en otro lugar. “Debería ser mi decisión y solo mía”.

Esta historia fue producida por , que publica , un servicio editorialmente independiente de la .

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De enero a agosto, los empleadores , según los últimos datos de nómina no agrícola de la Oficina de Estadísticas Laborales. El sector de de ese , con un aumento de aproximadamente 232.000 empleos, a pesar de que este sector representa solo un 11% de la fuerza laboral.

“En términos laborales, el crecimiento en salud está impulsando la economía”, dijo Neale Mahoney, profesor de economía en la Universidad de Stanford.

Según economistas, las medidas del presidente Donald Trump contra la inmigración y los recortes a los programas de seguro público amenazan con frenar ese crecimiento. Esto podría generar incertidumbre económica y representar un obstáculo para los republicanos en las elecciones legislativas del próximo año.

El sector de salud depende de manera inusual de trabajadores nacidos en el extranjero, mientras que una nueva ley que reduce el gasto federal en el programa Medicaid —que maneja unos $900.000 millones al año— podría provocar la a nivel nacional, según estimaciones preliminares de la organización Commonwealth Fund.

En los últimos años, el crecimiento del empleo en salud ha sido más notable en el sector de atención domiciliaria, con un aumento de casi 300.000 empleos, alcanzando de trabajadores entre agosto de 2019 y agosto de 2025. Esto se debe a que millones de personas mayores contratan a trabajadores para que los visiten y cuiden en sus hogares, explicó Mahoney. También ha habido un fuerte crecimiento de empleo en y .

En contraste, las residencias de personas mayores y centros de cuidado residencial entre 2019 y 2025, en parte debido al aumento de personas que prefieren recibir atención en casa.

Algunas investigaciones indican que el crecimiento del empleo en salud no siempre beneficia a la economía. Por ejemplo, en el sector podría elevar los costos sin aportar beneficios concretos a los pacientes. Aún así, los empleos en salud se consideran .

Hoy, la industria de la salud es en la mayoría de los estados. Incluso con el crecimiento del empleo en el sector, muchas zonas enfrentan para satisfacer la creciente demanda.

Pero varios economistas advirtieron que los recientes cambios en la política federal sobre inmigración y Medicaid podrían desacelerar ese crecimiento.

Si continúan las medidas contra inmigrantes impulsadas por la administración Trump, las organizaciones de salud podrían tener dificultades para encontrar personal suficiente. “El sector salud depende bastante de la mano de obra inmigrante”, dijo Allison Shrivastava, economista del Indeed Hiring Lab. “Tiene una proporción importante de trabajadores no nacidos en el país, por lo que va a verse más afectado”.

Aproximadamente el 18% de los estadounidenses empleados en el sector salud nacieron en otro país, según datos de la Oficina del Censo de 2023. Alrededor del 5% de los trabajadores no son ciudadanos, incluyendo unos 60.000 doctores y cirujanos, 117.000 enfermeros registrados y 155.000 auxiliares de salud domiciliaria o cuidadores personales, según muestran los datos del censo.

Muchos de estos trabajadores están en el país legalmente. La Oficina del Censo no especifica cuántos no ciudadanos tienen autorización para permanecer en Estados Unidos. Sin embargo, incluso quienes tienen estatus legal, como residentes permanentes, podrían ser vulnerables a la deportación. El gobierno federal deportó a unas 200.000 personas entre febrero y agosto, un aumento considerable respecto a meses anteriores, según .

Al mismo tiempo, algunos profesionales de salud podrían decidir no estudiar en Estados Unidos ni mudarse al país si perciben hostilidad hacia los inmigrantes. El número de visas de inmigrantes emitidas por Estados Unidos entre marzo y mayo cayó en unas 23.000, o 14%, en comparación con el mismo periodo del año anterior, según . Además, los reportes de cruces no autorizados por la frontera .

Shrivastava señaló que los datos de ofertas laborales de Indeed muestran una demanda continua de doctores por parte de empleadores dispuestos a apoyar con el proceso de patrocinio de visas. Pero no está claro cuántas personas aceptarán esas ofertas.

Mientras tanto, el Congreso aprobó este verano lo que los republicanos llamaron “Una Gran y Hermosa Ley” (), que fue firmada rápidamente por Trump. Esta legislación reduce en aproximadamente $910.000 millones el gasto federal en Medicaid durante los próximos 10 años, según basado en datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Se proyecta que los recortes a Medicaid dejarán a millones sin seguro médico en los próximos años. Los hospitales, residencias de mayores y centros comunitarios de salud tendrán que absorber una mayor parte del costo de atender a personas sin seguro, lo que podría obligarlos a reducir servicios y personal, o incluso cerrar.

Los recortes podrían tener un impacto considerable en el mercado laboral. Solo California podría perder hasta 217.000 empleos, de los cuales dos tercios estarían en el sector salud, según del Centro Laboral de la Universidad de California en Berkeley, elaborado antes de la aprobación final de la ley.

“Eso no significa necesariamente que 200.000 personas van a perder su empleo”, dijo , directora interina del Programa de Salud del Centro Laboral. “Algunas personas sí perderán su trabajo, y en otros casos el crecimiento de empleo será más lento de lo anticipado”.

A esto se suma que Trump que dirigía el área estadística del Departamento de Trabajo, lo cual ha generado preocupaciones sobre la posible politización de los datos laborales.

Aún no está claro cuándo —o si— las medidas sobre inmigración y los recortes a Medicaid afectarán la contratación en salud, pero ya hay señales de un posible enfriamiento. Datos federales mostraron y asistencia social en julio. También, reflejan una caída en algunas áreas de salud, aunque Laura Ullrich, directora de investigación económica para América del Norte en Indeed Hiring Lab, señaló que, en general, las publicaciones de empleo siguen por encima de los niveles previos a la pandemia.

Por ahora, se espera que el crecimiento del empleo siga siendo alto, especialmente entre profesionales de enfermería, asistentes médicos y auxiliares de salud domiciliaria, según .

Muchos empleos en salud requieren años de educación superior, pero ofrecen buena remuneración. Por ejemplo, los médicos de familia suelen ganar más de al año y los enfermeros registrados .

Joshua Lejano, presidente de la de la Asociación de Estudiantes de Enfermería de California, dijo estar “moderadamente optimista” respecto a conseguir empleo como enfermero cuando se gradúe en diciembre. En estos momentos realiza rotaciones clínicas que le dan experiencia práctica para enfrentar largas jornadas laborales.

Lejano mencionó que los hospitales de su zona están ampliando su capacidad, mientras que algunas enfermeras con más experiencia dejan la profesión por el agotamiento tras la pandemia de covid, lo que genera nuevas vacantes. “Creo que lo más importante ahora es estar al tanto de todos los ciclos de solicitud de empleo”, señaló.

Los empleos en salud que requieren menos formación suelen pagar bastante menos. El ingreso medio anual para las aproximadamente 4,4 millones de personas que trabajan como auxiliares de salud domiciliaria y cuidadores personales fue de unos pasado, un salario similar al de , según datos federales.

El crecimiento del empleo en salud ha beneficiado especialmente a las mujeres, indicó Ullrich. Cerca del 80% de las personas que trabajan en el sector de salud y asistencia social son mujeres, según . La investigación encontró que las trabajadoras representaron más de un millón de nuevos empleos en salud en los últimos dos años.

El sector es resistente, dijo Shrivastava, porque en general los estadounidenses no ven el cuidado de la salud como un lujo: lo pagan en tiempos buenos y malos. Se espera que el costo del seguro médico registre este año su en al menos cinco años. Además, el gasto en salud suele concentrarse en personas mayores, un grupo que está creciendo de forma acelerada a medida que envejecen los integrantes de la generación del “baby boom”. El número de personas de 65 años o más en Estados Unidos pasó de en 1995 a en 2024.

“Muchos de estos empleos en salud existen para atender a una población de adultos mayores que crece rápidamente”, explicó Ullrich. “Así que no sorprende que veamos crecimiento ahí. Pero lo que sí sorprende es lo desproporcionado que es”.

Phillip Reese es un especialista en informes de datos y profesor asociado de periodismo en la Universidad Estatal de California en Sacramento.

Esta historia fue producida por 麻豆女优 Health News, que publica , un servicio editorialmente independiente de la . 

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El gobierno federal no lleva un registro de cuántos niños han ingresado a este sistema como consecuencia de operativos de control migratorio, lo que dificulta saber con qué frecuencia ocurre.

En Oregon, hasta febrero, dos niños habían sido ubicados en hogares temporales luego de ser separados de sus padres en casos de detención migratoria, según Jake Sunderland, vocero del Departamento de Servicios Humanos del estado.

“Antes del otoño de 2025, esto nunca había ocurrido”, aseguró.

Hasta mediados de febrero, casi por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El récord de 73.000 personas detenidas en enero representó un comparado con el año anterior. Según una , hasta agosto de 2025, padres de 11.000 niños con ciudadanía estadounidense habían sido detenidos desde el inicio del mandato de Trump.

El medio NOTUS que por lo menos 32 niños de padres detenidos o deportados habían sido colocados en hogares temporales en siete estados.

Sandy Santana, director ejecutivo de Children’s Rights, una organización de defensa legal, dijo que sospechan que el número real es mucho mayor.

“Ese número nos parece realmente muy bajo”, dijo.

La separación de sus padres es profundamente traumática para los niños y suele provocar , incluido el trastorno de estrés postraumático. El estrés prolongado e intenso también puede causar infecciones más frecuentes en los niños y problemas en el desarrollo. Ese “estrés tóxico” también se asocia con daños en áreas del cerebro responsables del aprendizaje y la memoria, , una organización sin fines de lucro dedicada a la información en salud que incluye a 麻豆女优 Health News.

Durante el primer mandato de Trump, . y modificaron algunas leyes para permitir que tutores recibieran derechos parentales temporales en casos relacionados con migración. Ahora, tras el regreso de Trump al poder el año pasado, el aumento en los controles migratorios está impulsando una nueva ola de respuestas estatales.

En Nueva Jersey, legisladores están considerando un proyecto para modificar estatal que permite que los padres designen tutores temporales para casos de muerte o incapacidad. La nueva versión agregaría como otra razón válida la separación por control migratorio federal.

El año pasado, Nevada y California aprobaron leyes para proteger a las familias separadas por acciones de control migratorio. La ley de California, llamada Ley del Plan de Preparación Familiar (), permite que los padres designen tutores y compartan derechos de custodia, en lugar de que sus derechos se suspendan mientras están detenidos. Si son liberados y pueden reunirse con sus hijos, recuperan sus derechos parentales completos.

Existen importantes obstáculos legales para la reunificación familiar una vez que un niño entra bajo custodia estatal, explicó Juan Guzman, director del tribunal de menores y tutela en Alliance for Children’s Rights, una organización de defensa legal en Los Ángeles.

Si el niño es colocado en cuidado temporal y ni el padre ni la madre pueden participar en los procesos judiciales requeridos porque están detenidos o han sido deportados, es menos probable que puedan volver a reunirse con su hijo, afirmó Guzman.

Se estima que que son ciudadanos estadounidenses viven con un padre u otro familiar que no tiene estatus migratorio legal, según investigaciones de Brookings Institution, un centro de estudios en Washington, D.C. Dentro de ese grupo, 2,6 millones de niños tienen a ambos padres sin estatus legal.

Santana dijo que es probable que el número de casos de separación familiar aumente a medida que el gobierno de Trump avance con su campaña migratoria. Por lo tanto, más niños corren el riesgo de terminar en el sistema de cuidado temporal.

Las exigen que la agencia se esfuerce en facilitar la participación de los padres detenidos en los procedimientos de los tribunales de familia, de bienestar infantil o de tutela, pero Santana indicó que no está claro que el ICE esté cumpliendo con estas normas.

Los funcionarios de ICE no respondieron a las solicitudes de comentarios para este artículo.

Antes de que cambiara la ley de California, la única razón por la que un padre podía compartir derechos de custodia con otro tutor era si tenía una enfermedad terminal, contó Guzman.

Ahora, si los padres preparan un plan con anticipación y designan a alguien de confianza que pueda hacerse cargo de sus hijos si llegara a ser necesario, la agencia estatal de bienestar infantil puede iniciar el proceso para entregar a los niños a esa persona sin tener que abrir un caso formal de cuidado temporal, agregó.

Aunque los legisladores de Nevada el año pasado ampliaron una ley de tutela ya existente para incluir el control migratorio, la medida exige que los padres presenten documentación notarial ante la oficina del secretario de estado, un trámite administrativo que puede resultar costoso, dijo Cristian González-Pérez, abogado en Make the Road Nevada, una organización sin fines de lucro que ofrece recursos a comunidades inmigrantes.

González-Pérez señaló que algunos inmigrantes dudan en completar formularios gubernamentales por temor a que el ICE pueda acceder a esa información y los persiga. Él les asegura a los miembros de la comunidad que los formularios estatales son confidenciales y solo pueden ser consultados por hospitales y tribunales.

El gobierno de Trump ha tomado para acceder a información sensible a través de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, el Servicio de Impuestos Internos (IRS), el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano y otras entidades.

González-Pérez y Guzmán consideran que muchos padres inmigrantes no conocen sus derechos. Designar un tutor temporal y crear un plan familiar es una forma de no sentirse impotentes, afirmó González-Pérez.

“La gente no quiere hablar de esa cuestión”, reflexionó Guzman. “Que un padre tenga que hablar con un niño sobre la posibilidad de separarse da miedo. No es algo que nadie quiera hacer”, concluyó.

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La legislación prohibiría que los gobiernos estatales y locales obligaran a estos centros a practicar abortos. También a derivar o informar a pacientes sobre estos servicios o a explicar opciones de anticoncepción. Y permitiría que estas organizaciones demandaran a la entidad gubernamental que violara la ley.

Los legisladores de Wyoming el 4 de marzo una ley llamada Center Autonomy and Rights of Expression Act (). Propuestas similares se presentaron este año en y . En una norma de este tipo ya fue promulgada en 2025.

La Ley CARE es una “legislación modelo” creada por la , un grupo de defensa legal cristiano conservador y antiabortista.

Una legislación similar, la , fue presentada en el Congreso el año pasado, pero no ha avanzado fuera del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes.

El proyecto de ley de Wyoming considera que los centros de embarazo, muchos vinculados a organizaciones religiosas, necesitan protección legal porque enfrentan “ataques sin precedentes” después de que la Corte Suprema anulara Roe vs. Wade, la decisión judicial de 1973 que protegía el derecho al aborto en todo el país. Según el texto, varias legislaturas estatales han presentado proyectos de ley que de libertad de expresión y asociación de estos centros.

Sin embargo, quienes los critican afirman que los centros de crisis de embarazo se presentan falsamente ante los consumidores como clínicas médicas, aunque no están sujetos a las leyes estatales y federales que regulan los centros de salud y protegen a los pacientes.

“En todo el país, los funcionarios del gobierno apuntan cada vez más, cada vez más, contra los centros de atención para embarazadas”, argumentó Valerie Berry, directora ejecutiva de en Cheyenne, durante una audiencia en la Legislatura sobre el proyecto de ley de Wyoming. “Esta legislación no busca crear división. Busca proteger las libertades constitucionales, la libertad de expresión y la libertad de conciencia”.

Por su parte, durante la audiencia, el expresó su preocupación por otorgar a los centros de embarazo un nivel de protección que otras empresas privadas no tienen.

“Ya cuentan con medidas de protección”, reflexionó. “Lo que me preocupa es que se les otorguen medidas de protección adicionales”.

En 2022, Wellspring Health Access, la única clínica en Wyoming que realiza abortos, en un ataque intencional.

“Nosotros somos los que proporcionamos información precisa sobre salud reproductiva y por eso sufrimos las consecuencias”, dijo a 麻豆女优 Health News Julie Burkhart, presidenta y fundadora de Wellspring Health Access.

, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Davis, dijo que la legislación propuesta eximiría a los centros de crisis de embarazo de tener que cumplir con los estándares a los que están obligadas las organizaciones médicas. También borraría la línea entre la defensa de una causa y la práctica médica, agregó. Y agregó que iniciativas de este tipo pueden ofrecer a los republicanos un mensaje de campaña potencialmente útil de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato.

“El Partido Republicano necesita una estrategia de comunicación para mostrar que se preocupa por las mujeres, incluso si prohíbe el aborto y aunque no quiera destinar recursos estatales a ayudar a las personas antes y después del embarazo”, explicó Ziegler. “La estrategia consiste en delegar eso en los centros de asesoramiento sobre el embarazo, lo que, por supuesto, aumenta el incentivo para protegerlos”.

Legislación modelo

La Alliance Defending Freedom es el mismo grupo que , que desde 1973 protegía el derecho al aborto a nivel nacional. El grupo redactó la , una legislación modelo para prohibir el aborto desde las 15 semanas, que fue la base de una ley de Mississippi de 2018 que condujo al caso Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization a partir de la cual la Corte Suprema anuló el fallo Roe.

La alianza dijo que sus abogados no estaban disponibles para comentar la estrategia de la organización respecto al CARE Act. En el proyecto de ley, el grupo afirmó que los esfuerzos federales, estatales y locales están apuntando contra los centros de atención del embarazo en un “claro intento de socavar y obstaculizar” su trabajo y cerrarlos.

En los últimos años, algunos han sido blanco de vandalismo y amenazas.

Pero los ataques que la legislación modelo se propone abordar principalmente son los esfuerzos legales y regulatorios de algunos estados que buscan mayor supervisión de estos centros, incluida una ley de California que exige que informen claramente a los pacientes sobre sus servicios. Esa ley fue anulada cuando la Corte Suprema falló a favor de los centros de crisis, avalando el argumento de que la norma violaba sus derechos de la Primera Enmienda.

Este año, la Corte Suprema que decidirá si los estados pueden citar a estas organizaciones para obtener información sobre donantes y datos internos.

De todos modos, es poco probable que los centros de crisis de embarazo enfrenten ese tipo de medidas regulatorias en los estados conservadores donde se está considerando esta legislación. Un legislador de Wyoming lo reconoció durante la audiencia del comité en febrero.

Diferentes servicios

En esa misma audiencia, quien encabeza el comité que patrocina el proyecto de ley, presentó la medida como “muy importante, especialmente con nuestro 鈥榙esierto de maternidad’”, refiriéndose a la falta de acceso a servicios de atención de salud materna.

Algunos centros de crisis de embarazo pueden contar con pocos profesionales con licencia, pero son la minoría. Muchos ofrecen recursos gratuitos, como pañales, ropa para bebé y otros artículos, a veces a cambio de aceptar asesorías o clases de crianza.

Las clínicas de Planned Parenthood, en contraste, ofrecen una variedad de servicios de salud, como pruebas y tratamiento para infecciones de transmisión sexual, atención primaria y exámenes para detectar cáncer cervical. Además, están reguladas como organizaciones con licencia médica.

Desde que el fallo Roe fue anulado, el movimiento por el derecho al aborto ha enfrentado desafíos importantes. La ley de los republicanos, One Big Beautiful Bill Act, que el presidente Donald Trump promulgó el verano pasado, a proveedores de abortos. Esa medida contribuyó a que Planned Parenthood tuviera que cerrar el año pasado.

Para 2024, operaban en todo el país, según un mapa creado por investigadores de la Universidad de Georgia, en comparación con las que ofrecían abortos a finales de 2025.

, una organización de investigación afiliada a la organización contra el aborto SBA Pro-Life America, ha sugerido que los centros de embarazo podrían ayudar a llenar el vacío dejado por el cierre de clínicas de Planned Parenthood.

Ziegler aseguró que eso dejaría a las pacientes expuestas a riesgos médicos.

El creciente poder de los centros

Las iniciativas anteriores en , Colorado y Vermont para regular los centros de crisis de embarazo surgieron a raíz de la preocupación por denuncias de , y dudas sobre la .

En 2024, un en cinco estados que investigaran si los centros estaban engañando a las pacientes haciéndoles creer que su información personal estaba protegida bajo la Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), y que averiguaran  cómo estaban utilizando la información de los pacientes.

Los tribunales, incluida la Corte Suprema, han fallado con frecuencia que argumentan que estos intentos de regulación violan sus derechos de la Primera Enmienda a la libertad de expresión y la libertad religiosa.

Los centros de crisis para embarazadas también han recibido una avalancha de fondos desde que se revocó Roe.

Al menos incluidos centros de crisis de embarazo, según el Lozier Institute.

Seis estados distribuyen una parte de sus fondos federales del programa Temporary Assistance for Needy Families (TANF) 鈥攑agos en efectivo destinados a familias de bajos ingresos con niños鈥� a centros de crisis de embarazo. Texas, Florida, Tennessee y Oklahoma han proporcionado decenas de millones de dólares para estas organizaciones.

Un análisis encontró que los centros de crisis de embarazo también recibieron entre 2017 y 2023, incluidos fondos del paquete de ayuda de 2020 promulgado como ley durante el primer mandato de Trump en medio de la pandemia de covid.

A pesar de los desafíos que enfrentan las clínicas que ofrecen abortos, Burkhart, directora del centro Wellspring en Wyoming, dijo que es importante seguir garantizando la atención a quienes la necesitan. Ella ha ayudado a abrir clínicas en zonas rurales de otros estados conservadores y ha señalado que esas clínicas siguen recibiendo pacientes.

“Eso me demuestra que, sin importar tu religión o tu partido político, hay momentos en la vida de las personas en los que necesitan atención de salud reproductiva brindada por profesionales calificados”, dijo. “Eso incluye el aborto”.

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El dolor persistente por un accidente de auto ocurrido hace dos meses, sumado a una vida ya difícil, tiene a Angulo preocupada por su embarazo. Por eso sintió alivio cuando una camioneta móvil de medicina callejera de St. John’s Community Health llegó cerca de su asentamiento en febrero.

“Gracias a Dios que los tenemos”, dijo.

, que opera 28 clínicas, la mayoría en el condado de Los Ángeles, forma parte de la red nacional de clínicas comunitarias sin fines de lucro que atienden a los habitantes más pobres del país. Alrededor del 80% de sus 144.000 pacientes, incluida Angulo, tienen Medi-Cal, la versión de California del programa Medicaid para personas con bajos ingresos o discapacidades.

Pero los recortes federales al gasto de Medicaid bajo la One Big Beautiful Bill, la ley aprobada por los republicanos, sumados al en Sacramento, podrían costarle a St. John’s hasta un tercio de sus ingresos anuales de $240 millones. Eso obligaría a recortar servicios que podrían incluir la medicina callejera, dijo Jim Mangia, presidente y director ejecutivo de la organización.

Si no se reemplaza el financiamiento perdido, clínicas más pequeñas y con menos recursos del condado podrían enfrentar consecuencias aun más duras y hasta cierres.

Por eso Mangia, junto con una coalición de clínicas comunitarias, trabajadores de salud y defensores, impulsa por cinco años en el condado más poblado del país para ayudar a cubrir la pérdida proyectada de fondos federales y estatales.

Hasta ahora, St. John’s ha aportado al menos $2 millones a la campaña.

Louise McCarthy, presidenta y directora ejecutiva de la Asociación de Clínicas Comunitarias del Condado de Los Ángeles (Community Clinic Association of Los Angeles County), dijo que no hay muchas opciones para salvar al sistema de salud de un desastre.

“Estamos en una situación crítica y desesperante”, agregó. “Esto tiene el potencial de cambiar el panorama. Compensaría de manera muy significativa las pérdidas”.

La Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles en febrero para incluirla en la boleta de las elecciones primarias del 2 de junio, pese a la oposición de algunas ciudades dentro del condado. Sus líderes argumentaron que el impuesto pondría presión sobre los consumidores y los dueños de negocios.

La mayor parte de en ingresos anuales se usaría para proteger la atención médica de la red de seguridad en clínicas comunitarias, hospitales y escuelas.

Luchando por mantenerse a flote

A nivel nacional, se espera que la ley presupuestaria del Partido Republicano reduzca el gasto federal en Medicaid en a lo largo de 10 años. También podría aumentar en más de el número de personas sin seguro médico.

La propuesta en la boleta del condado de L.A. es una de muchas iniciativas locales y estatales en todo el país, mientras clínicas, hospitales, trabajadores de salud, defensores y legisladores buscan nuevas fuentes de dinero para compensar los recortes.

En Michigan, donde se proyecta que la ley federal le costará al estado , la oficina de la gobernadora demócrata Gretchen Whitmer ha propuesto de impuestos sobre el tabaco, productos de vapeo, apuestas en línea, apuestas deportivas y publicidad digital. Calcula que esto generaría cientos de millones de dólares al año.

En Rhode Island, un grupo de legisladores estatales espera aliviar parte del impacto de los recortes federales con un que incluye un impuesto a los anuncios digitales y un recargo del 3% sobre ingresos gravables superiores a aproximadamente $640.000.

“El objetivo no es reemplazar los ingresos, sino reducir el daño”, dijo el representante estatal demócrata Brandon Potter, uno de los legisladores involucrados en estas leyes.

En Washington, el representante estatal demócrata Shaun Scott presentó recientemente una legislación para abordar la pérdida de fondos federales con un impuesto del 5% sobre la nómina de grandes empresas, aplicado a salarios de empleados que superen los $125.000 al año.

En California, la ley republicana reducirá la a Medi-Cal en al año, o 25%. La inscripción en Medi-Cal podría caer en como resultado de los recortes federales y estatales, según un análisis del Centro de UCLA para la Investigación de Políticas de Salud y del Centro Laboral de la Universidad de California-Berkeley.

En julio, California reducirá los pagos de Medi-Cal que reciben las clínicas comunitarias por ciertos servicios brindados a pacientes con estatus migratorio “insatisfactorio” en alrededor de . Estos pacientes incluyen residentes permanentes en el país por menos de cinco años, refugiados, personas con asilo y otras personas legalmente presentes.

Preparándose para una “nueva realidad”

Defensores y expertos en salud dicen que encontrar nuevas fuentes de ingresos es la única manera de evitar una crisis en el sistema de salud de California.

“驴Vamos a permitir que los vacíos creados por las políticas federales y los recortes del presupuesto estatal dejen a millones de personas sin seguro?”, dijo Laurel Lucia, subdirectora ejecutiva de programas del Centro Laboral de UC Berkeley. “Gran parte de esa pregunta se reduce a los ingresos”.

Algunos profesionales de la medicina dicen que se necesitan nuevos ingresos en el corto plazo, pero que el país también debe abordar su sistema de salud, conocido por ser costoso.

“Esta nueva realidad es que en el futuro tendremos que hacer nuestro trabajo con menos dinero”, dijo Hector Flores, de la Asociación Médica del Condado de Los Ángeles. “Así que esta es una oportunidad para ver cómo podemos hacer las cosas mejor”.

Mientras tanto, abundan los esfuerzos por aumentar los impuestos para la atención médica.

Los votantes del condado de Santa Clara, hogar de Silicon Valley, aprobaron en noviembre pasado un aumento de 0,625% en el durante cinco años para compensar recortes federales a Medicaid. Una estará en la boleta de junio en el condado de Contra Costa.

La iniciativa más conocida, y muy disputada, es una propuesta en la boleta de California patrocinada por sindicatos para aplicar una única vez a los más de del estado.

El gobernador demócrata Gavin Newsom se opone firmemente; el senador Bernie Sanders (independiente de Vermont) hizo campaña recientemente en California a favor de la propuesta y presentar una versión nacional en el Congreso.

Los promotores del impuesto temporal a la riqueza dicen que recaudaría , que en su mayoría se usarían para cubrir la pérdida de fondos federales y estatales en Medi-Cal y otros programas de la red de seguridad. Estos promotores intentan reunir cerca de 875.000 firmas necesarias para llevar la medida a la boleta de noviembre.

“Estamos al borde de un colapso de nuestro sistema de salud. Así que las personas más afortunadas entre nosotros pagan un impuesto modesto que nos dará tiempo y nos permitirá encontrar una solución a largo plazo”, dijo Suzanne Jimenez, jefa de gabinete del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios鈥揟rabajadores de la Salud Unidos West, principal patrocinador de la medida. “Aun así, seguirían siendo increíblemente ricos”.

Los multimillonarios responden

El plan ha generado gran controversia, no solo en California sino en todo el país, y ha provocado y otros críticos.

Los críticos argumentan que la medida podría hacer que los multimillonarios abandonen California, lo que afectaría la innovación, los empleos y la recaudación fiscal. Algunos también advierten que podría terminar en una batalla legal, ya que quienes tendrían que pagar podrían impugnarla por múltiples vías.

“Si esto se aprobara, se esperaría que quedara frenado en los tribunales por algún tiempo”, dijo Jared Walczak, investigador temporal de la California Tax Foundation. “Es bastante posible que no entre ningún ingreso durante varios años, si es que llega a entrar alguno”.

La posibilidad de estas complicaciones ha llevado a algunos defensores de la salud a enfocarse en iniciativas locales que podrían empezar a generar ingresos más rápido, como el impuesto a las ventas propuesto en el condado de Los Ángeles.

Pero esa medida también tiene críticos, incluidos líderes de varias ciudades del condado que pidieron a los supervisores que rechazaran porque, dicen, aumentaría las preocupaciones por el costo de vida de los consumidores y pondría presión sobre los negocios.

Kathryn Barger, republicana y la única supervisora del condado de Los Ángeles, que se opuso a incluir la medida en la boleta de junio, dijo en un comunicado que el impuesto propuesto haría que el condado fuera “menos accesible para las familias y menos atractivo para que los consumidores compren y las empresas operen”.

Pero los partidarios dicen que la atención médica de la red de seguridad ya está sintiendo el impacto de la reducción de fondos. Por ejemplo, en febrero, el Departamento de Salud Pública del condado anunció que debido a $50 millones en recortes de financiamiento federal, estatal y local.

Los inscritos en Medi-Cal también están preocupados.

“Recibimos muchas llamadas de pacientes en pánico que temen perder su Medi-Cal. Decenas de llamadas al día, cientos de llamadas a la semana”, dijo Mangia, de St. John’s.

“Les decimos que estamos trabajando en una solución y esperamos tener esa solución en junio”.

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Pero eso no ha detenido a legisladores de Florida que, de todos modos, están tratando de imponer requisitos de trabajo para acceder a Medicaid. Hasta ahora, es la única Legislatura de un estado que no ha ampliado el programa que está considerando una medida de esa naturaleza.

“Tienes que ir a trabajar si quieres que tus amigos y vecinos paguen tu atención médica”, sentenció el , impulsor de la propuesta de imponer requisitos laborales para Medicaid que se debate en la Legislatura estatal.

La medida desconcierta a defensores de la atención médica y a expertos en Medicaid. Algunos dudan, incluso, que sea legal bajo la principal ley de política interna del presidente Donald Trump.

“No se pueden cambiar los términos del requisito de trabajo”, afirmó , abogado y profesor de la Escuela McCourt de Políticas Públicas de la Universidad de Georgetown, emitidas por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés).

Para Cuello, la situación es clara: “Es un no rotundo”.

Los requisitos de trabajo de Medicaid afectan a Washington, D.C., y a los 40 estados que ampliaron la elegibilidad a todos los adultos sin discapacidad entre 19 y 64 años con ingresos de hasta el 138% del nivel federal de pobreza, como establece la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA). Eso equivale a un ingreso de $22.025 al año para una persona sola.

A partir de enero de 2027, esos estados deberán exigir a las personas beneficiadas por la ampliación que informen por lo menos 80 horas de trabajo mensuales, educación o servicio comunitario para calificar y mantener la cobertura de Medicaid.

Alrededor de 4 millones de personas están inscritas en el programa de Florida y Gaetz calcula que unas 147.000 son adultos que “podrían y deberían trabajar”.

“Son personas sanas, no tienen niños pequeños en casa y no están cuidando a una persona mayor o a alguien con discapacidad”, dijo. “Sin embargo, reciben beneficios de Medicaid”.

por el proyecto de ley del Senado serían principalmente padres de niños de 14 años o más, así como algunos jóvenes de 19 y 20 años, explicó. Un en la Cámara de Representantes de Florida impondría los requisitos de trabajo de Medicaid a padres de niños de 6 años en adelante.

Para calificar para Medicaid en Florida, un adulto en edad laboral sin discapacidad generalmente debe estar cuidando a un niño o a un familiar mayor o con discapacidad, y no puede ganar más del 26% del nivel federal de pobreza, o unos $592 mensuales para una familia integrada por tres personas.

La mayoría de los adultos que no tienen discapacidad y reciben Medicaid ya trabajan, y muchas personas con empleos mal pagados no reciben seguro de salud a través de un empleador, , una organización sin fines de lucro de información sobre salud que incluye a 麻豆女优 Health News.

En Florida, en 2024, entre los adultos solteros de 19 a 64 años que ganaron menos de $15.000 al año, tenía seguro de salud a través del trabajo.

Los críticos dicen que la propuesta de Florida probablemente dejaría a algunas personas sin seguro, aunque cumplan con el requisito laboral. Esto se debe a que el límite de ingresos para acceder a Medicaid en ese estado es tan bajo que trabajar las 80 horas mensuales exigidas probablemente haría que esas personas superaran el tope permitido y perdieran el derecho a la cobertura.

Sin embargo, tampoco ganarían lo suficiente como para poder acceder a un plan subsidiado en el mercado de ACA.

Michelle Mastrototaro dijo que perdió su cobertura de Medicaid en noviembre del año pasado después de aceptar un trabajo de medio tiempo como asistente de maestra en una escuela primaria de Tampa. Mastrototaro, de 47 años, cuida a un hijo adolescente con discapacidad y probablemente no tendría que cumplir con el requisito de trabajo propuesto en Florida.

Pero dijo que su salario quincenal por trabajar unas 17 horas a la semana la hizo superar el límite de ingresos de Medicaid. Desde entonces ha tenido dificultades para pagar sus medicamentos recetados.

“Lo que estoy ganando es casi nada”, contó Mastrototaro. “Estoy rebuscándomelas como puedo para apenas llegar a fin de mes”.

La propuesta liderada por Gaetz ignora “las duras realidades de lo que implica calificar para Medicaid en Florida”, dijo , director ejecutivo de Florida Voices for Health, una organización sin fines de lucro que promueve la ampliación de Medicaid. “A simple vista no tiene sentido”, señaló.

Expertos en Medicaid dicen que la establece que los estados que no han ampliado Medicaid no pueden exigir requisitos de trabajo.

Un estado que no ha agregado más adultos de bajos ingresos a su programa de Medicaid no puede imponer requisitos laborales a quienes ya tienen cobertura, ratificó Cuello.

Los estados deben cubrir categorías específicas de personas de bajos ingresos 鈥攃omo niños, mujeres embarazadas, algunos padres, adultos mayores y personas con discapacidad鈥� para recibir financiamiento federal para sus programas.

Los estados que han ampliado Medicaid a un grupo limitado de adultos de bajos ingresos, específicamente Georgia y Wisconsin, están obligados a imponer requisitos de trabajo a los nuevos beneficiarios.

El , lanzado en julio de 2023, ya incluye un requisito para que los adultos que ahora son elegibles demuestren al menos 80 horas de trabajo o participación comunitaria. La aprobación federal para el programa expira a finales de diciembre y el estado ha solicitado . El deberá implementar los requisitos laborales antes del 1 de enero.

Carolina del Sur solicitó en junio la aprobación federal para ampliar la a padres y cuidadores sin discapacidad de entre 19 y 64 años que ganen entre el 67% y el 100% del nivel federal de pobreza. Eso equivale aproximadamente a entre $18.300 y $27.300 al año para una familia de tres miembros. La solicitud del estado está pendiente ante los CMS y, si se aprueba, implementaría requisitos de trabajo para los adultos que cumplan con las nuevas condiciones.

Gaetz dijo que, si la legislación de Florida se aprueba, el estado desarrollaría un “plan de negocios” para implementar los requisitos de trabajo y luego solicitaría la aprobación de los CMS.

No está claro cuánto costaría, pero la experiencia en estados que ya han aplicado requisitos laborales en Medicaid sugiere que la implementación demandaría un gasto elevado. Los estados deben actualizar sus sistemas de elegibilidad e inscripción, contratar personal adicional e informar al público sobre las nuevas exigencias.

Georgia, por ejemplo, gastó en cambios administrativos alrededor de $54,2 millones, de un total de $80,3 millones destinados al programa entre octubre de 2020 y marzo de 2025, de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de EE.UU. (GAO, por sus siglas en inglés). La mayor parte del gasto administrativo 鈥攗nos $47,4 millones, o 88%鈥� provino del gobierno federal.

La experiencia de Georgia refleja la de otros estados, según sobre estados que recibieron la aprobación para implementar requisitos de trabajo de Medicaid durante la primera administración de Trump.

Ese informe se centró en cinco estados 鈥擜rkansas, Indiana, Kentucky, New Hampshire y Wisconsin鈥� y estimó que los costos totales serían de $408 millones. Oscilaban entre $6 millones en New Hampshire y más de $270 millones en Kentucky, aunque esas cifras no incluían todos los costos estatales.

“La infraestructura informática de Florida para la recopilación y verificación de información, así como para determinar la elegibilidad, tiene más de 30 años de antigüedad y está siendo reemplazada. Se espera que el proceso se complete en 2028 y que cueste más de $180 millones.

Un análisis legislativo del proyecto de Gaetz estimó que, si 1 de cada 4 personas afectadas por el requisito de trabajo propuesto perdiera la cobertura de Medicaid, el estado podría ahorrar unos $80 millones al año.

Darius, de Florida Voices for Health, dijo que esos posibles ahorros difícilmente parezcan justificar el esfuerzo.

“Requiere que el estado construya este enorme marco regulatorio y reconstruya sistemas y contrate a numeroso personal para perseguir al pequeño número de personas que finalmente se verían afectadas por esto”, explicó.

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Por segundo año, el demócrata pidió a los legisladores estatales que eliminen la cobertura para un sector de los inmigrantes ante los recortes federales al gasto en Medicaid y un déficit presupuestario de aproximadamente .

Muchos analistas advierten que, si estalla la burbuja de la inteligencia artificial, .

Newsom propuso que el estado no intervenga cuando, a partir de octubre, el gobierno federal deje de brindar cobertura médica a unos 200.000 residentes legales, entre ellos .

Legisladores progresistas y activistas afirmaron que esos recortes representan un alejamiento de la promesa de Newsom de garantizar “”. Por otro lado, los republicanos siguen criticándolo porque utiliza fondos públicos para cubrir a personas que no son ciudadanas.

Según el Departamento de Finanzas, la propuesta más reciente de Newsom permitiría un ahorro estimado de $786 millones en este año fiscal y de $1.100 millones anuales en los años siguientes, dentro de un presupuesto proyectado de $349.000 millones.

La senadora estatal Caroline Menjivar, una de las dos demócratas que el año pasado votaron en contra de los recortes de Newsom, dijo que le preocupa que las ambiciones políticas del gobernador estén pesando más que lo que es mejor para los californianos.

“Está pendiente de lo que van a opinar Arkansas o Tennessee, cuando lo que piensa California es algo completamente diferente”, se quejó Menjivar, quien contó que sus críticas anteriores le costaron de un subcomité clave del presupuesto. “Esa es mi perspectiva sobre lo que está ocurriendo aquí”, agregó.

Mientras tanto, el senador estatal republicano Tony Strickland criticó a Newsom por restar importancia del estado que, según funcionarios estatales, podría crecer hasta los $27.000 millones el próximo año. Además, lo acusó de seguir ofreciendo cobertura a residentes de California que viven en el país sin autorización. “Lo único que quiere es relanzarse políticamente, proyectar una nueva imagen”, dijo Strickland.

Es una cuerda floja política que se irá tensando aún más a medida que disminuya el apoyo federal y sigan aumentando los gastos en atención médica, afirmó Guian McKee, codirector del Proyecto de Políticas de Salud de la Escuela de Asuntos Públicos Miller de la Universidad de Virginia.

“Newsom tiene que hacer malabares con tres o cuatro temas delicados al mismo tiempo”, opinó 听McKee. Si decide postularse, agregó: “las prioridades de los votantes demócratas en las primarias 鈥攓ue en gran medida reflejan estados progresistas como California鈥� son muy distintas a las del electorado en general, que está mucho más dividido”.

En Estados Unidos, las opiniones sobre si el gobierno debería ofrecer cobertura médica a personas sin papeles están muy divididas.

En una realizada el año pasado, una pequeña mayoría 鈥�54%鈥� se opuso a una disposición que establecía sanciones a los estados que utilizaban sus propios recursos para brindar atención médica a inmigrantes. Había grandes diferencias según la afiliación política. Finalmente, esa disposición no fue incluida en la versión final del proyecto de ley aprobado por el Congreso y promulgado por el presidente Donald Trump.

Incluso en California, la idea de ofrecer atención médica perdió apoyo a causa de los problemas presupuestarios.

En , el 41% de los adultos expresó estar de acuerdo con ofrecer cobertura médica a inmigrantes sin papeles, una caída significativa con respecto en 2023.

el vicepresidente JD Vance, y legisladores republicanos han acusado en repetidas ocasiones a California y a otros estados demócratas de usar fondos públicos para dar atención médica a inmigrantes, un tema que enardece a la base del Partido Republicano.

Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), de “” para recibir más fondos federales, liberando recursos estatales para su programa de Medicaid, conocido como Medi-Cal, que ha inscrito a cerca de 1,6 millones de inmigrantes en situación irregular.

“Si usted es un contribuyente en Texas o Florida, sus impuestos podrían haberse usado para financiar la atención médica de inmigrantes ilegales en California”, dijo en octubre.

Funcionarios de California negaron esas acusaciones y afirmaron que solo se utilizan fondos estatales para dar servicios de salud general a personas indocumentadas, ya que la ley prohíbe usar fondos federales.

Newsom ha convertido esto en un “”, ya que ampliar la cobertura a inmigrantes, según su administración, mantiene a las y ayuda a evitar costosas visitas a salas de emergencia que muchas veces se terminan pagando con dinero público.

“Ninguna administración ha hecho más que ésta para ampliar la cobertura total de Medicaid para nuestras comunidades diversas, con y sin estatus migratorio”, dijo Newsom a periodistas en enero. “Hay quienes han construido toda su carrera política criticando mi postura”.

Newsom advirtió sobre el “carnaval de caos” del gobierno federal al aprobar la ley One Big Beautiful Bill Act de Trump. Esa ley, sostuvo, pone a 1,8 millones de californianos en riesgo de perder su cobertura médica debido a la implementación de requisitos laborales, otras reglas de elegibilidad y nuevos límites al financiamiento federal para los estados.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, desde ahora y hasta 2034, a nivel nacional, 10 millones de beneficiarios podrían perder su cobertura.

han señalado que un número mayor de personas sin seguro 鈥攅n especial aquellas que están relativamente sanas鈥� podría concentrar la cobertura en , lo que potencialmente elevaría los costos de las primas y los costos hospitalarios en general.

Organizaciones que trabajan con los inmigrantes señalan que es especialmente cruel dejar sin atención médica a quienes pudieron haber huido de situaciones de violencia o sobrevivido a la trata o a situaciones de abuso.

Las normas federales actuales exigen que los programas estatales de Medicaid cubran a “no ciudadanos calificados”, incluidos solicitantes de asilo y refugiados, explicó Tanya Broder, del National Immigration Law Center. Pero la One Big Beautiful Bill Act, impulsada por los republicanos, puso fin a esa cobertura, lo que afectaría a legales en todo el país.

Como muchos gobernadores estatales aún no han presentado sus propuestas de presupuesto, no está claro cómo piensan cubrir los recortes al financiamiento, dijo Broder.

Por ejemplo, funcionarios de Colorado estiman que unos 7.000 inmigrantes legales podrían perder cobertura por los cambios en la ley. En el estado de Washington, las autoridades calculan que , solicitantes de asilo y otros inmigrantes con autorización legal se quedarán sin cobertura de Medicaid.

Ambos estados, al igual que California, ampliaron la cobertura completa a todos los residentes elegibles por ingresos, sin importar su situación migratoria. Ahora, sus funcionarios electos están en la incómoda posición de tener que explicar por qué algunos inmigrantes legales podrían perder su cobertura médica mientras que otros sin estatus legal podrían conservarla.

El año pasado, el aumento de los costos en atención médica y los recortes presupuestarios llevaron a los gobernadores demócratas de 鈥擩B Pritzker y Tim Walz, dos potenciales aspirantes a la presidencia鈥� a suspender o cancelar la cobertura para inmigrantes sin papeles.

También en 2025, legisladores de California votaron por la eliminación de la cobertura dental y congelaron nuevas inscripciones para personas sin documentos. A partir del próximo año también se cobrará una prima mensual a quienes mantengan su cobertura.

Aun así, se estima que el estado gastará $13.800 millones de su fondo general en atención médica para inmigrantes no cubiertos por el gobierno federal, según H.D. Palmer, vocero del Departamento de Finanzas.

En enero, en una conferencia de prensa en San Francisco, Newsom defendió estas medidas y dijo que eran necesarias por “prudencia fiscal”. Evitó responder preguntas sobre la cobertura para solicitantes de asilo y refugiados, y minimizó la importancia de su propuesta, al decir que podría revisarla cuando tuviera la oportunidad de actualizar el presupuesto en mayo.

Kiran Savage-Sangwan, directora ejecutiva de la California Pan-Ethnic Health Network, señaló que el estado aprobó una ley en la década de 1990 que le exige cubrir con Medi-Cal cuando los fondos federales de Medicaid no están disponibles. Esto incluye a personas con residencia permanente que aún no cumplen con el período de espera de cinco años para inscribirse en Medicaid.

Savage-Sangwan calificó la propuesta del gobernador como “arbitraria y cruel” y criticó su decisión de priorizar los depósitos del fondo de emergencia para tiempos difíciles en vez de mantener la cobertura. Agregó que culpar al gobierno federal era engañoso.

También consideró que es un gran retroceso respecto de lo que ella esperaba que California pudiera lograr el primer día de Newsom en el cargo, hace siete años, cuando el gobernador declaró su apoyo a un sistema de salud con financiamiento público integral y propuso ampliar los subsidios para pagar el seguro médico para la clase media.

“Tenía esperanza y celebramos los avances que impulsó el gobernador”, afirmó Savage-Sangwan. “Por eso estoy aún más decepcionada”.

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El gobierno de Trump, que ha prometido “transparencia radical”, afirmó en un documento de que planea publicar el “resumen de proyectos” de los estados que obtengan fondos. Siguiendo el ejemplo de los reguladores federales, muchos estados ocultan sus solicitudes completas, y algunos se han negado a revelar cualquier detalle.

“Seamos claros”, dijo Alan Morgan, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Salud Rural (NRHA, por sus siglas en inglés). “Los directores de hospitales, los administradores de clínicas, los líderes comunitarios: todos van a querer saber qué están haciendo sus estados”.

Entre los miembros de la NRHA se incluyen hospitales y clínicas rurales con dificultades económicas, a los que prometieron beneficiar con el Programa de Transformación de la Salud Rural del gobierno de Trump.

Morgan señaló que sus miembros están interesados en saber qué proponen los estados, qué ideas son aprobadas o rechazadas y cuáles son sus justificaciones presupuestarias, que explican cómo podría gastarse el dinero.

Mejorar la atención médica rural es una “tarea increíblemente complicada y difícil”, afirmó Morgan.

El Programa de Transformación de la Salud Rural, con una duración de cinco años, fue aprobado por el Congreso en una ley 鈥攍a llamada One Big Beautiful Bill Act鈥� que también reduce drásticamente el gasto de Medicaid, del cual dependen en gran medida los proveedores de salud en zonas rurales. Este programa está siendo observado con atención porque representa una inyección muy necesaria de fondos, aunque con la condición impuesta por el gobierno de Trump de que el dinero se utilice en ideas transformadoras y no simplemente para mantener a flote a hospitales rurales en crisis.

La ley indica que la mitad de los $50.000 millones se dividirá en partes iguales entre todos los estados con una solicitud aprobada. El resto se distribuirá en base a un sistema de puntos. , $12.500 millones se asignarán en función del nivel de “ruralidad” de cada estado. Los otros $12.500 millones se otorgarán a estados que obtengan en iniciativas y políticas alineadas, en parte, con los objetivos del gobierno de Trump bajo el lema “Hacer a Estados Unidos Saludable de Nuevo” ().

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., ha prometido en repetidas ocasiones abrir el gobierno al pueblo estadounidense. Su agencia tiene una dedicada a la “transparencia radical”.

“Estamos trabajando para que este sea el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) más transparente en sus 70 años de historia”, en un testimonio escrito al Congreso en septiembre.

Lawrence Gostin, profesor de derecho en salud pública en la Universidad Georgetown, dijo que el HHS está actuando “de manera totalmente opaca” y que el público tiene derecho a exigir “mayor apertura y claridad”. Sin transparencia, agregó, la población no puede evaluar las responsabilidades de esa agencia.

Catherine Howden, vocera de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), dijo que la agencia seguirá las regulaciones federales que rigen los al publicar información sobre el programa de salud rural.

Las solicitudes de subvención “no se hacen públicas durante el proceso de evaluación por méritos”, dijo Howden, y agregó: “El propósito de esta política es proteger la integridad de las evaluaciones, la confidencialidad de los solicitantes y la naturaleza competitiva del proceso”.

Demócratas y algunos defensores de la atención de salud temen que las decisiones sobre la distribución del dinero tengan motivaciones políticas.

“Me preocupan las represalias políticas”, dijo la representante Nikki Budzinski, demócrata de Illinois. Como los demócratas controlan la política de nuestro estado, “nuestra solicitud podría no ser tomada tan en serio como la de otros estados liderados por republicanos”, agregó.

En noviembre, los legisladores demócratas de Illinois en la Cámara de Representantes enviaron al administrador de los CMS, Mehmet Oz, solicitando una “evaluación justa e integral” de la solicitud estatal. Las autoridades de Illinois aún no han comunicado su propuesta a 麻豆女优 Health News, que presentó una solicitud de registros públicos.

Heather Howard, profesora en la Universidad de Princeton, dijo que le “sorprende gratamente la transparencia de muchos estados”.

Howard dirige el programa State Health and Value Strategies de la universidad, que el fondo de salud rural, y elogió a la mayoría de los estados por publicar sus resúmenes del proyecto.

“Esto demuestra el enorme interés que despierta el programa”, dijo Howard.

Su equipo, que revisó cerca de dos docenas de resúmenes estatales, identificó temas comunes como la expansión de servicios móviles y a domicilio, mayor uso de tecnología, y desarrollo de la fuerza laboral con becas, bonos por contratación y ayuda para cuidado infantil en puestos de alta demanda.

“Creo que es emocionante”, dijo Howard. “Considero muy valioso lo que podemos aprender de estas propuestas”.

Howard señaló que las solicitudes de Georgia y Alabama incluían el uso de telerrobótica: una propuesta para utilizar robots para realizar ecografías remotas.

Otro tema que “me entusiasma”, dijo, es el esfuerzo de los estados por crear grupos o comités asesores, como en Idaho, donde se espera que los grupos de trabajo se enfoquen en tecnología, desarrollo de fuerza laboral, colaboración con comunidades indígenas, y salud mental y conductual.

Los 50 estados presentaron sus solicitudes a los reguladores federales antes de la fecha límite del 5 de noviembre, y las resoluciones se anunciarán antes de que termine el año, según los CMS.

Hasta finales de noviembre, casi 40 estados habían hecho público su resumen del proyecto, que es la parte principal de la solicitud donde se describen las iniciativas propuestas, según un seguimiento de 麻豆女优 Health News. Más de una docena de estados también publicaron sus presupuestos.

Un pequeño grupo de estados 鈥擨daho, Iowa, Kansas, Minnesota, Nuevo México, Dakota del Norte, Carolina del Sur y Wyoming鈥� publicó todos los componentes de la solicitud.

麻豆女优 Health News presentó solicitudes de registros públicos para obtener las peticiones completas de los estados. Algunos se negaron a entregar cualquier parte de sus materiales.

Nebraska, por ejemplo, rechazó la solicitud argumentando que su contenido es “información comercial o propietaria” que “podría beneficiar a competidores comerciales”.

Kentucky compartió el resumen de su solicitud, pero indicó que el resto es un “borrador preliminar” no sujeto a divulgación bajo las leyes estatales.

Erika Engle, vocera del gobernador de Hawaii, Josh Green, dijo que el gobernador “está comprometido con la transparencia”, pero se negó a compartir la propuesta del estado.

Hawaii y otros estados aún están procesando solicitudes formales de registros públicos.

Este programa de salud rural forma parte de la ley aprobada en julio que se prevé que reducirá el gasto federal de Medicaid en zonas rurales en durante los próximos 10 años.

Se espera que estos recortes afecten las finanzas de centros rurales, poniendo en riesgo su capacidad para seguir operando. Un informe reciente de Commonwealth Fund reveló que muchas áreas rurales siguen a atención primaria. Pero las normas del programa de salud rural indican que solo el 15% de los nuevos fondos puede utilizarse para pagar atención directa a los pacientes.

Entre los recortes a Medicaid y la nueva inversión del programa, “hay una verdadera oportunidad para que las políticas nacionales tengan un impacto en las zonas rurales, tanto de forma negativa como positiva”, señaló Celli Horstman, investigadora principal de la fundación en Nueva York y coautora del informe.

Entre las propuestas disponibles al público, los estados con gobiernos demócratas muestran disposición para apoyar algunos de los objetivos del gobierno, aunque también rechazan otros, lo cual podría restarles puntos.

Por ejemplo, Nuevo México indicó que presentará una ley para que los estudiantes tomen la Prueba Presidencial de Aptitud Física (Presidential Fitness Test) y que los médicos realicen cursos de educación continua sobre nutrición. Pero no impedirá que las personas usen sus beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) para comprar productos “no nutritivos” como sodas o dulces.

Muchos estados planean invertir en tecnología, como telesalud, ciberseguridad y equipos para monitoreo remoto de pacientes. Otros temas incluyen mejorar el acceso a alimentos saludables, fortalecer los servicios de emergencia, prevenir y tratar enfermedades crónicas, y recurrir a trabajadores comunitarios de salud y paramédicos para visitas domiciliarias.

Algunas propuestas específicas incluyen:

• Arkansas quiere gastar $5 millones en su programa “FAITH” 鈥擜cceso, Transporte y Salud Basados en la Fe鈥� para que instituciones religiosas rurales organicen eventos de educación y pruebas preventivas. También se instalarían circuitos para caminar y equipos de ejercicio en las congregaciones.
• Alaska, que históricamente ha usado trineos de perros para entregar medicamentos en zonas remotas, quiere probar el uso de “sistemas aéreos no tripulados” para agilizar la entrega de medicinas.
• Tennessee quiere aumentar el acceso a actividades saludables con inversiones en parques, senderos y mercados agrícolas.
• Maryland propone abrir mercados móviles e instalar refrigeradores y congeladores para facilitar el acceso a alimentos frescos y saludables que suelen dañarse en zonas rurales con pocos supermercados.

El senador estatal Stephen Meredith, un republicano que representa una parte del oeste de Kentucky, dijo que espera que los hospitales rurales sigan cerrando, pese al programa estatal.

“Creo que estamos tratando los síntomas sin curar la enfermedad”, señaló después de escuchar una .

Morgan, cuya organización representa a hospitales rurales que probablemente cerrarán, dijo que las ideas del estado pueden sonar bien.

“Uno puede escribir una narrativa que suene maravillosa”, afirmó. “Pero traducir esas metas aspiracionales en un programa funcional, eso es más difícil”.

Los reporteros de 麻豆女优 Health News, Phil Galewitz, Katheryn Houghton, Tony Leys, Jazmin Orozco Rodriguez, Maia Rosenfeld, Bram Sable-Smith y Lauren Sausser contribuyeron con este artículo.

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MU Health Care, donde practican la mayoría de los médicos que utiliza su familia, estaba inmerso en una disputa contractual con Anthem, la aseguradora de salud de Wingler. El contrato vigente estaba a punto de expirar.

Entonces, el 31 de marzo, la mujer recibió un correo electrónico alertándola de que al día siguiente el hospital ya no estaría en la red de Anthem.

La noticia la dejó atónita.

“Sé que negocian contratos todo el tiempo鈥� pero parecía un simple trámite burocrático que no nos afectaría. Nunca antes me habían excluido de la red de una aseguradora de esa manera”, comentó. El momento no pudo ser menos oportuno.

La consulta: Cuando la aseguradora de salud de una madre de Missouri no pudo llegar a un acuerdo con su hospital, la mayoría de sus médicos quedaron repentinamente fuera de la red. Se preguntaba cómo conseguiría que se cubriera la atención médica de sus hijos o cómo encontraría nuevos médicos. “Para una familia de cinco鈥� 驴por dónde empezamos?” 鈥� Amber Wingler, 42 años, de Columbia, Missouri

La hija de Wingler, Cora, de 8 años, había estado teniendo problemas intestinales sin razón aparente. Las listas de espera para ver a varios especialistas pediátricos y tener un diagnóstico, desde gastroenterología hasta terapia ocupacional, eran largas: iban de semanas hasta más de un año.

(En un comunicado, el vocero de MU Health Care, Eric Maze, afirmó que el sistema de salud trabaja para garantizar que los niños con las necesidades más urgentes sean atendidos lo antes posible).

De repente, las consultas con los especialistas para Cora estaban fuera de la red de su seguro. A varios cientos de dólares cada una, el costo se habría disparado rápidamente. Los únicos otros especialistas pediátricos dentro de la red que Wingler encontró estaban en St. Louis y Kansas City, ambos a más de 120 millas de distancia.

Así que Wingler pospuso las citas médicas de su hija durante meses mientras intentaba decidir qué hacer.

En todo el país, las disputas contractuales son comunes, con más de 650 hospitales involucrados en conflictos públicos con aseguradoras desde 2021.

Y podrían volverse aún más frecuentes a medida que los hospitales se preparan para recortes de aproximadamente $1.000 millones en el gasto federal en salud, según lo estipulado por la ley insignia del presidente Donald Trump, promulgada en julio.

Los pacientes atrapados en una disputa contractual tienen pocas opciones viables.

“Existe un antiguo proverbio africano que dice: cuando dos elefantes pelean, la hierba se aplasta. Y, lamentablemente, en estas situaciones, a menudo los pacientes son la hierba”, afirmó Caitlin Donovan, directora de la Patient Advocate Foundation, una organización sin fines de lucro que ayuda a personas con dificultades para acceder a la atención médica.

Si te sientes aplastado bajo una disputa contractual entre un hospital y tu aseguradora, esto es lo que necesitas saber para protegerte financieramente:

1. “Fuera de la red” significa que probablemente pagarás más.

Las aseguradoras negocian contratos con hospitales y otros proveedores médicos para establecer las tarifas que pagarán por distintos servicios. Cuando llegan a un acuerdo, el hospital y la mayoría de los proveedores que trabajan allí pasan a formar parte de la red de la aseguradora.

La mayoría de los pacientes prefieren consultar con proveedores “dentro de la red” porque su seguro cubre parte, la mayor parte o incluso la totalidad de la factura, que podría ascender a cientos o miles de dólares. Si consultas con un proveedor fuera de la red, podrías tener que pagar la factura completa.

Si decides seguir con tus médicos habituales aunque estén fuera de la red, puedes consultar sobre la posibilidad de obtener un descuento por pago en efectivo y sobre el programa de asistencia financiera del hospital.

2. Las disputas entre hospitales y aseguradoras suelen resolverse.

, investigador de políticas de salud de la Universidad Brown, examinó 3.714 hospitales no federales en Estados Unidos y halló que, entre junio de 2021 y mayo de 2025, un 18% de ellos tuvo una disputa pública con una compañía de seguros de salud.

Cerca de la mitad de esos hospitales finalmente se retiraron de la red de la aseguradora, según los datos preliminares de Buxbaum. Sin embargo, la mayoría de estas rupturas se resuelven en uno o dos meses, agregó. Por lo tanto, es muy probable que tus médicos vuelvan a formar parte de la red, incluso después de una separación.

3. Podrías calificar para una extensión que te permita reducir costos.

Ciertos pacientes podrían calificar para una extensión de la cobertura dentro de la red, lo que se llama continuidad de la atención.

Puedes pedir esta extensión llamando a tu aseguradora, pero el proceso puede ser largo. Algunos hospitales han habilitado recursos para ayudar a los pacientes a solicitarla.

Wingler pasó por todo ese calvario por su hija: horas al teléfono, llenando formularios y enviando faxes.

Pero dijo que no tenía el tiempo ni la energía para hacerlo para todos los miembros de su familia.

“Mi hijo estaba en fisioterapia”, dijo. “Pero lo siento mucho, hijo, tú sigue con los ejercicios que tienes que hacer. No voy a pelearme para que tú también tengas cobertura, cuando ya estoy peleando por tu hermana”, se dijo.

También es importante tener en cuenta si se trata de una emergencia médica: en la mayoría de los servicios de urgencias, los hospitales de las tarifas de su red.

4. Puede que tengas que esperar para cambiar de aseguradora.

Quizás estés pensando en cambiarte a una aseguradora que cubra a tus médicos favoritos. Pero ten en cuenta que muchas personas que eligen sus planes de salud durante el período anual de inscripción abierta quedan atadas a su plan durante un año. Los contratos entre las aseguradoras y los hospitales no necesariamente coinciden con el año de tu plan.

Ciertos , como casarse, tener un hijo o perder el trabajo, pueden permitirte cambiar de seguro fuera del período anual de inscripción abierta, pero que tus médicos dejen de pertenecer a la red de tu seguro no se considera un acontecimiento de vida que te permita hacerlo.

5. Buscar un nuevo médico puede llevar mucho tiempo.

Si la ruptura entre tu aseguradora y el hospital parece definitiva, podrías considerar buscar una nueva lista de médicos y otros proveedores que estén dentro de la red de tu plan. 驴Por dónde empezar? Tu plan probablemente tenga una herramienta en línea para buscar proveedores dentro de la red cerca de donde vives.

Pero ten en cuenta que cambiar de médico podría significar esperar para establecerte como paciente de uno nuevo y, en algunos casos, tener que ir más lejos.

6. Vale la pena guardar los recibos.

Incluso si tu seguro y el hospital no llegan a un acuerdo antes de que expire su contrato, existe la probabilidad de que lleguen a un nuevo acuerdo.

Algunos pacientes deciden posponer sus citas mientras esperan. Otros mantienen sus citas y pagan de su propio bolsillo. Si es tu caso, guarda los recibos. Cuando las aseguradoras y los hospitales llegan a un acuerdo, este suele aplicarse retroactivamente, por lo que las citas que pagaste de tu bolsillo podrían estar cubiertas después de todo.

Fin de un suplicio

Tres meses después de que expirara el contrato entre la aseguradora de Wingler y el hospital, ambas partes anunciaron un nuevo acuerdo. Wingler se unió a la multitud de pacientes que programaron las citas que habían pospuesto durante la crisis.

En un comunicado, Jim Turner, vocero de Elevance Health, la empresa matriz de Anthem, escribió: “Abordamos las negociaciones enfocados en la equidad, la transparencia y el respeto por todos los afectados”.

Maze, de MU Health Care, dijo: “Comprendemos la importancia del acceso puntual a la atención pediátrica especializada para las familias y lamentamos profundamente la frustración que algunos padres han experimentado al intentar programar citas tras la resolución de las negociaciones de nuestro contrato con Anthem”.

Wingler se alegró de que su familia pudiera volver a ver a sus médicos, pero su alivio se vio atenuado por la determinación de no volver a encontrarse en la misma situación.

“Creo que seremos un poco más precavidos cuando llegue el período de inscripción abierta”, dijo Wingler. “Nunca nos habíamos preocupado por revisar nuestra cobertura de gastos de bolsillo porque no la necesitábamos”.

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Pero eso es lo que los empleados estatales de Massachusetts intentan hacer a diario, entre los sonidos y las luces intermitentes de las máquinas tragamonedas.

En el MGM Springfield, al oeste del estado, empleados con remeras verdes se encuentran frente a su pequeña oficina, justo al lado del casino.

Sobre ellos, un cartel dice el programa insignia del estado para combatir la ludopatía (adicción al juego). Una pantalla muestra mensajes como “Mantén las apuestas deportivas divertidas. Establece un presupuesto y cúmplelo”.

Los empleados reparten etiquetas para maletas y pañuelos desechables gratuitos para animar a la gente a charlar. Si lo consiguen, entregan a los clientes folletos con el número de teléfono estatal de ayuda para jugadores y su sitio web. Incluso pueden inscribirlos en , que permite a las personas establecer un presupuesto fijo mensual para sus apuestas.

Fuera de los casinos, GameSense se promociona en redes sociales, aplicaciones y sitios web de . Mientras tanto, el Departamento de Salud Pública del estado coloca en autobuses y vallas publicitarias.

“Es un gran movimiento de 12 años”, dijo , quien supervisa el programa GameSense en Massachusetts.

El primer casino de Massachusetts abrió sus puertas en 2015 y, a medida que la industria del juego crecía, el estado desarrolló lo que denomina un programa de “juego responsable”, financiado con un impuesto adicional sobre las ganancias de la industria.

Al principio, los reguladores estatales probaron diversas estrategias para educar a los clientes sobre la naturaleza adictiva del juego y sobre sus riesgos financieros.

“Se trataba más bien de asegurar la disponibilidad de folletos que explicaran las probabilidades de cualquier juego”, explicó Vander Linden.

Desde entonces, Massachusetts ha implementado para una industria en auge que ahora incluye las apuestas deportivas generalizadas.

Por ejemplo, no se pueden apostar sobre equipos universitarios de Massachusetts ni jugar con tarjeta de crédito. Todas las empresas de juegos de azar deben permitir a los clientes establecer límites voluntarios e inscribirse en una “lista de autoexclusión voluntaria” que les prohíbe el acceso a casinos o apuestas deportivas durante determinados intervalos de tiempo.

Un mosaico de normas estatales

Algunos estados han establecido límites similares para frenar la ludopatía, pero otros tienen muy pocos. A falta de una política nacional o de una comisión nacional del juego que supervise la industria, cada estado elabora su propio plan.

Un número creciente de investigadores y legisladores en materia de adicciones afirman que es hora de tomar medidas más audaces y unificadas para combatir los trastornos del juego.

Resaltan el auge de la industria del juego desde 2018, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos a que los estados y desató una industria agresiva, ahora legal en 39 estados. (Cuarenta y ocho estados han legalizado al menos alguna forma de juego, incluyendo las loterías).

Otros países en la regulación de la industria del juego, y algunos expertos estadounidenses los consideran modelos potenciales.

Por ejemplo, el tiene el monopolio de todas las máquinas tragamonedas, lo que le permite controlar los tipos de juegos que se ofrecen, y cada jugador del país tiene un límite de pérdida de 20.000 coronas (unos $2.000) al mes.

En el , la mayoría de los adultos tienen (unos $7) por cada giro en una máquina tragamonedas, y las empresas de juegos de azar están sujetas a un impuesto del 1% que se destina a un fondo para el tratamiento y la prevención de los trastornos del juego.

El año pasado, un informe publicado en la revista médica instó a los líderes de salud internacionales a actuar con rapidez en las regulaciones antes de que los trastornos del juego se generalicen y se vuelvan comunes, y mucho más difíciles de detener.

Sin embargo, los líderes políticos señalan que Estados Unidos tiene menos interés en la regulación corporativa que muchos otros países, especialmente bajo la administración Trump. Al mismo tiempo, advierten que no hacer nada podría representar una grave amenaza para la salud pública, en especial ahora que las aplicaciones de apuestas deportivas permiten a las personas apostar en cualquier lugar y en cualquier momento.

El temor: más apuestas, más adicción

Incluso antes del “matrimonio” entre los juegos en línea y los teléfonos celulares, los investigadores estimaban que entre el y el de los estadounidenses ya padecían un trastorno del juego, y que un 8% adicional de desarrollarlo.

Algunos políticos estadounidenses temen que el problema solo empeore.

“La sofisticación y complejidad de las apuestas se han vuelto abrumadoras”, declaró el听听(demócrata de Connecticut). “Y por eso necesitamos protecciones que permitan a las personas decir que no”.

Blumenthal ha copatrocinado el (la Ley de Apuestas Seguras), una legislación que impondría normas federales a las empresas de apuestas deportivas.

El proyecto de ley propone la prohibición de la publicidad de juegos de azar durante eventos deportivos en vivo, controles obligatorios de asequibilidad para clientes con grandes gastos, límites a los programas de membresía VIP, la prohibición del uso de la inteligencia artificial para marketing y la creación de una base de datos nacional de “autoexclusión”, entre otras normas.

“Los estados no pueden proteger a sus consumidores de las ofertas excesivas y abusivas, y a veces de los anuncios engañosos”, declaró Blumenthal. “Simplemente no tienen los recursos ni la jurisdicción”.

La industria del juego se opone firmemente a esta ley. Las normas federales serían una bofetada para los reguladores estatales, afirmó Joe Maloney, vocero de la .

“Tienen el potencial de, primero, usurpar drásticamente la autoridad de los estados y, segundo, congelar la industria”, afirmó.

El juego responsable y la salud pública

Las nuevas regulaciones también son innecesarias, afirmó Maloney. La industria reconoce que el juego es adictivo para algunas personas, explicó, por lo que desarrolló una iniciativa de divulgación y concientización conocida como .

Esto incluye mensajes en autobuses y carteles que advierten a la gente que deje de jugar cuando ya no sea divertido y les recuerdan que las probabilidades de ganar son muy bajas.

“Hay mensajes muy directos, como: 鈥楢quí perderás dinero’”, dijo Maloney.

Agregó que su grupo industrial no recopila datos sobre si tales medidas reducen las tasas de adicción. Sin embargo, afirmó que las restricciones al juego no son la solución.

“Si de repente se empieza a elegir entre lo legal y lo prohibido, se está alejando a los apostadores del mercado legal y llevándolos al ilegal”, afirmó Maloney.

Los líderes de salud pública argumentan que el modelo de “juego responsable” de la industria no funciona.

“Se necesita regulación cuando la industria ha demostrado incapacidad y falta de voluntad para autocontrolarse”, afirmó , director de políticas de juego del de la Facultad de Derecho de la Universidad de Northeastern en Boston.

Una de las razones por las que el enfoque de la industria es “ética y científicamente defectuoso” es que atribuye toda la culpa y la responsabilidad a las personas con un trastorno del juego, afirmó Levant. “No se puede decir a una persona que lucha contra la adicción: 鈥楤ueno, simplemente deja de hacerlo’”.

Levant aborda el tema desde su experiencia personal. Se está recuperando de una adicción al juego. Ex abogado, fue por robar dinero de sus clientes para financiar su adicción al juego. Desde entonces, no solo se ha convertido en un defensor de regulaciones más estrictas, sino que también es un terapeuta especializado en adicciones.

La American Gambling Association (AGA) afirmó apoyar el tratamiento de los trastornos del juego y ayudar a financiar algunos servicios de derivación y tratamiento a través de impuestos estatales. Sin embargo, Levant calificó esto como “el equivalente moral de que las grandes tabacaleras digan: ‘Hagamos lo que queramos con nuestros cigarrillos, siempre y cuando paguemos la quimioterapia y los cuidados paliativos'”.

En cambio, Levant aboga por un enfoque de salud pública que ayude a prevenir la adicción de raíz. Esto significa limitar la publicidad, y los tipos y la frecuencia de las apuestas, para todos, no solo para quienes ya tienen problemas.

Para defender su postura, Levant abre su computadora y muestra un anuncio corporativo producido por Simplebet, .

En el video, la compañía presume de conseguir que más gente apueste en deportes mediante las llamadas microapuestas durante los partidos en directo. “Impulsamos la participación de los aficionados convirtiendo cada momento de cada partido en una oportunidad para apostar. Automático, algorítmico, impulsado por el aprendizaje automático y la IA”, dice la voz en off.

Ese es el tipo de participación constante que fomenta la adicción, afirmó Levant. (Contactados por 麻豆女优 Health News y NPR, DraftKings declinó hacer comentarios y, en su lugar, envió un enlace a su ).

Legisladores quieren actuar ya

Algunos de estos mecanismos de juego se verían limitados por la Ley de Apuestas Seguras, que Levant y sus colegas del Instituto de Defensa de la Salud Pública ayudaron a redactar.

Pero si la legislación no se aprueba en el actual Congreso, reacio a las regulaciones, los estados deberán tomar medidas contundentes por su cuenta, afirmó Levant.

La Legislatura de Massachusetts está considerando actualmente la “Ley de Salud del Apostador” (), que impondría normas adicionales a las empresas de apuestas deportivas.

“El objetivo no es eliminar por completo las apuestas”, dijo

La representante estatal de Massachusetts, la demócrata , copatrocinadora del proyecto de ley, dijo: “Es para detener los peores excesos de las apuestas deportivas en línea”.

El proyecto de ley de Massachusetts incluye componentes de la legislación federal, como los controles de asequibilidad obligatorios. Estos limitarían la cantidad de dinero que algunos jugadores pueden perder. Los controles de asequibilidad se basan en del Reino Unido.

“Si solo te permiten tomar dos copas, sabemos que no te vas a emborrachar, 驴verdad?”, dijo Sabadosa. “Si solo te permiten apostar $100 al día porque es una cantidad asequible, no te arruinarás. Podrás pagar el alquiler”.

La Ley de Salud del Apostador también prohibiría las apuestas “prop”, que son apuestas realizadas durante un partido en vivo, como quién marca el primer tiro en baloncesto o quién conecta el primer jonrón en béisbol.

Sin embargo, los provenientes de las apuestas deportivas ascendieron a $2.800 millones en 2024, una fuente de financiación muy útil para los presupuestos estatales con dificultades. Debido a este posible impulso, Levant teme que los gobiernos estatales eviten una mayor regulación.

Los estados podrían incluso verse tentados por la promesa de ingresos adicionales provenientes de nuevos tipos de juegos de azar, como el “iGaming”. Se refiere a las versiones en línea de la ruleta, el blackjack y otros juegos de casino, disponibles a cualquier hora, desde la comodidad del hogar.

Actualmente, el iGaming es legal en siete estados, pero la legislación pendiente en otros estados, , podría expandir sus mercados.

“Comprendemos lo difícil que es para los estados equilibrar sus presupuestos en el actual entorno político”, declaró Levant, “pero están empezando a reconocer que la solución a ese problema no es seguir impulsando un producto conocido por ser adictivo”.

Este artículo forma parte de una colaboración entre y .

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Sin embargo, hubo una omisión importante que, según defensores de la comunidad LGBTQ+ y estrategas políticos, forma parte de una situación cada vez más compleja que enfrenta el demócrata mientras delinea un perfil más ubicado en el centro para una posible candidatura presidencial.

Newsom听听que habría obligado a las aseguradoras a cubrir y a las farmacéuticas a dispensar 12 meses de terapia hormonal de una sola vez a pacientes transgénero y a otras personas.

La propuesta era para los líderes de los derechos de las personas trans, quienes afirmaron que era crucial preservar la atención médica mientras las clínicas de afirmación de género bajo la presión de la Casa Blanca.

Expertos políticos afirman que el pone de relieve la carga que ha adquirido la atención médica para las personas transgénero para y, en particular, para Newsom, quien, como alcalde de San Francisco, cometió actos de desobediencia civil al permitir que las parejas homosexuales .

El veto, junto con su tibia respuesta a la retórica antitrans, argumentan, forma parte de un patrón alarmante que podría dañar su credibilidad ante su base de votantes clave.

“Aunque no hubiera ninguna motivación política tras la decisión de Newsom, sin duda existen ramificaciones políticas de las que es muy consciente”, declaró Dan Schnur, ex estratega político republicano que ahora es profesor de política en la Universidad de California-Berkeley. “Es lo suficientemente inteligente como para saber que este es un tema que va a enojar a su base, pero que, a cambio, podría hacerlo más aceptable para un gran número de votantes indecisos”, agregó.

A principios de este año, en el podcast de Newsom, el gobernador le dijo al difunto activista conservador Charlie Kirk que la participación de atletas trans en deportes femeninos era , lo que desencadenó una reacción negativa entre la base de su partido y los líderes LGBTQ+. Y ha descrito la como un “problema grave para el Partido Demócrata”, afirmando que los anuncios de campaña de Donald Trump fueron “devastadores” para su partido en 2024.

Aun así, en una conversación con el streamer de YouTube ConnorEatsPants en octubre,听: “Como alguien que ha arriesgado su vida política por la comunidad durante décadas, ha sido un defensor y un líder”.

“No quiere enfrentar las críticas como alguien que, estoy segura, intenta postularse para la presidencia, cuando la retórica antitrans actual es tan fuerte”, dijo Ariela Cuellar, vocera de la Red de Salud y Servicios Humanos LGBTQ de California.

Caroline Menjivar, la senadora estatal que presentó la medida, la describió como la “más tangible y efectiva” de este año para ayudar a las personas trans en un momento en que están siendo señaladas por lo que describió como una “discriminación selectiva”.

En una legislatura donde los demócratas cuentan con supermayoría en ambas cámaras, los legisladores enviaron el proyecto de ley a Newsom mediante una votación partidista. A principios de este año, Washington se convirtió en en promulgar una ley que extiende la cobertura de la terapia hormonal a un suministro de 12 meses.

En un sobre el proyecto de ley de California, Newsom mencionó su potencial para aumentar los costos de la atención médica, impactos que, según un , serían insignificantes.

“En un momento en que las personas se enfrentan a aumentos de dos dígitos en las tarifas de sus primas de atención médica en todo el país, debemos tener mucho cuidado de no promulgar políticas que aumenten aún más el costo de la atención médica, por muy bien intencionadas que sean”, escribió Newsom.

, se ha ordenado a las agencias federales a la atención de afirmación de género para niños, a lo que Trump se ha referido como “mutilación química y quirúrgica”, y se han a las instituciones que la brindan.

En los últimos meses, , el y han reducido o eliminado la atención médica de afirmación de género para pacientes menores de 19 años, una muestra del efecto persuasivo que las órdenes ejecutivas de Trump han tenido en la atención médica, incluso en uno de los estados más progresistas del país.

California una amplia cobertura de atención médica de afirmación de género, incluyendo la terapia hormonal, pero actualmente las farmacias solo pueden dispensar un suministro para 90 días. El proyecto de ley de Menjivar habría permitido suministros para 12 meses, siguiendo el modelo de que permitía a las mujeres recibir un suministro anual de anticonceptivos.

Luke Healy, quien en una audiencia en abril que era “un joven de 24 años que ya no se identificaba como transgénero” y que ya no se consideraba mujer, criticó el intento de aumentar la cobertura de servicios que, dijo, resultó “irreversiblemente perjudicial” para él.

“Creo que proyectos de ley como este obligan a los médicos a convertir cuerpos sanos en problemas médicos perpetuos en nombre de una ideología”, testificó Healy.

La Asociación de Planes de Salud de California se opuso al proyecto de ley debido a las disposiciones que limitarían el uso de ciertas prácticas, como la autorización previa y la terapia escalonada, que requieren la aprobación de la aseguradora antes de ofrecer la atención, y obligan a pacientes y médicos a probar primero otras terapias.

“Estas salvaguardas son esenciales para aplicar estándares de prescripción basados en la evidencia y gestionar los costos de forma responsable, garantizando que los pacientes reciban la atención adecuada y manteniendo las primas bajo control”, declaró la vocera Mary Ellen Grant.

Un análisis del Programa de Revisión de Beneficios de Salud de California, que revisa de forma independiente las facturas relacionadas con los seguros médicos, concluyó que los aumentos anuales de las primas resultantes de la implementación de la ley serían insignificantes y que no se esperaban “impactos a largo plazo en la utilización ni en los costos”.

Shannon Minter, director legal del Centro Nacional para los Derechos LGBTQ, afirmó que el argumento económico de Newsom no era plausible. Aunque afirmó considerar a Newsom un firme aliado de la comunidad transgénero, Minter señaló estar “profundamente decepcionado” al ver el veto del gobernador. “Entiendo que intenta responder a este momento político y desearía que respondiera con un lenguaje y políticas que realmente puedan impulsar el cambio”.

La oficina de prensa de Newsom no quiso hacer más comentarios.

Luego de la entrevista en el podcast de Kirk, Cuellar afirmó que los grupos de defensa que apoyaban la SB 418 comenzaron a preocuparse cada vez más por un posible veto y se esforzaron por destacar las voces de otros pacientes que se beneficiarían, como mujeres en la etapa de menopausia y pacientes con cáncer. Fue una estrategia radicalmente distinta a la que podrían haber seguido antes de que Trump asumiera el cargo.

“Si hubiéramos presentado este proyecto de ley en 2022-2023, el mensaje habría sido totalmente distinto”, dijo otro defensor queien pidió que su no se revelara su nombre por no estar autorizado a hablar públicamente sobre el tema. “Nos habría hecho estar muy orgullosos. En 2023, podríamos haber tenido una ceremonia de firma”.

Los defensores de los derechos de las personas trans se mostraron tan recelosos del clima político actual que algunos también sintieron la necesidad de evitar promover un proyecto de ley independiente que habría ampliado la cobertura de la terapia hormonal y otros tratamientos para la menopausia y la perimenopausia.

Ese , redactado por la asambleísta Rebecca Bauer-Kahan, quien ha hablado conmovedoramente sobre sus dificultades con la atención médica para la perimenopausia, .

Mientras tanto, Jovan Wolf, un hombre trans y veterano militar, dijo que pacientes como él tendrán que sufrir.

Wolf, quien había tomado testosterona durante más de 15 años, intentó reiniciar la terapia hormonal en marzo, tras una pausa de dos años en la que contempló tener hijos.

Los médicos del Departamento de Asuntos de Veteranos le dijeron que era demasiado tarde. Días antes, la administración Trump que eliminaría gradualmente la terapia hormonal y otros tratamientos para la disforia de género.

“Tener estrógeno bombeando por mi cuerpo no me hace sentir bien, ni física ni mentalmente. Y cuando tomo testosterona, me siento equilibrado”, dijo Wolf, quien finalmente recibió atención en otro lugar. “Debería ser mi decisión y solo mía”.

Esta historia fue producida por , que publica , un servicio editorialmente independiente de la .

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De enero a agosto, los empleadores , según los últimos datos de nómina no agrícola de la Oficina de Estadísticas Laborales. El sector de de ese , con un aumento de aproximadamente 232.000 empleos, a pesar de que este sector representa solo un 11% de la fuerza laboral.

“En términos laborales, el crecimiento en salud está impulsando la economía”, dijo Neale Mahoney, profesor de economía en la Universidad de Stanford.

Según economistas, las medidas del presidente Donald Trump contra la inmigración y los recortes a los programas de seguro público amenazan con frenar ese crecimiento. Esto podría generar incertidumbre económica y representar un obstáculo para los republicanos en las elecciones legislativas del próximo año.

El sector de salud depende de manera inusual de trabajadores nacidos en el extranjero, mientras que una nueva ley que reduce el gasto federal en el programa Medicaid —que maneja unos $900.000 millones al año— podría provocar la a nivel nacional, según estimaciones preliminares de la organización Commonwealth Fund.

En los últimos años, el crecimiento del empleo en salud ha sido más notable en el sector de atención domiciliaria, con un aumento de casi 300.000 empleos, alcanzando de trabajadores entre agosto de 2019 y agosto de 2025. Esto se debe a que millones de personas mayores contratan a trabajadores para que los visiten y cuiden en sus hogares, explicó Mahoney. También ha habido un fuerte crecimiento de empleo en y .

En contraste, las residencias de personas mayores y centros de cuidado residencial entre 2019 y 2025, en parte debido al aumento de personas que prefieren recibir atención en casa.

Algunas investigaciones indican que el crecimiento del empleo en salud no siempre beneficia a la economía. Por ejemplo, en el sector podría elevar los costos sin aportar beneficios concretos a los pacientes. Aún así, los empleos en salud se consideran .

Hoy, la industria de la salud es en la mayoría de los estados. Incluso con el crecimiento del empleo en el sector, muchas zonas enfrentan para satisfacer la creciente demanda.

Pero varios economistas advirtieron que los recientes cambios en la política federal sobre inmigración y Medicaid podrían desacelerar ese crecimiento.

Si continúan las medidas contra inmigrantes impulsadas por la administración Trump, las organizaciones de salud podrían tener dificultades para encontrar personal suficiente. “El sector salud depende bastante de la mano de obra inmigrante”, dijo Allison Shrivastava, economista del Indeed Hiring Lab. “Tiene una proporción importante de trabajadores no nacidos en el país, por lo que va a verse más afectado”.

Aproximadamente el 18% de los estadounidenses empleados en el sector salud nacieron en otro país, según datos de la Oficina del Censo de 2023. Alrededor del 5% de los trabajadores no son ciudadanos, incluyendo unos 60.000 doctores y cirujanos, 117.000 enfermeros registrados y 155.000 auxiliares de salud domiciliaria o cuidadores personales, según muestran los datos del censo.

Muchos de estos trabajadores están en el país legalmente. La Oficina del Censo no especifica cuántos no ciudadanos tienen autorización para permanecer en Estados Unidos. Sin embargo, incluso quienes tienen estatus legal, como residentes permanentes, podrían ser vulnerables a la deportación. El gobierno federal deportó a unas 200.000 personas entre febrero y agosto, un aumento considerable respecto a meses anteriores, según .

Al mismo tiempo, algunos profesionales de salud podrían decidir no estudiar en Estados Unidos ni mudarse al país si perciben hostilidad hacia los inmigrantes. El número de visas de inmigrantes emitidas por Estados Unidos entre marzo y mayo cayó en unas 23.000, o 14%, en comparación con el mismo periodo del año anterior, según . Además, los reportes de cruces no autorizados por la frontera .

Shrivastava señaló que los datos de ofertas laborales de Indeed muestran una demanda continua de doctores por parte de empleadores dispuestos a apoyar con el proceso de patrocinio de visas. Pero no está claro cuántas personas aceptarán esas ofertas.

Mientras tanto, el Congreso aprobó este verano lo que los republicanos llamaron “Una Gran y Hermosa Ley” (), que fue firmada rápidamente por Trump. Esta legislación reduce en aproximadamente $910.000 millones el gasto federal en Medicaid durante los próximos 10 años, según basado en datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Se proyecta que los recortes a Medicaid dejarán a millones sin seguro médico en los próximos años. Los hospitales, residencias de mayores y centros comunitarios de salud tendrán que absorber una mayor parte del costo de atender a personas sin seguro, lo que podría obligarlos a reducir servicios y personal, o incluso cerrar.

Los recortes podrían tener un impacto considerable en el mercado laboral. Solo California podría perder hasta 217.000 empleos, de los cuales dos tercios estarían en el sector salud, según del Centro Laboral de la Universidad de California en Berkeley, elaborado antes de la aprobación final de la ley.

“Eso no significa necesariamente que 200.000 personas van a perder su empleo”, dijo , directora interina del Programa de Salud del Centro Laboral. “Algunas personas sí perderán su trabajo, y en otros casos el crecimiento de empleo será más lento de lo anticipado”.

A esto se suma que Trump que dirigía el área estadística del Departamento de Trabajo, lo cual ha generado preocupaciones sobre la posible politización de los datos laborales.

Aún no está claro cuándo —o si— las medidas sobre inmigración y los recortes a Medicaid afectarán la contratación en salud, pero ya hay señales de un posible enfriamiento. Datos federales mostraron y asistencia social en julio. También, reflejan una caída en algunas áreas de salud, aunque Laura Ullrich, directora de investigación económica para América del Norte en Indeed Hiring Lab, señaló que, en general, las publicaciones de empleo siguen por encima de los niveles previos a la pandemia.

Por ahora, se espera que el crecimiento del empleo siga siendo alto, especialmente entre profesionales de enfermería, asistentes médicos y auxiliares de salud domiciliaria, según .

Muchos empleos en salud requieren años de educación superior, pero ofrecen buena remuneración. Por ejemplo, los médicos de familia suelen ganar más de al año y los enfermeros registrados .

Joshua Lejano, presidente de la de la Asociación de Estudiantes de Enfermería de California, dijo estar “moderadamente optimista” respecto a conseguir empleo como enfermero cuando se gradúe en diciembre. En estos momentos realiza rotaciones clínicas que le dan experiencia práctica para enfrentar largas jornadas laborales.

Lejano mencionó que los hospitales de su zona están ampliando su capacidad, mientras que algunas enfermeras con más experiencia dejan la profesión por el agotamiento tras la pandemia de covid, lo que genera nuevas vacantes. “Creo que lo más importante ahora es estar al tanto de todos los ciclos de solicitud de empleo”, señaló.

Los empleos en salud que requieren menos formación suelen pagar bastante menos. El ingreso medio anual para las aproximadamente 4,4 millones de personas que trabajan como auxiliares de salud domiciliaria y cuidadores personales fue de unos pasado, un salario similar al de , según datos federales.

El crecimiento del empleo en salud ha beneficiado especialmente a las mujeres, indicó Ullrich. Cerca del 80% de las personas que trabajan en el sector de salud y asistencia social son mujeres, según . La investigación encontró que las trabajadoras representaron más de un millón de nuevos empleos en salud en los últimos dos años.

El sector es resistente, dijo Shrivastava, porque en general los estadounidenses no ven el cuidado de la salud como un lujo: lo pagan en tiempos buenos y malos. Se espera que el costo del seguro médico registre este año su en al menos cinco años. Además, el gasto en salud suele concentrarse en personas mayores, un grupo que está creciendo de forma acelerada a medida que envejecen los integrantes de la generación del “baby boom”. El número de personas de 65 años o más en Estados Unidos pasó de en 1995 a en 2024.

“Muchos de estos empleos en salud existen para atender a una población de adultos mayores que crece rápidamente”, explicó Ullrich. “Así que no sorprende que veamos crecimiento ahí. Pero lo que sí sorprende es lo desproporcionado que es”.

Phillip Reese es un especialista en informes de datos y profesor asociado de periodismo en la Universidad Estatal de California en Sacramento.

Esta historia fue producida por 麻豆女优 Health News, que publica , un servicio editorialmente independiente de la . 

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